ARIT-CBA-RA-0364-2017 El SIN procedió a la depuración de facturas del contribuyente debido a que no pudo acreditar la materialización de las transacciones ni la vinculación con la actividad grabada, constituyéndose la sanción por tributo omitido IVA

ARIT-CBA-RA-0364-2017

(AITU 

Cochabamba 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBARA 0364/201

Recurrente 

: Empresa Eléctrica Corani S.A., legalmente representada por 

José María Salvador Romay Bartolini 

Recurrido 

Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente representada por Rosmery Villacorta Guzmán

Expediente : ARIT-CBA-0191/2017 Acto Impugnado : Resolución Determinativa N° 171739000248 de 28 de abril de 2017 Fecha 

Cochabamba, 11 de septiembre de 201

VISTOS: El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT CBA/ITJ 0364/2017 de 11 de septiembre de 2017, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

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ACION

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EGIONAL 

LUIS Maana 

TRIBUTARIA 

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REGIONAL 

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Juándose le personada Estrada 

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  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO Resolución Determinativa N° 171739000248 de 28 de abril de 2017, que determinó de 

oficio las obligaciones impositivas del contribuyente Empresa Corani SA., en la suma de A Roi Hrquiza 

UFV’s 31.262 equivalente a Bs68.722, correspondiente al tributo omitido actualizado e interés por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos marzo, abril, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2013, en aplicación de los artículos 47 y 156 de la Ley N° 2492 (CTB), modificado por la Ley N° 812, artículo 42 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) modificado por el artículo 2 del Decreto Supremo No 2993 y la Resolución Normativa de Directorio N° RND 10-002510; asimismo calificó la conducta del sujeto pasivo como omisión de pago por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente a los periodos fiscales marzo, abril, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2013, aplicándole una sanción equivalente al 100% sobre el tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento expresado en unidades de fomento de vivienda equivalentes a UFV’s 59.091, de conformidad a lo establecido en los artículos 165 de la Ley N° 2492 (CTB) y 42 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) modificado por el parágrafo IX, artículo 2 del Decreto Supremo N° 2993; finalmente, ratificó la multa por incumplimiento al deber formal, impuesta mediante Acta por Contravención Tributaria Vinculada al Procedimiento de Determinación N° 148040 por un importe total de UFV’s 1.000, de conformidad al artículo 162 de la Ley N° 2492 (CTB), artículo 42 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) y Resolución Normativa de Directorio N° 10002510. Sigg 

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ROUGNACIONS 

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NB-ISO 

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de la Calidad Certificado N*EC274114 

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III 

Acto notificado mediante cédula a José María Salvador Romay Bartolini representante legal de la Empresa Eléctrica Corani SA., el 5 de mayo de 2017 (fojas 662-690 y 695 de antecedentes administrativos). 

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA II.1. Argumentos del Recurrente Empresa Eléctrica Corani SA., legalmente representada por José María Salvador Romay Bartolini, conforme acreditó el Testimonio de Poder N° 145/2017 de 7 de marzo de 2017 (fojas 30-38 del expediente administrativo), mediante notas presentadas el 29 de mayo y 14 de junio de 2017 (fojas 39-42 y 6277 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 171739000248 de 28 de abril de 2017, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, manifestando lo siguiente: 

Que, la Administración Tributaria omitió realizar la verificación material de los bienes y el resultado servicios contratados, a efecto de constatar fehacientemente su existencia y su vinculación con la actividad gravada; además señaló que, incumplió sus obligaciones establecidas en la Ley N° 2492 (CTB), al no considerar la solicitud efectuada respecto a la comprobación y verificación objetiva de los elementos que integran las transacciones declaradas, en cumplimiento del artículo 95 parágrafo I de la citada Ley. 

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Indicó que la falta de ejercicio de las facultades de la Administración Tributaria, vicia el procedimiento conforme la Resolución de Recurso . Jerárquico STG/RJ/0161/2007, asimismo, citó el artículo 8 del Decreto Supremo N° 21530 y señaló que el ente recaudador incumplió dicha disposición, en razón a que debió emitir una resolución ad que técnicamente se determine cuáles son los créditos fiscales que no se consideran vinculados a la actividad gravada de acuerdo a condiciones específicas, de esta manera alegó que, ante la falta de dicha resolución administrativa, era obligación del SIN verificar materialmente, cuales son los elementos que integran los hechos económicos y las transacciones, que dan lugar al cómputo del crédito fiscal mediante acciones efectivas de verificación. 

Argumentó que el SIN debió considerar la actividad gravada mediante el Padrón de Contribuyentes y sobre la comprobación real en las instalaciones de la empresa para constatar específicamente cuales son las tareas, actividades y operaciones propias de la actividad que realiza habitualmente y cuáles son los bienes y servicios necesarios para desarrollar la actividad gravada con un criterio objetivo. 

NB-150 

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(AI

Cochabamba 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Afirmó que la Administración Tributaria incurrió en arbitrariedad desconociendo la normativa y el principio de legalidad, al establecer la deuda tributaria sobre documentación no obligatoria para las transacciones económicas, toda vez que, no se puede desconocer o 

condicionar la verdad material de los hechos económicos, afirmando que presentó 

documentación contable obligatoria, máxime cuando las operaciones cuentan con medios fehacientes de pago de entidades financieras y materialmente tienen existencia real, las mismas que no fueron verificadas. 

Expuso que las formalidades no obligatorias, no pueden desconocer la verdad material de los hechos, no siendo este un fundamento válido para depurar las facturas, cuando existe normativa vigente que establece que documentación si es obligatoria, la cual fue entregada conforme consta en antecedentes administrativos del proceso. 

EGIONAL DE 

Luis M Antezana 

RIBUTÁRIAS 

Manifestó que resulta arbitrario omitir la verificación de proveedores, debido a que mediante nota de descargo a la Vista de Cargo, expresamente solicitó a la Administración Tributaria que, en uso de su facultad de verificación, realice la comprobación de los hechos económicos de los proveedores mediante el control cruzado de las facturas de venta, para poder confirmar fehacientemente los elementos de la transacción de los proveedores; es decir, las fechas de transacciones, salida de inventarios, la realización de las prestaciones, las condiciones de entrega, identificar los responsables, los documentos contables, los medios de pago mediante institución financiera y la correcta declaración de las ventas de bienes y servicios a la empresa Corani S.A. 

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Sene A. Rojas Orquina 

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Juan Jose 

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Señaló que la Administración Tributaria vulneró el derecho al debido proceso, así como la aplicación de la norma más favorable al administrado establecido en los artículos 115 parágrafo II, 116 parágrafo I y 117 parágrafo I de la Constitución Política del Estado (CPE) y los numerales 6, 7 y 10 del artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB); además que, la Administración Tributaria mínimamente debió realizar las verificaciones en las instalaciones del contribuyente a efecto de comprobar la existencia real de los bienes y el resultado tangible de los servicios vinculados a la actividad gravada que dan derecho al cómputo del crédito fiscal, máxime si fue solicitada expresamente, por lo que vulneró lo dispuesto en el artículo 24 de la Constitución Política del Estado (CPE) y omitió las acciones necesarias de verificación conforme lo establecido en el artículo 95 parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB), correspondiendo anular el acto hasta que realice la verificación material de los hechos declarados y realice los controles cruzados con los proveedores. 

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MABALBA 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jacha kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq(Quechua) Mburuvisa tendodeonia mbaeti oñomita 

Afirmó que la Administración Tributaria debió sustentar el proceso realizado con un criterio técnico, ‘suficiente y objetivo que demuestre la verdad material y no en omisiones y formalidades no obligatorias, actos abusivos é ilegales viciados de nulidad conforme el artículo 122 de la Constitución Política del Estado (CPE)

Refirió que al notificar la Orden de Verificación N° 0015OVE 10352, el sujeto activo generó indefensión al no ser transparente y no exponer claramente todos los datos de las diferencias detectadas por el Servicio de Impuestos Nacionales, constituyéndose un atentado al debido proceso y restringiendo el derecho a la defensa conforme dispone el artículo 122 de la Constitución Política del Estado (CPE). “ 

Indicó que la Administración Tributaria limita la validez del crédito fiscal a aspectos formales o documentos que no son obligatorios, para lo cual no existe ninguna normativa, por lo que trasgredió los principios de legalidad, seguridad jurídica y del debido proceso; añadió que, no se consideró adecuadamente o suficientemente toda la información que fue puesta a conocimiento, debido a que no expone la evaluación de la información de proveedores, por lo que, afirmó que no ejerció su facultad investigativa a efecto de dar certeza a sus actuaciones

Argumento que los actos de la Administración Tributaria, no se encuentran respaldados por normativa tributaria, por lo que, hay un exceso de competencia, hecho sancionado con la nulidad de conformidad al artículo 122 de la Constitución Política del Estado (CPE); añadió que, ante la falta de comprobación de los elementos materiales de las transacciones, resulta falsa la aplicación del método de determinación sobre base cierta, además que, este hecho, se constituye en una omisión de lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley N° 2492 (CTB), siendo que cumplió con sus obligaciones materiales y formales, entendiéndose que las mismas corresponden a la correcta declaración de las compras relacionadas a su actividad gravada y su respaldo con documentación obligatoria establecida en norma específica. 

Señaló que no es cierto que incumplió lo dispuesto en los artículos 25 y 44 del Decreto Ley N° 14379 (C.COM), toda vez que la empresa Corani SA., cumplió con el registro de comercio, el registro de contratos y documentos sobre los cuales la Ley exige esa formalidad, lleva contabilidad en la forma señalada por Ley, cumple con la conservación de sus libros, documentos y demás papeles relacionados con sus negocios por el tiempo que señala la Ley. 

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Cochabamba 

IIIIIIIIII 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Por los fundamentos expuestos, solicitó revocar la Resolución Determinativa No 171739000248 de 28 de abril de 2017 o su anulación por la existencia de vicios de nulidad en el procedimiento en la emisión del acto administrativo impugnado. 

II.2. Auto de Admisión El 16 de junio de 2017, ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Admisión EXPEDIENTE ARIT-CBA-0191/2017, admitiendo el Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa Eléctrica Corani SA., legalmente representada por José María Salvador Romay Bartolini, contra la Resolución Determinativa N° 171739000248 de 28 de abril de 2017, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (fojas 78 del expediente administrativo)

II.3. Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente representada por Rosmery Villacorta Guzmán, conforme acredita Resolución Administrativa de Presidencia No 031700000512 de 31 de marzo de 2017 (fojas 84-85 del expediente administrativo), por memorial presentado el 5 de julio de 2017 (fojas 86-93 del expediente administrativo), respondió negativamente al Recurso de Alzada con los siguientes fundamentos: 

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Luis M Antena 

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Que, el recurrente no cumplió con lo dispuesto en los numerales 4 y 5 del artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), al no respaldar adecuadamente las actividades y operaciones gravadas mediante documentos u otros instrumentos, conllevando a que eludió su responsabilidad y obligación de probar los hechos constitutivos de los derechos que pretende le reconozcan, conforme el artículo 76 de la citada Ley

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Indicó que en ningún momento el recurrente solicitó inspección o verificación ocular para comprobar la existencia de los bienes, toda vez que, la inspección ocular es un acto administrativo que no tiene obligatoriedad de celebrarse; además afirmó que, en el presente caso, realizó una labor investigativa para analizar la procedencia del crédito fiscal, la materialización de las transacciones y la vinculación con la actividad gravada, por tanto, señaló que no era necesaria la inspección física de los bienes, porque la misma, no aportaría elementos de prueba suficientes que desvirtúen la falta de documentación de respaldo

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Argumento que de la comparación del presente caso, con el analizado en el Recurso Jerárquico STG-RJ/0161/2007, se tiene lo siguiente: el presente caso, refiere a materia sise 

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– 

– 

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NILIANO 

III 

tributaria, en cambio en el recurso jerárquico comparado- se refiere a materia aduanera; asimismo alegó que, en el caso analizado, la Aduana Nacional, no agotó los medios de investigación al recibir facturas que sustentaban la legal propiedad de la mercadería, de las cuales, no realizó cruces de información el SIN; sin embargo, en el presente caso la Administración Tributaria, analizó toda la información facilitada por el sujeto pasivo, la obtenida de los cruces de información y la enviada mediante medios informáticos por terceros, agotando los medios de investigación, sin dejar ninguna documentación pendiente de estudio o cruce; por lo que, no se puede aplicar una máxima de la Alt a un caso totalmente diferente, siendo falso que la Administración Tributaria, incumplió las obligaciones establecidas en el artículo 95 de la Ley N° 2492 (CTB). 

