ARIT-CBA-RA-0328-2020 Facturas depuradas del cómputo de crédito fiscal. No se pudo demostrar el pago efectivo en las transacciones a proveedores y por ende la vinculación a la actividad gravada.

ARIT-CBA-RA-0328-2020

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBARA 0328/2020 

Recurrentes 

Tucons Ingeniería y Construcción 

Sociedad de Responsabilidad Limitada ****TUCONS S.R.L.“, representada por Oscar 

Antonio Chiquie Nacif. 

Administración recurrida 

Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por. Rosmery Villacorta Guzmán. 

Acto impugnado 

No 

– – :: .-Resolución Determinativa 

Expediente NO 

ARIT-CBA-0223/2020. 

— 

Lugar y fecha

Cochabamba, 18 de diciembre de 2020

– 

VISTOS: 

ET Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-CBA/ITJ N° 0328/2020 de 17 de diciembre de 2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente

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EUTU 

ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. La Resolución Determinativa N° 172039000366 de 28 de agosto de 2020, que determinó de ofício, por conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones impositivas de Tucons Ingeniería y Construcción Sociedad de Responsabilidad Limitada “TUCONS S.R.L., en la suma de UFVS 728, equivalentes a Bs 1.713.- correspondientes al tributo omitido actualizado e intereses por el Impuesto al Valor Agregado de los periodos fiscales julio, agosto, noviembre y diciembre de 2016. Asimismo, atribuyó al sujeto pasivo la 

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Av. Oquendo N° 381 entre Venezuela y Ecuador Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012 www.ait.gob.boCochabamba, Bolivia 

TITII 

conducta de omisión de pago del Impuesto al Valor Agregado, correspondiente a los citados periodos, sancionando con la multa del 100% del tributo omitido, equivalente a UFV$ 623, conforme disponen los artículos 165 de la Ley 2492 y 42 del Decreto Supremo 27310. Acto notificado de forma personal al representante de la empresa, el 9 de septiembre de 2020 (fojas 404-417 y 418 de antecedentes administrativos)

TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA. II.1. Argumentos del Recurrente. Tucons Ingeniería y Construcción Sociedad de Responsabilidad Limitada “TUCONS S.R.L.” representada por Oscar Antonio Chiquie Nacif, conforme acreditó el Testimonio de Poder No 99/2009 de 3 de marzo de 2009 (fojas 17-20 del expediente administrativo), mediante memoriales presentados el 29 de septiembre y 12 de octubre de 2020 (fojas 21 23 y 34 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 172039000366 de 28 de agosto de 2020, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes. Cochabamba, manifestando lo siguiente: 

Que en la Resolución Determinativa impugnada, prácticamente fueron transcritos los análisis y fundamentos de la Vista de Cargo, la cual fue fundadamente respondida, sin considerar los elementos analizados por la empresa respecto de las facturas observadas. 

Describió algunos argumentos de observación de la Administración Tributaria, plasmados en el acto impugnado, que demostrarían que las facturas, no cuentan con suficiente respaldo de las transacciones realizadas; concretamente citó lo siguiente: La factura debe estar respaldada con documentación contable y financiera; documentación que sustente la transferencia, transmisión de dominio e incorporación de cosas muebles; el cómputo del crédito fiscal será realizado, solo si la transacción está vinculada con la operación gravada; el sujeto pasivo debe respaldar las actividades gravadas y debe llevar una contabilidad. Al contrario, de lo cuestionado, el sujeto pasivo afirmó que demostró con superabundante documentación los aspectos observados; empero que los mismos no fueron considerados, bajo el único argumento de no presentar documentos que demuestren la percepción del pago por parte del proveedor”

Hizo constar, que si bien es obligación del sujeto pasivo llevar registro y contabilidad de sus movimientos, la documentación presentada, consistente en libros diarios, 

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comprobantes internos, factura y pedidos específicos para determinadas obras, demuestran los movimientos efectuados por la empresa. Añadió que en montos menores 

no es necesario demostrar el medio fehaciente de pago que refiere el artículo 37 del Decreto Supremo 27310, que taxativamente dispone la acreditación de medios 

fehacientes de pago para compras mayores a UFVs 50.000. 

Manifestó que la documentación presentada, demuestra-la efectiva realización de las transacciones por montos que originaron el supuesto tributo omitido de Bs 1.713.- y que para montos menores, no es obligación exigir al proveedor emita además de la factura, un recibo de pago o la demostración del mismo, a través de medios fehacientes de pagos. En respaldo de su argumento, citó el precedente administrativo de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0620/2013. 

