ARIT-CBA-RA-0356-2017 Sanción por omisión de pago de IUE, para lo cual el contribuyente presento el recurso de alzada argumentando la prescripción, sin embargo la administración tributaria afirmó que sus acciones de encuentran vigentes como detalla la legislación

ARIT-CBA-RA-0356-2017

Cochabamba 

TIL

AUTORIDAD DE. IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARITCBA/RA 0356/2017 Recurrente : Julyos SRL., legalmente representada por Ruth Nancy 

Valdivieso de Rodríguez 

Recurrido 

: Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio 

de Impuestos Nacionales, legalmente representada por Rosmery Villacorta Guzmán

Expediente 

ARIT-CBA0150/2017 

Acto Impugnado : Resolución Determinativa N° 171739000171 de 23 de marzo de 

201

Fecha 

Cochabamba, 8 de septiembre de 2017 VISTOS: El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT CBA/ITJ 0356/2017 de 8 de septiembre de 2017, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

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  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO Resolución Determinativa N° 171739000171 de 23 de marzo de 2017, que determinó de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones impositivas del contribuyente Julyos SRL. con NIT 1021135021, en la suma UFV’s905,720, equivalentes a la fecha de emisión de la resolución a Bs1.984.398.-, correspondiente al tributo omitido actualizado e intereses por el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) de la gestión concluida a marzo de la gestión 2011; además, calificó la conducta del contribuyente como omisión de pago por el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) correspondiente a la gestión concluida a marzo de 2011, aplicó una sanción equivalente al 100% del Tributo Omitido determinado, que asciende a UFVs 706.514, de conformidad a lo establecido en el artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB) y 42 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB); finalmente, confirmó la multa por incumplimiento a deberes formales, impuesta mediante Acta por Contravención Tributaria Vinculada al Procedimiento de Determinación N° 147919, por un total de UFV’S 3.000, establecida de conformidad al artículo 162 de la Ley N° 2492 (CTB), artículos 42 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) y la Resolución Normativa de Directorio No RND 10-0025810. Acto notificado por cédula a Valdivieso de Rodríguez Ruth Nancy como representante legal de Julyos SRL., el 31 de marzo de 2017 (fojas 15451586 y 1591 de antecedentes administrativos)

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9001 IBNORCA Sistema de Gestión 

de la Calidad, Certificado NEC274/14 

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Justicia tributaria para vivir bien Jani mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvica tendodeorra’ mhaeti nñrmita 

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA II.1. Argumentos del recurrente . Julyos SRL:, legalmente representada por Ruth Nancy Valdivieso de Rodríguez, conforme acreditó el Testimonio de Poder N° 501/2012 de 23 de noviembre de 2012 (fojas 29-34 de. la carpeta Sujeto Pasivo), por memorial presentado el 21 de abril y subsanación de 8 de mayo de 2017 (fojas 1-7 y 22 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada 

contra la Resolución Determinativa N° 171739000171 de 23 de marzo de 2017, emitida por : la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales

manifestando lo siguiente: 

Que, la Resolución Determinativa estableció que la prescripción extintiva, constituye una categoría general del derecho, cuya finalidad es poner fin a un derecho material, debido a la inactividad de quien pudiendo ejercer ese derecho o facultad, no lo hace, bajo ese parámetro, lo que se extingue es el derecho material del Tributo; refirió que es poco entendible, tratar de llevar la prescripción al campo del derecho adquirido cuando debe considerarse la seguridad jurídica, para justificar que la gestión IVE 2011, no está prescrita por la aplicación del nuevo cómputo de la prescripción definido por las Leyes N° 291 y 317, que a la fecha de su promulgación Julyos no podría utilizar este derecho adquirido. 

Expuso que en el párrafo 2 de la resolución impugnada la Administración Tributaria mencionó. que fueron promulgadas (refiriéndose a las Leyes N° 291 y 317) con posterioridad a los hechos que originaron la deuda tributaria, sin embargo fueron promulgadas dentro del proceso de prescripción inicial, verificándose que no habrían transcurrido los 8 años requeridos en la norma tributaria y que la facultad de la Administración Tributaria: no se encontraba prescrita; para concluir que según la Administración Tributaria estas Leyes se constituirían títulos de ejecución tributaria (similar a una Resolución Determinativa) que interrumpieron la prescripción del IVE de la gestión 2011, en oposición al artículo 6,1 de la Ley N° 2492 (CTB) o inclusive se estaría afirmando que estas Leyes sustituirían a las notificaciones de fiscalizaciones o recursos administrativos que suspenden la prescripción en oposición al artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB). 

Reiteró que la Administración Tributaria afirmó confusamente en la Resolución Determinativa, que la promulgación de la Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012 y la Ley N° 317 de 11 de diciembre de 2012, interrumpieron o suspendieron la prescripción del IUE IRM con vencimiento al 29 de julio de 2011; asimismo sustentó que, la Administración Tributaria Ngozo desconoce la vinculación y jerarquía de los Autos Supremos mencionados por Ju 

… : Página 2 de 18. *** 

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de la Calidad Certificado N°EC27414 

Cochabamba 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

en la nota de descargo a la vista de Cargo, es decir, los Autos Supremos No 39 de 13/05/2016, No 47/2016 de 16/06/2016 y N° 52/2016 de 28/06/2016 del Tribunal Supremo de Justicia, estableciendo que los fallos de este tribunal no son vinculantes, ni obligatorios para el resto de los órganos de poder público y solo reconocería las sentencias del Tribunal Constitucional. Plurinacional, calificando como sentencias no fundadoras ni moduladoras y que toda norma debe tener la revisión constitucional, desconociendo la Sentencia Constitucional N° 1169/2016-S3 de 26 de octubre de 2016 y la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0245/2017 de 13 de marzo de 2017. THE 

