ARIT-CBA-RA-0361-2019 Resolución Administrativa Confirmada, acto impugnado con solicitud de prescripción que fue rechazada, además el sujeto pasivo aludió vulneraciones a sus derechos en la normativa jurídica empleada confundiendo el presente proceso con uno anterior que no fue impugnado en el plazo establecido (el cual ya adquirió firmeza); por lo que, no correspondía a la ARIT emitir pronunciamiento alguno.

ARIT-CBA-RA-0361-2019

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBARA 0361/2019 

Recurrente 

COSECA SRL representado Wilson Maldonado Balderrama 

Administración recurrida 

Gerencia Distrital Yacuiba del Servicio de 

Impuestos Nacionales, representada por Marcia Milenka Rueda Soliz 

Acto impugnado 

Administrativa 

No 

Resolución 

231961000207 

Expediente N° 

ARIT-TJA-0049/2019 

Lugar y fecha 

Cochabamba, 4 de noviembre de 2019 

VISTOS 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas- por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-CBA/ITJ 0361/2019 de 31 de octubre de 2019, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional, y todo cuanto sē tuvo presente 

ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO La Resolución Administrativa N° 231961000207 de 4 de julio de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Yacuiba del Servicio de Impuestos Nacionales, que resolvió rechazar la solicitud de prescripcion respecto al Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria No 331961000204 de 29 de marzo de 2019 Acto notificado personalmente a Wilson 

Maldonado Balderrama en representación de COSECA SRL el 24 de julio de 2019 (fojas 737-738 y 739 de antecedentes administrativos) 

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Calidad AFNOR CERTIFICATION 

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TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA. II 1 Argumentos del Recurrente. COSECA SRL, representado por Wilson Maldonado Balderrama conforme acredito el Testimonio Poder N. 160/2013 de 5 de junio de 2019 (fojas 4-6 de antecedentes 

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Sitema de Gest

hela cai Certficado N771/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan miťayır jach’a kamanı (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepl Vae (Guaraní) 

Avenida Oquendo No 381, entre Venezuela y Ecuador. Zona Central Norte Telfs (591-4) 4140011 – 4140012.www ait gob bo.Cochabamba, Bolivia 

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administrativos), mediante memorial presentado el 12 de agosto de 2019 (fojas 75-82 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa N° 231961000207 de 4 de julio de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Yacuiba del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente 

Que la Gerencia Distrital Yacuiba del Servicio de Impuestos Nacionales le notificó el 3 de agosto de 2019 con el Proveído de Ejecución Tributaria No 331961000204, emergente de la Resolución Determinativa N° 171961000040 de 11 de febrero del 2019, que fue notificada el 15 de febrero de 2019, cuando sus facultades para intimar el pago de obligaciones se encontraban prescritas 

Sostuvo que la notificación con la Resolución Determinativa N° 171961000040 de 11 de febrero del 2019 fue efectuada cuando había prescrito la obligación, toda vez que los periodos observados pertenecen a la gestión 2014, consecuentemente no correspondió la notificación del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria 

Señaló que la Resolución Administrativa impugnada pretende cobrar obligaciones por concepto de depuración de facturas basándose en su base de datos, sin requerir información a los proveedores y en vulneración a lo dispuesto por la Sentencia de Sala Plena N. 40/2015 de 23 de febrero de 2015 emitida por el Tribunal Supremo de Justicia 

Refirió que el 29 de abril de 2019, solicitó ante la Gerencia Distrital Yacuiba del Servicio de Impuestos Nacionales la prescripción de la obligación al haber transcu años dispuestos por el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), empero que las actuaciones de la Administración Tributaria no consideraron el principio universal del derecho a la ley previa, violentando la legalidad y los derechos al debido proceso, así como a la presunción de inocencia que otorga la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) 

Afirmó que se configuró la prescripción de la Resolución Determinativa N° 171961000040 de 11 de febrero del 2019, que sustenta el PIET N° 331961000204, considerando que los periodos observados corresponden a la gestión 2014, toda vez que dicho término de prescripción inició el 1 de enero del 2015 y concluyó el 1 de enero del 2019, no correspondiendo la aplicación de la Ley N° 812 Al efecto, citó los artículos 59 y 150 de la 

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AUTDRIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Ley N° 2492 (CTB), así como el artículo 123 de la Constitución Política del Estado (CPE), haciendo referencia a la irretroactividad de la norma 

