ARIT-CBA-RA-0336-2020 Revocatoria Total de la Resolución Determinativa emitida por el SIN. Determinación del IUE por actividad no declarada en la gestión 2010, quedó sin efecto por la Ley 2492 indica en su Art. 59 la prescripción de 4 años de las facultades de la Administración Tributaria, desde el nacimiento del hecho imponible (Normativa vigente en dicho periodo)

ARIT-CBA-RA-0336-2020

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinaclonal de Bolivia 

Resolución de Recurso de Alzada ARITCBARA 0336/2020 

Recurrente 

Lidia Mery Mendoza Viscarra representada por Wilson Arturo Bueno Prado. 

Administración recurrida 

Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por Nandor Rodrigo Loayza Coro. 

Acto impugnado 

Resolución 

Determinativa 

No 

Expediente N

ARIT-CBA-0243/2019. 

– 

Lugar y fecha 

Cochabamba, 18 de diciembre de 2020. 

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VISTOS: – 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-CBA/ITJ No 0336/2020 de 17 de diciembre de 2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. La Resolución Determinativa N° 171930000669 de 27 de junio de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, que determinó de oficio las obligaciones impositivas de la sujeto pasivo Lidia Mery Mendoza Viscarra, en la suma de UFVs 1.417.089 correspondientes al tributo omitido del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (UE) actualizado, intereses y sanción por la calificación preliminar de la conducta de los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2010, en aplicación 

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Av. Oquendo N° 381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012. www.ait.gob.bo. Cochabamba, Bolivia 

de los artículos 47 (modificado por la Ley 812), 165 de la Ley 2492, 42 del Decreto Supremo 27310 y la Resolución Normativa de Directorio N° 10-002510. 

Asimismo, calificó la conducta de la sujeto pasivo como omisión de pago por el impuesto sujeto a revisión y por los periodos citados, aplicando una sanción equivalente al 100% del tributo omitido, determinado a la fecha de vencimiento, de conformidad a los artículos 165 de la Ley 2492, 42 del Decreto Supremo 27310 y la Resolución de Directorio N° 10-003216. Acto notificado mediante Cédula el 28 de junio de 2019 (fojas 14611509 y 1514 de antecedentes administrativos). 

  1. II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA. 

II.1. Argumentos de la Recurrente. Lidia Mery Mendoza Viscarra representada por Wilson Arturo Bueno Prado, conforme acreditó el Testimonio Poder N° 458/2019 de 18 de julio (fojas 1-2 del expediente administrativo), mediante memorial presentado el 22 de julio de 2019 (fojas 5355 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 171930000669 emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba, expresando lo siguiente: 

Que el ente fiscalizador, el 27 de mayo de 2019 le notificó con la vista de Cargo No 291930000200, después de tres años y cinco meses de haberte notificado con la Orden de Verificación el 11 de diciembre de 2015, a la cual presentó descargos el 26 de junio de 2019, indicando que la Vista de Cargo, contiene una ilegal pre liquidación sobre base presunta, al no corresponder a los parámetros establecidos en la norma reglamentaria, ya que su actividad económica en la gestión 2010 radica en el alquiler de inmuebles, no teniendo sustento legal de la presunción de ventas no declaradas o de gastos no registrados correspondientes a los edificios Olimpo, Olimpo II, Majestad y Torres América, por lo que señala que la Vista de Cargo no responde a la realidad de los hechos ocurridos en dicha gestión. 

Sostuvo que no corresponde actualizar los valores a la fecha de determinación de la deuda, como si las transferencias de los bienes inmuebles hubieran ocurrido en la actualidad; asimismo, calificó de ilegal la manera de determinar la deuda sobre un trabajo, tildándola como nula de pleno derecho. 

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Señaló que en la Vista de Cargo N° 291930000200, identificó varias causales de nulidad contenidos en el artículo 96 parágrafo III de la Ley 2492, con relación al artículo 18 del Decreto Supremo N° 27310, debiendo aplicarse el artículo 36 de la Ley 2341. 

Puntualizó que, la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa son producto de vicios insubsanables de nulidad en la tramitación del proceso de verificación; ya que la Administración Tributaria no cumplió con los plazos establecidos en la Ley 2492 para la emisión de la Vista de Cargo, provocando la extinción del proceso de verificación por caducidad; siendo que las facultades del ente fiscalizador para verificar y determinar la deuda tributaria se encontrarian prescritas, 

Argumentó que, sólo tiene dos actividades económicas registradas, que son las de alquileres de-inmuebles desde la gestion 1991-y la de hoteles desde la gestión 2017; empero, el ente fiscal incluyó de forma arbitraria una actividad nueva en su registro tributario recientemente en 2019 y con carácter retroactivo a la gestión fiscalizada 2010. 

Denunció que, el ente fiscalizador utilizó la Resolución Normativa de Directorio N° 10 0017-13 para determinar la deuda sobre base presunta, empero de manera arbitraria creó. un procedimiento interno para aplicar la presunción que el 68,76% del valor de venta de los departamentos corresponde a gastos de construcción; procedimiento que únicamente aparece en un informe técnico de la Gerencia de Fiscalización y nunca fue publicado para ser aplicado en un procedimiento de verificación, siendo inexistente la mención en la 

Resolución Determinativa de alguna norma o reglamentación tributaria que establezca los parámetros para determinar la base presunta en la construcción de edificios. 

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Afirmó que la Ley de creación del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas no determina que los propietarios de los edificios o casas sean sujetos pasivos del impuesto por la venta de inmuebles, sea ocasional o habitual; y que la Administración Tributaria realizó la ponderación de las actividades económicas de dos contribuyentes dedicados a la construcción y asi obtuvo un promedio de entre el 20% y el 13,27% de utilidades en el rubro de la construcción, sin identificar a dichos contribuyentes lo que viola el principio de transparencia y el derecho que tiene la contribuyente a ser informado de todas las 

actuaciones. 

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II

Señaló que, en reiteradas oportunidades, solicitó expresamente al ente fiscalizador declare la extinción de pleno derecho de la facultad de emitir la Vista de Cargo dentro del proceso de verificación No 00120VE02102 y disponga la conclusión del proceso de fiscalización, solicitud que fue respondida con argumentos impertinentes

Sostuvo que, el artículo 104 parágrafo V de la Ley 2492, indica que desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo, no podrán transcurrir más de doce (12) meses y que en el presente caso, transcurrieron 3 años y más de 160 días, desde la notificación con la Orden de Verificación y la notificación con la vista de Cargo, que fue practicada el 27 de mayo de 2019, desconociendo que los plazos son perentorios por disposición del artículo 4 del Código Tributario Boliviano, y ante el incumplimiento del plazo, corresponde la extinción del proceso, siendo que además el ente fiscal no explicó si solicitó una ampliación dentro del plazo concedido, menos señaló si contó con la autorización dentro del plazo señalado para completar su labor administrativa, 

Manifestó que, el Servicio de Impuestos Nacionales, ejerció facultades administrativas de fiscalización y determinación, sobre supuestas obligaciones tributarias cumplidas durante todos los periodos fiscales de la gestión 2010 y determinó el inicio del cómputo del plazo para que la propia Administración Tributaria ejerza sus facultades respecto a los hechos generadores del IUE, en el término de cuatro años según los artículos 59 y 60 (no señala de que normativa) que se encontraban vigentes al inicio del cómputo de la prescripción. 

Sostuvo que opuso la prescripción de la acción administrativa de sancionar ilícitos, fiscalizar y determinar deuda tributaria durante el proceso de descargo a la vista de Cargo y solicitó la extinción de la obligación tributaria referida al IUE de la gestión 2010, toda vez que, el plazo de prescripción de las acciones administrativas de fiscalizar, determinar la deuda e imponer sanciones, corrió ininterrumpidamente desde el inicio de su cómputo el 1 de enero de 2012 hasta la fecha de notificación de la Orden de Verificación, el 11 de diciembre de 2015, en consideración de los artículos 59, 62 y 154 parágrafo I de la Ley 

Finalmente, señaló que la facultad de la Administración Tributaria para fiscalizar tributos, determinar deuda tributaria e imponer sanciones respecto al UE de la gestión 2010, prescribió el 30 de junio de 2016. 

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En petitorio, solicitó la revocatoria total de la Resolución Determinativa N° 171930000669 de 27 de junio de 2019 y se declare la extinción de las obligaciones fiscales del IVE de la gestión 2010 por prescripción. 

11.2. Auto de Admisión. El 29 de julio de 2019, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba emitió el Auto de Admisión EXPEDIENTE ARIT-CBA-0243/2019, correspondiente al Recurso de Alzada interpuesto por Lidia Mery Mendoza Viscarra, representada por Wilson Arturo Bueno Prado, contra la Resolución Determinativa N° 171930000669 de 27 de junio de 2019 emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba (fojas 56 del expediente administrativo). 