Manifestó que constató la inexistencia de medios que prueben la vinculación con la actividad gravada y la materialización de la transacción, en razón a que el sujeto pasivo presentó facturas y documentación que no demostraban la procedencia del crédito impositivo, en el entendido que, la presentación de documentación por el recurrente, no se halla limitada a la documentación solicitada por la Administración Tributaria mediante el detalle de diferencias y su anexo, sino también a cualquier documentación que sustente la efectiva realización de las transacciones en cumplimiento de los numerales 4 y 5 del artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB) y los numerales 7 y 8 del Anexo al Detalle de Diferencias No 0015OVE 10352; consecuentemente, queda demostrado que el sujeto pasivo utiliza sin sustento legal que el SIN incumple con el artículo 8 del Decreto Supremo N° 21530, empero es su responsabilidad probar la veracidad de sus transacciones. 

Respecto a la falta de emisión de una resolución administrativa que determine las transacciones que no se consideran vinculadas a la actividad gravada, afirmó que el recurrente, pretende desconocer el alcance del segundo párrafo del inciso a) del artículo 8 de la Ley N° 843, por tanto, las transacciones del recurrente, deben estar vinculadas a la actividad gravada y no puede desconocer que la documentación presentada, no logró probar la materialización de la transacción, ni su vinculación con la actividad gravada.. 

Argumentó que el recurrente, no puede pretender que documentación carente de consistencia y sin respaldo, sea considerada como prueba amparada sin ninguna lógica, con el sólo pretexto del principio de verdad material, además que no puede atribuirle a la Administración Tributaria las deficiencias contables, dando a entender que es el SIN quien debe sustentar la carga de la prueba que tiene el sujeto pasivo. Añadió que, se tomaron aspectos sustanciales que no permiten que los descargos sean considerados como ‘fidedignos, ni desvirtúan las observaciones, por lo que, bajo el precepto de verdad material, sistemin

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(AIT 

Cochabamba 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

no se puede pretender que la simple y llana presentación de descargos permita levantar las observaciones sin el análisis pertinente de los mismos. 

Refirió que producto del análisis y valoración de la documentación presentada y la obtenida por los sistemas informáticos de la Administración Tributaria, fueron levantadas las observaciones del periodo enero de 2013; asimismo alegó que, el recurrente, se encontraba en la obligación de presentar, no sólo la documentación solicitada, sino también cualquier otra que sustente la efectiva realización de las transacciones y su vinculación con la actividad gravada. 

Aclaró que sólo en el caso de no existir libro de ventas IVA del proveedor, realiza el control cruzado físico con las copias emisor del proveedor, además que dicho control fue realizado con los libros de ventas IVA de los proveedores mediante medios informáticos

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Precisó que no se puede argumentar vulneración al debido proceso y falta de aplicación de la norma más favorable, cuando a través de la Orden de Verificación No 0015OVE10352, puso en conocimiento los impuestos, periodos, gestión, facturas observadas y otra documentación requerida objeto de verificación, evidenciando que, todos los actuados del proceso fueron realizados de forma transparente y en cumplimiento de la normativa tributaria, notificando la Orden de Verificación, realizando cruces de información, emitiendo la Vista de Cargo, otorgando el plazo para la presentación de descargos y posteriormente emitir la Resolución Determinativa; añadió que, el recurrente no señaló cual es la norma mal aplicada y la presunción establecida en el artículo 69 de la Ley N° 2492 (CTB) no puede ser aplicado, ya que la misma, se emplea en caso de no determinarse lo contrario en el proceso de determinación

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Indicó que el recurrente confundió la falta de fundamentación con el hecho de que la documentación presentada no refuta las observaciones efectuadas, toda vez que, la Resolución Determinativa, contiene la debida fundamentación en observancia al artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), el artículo 7 de la Resolución Normativa de Directorio N° RND 10 00513 y la Sentencia Constitucional N° 0871/2010; acotó que, la Administración Tributaria tuvo conocimiento sobre base cierta de las transacciones y para corroborar tales hechos en busca de la verdad material

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Señaló que la determinación de adeudos tributarios, depuración de facturas, la sanción por omisión de pago y la correspondiente al incumplimiento de deberes formales no fueron 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jacha kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 

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observadas por el recurrente, por lo que existe una aceptación tácita por parte del recurrente. 

Por los fundamentos expuestos, solicitó confirmar la Resolución Determinativa No 171739000248 de 28 de abril de 2017. 

11.4. Apertura de término probatorio El 6 de julio de 2017, ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Apertura Término de Prueba EXPEDIENTE ARIT-CBA-0191/2017, disponiendo la apertura del término de prueba de 20 días comunes y perentorios para ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 218 de la Ley N° 2492 (Título V CTB). (fojas 94 del expediente administrativo). 

II.4.1. Prueba Administración Tributaria El 31 de julio de 2017, Rosmery Villacorta Guzmán, en representación legal de la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, ratificó en calidad de prueba documental, los antecedentes administrativos acompañados al memorial de respuesta al Recurso de Alzada (fojas 96 del expediente administrativo). 

11.5. Alegatos 11.5.1. Sujeto Pasivo José María Salvador Romay Bartolini, en representación legal del sujeto pasivo Empresa Eléctrica Corani S.A., presentó alegatos en conclusión refiriendo que la respuesta de la Administración Tributaria carece de respaldo legal, análisis técnico y legal, además de reiterar lo agraviado respecto al incumplimiento del artículo 95 de la Ley N° 2492 (CTB), el cumplimiento de presentación de la documentación obligatoria, la falta de exposición de las observaciones en la Orden de Verificación (fojas 99-107 del expediente administrativo). – 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA El 10 de noviembre de 2015, la Administración Tributaria emitió la Orden de Verificación No 0015OVE10352, a efecto de revisar el crédito fiscal contenido en las facturas declaradas por el sujeto pasivo que se detallan en el anexo adjunto de los periodos enero, marzo, abril, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2013, el cual solicitó documentación consistente en: Declaraciones Juradas de los periodos observados, Libro de compras de los periodos observados, Facturas de compras originales detalladas en el M anexo, documentación que respalde el pago realizado y otra documentación que el fiscalizador asignado solicite durante el proceso para verificar las transacciones; asimismo, sistema 

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Cochabamba 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

mediante Anexo al Detalle de Diferencias solicitó: Registros contables, libros de contabilidad mayor y diario, kardex de almacén, contratos suscritos con sus proveedores, extractos bancarios de la gestión 2013 y toda otra documentación de sustento que demuestre la efectiva realización de las transacciones realizadas a través de la orden de verificación. Acto notificado mediante cédula a Rocabado Zannier Luis Carlos representante de Corani SA., el 21 de diciembre de 2015 (fojas 2-5 y 15 de antecedentes administrativos). 

El 23 y 29 de diciembre de 2015, así como el 2 de marzo de 2016 conforme las Actas de entregal devolución de documentación, la Empresa Eléctrica Corani S.A presentó a la Administración Tributaria documentación consistente en: Declaración Jurada periodos enero, marzo, abril, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2013; libro de compras IVA de la gestión 2013; Facturas descritas en el detalle de diferencias de la orden de verificación N° 00150VE10352; comprobantes de pago y diario con fotocopia de cheques y ordenes de trabajo; contrato de servicios con Claros Layme Erika Massiel, Morales Lara San Vicente y adenda de contrato con AXS Bolivia; cuadro de depreciación de activos fijos a diciembre de 2014 y actas de entrega; y extracto bancario del BNB (fojas 17-18 de antecedentes administrativos)

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El 20 de diciembre de 2016, la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Vista de Cargo. N° 29-00421-16, calificando preliminarmente la conducta de la sujeto pasivo como omisión de pago, liquidando la deuda tributaria establecida sobre base cierta del IVA correspondiente a los periodos enero, marzo, abril, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2013 en UFV’s 70.352. Acto notificado mediante cédula a Rocabado Zannier Luis Carlos representante de Corani SA., el 2 de febrero de 2017 (fojas 482-494 y 498 de antecedentes administrativos). 

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El 27 de enero de 2017, Luis Carlos Rocabado Zannier en representación legal de la Empresa Eléctrica Corani SA., presentó memorial de descargo objetando el procedimiento de fiscalización, señalando la nulidad de la Vista de Cargo por inacción en la fiscalización ante la falta de inspecciones o verificaciones oculares, acomo de cruces de información con los proveedores; denunció además una indebida determinación de la base imponible al determinar un IVA omitido en función de las compras, una ausencia de datos y valoraciones, así como una arbitraria observación y depuración de los créditos fiscales originados en facturas de proveedores de bienes y servicios que mantienen la fuente y la actividad gravada, acompañando documentación de descargo (fojas 507-517 de antecedentes administrativos). 

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LUTORIDAD 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburi visa tendodeguia mbaeti oñomita 

El 26 de abril de 2017, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: SIN/GGCBBA/DJCC/TJ/INF/00130/2017, refiriendo que, durante el plazo establecido en el artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB), el sujeto pasivo presentó memorial y documentación adjunta en fotocopias que hacen a los descargos a la vista de Cargo, los cuales descargaron parcialmente las observaciones de la Administración Tributaria ratificando la calificación inicial de la conducta tributaria del sujeto pasivo, por lo que recomendó la emisión y notificación de la Resolución Determinativa (fojas 636-661 de antecedentes administrativos). 

El 28 de abril de 2017, el Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Resolución Determinativa N° 171739000248, que determinó de oficio las obligaciones impositivas del contribuyente Empresa Corani SA., en la suma de UFVs 31.262 equivalente a Bs68.722, correspondiente al tributo omitido actualizado e interés por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos marzo, abril, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2013, en aplicación de los artículos 47 y 156 de la Ley N° 2492 (CTB), modificado por la Ley N° 812, artículo 42 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) modificado por el artículo 2 del Decreto Supremo N° 2993 y la Resolución Normativa de Directorio N° RND 10-002510; asimismo calificó la conducta del sujeto pasivo como omisión de pago por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente a los periodos fiscales marzo, abril, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2013, aplicándole una sanción equivalente al 100% sobre el tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento expresado en unidades de fomento de vivienda equivalentes a UFV’s 59.091, de conformidad a lo establecido en los artículos 165 de la Ley N° 2492 (CTB) y 42 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) modificado por el parágrafo IX, artículo 2 del Decreto Supremo N° 2993; finalmente, ratificó la multa por incumplimiento al deber formal, impuesta mediante Acta por Contravención Tributaria Vinculada al Procedimiento de Determinación N° 148040 por un importe total de UFVs1.000, de conformidad al artículo 162 de la Ley N° 2492 (CTB), artículo 42 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) y Resolución Normativa de Directorio N° 10-0025-101. Acto notificado mediante cédula a José María Salvador Romay Bartolini representante legal de Corani SA., el 5 de mayo de 2017 (fojas 662690 y 695 de antecedentes administrativos). 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA JURÍDICA Inicialmente, corresponde manifestar que, en estricta aplicación del artículo 211 de la Ley .. N° 2492 (CTB), ésta instancia recursiva, pronunciará una decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas por la parte recurrente y la Administración recurrida. 