Afirmó que las normas para sancionár, multar, determinar, calcular el tributo y otros deben regirse por la norma sustantiva que estuvo vigente en los periodos, gestiones o tiempo en los que ocurrieron los hechos generadores y/o vencimientos de los tributos, como es el caso de la Ley N° 2492 (CTB), en cambio las acciones procesales (notificación, descargos, impugnación etc.), deben regirse por la norma vigente a la fecha, en este caso la Ley N° 2492 (CTB) modificada por las Leyes. N° 291, 317 y. 812, además que el cálculo de la prescripción está dada por el artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB) modificada o no por la Ley N° 291, que determina “el término de la prescripción se computará desde el 1 de enero de año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo“. 

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Indicó que el cálculo de la prescripción para la gestión 2011 contenido en la vista de Cargo correspondiente al Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE), de la gestión fiscal

abril 2010 a marzo 2011, con fecha de vencimiento: 29/07/2011, inició el 01/01/2012, y – concluyó el 31/12/2015; asimismo alegó que, no puede aplicar la norma vigente modificada desde el 2012 a gestiones anteriores, ya que vulnera el artículo 150 de la Ley N° 2492 (CTB), siendo que no puede aplicarse el “Tempus Regis Actum” a la determinación de la deuda, ni mucho menos al cálculo de la prescripción, interpretando mal el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), en contravención del parágrafo I del artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB), modificada por las Leyes N° 291 y 317 y que de ninguna forma la ley determina desde el último día del año anterior al inicio de la determinación tributaria hacia atrás 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12 años”

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Expuso que en cumplimiento a la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 1169/20116S3 de 26 de octubre de 2016, se emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0245/2017, que establece la prescripción y su cálculo están normados por la Ley N° 2492 

estshon (CTB) en sus artículo 59 y 60 sin modificaciones, ya que los hechos generadores estaban regidos por normas sustantivas no modificadas por otras normas futuras. – 

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Por los fundamentos expuestos, solicitó la revocatoria total al haberse vulnerado sus derechos en la vista de Cargo N° 29-00392-16 y Resolución Determinativa No 171739000171 al realizar la determinación tributaria del IUE de la gestión 2011, prescrita de acuerdo a la Ley N° 2492 (CTB) y al no conceder la prescripción en la vía administrativa – solicitada mediante nota de 30 de enero de 2017, al establecer ilegalmente cómputo de 

prescripción retroactiva. 

11.2. Auto de Admisión El 10 de mayo de 2017, ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Admisión EXPEDIENTE ARITCBA-0150/2017, admitiendo el Recurso de Alzada interpuesto por Julyos SRL. legalmente representada por Ruth Nancy Valdivieso de Rodríguez, contra la Resolución Determinativa 171739000171 de 23 de marzo de 2017, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (fojas 23 del expediente administrativo). 

II.3. Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia de Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales de Cochabamba, legalmente representada por Rosmery Villacorta Guzmán, acreditó personería conforme a la Resolución Administrativa de Presidencia No 031700000512 de 31 de marzo de 2017 (fojas 26-27 del expediente administrativo), por memorial presentado el 30 de mayo de 2017 (fojas 2833 del expediente administrativo), se apersonó y respondió negativamente el recurso con los siguientes fundamentos

Que, actuó en consideración a lo establecido en el artículo 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB) y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, precautelando la seguridad jurídica como derecho constitucional, no existiendo un accionar arbitrario o atentatorio de los derechos constitucionales de los contribuyentes. 

Argumento que lo que se extingue por prescripción no es el tributo, ni la obligación en sí i misma, sino la acción de la Administración Tributaria para determinar, sancionar y ejecutar las obligaciones tributarias o sanciones impuestas; citó los artículos 59, 60 y 61 de la Ley N° 2492 (CTB) inextenso, además de las modificaciones establecidas en las Disposiciones.. Adicionales de las Leyes N° 291 y 317, refiriendo que el artículo 59 reformado (2012), también refiere sobre las acciones de la Administración Tributària, señalando que el plazo para que opere la prescripción es de 4 años incrementándose hasta 10 años de manera 

progresiva según el año que se trate, a partir del 2012 al 2018, además de hacer referencia in 

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Cochabamba 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

al cómputo de la prescripción previsto en el artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB) reformado (2012). 

Señaló que con la vigencia de la Ley N° 317 fue dispuesta la derogación del último párrafo del parágrafo 1 del artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 291, por lo que se produce la aplicación de la corriente filosófica doctrinal de los derechos adquiridos, siendo que la aplicación progresiva de los términos de prescripción hasta 10 años alcanza y afecta a los derechos de prescripción que aún no operaron o que no se consolidaron hasta la fecha de inicio de la vigencia de la Ley N° 317 y que para los periodos mensuales de diciembre de 2007 y. todos de la gestión 2008, no prescribieron porque entró en vigencia la Ley N° 317, antes que se consolide la adquisición del derecho del sujeto pasivo. 

KLIMPUGNACIO 

Expuso que la aplicación de las Leyes N° 291 y 317 no pueden afectar los derechos adquiridos o consolidados por los contribuyentes, ya que esto significaría hacer una aplicación retroactiva de la Ley, pero pueden afectar a las situaciones de expectativa o llamados derechos expectativos que aún no se consolidaron por estar pendiente de cumplimiento ya sea porque falta algún requisito de forma o fondo, o porque no se cumplió el plazo o condición establecida por Ley. 