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria. .La Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por Karina Paula Balderrama Espinoza, conforme acreditó la Resolución Administrativa de Presidencia No 031700001415 de 29 de septiembre de 2017 (fojas 60-61 del expediente administrativo), por memorial presentado el 21 de agosto de 2019 (fojas 63-75 del expediente administrativo), contestó el Recurso de Alzada con los siguientes fundamentos:“ 

Que, durante la gestión 2010 la sujeto pasivo ejerció actividades de compra de terrenos, construcción de edificios y venta de bienes inmuebles, de forma reiterativa ejerciendo una actividad comercial de manera asidua; sin embargo, omitió su registro en el padrón de contribuyentes de manera dolosa, sin comunicar su actividad de venta de bienes inmuebles

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Manifestó que como ente fiscalizador y de investigación, realizó tareas a fin de sostener la realización del hecho imponible del cual no tuvo registro ni conocimiento, a través de tareas en cumplimento de sus facultades, solicitando la presentación de libros, anotaciones, documentos privados y públicos, entre otros, así como documentación a terceras personas e instituciones privadas y públicas

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Señaló los artículos 42 y 43 de la Ley 2492, respecto a los métodos de determinación de la base imponible, resaltando que el método de determinación sobre base presunta podrá 

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utilizarse, tomando en cuenta hechos y circunstancias que tengan vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación tributaria, incluyendo datos reales y actuales por indicios y presunciones, además de métodos técnicos expresamente establecidos en la norma

Citó doctrina referente a la determinación sobre base presunta, además de la Sentencia 0422/2014 de 25 de febrero emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, referida a la base presunta y la carga de la prueba, para concluir que la determinación efectuada está prevista en la normativa y goza de legitimidad, y que precautela el debido proceso. 

Afirmó que, demostró de manera clara y contundente la enajenación de inmuebles por parte de la sujeto pasivo, la cual generó utilidad gravada, misma que fue observada por la recurrente sin sustento o fundamento legal, Agregó que, la administrada participó de forma activa y asumió la oportunidad de desvirtuar el cargo para expresar una incorrecta utilización del método de determinación; sin embargo, no aportó prueba necesaria que hagan valer sus descargos. 

Sostuvo que, obró conforme al ordenamiento jurídico, precautelando y respetando los derechos, la realidad económica y la verdad material, no existiendo motivos que hagan presumir una posible nulidad de obrados, tampoco la extinción de proceso y mucho menos la extinción de la facultad administrativa para determinar y liquidar la obligación tributaria por prescripción 

Argumento que en virtud al artículo 100 de la Ley 2492, se encuentra asistida por derechos y facultades a efecto de realizar una fiscalización y que por mandato de los artículos 66, numeral I, 95 parágrafo 1 y 96 parágrafo I del mencionado cuerpo legal, puede desarrollar sus facultades de investigación y verificación. 

Graficó el procedimiento de determinación sobre base presunta, a fin de resumir las fases de procedimiento de determinación establecidos en los artículos 95 y siguientes de la Ley 2492, para luego señalar que el mismo se divide en tres etapas, la primera tiene el objetivo de recolección de elementos para verificar la correcta autodeterminación de la sujeto pasivo, y la aplicación del artículo 71 de la citada norma tributaria, solicitando información a fin de establecer con exactitud la correcta determinación del adeudo tributario, 

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III 

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recayendo sobre la contribuyente, la responsabilidad de aportar documentación propia de su actividad económica; la segunda fase que radica en la evaluación de descargos presentados por la sujeto pasivo ante la notificación de la Vista de Cargo; y la tercera fase que consiste en la emisión de la Resolución Determinativa. 

Señaló que la Resolución Determinativa impugnada cumple con el inciso e) del artículo 28 de la Ley 2341, toda vez que examinó las transacciones, los hechos y elementos relacionados al !UE, sobre la actividad de venta de bienes inmuebles realizadas por la sujeto pasivo, para determinar los reparos en favor del fisco sobre base presunta; por lo que cumplió con lo exigido por el parágrafo II del artículo 99 de la Ley 2492; no existiendo motivo para considerar una nulidad de obrados, la extinción del proceso, ni la prescripción de la facultad administrativa para liquidar la obligación tributaria.

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Refirió que procedió a determinar las obligaciones tributarias de la sujeto pasivo, relativas al UE de los periodos enero a diciembre de la gestión 2010 sobre base presunta de conformidad a los artículos 43 parágrafo II, 44 numeral 3, 4 y 6, 45 parágrafo I numeral 1 y2 de la Ley 2492 y artículos 3, 4, 5, 6 numeral 1 y 9 inciso b) de la Resolución Normativa de Directorio 10-001713. 

Afirmó que agotó todos los medios para la obtención de documentación e información que permita conocer de forma directa e indubitable la base imponible para çeterminar el tributo sobre base cierta, correspondiendo la determinación sobre base presunta, al advertir que la sujeto pasivo no presentó la documentación solicitada por el ente fiscal, al evidenciar que percibió utilidades no declaradas por la venta de bienes inmuebles en propiedad horizontal, respecto a los edificios Olimpo, Olimpo II, Torres América y Majestad, además que omitió comunicar a la Administración Tributaria la modificación de su situación tributaria lo que imposibilitó el conocimiento cierto de sus operaciones. 

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Indicó que solicitó la aprobación de una técnica sobre base presunta, que permita considerar los costos de construcción de otros contribuyentes a fin de establecer la base imponible en el presente caso, de conformidad a lo dispuesto en el inciso d) del artículo 8 de la Resolución Normativa de Directorio 100017-13. 

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Expuso el análisis para establecer el costo de construcción de los bienes inmuebles en propiedad horizontal para su posterior venta, utilizando información similar de 

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contribuyentes que se dedican a la misma actividad y que se encuentran en la misma jurisdicción, señalando que la identidad de los mismos se mantuvo en reserva en aplicación de lo establecido en el artículo 67 de la Ley 2492; sosteniendo que corresponde aplicar el porcentaje de 68.76% del costo de construcción, sobre base presunta, de los edificios Olimpo, Olimpo II, Torres América y Majestad de propiedad de la sujeto pasivo, a fin de establecer la utilidad por la actividad de construcción de bienes inmuebles para su posterior venta

Indicó que no se pudo aplicar de forma directa el inciso c) del artículo 8 de la Resolución Normativa de Directorio 10-0017-13, debido a la inexistencia de parámetros parecidos entre la contribuyente y los contribuyentes (A y B) cuya identidad se mantiene en reserva, siendo los únicos parámetros similares, es que se dedican a la misma actividad y se encuentran en la misma jurisdicción

Manifestó que no hacerle conocer a la ahora recurrente los nombres de los contribuyentes que sirvieron de base para la comparación ylo ponderación, no tiene ninguna incidencia en el procedimiento de verificación y determinación de la deuda tributaria, tampoco sería motivo de anulación de los actos administrativos. 

Alegó que la transparencia se configura en un principio esencial para la obtención de información, que en la práctica se concreta en el libre acceso; sin embargo, en el presente caso en ningún momento negó a la administrada, el acceso a la información del trámite sustanciado, sosteniendo el rechazo al argumento referente a la afectación al principio de transparencia, más aún si no corresponde poner en conocimiento o publicitar información que se considera confidencial, en virtud del artículo 67 de la Ley 2492

Señaló que no se puede considerar, que la Ley 2492 contemple la caducidad o pérdida de las amplias facultades otorgadas por imperio de la Ley, ante el incumplimiento de plazo; máxime si el artículo 104 de la citada normativa, no recoge en su texto un término perentorio. Al efecto, citó las Resoluciones de Recurso Jerárquico STG-RJ0339/2006 de 13 de noviembre de 2006 y AGITRJ 1059/2015 de 23 de junio de 2015 y refirió la existencia de diferentes Resoluciones de Recurso Jerárquico con relación a que el incumplimiento del plazo señalado en el artículo 104 de la Ley 2492 no conduce a la caducidad. 

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– 

III 

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Sostuvo que respecto a la prescripción solicitada por la recurrente, para los periodos fiscales enero a diciembre de la gestión 2010, el ciclo de prescripción aún no se encontraba cerrado al momento de las modificaciones realizadas al artículo 59 de la Ley 2492, mediante la Ley 812, que establece un cómputo de prescripción de 8 años más 2 años adicionales en virtud a la conducta obstaculizadora de la sujeto pasivo; por lo que refiere la facultad de determinación de la deuda tributaria no se encontraría prescrita. 

Manifestó que efectivamente incluyó al padrón de contribuyentes (sujeto pasivo) una actividad, siendo que mediante un procedimiento de verificación determinó, que la ahora recurrente, ejerció otra actividad económica que es la construcción y venta de bienes inmuebles en la gestión 2010

Por lo expuesto, solicitó la confirmatoria de la Resolución Determinativa No 171930000669 de 27 de junio de 2019: – 

II.4. Apertura de término probatorio. ! El 25 de septiembre de 2019, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Apertura Término de Prueba EXPEDIENTE ARIT-CBA 0243/2019 abriendo el término probatorio de 20 días comunes y perentorios para ambas partes en aplicación del inciso d) del artículo 218 del Código Tributario Boliviano (fojas 92 del expediente administrativo). i 

El 7 de octubre de 2019, la parte recurrente presentó memorial por el cual ratificó la prueba acompañada al Recurso de Alzada y la remitida por la Administración Tributaria al memorial de respuesta al Recurso de Alzada, así como también solicitó inspección ocular a los inmuebles Edificios: Olimpo, Olimpo II, Torres América y Majestad (fojas 94 del expediente administrativo). 

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El 10 de octubre de 2019, la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por Karina Paula Balderrama Espinoza presentó memorial ratificando ante esta instancia recursiva como prueba los antecedentes administrativos acompañados al momento de responder al Recurso de Alzada; asimismo, ratificó como prueba la documentación adjunta en sobre cerrado, que según acta de 21 de agosto de 2019, ostenta la calidad de confidencial, en mérito del parágrafo I del artículo 67 de la Ley 2492, señalando que dicha condición es aplicable con relación a la recurrente pero no asi 

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LET 11 

a esta instancia recursiva, al no tener la calidad de tercero (fojas 9799 del expediente administrativo). 