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De esta manera se tiene que la parte recurrente observó: 1) Que la orden de verificación le generó indefensión, vulnerando el debido proceso y restringiendo su derecho a la defensa; 2) Que se omitió la realización de una verificación material de los bienes y servicios adquiridos, así como un control cruzado con el proveedor, pese a haber sido solicitado; 3) Que el procedimiento de determinación se encuentra viciado de nulidad, por la falta de ejercicio de las facultades de la Administración Tributaria; 4) Que no se cumplió el artículo 8 del Decreto Supremo No 21530, respecto a la emisión de una Resolución Administrativa que establezca cuales son los créditos fiscales que no se consideran vinculados; y 5) Que la depuración del crédito fiscal no se puede basar en documentación no obligatoria, siendo que las transacciones poseen medios de pago y se materializaron en la realidad. 

IV.1. De la Orden de Verificación La Empresa Eléctrica Corani S.A. en su. Recurso de Alzada manifestó que la Administración Tributaria al notificar la Orden de Verificación N° 0015OVE10352, le generó indefensión al no ser transparente y no exponer claramente todos los datos de las diferencias detectadas por el Servicio de Impuestos Nacionales, constituyéndose un atentado al debido proceso y restringiendo el derecho a la defensa. 

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Por su parte, la Administración Tributaria al momento de contestar el Recurso de Alzada argumento que a tras de la Orden de Verificación No 0015OVE 10352, puso en conocimiento los impuestos, periodos, gestión, facturas observadas y otra documentación requerida objeto de verificación, evidenciando que todos los actuados del proceso fueron realizados de forma transparente y en cumplimiento de la normativa tributaria. 

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Al respecto, el parágrafo 1 del artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB) dispone: “. Sólo en casos en los que la Administración, además de ejercer su facultad de control, verificación, é investigación efectúe un proceso de fiscalización, el procedimiento se iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autoridad competente de la Administración Tributaria, estableciéndose su alcance, tributos y períodos a ser fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, así como la identificación del o los funcionarios actuantes, conforme a lo dispuesto en nomas reglamentarias que a este efecto se emitan”

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Asimismo, de forma más especifica el artículo 31 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) establece: Conforme a lo establecido en el Parágrafo I del Artículo 104° de la Ley N° 2492, las determinaciones totales y parciales se iniciarán con la notificación al sujeto pasivo o tercero responsable con la Orden de Fiscalización que estará suscrita por la autoridad competente determinada por la Administración Tributaria consignando, como mínimo, la 

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siguiente información: a) Número de Orden de Fiscalización. b) Lugar y fecha. c) Nombre o razón social del sujeto pasivo. d) Objeto (s) y alcance de fiscalización. e) Nombre de los funcionarios actuantes de la Administración Tributaria. f) Firma de la autoridad competente. La referida orden podrá ser reasignada a otros funcionarios de acuerdo a lo que establezca la Administración Tributaria”. 

Remitiéndonos a los antecedentes administrativos, se tiene que a fojas 2 al 4 cursa la Orden de Verificación N° 00150VE 10352 y su Anexo Detalle de Diferencias consignando como lugar y fecha: Cochabamba, 10 de noviembre de 2015, como información del contribuyente señala: NIT: 1009393025, Nombre o Razón Social: Empresa Corani S.A., Dirección: Avenida Oquendo N° 654, Edif. Torres Soffer, Piso 9; como objeto y alcance expone: Modalidad: Verificación Especifica Crédito IVA, Alcance: ‘Impuesto al Valor Agregado derivado de la verificación del crédito fiscal contenido en las facturas declaradas por el contribuyente que se detallan en anexo adjunto, Impuesto: IVA, Gestión: 2013; Periodos: enero, marzo, abril, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre; como funcionarios actuantes identificó a Mirian Rossi Challapa Escobar y Verónica Tapia Colque; también consignó la firma, nombre y cargo de Marcela Torrico Caballero y Mario V. Moreira Arias como Jefe Dpto. Fiscalización a.i. y Gerente Graco Cochabamba a.i. respectivamente. 

Por otra parte, se evidencia que en el Detalle de Diferencias adjunto a la Orden de . Verificación, figura el detalle de facturas sujetas a revisión, consignando el periodo al que corresponden, el NIT, el Número de Orden/Autorización y número de factura, información que permite identificar de manera precisa las facturas que son objeto de verificación

Consecuentemente, se advierte que la Orden de Verificación N° 00150VE10352 cumple con todos los requisitos exigidos por el parágrafo I del artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB) y el artículo 31 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), los cuales proporcionaron una idea cabal del tipo de procedimiento de verificación que fue realizado por la Administración Tributaria, así como los periodos, impuestos y facturas que fueron sujetos a verificación, por lo que corresponde desestimar el agravio efectuado por el ahora recurrente. 

  • Adicionalmente, conforme dispone el artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB), las órdenes de Fiscalización o Verificación, se constituyen simplemente en el actuado a través del cual, la .., Administración Tributaria comunica el inicio de un procedimiento de determinación, por lo que el mismo, no consigna observaciones, cargos ni sanciones; de esta manera, lo pretendido por la empresa recurrente, no tiene sustento legal, .máxime cuando la atribución 

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preliminar de cargos y sanciones debe ser comunicada a través de una vista de Cargo, a efecto de que el sujeto pasivo presente descargos que hagan a su derecho a defensa, para posteriormente del análisis y revisión de los mismos, la Administración Tributaria ratifique los cargos o dé por desvirtuado los mismos de forma total o parcial por medio de una Resolución Determinativa. 

En el presente caso, conforme se tiene de la compulsa de antecedentes administrativos, el sujeto pasivo mediante nota de 6 marzo de 2017, presentó argumentos y documentación de descargo a la vista de Cargo N° 290421-16 y producto del análisis efectuado por el SIN, se estableció que los mismos desvirtúan parcialmente los cargos atribuidos, por lo que no se advierte la indefensión denunciada por el recurrente

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IV.2. De la solicitud de inspección ocular y control cruzado La empresa recurrente argumentó que la Administración Tributaria, omitió realizar la 

ación material de los bienes y el resultado servicios contratados, a efecto de constatar su existencia y vinculación con la actividad gravada; así como también incumplió sus obligaciones establecidas en la Ley N° 2492 (CTB), al no considerar la solicitud efectuada respecto a la comprobación y verificación objetiva de los elementos que integran las transacciones declaradas en cumplimiento del parágrafo 1 del artículo 95 de la citada Ley, realizando la comprobación de los hechos económicos mediante el control cruzado de las facturas de venta, para poder confirmar los elementos de la transacción de los proveedores, además de realizar las verificaciones en las instalaciones del contribuyente, a efecto de. comprobar la existencia real de los bienes y el resultado tangible de los servicios vinculados a la actividad gravada que dan derecho al cómputo del crédito fiscal; por lo que, vulneró lo dispuesto en el artículo 24 de la Constitución Política del Estado (CPE), correspondiendo anular el acto hasta que realice la verificación material de los hechos declarados y realice los controles cruzados con los proveedores. 

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Por su parte, la Administración Tributaria señaló que en ningún momento el recurrente solicitó inspección o verificación ocular para comprobar la existencia de los bienes, además señaló que tal actuación no es obligatoria; recalcó que, en el presente caso realizó una labor investigativa para analizar la procedencia del crédito fiscal, la materialización de las transacciones y la vinculación con la actividad gravada, por lo que aseveró que no es necesaria la inspección física de los bienes porque no aportaría elementos de prueba suficientes que desvirtúen la falta de documentación de respaldo. También aclaró que, sólo en el caso de no existir libro de ventas IVA del proveedor, se realiza el control cruzado físico 

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con las copias emisor del proveedor, no obstante dicho control fue realizado con los libros de ventas IVA de los proveedores mediante medios informáticos. 

Al respecto, la Sentencia Constitucional N° 1351/2003-R de 16 de septiembre de 2003, en el marco constitucional dispuso que: el derecho a la defensa es un instituto integrante de las garantías del debido proceso; precepto que tal, que debe ser interpretada siempre conforme al principio de la favorabilidad antes que restrictivamente, considerándolo como un principio informador de todo el ordenamiento jurídico de todo Estado, esto quiere decir que, nadie puede ser sancionado o afectado en sus derechos e intereses legítimos sin el desarrollo de un debido proceso establecido por ley, revestido de las garantías que la Constitución y las leyes le dispensan y dentro de ello, posibilite el inviolable derecho a la defensa. Este derecho a la defensa se halla relacionado también con el derecho de igualdad de las partes, esto es, que arbitrariamente no se puede establecer una decisión particular, que afecte los intereses de la otra parte sin comunicar o por lo menos informar la decisión tomada a fin de activar los mecanismos de defensa, en igualdad de condiciones, ofreciendo por los interesados. los descargos que considere pertinentes, es decir, existe la obligación legal de la Administración Tributaria de realizar la valoración de la prueba puesta en su conocimiento por el administrado en los plazos establecidos”

Asimismo, es importante señalar que, el artículo 115 de la Constitución Política del Estado (CPE) dispone que: “9. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos é intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.De igual manera, el artículo 117, de la referida. norma suprema establece que: “1. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso”, asimismo, el parágrafo I del artículo 119 del mismo cuerpo legal, señala que las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que les asistan. 

En ese marco normativo constitucional, precautelando el derecho a la defensa con el que cuenta el sujeto pasivo, en el ámbito tributario, dichos principios y garantías constitucionales están reconocidos por los numerales 2, 6, 7 y 10 del artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB), el .cual establece que, el sujeto pasivo tiene derecho que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones reglamentarias, dentro de los plazos establecidos; al debido proceso, formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos 

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competentes al redactar la correspondiente Resolución, a ser oído y juzgado de conformidad a lo establecido en la Constitución Política del Estado (CPE). 

Igualmente, el parágrafo 11 del artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), dispone que la Resolución Determinativa que dicte la Administración Tributaria, deberá contener como requisitos mínimos, entre otros, fundamentos de hecho ya que la ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en reglamento, viciará de nulidad la Resolución Determinativa; asimismo, el artículo 19 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), prevé que la Resolución Determinativa debe consignar los requisitos mínimos establecidos en el referido artículo 99 de la Ley citada. 

En ese entendido, Manuel Ossorio en el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, señala que se entiende por Anulabilidad a la: “Condición de los actos o negocios jurídicos que pueden ser declarados nulos e ineficaces por existir en la constitución de los mismos un vicio o defecto capaz de producir tal resultado. Así como los actos nulos carecen de validez por sí mismos, los anulables son válidos mientras no se declare su nulidad. De ahí que la anulabilidad sea llamada también por algunos nulidad relativa(OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Buenos Aires Argentina. Editorial Heliasta SRL. 1978, Pág. 59)

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Así también, el parágrafo II del artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable supletoriamente al caso, en virtud del numeral 1, artículo 74 de la Ley N° 2492 (CTB), dispone que el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

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En base a este marco normativo y doctrinal, corresponde de forma inicial remitirnos a los antecedentes administrativos, para corroborar o desvirtuar la afirmación del recurrente respecto a que la Administración Tributaria no consideró la solicitud efectuada respecto a la realización de un control cruzado de las facturas de venta y la verificación en sus instalaciones a efecto de comprobar la existencia real de los bienes y el resultado tangible de los servicios vinculados a la actividad gravada que dan derecho al cómputo del crédito fiscal; por lo que, ésta instancia procedió a hacer una revisión minuciosa del contenido de los antecedentes administrativos con la finalidad de identificar dicha solicitud. 