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— 

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– 

Sostuvo que efectuó la demostración contáble, además de la relación del bien adquirido con la actividad de la empresa, dando cumplimiento a la línea jurisprudencial establecida por el Tribunal Supremo de Justicia y la Autoridad de Impugnación Tributaria, respecto de los artículos 4 y 8 de la Ley 843; citó en respaldo, la Sentencia de Contencioso Administrativo 397/2016 de 19 de septiembre. 

– 

– 

Expuso que, Ta Resolución impugnada, insiste en la inexistencia de demostración con prueba fehaciente de la realización de las transacciones y su vinculación con la actividad gravada, sin considerar que las 6 facturas acompañadas y la documentación contable, respaldan el movimiento interno de los recursos destinados a las compras realizadas en efectivo, acreditando que el funcionario asignado es dependiente de la empresa; omitiendo además considerar, que fueron acompañados los requerimientos internos de los equipos y materiales, detallando el destino individual en función de las obras en ejecución; en tal sentido, aseguró que las facturas corresponden a materiales de construcción y al ser TUCONS S.R.L. una empresa constructora, rayan en lo absurdo las conclusiones, fundadas en que no fue demostrada la vinculación de las transacciones con la actividad gravada. 

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Consideró inadmisible que la Administración Tributaria pretenda desconocer las facturas legalmente emitidas, que generaron débito fiscal y fueron debidamente declaradas por su emisor, bajo único argumento de que no fue demostrada la percepción del pago por el 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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proveedor, aspecto que a su parecer, implicaría que las notas fiscales declaradas por ambas partes son falsas, añadió que el ente recaudador no consideró que el proveedor, si no se hubiese recibido el pago respectivo, no hubiese declarado la factura. 

Observó que fue negada la aplicación de los principios de verdad material, buena fe e informalismo, cuando demostró con documentación la efectiva realización de las transacciones; sin embargo, adujo que el Servicio de Impuestos Nacionales desestimó las facturas, bajo única observación de que no existe documentación de recepción del pago, cuando en transacciones menores, no es requisito esencial

En virtud de los argumentos descritos, solicitó la revocatoria total de la Resolución Determinativa impugnada y queden sin efecto el tributo establecido y la sanción impuesta

11.2. Auto de Admisión. El 13 de octubre de 2020, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Admisión EXPEDIENTE ARIT-CBA-0223/2020, correspondiente al Recurso de Alzada interpuesto por Tucons Ingeniería y Construcción Sociedad de Responsabilidad Limitada “TUCONS S.R.L., representada por Oscar Antonio Chiquíe Nacif, contra la Resolución Determinativa N° 172039000366 de 28 de agosto de 2020, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (fojas 35 del expediente administrativo)

II.3. Respuesta de la Administración Tributaria. La Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por Marcelo Gonzales Yaksic, conforme acreditó la Resolución Administrativa de Presidencia No 032000000760 de 31 de agosto de 2020 (fojas 41 del expediente administrativo), por memorial presentado el 3 de noviembre de 2020 (fojas 42 46 del expediente administrativo), respondió al Recurso de Alzada con los siguientes fundamentos

Detalló los requisitos para el beneficio del crédito fiscal y manifestó que la depuración de las 6 facturas al contribuyente Tucons Ingeniería y Construcción Sociedad de Responsabilidad Limitada TUCONS S.R.L.”, respondió a que no cuentan con documentación de respaldo, que constituya prueba clara, completa y fidedigna que 

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demuestre la efectiva realización de la transacción con los proveedores que emiten las facturas, Aclaró que el sujeto pasivo tiene la obligación de respaldar documentalmente la realización de sus transacciones, demostrando la participación entre el comprador y el 

vendedor a objeto que sustente la efectiva concurrencia de la transacción. 

Precisó que la empresa incumplió con los artículos 4 y 8 de la Ley 843, 70 numerales 4 y 5 de la Ley 2492 y 17 numeral 1 de la citada Ley, al no demostrar la efectiva realización de la transacción, siendo que la obligación financiera del pago es la manera de comprobar que se realizó efectivamente una transacción, afirmó que tal aspecto pretendió ser desconocido por la empresa recurrente, además de existir confusión respecto de la obligación de cumplir con la bancarización y la obligación de demostrar la efectiva realización de la transacción, como requisito indispensable para el beneficio del crédito fiscal. 