Señaló que en vigencia de la Ley N° 1340 (CTb abrogado) la prescripción en etapa de ejecución operaba por analogia del Código Civil, sin embargo con la Ley N° 2492 (CTB), la prescripción se encuentra establecida en los artículo 61 y 62, concordantes con el artículo 5 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) 

Manifestó que las causales de interrupción se encuentran previstas por el artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB), aspecto ratificado por la Sentencia de Sala Plena N° 010/2014 de 27 de marzo del 2014 la cual señala que cualquier otra actuación del SIN en el periodo de fiscalización no interrumpe la prescripción 

Afirmó que la Resolución Administrativa N. 231961000207, contiene una mala e indebida interpretación y aplicación de la norma, refiriendo al efecto los’ numerales 2 y 3 del artículo 147 de la Ley N° 2492 (CTB), pues no contempló lo alegado respecto a la prescripción, por cuanto aplicó retroactivamente la Ley N° 812 que modificó lo normado por el Código Tributario vigente en la gestión 2014, vulnerando de esta manera los derechos plasmados en el numeral 2 del artículo 9, artículo 178, 306 y 311, parágrafo Il numeral 5 de la Constitución Política del Estado (CPE) 

Señaló que el acto impugnado vulneró la irretroactividad de la ley reconocida por el artículo 123 de la norma Constitucional, considerando que dicha disposición permite que aplicar normas que no se encontraban en vigencia durante los periodos en que sucedieron los hechos generadores y vencimiento de los mismos ni durante la presunta comisión del ilícito tributario de omisión de pago, siempre que resulten más beneficiosas, pero -que en el caso presente- la Ley N° 812 no lo beneficiaría 

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Calidad 

AFNOX CERTIFICATION 

VMTU 

Manifestó que la seguridad jurídica es una exigencia de previsibilidad de los ciudadanos de los efectos jurídicos de los actos administrativos, teniendo un conocimiento claro del alcance y efectos de los mismos, tanto en sus derechos como en sus deberes Al efecto, citó el Auto Supremo N° 5/2014 del 27 de marzo de 2014 

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Señaló que la Administración Tributaria efectuó una interpretación arbitraria que desconoce los principios de seguridad jurídica, debido proceso y de “tempus regit actum” 

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Sistema de Gestion CertificadoN771/14 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamanı (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Avenida Oquendo N° 381, entre Venezuela y Ecuador · Zona Central Norte Telfs (591-4) 4140011 – 4140012.www ait gob bo.Cochabamba, Bolivia 

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En resguardo de su argumento transcribió citas doctrinales y reseñas jurisprudenciales relacionadas con la prescripción, acompañando al Recurso de Alzada las Sentencias No 010/2014 de 27 de marzo de 2014, Sentencia No 005/2014 de 27 de marzo de 2014, Sentencia No 40/2015 de 23 de febrero de 2015, Sentencia No 39 de 13 de mayo de 2016, Sentencia No 47 de 16 de junio de 2016 y Sentencia No 44 de 24 de abril de 2017, emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia 

En petitorio, solicitó la revocatoria de la Resolución Administrativa N° 231961000207 de 4 de julio de 2019 o en su caso declare la anulación hasta el vicio más antiguo 

II 2. Auto de Admisión El 15 de agosto de 2019, el Responsable Departamental de Recursos de Alzada de Tarija dependiente de esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba emitió el Auto de Admisión EXPEDIENTE ARIT-TJA-0049/2019, correspondiente al Recurso de Alzada interpuesto por COSECA SRL, representada por Wilson Maldonado Balderrama, contra la Resolución Administrativa N° 231961000207 de 4 de julio de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Yacuiba del Servicio de Impuestos Nacionales (fojas 83 del expediente administrativo) 

II.3. Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia Distrital Yacuiba del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por Marcia Milenka Rueda Soliz, conforme acredito la Resolución Administrativa de Presidencia No 031900000114 de 5 de febrero de 2019 y Memorándum N. 081900000490 de 5 de febrero de 2019 (fojas 89-91 del expediente administrativo), por memorial presentado el 30 de agosto de 2019 (fojas 92-94 del expediente administrativo), respondió el Recurso de Alzada con los siguientes fundamentos 

Respecto a la solicitud de prescripción de la Resolución Determinativa N° 171961000040 y la existencia de vicios de nulidad alegados, refirió que no corresponde por que ésta adquirió la calidad de firmeza, según lo establece por artículo 109 de la Ley N° 2492 (CTB), al haber caducado el plazo para hacer uso de su derecho de impugnación, señalando además que no correspondería realizar ningún tipo de análisis al proceso de determinación utilizado por la Administración Tributaria al adquirir la calidad de Título de Ejecución Tributaria 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Señaló que los reclamos y argumentos vertidos no guardan relación con el objeto de su pretensión, puesto que el documento impugnado resulta ser la Resolución Administrativa No 231961000207 y no así la Resolución Determinativa N° 171961000040 