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De esta manera, de la compulsa exhaustiva de los antecedentes administrativos, se tiene que el único escrito presentado por la empresa recurrente, corresponde al memorial de 6 de 

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marzo de 2017, presentado como descargo a la vista de Cargo N° 29-00421-16 cursante a fojas 507-517, en la cual la empresa recurrente señaló: “(...) en resguardo al debido proceso y en observancia a la Ley, obligatoriamente debieron efectuar “cruces de información reales con los proveedores” para establecer la verdad material y demostrar así, si realmente se realizó o no la transacción (...)” prosigue señalando que: “Como se evidencia, dichas actuaciones de control y/o investigación han sido omitidas en la fiscalización; debido a la no realización de un control cruzado real y efectivo con los proveedoressobre las facturas sujetos a revisión (…)

Asimismo en dicho memorial de descargo refiere: “Si en el proceso determinativo presumieron la inexistencia de dichos activos fijos por supuestas inexistentes transacciones, tenían la ineludible obligación de “realizar inspecciones o verificaciones oculares”, para evidenciar la existencia física de los mismos, además de la relación con la actividad gravada (…)” 

Del análisis de lo expuesto anteriormente, se establece de forma clara que, el sujeto pasivo no efectuó una solicitud formal, para que la Administración Tributaria considere la realización de cruces de información con los proveedores y la realización de una inspección ocular en sus instalaciones, a efecto corroborar la existencia del bien y/o servicio adquirido; toda vez que, en dicho memorial, la parte recurrente solamente cuestiona la falta de realización de dichas actuaciones, argumentando que dicha omisión causa indefensión y quebranta la obligación de investigar la verdad material en oposición a la verdad formal, empero no solicita de forma expresa la realización de los mismos, por lo que no se puede considerar como una solicitud no atendida. 

Consecuentemente, no se advierte la vulneración al derecho a la petición establecido en el artículo 24 de la Constitución Política del Estado (CPE), por cuanto, no cursa en antecedentes administrativos petición formal y expresa realizada por la empresa recurrente sobre la realización de una inspección ocular y cruces de información de las facturas con el proveedor

No obstante a lo señalado precedentemente, se debe indicar que de la revisión de los antecedentes administrativos, se advierte que, el ente recaudador efectuó cruces de información de las facturas observadas con información proporcionada por los proveedores, toda vez que, cursa en antecedentes administrativos, reportes obtenidos del sistema informático de la Administración Tributaria correspondientes a los libros de ventas IVA, 

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consultas de padrón y declaraciones juradas correspondientes al IVA de los proveedores, por lo que, no es evidente lo señalado por la parte recurrente. 

Adicionalmente, el artículo 95 de la Ley N° 2492 (CTB) dispone: “1. Para dictar la Resolución Determinativa la Administración Tributaria debe controlar, verificar, fiscalizar o investigar los hechos, actos, datos, elementos, valoraciones y demás circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible declarados por el sujeto pasivo, conforme a las facultades otorgadas por este Código y otras disposiciones legales tributarias. II. Asimismo, podrá investigar los hechos, actos y elementos del hecho imponible no declarados por el sujeto pasivo, conforme a lo dispuesto por este Código

Del análisis de dicha disposición normativa, se advierte que la misma, no establece la obligación de efectuar inspecciones oculares o cruces de información durante la sustanciación de procesos de determinación; constituyéndose las mismas en actuaciones que sirven como una herramienta a emplear por la Administración Tributaria cuando así lo considere; por lo que, no corresponde lo manifestado por el sujeto pasivo, quien por su parte, tampoco justificó la pertinencia de tal pericia o investigación respecto al cargo. atribuido por la Administración Tributaria. 

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IV.3. Del procedimiento de determinación efectuado Sobre este punto, el sujeto pasivo refirió que, la falta de ejercicio de las facultades de la Administración Tributaria vicia el procedimiento conforme la Resolución de Recurso Jerárquico STG/RJ/0161/2007, toda vez que, la Admiņistración Tributaria omitió las acciones necesarias de verificación conforme lo establecido en el artículo 95 parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB), al no efectuar la verificación material de los hechos declarados ni realizar los controles cruzados con los proveedores; además que, tampoco expone la evaluación de la información de proveedores, por lo que, no ejerció su facultad investigativa a efecto de dar certeza a sus actuaciones, de esta manera, ante la falta de comprobación de los elementos materiales de las transacciones resulta falso la aplicación del método de determinación sobre base cierta, además que este hecho se constituye en una omisión de lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley N° 2492 (CTB), siendo que cumplió con sus obligaciones materiales y formales, entendiéndose que las mismas corresponden a la correcta declaración de las compras relacionadas a su actividad gravada y su respaldo con documentación obligatoria establecida en norma específica. 

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de la Calidad Certificado N*EC274/1

En contraposición, el Servicio de Impuestos Nacionales indicó que, no se puede aplicar el precedente establecido en la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0161/2007, toda 

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vez que resulta falso que incumplió las obligaciones establecidas en el artículo 95 parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB), además que el presente caso refiere a materia tributaria, en cambio el recurso jerárquico invocado refiere a materia aduanera; asimismo, en el caso, de autos explicó que analizó toda la información facilitada por el sujeto pasivo, la obtenida de los cruces de información y.la enviada mediante medios informáticos por terceros, agotando los medios de investigación, sin dejar ninguna documentación pendiente de estudio o cruce, por lo que tuvo conocimiento sobre base cierta de las transacciones, añadió que el recurrente, no señaló cuál es la norma mal aplicada y que la presunción establecida en el artículo 69 de la Ley N° 2492 (CTB) no puede ser aplicada, ya que la misma se emplea en caso de no determinarse lo contrario en el proceso de determinación.

Al respecto, inicialmente se debe indicar que el artículo 95 de la Ley N° 2492 (CTB) dispone: ). Para dictar la Resolución Determinativa la Administración Tributaria debe controlar, verificar, fiscalizar o investigar los hechos, actos, datos, elementos, valoraciones y demás circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible declarados por el sujeto pasivo, conforme a las facultades otorgadas por este Código y otras disposiciones legales tributarias. II. Asimismo, podrá investigar los hechos, actos y elementos del hecho imponible no declarados por el sujeto pasivo, conforme a lo dispuesto por este Código

..

Asimismo, el artículo 100 de la Ley N° 2492 (CTB) señala que: “La Administración Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como cualquier libro, 

documento y correspondencia con efectos tributarios. 2. Inspeccionar y en su cas

  • secuestrar o incautar registros contables, comerciales, aduaneros, datos, bases de datos, 

programas de sistema (software de base) y programas de aplicación (software de aplicación), incluido el código fuente, que se utilicen en los sistemas informáticos de registro y contabilidad (…). 3. Realizar actuaciones de inspección material de bienes, locales, elementos, explotaciones e instalaciones relacionados con el hecho imponible (…). 4. Realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, zonas francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio exterior, así como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de bienes o mercancías, incluso durante su transporte o tránsito. 5. Requerir de las entidades públicas, operadores de comercio exterior, auxiliares de la función pública aduanera y terceros, la información y documentación relativas a operaciones de comercio exterior, así como la presentación de M dictámenes técnicos elaborados por profesionales especializados en la materia. 6. Solicitar informes a otras Administraciones Tributarias, empresas o instituciones tanto nacionales sistema de 

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como extranjeras, así como a organismos intemacionales. 7. Intervenir los ingresos económicos de los espectáculos públicos que no hayan sido previamente puestos a conocimiento de la Administración Tributaria para su control tributario. 8. Embargar preventivamente dinero y mercancías en cuantía suficiente para asegurar el pago de la deuda tributaria que corresponda exigir por actividades lucrativas ejercidas sin establecimiento y que no hubieran sido declaradas. 9. Recabar del juez cautelar de turno, orden de allanamiento y requisa (...)

El artículo 96 de la citada Ley, establece: “. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o terceiro responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado

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De igual manera, el parágrafo II del artículo 99 del mismo cuerpo legal señala: “II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos nimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa

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De la normativa citada precedentemente, se puede colegir que, la Administración Tributaria, a efecto de concluir el procedimiento de determinación con la emisión de una vista de Cargo y posterior Resolución Determinativa, debe ejercer sus facultades de control, verificación, fiscalización e investigación, siendo que para dicho cometido, la Ley N° 2492 (CTB) le otorga la posibilidad de ejercer distintas actuaciones, entre las cuales figura el requerir información a terceros y la realización de inspecciones materiales de bienes, locales, elementos, explotaciones e instalaciones relacionados con el hecho imponible. 

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No obstante a lo señalado precedentemente, se debe aclarar a la parte recurrente que, si bien el artículo 100 de la Ley N° 2492 (CTB), establece acciones que permiten a la Administración Tributaria el ejercicio de sus facultades de control, verificación, fiscalización e investigación; sin embargo, no establece que deban ser todas realizadas de forma 

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de la Calidad Certificado HEC27414 

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obligatoria, pudiendo el ente administrativo ejercer las que más se adecuen a los hechos verificados, en función a los elementos de convicción que puedan proporcionan dichas 

actuaciones. 

En el presente caso, de la revisión de los antecedentes administrativos, se advierte que la Administración Tributaria mediante la Orden de Verificación N° 0015OVE10352 solicitó a la Empresa Eléctrica Corani SA., documentación relacionada a las transacciones sujetas a verificación y detalladas en el anexo adjunto a la orden de verificación de referencia, y en respuesta el sujeto pasivo presentó parcialmente la documentación requerida como consta en las Actas de Entrega/Devolución de Documentos (fojas 4 y 1718 de antecedentes administrativos). 

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Prosiguiendo con la compulsa de los antecedentes administrativos, se advierte que el ente administrativo a través de su Sistema Informático, obtuvo reportes de los libros de venta, consultas de padrón y declaraciones juradas correspondientes al IVA de los proveedores, constituyéndose en información de terceros enviada a la Administración Tributaria. 

De lo descrito hasta el momento, se evidencia que la Administración Tributaria ejerció sus facultades de control, verificación, fiscalización e investigación y obtuvo documentación e 

rcionada por el sujeto pasivo y terceros; asimismo si bien, no efectuó una inspección material de los bienes y servicios adquiridos, empero no se encontraba obligada a realizarla, máxime cuando conforme a lo expuesto en el acápite anterior, lap recurrente no solicitó la misma durante la sustanciación del proceso de determinación. 

Asimismo, se debe indicar que lo observado por la Administración Tributaria para depurar el crédito fiscal de las facturas sujetas a revisión en la Resolución Determinativa, radica en el hecho de que el sujeto pasivo; no presentó documentación de respaldo que demuestre la efectiva realización de la transacción y su vinculación con la actividad gravada, siendo que no cuestionó u observó la información obtenida de terceros, de esta manera, se puede colegir que la información contenida en los cruces de información obtenidos del sistema informático de la Administración Tributaria, no fue motivo ni causal para la depuración del crédito fiscal de las facturas sujetas a verificación. 