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Indicó que para los tributos mensuales entre diciembre de 2003 hasta noviembre de 2007, . así como los tributos anuales hasta la gestión 2007, la prescripción operó a los 4 años después y el derecho se consolidó a favor de los contribuyentes, sin embargo, para los : periodos mensuales de diciembre de 2007 adelante y anuales de 2008 adelante, la i prescripción no operó, por cuanto estas normas fueron publicadas el 22 de septiembre y 11 de diciembre de 2012, antes del 31 de diciembre de 2012. – 

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Expuso que no existe aplicación retroactiva de las Leyes N° 291 y 317 al periodo fiscalizado a Julyos que es la gestión 2011 del IUE, ya que no está afectando a la obligación tributaria sino al derecho expectativo a conseguir una prescripción que no se consolidó. 

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Afirmó que en el presente caso se evidencia que el 14 de marzo de 2016, notificó a Valdivieso de Rodríguez Ruth Nancy en calidad de representante legal del contribuyente Julyos SRL., con Orden de Fiscalización N°00150FE00125, para luego emitir la Vista de Cargo N° 29-00392-16, misma que fue notificada el 29 de diciembre de 2016, posteriormente fue notificó la Resolución Determinativa impugnada, esto es cuando las facultades para determinar la deuda tributaria no se encontraba prescrita. … 

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de la Calidad Certificado NEC2741

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Manifestó que el sujeto pasivo no puede exigir la prescripción respecto a la facultad determinativa antes del plazo establecido, puesto que utilizando el Tempus Comissi Delicti, si la fecha de emisión de la Ley N° 317 de 11 de diciembre de 2012, que modifica la Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012, redacta un nuevo artículo 59 de la Ley 2492 (CTB), la facultad de la Administración Tributaria prescribe a los 8 años para la prescripción solicitada en la gestión 2016, puesto que el régimen de prescripción no constituía un derecho adquirido que pueda ser utilizado por el contribuyente, quedando demostrado que en ningún momento vulneró el artículo 123 de la Constitución Política del Estado (CPĖ) y 150 de la Ley N° 2492 (CTB). 

Señaló que el Tempus Comissi Delicti, se aplica a normas y situaciones sustantivas, por lo que la Ley que se debe aplicar es la vigente al momento de la comisión del delito o la .contravención y que en el presente caso fue aplicada la norma vigente al momento de la emisión de la Vista de Cargo y la Resolución impugnada, toda vez que, los hechos generadores, perfeccionados en la gestión concluida a marzo de 2011, fueron determinados dentro el plazo establecido en la Ley N° 291, modificada por la Ley N° 317

Refirió, respecto a los Autos Supremos N° 39, 47 y 52, que los mismos refieren a una determinación por los Impuestos al Valor Agregado IVA, Régimen Complementario al Valor Agregado (RC-IVA), distintos al alcance de la presente determinación que es el Impuesto a las Utilidades de las Empresas, citó el artículo 203 de Constitución Política del Estado (CPE), además de referir que las Sentencias Constitucionales constituyen jurisprudencià. 

Por los fundamentos expuestos, solicitó se confirme la Resolución Determinativa No 171739000171 de 23 de marzo de 2017, refiriendo que no corresponde la prescripción invocada por el recurrente. 

11.4. Apertura del término probatorio y producción de prueba El 31 de mayo de 2017, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba emitió el Auto de Apertura Término de Prueba EXPEDIENTE ARIT-CBA-0150/2017, disponiendo la apertura del término de prueba de 20 días comunes y perentorios para ambas partes en aplicación del inciso d) del artículo 218 de la Ley N° 2492 (Título V CTB) (fojas 34 del expediente administrativo). 

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11.4.1. Prueba Sujeto Pasivo El 20 de junio de 2017, Julyos SRL. legalmente representada por Ruth Nancy Valdivieso de Rodríguez, ratificó la prueba presentada, además de reiterar la existencia de la Sentencia sistema de esta con 

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de la Caildad Certificado N°EC-274/14 

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Cochabamba 

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111 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Constitucional Plurinacional N° 1169/2016-S3 de 26 de octubre de 2016 que se pretende ignorar o justificar su inaplicabilidad en el presente caso (fojas 3637 del expediente administrativo). 

11.5. Alegatos 11.5.1. Administración Tributaria . El 4 de julio de 2017, la Administración Tributaria presentó memorial de alegatos manifestando que al momento de emitir la Resolución se considere que demostró la aplicación de las Leyes N° 291 y 317 no pueden afectar a los derechos adquiridos o consolidados por los contribuyentes, ya que significaría hacer una aplicación retroactiva de la Ley, pero pueden afectar a las situaciones de expectativa o llamados “derechos” expectativos que no fueron consolidados por estar pendientes de cumplimiento. Asimismo que, en el momento de la emisión de las Leyes N° 291.y. 317, la prescripción de la facultad de determinar tributos no era un derecho adquirido del contribuyente, solo era expectativo y que en el periodo fiscalizado con cierre a marzo de 2011 no prescribió porque entró en vigencia la Ley N° 317, el 11 de diciembre de 2012, es decir, antes que se consolide el derecho, por lo que solicitó se confirme la resolución impugnada (fojas 40 del expediente administrativo). 