Hizo mención de las páginas 4 y 5 de la Resolución Determinativa y alegó que en ellas expuso claramente las observaciones realizadas a las facturas emitidas por los proveedores Pedro Vargas, TECNOPOR S.A., Martina Moya, DISMAT S.R.L., Importadora Campero S.R.L. y Karla Rojas, donde indicó que el sujeto pasivo no presentó documento que acredite el pago por las transacciones realizadas, toda vez que la factura por sí sola no es determinante al momento de verificar la existencia de medios de pago, debiendo ésta, contar con respaldo mediante documentación contable y financiera que permita verificar el desembolso del efectivo y que demuestre que el proveedor que realizó la venta, sea efectivamente el consignado en la factura y el que reciba el pago por la transacción. En respaldo de sus afirmaciones, citó la Sentencia 99/2017 de 20 de abril. 

Manifestó que la parte recurrente interpretó de forma errónea la Sentencia 397/2016, que establece los requisitos señalados en párrafos anteriores y que el precedente administrativo de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0620/2013, dilucida la verificación del IVA en la modalidad verificación posterior CEDEIM. 

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Aclaró que, de acuerdo al artículo 76 de la Ley 2492, la carga de la prueba le corresponde a quien pretenda hacer valer sus derechos y en el presente caso, demostró que el contribuyente carece de documentos que demuestren el pago a los proveedores; al respecto, añadió que la parte recurrente admitió que no cuenta con dicha documentación, 

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Citó el artículo 70 de la Ley 2492 y expuso que, conforme a lo dispuesto en el artículo 69 de la misma Ley, el cumplimiento de las obligaciones tributarias, no sólo garantiza aspectos formales, sino también aspectos materiales vinculados a demostrar la verdad material, no siendo responsabilidad de la Administración Tributaria que el contribuyente 

incumpla sus obligaciones tributarias. 

Explicó que, a tiempo de determinar la deuda tributaria por depuración de facturas observadas, correspondió aplicar la omisión de pago, conforme disponen los artículos 165 de la Ley 2492 y 42 del Decreto Supremo 27310, puesto que del análisis de la documentación presentada por la empresa, aquella que fue obtenida mediante cruce de información con proveedores, la que emergió de sus sistemas informáticos y la que se encontraba en su poder, verifique las facturas depuradas no se encuentran debidamente respaldadas con documentos suficientes que permitan verificar la efectiva realización de las transacciones y demuestren la vinculación de las compras como gastos destinados a la actividad gravada; en tal sentido, afirmó que la Resolución Determinativa 

efectuó correctamente los reparos imputados al sujeto pasivo. 

Observó que el Recurso de Alzada no contiene todos los requisitos establecidos en el artículo 198 del Código Tributario Boliviano, toda vez que no identificó la autoridad emisora de la Resolución Determinativa N° 172039000366 de 28 de agosto de 2020, ni incorporó el detalle de mantos impugnados por tributo y por periodo o fecha -según corresponda, así como los componentes de la deuda tributaria consignados en la Resolución impugnada; precisó que la empresa recurrente refirió la determinación de una obligación tributaria de Bs 1.713.- por omisión de pago en facturas observadas correspondientes a los periodos fiscales junio, julio, agosto, noviembre y diciembre de 2016; empero, que la citada Resolución Determinativa establece que la deuda es de Bs 1.351.– evidenciando que el recurso está mal planteado y no puede ser objeto de análisis, correspondiendo su rechazo por ser confuso, sea conforme el parágrafo lll del artículo 198 citado líneas arriba

Por lo expuesto, solicitó confirmar la Resolución Determinativa N° 172039000366 de 28 de agosto de 2020

II.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba. El 4 de noviembre de 2020, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Apertura Término de Prueba EXPEDIENTE ARIT 

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CBA-0223/2020, disponiendo dar inicio al término probatorio de veinte días comunes y perentorios para ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 218 del Código Tributario Boliviano (fojas 47 del expediente administrativo). 

El 20 de noviembre de 2020, Rosmery Villacorta Guzmán en representación de la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, se apersonó ante esta instancia recursiva, a objeto de ratificar los argumentos de respuesta al Recurso de Alzada y la documentación acompañada en calidad de prueba pre constituida (fojas 50 del expediente administrativo). 

El 24 de noviembre de 2020, el representante de Tucons Ingeniería y Construcción Sociedad de Responsabilidad Limitada “TUCONS S.R.L.”, concurrió ante esta instancia de Alzada ratificando la presentación de prueba adjunta al memorial de interposición de recurso y toda la prueba presentada por el sujeto activo. Asimismo, a tiempo de reiterar sus argumentos de recurso, acompañó documentación en calidad de fotocopia, aclarando que la documentación original fue presentada al SIN (fojas 53-70 del expediente administrativo). 