Refirió que si bien el recurrente señaló la violación de derechos constitucionales, empero no señaló el punto fáctico preciso por el cual el ente fiscalizador hubiera desconocido el derecho ‘al debido proceso, constituyendo en declaraciones que no señalan los hechos que fundamentan su reclamo 

Indicó que las facultades de la Administración Tributaria se encuentran señaladas en el artículo 66 de la Ley N° 2492 (CTB), entre las cuales se distinguen la facultad de determinación y por otro lado la facultad de ejecución, constituyendo dos facultades específicas e independientes 

Sostuvo que el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) contiene las previsiones referidas al instituto de prescripción como forma de extinción de la obligación tributaria, señalando el tratamiento de la prescripción para las diferentes facultades del ente fiscalizador, que en el presente caso la Resolución Determinativa N° 171961000040 de 11 de febrero de 2019, fue notificada el 15 de febrero de 2019, adquiriendo firmeza en el momento que concluyó el plazo de impugnación, constituyéndose en título de ejecución tributaria, iniciándose la etapa de ejecución a través de la notificación del Proveído de Ejecución Tributaria No 331961000204 

Señaló que la Ley N° 812 fue promulgada el 30 de junio de 2016, por lo que a partir de esa fecha se modificó los parágrafos lyll del artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), fijando el término de prescripción de ocho años para las facultades de controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas de la entidad recaudadora 

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Calidad 

AFNOR CERTIFICATIO

Indicó que la respuesta establecida en la Resolución Administrativa N° 231961000207 contiene una fundamentación legal y técnica, sustentada en las modificaciones realizadas por la Ley N° 812 al ser la norma vigente al momento de iniciar la etapa de ejecucion tributaria 

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Refirió que desde el inicio del proceso de determinación hasta su conclusión, así como el proceso de determinación ocurrieron durante la vigencia de la Ley N° 812, resultando 

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Sitema de Gestion 

e la Carretera Contfic N 771/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayır jach’a kamanı (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani)

Avenida Oquendo N° 381, entre Venezuela y Ecuador · Zona Central Norte Telfs (591-4) 4140011 – 4140012.www ait gob bo.Cochabamba, Bolivia 

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incorrecto afirmar que se hubiera aplicado arbitrariamente dicha Ley, considerándose para ello, los parámetros legales establecidos por la Constitución Política del Estado y la Ley No 2492 (CTB) 

Alegó que la facultad de ejecución de la Administración tributaria resultaría imprescriptible desde la gestión 2012 por disposición de la Ley N° 2492 (CTB) modificada por la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, misma que posteriormente fue derogada por la Ley N° 317 de 11 de diciembre de 2012, por lo que aduce que no fueron vulnerados los derechos del sujeto pasivo, por cuanto las acciones del ente fiscal se enmarcaron en las disposiciones normativas vigentes 

Sostuvo que la imprescriptibilidad está dispuesta respecto a la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, tal como lo dispone el párrafo IV del artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), modificado por la Disposición Transitoria Quinta de la Ley N° 291, ratificada por la Ley N° 317 de 11 de diciembre de 2012 

Por lo expuesto, solicitó declarar firme y subsistente la Resolución Administrativa No 231961000207 de 4 de julio de 2019 

Il 4. Apertura de término probatorio El 2 de septiembre de 2019, el Responsable Departamental de Recursos de Alzada de Tarija dependiente de esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Apertura Término de Prueba EXPEDIENTE ARIT-TJA0049/2019 disponiendo la apertura del término probatorio de 20 días comunes y perentorios para ambas partes en aplicación del inciso d) del artículo 218 del Código Tributario Boliviano (CTB) (fojas 95 del expediente administrativo) 

El 23 de septiembre de 2019, la parte recurrente presentó memorial por el cual ratificó la prueba acompañada al Recurso de Alzada (fojas 97 del expediente administrativo) 

Dentro del plazo establecido en el parágrafo II del artículo 210 del Código Tributario Boliviano (CTB), la Administración Tributaria recurrida no presentó alegatos escritos u orales 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

11.5 Alegatos. El 8 de octubre de 2019, COSECA SRL, representado por Wilson Maldonado Balderrama, presentó memorial de alegatos reiterando los argumentos vertidos en su Recurso de Alzada, afirmando que cualquier acto administrativo no interrumpe el computo de prescripción, así también refirió la vulneración del derecho a la defensa, toda vez que la Administración Tributaria al momento de responder al Recurso de Alzada citó normativa que no se encuentra contemplada en el acto impugnado, al efecto, adjuntó la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0856/2017-S2 de 21 de agosto de 2017 (fojas 114-115 del expediente administrativo) 

III. 

ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA El 11 de febrero del 2019, la Gerencia Distrital Yacuiba del Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Resolución Determinativa N° 171961000040 que determinó de oficio las obligaciones impositivas de COSECA SRL en la suma de UFVs 699 097 correspondiente al tributo omitido actualizado, intereses, multa por incumplimiento a deberes formales y sanción por omisión de pago del Impuesto al Valor Agregado de los periodos julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2014 Acto notificado mediante cédula el 15 de febrero de 2019 (fojas 688-706 y 712 de 

antecedentes administrativos) 

El 29 de marzo de 2019, la Administración Tributaria emitió el Proveído de Ejecución Tributaria No 331961000204, comunicando a COSECA SRL que se dará inicio a la ejecución tributaria de la Resolución Determinativa N° 171961000040 Acto notificado mediante cédula el 25 de abril de 2019 (fojas 720 y 724 de antecedentes administrativos) 

El 29 de abril de 2019, COSECA SRL representado por Wilson Maldonado Balderrama, presentó nota a la Administración Tributaria solicitando la revocatoria del PIET N° 331961000204 de 29 de marzo del 2019, la declaración de la prescripción y el archivo de obrados (fojas 755-758 de antecedentes administrativos) 

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El 4 de julio de 2019 la Gerencia Distrital Yacuiba del Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Resolución Administrativa N° 231961000207 de 4 de julio de 2019, que resolvió rechazar la solicitud de prescripción respecto al Proveído de Inicio de Ejecución 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayır jach’a kamanı (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Avenida Oquendo No 381, entre Venezuela y Ecuador Zona Central Norte Telfs (591-4) 4140011 – 4140012.www ait gob bo. Cochabamba, Bolivia 

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Tributaria No 331961000204 de 29 de marzo de 2019 Acto notificado personalmente a Wilson Maldonado Baderrama en representacion de COSECA SRL el 24 de julio de 2019 (fojas 737-739 de antecedentes administrativos) 

IV 

FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA. 

Conforme a lo establecido en el artículo 211 parágrafo I del Código Tributario Boliviano (CTB), ésta instancia recursiva ingresará a resolver los reclamos planteados por el recurrente, identificándose los siguientes agravios 1 Deficiencias en la Determinación, y 2 La prescripción de las facultades de la Administración Tributaria, correspondiente a los periodos julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la 

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IV 1 Deficiencias en la determinación COSECA SRL, representado por Wilson Maldonado Balderrama, señaló en su Recurso de Alzada, que la Resolución Administrativa impugnada pretende cobrar obligaciones por concepto de depuración de facturas basándose en su base de datos, sin requerir informacion a los proveedores, citando y adjuntando la Sentencia de Sala Plena No 40/2015 de 23 de febrero de 2015, emitida por el Tribunal Supremo de Justicia 

Adicionalmente, en etapa de alegatos, reclamó que la Administración Tributaria en su memorial de respuesta al Recurso de Alzada, citó normativa que no fue consignada en el 

acto impugnado 

Por su parte, la Administración Tributaria indicó que los reclamos y argumentos vertidos 

no guardan relación con el objeto de su pretensión, puesto que el documento impugnado resulta ser la Resolución Administrativa N° 231961000207 y no así la Resolución Determinativa N° 171961000040, misma que adquirió firmeza según lo establece el artículo 109 de la Ley N° 2492 (CTB), al haber caducado el plazo para hacer uso de su derecho de impugnación, señalando que no correspondería realizar ningún tipo de análisis al proceso de determinación utilizado por la Administración Tributaria al adquirir la calidad de Título de Ejecución Tributaria 

En principio corresponde señalar que en la normativa tributaria, el paragrafo I del articulo 211 del Código Tributario Boliviano (CTB) dispone “l. Las resoluciones se dictarán en 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tnbutano que la dicta y la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas” 