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III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA El 7 de marzo de 2016, la Administración Tributaria emitió. Orden de Fiscalización No 00150FE00125, para el contribuyente Julyos, a efecto de verificar la totalidad de los hechos y/o elementos correspondientes sin llegar a una fiscalización total del IUE de los periodos abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2010, y los periodos énero, febrero y marzo de la gestión 2011. Acto notificado a la representante legal Ruth Nancy Valdivieso de Rodríguez, el 14 de marzo de 2016 (fojas 3 y 9 de antecedentes administrativos)

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El 7 de marzo de 2016, la Administración Tributaria emitió el Requerimiento No 00127984, solicitando al sujeto pasivo documentación consistente en: DDJJ del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas IUE For. 500, DDJJ formulario 605 presentación de EEFF O Memoria Anual, Libro de Ventas IVA y Libro de Compras IVA, Notas fiscales de respaldo al Débito Fiscal y Crédito Fiscal IVA, extractos bancarios, planillas de sueltos, planilla tributaria y cotizaciones sociales, comprobantes de ingresos y egresos con respaldo, estados financieros de la gestión 2011, Dictamen y EEFF de auditoria de gestión 2011, plan código de cuentas contables, libros de contabilidad (Diario, Mayor, medio magnético), Kardex, inventarios otros de acuerdo al anexo adjunto (fojas 4-7 de antecedentes administrativos). 

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Jan mit’ayir jacha kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)

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El 19 de abril de 2016, la Administración Tributaria emitió Segundo Requerimiento No 00128009, solicitando al sujeto pasivó documentación consistente en: DDJJ del Impuesto sobre las utilidades de las empresas IUE For. 500, DDJJ formulario 605 presentación de EEFF o Memoria Anual, Libro de ventas IVA y Libro de Compras IVA, Notas Fiscales de respaldo al Débito Fiscal y Crédito Fiscal IVA, Extractos Bancarios, Planillas de Sueldos, Planilla Tributaria y Cotizaciones sociales, Comprobantes de Ingresos y Egresos con respaldo, Estados Financieros de la gestión 2011, Dictamen y EEFF de auditoria de gestión 2011, plan código de cuentas contables, Libros de Contabilidad (diario y mayor, medio magnético), Kardex, Inventarios otros de acuerdo al anexo adjunto. Acto notificado el 20 de abril de 2016 (fojas 26-29 y 33 de antecedentes administrativos). 

El 6 de diciembre de 2016, la Administración Tributaria emitió el Acta por Contravenciones Tributarias vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 00147969, al haber incurrido el contribuyente Julyos SRL., en el incumplimiento al deber formal de no entregar documentación e información requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación por los plazos, formas y lugares establecidos, ya que el contribuyente no realizó la entrega de la documentación solicitada mediante requerimiento F4003 N° 127984 y 128009 y sus anexos correspondientes de fechas 07/03/2016 y 19/04/2016, contraviniendo el numeral 8 del artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), correspondiendo una multa de UFV’s3000 (fojas 1268 de antecedentes administrativos). 

El 7 de diciembre de 2016, la Administración Tributaria emitió Informe de Actuación CITE: SIN/GGCBBA/DF/FE/NF/03423/2016, recomendando emitir y notificar la Vista de Cargo con la liquidación preliminar de la deuda tributaria de conformidad a la Resolución Normativa de Directorio N° 10-003216, parágrafo I del artículo 96 y parágrafo IV del artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB) (fojas 1269-1295 de antecedentes administrativos). 

El 7 de diciembre de 2016, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo N° 29 0039216, liquidando la deuda tributaria total correspondiente al IUE sobre base cierta y base presunta que asciende a UFVs 1.601.555.-, importe que incluye el tributo omitido actualizado, intereses, incumplimiento a deberes formales y la sanción por omisión de pago establecida preliminarmente. Acto que fue notificado por cédula el 29 de diciembre de 2016 (fojas 1296-1323 y 1326 de antecedentes administrativos). · 

El 30 de enero de 2017, el sujeto pasivo presentó la nota CITE DIR-902-2017, como descargo a la vista de Cargo N° 29-0039216, realizando observaciones sobre la sistema de los con

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9001 IBNORCA Sistema de Gestión 

de la Calidad Certificado N°EC27414 

Cochabamba 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

determinación de la Base Presunta, Base cierta, así como a los costos y gastos, además fundamentó sobre la prescripción, refiriendo que la normas, para sancionar, multar, determinar, calcular el tributo y otros deben regirse por la norma sustantiva que estuvo vigente en los periodos, gestiones o tiempo en los que ocurrieron los hechos. generadores y/o vencimientos de los tributos, siendo esta la Ley N° 2492 (CTB), y que las acciones procesales como notificación, descargos, impugnación, se rigen por la norma vigente a la fecha como es la Ley N° 2492 (CTB) modificada por las Leyes N° 291, 317 y 818, manifestó que el cálculo de la prescripción se rige por el artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB) realizando el cómputo del UE abril 2010 a marzo de 2011 (fojas 14481505 de antecedentes administrativos). 