Por otra parte, en cuanto al método de determinación sobre base cierta, debemos indicar que, el artículo 43 de la Ley 2492 (CTB), señala que la base imponible podrá determinarse por los siguientes métodos Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores 

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del tributo; II. Sobre base presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que, por su vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan deducir la existencia y cuantía de la obligación, debiendo concurrir alguna de las circunstancias reguladas en el artículo siguiente. Siendo que, artículo 16 de la misma Ley define el hecho generador como el presupuesto de naturaleza jurídica o económica expresamente establecido por Ley para configurar cada tributo, cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria

Por lo que, para el caso del cómputo de crédito fiscal, se debe considerar que la Ley N° 843 en su artículo 8, establece que las compras realizadas y vinculadas con la actividad gravada pueden ser deducidas en la liquidación del IVA, consecuentemente para determinar la deuda tributaria sobre base cierta, la Administración Tributaria debe conocer de forma directa e indubitable los hechos que hacen a la existencia y cuantía de las transacciones correspondientes a las compras que pretende utilizar para deducir el IVA

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En el presente caso, corresponde salar que la Administración Tributaria, obtuvo información del sujeto pasivo y terceros que permitió conocer de forma indubitable la cuantía y concepto de las transacciones sujetas a revisión, asimismo se debe indicar que, la existencia y vinculación de las transacciones con la actividad gravada de la Empresa Eléctrica Corani SA., debe ser demostrada por el propio recurrente conforme establece el artículo 70 numeral 5) y el artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB)

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Asimismo, es menester traer a colación lo señalado en la doctrina tributaria, en la cual Ricardo Fenochietto señala: “Las disposiciones vigentes y los principios generales del derecho tributario nos permiten concluir que la deducción de un gasto en el Impuesto a las Ganancias y/o el cómputo de un crédito fiscal en el IVA está condicionado a la existencia real de una operación que en principio se encuentre respaldada por un documento debidamente emitido, correspondiendo al responsable que pretende hacer valer los mismos, la prueba de dicha existencia cuando ello esté en duda y sea requerido de manera fundada por el Fisco. Para ello no alcanza con cumplir con las formalidades que requieren las normas, requisito necesario pero no suficiente, sino que cuando ello sea necesario deberá probarse que la operación existió, pudiendo recurrirse a cualquier medio de prueba procesal (libros contables, inventario de la firma, testigos, pericias, que la operación se ha pagado y a quién, particularmente si se utilizan medios de pago requeridos, como cheque propio o transferencia bancaria de los que queda constancia en registros de terceros. El Impuesto al Valor Agregado, 2da. Edición, 2007, pág. 630631. 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvica tendodeoua mbaeti oñomita 

Consecuentemente, reiteramos que, en el presente caso, se tiene información que permitió a la Administración Tributaria conocer de forma indubitable la cuantía y concepto de las transacciones sujetas a revisión, más aun cuando el sujeto pasivo presentó documentación de respaldo de las facturas observadas, con el objetivo de probar la existencia y vinculación de dichas operaciones comerciales con la actividad gravada, por lo que, resulta correcto el método de determinación sobre base cierta empleado por la Administración Tributaria. 

Con relación a lo señalado por la empresa recurrente respecto a la omisión de lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley N° 2492 (CTB), resulta importante traer a colación dicha disposición, que a la letra establece: “En aplicación al principio de buena fe y transparencia, se presume que el sujeto pasivo y los terceros responsables han cumplido sus obligaciones tributarias cuando han observado sus obligaciones materiales y formales, hasta que en debido proceso de determinación, de prejudicialidad o jurisdiccional, la Administración Tributaria pruebe lo contrario, conforme a los procedimientos establecidos en este Código, Leyes y Disposiciones Reglamentarias”. 

  • De la normativa citada, se puede colegir que el principio de buena fe y transparencia resulta aplicable, en tanto la Administración Tributaria no establezca a través de un proceso de determinación el incumplimiento de obligaciones tributarias por parte del sujeto pasivo; en el caso de autos, no se puede pretender que el cumplimento de las obligaciones materiales y formales, se limita a considerar la correcta declaración de las compras relacionadas a la 

actividad gravada, por el solo hecho de ser consideradas y declaradas a momento de , liquidar el IVA, cuando el ente recaudador efectuó un procedimiento de determinación de las obligaciones tributarias, precisamente para corroborar el cumplimiento de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo en relación al crédito fiscal declarado, en ese entendido, es obligación de este último, el demostrar la realización y vinculación de la transacción con documentación contable y financiera, conforme establece los numerales 4 y. 5 del artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB); consecuentemente, no corresponde lo alegado por la parte recurrente. 

Respecto al precedente establecido en la Resolución de Recurso Jerárquico STG/RJ/0161/2007, debemos indicar que, el mismo versa sobre la impugnación de una resolución emitida por la Aduana Nacional como consecuencia de la configuración de la contravención tributaria por contrabando contravencional, toda vez que, la mercancía comisada no contaba con documentación que respalde la legal internación a territorio nacional, no siendo un caso análogo o semejante con el caso de autos, por lo que, no corresponde su aplicación ni mayor pronunciamiento al respecto. 

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IV.4. De la vinculación de las transacción con la actividad gravada La empresa recurrente argumentó que, el ente recaudador incumplió el artículo 8 del. Decreto Supremo N° 21530, ya que no emitió una resolución administrativa en la que técnicamente determine cuáles son los créditos fiscales que no se consideran vinculados a la actividad gravada de acuerdo a condiciones específicas, de esta manera ante la falta de dicha resolución administrativa, era obligación del SIN verificar materialmente cuales son los elementos que integran los hechos económicos y las transacciones que dan lugar al cómputo del crédito fiscal mediante acciones efectivas de verificación. 

En contrapartida, el Servicio de Impuestos Nacionales afirmó que el recurrente pretende desconocer el alcance del segundo párrafo del inciso a del artículo 8 de la Ley N° 843, por tanto, las transacciones del recurrente deben estar vinculadas a la actividad gravada y no puede desconocer que la documentación presentada no logra probar la materialización de la transacción ni su vinculación con la actividad gravada

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Al respecto, corresponde traer a colación lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley N° 2492 (CTB) que a la letra dispone: “La Administración Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus elementos constitutivos”

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Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el primer párrafo del artículo 8 del Decreto Supremo N° 21530, se tiene que: “El crédito fiscal computable a que se refiere el Artículo 8 inciso a) de la Ley N° 843 es aquel originado en las compras, adquisiciones, contrataciones o importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad sujeta al tributo. El Servicio de Impuestos Nacionales establecerá con carácter general, mediante Resolución Administrativa, los créditos fiscales que no se consideran vinculados a la actividad sujeta al tributo“. 

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De la normativa trascrita anteriormente, se puede concluir que por mandato de la Ley N° 2492 (CTB), la Administración Tributaria se encuentra facultada a emitir normativa tributaria a efecto de reglamentar algunas disposiciones normativas; por otra parte, también resulta evidente que el artículo 8 del Decreto Supremo N° 21530 refiere la emisión por parte del SIN de una Resolución Administrativa que establezca los créditos fiscales que no se consideran vinculados a la actividad gravada..

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mh.Lesbondadorurament: nimit. 

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Ahora bien se debe indicar que las normas tributarias emitidas por las Administraciones Tributarias, se constituyen en disposiciones que tiene como finalidad el reglamentar los hechos normados en un cuerpo legal superior, no obstante estas disposiciones, no pueden modificar; ampliar o eliminar disposiciones normativas que poseen un rango de prelación mayor, en este entendido, la falta de una resolución administrativa que establezca los créditos fiscales que no pueden ser considerados vinculados a la actividad gravada, no puede restringir la condición de vinculación establecida en el artículo 8 de la Ley N° 843.

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Consecuentemente, no corresponde lo pretendido por la parte recurrente al respecto, siendo que, de forma independiente a la emisión de una Resolución Administrativa por parte del SIN, el sujeto pasivo debe cumplir las condiciones necesarias establecidas en la Ley N° 843 para la apropiación del crédito fiscal que pretende ser utilizado como deducción en la liquidación del IVA. 

İV.5. De la documentación de respaldo El sujeto pasivo argumentó que, la Administración Tributaria incurrió en arbitrariedad trasgrediendo los principios de legalidad, seguridad jurídica y del debido proceso, al establecer la deuda tributaria sobre documentación no obligatoria para las transacciones económicas, al no ser un fundamento válido para depurar las facturas, cuando existe normativa que establece que documentación es obligatoria, más aun cuando esta fue entregada; por lo que, la Administración Tributaria debió sustentar el proceso realizado con un criterio técnico, suficiente y objetivo que demuestre la verdad material y no en omisiones y formalidades no obligatorias, actos abusivos e ilegales viciados de nulidad por un exceso de competencia conforme el artículo 122 de la Constitución Política del Estado (CPE); añadió que cumplió lo dispuesto en los artículos 25 y 44 del Decreto Ley N° 14379 (C.COM)

En respuesta, la Administración Tributaria afirmó que el recurrente no cumplió con lo dispuesto en los numerales 4 y 5 del artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), al no respaldar 

antes u otros. adecuadamente las actividades y operaciones gravadas mediante documentos u otros instrumentos, conllevando a que eludió su responsabilidad y obligación de probar los hechos constitutivos de los derechos que pretende le reconozcan, conforme el artículo 76 de la citada Ley; asimismo alegó que, la presentación de documentación, no se halla limitada a la solicitada por la Administración Tributaria mediante el detalle de diferencias y su anexo, sino también, a cualquier documentación que sustente la efectiva realización de D las transacciones, por lo que, se tomaron aspectos sustanciales que no permiten que los descargos sean considerados como fidedignos ni desvirtúan las observaciones

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Al respecto, el artículo 8, inciso a) de la Ley N° 843, prevé que el Crédito Fiscal IVA resulta de aplicar la alícuota correspondiente, “sobre el monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el gravamen, que los hubiesen facturado o cargado mediante documentación equivalente en el período fiscal que se liquida. Sólo darán lugar al cómputo de crédito fiscal, las compras, adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen”. 

Del mismo modo, el artículo 8 del Decreto Supremo N° 21530, establece que: “El crédito fiscal computable a que se refiere el Artículo 8 inciso a) de la Ley N° 843 es aquel originado en las compras, adquisiciones, contrataciones o importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad sujeta al tributo”. 

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También, la Autoridad General de Impugnación Tributaria, en virtud a los artículos 4 y 8 de la Ley N° 843 (TO), estableció como precedente en las Resoluciones de Recurso 

Jerárquico STG-RJ/0064/2005, AGIT-RJ 0341/2009, AGIT-RJ. 0007/2011 y AGIT-RJ 0198/2013 -entre otras- que existen “tres requisitos” que deben ser cumplidos pa 

en ser cumplidos para que un contribuyente se beneficie con el Crédito Fiscal IVA, producto de las transacciones que declara ante la Administración Tributaria, a saber: 1) La existencia de la factura original; 2) Que la compra se encuentre vinculada con la actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen y; 3) Que la transacción haya sido efectivamente realizada 

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Es así que, el artículo 70 numeral 4) y 5) de la Ley N° 2492 (CTB) establece la obligación que tiene el sujeto pasivo de demostrar la procedencia y cuantía de sus créditos impositivos, así como respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos públicos; resultando claro que, con el fin de probar la efectiva realización de la transacción y su vinculación con la actividad gravada, por la cual reclama el crédito fiscal observado, debe aportar medios de pago y documentación contable y financiera que permitan a la Administración Tributaria comprobar que la operación de compraventa se materializó. 

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  • En dicho sentido, los artículos 36, 37 y 40 del Decreto Ley N° 14379 (C.COM) establecen la obligatoriedad de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia

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organización de la empresa, sobre una base uniforme que permita demostrar la situación de sus negocios y una justificación de sus actos sujetos a contabilización; siendo obligatorio que lleven Libro Diario, Mayor, Inventarios y Balances, encuadernados y notariados, debiendo además contar con registros auxiliares que estime convenientes para lograr mayor orden y claridad, y de esta forma obtener información que le permita ejercer control y coadyuve en la toma de decisiones. 

Asimismo, el artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que en los procedimientos tributarios administrativos quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos; el parágrafo I del artículo 77 del mismo cuerpo legal dispone que en los procedimientos tributarios pueden invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho.. 