Que se encuentra íntimamente ligado con el principio de congruencia que conforme la Sentencia Constitucional 2016/2010-R de 9 de noviembre de 2010, en el punto III 4 de los Fundamentos del fallo estableció que “( ) uno de los elementos del debido proceso es la congruencia en virtud de la cual la autoridad jurisdiccional o administrativa, en su fallo debe asegurar la estncta correspondencia entre lo peticionado y probado por las partes, en ese contexto, es imperante además precisar que la vulneración al debido proceso en su elemento congruencia puede derivar de dos causales concretas a saber a) Por incongruencia omisiva, en virtud de la cual, la autoridad jurisdiccional o administrativa emite una resolución sin considerar las pretensiones de las partes, vulnerando con esta omisión el derecho a un debido proceso y también el derecho a la defensa, y, b) por incongruencia aditiva, en virtud de la cual, la autoridad jurisdiccional o administrativa, falla adicionando o incorporando elementos no peticionados o no discutidos por las partes en el decurso de la causa” De la normativa y jurisprudencia expuesta precedentemente, se colige que si bien ésta instancia recursiva debe emitir una resolución que analice todas las cuestiones planteadas por las partes, no es menos cierto, que el fallo emitido debe tener congruencia con lo resuelto en el acto impugnado y los argumentos de las partes, esto a fin de evitar incurrir en incongruencia ultra petita (más de lo pedido), infra petita (menos de lo pedido), extra petita (cosa distinta de lo pedido) y cifra petita u omision del pronunciamiento 

En el presente caso, se advierte del petitorio del Recurso de Alzada que la empresa recurrente impugno la Resolución Administrativa N° 231961000207 de 4 de julio de 2019, misma que en su parte resolutiva rechazó la solicitud de prescripción formulada por la empresa Coseca SRL, respecto al Proveído de Inicio de Elecución Tributaria No 331961000204 de 29 de marzo de 2019, manteniéndolo firme y subsistente (fojas 737 739 de antecedentes administrativos, así como fojas 81 vta del expediente administrativo) 

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Adicionalmente, de la compulsa de la Resolución Administrativa N° 231961000207 de 4 de julio de 2019, se advierte que la Administración Tributaria en la parte considerativa 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit ayır jach’a kamanı (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Avenida Oquendo N° 381, entre Venezuela y Ecuador Zona Central Norte Telfs (591-4) 4140011 – 4140012.www ait gob bo. Cochabamba, Bolivia 

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del citado acto, no efectuó pronunciamiento alguno respecto a la determinación de la deuda tributaria, toda vez que ciñó su pronunciamiento a la solicitud efectuada por el sujeto pasivo que fue expresamente la prescripción 

De esta manera, si bien la solicitud de prescripción realizada por el sujeto pasivo tiene la finalidad de extinguir la obligación tributaria establecida en la Resolución Determinativa N° 171961000040 por configurarse dicho instituto, empero dicho aspecto no implica que dicho acto definitivo emitido y notificado con anterioridad puedan ser modificados, como erróneamente pretende el sujeto pasivo, siendo que la Resolución Determinativa de referencia tuvo un plazo de impugnación propio, y si no fue impugnado en su momento adquirió firmeza 

Consecuentemente, resulta claro que esta instancia recursiva se encuentra impedida de analizar la aspectos contenidos en Resolución Determinativa N° 171961000040, toda vez que las misma no es el objeto del presente Recurso de Alzada, lo contrario implicaría incurrir en incongruencia aditiva, por analizar aspectos relacionados con otros actos administrativos emergentes de procesos independientes y ajenos al presente caso, esto en consideración a que la nulidad alegada por la parte recurrente, debió ser opuesta a través de la interposición de recursos de impugnación contra la citada Resolución Determinativa dentro el plazo establecido para el efecto, y al no hacerlo, el sujeto pasivo permitió que el mismo adquiera firmeza, conforme lo señalado por la Administración Tributaria en su memorial de respuesta al Recurso de Alzada y la inexistencia de prueba documental que demuestren una situación diferente a esa aseveración 

Por ello, esta instancia recursiva se circunscribirá a emitir pronunciamiento sobre la misma sólo con el único propósito de evidenciar si fue notificada dentro el plazo para que la Administración Tributaria, ejerza sus facultades de fiscalización, determinación e imposición de sanciones administrativas, conforme a lo agraviado por la empresa recurrente 