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Marlenny Pére

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COLA COBA 

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anzana 

El 23 de marzo de 2017, la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa No 171739000171, determinando de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones impositivas del contribuyente Julyos SRL. con NIT 1021135021, en la suma UFV ́s905,720 equivalentes a la fecha de emisión de la resolución a Bs1.984.398.-, correspondiente al tributo omitido actualizado e intereses por el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (UE) de la gestión concluida a marzo de la gestión 2011; además, calificó la conducta del contribuyente como.omisión de pago por el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) correspondiente a la gestión concluida a marzo de 2011, aplicó una sanción equivalente al 100% del Tributo Omitido determinado, que asciende a UFV’s ** 706.514 de conformidad a lo establecido en el artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB) y 42 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB); finalmente, confirmó la multa por incumplimiento 

a deberes formales, impuesta mediante Acta por Contravención Tributaria Vinculada al Procedimiento de Determinación N° 147919, por un total de UFV’s 3.000, establecida de conformidad al artículo 162 de la Ley N° 2492 (CTB), artículos 42 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) y la Resolución Normativa de Directorio N° RND 10-0025810. Acto notificado por cédula a Valdivieso de Rodríguez Ruth Nancy. como representante legal de Julyos SRL, en fecha 31 de marzo de 2017 (fojas 1545-1587 y. 1591 de antecedentes administrativos). 

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  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA 

Conforme a lo expuesto en el parágrafo | artículo 211 de la Ley N° 2492 (CTB), ésta 

  • instancia recursiva ingresará a resolver los reclamos efectuados por Julyos S.R.L. a través 

de su representante legal Ruth Nancy Valdivieso de Rodríguez, evidenciamos que trajo a colación para el análisis técnico jurídico los siguientes aspectos: 1. Sobre el cumplimiento de los Autos Supremos; 2. Sobre lo argüido que las Leyes Nos. 291 y 317 son títulosde Ejecución Tributaria; 3. Sobre la norma sustantiva y 4. Sobre la prescripción

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NB-150 

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expresserencamentos 

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1.1. De cumplimiento de los Autos Supremos Alegó el recurrente que, la Administración Tributaria desconoce la vinculación y jerarquía de los Autos Supremos N° 39 de 13/05/2016, No 47/2016 de 16/06/2016 .y. N° 52/2016 de 28/06/2016 emitidos por el Tribunal Supremo de Justicia; estableciendo que los fallos de este tribunal no son vinculantes, ni obligatorios para el resto de los órganos de poder público y solo reconocería las Sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional, desconociendo la Sentencia Constitucional N° 1169/2016-S3 de 26 de octubre de 2016 y la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0245/2017 de 13 de marzo de 2017. 

Por su parte, la Administración Tributaria a momento de contestar el Recurso de Alzada manifestó con relación a los Autos Supremos N° 39, 47 y 52, que los mismos refieren a una determinación por los Impuestos al Valor Agregado (IVA), Régimen Complementario al Valor Agregado (RC-IVA), siendo distintos al alcance de la presente determinación que es el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE). 

En la legislación nacional, el parágrafo il del artículo 115 de la Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE), garantiza el derecho al debido proceso en concordancia con el numeral 6 del artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB), el cual establece que dentro de los derechos del sujeto pasivo se encuentra el derecho al debido proceso; que de acuerdo a la .. jurisprudencia, tiene por objeto el cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente en materia de procedimiento para garantizar la justicia al recurrente; concretamente, es el derecho que toda persona tiene a un justo y equitativo proceso, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar. En este marco de Estado de Derecho, la potestad tributaria, no es, ni puede ser absoluta, sino que esté sometida a la Ley, máxime si la Constitución Política del Estado es taxativa al considerar i que, toda vulneración a las garantías y derechos protegidos por ella son ilegales...

Por su parte, el artículo 5 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que son fuentes del derecho.. tributario la Constitución Política del Estado, los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo, el Código Tributario, las Leyes, los Decretos Supremos, Resoluciones Supremas, las demás disposiciones de cacter general dictadas por los órganos administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación establecidos en el Código.

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Revisados los antecedentes administrativos se evidencia que el recurrente mediante 

  • memorial de 30 de enero de 2017 de manera puntual solicitó la prescripción del IUE 

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  • Cochabamba 

| AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

correspondiente a la gestión fiscal abril 2010 a marzo de 2011, respaldado en la 

jurisprudencia plasmada en los Autos Supremos N° 39 de 13/05/2016, No 47/2016 de 

  • 16/06/2016 y N° 52/2016 de 28/06/2016 del Tribunal Supremo de Justicia (fojas 1505 de 

antecedentes administrativos). 

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Asimismo, la Administración Tributaria en la Resolución Determinativa N° 171739000171 de 23 de marzo de 2017; respecto a los Autos Supremos N° 39 de. 13/05/2016, No 47/2016 de 16/06/2016 y No 52/2016 de 28/06/2016, afirmó que se refieren a una Determinación por los Impuestos al Valor Agregado (IVA), Régimen Complementario al Valor Agregado (RC-IVA), distintos al alcance de la determinación que es el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) y que los Autos Supremos, no son sentencias moduladoras, no son resultantes de la interpretación, interrelación o integración de las normas de la Constitución Política del Estado, consiguientemente no son vinculantes para las autoridades, tribunales o particulares (fojas 1580-1581 de antecedentes administrativos). .. 

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Por lo expuesto, se evidencia que la Administración Tributaria al momento de fundamentar la Resolución Determinativa impugnada, otorgó una respuesta precisa conforme determina el numeral 2 del artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB), al establecer los motivos por los cuales no podía considerar los Autos Supremos N° 39 de 13/05/2016, No 47/2016 de : 16/06/2016 y No. 52/2016 de 28/06/2016 como vinculantes, precisando que el Tribunal Supremo no tiene competencia para interpretar las normas y preceptos de la Constitución o las leyes, por lo que sus fallos no son vinculantes, ni obligatorios para el resto de los Órganos del Estado. 