El 18 de noviembre de 2019, se realizó la Acta de Inspección Ocular conforme lo dispuesto por Proveido de 13 de noviembre de 2019 (fojas 124 del expediente administrativo), en la cual el apoderado de la recurrente, señaló la existencia de los inmuebles Edificios: Olimpo, Olimpo 2, Torres América y Majestad, además indicó el ente fiscalizador determinó la base imponible sobre valores ficticios, extractado de un informe confidencial, debiendo utilizar por el contrario como referencia, los bienes inmuebles colindantes a cada uno de los bienes inmuebles objeto de la fiscalización. Por su parte, la Administración Tributaria señaló que los Edificios: ‘Olimpo, Olimpo II, Torres América y Majestad se encuentran en zonas residenciales, situación que influyó en la determinación del precio de venta (fojas 126-133 del expediente administrativo). 

11.5. Alegatos. El 4 de noviembre de 2019, Karina Paula Balderrama Espinoza en representación de la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales presentó memorial de alegatos reiterando los argumentos vertidos en su memorial de respuesta al Recurso de Alzada; asimismo, propugna la prueba presentada (fojas 110-114 del expediente administrativo). 

El 11 de noviembre de 2019, a solicitud de la parte recurrente, se llevó a cabo la audiencia de alegatos orales, oportunidad en la cual, ésta manifestó no tener conocimiento del contenido del sobre adiunto por la Administración Tributaria, lo cual vulneraría el principio de publicidad, transparencia y buena fe; así también, refirió que existe violación del artículo 104 de la Ley 2492, al no respetarse el carácter perentorio de los plazos. Al contrario, el ente fiscalizador alegó que la sujeto pasivo tenía conocimiento de la información extrañada, misma que se encuentra contenida en la vista de Cargo, siendo lo único desconocido, los nombres de los contribuyentes utilizados en el proceso determinativo, debido a la prohibición de la Ley; además que éstos no forman parte de la audiencia de alegatos, ni del recurso, ni de la fiscalización (fojas 120125 del expediente administrativo)

III

ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA. El 12 de agosto de 2013, la Administración Tributaria emitió la Orden de Verificación N° 0012OVE02102, comunicando a Lidia Mery Mendoza Viscarra que será sujeto de 

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un proceso de determinación con el objeto de verificar los hechos ylo elementos relacionados con el Impuestos Sobre las Utilidades de las Empresas por la venta de bienes inmuebles en los periodos de enero a diciembre de la gestión 2010. Acto notificado por cédula a la sujeto pasivo, el 11 de diciembre de 2015 (fojas 11 de antecedentes administrativos)

El 23 de mayo de 2019, emitió la Vista de Cargo No 291930000200, calificando preliminarmente la conducta de la sujeto pasivo como 

pago, liquidando la deuda tributaria establecida sobre base presunta del IDE correspondiente a los periodos enero a diciembre de 2010 en un total de UFVs 1.410,927. Acto notificado mediante cédula al sujeto pasivo el 27 de mayo de 2019 (fojas 14051439 y 1440 de antecedentes administrativos). 

– 

– 

— 

– 

– 

-..

El 24 de junio de 2019, la sujeto pasivo presentó memorial de descargo a la referida Vista de Cargo, ofreciendo argumentos de descargo referidos a la emisión fuera de plazo de dicho acto administrativo y asimismo aduciendo la extinción de la facultad administrativa de la Administración Aduanera para determinar y liquidar la obligación tributaria por prescripción, por lo que solicitó disponer la extinción de pleno derecho de la facultad de emitir la Vista de Cargo dentro del proceso de verificación 00120VE02102, además de la extinción de la obligación fiscal del TUE de la gestión 2010 por prescripción extintiva (fojas 14481449 de antecedentes administrativos). – 

. .

El 27 de junio de 2019, la Gerencia Distrital Cochabamba emitió la Resolución Determinativa N° 171930000669, que determinó obligaciones impositivas de Lidia Mery Mendoza Viscarra, en la suma de UFVS 1.417,089 correspondientes al tributo omitido del IUE actualizado, intereses y sanción por la calificación preliminar de la conducta de los periodos enero a diciembre de la gestión 2010, en aplicación de los artículos 47 de la Ley 2492, 42 del Decreto Supremo 27310 y la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0025 10. Asimismo, calificó la conducta como omisión de pago, aplicando una sanción equivalente al 100% del tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento de conformidad a los artículos 165 de la Ley 2492, 42 del Decreto Supremo 27310 y la Resolución de Directorio N° 10003216. Acto notificado el 28 de junio de 2019 (fojas 1461-1509 y 1514 de antecedentes administrativos). 

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Av. Oquendo N°381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012 • www.ait.gob.boCochabamba, Bolivia 

El 2 de diciembre de 2019, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBARA 0409/2019, que dispuso anular la Resolución Determinativa N° 171930000669 de 27 de junio, hasta la Vista de Cargo N° 291930000200 de 23 de mayo de 2019 (fojas 149162 del expediente administrativo). 

El 26 de febrero de 2020, la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0447/2020, que anuló la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBARA 0409/2019 de 2 de diciembre; disponiendo la emisión de una nueva Resolución de Recurso de Alzada, que se pronuncie sobre todos los aspectos planteados por la sujeto pasivo en su Recurso de Alzada (fojas 214231 del expediente administrativo). 

El 16 de julio de 2020, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBARA 0162/2020, que dispuso revocar totalmente la Resolución Determinativa N° 171930000669 de 27 de junio de 2020, al configurarse el término de prescripción de las facultades que tiene la Administración Tributaria para sancionar, fiscalizar y determinar la deuda tributaria correspondiente al UE de la gestión comprendida de enero a diciembre de 2010 (fojas 257-272 del expediente administrativo). 

El 16 de octubre de 2020, la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1489/2020, que anuló la Resolución de Recurso de Alzada ARITCBARA 0162/2019 de 16 de julio de 2020; disponiendo la emisión de una nueva Resolución de Recurso de Alzada debidamente fundamentada de acuerdo con el parágrafo I del artículo 211 de la Ley 2492 (fojas 303311 del expediente administrativo). 

  1. IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

Conforme el parágrafo I del artículo 211 del Código Tributario Boliviano, esta instancia ingresará a resolver los reclamos del recurrente acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso; en ese orden, se tiene que la recurrente agravio: 1. Indebida inclusión de actividades en el padrón de contribuyentes; 2. Incumplimiento 

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de plazos en la emisión de la Vista de Cargo; 3. Método de determinación empleado; 4. Prescripción de las facultades

IV.1. Indebida inclusión de actividades en el padrón de contribuyentes. La parte recurrente señaló la existencia de vicios de nulidad en el acto impugnado siendo que la sujeto pasivo, solo tiene dos actividades económicas registradas, que son las de alquiler de inmuebles desde la gestión 1991 y de hoteles desde la gestión 2017; adicionó que el ente fiscalizador, de forma arbitraria incluyó una actividad nueva en su registro tributario en el año 2019 y con carácter retroactivo a la gestión fiscalizada 2010. 

De forma contraria, la Administración Tributaria manifestó que incluyó al padrón de contribuyentes de la recurrente, una actividad, esto producto del procedimiento de verificación que le permitió establecer, que la sujeto pasivo ejerció otra actividad económica, como resulta ser la construcción y venta de bienes inmuebles en la gestión 2010. 

Expuestos los argumentos de las partes corresponde señalar que el artículo 66 numeral 1 de la Ley 2492 dispone: “La Administración Tributaria tiene las siguientes facultades específicas: Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; asimismo, el articulo 70 numeral 2 de la referida Ley señala: “Constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo: Inscribirse en los registrós habilitados por la Administración Tributaria y aportar los datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su situación tributaria”; y el artículo 163 de la citada norma establece: (…) Sin perjuicio del derecho de la Administración Tributaria a inscribir de oficio, recategorizar, fiscalizar y determinar la deuda tributaria dentro del término de prescripción

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En este entendido, de la revisión de antecedentes administrativos, cursa la Consulta del Padrón de 27 de mayo de 2019, correspondiente a la sujeto pasivo Mendoza Viscarra Lidia Mery, titular del NIT 1492172013, donde se advierte que la misma se encuentra obligada al pago del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas – Contribuyente obligado a llevar Registros Contables, formulario 500, desde el 3 de noviembre del 2017. Asimismo, el citado Padrón de Contribuyentes, describe como “ACTIVIDAD PRINCIPAL” el “ALQUILER DE BIENES RAICES PROPIOSdesde 1 de enero de 1991 a 3 de noviembre de 2017; y de “HOTELES”, desde 3 de noviembre de 2017 a la fecha; 

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corroborando también que, no registra “ACTIVIDAD SECUNDARIA” (fojas 12 de antecedentes administrativos). 