Por otro lado, respecto a la vulneración del derecho a la defensa expuesta por el recurrente en etapa de alegatos, respecto a que la Administración Tributaria en el memorial de respuesta al Recurso de Alzada, hubiera citado normativa que no fue consignada en el acto impugnado, corresponde aclarar que de conformidad al 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

parágrafo 1 del artículo 211 del Código Tributario Boliviano (CTB), esta instancia recursiva debe emitir una decisión expresa, positiva y precisa de todas las cuestiones planteadas en el Recurso de Alzada respecto al contenido jurídico del Acto impugnado, y no así de la respuesta al Recurso de Alzada, por lo que no corresponde a esta instancia 

recursiva efectuar un análisis o pronunciamiento con relación a la existencia de vicios en el responde al Recurso de Alzada por parte de la Administración Tributaria, incumbiendo ceñirse a la revisión del Acto impugnado según lo expuesto en el Recurso de Alzada 

IV 2 Prescripción de las facultades de la Administración Tributaria. La parte recurrente afirmó que la notificación con la Resolución Determinativa No 171961000040 de 11 de febrero del 2019 fue efectuada cuando se configuró la prescripción de las facultades de determinación correspondientes a los periodos julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2014, no resultando viable la notificación del Proveído de inicio de Ejecucion Tributaria No 331961000204, asimismo, señaló que en el presente caso no corresponde la aplicación de la Ley N° 812, toda vez que lo contrario resultaría un desconocimiento de los artículos 59 y 150 de la Ley N° 2492 (CTB) y el artículo 123 de la Constitución Política del Estado (CPE) 

Por su parte, la Administración Tributaria señaló que la Ley N° 812 fue promulgada el 30 de junio de 2016, fijando el término de prescripción de ocho años para las facultades de controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas de la entidad recaudadora, conteniendo el acto impugnado una fundamentación legal y técnica, sustentada en la norma vigente al momento de iniciar la etapa de ejecución tributaria, considerando los parámetros legales que establece la Ley N° 2492 (CTB) y la Constitución Política del Estado (CPE) 

Así también, el ente recaudador indicó que la facultad de ejecución es imprescriptible desde la gestión 2012, por disposición de la Ley N° 2492 (CTB), modificada por la Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012, misma que posteriormente fue derogada por la Ley N° 317 de 11 de diciembre de 2012 

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Expuestos los argumentos de ambas partes procesales, corresponde indicar que la 

doctrina entiende a la prescripción de acciones como “La caducidad de los derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos legales para su posible ejercicio”, 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamanı (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Avenida Oquendo N° 381, entre Venezuela y Ecuador Zona Central Norte Telfs (591-4) 4140011 – 4140012.www ait gob bo.Cochabamba, Bolivia 

asimismo, debe tomarse en cuenta que la prescripción responde a los principios de certeza y seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento jurídico (Ossorio, Manuel Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales Pág 601) (García Vizcaíno Catalina Derecho Tributario Tomo I) 

De igual forma, José María Martín señala que “La prescripción es generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación tnbutaria Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla(MARTIN José María, Derecho Tributario General, edición 28, Pág 189

Cabe citar a GIULIANI FONROUGE, Carlos M en su obra Derecho Financiero, 5* Edición, Ediciones “Depalma”, págs 572 y 573, que nos enseña La prescripción en curso puede sufrir interrupción, en los casos, y por las razones establecidas en el ordenamiento legal respectivo, y se traduce en la consecuencia de tener como no 

sucedido el término precedente al acontecimiento interruptivo, desaparecido éste vuelven 

las cosas al estado onginal y comienza una nueva prescripción, sobre el reconocimiento de la obligación sostiene quees cualquier manifestación que en forma inequívoca, sin lugar a dudas, demuestra que el deudor admite la existencia del crédito tnbutario, por lo cual, es menester examinar cada situación particular para determinar si media o no el propósito enunciadoVILLEGAS, Héctor Belisario Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario 91 Edición Buenos Aires Editorial “Astrea”, 2007 Pág 269 

De la doctrina señalada precedentemente, debemos indicar que el instituto de la 

prescripción se constituyó como una forma de penalizar al ente recaudador por su inactividad, dejando claramente establecido que por el transcurso del tiempo, la Administración Tributaria pierde el derecho de ejercer sus facultades de determinación de la obligación tributaria, de esta manera esta instancia recursiva realizará el análisis de la prescripción de las gestiones incoadas por el recurrente y en sujeción de la normativa 

aplicable 

En ese sentido, el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), disponía que las acciones de la Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años para 1. Controlar, investigar,” 

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verificar, comprobar y fiscalizar tributos, 2. Determinar la deuda tributaria, 3 Imponer sanciones administrativas, y 4 Ejercer su facultad de ejecución tributaria 

Asimismo, el artículo 60 parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB), establecía que, excepto en el numeral 4 del parágrafo I del artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo 