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Ahora bien, en este análisis corresponde tener en cuenta que los Autos Supremos son precedentes jurisdiccionales que construyen la Jurisprudencia a fin de que el juez confiera igual tratamiento a situaciones similares, pero no son vinculantes, ni obligatorias, à diferencia de las Sentencias Constitucionales, toda vez que de acuerdo al artículo 8 de la Ley N° 027, las decisiones y Sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno, de lo que se infiere que el carácter vinculante establecido por la normativa legal solamente va dirigido a las decisiones y sentencias que emita el Tribunal Constitucional en uso de sus facultades y atribuciones; asimismo, debemos referir que de acuerdo a la prelación normativa establecida en el artículo 5 de la Ley N° 2492 (CTB), no sé encuentran considerados los Autos Supremos. 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamạchiq (Quechua) Mhirivica tendodeoria mhaeti oñomita 

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  • Adicionalmente, se debe considerar que tanto la Sentencia No 39 de 13 de mayo de 2016, 

así como la Sentencia No 47 de 16 de junio de 2016, fueron dejadas sin efecto, por las Sentencias Constitucionales. Plurinacionales Nos. 0048/2017-S2: de 6 de febrero y 0231/2017-S3 de 24 de marzo de 2017 respectivamente, ambas emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional; por lo que, no corresponde emitir criterio o pronunciamiento sobre su alcance y contenido. 

Con relación, a que la Administración Tributaria desconoció la Sentencia Constitucional N° 1169/2016-S3 de 26 de octubre de 2016, se debe precisar que el recurrente en la fundamentación efectuada mediante memorial de 30 de enero de 2017 (fojas 1505 de antecedentes administrativos), hizo referencia a los Autos Supremos N° 39 de 13/05/2016, N° 47/2016 de 16/06/2016 y N° 52/2016 de 28/06/2016 del Tribunal Supremo de Justicia y no así a la Sentencia Constitucional citada, por lo que dicho Ente Administrativo solo se limitó a resolver las cuestiones planteadas por el sujeto pasivo, conforme establece en el numeral 2 del artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que no correspondía que la Administración Tributaria emita criterio sobre un aspecto que no fue planteado, adicionalmente tomando en cuenta el planteamiento, efectuado ante esta instancia de – impugnación tributaria, sin embargo corresponde manifestar que la referida Sentencia 

Constitucional, no es aplicable como precedente jurisprudencial en presente análisis, toda. vez que revisada la misma, se advierte que su contenido se encuentra fundamentado en el análisis de la normativa aplicable en el cómputo de la prescripción de las facultades de.. 

ejecución de sanciones otorgadas a las Administraciones Aduaneras y no sobre las 

  • facultades de determinación e imposición de sanciones que generó la controversia entre partes en el presente caso. Es también necesario manifestar que el caso analizado en la citada Sentencia Constitucional, corresponde a un proceso administrado por la Aduana Nacional y no por el Servicio de Impuestos Nacionales; finalmente también se debe tener presente, que dicha sentencia no resuelve el fondo de la controversia planteada, sino que dispuso que la AGIT emita nueva Resolución

.. 

Respecto a lo alegado por el recurrente que en cumplimiento a la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 1169/20116-93 de 26 de octubre de 2016, se emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0245/2017 que establece la prescripción y su cálculo están 

normados por la Ley N° 2492 (CTB) artículo 59 y 60 sin modificaciones, ya que los hechos ::generadores estaban regidos por normas sustantivas no modificadas por otras normas 

futuras, debemos remitirnos a dicha Resolución de Recurso Jerárquico que resolvió la 

prescripción de la facultad de Ejecución Tributaria del Título de Ejecución Tributaria .: respecto a la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-PSUZF-RS N° 182/2010 de Sistema de in 

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acuerdo a lo establecido en el artículo 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB) sin modificaciones, como se manifestó en el párrafo precedente el caso analizado por la Resolución Jerárquica citada, se trata de las facultades de ejecución de sanciones en el ámbito aduanero, empero, en este caso, la problemática es diferente pues versa sobre la prescripción de la facultad de determinación de la deuda tributaria del. IUE de abril de 2010 a marzo de 2011, efectuada mediante nota de 30 de enero de 2017; consecuentemente el presente caso difiere de lo resuelto en la Resolución de Recurso Jerárquico AGITRJ0245/2017 por lo que no corresponde aplicar el precedente invocado por el recurrente, al no ser un caso que homólogo ni semejante. 

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IV.2. Sobre lo argüido que las Leyes Nos. 291 y 317 son Títulos de Ejecución Tributaria De la lectura del Recurso de Alzada, el recurrente refirió que el párrafo 2 de la Resolución Determinativa impugnada mencionó que la Administración Tributaria señalo que fueron promulgadas (refiriéndose a las Leyes N° 291 y 317) con posterioridad a los hechos que originaron la deuda tributaria, sin embargo fueron promulgadas dentro del proceso de prescripción inicial, verificándose que no habrían transcurrido los 8 años requeridos en la norma tributaria y que la facultad de la Administración Tributaria no se encontraba prescrita, es decir, estableció que estas leyes son títulos de ejecución tributaria (similar a una Resolución Determinativa) que interrumpieron la prescripción del IUE de la gestión 2011 en oposición al artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB) o inclusive se estaría afirmando que estas leyes sustituyen a las notificaciones de fiscalizaciones o recursos administrativos que suspenden la prescripción en oposición al artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB).