Asimismo, la linea doctrinal establecida en las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT RJ 0198/2013, AGIT-RJ 0709/2014 y AGIT-RJ 0459/2014 entre otras-señalan que: “la experiencia reveló la existencia de situaciones en las cuales se producen operaciones “simuladas” del acto jurídico, es decir, actos dirigidos únicamente al fin de reducir la carga fiscal del contribuyente; siendo que las partes intervinientes actúan como si se hubiera celebrado el acto jurídico, cuando en realidad la operación resulta inexistente. Ante tal situación, el artículo 8 de la Ley N° 2492 (CTB), ha previsto el método interpretativo de la realidad Económica” que permite a la Administración Tributaria apartarse de las formas adoptadas por el sujeto pasivo y establecer la verdad de los hechos, observando si se cumplieron los presupuestos económicos de la operación. Por otro lado, existen situaciones en las cuales los “compradores de buena fe pagan el gravamen a proveedores que se consideraban legítimos, los que sin embargo emiten una factura de una empresa inexistente o existente, pero que no cumplía con las obligaciones fiscales” (FENOCHIETTO, Ricardo. El Impuesto al Valor Agregado. 2° Edición. Buenos Aires: Ed. La Ley, 2007. Pág. 612), situación por la cual, ante la existencia de un documento inválido, se precautela el derecho del contribuyente al crédito fiscal siempre y cuando demuestre que la operación que dio origen al mismo tuvo lugar en los hechos

Por otra parte, Ricardo Fenochietto señala: “Las disposiciones vigentes y los principios generales del derecho tributario nos permiten concluir que la deducción de un gasto en el Impuesto a las Ganancias y/o el cómputo de un crédito fiscal en el IVA está condicionado a la existencia real de una operación que en principio se encuentre respaldada por un documento debidamente emitido, correspondiendo al responsable que pretende hacer valer Nose los mismos, la prueba de dicha existencia cuando ello esté en duda y sea requerido de sistema con 

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manera fundada por el Fisco. Para ello no alcanza con cumplir con las formalidades que 

requieren las normas, requisito necesario pero no suficiente, sino que cuando ello sea necesario deberá probarse que la operación existió, pudiendo recurrirse a cualquier medio de prueba procesal (libros contables, inventario de la firma, testigos, pericias, que la operación se ha pagado y a quién, particularmente si se utilizan medios de pago requeridos, como cheque propio o transferencia bancaria de los que queda constancia en registros de terceros

Asimismo el citado autor respecto a la vinculación del Crédito Fiscal enseña perseguido ha sido evitar que una determinada cantidad de operaciones consumidas particularmente por los dueños de las empresas, sus directivos, su personal o terceros, sean deducidas en la liquidación por la misma, por el sólo hecho de haber sido facturadas a su nombre. De no ser a, el organismo fiscalizador debería analizar una por una esas operaciones, para determinar si se encuentran vinculadas a operaciones gravadas, o si en realidad fueron hechas por un consumidor final(FENOCHIETTO Ricardo. El Impuesto al Valor Agregado. 2da. Edición. Buenos Aires: Editorial La Ley, 2007. pág. 630, 631). 

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ideración a lo expuesto hasta el momento, se tiene que la apropiación de un crédito 

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fiscal exige el cumplimiento de requisitos sustanciales y formales, que permitan establecer 

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la existencia del hecho imponible y la vinculación con la actividad gravada, a efecto de que la Administración Tributaria pueda considerarlos como válidos para fines fiscales

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En ese entendido, el solo hecho de presentar la factura y documentación contable no implica la validación del crédito fiscal, puesto que para dicho cometido no solamente se debe contar con documentación contable, sino también con cualquier otro documento que sirva de medio de prueba, a efecto de poder advertir que no hay lugar a duda respecto a que la transacción fue efectivamente realizada y que además se encuentra vinculada con la actividad gravada. 

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Adicionalmente, debemos indicar que la obligación dispuesta en los numerales 4 y 5 del 

  • artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), no se limita a la presentación de documentación 

contable, debiendo ser interpretada en conjunción con lo señalado en el artículo 76 y 77 parágrafo I de la citada Ley. 

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De esta manera, corresponde señalar que el cumplimiento de las formalidades establecidas en los artículos 25 al 44 del Decreto Ley N° Ley N° 14379 (C.COM), si bien resulta importante a efecto de cumplir con los principios de exposición y revelación de la 

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contabilidad de la empresa, empero su cumplimiento no implica la validación del crédito fiscal de las facturas de compra de bienes y/o servicios y mucho menos aporta elementos técnicos, suficientes y objetivos que demuestren la verdad material, toda vez que esta operación, es corroborada en base a la suficiencia o insuficiencia de la documentación que respalda un crédito fiscal, dependiendo solamente de los elementos de convicción que aporta dicha documentación y no: las formalidades que cumpla, siendo que, para la observación de la Administración Tributaria respecto a la materialización de la transacción y su vinculación con la actividad gravada, no basta presentar el registro contablemente de la transacción como respaldo, siendo necesario otra documentación que además del correcto registro contable, demuestre el pago, la transferencia de dominio y la incorporación efectiva del bien ylo servicio en la actividad gravada. 

Este hecho, resulta de total entendimiento por parte de la empresa recurrente, y prueba de ello, se tiene que, durante la sustanciación del procedimiento de determinación presentó documentación, no solo contable, por la cual la Administración Tributaria, estableció la validez del crédito fiscal de algunas facturas. 

Consecuentemente, el hecho de que la Administración Tributaria señale en la Resolución Determinativa que, los registros contables y documentación presentada por el sujeto pasivo no son suficientes para desvirtuar las observaciones de las facturas verificadas, no implica la vulneración de los principios de legalidad, seguridad jurídica y del debido proceso, ni mucho menos un exceso de competencia sancionado conforme el artículo 122 de lá 

Constitución Política del Estado (CPE)

No obstante a lo señalado precedentemente, en consideración a que el sujeto pasivo en su nota de interposición del Recurso de Alzada, argumento que las operaciones cuentan con medios fehacientes de pago y materialmente tienen su existencia real, ésta instancia recursiva analizará la documentación presentada en relación con las observaciones de la Administración Tributaria plasmadas en el acto impugnado, a objeto de verificar si la misma es suficiente para determinar la validez de las facturas verificadas. 

De esta manera, respecto a las facturas N° 364, 365, 373, 381, 385, 388, 396, 397 y 398 del proveedor Roberto Carlos Herrera Rodríguez por un total de Bs143.948, se tiene que las mismas fueron emitidas por concepto de “Mano de obra instalación de torre de medición eólica”; “Servicios de mantenimiento servomotor de tobera superior unidad sis cinco“; “Servicio de construcción de 6 tanques de acero al carbono; Instalación sistema SERGI protección de transformadores planta Santa Isabel; “Servicios de soldadura en el proyecto 

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SERGI de los transformadores de Santa Isabel”; “Trabajos de montaje y soldadura en el proyecto SERGI; “Construcción cerco perimetral Torre de medición eólica (Silala); y “Soldadura y montaje Banco 1 y 2 de Santa Isabel

Asimismo, conforme se tiene de la Resolución Determinativa N° 171739000248 (fojas 683 686 de antecedentes administrativos), la Administración Tributaria depuró el crédito fiscal de dichas facturas en razón a que si bien se verifica el pago realizado, empero el sujeto pasivo no presentó documentación de respaldo que demuestre la relación de la transacción con actividades propias, es decir, no se advierte documentación que demuestre la vinculación de los servicios prestados con la actividad por la cual es sujeto de la obligación tributaria. 

En este entendido, de forma inicial se advierte que la Administración Tributaria para las facturas referidas anteriormente, observó solamente el cumplimiento del tercer requisito para la validez del crédito fiscal (vinculación de las transacciones con la actividad gravada), reconociendo la existencia de documentación de respaldo que acredita el pago efectuado por las mismas y la existencia de las facturas originales

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Ahora bien, a efecto de constatar la vinculación de las facturas N° 364, 365, 373, 381, 385, 388, 396, 397 y 398, se debe considerar que de conformidad a la Consulta de Padrón cursante a fojas 501-502 de antecedentes administrativos, la Empresa Eléctrica Corani SA., tiene registrada como actividad principal: “Generación, captación y distribución de energía eléctrica”; asimismo se debe tener presente que el sujeto pasivo presentó documentación de respaldo en sede administrativa consistente en: Comprobantes de Diario, Ordenes de Servicios, Solicitudes de Pago de Roberto Carlos Herrera Rodríguez por servicios efectuados, Comprobantes de pago, Cheques y estados de cuenta. 

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Del análisis de dicha documentación, se colige que si bien contienen una explicación del servicio facturado, identificando las tareas requeridas, sin embargo no se puede advertir elementos probatorios que permitan establecer con claridad que las tareas detalladas en las notas de solicitud de pago, fueron efectivamente desarrolladas y consumidas por las unidades solicitantes a fin de coadyuvar al desarrollo de la actividad gravada de forma directa o indirecta. 

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Adicionalmente, queda claro que las órdenes de servicios detallan las actividades requeridas, pero no expresan justificación o explicación de las razones que motivaron la 

NBiso solicitud y la forma en que estas tienen relación con la actividad por la cual es sujeto pasivo de la obligación tributaria; asimismo tampoco se tiene prueba de la conformidad del servicio Sistema de fogo on 

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10Os 

II

prestado, ni del tipo de relación que lleva la Empresa Eléctrica Corani S.A. con Roberto Carlos Herrera Rodríguez, dado la frecuencia de las transacciones que realizan; por otra parte, no se advierte evidencia que el mantenimiento, reparación e instalación de equipos y otros, fueron realizados a bienes propios de la empresa recurrente, debidamente activados en su contabilidad. 

De esta manera, si bien se advierte la existencia de documentación que prueba el pago realizado al proveedor, empero este aspecto no puede implicar la validez de las notas fiscales, por cuanto no se tiene constancia de la efectiva realización del servicio, el hecho que lo motivo y su incidencia en la actividad gravada, por lo que corresponde confirmar la depuración del crédito fiscal de las facturas N° 364, 365, 373, 381, 385, 388, 396, 397 y 398 por un importe total de Bs143.948. 

Respecto a la factura No: 10540 del proveedor Global Trading SRL. por Bs4.141,20, se tiene que conforme la Resolución Determinativa N° 171739000248 la Administración Tributaria depuró el crédito fiscal de dicha factura en razón a que el sujeto pasivo no aportó mayor prueba que demuestre el uso y destino de los ítems adquiridos, toda vez que no presentó documentación que acredite la entrega de botines de seguridad al personal: 

Compulsando los antecedentes administrativos, se advierte que dicha factura fue emitida por concepto de “7 pares botines de seguridad dieléctricospor Bs4. 141,20, asimismo se advierte que el sujeto pasivo presentó como documentación de respaldo: Comprobante de Diario D-940, pedidos de materiales y equipos, Orden de Compra No OC 182/201, Comprobante de Pago No P-1202, cheque 294 y Estado de Cuenta del periodo agosto de 2013 (fojas 156-170 de antecedentes administrativos); al respecto, se debe tener presente que la Empresa Eléctrica Corani SA., tiene como actividad gravada la generación, captación y distribución de energía eléctrica, de esta manera, se entiende que la compra de botines responde a la necesidad de brindar seguridad al personal que desempeña sus labores en las plantas eléctricas, como también de las personas que ingresan a instalaciones controladas que tienen como finalidad la generación y captación de energía eléctrica, en tal sentido, la adquisición de los botines de seguridad se constituyen en un insumo necesario para el desarrollo de la actividad gravada, como un requisito imprescindible para mantener la seguridad industrial en sus instalaciones. 

Ahora bien, la Administración Tributaria desconoce el crédito fiscal de dicha factura, en 

razón a que el sujeto pasivo no presentó documentación que respalde el destino fir 

  • botines adquiridos (entrega a personal), no obstante no se puede desconocer la existencia 

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(AIT 

Cochabamba 

UTIL 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

de los requerimientos efectuados, en los cuales se identifica las unidades organizacionales solicitantes, por lo que se tiene constancia de la motivación y finalidad de la compra realizada por la empresa recurrente, por lo que, corresponde revocar la depuración del crédito fiscal de la factura No 10540 por Bs4. 141,20. 

Respecto a las facturas N° 34494 y 34603 del proveedor Editorial Canelas S.A. por Bs13.608 y Bs3.795 respectivamente, se tiene que las mismas fueron emitidas por concepto de “1 principal color 6×54y “2 Tabloide 3×25”, los mismos que se constituyen en publicaciones de prensa. 