11.5 Alegatos. El 14 de diciembre de 2020, la Administración Tributaria recurrida formuló alegatos escritos, argumentando que las facturas depuradas al contribuyente, no cuentan con. documentación de respaldo que constituya en prueba clara, completa y fidedigna, que demuestre la efectiva realización de la transacción con los proveedores que emitieron las señaladas facturas. Reiteró que la parte recurrente, confundió la obligación de cumplimiento de bancarización de los pagos y afirmó que demostró que el contribuyente carece de documentos que demuestren que el pago a los proveedores fue realizado efectivamente. Por otro lado, reiteró la observación relativa a que el recurso interpuesto no contiene todos los requisitos establecidos en el artículo 198 de la Ley 2492, al no identificar la autoridad emisora de la Resolución Determinativa y al no incorporar el detalle de montos impugnados; asimismo, objetó que la empresa recurrente hizo mención de un monto que no corresponde a la deuda determinada, por cuanto reiteró la solicitud de 

rechazo del recurso y confirmación de la Resolución Determinativa impugnada (fojas 74 

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Dentro el plazo establecido en el parágrafo II del artículo 210 del Código Tributario Boliviano, no existió formulación de alegatos por parte del sujeto pasivo. 

III. 

ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA. El 19 de diciembre de 2018, la Administración Tributaria emitió la Orden de Verificación N° 18990208740, comunicando a Tucons Ingeniería y Construcción Sociedad de Responsabilidad Limitada “TUCONS S.R.L., el inicio de un procedimiento de determinación, según Verificación Específica Crédito Fiscal IVA, cuyo alcance comprende la verificación de todos los hechos y/o actos relacionados con el Crédito Fiscal IVA, correspondiente a los periodos observados según Detalle de Diferencias adjunto: junio, julio, agosto, noviembre y diciembre de la gestión 2016. Acto notificado personalmente, el 3 de enero de 2019 (fojas 1113 de antecedentes administrativos)

El 16 de enero de 2019, la empresa contribuyente concurrió ante la Administración Tributaria con el objeto de solicitar ampliación de plazo para presentación de descargos en un periodo de 15 días adicionales. Requerimiento atendido por el ente fiscal mediante Auto N° 251939000020 de 30 de enero de 2019, que extendió por única vez el plazo de descargo a 5 días hábiles (fojas 18-20 de antecedentes administrativos)

El 18 de febrero y 3 de mayo de 2018, el sujeto pasivo presentó parcialmente la documentación requerida, según consta en Actas de Recepción de Documentación (fojas 21 y 23 de antecedentes administrativos). 

El 2 de enero de 2020, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo No 292039000019, estableciendo reparos procedentes de observaciones en el importe correspondiente al IVA derivado de la verificación del crédito fiscal, que no fueron oportunamente pagados o rectificados por el sujeto pasivo, al evidenciar que declaró facturas sin demostrar la procedencia y cuantía de los créditos fiscales utilizados; al efecto, determinó un importe total preliminar observado de Bs 10.393,85 y en consecuencia, un impuesto omitido de Bs1.350. Asi también, consignó una liquidación previa, configurando previamente la contravención de Omisión de Pago y otorgó el plazo de treinta (30) días calendario e improrrogables para formular descargos. Acto notificado personalmente, el 11 de marzo de 2020 (fojas 365-373 y 374 de antecedentes administrativos). 

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El 18 de junio de 2020, el sujeto pasivo presentó nota de descargo exponiendo que las facturas observadas cuentan con todos los respaldos técnicos – jurídicos y sostuvo que las observaciones del ente fiscalizador están relacionadas con la verificación del medio fehaciente de pago regulado en el artículo 37 del Decreto Supremo 27310; empero que el mismo, establece que la acreditación de medios fehacientes de pago corresponden a compras mayores a UFVs 50.000, no estando comprendidas las compras menores

Citó la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0620/2013,a su vez citada por la Sentencia No 397/2016, señalando que, conforme a los artículos 4 y. 8 de la Ley 843, concordante con el artículo 8 del Decreto Supremo 21530, la generación de crédito fiscal requiere el cumplimiento de los 3 requisitos y que, en el presente caso, la documentación contable presentada en demostración de la efectiva realización de la transacción es suficiente para validar dicho crédito, denotando que es insuficiente el argumento de no demostración de percepción del pago por parte del proveedor. – ‘ 

Afirmó que las 6 facturas observadas, fueron acompañadas de documentación contable que acredita el movimiento interno de los recursos destinados a las compras efectuadas en efectivo, acreditando que el funcionario asignado es dependiente de la empresa. Indicó que acompañó además, requerimientos internos de equipos y materiales, detallando su dęstiņo en función a las obras de ejecución, por cuanto aclaró que las facturas corresponden a materiales de construcción y en ese sentido, resultaría absurda la observación de omisión de demostración de vinculación con la actividad gravada. 