Al respecto, es preciso señalar que, si bien de conformidad con el numeral 2 del artículo 70 de la Ley 2492, constituye un deber de la sujeto pasivo inscribirse en los registros tributarios y el comunicar los ulteriores cambios en su situación tributaria; también la Administración Tributaria por mandato del artículo 163 de la citada ley, cuenta con la facultad de inscribir de oficio a quienes omitan dicho deber formal; en ese sentido, de la lectura de la Consulta al Padrón de contribuyentes de la recurrente, emitida el 27 de mayo de 2019, se constata que Lidia Mery Mendoza Viscarra, sólo tiene registrado en dicho padrón dos actividades económicas, consistentes en alquiler de bienes raíces propios inmuebles desde la gestión 1991 y la de hoteles desde la gestión 2017, no evidenciándose la inclusión en su registro tributario de otra actividad en la gestión 2019 (emisión del acto impugnado) o 2010 (gestión fiscalizada), ya sea por solicitud de su parte, o incluida de oficio por el ente fiscalizador, como mal entiende la sujeto pasivo

En consecuencia, no se advirtió la existencia de vicios en la Resolución Determinativa No 171930000669 con relación al registro de una actividad en su padrón de contribuyentes o su carácter retroactivo a la gestión 2010; por lo que, corresponde desestimar el reclamo argüido al respecto, máxime si la Administración Tributaria a razón del articulo 66 de la Ley 2492 cuenta con facultades de fiscalización e investigación de los hechos generadores de obligaciones tributarias, no limitando su accionar a actividades registradas por la sujeto pasivo. 

IV.2. Incumplimiento de plazos en la emisión de la Vista de Cargo. La parte recurrente manifestó que desde la notificación con la Orden de Verificación hasta la emisión de la Vista de Cargo, transcurrieron tres años y cinco meses, aspecto que vulneró el parágrafo V del artículo 104 de la Ley 2492, desconociendo -el sujeto activo que los plazos son perentorios por disposición del artículo 4 del Código Tributario Boliviano, aduciendo que ante el incumplimiento del plazo, corresponde la extinción del proceso; tomando en cuenta además que la Administración Tributaria, no explicó si solicitó una ampliación dentro del plazo concedido. 

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En respuesta, la Administración Tributaria señaló que la normativa tributaria no contempla la caducidad o pérdida de las facultades otorgadas en la Ley, ante el incumplimiento de plazo, ya que el artículo 104 de la Ley 2492 no establece un término perentorio. 

Expuestas las pretensiones las partes, corresponde precisar que en temas de nulidad debe considerarse el principio de especificidad, el cual según la Sentencia Constitucional Plurinacional 022/2015-S2 de 16 de enero, establece que: “(…) los presupuestos o antecedentes necesarios para que opere la nulidad procesàluşon: a) Principio de especificidad o legalidad, referida a que el acto procesal se h 

do en violación de prescripciones legales, sancionadas con nulidad, es decir, que no basta que la ley prescriba una determinada formalidad para que su omisión o defecto origine la nulidad del acto o procedimiento, por cuanto ella debe ser expresa, específica, porque ningún trámite O acto judicial será declarado nulo si la nulidad no está expresamente determinada por la ley, en otros términos ‘No hay nulidad, sin ley especifica que la establezca’ (Eduardo Cuoture, ‘Fundamentos de Derecho Procesal Civil’p. 386) (…)”. 

Por su parte, la normativa tributaria precisamente en el artículo 96 de la Ley 2492, señala que:”“l. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control; verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado (…) II. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según corresponda

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Asimismo, el parágrafo II del artículo 99 de la Ley 2492, dispone los requisitos mínimos de la Resolución Determinativa y señala “ll. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa”. 

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También el parágrafo V del artículo 104 de la Ley 2492, prevé que desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no podrán transcurrir más de doce (12) meses; sin embargo, cuando la situación amerite un plazo más extenso, previa solicitud fundada, la máxima autoridad ejecutiva de la Administración Tributaria podrá autorizar una prórroga hasta por seis (6) meses más. 

De igual forma, el parágrafo III del artículo 36 de la Ley 2341 establece: “La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo, aplicable en materia tributaria conforme el artículo 74 numeral 1 del Código Tributario Boliviano. 

Ahora bien, de los antecedentes administrativos se advierte que la Administración Tributaria, emitió la Orden de Verificación No 00120VE02102 de 12 de agosto de 2013, comunicando a Lidia Mery Mendoza Viscarra que será sujeto de un proceso de determinación con el objeto de verificar los hechos y/o elementos relacionados con el Impuestos sobre las Utilidades de las Empresas por la venta de bienes inmuebles en los periodos correspondientes de enero a diciembre 2010. Acto notificado a Lidia Mery Mendoza Viscarra, el 11 de diciembre de 2015 (fojas 11 de antecedentes administrativos)

Posteriormente, a la conclusión del trabajo de campo, el 23 de mayo de 2019, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo N° 291930000200, calificando preliminarmente la conducta de la sujeto pasivo como omisión de pago, liquidando la deuda tributaria establecida sobre base presunta del 1UE correspondiente a los periodos enero a diciembre de 2010 en un total de UFVs 1.410,927, notificando a la sujeto pasivo el 27 de mayo de 2019 (fojas 1405-1439 y 1440 de antecedentes administrativos). 

Lo expuesto en párrafos previos, desde el inicio del proceso determinativo con la notificación de la Orden de Verificación el 11 de diciembre de 2015, hasta la conclusión del trabajo de campo con la emisión de la Vista de Cargo N° 291930000200, el 23 de mayo de 2019, trascurrieron más de los doce (12) meses dispuestos en el parágrafo V del artículo 104 de la Ley 2492; no obstante, corresponde hacer notar que el citado artículo no sanciona, el incumplimiento del plazo de los doce meses, con la nulidad del proceso y 

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mucho menos dispone la caducidad de las facultades de determinación de la Administración Tributaria. 

Asimismo, cabe señalar que la Ley 2341 invocada por la sujeto pasivo en su Recurso de Alzada, dispone de forma expresa en el parágrafo III de su artículo 36, que la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas, sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo, por lo que, de conformidad al artículo citado y al razonamiento expuesto en la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0022/2015-S2 de 16 de enero, respecto al principio de especificidad o legalidad, no corresponde dar curso al agravio invocado

IV.3. Método de determinación empleado por la entidad recurrida. La recurrente sostuvo que la Administración Tributaria de manera arbitraria creó un procedimiento interno para presumir ‘que -el- 68,76% del-valor de venta de los departamentos corresponde a gastos de construcción, mismo que únicamente aparece en un informe técnico de la Gerencia de Fiscalización y que nunca fue publicado para ser aplicado como un procedimiento de verificación; siendo inexistente la mención en la Resolución Determinativa, de alguna norma o reglamentación tributaria que establezca los, parámetros para determinar la base presurita en la construcción de edificios, obteniendo así un promedio de entre el 20% y el 13,27% de’ utilidades en el rubro de la construcción, sin identificar a dichos contribuyentes; lo que viola el principio de.. transparencia y el derecho que tiene la contribuyente a ser informada de todas las actuaciones. 

En respuesta, la Administración Tributaria indicó que, la sujeto pasivo durante la gestión 2010, ejerció actividades de compra de terrenos, construcción de edificios y posteriormente venta de bienes inmuebles, de forma reiterativa y sin encontrarse registrada en el padrón de contribuyentes, no habiendo comunicado su actividad de venta de bienes inmuebles, motivando a que realice la verificación correspondiente para sostener la realización del hecho imponible, efectuando asi tareas en cumplimento de sus facultades, mediante el requerimiento de presentación de libros, anotaciones, documentos privados y públicos, entre otros; además de documentación a terceras personas, instituciones privadas y públicas, demostrando que la ahora recurrente generó utilidad gravada. 

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De igual manera, la Administración Tributaria argumento que agotó todos los medios para la obtención de documentación e información que permita conocer de forma directa e indubitable la base imponible para determinar el tributo sobre base cierta, correspondiendo por ello la determinación sobre base presunta, comprobando que la sujeto pasivo percibió utilidades no declaradas por la venta de bienes inmuebles en propiedad horizontal, respecto a los edificios Olimpo, Olimpo II, Torres América y Majestad y aplicó una técnica sobre base presunta que permitió determinar los costos de construcción a fin de establecer la base imponible de conformidad a lo dispuesto en el inciso d) del artículo 8 de la Resolución Normativa de Directorio 10001713, contando con la respectiva aprobación de la Gerencia de Fiscalización. 

Precisó que, no puede revelar la identidad de los contribuyentes con parámetros parecidos, siendo que los únicos parámetros similares, son los que se dedican a la misma actividad y en la misma jurisdicción; sin embargo, señaló que, el nombre de los contribuyentes (A y B) que sirvieron de base para la comparación y/o ponderación, no tiene ninguna incidencia en el procedimiento de verificación y determinación de la deuda tributaria a pagar, tampoco sería motivo de anulación de los actos administrativos. 

Ahora bien, sobre el derecho a la defensa, la Sentencia Constitucional 2801/2010-R, respecto señaló: “…) este derecho tiene dos connotaciones: la defensa de la que gozan las personas sometidas a un proceso con formalidades específicas, a través de una persona idónea que pueda patrocinartes y defenderles oportunamente y del mismo modo, respecto a quienes se les inicia un proceso en contra, permitiendo que tengan conocimiento y acceso a los actuados e impugnen los mismos en igualdad de condiciones, conforme al procedimiento preestablecido; por ello, el derecho a la defensa es inviolable por los particulares o autoridades que impidan o restrinjan su ejercicio” (Resaltado añadido). 

– 

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En la normativa tributaria, el artículo 42 de la Ley 2492 establece que la base imponible es la unidad de medida, valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, sobre la cual se aplica la alicuota para determinar el tributo a pagar; asimismo, el artículo 43 del mencionado cuerpo legal, dispone que la base imponible podrá determinarse: sobre Base Cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones 

que permiten conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo; y 

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sobre Base Presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que por su vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permiten deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando concurra alguna de las circunstancias reguladas en el artículo 44 de la Ley 2492. 