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Al respecto, revisada la Resolución Determinativa N° 171739000171 de 23 de marzo de 2017, se tiene que la misma señala a la letra: (...) el contribuyente equivocadamente, señala que la Administración Tributaria hubiera aplicado retroactivamente las Leyes N° 291 y N° 317, toda vez que fueron promulgadas con posterioridad a los hechos que originaron la deuda Tributaria, sin embargo fueron promulgadas dentro el proceso de prescripción inicial, asimismo el contribuyente se olvida que la prescripción no opera de oficio y su análisis se realiza una vez que se produce o activa la solicitud”

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De la lectura de dicho párrafo, esta instancia recursiva no evidencia que la Administración Tributaria al momento de emitir la Resolución impugnada, argumento o estableció que las 

mpido iam Leyes Nos. 291 y 317 sean títulos de Ejecución Tributaria y que hubiesen interrumpido la prescripción del TUE de la gestión 2011 en oposición al artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB), o que sustituyen a las notificaciones de fiscalizaciones o recursos administrativos quesis 

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Mhuri visa tendodeguia mhaeti añamita 

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suspenden la prescripción en oposición al artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB), más bien la Administración Tributaria en la fundamentación y análisis de dicho párrafo, expuso de manera precisa que la prescripción no opera de oficio y que su análisis se realiza una vez 

que se produce o activa a una solicitud. 

Continuando con la revisión, se tiene que la Resolución Impugnada respecto a la solicitud de prescripción, señaló que a la fecha de entrada en vigencia de las nuevas normas jurídicas la prescripción aun no habrá operado, constituyendo una situación expectativa que no se consolidó ni adquirió derecho alguno, es decir nunca llegó a ser parte del goce de un derecho efectivo del contribuyente, al no haberse extinguido la obligación o deuda tributaria, por lo que las situaciones no consolidadas pueden ser modificadas o extinguida por el legislador a través de nuevas Leyes. 

Por lo expuesto y de la lectura de la Resolución Determinativa N° 171739000171 de 23 de marzo de 2017, esta instancia recursiva no evidencia que la Administración Tributaria, en su fundamentación argumentó que las Leyes N° 291 y 317 sustituyen a las notificaciones de fiscalizaciones o recursos administrativos que suspenden la prescripción en oposición al artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB), toda vez que no hace referencia a las mismas como actos interruptivos, por lo que lo aseverado por el recurrente, no tiene respaldo factico alguno. 

IV.3. Sobre la norma sustantiva El recurrente afirmó que las acciones para sancionar, multar, determinar, calcular el tributo y otros deben regirse por la norma sustantiva vigente en los periodos, gestiones o tiempo en los que ocurrieron los hechos generadores y/o vencimientos de los tributos, como es el caso de la Ley N° 2492 (CTB); en cambio las acciones procesales (notificación, descargos, impugnación etc.), deben regirse por la norma vigente a la fecha en este caso la Ley N° 2492 (CTB) modificada por las Leyes Nos. 291, 317 y 812.

.... 

La doctrina se entiende por Tempus Regit Actum El tiempo que rige el acto, siendo una de las formulas determinadas de validez de los actos jurídicos en cuanto a la forma y el fondo, a menos de establecer retroactividades o caducidadasimismo por el Tempus Delicti, se entiende la “Época o tiempo del delito”. Cabanellas, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de 

  • Derecho Usual, Tomo VIII, pag. 31). 

De la revisión de antecedentes administrativos y de acuerdo a la Orden de Fiscalización N° 00150FE00125, el proceso de determinación de las obligaciones impositivas del Sistema de enton 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

contribuyente Julyos SRL., respecto al UE correspondiente a la gestión concluida a marzo de 2011, fue efectuada conforme disponen los artículos 100 y 104 de la Ley N° 2492 (CTB), artículos 29 y 31 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) (fojas 3 de antecedentes administrativos), es decir, conforme a la normativa vigente a la fecha, asimismo el 29 de diciembre de 2016, el sujeto pasivo fue notificado con la vista de Cargo, por lo que presentó descargos solicitando además la prescripción, asimismo se tiene que la Administración 

olución impugnada consideró para la prescripción invocada las Leyes Nos. 291 y 317 por considerar que el régimen de la prescripción no constituía un derecho adquirido. 

Asimismo, debemos referir que las Leyes Nos. 291 y 317 contienen Disposiciones Derogatorias y Abrogatorias que disponen dejar sin efecto las disposiciones de igual o inferior jerarquía, contrarias a su contenido, por lo que el texto original de los artículos 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB) no se encuentran vigentes. 

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En este contexto y considerando que el sujeto pasivo mediante memorial de 30 de enero de 2017, solicitó la prescripción del IUE correspondiente a la gestión fiscal con cierre a marzo de 2011, es decir, cuando el artículo 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB), fueron modificados por la Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012 y la Ley N° 317 de 11 de diciembre de 2012, consecuentemente la Administración Tributaria aplicó la normativa vigente a la fecha en la que solicitó la prescripción de la determinación de la deuda tributaria del IUE correspondiente a la gestión 2011; consecuentemente, no se advierte indebida o inoportuna aplicación de las disposiciones sustantivas que rigen la prescripción

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IV.4. Sobre la prescripción Expone el recurrente, que la determinación del IUE gestión 2011, se encuentra prescrita de acuerdo a la Ley N° 2492 (CTB), asimismo que fue vulnerado el artículo 150 de la Ley N° 2492 (CTB), pues no puede aplicarse el “Tempus Regis Actuma la determinación de la deuda, ni menos al cálculo de la prescripción y que de ninguna forma la Ley determina desde el último día del año anterior al inicio de la determinación tributaria hacia atrás 4, 5, . 6, 7, 8, 9, 10, 11,12 años”. 