– 

– 

Manifestó que la pretensión de desconocer las facturas, significaría que la documentación declarada por ambas partes seria falsa y el proveedor, si no hubiese recibido el pago respectivo, no hubiese declarado la factura. Aclaró que los principios que rigen en materia administrativa entre otros, son la verdad material, buena fe, informalismo y presunción de inocencia; que direccionan a que la duda debe ser en favor del administrado. Al efecto, solicitó en base a los precedentes del Tribunal Supremo y de la AGIT, dejar sin efecto la Vista de Cargo de referencia (fojas 384-387 de antecedentes administrativos). 

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El 28 de agosto de 2020, la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa No 172039000366, que determinó las obligaciones impositivas de Tucons Ingeniería y Construcción Sociedad de Responsabilidad Limitada “TUCONS S.R.L.”, en la suma de 

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UFVs 728, equivalentes a Bs 1.713.– correspondientes al tributo omitido actualizado e intereses por el Impuesto al Valor Agregado de los periodos fiscales julio, agosto, noviembre y diciembre de 2016. Asimismo, atribuyó la conducta de omisión de pago del IVA, correspondiente a los citados periodos, sancionando con la multa del 100% del tributo omitido, equivalente a UFVs 623, conforme disponen los artículos 165 de la Ley 2492 y 42 del Decreto Supremo 27310, Acto notificado de forma personal el 9 de septiembre de 2020 (fojas 404-417 y 418 de antecedentes administrativos). 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA. 

Conforme a lo dispuesto en el parágrafo I del artículo 211 del Código Tributario Boliviano, esta instancia recursiva ingresará a resolver los argumentos planteados por Tucons Ingeniería y Construcción Sociedad de Responsabilidad Limitada “TUCONS S.R.L.”; entre ellos, fue inicialmente identificado el reclamo de forma: 1. Omisión de consideración de descargos. En cuanto al fondo, la parte recurrente argumento: 2. Cumplimiento de los requisitos exigidos para la validez del Crédito Fiscal

Antes de ingresar al análisis, corresponde dejar en manifiesto que conforme a lo detallado en el párrafo anterior, pudo evidenciarse que la parte recurrente planteó aspectos tant forma, como de fondo; sin embargo, en el petitorio de su Recurso de Alzada, solicitó concretamente la revocatoria total del acto impugnado; no obstante, de acuerdo a los principios procesales y en resguardo del debido proceso y el derecho a la defensa de ambas partes, ésta instancia recursiva no puede dejar de lado el análisis de los vicios procesales denunciados, razón por la cual, inicialmente serán atendidos los aspectos de forma reclamados y en caso de no ser evidentes, corresponderá la evaluación de los aspectos de fondo para determinar lo que en derecho corresponda

IV.1. Cuestión previa. Admisión del Recurso de Alzada. La Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales observó que el recurso interpuesto no contiene todos los requisitos establecidos en el artículo 198 del Código Tributario Boliviano, toda vez que, no identificó la autoridad emisora de la Resolución Determinativa N° 172039000366 de 28 de agosto de 2020, ni incorporó el detalle de montos impugnados; así también objeto que, la empresa recurrente, refirió la determinación de una obligación tributaria de Bs 1.713.– por omisión 

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de pago, en facturas observadas correspondientes a los periodos fiscales junio, jutio, agosto, noviembre y diciembre de 2016; empero, que la citada Resolución Determinativa establece que, la deuda es de Bs 1.351,- por lo que solicitó el rechazo del recurso. 

Al respecto, corresponde indicar que, el parágrafo | del artículo 198 del Código Tributario Boliviano dispone lo siguiente: ” Los Recursos de Alzada y jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante memorialo carta simple, debiendo contener: a) Señalamiento especifico del recurso administrativo.y de la autoridad ante la que se lo interpone. b) Nombre o razón social y domicilio del recurrente o de su representante legal con mandato legal expreso, acompañando el poder de representación que corresponda conforme a Ley y los documentos respaldatorios de la personería del recurrente. c) Indicación de la autoridad que dictó el acto contra el que se recurre y el ejemplar original, copia o fotocopia del documento que contiene dicho acto. d) Detalle de los montos impugnados por tributo y por período o fecha, según corresponda, así como la discriminación de los componentes de la deuda tributaria: consignados en el acto contra el que se recurre. e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide.. 7. En el Recurso Jerárquico, señalar el domicilio para que se practique la notificación: con la Resolución que lo resuelva. g) Lugar, fecha y firma del recurrente”. …… 