El artículo 64 de la Ley 2492, establece que la Administración Tributaria conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus elementos constitutivos y el artículo 76 del mismo cuerpo legal, refiere que quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. 

De esta forma, la Administración Tributaria en uso de su facultad normativa dispuesta en el artículo 64 de la Ley 2492, emitió la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13, misma que tiene por objeto reglamentar los medios para la determinación de la Base Imponible sobre Base Presunta y establecer el tributo que corresponda pagar, instituyendo en su artículo 8 los medios por inducción, y señalando que el Servicio de Impuestos Nacionales puede aplicar las técnicas establecidas para cuantificar la Base Presunta de acuerdo a las circunstancias que amețite el caso, siendo estas: a) Técnica Insumo-… Producto, b) Técnica Relación Ingreso-Gasto, c) Técnica de Contribuyentes Similares, y d) Otras. 

– 

– 

Asimismo, es importante señalar que el inciso d) del citado artículo 8 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13, dispone que considerando las características de cada contribuyente y en función a la documentación e información que obtenga la Administración Tributaria, se podrá aplicar lo dispuesto en los artículos 44, 45 y 80 de la Ley 2492, debiendo esa nueva técnica ser evaluada y aprobada por la Gerencia de Fiscalización. 

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En ese entendido, de la compulsa de la Vista de Cargo N° 291930000200 de 23 de mayo de 2019, se advierte que la Administración Tributaria en el punto “II. JUSTIFICACIÓN DEL TIPO DE DETERMINACIÓN” señaló que, corresponde aplicar base presunta debido a que agotó los medios para efectuar la determinación sobre base cierta y al no haber presentado la contribuyente información que permita conocer de manera indubitable el 

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costo de construcción (materiales, mano de obra y otros costos indirectos de construcción), impidió a dicha entidad establecer de forma cierta e indubitable, la base imponible (fojas 1407 de antecedentes administrativos)

De esta manera, pudo comprobarse que la Administración Tributaria, a efecto de determinar la existencia y cuantía de la deuda tributaria, conforme lo dispone el artículo 92 de la Ley 2492, el tributo omitido por concepto del IUE de los periodos enero a diciembre de 2010, recurrió a la aplicación del método de determinación sobre base presunta según lo estipulado en los artículos 42 y 43 parágrafo II, de la referida Ley 2492, solamente para los costos incurridos, toda vez que, conforme señala la Vista de Cargo N° 291930000200 (fojas 1424 de antecedentes administrativos), los ingresos por las transferencias fueron establecidos por el Servicio de Impuestos Nacionales con la información contenida en las minutas de transferencia y/o escrituras públicas y los formularios únicos de recaudaciones del Impuesto a la Transferencia Onerosa de bienes inmuebles; motivo por el cual, ésta instancia recursiva analizará el agravio incoado por la recurrente en relación al procedimiento aplicado respecto a la determinación de los gastos y/o costos de construcción incurridos en los bienes inmuebles identificados como comercializados. 

Bajo ese entendido, la Vista de Cargo de referencia, expuso en el cuadro cursante a fojas 1407 de antecedentes administrativos, el descarte de cada una de las técnicas establecidas en la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13, concluyendo que, corresponde aplicar la técnica de inducción otras, debido a que ninguna otra técnica pudo ser aplicada; para tal efecto, refirió que solicitó la aprobación de la referida técnica a la Gerencia de Fiscalización, obteniendo como respuesta la nota CITE: SIN/GF/DNCC/NOT/00716/2019 (fojas 1407-1408 de antecedentes administrativos). 

Posteriormente, en la citada Vista de Cargo N° 291930000200, la Administración Tributaria indicó: Al respecto, para el cálculo del costo de construcción se efectuó el siguiente análisis: en el proceso de verificación se constató que la contribuyente MENDOZA VISCARRA LIDIA MERY realizó la actividad de construcción de Bienes Inmuebles de Propiedad Horizontal (departamentos, bauleras, parqueos, local comercial, terrazas penthouse, garajes) para su posterior venta, similar a los realizados por los contribuyentes A y B (cuya identidad se mantiene en reserva en aplicación del Art. 67 de la Ley 2492); sin embargo, no se pudo aplicar en forma directa el inciso c) del Artículo 8 

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de la RND 100017-13, debido a la inexistencia de por lo menos tres parámetros parecidos entre la contribuyente MENDOZA VISCARRA LIDIA MERY y los contribuyentes A y B, siendo los únicos parámetros similares, el que se dedican a la misma actividad y que la actividad gravada desarrollada se encuentra en la misma jurisdicción” (fojas 1408 de antecedentes administrativos). 

En ese entendido, el SIN señaló que en base al análisis feferido, estableció un promedio de costo de materiales, mano de obra y costos indirectos del 68.76% en función a los ingresos obtenidos, correspondiendo aplicar dicho porcentaje en la determinación, debido a que fueron agotados los medios que la Ley permite para investigar y verificar; sin contar con los medios suficientes para poder determinar el costo de construcción sobre base cierta. De igual manera, refirió que no corresponde establecer un costo financiero, debido a que la sujeto pasivo no presentó documentación que demuestre un financiamiento bancario (fojas 1410 de antecedentes administrativos).

Ahora bien, lo expuesto en párrafos previos se reproduce en el contenido de la Resolución Determinativa impugnada, ante lo cual la recurrente agravió la existencia de un procedimiento arbitrario para la determinación de la base imponible en referencia a la aplicación del método de base presunta, toda vez que a su entender resulta arbitraria la obtención de un promedio de entre el 20% y el 13,27% de utilidades en el rubro de la construcción, sin identificar a los contribuyentes cuya información fue utilizada para la aplicación de la técnica referida en el acto impugnado, no conociendo a cabalidad la 

información utilizada como referencia. 

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Bajo este contexto, corresponde indicar que, el presente agravio, en una oportunidad anterior fue objeto de análisis por parte de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, concretamente en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0447/2020 de 26 de febrero, misma que a la letra indicó: “xl. (…) cabe señalar que dicha Administración Tributaria dejó en claro que las similitudes ente Lidia Mery Mendoza Viscarra y los Contribuyentes “Ay Bson dos: La actividad que desarrollan y la jurisdicción, no habiendo encontrado otra similitud, por lo que no pudo aplicar directamente la técnica de Contribuyentes similares establecida en el Artículo 8, Inciso c) de la RND N° 100017-13, que requiere al menos tres aspectos similares, precisamente por esa causa y considerando las características particulares de la Contribuyente y la información que 

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obtuvo de otros Contribuyentes, solicitó la autorización de la aplicación de “otra” técnica conforme prevé el Artículo 8, Inciso d) de la RND N° 10001713 (...), en base a lo expuesto, la instancia Jerárquica concluyó que el Servicio de Impuestos Nacionales, demostró en hecho y derecho la aplicación de la técnica otrasal no encontrar más 

similitudes (fojas 229 vta. del expediente administrativo). 

Continuando con el análisis respecto a la determinación de los costos de construcción, efectuada sobre base presunta, la citada Resolución de Recurso Jerárquico, puntualizó que en aplicación del parágrafo ll del artículo 80 de la Ley 2492 y articulo 11 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13, las presunciones legales admiten prueba en contrario, además que quien pretenda desvirtuar dicha presunción, debe aportar la prueba correspondiente; y si la sujeto pasivo así lo pretendía, podía presentar toda prueba que crea conveniente, para desvirtuar la determinación de la Base Imponible sobre Base Presunta que efectuó la Administración Tributaria en la vista de Cargo; sin embargo, evidenció que la sujeto pasivo se limitó a señalar la existencia de vicios de nulidad y solicitar la prescripción, sin formular argumentos ni presentar descargos que desvirtúen la determinación sobre base presunta (fojas 229 vta. y 230 del expediente administrativo). 

En este entendido, la Autoridad General de Impugnación Tributaria añadió en la mencionada Resolución, que la Administración Tributaria expuso en la vista de Cargo y en la Resolución Determinativa la información que considero de los Contribuyentes “A” y “B” que le permitió determinar los costos de construcción sobre base presunta, concluyendo expresamente que: (...) los actos del SIN cuentan con los hechos, datos, elementos y valoraciones que fundamentan la determinación de los costos de construcción, sobre base presunta(fajas 230 del expediente administrativo)

En base a lo señalado en párrafos previos, la AGIT ultimó que en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0447/2020 que: “xliv. (...) la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo cumpliendo lo dispuesto en el Artículo 96, Parágrafo / del CTB, en relación a la fundamentación y motivación que sustenta la determinación sobre base presunta, puesto que expone los antecedentes de hecho y de derecho que justifican las razones del cargo formulado contra el Sujeto Pasivo; y toda vez que dicho acto sustenta la Resolución 

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Determinativa, se tiene que eta ultima también cumple lo establecido en el Artículo 99, Parágrafo II del citado Código (...)” (fojas 230 vta. del expediente administrativo). 