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En la doctrina tributaria, José María Martín señala que: La prescripción es generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquella” 

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(MARTÍN José María, Derecho Tributario General, 2a edición. Buenos Aires – Argentina, Ediciones “Depalma, 1995, Pag. 189). Asimismo, el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, establece que: La prescripción de las obligaciones no reclamadas durante cierto tiempo por el acreedor o incumplidas por el deudor. frente a la ignorancia o pasividad prolongadas del titular del crédito, tomándose las obligaciones inexigibles, por la prescripción de acciones que se produce(CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 24a Edición, Buenos Aires- Argentina. Editorial Heliasta, pag. 376). 

Asimismo, cabe señalar que el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), dispone que las acciones de la Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda tributaria; 3 Imponer sanciones administrativas y 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

Sin embargo, a través de las Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de la Ley N° 291, de 22 de septiembre de 2012, se modificó el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), de la siguiente manera: “I. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaría. 3. Imponer sanciones administrativas”. 

... 

Por su parte, el artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB) prevé: “(…) el término de la prescripción se computa desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del pago respectivo

De igual forma, precisar que la Ley N° 812 de 30 de junio de 2016, entró en vigencia a partir del 1 de julio de 2016, que en su artículo 2, parágrafo II, procedió a modificar el régimen de prescripción, previsto en los parágrafos I y Il del artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) con el siguiente texto: 1. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los ocho (8) años, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas”. 

Dentro el marco normativo, cabe puntualizar que la Ley N° 291 estableció un término de 

bajo una dinámica temporal creciente a partir de 2008, dentro del cual la 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Administración Tributaria ejerza sus facultades de determinación de la Deuda Tributaria e imposición de sanciones tributarias. 

En este entendido, corresponde resaltar que la Autoridad de Impugnación Tributaria como entidad administrativa encargada de impartir justicia tributaria, por disposición del artículo 197 de la Ley N° 2492 (CTB), no es competente para realizar el control de constitucionalidad de las normas vigentes, correspondiendo aplicar las mismas, toda vez que por imperio de lo establecido en el artículo 5 de la Ley N° 027, de 6 de julio de 2010, se presume la constitucionalidad de toda Ley, Decreto, Resolución y actos de los Órganos del Estado en todos sus niveles. 

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Por lo expuesto, se tiene que el cómputo de la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria, para la determinación de la deuda del IUE correspondiente a la gestión fiscal que inició en abril 2010 y cerró en marzo de 2011, se sujeta a lo imperativamente dispuesto en el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) modificado por las Leyes Nos. 291, 317 y posteriormente la Ley N° 812, por lo que el término del periodo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2012 y concluiría el 31 de diciembre de 2019, por lo que la facultad de determinación de la Administración Tributaria no se encuentra prescrita; no advirtiéndose la vulneración a los artículos 123 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 150 de la Ley N° 2492 (CTB). 

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Respecto al entendimiento precedente la Autoridad General de Impugnación Tributaria, mediante la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1004/2017 de 4 de agosto de 2017, estableció lo siguiente: “(…) Se evidencia que la Administración Tributaria ejerció su facultad de determinación de las obligaciones impositivas del contribuyente, referidas al IT Formulario 400, del periodo fiscal 2008, con N° de Orden 7641478, dentro el alcance establecido por la Ley N° 291 y; toda vez que, la Resolución Determinativa N° 17-1179-16, fue notificada el 31 de diciembre de 2016, bajo la Ley N° 812, norma vigente que dispone un término de prescripción de 8 añosde acuerdo al Artículo 60, Parágrafo / de la Ley N° 2492 (CTB), el término de la prescripción se inició el 1 de enero de 2009 y concluiría el 31 de diciembre de 2016; sin embargo, habiéndose notificado al Contribuyente con la Resolución Determinativa, el 31 de diciembre de 2016, se establece que la citada Administración Tributaria ejerció su facultad de determinación de la obligación tributaria, dentro del término previsto por Ley.

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En base a todo lo expuesto, en el presente caso, es evidente que no operó la prescripción de la acción de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria 

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de la Caildad Certificado N*EC-2741

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correspondiente al IUE de abril 2010 a marzo de 2011; correspondiendo a ésta instancia recursiva, confirmar la Resolución Determinativa N° 171739000171 de 23 de marzo de 2017, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de : Impuestos Nacionales, máxime si el recurrente no formuló observaciones sobre el monto o concepto que motivaron y respondan la cuantía de la deuda tributaria determinada por la Administración Tributaria. 

POR TANTO: La suscrita Directora Ejecutiva Regional Chuquisaca a.i. en suplencia de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 171739000171 de 23 de marzo de 2017, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales; sea de conformidad con el inciso b), parágrafo I, artículo 212 de la Ley N° 2492 (Título V CTB)

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB), será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad. General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley N° 2492 (CTB) y sea con nota de atención. .

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 de la Ley N° 2492 (CTB), el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente Resolución de Recurso de Alzada es de 20 días computables a partir de su notificación. 

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Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

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pool. Claudia B. Cors Reja

RECTORA EJECUTIVA REGIONAL INTEŘINA .:loridad Regional de Impumación Trouborta Chuquisaca En Suplencia legal de la Autoridad Regional de 

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de la Calidad Certificado N°EC-274/14 

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