Además, el parágrafo III dispone: “La omisión de cualquiera de los requisitos señalados en el presente Articulo o si el recurso fuese insuficiente u oscuro determinará que la autoridad actuante, dentro del mismo plazo señalado en el parágrafo precedente, disponga su subsanacn o aclaración en el término improrrogable de cinco (5) dias, computables a partir de la notificación con la observación, que se realizará en Secretaria de la Superintendencia Tributaria General o Regional o Intendencia Departamental respectiva. Si el recurrente no subsanara la omisión u oscuridad dentro de dicho plazo, se declarará el rechazo del recurso. Siendo subsanada la omisión u observación, se aplicará lo previsto en el parágrafo Il de este Articulo

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En la presente causa, de la compulsa del expediente administrativo, se advierte que, el representante de Tucons Ingeniería y Construcción Sociedad de Responsabilidad 

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Limitada “TUCONS S.R.L.”, se apersonó ante esta instancia de Alzada, el 29 de septiembre y 12 de octubre de 2020, a objeto de impugnar la Resolución Determinativa N° 172039000366 de 28 de agosto de 2020, a través de la exposición de argumentos de forma y fondo, orientados a objetar el proceso determinativo que finalizó con el señalado acto administrativo, entre ellos, fueron identificados los siguientes aspectos: Omisión de consideración de descargos y cumplimiento de los requisitos exigidos para la validez del Crédito Fiscal. 

Conforme lo anterior, de la lectura integra de los memoriales presentados por la parte recurrente para la interposición del presente Recurso de Alzada corresponde extraer lo siguiente: “En fecha :9 de septiembre del presente año fuimos notificados con la Resolución Determinativa No. 172039000366 de 28 de agosto de 2.020, emergente de la Orden de Verificación No. 18990208740, mediante la que de oficio se determina una obligación tributaria de Bs. 1.713.- por supuesta omisión de pago en facturas observadas en los periodos julio, agosto, noviembre y diciembre de 2.016. Si bien el monto establecido en la resolución referida no es significativo, el análisis técnico juridico efectuado en la misma no es correcto, por lo que tampoco es correcta la determinación del supuesto tributo omitido.” (fojas 21 del expediente administrativo). 

También es necesario hacer notar que, en la parte in fine del memorial de 29 de septiembre de 2020, la parte recurrente puso a consideración lo siguiente: “Por todo lo expuesto planteo recurso de Alzada pidiendo a su autoridad que analizando los argumentos de fondo expuestos se REVOQUE la Resolución Determinativa impugnada y se deje sin efecto el tributo establecido, así como las sanciones impuestas(fojas 23 del expediente administrativo). 

El desglose realizado, inicialmente permitió advertir, que, contrariamente a lo observado por la Administración Tributaria recurrida, el contenido del Recurso de Alzada hizo referencia al monto total impugnado, así como los periodos de los cuales emergió el importe de Bs 1.713.- al señalar lo siguiente: (…) mediante la que de oficio se determina una obligación tributaria de B$ 1.713.– por supuesta omisión de pago en facturas observadas en los periodos de julio, agosto, noviembre y diciembre de 2016.(fojas 21 del expediente administrativo); situación que no solo denota precisión en el alcance de la impugnación respecto de los periodos pretendidos, sino que además, 

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demuestra la objetividad en el monto total impugnado, que si bien la entidad tributaria entendió que la referencia de la suma Bs 1.713.- obedecería a la sanción por omisión 

de pago; sin embargo, la Administración Tributaria, no tomó en cuenta que, el recurso también aclaró lo siguiente: “Si bien el monto establecido en la resolución referida no es significativo, el análisis técnico y jurídico efectuado en la misma no es correcto, por lo que tampoco es correcta la determinación del supuesto tributo omitido”. 

Asimismo, en el petitorio del memorial de alzada, el representante del recurrente hizo constar que: “(…) pidiendo a su autoridad que analizando los argumentos de fondo expuestos se REVOQUE la Resolución Determinativa impugnada y se deje sin efecto el tributo establecido, así como las sanciones impuestas” (fojas 23 del expediente administrativo); dejando en evidencia que, la intención de impugnación se enfocó tanto en la determinación del tributo omitido, como en la suma correspondiente a la sanción por omisión de pago, de los periodos expresamente señalados. 