De esta manera, en consideración al análisis desarrollado por la instancia jerárquica, es evidente que la Administración Tributaria utilizó la técnica prevista en el inciso d) del artículo 8 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13, a efectos de determinar la base imponible sobre base presunta, obteniendo la respectiva autorización para la aplicación de dicha técnica, según Nota con CITE: SIN/GFIGNCC/NOT/00716/2019, método que le permitió cuantificar la base presunta; asimismo, en lo.concerniente a la 

identificación de los contribuyentes “A” y “B”, en el marco de las conclusiones del jerárquico, la presunción arribada por la entidad fiscalizadora no mereció la presentación de descargos por parte de la sujeto pasivo, quien en cumplimiento del artículo 76 de la Ley 2492, tenía la posibilidad de presentar_toda prueba válida para desvirtuar la determinación realizada por el sujeto activo sobre base presunta:- — ‘ 

Por lo desarrollado, la determinación efectuada por el SIN, en el presente caso, se enmarca’en lo previsto por el inciso d) del artículo 8, de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13, por lo que, corresponde desestimar los agravios señalados por la recurrente; no existiendo argumento que permita advertir una trasgresión al principio de transparencia y el derecho que tiene la contribuyente a ser informada de todas las actuaciones, máxime cuando la normativa referida en líneas previas-, son de carácter público en el marco del artículo 64 de la Ley 2492. 

IV.4. Configuración de la prescripción. La recurrente señaló que debido a que la Administración Tributaria ejerció sus facultades de fiscalización y determinación de los periodos fiscales de la gestión 2010, corresponde aplicar la normativa vigente al inicio del computo de la prescripción y en ese contexto se encuentra prescrita la acción administrativa de sancionar ilícitos, fiscalizar y determinar la deuda tributaria respecto del UE de la gestión 2010, misma que prescribió el 30 de junio 

de 2016. 

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Por su parte, la entidad recurrida señaló que para el análisis de la prescripción de los periodos fiscales enero a diciembre de la gestión 2010 corresponde la aplicación de las modificaciones realizadas por la Ley 812 debido a que el ciclo de prescripción no se 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

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encontraba cerrado, además debe adicionarse 2 años en virtud a la conducta obstaculizadora de la sujeto pasivo e incumplir con el deber de declarar sus actividades gravadas por el IUE, no encontrándose prescrita la facultad de determinación de la deuda tributaria

De esta manera, la descripción de los argumentos del Recurso de Alzada y la respuesta efectuada por la Administración Tributaria, que fueron descritos en párrafos precedentes permite colegir que el aspecto, objeto de controversia en el presente caso, radica en dilucidar la configuración de la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria para fiscalizar, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones en relación al IUE de la gestión 2010; bajo ese entendido, en consideración a que de forma previa a establecer el cómputo de prescripción, es necesario identificar la normativa a ser aplicada en el presente análisis, en razón a que la parte recurrente argumentó la aplicación del artículo 59 de la Ley 2492 sin modificaciones y en contraposición la Administración recurrida refirió la aplicación de las modificaciones realizadas a través de las Leyes 291, 317 y 812. 

Ahora bien, expuestos los argumentos de las partes y antes de ingresar al análisis del agravio referente al instituto de la prescripción, cabe señalar que el presente Recurso de 

jeto de análisis por parte de esta instancia recursiva en una oportunidad anterior, emitiendo al efecto la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBARA 0162/2020 de 16 de julio de 2020, que resolvió revocar totalmente la Resolución Determinativa N° 171930000669 de 27 de junio, al configurarse el término de prescripción de las facultades que tiene la Administración Tributaria para sancionar ilícitos, fiscalizar y determinar la deuda tributaria correspondiente al UE de la gestión comprendida de enero a diciembre de 2010 (fojas 257272 vta. del expediente administrativo)

No obstante, la Administración Tributaria interpuso Recurso Jerárquico en contra de la citada Resolución de Recurso de Alzada, motivo por el cual la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió el 16 de octubre de 2020 la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1489/2020, que anuló la Resolución de Recurso de Alzada ARIT CBARA 0162/2019 de 16 de julio de 2020; disponiendo la emisión de una nueva Resolución de Recurso de Alzada debidamente fundamentada de acuerdo con el parágrafol del artículo 211 de la Ley 2492 (fojas 303-311 del expediente administrativo). 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional do Bolivia 

De esta manera, a objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la referida Resolución de Recurso Jerárquico, es necesario señalar que la misma dispuso la anulación del Recurso de Alzada argumentando lo siguiente: “xvi. Asimismo, la instancia de Alzada transcribió los fundamentos jurídicos de la Sentencia Constitucional Plurinacional No 0269/2019-S2 y señaló que, considerando que las Sentencias Constitucionales son de aplicación directa por su carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, conforme a los Artículos 203 de la CPE; y 15, Parágrafo II del Código Procesal Constitucional, reiterada en la Sentencia Constitucional N° 0255/2019-S2; corresponde su inclusión en el análisis de prescripción (fs. 269-269 vta. del expediente). 

A continuación sostuvo: “En este contexto, si bien con el objeto de modular el criterio asumido por la instancia de Alzada sobre la prescripción y su reconducción conforme los fundamentos del Tribunal Constitucional Plurinacional, al inicio del Punto I, de la Fundamentación Técnica y Jurídica de la Resolución de Recurso de Alzada, la ARIT transcribió parte de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nos. 0269/2019-$2y 0255/2019-S2; sin embargo, no existe fundamento alguno, tal como lo observa la Administración Tributaria, que permita entender por qué la instancia de Alzada considera que dichas Sentencias Constitucionales Plurinacionales deben ser parte de la motivación de su Resolución del Recurso de Alzada, pues resulta insuficiente la cita de los Articulos 203 de la CPE; y 15 del Código Procesal Constitucional para demostrar el carácter vinculante de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales al caso concreto; por cuanto dichas disposiciones legales y los fallos constitucionales no suplen ni justifican la falta de fundamentación por parte de la instancia de Alzada, menos la libera de su obligación de motivar adecuadamente la Resolución del Recurso de Alzada (…) permitiendo de esa 

manera, conocer los criterios esenciales para fundamentar la toma de decisión; es decir la ratio decidendi determinante del fallo de facilitar al recurrente y recurrido el conocimiento y convencimiento de las razones por las cuales se resuelve la presente causa” (fojas 310 del expediente administrativo). 

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Entonces, de conformidad a lo dispuesto por la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT RJ 1489/2020 de 16 de octubre de 2020, resultó evidente, que la resolución de la controversia de la presente impugnación, involucra no sólo el cómputo del término de prescripción de las facultades del ente recaudador, sino también exige, que de forma previa, se dilucide la normativa a ser aplicada para efectuar dicho cómputo; esto en consideración a que la sujeto pasivo, argumento que corresponde aplicar la normativa 

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vigente al inicio del cómputo de la prescripción y en contraposición, la Administración Tributaria Municipal refirió que para el análisis de la prescripción de los periodos fiscales enero a diciembre de la gestión 2010, corresponde la aplicación de las modificaciones realizadas por la Ley 812; y es precisamente dicha situación, en aras de hacer justicia tributaria y resguardar el derecho al debido proceso, como factores que motivan a esta instancia recursiva analizar la normativa que debe utilizarse para el cómputo de la prescripción y la jurisprudencia constitucional que la respalda. 

En el presente caso, esta instancia de Alzada, en resguardo del principio de seguridad jurídica (otro factor motivante) consagrada en la Constitución Política del Estado, concluye que el instituto jurídico de la prescripción, debe analizarse conforme los entendimientos desarrollados por el intérprete de la Constitución Politica del Estado, calidad que recae en el Tribunal Constitucional Plurinacional; debiendo tener presente que sus fallos emitidos, en sus decisiones y sentencias, son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, conforme dispone el artículo 203 de la Constitución Política del Estado, y que, no sólo generan la obligatoriedad a las partes intervinientes, sino que también pueden constituir precedentes orientadores que generan derecho de orden jurisprudencial, debido a que dichas sentencias, efectúan una interpretación, integración e interrelación de las normas vigentes. 

También es necesario aclarar que, el precedente vinculante de un fallo constitucional, no constituye la conclusión arribada del caso concreto, sino la parte de la ratio decidendi del fallo donde se efectúa el análisis e interpretación del hecho fáctico normado, conforme lo dispone la Sentencia Constitucional 846/2012 de 20 de agosto, misma que a la letra señala: Entonces, es posible afirmar que es vinculante el precedente constitucional contenido en la ratio decidendi. Es decir, en la ratio decidendi se encuentra el precedente constitucional. El precedente constitucional es vinculante siempre que exista un supuesto fáctico análogo (AC 004/2005ECA Y SC 186/2005-R)

En ese entendido, es menester traer a colación, el entendimiento expuesto por el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0255/2019S2 de 21 de mayo, mediante la cual, establece el carácter vinculante, de aplicación directa y obligatoria de las Sentencias Constitucionales puntualizando que: no deviene de la solicitud o no que haga el administrado de aplicar algún fallo constitucional de manera específica; sino que, como se tiene dicho, deviene de un 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

mandato constitucional, que en virtud del carácter normativo de nuestra Norma Suprema es de aplicación directa y obligatoria”. 

Para el presente caso, corresponde aclarar y establecer que, la consideración de la parte vinculante de los fallos constitucionales, se aboca exclusivamente al análisis concerniente a la correcta aplicación de una determinada norma en el tiempo, respecto al instituto de la prescripción; es decir, se examinará la temporalidad de la norma bajo el principio de legalidad e irretroactividad de la ley. 