Asimismo, conforme se tiene de la Resolución Determinativa N° 171739000248 (fojas 684 de antecedentes administrativos), la Administración Tributaria depuró el crédito fiscal de dichas facturas en razón a que si bien se verifica el pago realizado, empero el sujeto pasivo no presentó documentación de respaldo que demuestre la vinculación con la actividad gravada, ni contrato con la editorial, ya que para la factura N° 34494 la publicación consigna el nombre de ENDE y para la factura No 34603 no se tiene documentación suficiente que demuestre que la construcción del parque eólico se encuentra vinculado con actividades propias del sujeto pasivo; quedando claramente establecido que la observación radica solamente en el cumplimiento del tercer requisito para la validez del crédito fiscal (vinculación de las transacciones con la actividad gravada), reconociendo la existencia de documentación de respaldo que acredita el pago efectuado por las mismas y la existencia de las facturas originales. 

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De la compulsa de los antecedentes administrativos, se tiene que la empresa recurrente presentó como documentación de respaldo: Comprobante de Diario N° D135, Orden de Servicios No OS 492/2013, publicaciones de prensa, Comprobante de Pago No P-1697 y cheque N° 704 (fojas 301-306 de antecedentes administrativos); de la compulsa de dicha documentación, se advierte que el comprobante diario demuestra que las transacciones fueron imputadas a la cuenta publicidad y suscripciones, la orden de servicios refiere como objeto, la publicación del proyecto Qollpana los días 9 y 10 de octubre de 2013, dando a entender que dichas publicaciones tienen el objetivo de promocionar la construcción por parte de la Empresa Eléctrica Corani S.A. del parque eólico Qollpana, hecho corroborado en la publicación de prensa presentada por el sujeto pasivo, asimismo, la publicación efectuada el 10 de octubre de 2013 da cuenta del extracto de solicitud de licencia de generación del parque eólico Qollpana. 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mhuirivica tondadoria mhootinñnmits 

Respecto a la primera publicación, se debe manifestar que la misma responde a la.. publicidad efectuada como una forma de promoción y socialización de la construcción del parque eólico Qollpana, y si bien en su parte superior se encuentra consignado el logotipo de “Ende Corporación, empero en su contenido refiere la construcción del mismo por parte de la Empresa Corani S.A., hecho corroborado del acta de entrega cursante a fojas 406 al 409 de antecedentes administrativos, por lo que no se puede desconocer la vinculación que tiene con la actividad gravada. Es más, si bien como resultado de la nacionalización de las empresas eléctricas, Corani S.A. es una filial controlada por ENDE Corporación, es claro que el gasto efectuado en tal publicación se refiere al parque eólico Qollpana, que se encuentra dentro de las actividades de Corani S.A.

En cuanto a la segunda publicación referente al extracto de solicitud de licencia de generación del parque eólico Qollpana, se debe señalar que el mismo se constituye en un requisito sine quanon a objeto de obtener la licencia para ejercer la actividad de generación, conforme establece el artículo 21 del Decreto Supremo N° 24043 que a la letra señala: Verificada y aceptada la Solicitud, la Superintendencia, en un plazo de tres (3) Días, elaborará un extracto de la Solicitud y dispondrá su publicación en un periódico de circulación nacional por tres (3) días consecutivos, corriendo los gastos de publicación por cuenta del solicitante.”. 

Por lo que, la Administración Tributaria no puede pretender que el gasto efectuado para cumplir un requisito exigido por norma, no se encuentra vinculado a la actividad gravada del sujeto pasivo, consecuentemente corresponde revocar la depuración del crédito fiscal de las facturas N° 34494 y 34603 por Bs13.608 y Bs3.795 respectivamente. 

Con relación a la factura N° 551 del proveedor Alfonso Eduardo Flores Joffre por Bs2.400, se tiene que la misma fue emitida por concepto de “Elaboración Video PMC”; asimismo, conforme se tiene de la Resolución Determinativa N° 171739000248 (fojas 685 de antecedentes administrativos), la Administración Tributaria depuró el crédito fiscal de dichas facturas en razón a que si bien se verifica el pago realizado, empero la documentación presentada no acreditaría la conformidad del servicio prestado, por lo que no se verificaría la realización del servicio ni la vinculación con la actividad gravada. 

Compulsando los antecedentes administrativos se advierte que el sujeto pasivo presentó como documentación de descargo: El comprobante de Diario N° D-264, Orden de Servicios N° OS 131/2013, Comprobante de Pago N° P-340 y el cheque 11577 (fojas 47-50 de antecedentes administrativos), sin embargo, dicha documentación solamente acredita el sistema de contien 

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Cochabamba 

IN 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

pago efectuado por la Empresa Eléctrica Corani S.A., sin aportar elementos o explicación del tipo de servicio cancelado y su relación con el giro del negocio, a fin de poder advertir si el mismo se encuentra vinculado con la actividad gravada, por lo que corresponde confirmar la depuración del crédito fiscal de la factura N° 551 por BS2.400. 

Respecto a la factura N° 1925 del proveedor Lizeth Gisela Mamani Luna por Bs4.120, se tiene que la misma fue emitida por concepto de “50 banderas nacionales con crespón y 40 wipalas con crespón; asimismo, conforme se tiene de la Resolución Determinativa No 171739000248 (fojas 685 de antecedentes administrativos), la Administración Tributaria depuró el crédito fiscal de dichas facturas, en razón a que la documentación presentada no demuestra la efectiva realización de la transacción, ni su vinculación con la actividad gravada

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Compulsando los antecedentes administrativos se advierte que el sujeto pasivo presentó como documentación de descargo: El comprobante de Diario N° D-298 y la Rendición de cuentas No GAF312013 (fojas 55-63 de antecedentes administrativos), del análisis de dicha documentación se advierte que es insuficiente para demostrar la efectiva realización de la transacción y su vinculación con la actividad gravada, por cuanto no permite verificar el pago al proveedor de los bienes al ser un gasto sujeto a rendición de cuentas, adicionalmente el sujeto pasivo no presentó documentación, argumento o explicación de la forma en que la adquisición de banderas se vincula directa o indirectamente con la generación, captación y distribución de energía eléctrica, por lo que, corresponde confirmar la depuración del crédito fiscal de la factura N° 1925 por B$4.120. 

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Con relación a las facturas N° 201, 202 y 203 del proveedor Vicente Morales Lara por Bs68.622,22 cada una, se tiene que las mismas fueron emitidas por concepto de “Servicio de limpieza y atención del comedor de los meses febrero, marzo y abril de 2013″; asimismo, conforme se tiene de la Resolución Determinativa N° 171739000248 (fojas 685 de antecedentes administrativos), la Administración Tributaria depuró el crédito fiscal de dichas facturas en razón a que si bien se verifica el pago realizado, empero el contrato presentado no cuenta con reconocimiento de firmas, además que de la verificación en el sistema de la Administración Tributaria SIRAT2, se verifica que el proveedor no reportó dichas facturas como ventas realizadas, por lo que no se tiene acreditada la materialización de las transacciones ni su vinculación con la actividad gravada. 

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Compulsando los antecedentes administrativos se advierte que el sujeto pasivo presentó como documentación de descargo: El Comprobantes de Diario N° D-202, D322, D-468, 

NB-150 

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– 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mhurivica tondadeguna mhanti añomita 

memorándum interno de solicitud de pago, contrato de servicios 8/2013, comprobantes de pago, cheques 11720, 11721 y 11808, así como estados de cuenta (fojas 88103 y 123 128). 

Del análisis de dicha documentación, se advierte que las transacciones fueron imputadas a. la cuenta Comedores Corani” cancelados a través de un medio de pago fehaciente, toda vez que, se advierte el pago efectuado mediante cheques emitidos por el sujeto pasivo por los importes consignados en las notas fiscales, aspecto que demuestra la salida de recursos económicos de la cuenta bancaria de la Empresa Eléctrica Corani S.A. en favor de Vicente Morales Lara, conforme se advierte de los estados de cuenta presentados; por otra parte, si bien el contrato de prestación de servicios no cuenta con reconocimiento de firmas a efecto de ser oponible a terceros, no obstante, el mismo es de cumplimiento obligatorio para las partes que las suscriben. 

Adicionalmente, se tiene que a través de los memorándums internos, se solicitó a la unidad administrativa y financiera de la Empresa Eléctrica Corani S.A., efectuar el pago por el servicio brindado por el proveedor Morales Lara Vicente en sus centrales Corani y Santa Isabel, demostrando la conformidad del servicio prestado; por lo que se tiene demostrada la realización de la transacción a través del pago efectuado, el contrato suscrito y las solicitudes de pago; como también se tiene acreditada la vinculación de las transacciones con la actividad gravada, al ser servicios que tienen la finalidad de mantener el servicio de . alimentación en las instalaciones de las centrales eléctricas, para el ejercicio de la actividad por la cual es sujeto de la obligación tributaria, por lo que, corresponde revocar la depuración del crédito fiscal de las facturas N° 201, 202 y 203 por Bs68.622,22 cada una

Respecto a la factura N° 641 del proveedor German Gutiérrez Torrez por Bs1.105, se tiene que la misma fue emitida por concepto de “Hospedaje de 1 noche (2 dobles y 1 triple)”; asimismo, conforme se tiene de la Resolución Determinativa N° 171739000248 (fojas 685 de antecedentes administrativos), la Administración Tributaria depuró el crédito fiscal de dichas facturas en razón a que dicha transacción solamente se encuentra respaldada por una rendición de cuentas, hecho que no permite advertir el pago, identificar al beneficiario, ni acreditar el motivo del viaje y hospedaje a fin de el mismo se encuentre vinculado con la actividad gravada. 

Compulsando los antecedentes administrativos se advierte que el sujeto pasivo presentó como documentación de descargo: el comprobante de Diario N° D-518, la rendición de cuentas N° UPE-55-2013, planilla de sueldos y salarios, comprobante de pago No P-534 y 

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(AIT

Cochabamba 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

el cheque 11744 (fojas 105-118 de antecedentes administrativos). Del análisis de dicha documentación, se colige que la misma demuestra la otorgación de recursos económicos bajo rendición de cuentas a Humberto Nina Crespo para “Estudios de geotécnica y topografía est. medición”; sin embargo, no permite identificar a las personas que fueron hospedadas en el citado hotel, a efecto de poder verificar que los mismos poseen una relación de dependencia con la Empresa Eléctrica Corani S.A. ni el objeto para el que hubiesen sido comisionados a ese viaje, tampoco demuestra o explica la forma en que el servicio de hospedaje coadyuvó directa o indirectamente con la actividad gravada, por lo que, corresponde confirmar la depuración de la factura N° 641 por Bs1.105. 

En lo que respecta a la factura N° 1338 del proveedor Empresa Alemana Unificada S.A., se tiene que la misma fue emitida por concepto de “habitaciones” por Bs1.120; asimismo, conforme se tiene de la Resolución Determinativa N° 171739000248 (fojas 685 de antecedentes administrativos), la Administración Tributaria depuró el crédito fiscal de dichas facturas en razón a que dicha transacción solamente se encuentra respaldada por una rendición de cuentas, hecho que no permite advertir el pago, identificar al beneficiario, ni acreditar el motivo del viaje y hospedaje a fin de el mismo se encuentre vinculado con la actividad gravada

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Compulsando los antecedentes administrativos se advierte que el sujeto pasivo presentó como documentación de descargo: el Comprobante de Diario N° D-1002, Orden de Servicios No OS 375/2013, transmisión telefax, Estado de cuentas del proveedor, Comprobante de Pago No P1253, cheque 337 y comprobante de depósito del Banco Bisa (fojas 192199 de antecedentes administrativos); del análisis de dicha documentación, se tiene que el servicio de hospedaje fue cancelado mediante cheque N° 337 depositado a la cuenta bancaria de la Empresa Alemana Unificada S.A., asimismo, contablemente la transacción fue imputada a la cuenta “otros gastos de viajes correspondientes a estudios de factibilidad, por otra parte, la orden de servicios y los estados de cuenta del proveedor demuestran que el servicio de hospedaje fue utilizado por Gerardo Borda y Miguel Delgado, personas que tienen una relación de dependencia con la Empresa Eléctrica Corani S.A., conforme se acredita de la planilla de sueldos y salarios cursante a fojas 546 de antecedentes administrativos. 