Ahora bien,’con relación a la inexistencia de mención de la entidad emisora del acto administrativo recurrido de Alzada, corresponde manifestar que, el recurso fue claro al identificar dicho acto; precisamente la Resolución Determinativa N° 172039000366 de 28 de agosto de 2020, que además fue acompañada en original y de cuyo contenido se pudo advertir que la autoridad emisora de la misma es Marcelo Gonzales Yaksic, Gerente GRACO Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (fojas 1-14 del expediente administrativo); identificándose entonces a la autoridad de la entidad emisora, y si bien en el recurso no se identificó como un dato en particular, conforme a las previsiones contenidas en el inciso c) del artículo 198 de la Ley 2492; empero al constar en el Acto impugnado el mismo, brindó certeza a esta instancia recursiva respecto de la Administración Tributaria y de la Autoridad emisora del acto objeto de impugnación; descartándose cualquier duda al respecto. 

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Por lo que aplicación del principio pro actione, en la presente causa, el acompañamiento del acto impugnado como referencia de la autoridad que lo emitió, opera sobre los presupuestos procesales citados líneas arriba para el acceso a la justicia inciso c), del artículo 198 del Código Tributario Boliviano, pues resultaría perjudicial obstaculizar injustificadamente el proceso de Alzada planteado por el 

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sujeto pasivo, cuando la omisión identificada, no generó incertidumbre respecto a la Administración Tributaria y la Autoridad emisora del acto impugnado. 

Asimismo, es importante señalar que en la doctrina encontramos que, el principio de trascendencia establece que, no hay nulidad de forma, si la alteración procesal no tiene trascendencia sobre las garantias esenciales de defensa en juicio, responde a la máxima “no hay nulidad sin perjuicio, es decir que, no puede hacerse valer la nulidad cuando la parte no ha sufrido afectación en el ámbito de su derecho a la defensa con la infracción. En contrario sensu, en la presente causa, a la Administración Tributaria no se le privó derecho alguno que afecte sus facultades de ejercicio del poder de imperium que tiene como sujeto activo. 

Por otro lado, en aplicación de los principios de eficacia, celeridad y el de 

roporcionalidad incisos ), k) v p) del artículo 4 de la Ley 2341 aplicable en materia tributaria por mandato del artículo 201 del Código Tributario Boliviano, en el entendido de, no dilatar innecesariamente la administración de justicia, por cuanto, si se decreta la nulidad, se tendria que observar este aspecto y el recurrente puede subsanar la omisión encontrándose dentro el plazo, denotándose un recelo excesivo de la Administración Tributaria para establecer una causal de nulidad por la inobservancia de un requisito que no es sine que non, irregularidad que, en virtud del principio de protección, la nulidad solo puede hacerse valer cuando a consecuencia de ella, quedan indefensos los intereses del litigante, sin ese ataque al derecho, la nulidad no tiene por qué reclamarse y su declaración carece de sentido. 

Agregar a lo anterior, que la Administración Tributaria a tiempo de responder el Recurso de Alzada (fojas 42-46 del expediente administrativo) replicó todos los aspectos reclamados por la parte recurrente, prueba de ello, el análisis y respuesta negativa a todos los agravios planteados y por el que solicita la confirmación de la Resolución Determinativa impugnada, en tal sentido no puede argumentar confusión en el Recurso, cuando el contenido integro de su memorial de respuesta, acreditó la comprensión cabal de los argumentos de forma y fondo expuestos por el sujeto pasivo, así como el ejercicio pleno de su derecho a la defensa. 

Por lo aclarado, no procede la solicitud de rechazo del presente Recurso de Alzada, debiendo dejar sentado la correcta Admisión del mismo; consecuentemente, 

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corresponde la atención de los argumentos planteados por Tucons Ingeniería y Construcción Sociedad de Responsabilidad Limitada “TUCONS S.R.L.”, en cuanto a la forma y fondo del procedimiento determinativo. 

IV.2. Omisión de consideración de descargos. El representante de la empresa recurrente acusó que la entidad tributaria, transcribió en la Resolución Determinativa impugnada, los análisis y fundamentos de la Vista de Cargo que fue respondida fundadamente, sin considerar en absoluto los elementos analizados por la empresa respecto a las facturas observadas. 

Precisó que las observaciones de la Administración Tributaria plasmadas en el acto impugnado relativas a que: “la factura debe estar respaldada con documentación contable y financiera; documentación que sustente la transferencia, transmisión de dominio e incorporación de cosas muebles; el cómputo del crédito fiscal será realizado, solo si la transacción está vinculada con la operación gravada; el sujeto pasivo debe respaldar las actividades gravadas y debe llevar una contabilidad”, fueron cumplidas y demostradas superabundantemente con documentación respectiva; empero, ésta no fue considerada bajo el único argumento de que: “..) no se presenta documentos alguno que demuestre la percepción del pago por parte del proveedor (…)”. 