Así, el entendimiento de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0255/2019-S2 de 21 de mayo, resulta esencial para el análisis del presente Recurso de Alzada, por cuanto, establece la aplicación directa y obligatoria de las Sentencias Constitucionales que devienen de un mandato constitucional, aspecto fundamental que, no puede ser soslayado por esta instancia recursiva al momento de administrar justicia tributaria, existiendo por ende, la obligación y deber de considerar la ratio decidendi inmersa en ella, como fundamento esencial para dilucidar la controversia respecto a la normativa a ser aplicada para el cómputo de la prescripción, por cuanto, la razón y sustento de su consideración para el presente caso, radica en la necesidad de tomar en cuenta el precedente vinculante de la Sentencia Constitucional Plurinacional 1169/2016-S3 de 26 de octubre, referido al carácter irretroactivo de la ley y la forma de aplicación del plazo de prescripción en el tiempo; reiterando que, esta instancia de Alzada, no pude dejar de lado el entendimiento efectuado por el Tribunal Constitucional Pluriracional en la citada sentencia, máxime si la controversia generada en el presente caso es decir, si corresponde la aplicación de las modificaciones incorporadas por la Ley 812- resulta ser análoga. 

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De esta manera, resulta pertinente señalar que, a efectos de resolver la controversia generada en el presente proceso recursivo e identificada en párrafos previos, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0269/2019-S2 de 24 de mayo, en su punto “II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO“, efectuó el siguiente entendimiento respecto de la aplicación de la norma al instituto de la prescripción señalando que: “(…) ésta debió ser resuelta conforme y de acuerdo a la normativa vigente al momento del hecho generador del adeudo tributario; en este entendido, y al no haberse observado estos dos transcendentales aspectos, queda claro que se lesionó la garantia de la irretroactividad de ley. En efecto, si consideramos que (…) se refieren a adeudos 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq karachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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tributarios (…) respecto al periodo fiscal diciembre 2009, el cómputo de la prescripción debió realizarse en base y de acuerdo a los arts. 59 y 60 del CTB antes de su reforma por las Leyes 291 y 317 de septiembre y diciembre de 2012, respectivamente, y la Ley 812 de julio de 2016, ya que las mismas fueron promulgadas de manera posterior al hecho generador (…)”. 

La referida Sentencia Constitucional Plurinacional, continuó sosteniendo lo siguiente: “En 

este contexto la prescripción sometida a análisis, tuvo necesariamente que considerar la normativa vigente al periodo fiscalizado y en consecuencia, deteminar si ésta operó o no, en función a los plazos y mecanismos de cómputo estipulados en dicha normativa; pues, no resulta constitucionalmente aceptable que se pretenda la aplicación retroactiva de normas tributarias posteriores al hecho generador del adeudo tributario, maxime, si éstas no resultan más favorables (…)“. 

Consecuentemente, es necesario aclarar que, el precedente vinculante de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0269/2019-S2 de 24 de mayo desglosada en párrafos previos- determinó los lineamientos de temporalidad de la norma, respecto a que el instituto de la prescripción, debe ser resuelto conforme y de acuerdo a la normativa vigente al momento del hecho generador del adeudo tributario, bajo la premisa de aplicar la norma sustantiva vigente al momento del acaecimiento del mismo, rigiendo la regla del tempus comissi delicti, que responde a los principios de equidad e igualdad en las relaciones jurídicas, y a la superación de situaciones abiertamente discriminatorias y Jesivas del principio de justicia, consagrado en nuestro ordenamiento jurídico, por cuya consecuencia, se encuentra prohibida la aplicación retroactiva y retrospectiva de normas 

cho instituto, con la excepción -por supuesto-establecida en el artículo 150 de la Ley 2492, referida al establecimiento de términos de prescripción más breves. 

Asimismo, corresponde aclarar que las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1169/2016-S3 de 26 de octubre y 0269/2019-S2 de 24 de mayo, exponen en su contenido como común denominador y supuesto fáctico de la problemática a resolver, el carácter IRRETROACTIVO DE APLICAR LAS NORMAS MODIFICATORIAS del cómputo del plazo de la prescripción establecida en el artículo 59 de la Ley 2492; es decir, resuelve respecto la errónea aplicación retroactiva de las Leyes 291, 317 y 812 realizadas por las Autoridades Tributarias-y la propia Autoridad de Impugnación Tributaria, que ahora también se analiza. 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolívia 

Bajo ese entendido, la consideración de la ratio decidendi contenida en las citadas sentencias constitucionales, cobra relevancia para la resolución del recurso de alzada interpuesto por la sujeto pasivo, al ser evidente que los hechos fácticos resueltos en estas resultan ser análogos al analizado en el presente caso; por ello, aplicable, correspondiendo reconocer el carácter irretroactivo de la ley establecida en el artículo 123 de la Constitución Política del Estado y el artículo 150 de la Ley 2492; por ende la noma vigente en el tiempo para su aplicación y la prohibición expresa de utilizar normativa promulgada de manera posterior a la configuración del hecho generador, por cuanto, no resulta constitucionalmente aceptable. 

Por lo expuesto hasta este punto, al ser evidente de forma clara la analogía de las citadas Sentencias Constitucionales Plurinacionales con la problemática analizada a fin de efectuar el cómputo de la prescripción incoada, es necesario utilizar la ratio decidendi inmersa como fundamento esencial de dichos fallos al presente caso, coligiendo de ello que resulta equívoco e inaceptable el uso retroactivo de normas tributarias promulgadas posteriores al hecho generador, es decir, no corresponde considerar normativa ulterior pues,, se‘ afectarían derechos constitucionales de la sujeto pasivo; por lo que, en consideración; a que, dicho precedente constitucional, deja establecida la aplicación inequívoca de una determinada norma, ese mismo entendimiento, sirve para resolver el comienzo del plazo para el cómputo de la prescripción que versa sobre la determinación de la deuda tributaria. 

Por ello, se tiene que, los fundamentos y entendimientos de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0269/2019-S2 de 24 de mayo, son de aplicación vinculante al presente caso por mandato constitucional, conforme lo señala el artículo 203 de la Constitución Política del Estado y parágrafo II del artículo 15 del Código Procesal Constitucional, concordante con la Sentencia Constitucional Plurinacional 0255/2019S2 de 21 de mayo

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Entonces, los fundamentos supra señalados, permiten ratificar nuestra posición asumida respecto al instituto de la prescripción, mismo que fue modulado y reconducido estableciendo que, la normativa aplicable a dicho instituto, es la vigente al momento del hecho generador; es decir, cuando se establece la relación jurídico tributaria entre el sujeto pasivo y la Administración Tributaria, vinculo de carácter personal conforme establece el artículo 13 de la Ley 2492 cuyo perfeccionamiento, permite el surgimiento de la obligación tributaria pertinente; concluyendo que, la 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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prescripción, como instituto jurídico de extinción de obligaciones en materia tributaria, no 

es de oficio y se aplica por la negligencia de la Administración Tributaria en ejercer sus facultades dentro el término establecido en la normativa tributaria; y que más allá del tiempo trascurrido para dilucidarse la configuración del instituto jurídico, la aplicación normativa y el término del mismo, mantiene su vinculación con el momento del perfeccionamiento del hecho gravable. 

A mayor abundamiento, es preciso puntualizar que las normas sustantivas o materiales son aquellas que, no dependen de otra disposición legal para cumplir su objetivo, pudiendo ser de dos tipos: la que determina derechos y garantías y por otro, las que determinan conductas que deben ser observadas, y la razón radica en su importancia de establecer derechos y garantías, por lo que, en resguardo a la seguridad jurídica, no es posible aplicar normas que no existían en el momento de cometerse el hecho. 

En ese sentido, la irretroactividad de las disposiciones legales en general es parte del principio de legalidad y es que no se puede pedir el cumplimiento de disposición legal alguna, en tanto, no se encuentre legalmente en vigencia en ese momento, intelecto que va relacionado con la teoria de los hechos cumplidos que establece que, cada norma juridica debe aplicarse a los hechos que ocurran durante su vigencia, materializando así la seguridad juridica

En el presente caso, se tiene que, la Administración Tributaria a efectos de resolver la prescripción requerida por la sujeto pasivo respecto a la gestión 2010 aplicó, la Ley 2492 con las modificaciones realizadas por las Leyes 291, 317 y 812 sobre el artículo 59 del Código Tributario Boliviano, sin considerar que el hecho generador del IVE analizado, aconteció el 2010, evidenciándose que utilizó normativa de manera retroactiva, en transgresión del artículo 123 de la Constitución Política del Estado y 150 de la Ley 2492 y sin tomar en cuenta el principio procesal que supone la aplicación de la norma sustantiva vigente en el momento de producido el hecho; consiguientemente, considerando que las Leyes 291, 317 y 812 entraron en vigencia de forma posterior al perfeccionamiento del hecho gravable del QUE correspondiente a la gestión 2010; no corresponde la aplicación de las citadas modificaciones para el análisis de la facultad de la entidad recurrida precisada en párrafos anteriores, por lo que esta instancia recursiva, basará el análisis del presente caso bajo el razonamiento previamente expuesto. 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Conforme el análisis técnico jurídico desarrollado, cabe señalar que, para analizar la prescripción de las facultades de fiscalizar, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones de la Administración Tributaria con relación al UE con cierre a diciembre de la gestión 2010, corresponde aplicar la norma vigente al momento del nacimiento del hecho generador, no correspondiendo aplicar las modificaciones realizadas al instituto de la prescripción establecido en la Ley 2492, a través de la Leyes 291 y 317; toda vez que éstas últimas no estuvieron vigentes al momento del nacimiento del hecho generador; mucho menos las modificaciones realizadas mediante la Ley 812de igual forma, porque la citada Ley, no se encontraba vigente al nacimiento del hecho generador de las gestiones citadas, incumbiendo en consecuencia únicamente la aplicación de la Ley 2492 sin modificaciones. 