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No obstante a lo señalado precedentemente, no se tiene constancia de la finalidad de viaje realizado por Gerardo Borda y Miguel Delgado, siendo que si bien la orden de servicios simplemente refiere “En tránsito para viaje a Potosí, para asistir a una reunión invitados por la Gobernación (Ref. Proy. Silala), empero el sujeto pasivo no presentó prueba que 

  • Página 35 de 39 Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvica tendodegia mbaeti oñomita 

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101 

11 

acredite tal invitación por la Gobernación del departamento de Potosí; adicionalmente no se puede advertir que el destino del viaje se encuentre vinculado a la actividad gravada, por cuanto no se tiene respaldo, explicación o detalle de las actividades realizadas por el personal dependiente en el referido viaje, por lo que corresponde confirmar la depuración del crédito fiscal de la factura No. 1338 por Bs 1.120. 

Prosiguiendo con el análisis, se tiene que la factura N° 3402 del proveedor Guillermo Paredes Hidalgo por Bs 1.510, fue emitida por concepto de material de ferretería; asimismo, conforme se tiene de la Resolución Determinativa N° 171739000248 (fojas 686 de antecedentes administrativos), la Administración Tributaria depuró el crédito fiscal de dichas facturas en razón a que si bien se verifica el pago realizado, empero la documentación presentada no demuestra la entrega del material por parte del proveedor, el ingreso a inventario ni la asignación a personal de campamento, por lo que no se verifica la realización del servicio ni la vinculación con la actividad gravada

Compulsando los antecedentes administrativos se advierte que el sujeto, pasivo presentó como documentación de descargo: pedidos de materiales y equipos, Orden de Compra No OC 299/2013, Comprobante de Pago No P1855 y cheque N° 832 (fojas 322-326 de antecedentes administrativos); del análisis de dicha documentación, se tiene que el documento “pedido de materiales y equipos” identifica el responsable y la unidad solicitante, señalando que dichos materiales son para uso en instalación de campers del campamento San José, en dicho documento firma Walter Sejas como solicitante y receptor del material; adicionalmente, es necesario precisar que los materiales de ferretería tienen estrecha relación con la actividad gravada del sujeto pasivo, pues los mismos tendrían como destino. su consumo en campamento San José, por lo que corresponde revocar la depuración del 

  • crédito fiscal de la factura No 3402 por Bs 1.510 al encontrarse acreditado el pago, la recepción del material y la vinculación del mismo con la actividad gravada

Respecto a la factura N° 383 del proveedor Rodrigo Sebastián Noya Roldan por Bs1.126,20, se tiene que la misma fue emitida por concepto de impresión de banners 3×2 y 2x1.5; asimismo, conforme se tiene de la Resolución Determinativa N° 171739000248 (fojas 686 de antecedentes administrativos), la Administración Tributaria depuró el crédito fiscal de dicha factura en razón a que el sujeto pasivo solamente presentó la rendición de cuentas, el cual no permite verificar el pago efectuado, por lo que, no se tiene acreditada la materialización de la transacción ni su vinculación con la actividad gravada

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9001 IBNORCA 

Sistema de Gestió

de la Calidad Certificado N°EC274/1

Certificado 

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Cochabamba 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Compulsando los antecedentes administrativos se advierte que el sujeto pasivo presentó como documentación de descargo: el Comprobante de Diario N° D-1595, Rendición de Cuentas N° UEC-184/2013, cotización de gigantografías, Solicitud de Servicios No SOL SER-417/2013, Comprobante de Pago No P1985 y cheque 205 (fojas 331-351 de antecedentes administrativos); del análisis de dicha documentación, se tiene que la misma respalda la asignación de recursos económicos a Karla Brisa Rocha Duran para el fondo rotatorio UECH, no obstante, no permite verificar el pago efectivo al proveedor, tampoco demuestra la recepción de los bienes adquiridos, ni el destino de los mismos en su actividad gravada, por lo que corresponde confirmar la depuración de la factura N° 383 por Bs 1.126,20. 

Finalmente, con relación a la factura N° 78151 del proveedor Distribuidora de lácteos Dubai SRL, emitida por la compra de 1.100 bolsas de chiqui choc de 170 cc por Bs1.210, se tiene que conforme la Resolución Determinativa N° 171739000248 (fojas 686 de antecedentes administrativos), la Administración Tributaria depuró el crédito fiscal de dicha factura en razón a que de la documentación presentada no se verifica la onerosidad, siendo que contablemente registró como gastos varios, además que el sujeto pasivo no presentó documentación que demuestre la vinculación del gasto con la actividad gravada. 

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Compulsando los antecedentes administrativos, se advierte que el sujeto pasivo presentó como documentación de descargo: el comprobante de Diario N° D1827, Rendición de Cuentas No GAF-2202013, Comprobante de Pago No P-2209, cheque 1153 y estado de cuenta del BNB; del análisis de dicha documentación, se tiene que la misma respalda la asignación de recursos económicos a Aldo Cesar Maldonado Fernández por concepto de “gastos varios inauguración proy. eólico, no obstante, dicha documentación no permite verificar el pago efectivo al proveedor, tampoco se puede verificar la recepción de los bienes adquiridos, ni aporta elementos probatorios o explicación de la forma en que la compra de 1.100 chiqui choc, se vincula con la actividad de generación, captación y distribución de energía eléctrica, por lo que, corresponde confirmar la depuración del crédito fiscal de la factura N° 78151 por Bs1.210. 

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Consecuentemente, de la revisión de la documentación de respaldo a las facturas observadas, se pudo establecer que dicha documentación desvirtúa parcialmente las observaciones de la Administración Tributaria, correspondiendo revocar la depuración de las facturas N° 10540, 34494, 34603, 201, 202, 203, y 3402, manteniendo vigente la depuración de las facturas N° 364, 365, 373, 381, 385, 388, 396, 397, 398, 551, 1925, 641, 1338, 383 y 78151. 

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IBNORCA Sistema de Gestión 

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Mhuru visa tendodeqia mhaeti oñomita 

En suma, conforme a los fundamentos expuestos se tiene que los actos administrativos emitidos durante la sustanciación del proceso de determinación efectuado por la 

ación Tributaria no contiene vicios de nulidad; no obstante, de la compulsa de la documentación cursante en los antecedentes administrativos, se pudo evidenciar la validez del crédito fiscal de las facturas N° 10540, 34494, 34603, 201, 202, 203, y 3402, así como también se advirtió la correcta depuración del crédito fiscal de las facturas N° 364, 365, 373, 381, 385, 388, 396, 397, 398, 551, 1925, 641, 1338, 383 y 78151; consecuentemente, corresponde a ésta instancia recursiva revocar parcialmente la Resolución Determinativa No 171739000248 de 28 de abril de 2017 emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, modificando la deuda tributaria total de UFV’s 59.143 a UFVs 24.002 conforme los siguientes cuadros: Tributo Omitido expresado en UFV’s 

SEGÚN ARIT Impuesto Periodo 

SEGÚN SIN 

CONFIRMADOL REVOCADO 

IVA 

ene13 IV

mar-13 

464 

  • 464 

IV

abr-13 

14.669 

79 

14.590 

IVA 

jul-13 

1.138 

848 

290 

IVA 

ago13 

1.460 

1.460 

IV

sep13 

1.378 

1.378 IVA 

oct13 

2.579 

1.378 

1.20

IV

nov13 

1.612 

1.508 

104 IV

dic-13 

3.581 

3.581 TOTAL TRIBUTO OMITIDO 

26.881 

10.696 

16.18

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TOTAL DEUDA TRIBUTARIA 

  • UFV’s 

TOTAL DEUDA TRIBUTARIA .. Bs. 

(c+d

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Cálculo de la Deuda Tributaria FECHA DE LIQUIDACION : 

28/04/2017 U.F.V. (Final): 

2,19826 (a) 

DEUDA TRIBUTO IMPUESTO PERIODO 

TOTAL INTERES INTERES OMITIDO 

TRIBUTARIA | SANCION UFV’s4% UFVs 6% 

INTERESES 

UFV’s UFV’s

UFV’S 

UFV

(a+b) – IVA ene13 IVA mar13 

464 

83 

547 

464 IVA 

abr13 

14 

93 

79 IVA jul13 

848 

137 

137 

985 

848 IVA ago13 

1.460 230 

230 

1.690 

1.460 NA sep-13 

1.378 212 

212 

1.590 

1.378 IV

Oct13 

1.378 2070 

1.585 

1.378 IVA nov-13 

1.508 

220 

220 

1.728 

1.508 IVA dic-13 

3.581 507 

507 

4.088 

3.581 TOTAL IVA 

10.696 1.609 

1,610 

12.306 10.696 Multa por incumplimiento a deberes formales conforme acta No 148040 

8

79 

14 

0000

1.011 

172 1.833 3.150 2.968 2.963 3.236 

7.669 23.002 

207 

2.22

378 4.029 6.925 6.524 6.513 7.11

16.858 50.563,00 

2.198 

1.000 

TOTAL DEUDA TRIBUTARIA EN UFVs y’Bs. 

o 24.002 

52.761 

NB-ISO 

  1. 9001. ** IBNORCA Sistema de Gestion 

de la Calidad Certificado N°EC27414 

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(AITI 

– 

Cochabamba 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

POR TANTO: La suscrita Directora Ejecutiva Regional Chuquisaca a.i. en suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa N° 171739000248 de 28 de abril de 2017, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, en consecuencia se deja sin efecto la depuración del crédito fiscal de las facturas No 10540, 34494, 34603, 201, 202, 203, y 3402, manteniendo vigente la depuración del crédito fiscal de las facturas N° 364, 365, 373, 381, 385, 388, 396, 397, 398, 551, 1925, 641, 1338, 383 y 78151; por lo que se modifica la deuda tributaria total de UFVs 59.143 a UFVs 24.002, importe que será reliquidado conforme dispone el artículo 47 de la Ley N° 2492 (CTB); sea de conformidad con el inciso a) parágrafo I y parágrafo Il del artículo 212 de la Ley N° 2492 (Título V CTB)

PUGNACION 

GIONAL DE 

Luis M Busina 

TRIBUTARIA 

REGIONAL 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme . establece el artículo 199 de la Ley No 3092 (Título V del CTB), será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

VACION TRIA 

Jose Jese

Espada Estrada 

KCBBA. SVIBO TINO 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley N° 2492 (CTB) y sea con nota de atención

CB Arapcar sere 

VoB

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 de la Ley N° 2492 (CTB), el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente Resolución de Recurso de Alzada es de 20 días computables a partir de su notificación. 

Henry 

REGIONAL DEDIN 

SACION T

Villas Alastes

WRIDA

TRIBUTARS 

ROTAC88

2

STA 

. Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

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aore 2. 

Seoul 

xood. Cleudia B. Cors Rejas 

DIRECTORA EJECUTIVA REGIONAL INTERINA intoridad Regional de Impugnación Troutarla Chuquisaca 

En Suplencia legal de la Autoridad Regional de 

Impronación Tributaria Cochabamba 

V . NB150 

9001 IBNORC

Sistema de Gestion 

de la Calidad Certificado N°EC274/14 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jacha kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodeguia mbaeti oñomita