Sin embargo, a través de las Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de la Ley N° 291, de 22 de septiembre de 2012, fueron modificados los artículos 59 y 60 de la Ley N’ 2492 

B), quedando redactados de la siguiente manera “I. Las acciones de la Administración Tributana prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas El período de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias, cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año ( ) ” y “1. Excepto en el Numeral 3, Parágrafo I, del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo II. En el supuesto 3, del Parágrafo I, del Artículo antenor, el término se computará desde el primer dia del mes siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributana” 

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Posteriormente, la Ley N° 317, de 11 de diciembre de 2012, mediante su Disposición Derogatoria Primera, estableció “Se deroga el último párrafo del Parágrafo I, del Artículo 59 de la Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 291, de 22 de septiembre de 2012” En tanto, que a través de la Disposición Adicional Décimo Segunda, modificó el artículo 60 de la Ley No 2492 (CTB), por el siguiente texto ” Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo I del Artículo antenor, el término de la prescripción se computará desde el prmer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo Il En el supuesto 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria”, debiendo 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit ayır jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Avenida Oquendo N° 381, entre Venezuela y Ecuador. Zona Central Norte Telfs (591-4) 4140011 – 4140012.www ait gob bo. Cochabamba, Bolivia 

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considerar dichas modificaciones, toda vez que las facultades de la Administración Tributaria se encontraban vigentes al momento de su promulgación y la prescripción aun no se había configurado, aspecto que permite establecer que la aplicacion de las Leyes Nos 291 y 317 no puede considerarse de forma retroactiva 

No obstante, resulta importante precisar que la Ley N° 812 emitida el 30 de junio de 2016, en su artículo 2, parágrafo II, procedió a modificar el régimen de prescripción, previsto en los parágrafos I y Il del artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) con el siguiente texto “I Las acciones de la Administración Tributana prescribirán a los ocho (8) años, para 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas ( )” 

Consiguientemente, se tiene que al presente, la última modificación del artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), fue efectuada mediante el artículo 2 parágrafo II de la Ley N° 812 de 30 de junio de 2016, el cual establece un termino de prescripción más favorable para el sujeto pasivo, que el dispuesto mediante las modificaciones realizadas al señalado articulo por las Leyes Nos 291 y 317, que correspondía aplicar, es decir, ocho (8) años para la realización de las facultades de la Administración Tributaria para determinar el IVA de la gestión 2014, norma en actual vigencia y que corresponde aplicar en funcion a lo establecido en el artículo 150 de la Ley N° 2492 (CTB), concordante con el artículo 123 de la Constitución Política del Estado (CPE), que establece Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tnbutanos, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable” 

En cuanto a las causales de interrupción del cómputo de la prescripción, se tiene que el artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB) señala que la prescripción se interrumpe por a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, y b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago 

Con estas consideraciones, corresponde señalar que en el presente caso, resulta correcta la aplicación del artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) modificado por la Ley N° 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

812, a efecto de realizar el cómputo de la prescripción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2014 

Asimismo, en consideración a que la solicitud de prescripción fue realizada respecto al IVA de los periodos julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2014, cabe aclarar que el IVA, al ser un impuesto de carácter periódico, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 10 de la Ley N° 843 y 10 del Decreto Supremo No 21530, su vencimiento de pago se produce al mes siguiente y considerando que conforme al artículo 60 parágrafo 1 de la Ley N° 2492 (CTB), el término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo, el cómputo de la prescripción quedó configurado de la siguiente manera 

Gestión IVA 

Vencimiento de 1 Inicio de 

pago del IVA prescripción 

Término de la prescripción 

Finaliza la prescripción 

julio 2014 

agosto 2014 

01/01/2015 

8 años (Ley N° 812) 

31/12/2022 

septiembre/2014 

octubre 2014 

01/01/2015 

8 años (Ley N° 812) 

31/12/2022 

Octubre 2014 

Noviembre 2014 

01/01/2015 

8 años (Ley N° 812) 

31/12/2022 

Noviembre 2014 

Diciembre 2014 

01/01/2015 

8 años (Ley N° 812

31/12/2022 

Diciembre/2014 

Enero 2015 

01/01/2016 

8 años (Ley N° 812) 

31/12/2023 

Del cuadro expuesto, se establece que el cómputo de la prescripción del IVA correspondiente a los periodos julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2014, con vencimiento en los meses agosto, octubre, noviembre de 2014 inició el 1 de enero de 2015 y concluirá el 31 de diciembre de 2022, respecto del periodo diciembre 2014, el cómputo de la prescripción inició el 1 de enero de 2016 y concluirá el 31 de diciembre de 2023 