Aclarada la normativa a ser aplicada en el presente caso, corresponde puntualizar que el artículo 59, señala: “). Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 1. Controlar, investigar, verifica, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda Tributaria 3. Imponer sanciones Administrativas 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria: Il. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero responsable’no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda. (...)

En cuanto a la forma de cómputo del término de la prescripción, el artículo 60 de la Ley 2492 expone: l. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior el término de la prescrioción se computará desde el 1 de enero del o calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. II. En el supuesto 4 del parágrafo / del Artículo anterior el término se computará desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria (...)

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calidad: AFNOR CELTNICATION 

Expuesta la normativa y antes de efectuar el cómputo de la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria, cabe señalar que la parte recurrente solicitó la prescripción de la facultad de sancionar ilícitos, fiscalizar y determinar la deuda tributaria; por lo que tomando en cuenta que el cómputo de dichas facultades, es el mismo, se analizará la prescripción bajo un solo contexto

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de Caldad CoucoN771/1

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jacha kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburųvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

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Ahora bien, en principio corresponde establecer la ampliación del término de prescripción; en este entendido, de la revisión de antecedentes administrativos se advierte que Lidia Mery Mendoza Viscarra se encuentra registrada en el padrón de contribuyentes del 

Servicio de Impuestos Nacionales como titular del NIT 149217013, inscrita al Régimen General bajo la categoría Resto (fojas 15 de antecedentes administrativos), inscripción 

efectuada el 1 de noviembre de 1999; hecho que cumple el deber dispuesto en el numeral 2 del artículo 70 de la Ley 2492; en consecuencia, no corresponde la ampliación del término a siete años del término de prescripción, dispuesto en el parágrafo 11 artículo 59 de la Ley 2492; asimismo, aclarar que el deber de registro tributario, exigido por el numeral 2 del artículo 70 de la Ley 2492, no se extiende a la comunicación de las actividades o modificación del registro tributario, que suponga la sujeción de impuestos, como entiende la Administración Tributaria. 

Por otra parte, respecto a la conducta obstaculizadora de la sujeto pasivo, alegada por la entidad recurrida a fin de ampliar el término de prescripción, corresponde aclarar que el artículo 59 parágrafo 11 de la Ley 2492 dispone que el término de prescripción se ampliará a siete (7) años, solamente cuanto el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes, se inscribiera en un régimen tributario diferente al que corresponde; en este entendido, la conducta referida por la Administración Tributaria en el acto impugnado y en el memorial de respuesta al recurso de alzada como obstaculizadora (fojas 1506 de antecedentes administrativos y 74 del expediente administrativo) no constituye un elemento que posibilite la ampliación del término de prescripción, debiendo ser desestimado. 

En ese sentido, el cómputo de la prescripción del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas de la gestión 2010, de conformidad a los artículos 59 y 60 parágrafo 1 de la Ley 2492, comienza a partir del 1 de enero del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago; por lo que corresponde efectuar el análisis de la prescripción considerando un término de 4 años; configurándose el cómputo de dicho instituto de la siguiente manera

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Lo expuesto en el cuadro precedente, permite advertir que el mputo de la prescripción de cuatro años para el IUE de la gestión 2010, inició el 1 de enero de 2012 y concluyó el 31 de diciembre de 2015

Ahora bien, es preciso examinar la existencia de causales de interrupción y suspensión del cómputo de la prescripción del IUE gestión 2010; advirtiendo que en el acto impugnado, la Administración Tributaria como efecto de los argumentos de la sujeto pasivo, expuso el término de la prescripción analizada, añadiendo un efecto interruptivo y de reanudación en el cómputo del instituto jurídico analizado (fojas 1507 de antecedentes administrativos)

Al respecto, el artículo 61 de la Ley 2492 establece dos causales de interrupción del cómputo de la prescripción, siendo estas: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa; y b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pàgo. Por otro lado, respecto a las causales de suspensión el artículo 62 parágrafo I de la Ley 2492, dispone: “El curso de la prescripción se suspende con: I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses. Il. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo” (El resaltado es nuestro)

– 

Por lo que corresponde aclarar que, si bien la Resolución Determinativa No 171930000669 de 27 de junio de 2019, deviene de un proceso determinativo iniciado con la notificación de la Orden de Verificación No 00120VE02102 practicada el 11 de diciembre de 2015 (fojas 11 de antecedentes administrativos), dicha actuación no constituye en causal de suspensión del cómputo de la prescripción, toda vez que el articulo 62 parágrafo I de la Ley 2492 establece de forma expresa como causal de suspensión- la notificación con una Orden de inicio de Fiscalización, y no así la notificación de una Orden de Verificación, como ocurrió en el presente caso

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Consecuentemente, no corresponde realizar una interpretación extensiva de la norma y considerar la notificación con la Orden de Verificación como causal de suspensión del 

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término de la prescripción, por no adecuarse a lo expresamente dispuesto en la norma citada bajo el principio de legalidad; razonamiento concordante con el análisis desarrollado por la Autoridad General de Impugnación Tributaria en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0169/2010 de 28 de junio -entre otras, que estableció lo siguiente: “(…) el 2 de julio de 2008, la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN notificó (...), con la Orden de Verificación Intema N° 00062960074, F-7520 (…) y no así con una Orden de Fiscalización, (…), existen diferencias entre los procedimientos de fiscalización y verificación por lo tanto, dado que el art. 62l de la Ley 2492 CTB), lo notificación con el inicio de la fiscalización, constituye una causal de suspensión del término de la prescripción, en el presente caso, la notificación con una Orden de Verificación, no suspendió el curso de la prescripción por seis meses (…)” (el subrayado es nuestro). 

Por otra parte, con relación a la interposición del Recurso de Alzada el 22 de julio de 2019, contra la Resolución Determinativa N° 171930000669 (fojas 149 vta. del expediente administrativo) y su efecto suspensivo en la prescripción; cabe indicar que conforme al cómputo realizado en párrafos previos, el instituto de la prescripción se configuró el 31 de diciembre de 2015; de esta manera y en consideración a que el memorial de interposición del recurso de alzada, fue presentado con posterioridad a la configuración de la prescripción, se tiene que el mismo, no puede considerarse como causal de suspensión. 

Similar situación acontece con la notificación de la Resolución Determinativa No 171930000669; por cuanto la citada Resolución Determinativa, fue notificada el 28 de junio de 2019 (fojas 1514 de antecedentes administrativos), cuando las facultades de la Administración Tributaria respecto al IUE gestión 2010 ya se encontraban prescritas; es decir, al 31 de diciembre de 2015, motivo por el cual no corresponde considerarla como acto interruptivo de la prescripción. 

Por lo desarrollado, el cómputo de la prescripción de las facultades de la Administración: Tributaria para sancionar ilícitos, fiscalizar y determinar la deuda tributaria, respecto al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas de la gestión 2010, concluyó el 31 de diciembre de 2015, siendo evidente, que la entidad recurrida ejerció dichas facultades para la referida gestión, con la emisión y notificación de la Resolución Determinativa No 171930000669 labores desarrolladas el 27 de junio de 2019 y 28 de junio de 2019 respectivamente, posterior a la configuración del instituto de la prescripción. 

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AIT

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

En consecuencia, no siendo evidente la existencia de los vicios de nulidad argumentados por la parte recurrente, referidos a la inclusión de actividades en el padrón de contribuyentes, incumplimiento de plazos en la emisión de la Vista de Cargo y la aplicación de un método determinación fuera del marco normativo previsto para ello; y considerando que la Administración Tributaria ejerció sus facultades de sancionar ilícitos, fiscalizar y determinar la deuda tributaria, respecto el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas por la gestión 2010, con la emisión y notificación de la Resolución impugnada, después de la configuración del término de la prescripción, corresponde a esta instancia recursiva; revocar totalmente la Resolución Determinativa N° 171930000669 de 27 de junio de 2019, emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales. 

POR TANTO: –– 

– -… El suscrito Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley 2492 y artículo’ 141 del Decreto Supremo 29894 de 7 de febrero de 2009

: : 

Carlos 

STA SEMPLICE

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Determinativa, No 171930000669 de 27 de junio de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, al configurarse el término de prescripción de las facultades que tiene la Administración Tributaria para fiscalizar, determinar la deuda tributaria e imponer 

sanciones correspondiente al UE de la gestión comprendida de enero a diciembre de 2010; sea de conformidad con lo dispuesto en el inciso a) parágrafo I del artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

KU

iettes 

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HVERA ZUAY 

ISO 9001 Calida

COTHRAMO 

11 Aranibar Mejin

VoDo 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario Boliviano, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

IQNet 

RAFAEL 

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NB/ISO 

9001 IBNORCA 

Senda Geron 

de la Catificado N 777/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan rit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vas (Guarani) 

Av. Oquendo NR 381 entre Venezuela y Ecuador Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 41400114140012 www.ait.gob.bo . Cochabamba, Bolivia 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 de la Ley 2492, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computables a partir de su notificación. 

Regístrese, notifiquese y cúmplase. 

www 

Eric Aysberto Rojas Urquiza 

DIRECTOR EJECUTIVO REGIONAL 

DIRECCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cbba. 

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