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En el presente caso, de la compulsa de la Resolución Administrativa impugnada, se advierte que la Administración Tributaria señaló como único acto que interrumpió el cómputo de la prescripción y finalizó la etapa de determinación, la notificacion de la Resolución Determinativa N° 171961000040 realizada mediante cédula el 15 de febrero de 2019 (fojas 698 a 706 y 712 de antecedentes administrativos) que a entender de 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayır jach’a kamanı (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

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la parte recurrente, fue ejercida cuando sus facultades de determinación se encontraban prescritas 

No obstante, del cómputo de prescripción desarrollado en párrafos previos permite desestimar lo agraviado por el sujeto pasivo respecto a la configuración de la prescripción, por cuanto se advierte que la notificación con la Resolución Determinativa No 171961000040 realizada el 11 de febrero de 2019, demuestra que la Administración Tributaria desarrollo sus facultades de determinación, fiscalización, verificación e imposición de sanciones respecto al IVA de los periodos julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2014, antes de que el configurarse el término de 

prescripción 

En ese entendido, siendo que la deuda tributaria fue determinada dentro plazo establecido por Ley, al presente se encuentra en etapa de ejecución, habiéndose emitido el Proveído de inicio de Ejecución Tributaria No 331961000204 de 29 de marzo de 2019 

Con relación a las Sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia N° 5/2014, 10/2014, 40/2015, 39/2016, 47/2016 y 44/2017 citadas como jurisprudencia por el sujeto pasivo, corresponde aclarar que de acuerdo a lo previsto por el artículo 5 de la Ley N° 2492 (CTB), son fuentes del derecho tributario, con carácter limitativo, la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo, el Código Tributario Boliviano (CTB), las Leyes, los Decretos Supremos, las Resoluciones Supremas y las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos Administrativos facultados al efecto, consiguientemente, las Sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia no constituyen fuente normativa del derecho tributario, sino que son precedentes jurisdiccionales que construyen la jurisprudencia boliviana en distintos ámbitos, con el fin de que el juez confiera igual tratamiento a situaciones similares dando seguridad jurídica a los habitantes, empero no son vinculantes, ni obligatorios, en ese sentido, no corresponde emitir mayor pronunciamiento al respecto 

Adicionalmente, es necesario aclarar a la parte recurrente que en relación a las Sentencias Nos 39/2016 de 13 de mayo de 2016 y 47/2016 de junio de 2016, emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia, las mismas fueron dejadas sin efecto por el Tribunal 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Constitucional Plurinacional de Bolivia, mediante las Sentencias Constitucionales Nos 0231/2017-S3, de 24 de marzo de 2017 y 0048/2017-S2, de 6 de febrero de 2017, lo que significa que su entendimiento jurídico fue dejado sin efecto en su plenitud, impidiendo su aplicación en el ámbito jurídico boliviano, por ello, no pueden ser utilizadas como precedentes jurisprudenciales 

En suma, conforme a los fundamentos expuestos y de la compulsa de los antecedentes administrativos, de acuerdo al análisis técnico jurídico realizado, se advirtió que la facultad de determinación de la Administración Tributaria respecto a los periodos julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2014 fue ejercida antes de que se configure la prescripción, correspondiendo a esta instancia recursiva confirmar la Resolución Administrativa N° 231961000207 de 4 de julio de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Yacuiba del Servicio de Impuestos Nacionales 

POR TANTO 

GRACIO

CIONAL DE 

Luis M Ankida 

La suscrita Directora Ejecutiva a i de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y artículo 141 del Decreto Supremo N° 29894 de 7 de febrero de 2009 

– 

– 

RESUELVE 

DE 1 

hun 

UND RELICA 

PRIMERO CONFIRMAR la Resolución Administrativa N° 231961000207 de 4 de julio de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Yacuiba del Servicio de Impuestos Nacionales, sea de conformidad con artículo 212 parágrafo | inciso b) del Código Tributario Boliviano (CTB) 

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SEGUNDO La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario Boliviano (CTB), será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley N° 2492 (CTB) y sea con nota de atención 

CUARTO Conforme prevé el artículo 144 de la Ley N° 2492 (CTB), el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computables a partir de su notificación 

Registrese, notifíquese y cúmplase 

Bordo 

Teresa del Rosaro Borda Rocha 

DIRECTORA EJECUTIVA REGIONAL 

DIRECCION EJECUTIVA REGIONAL Autondad Regional de Impugnación fributaria Cbba 

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