En respuesta, la Administración Tributaria respondió señalando que en las páginas 4 y 5 de la Resolución Determinativa, expuso claramente las observaciones realizadas a las facturas emitidas por los proveedores Pedro Vargas, TECNOPOR S.A., Martina Moya, DISMAT S.R.L., Importadora Campero S.R.L. y Karla Rojas, donde indicó que el sujeto pasivo no presentó documento alguno que acredite el pago por las transacciones realizadas, toda vez que la factura por sí sola, no es determinante al momento de verificar la existencia de medios de pago, debiendo ésta estar respaldada con documentación contable y financiera que permita verificar el desembolso del efectivo y demuestre, que el proveedor que realizó la venta, sea efectivamente el consignado en la factura y el que reciba el pago por la transacción. En respaldo de sus afirmaciones citó la Sentencia 99/2017 de 20 de abril. 

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Al respecto, la Sentencia Constitucional N° 0871/2010 de 10 de agosto, señala que es: *imperante además precisar que toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, con 

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la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso, debe contener los siguientes aspectos a saber. a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma juridica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado” (resaltado propio). 

En el ordenamiento jurídico, los parágrafos I y II del artículo 115 de la Constitución Política del Estado, establecen que toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos; y que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

Por otra parte, el parágrafo Il del artículo 36 de la Ley 2341, aplicable supletoriamente por disposición del numeral 1 de los artículos 74 y 201 del Código Tributario Boliviano, señala que el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. Asimismo, el artículo 55 del Decreto Supremo 27113, prevé que es procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público. 

En la normativa tributaria, el artículo 68 de la Ley 2492, como derechos del sujeto pasivo entre otros- identifica: 2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones reglamentarias, dentro de los plazos establecidos (…) 7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución

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El parágrafo II del artículo 99 de la Ley 2492, dispone que: “La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha, 

nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido seexpresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa”. 

La normativa expuesta precedentemente, permite colegir que és deber de la Administración Tributaria efectuar valoración y análisis de todos y cada uno de los argumentos y documentos que fueron presentados antes de la conclusión del procedimiento determinativo, emitiendo pronunciamiento debidamente fundamentado, ya sea positivo o negativo a las pretensiones, alegaciones y solicitudes del administrado, aspecto que en el presente caso será verificado, en consideración a.que la parte recurrente reclamó falta de omisión de consideración de descargos en la Resolución impugnada. 

En ese contexto, de la compulsa de antecedentes administrativos, el 17 de marzo de 2020, .. la: Administración Tributària notificó a sujeto pasivo con la vista de Cargo No 292039000019 de 2 de enero de 2020 (fojas 365-373 y 374 de antecedentes administrativos), estableciendo reparos procedentes de observaciones en el importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado derivado de la verificación del crédito fiscal, que no fueron oportunamente pagados o rectificados por el sujeto pasivo, al evidenciar que declaró facturas sin demostrar la procedencia y cuantía de los créditos fiscales utilizados; al efecto, determinó una deuda tributaria total preliminar observado de Bs 10.393,85 y en consecuencia, un impuesto omitido de Bs 1.350. Así también, consigno una liquidación previa, configurando previamente la contravención de Omisión de Pago y otorgó al sujeto pasivo el plazo de treinta días para formular descargos. 

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En respuesta, el 18 de junio de 2020, el sujeto pasivo presentó descargos (fojas 384-387 de antecedentes administrativos), exponiendo que las facturas observadas cuentan con todos los respaldos técnicos – jurídicos; y expuso que dichas observaciones están relacionadas con la verificación del medio fehaciente de pago regulado en el artículo 37 

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del Decreto Supremo 27310; empero que, el mismo, establece que la acreditación de medios fehacientes de pago corresponde a compras mayores a UFVs 50.000, no estando las compras menores sujetas a dicha condición. 

Citó la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0620/2013 de la AIT, citada por la Sentencia No 397/2016, señalando que conforme a los artículos 4 y 8 de la Ley 843, concordante con el artículo 8 del Decreto Supremo 21530, la generación de crédito fiscal requiere el cumplimiento de los 3 requisitos y que en el presente caso, la documentación contable presentada en demostración de la efectiva realización de la transacción, es suficiente para validar dicho crédito, denotando que el argumento de no demostración de 

percepción del pago por parte del proveedor, es insuficiente. 

Afirmó que las 6 facturas observadas, fueron acompañadas de documentación contable que respaldo el movimiento interno de los recursos destinados a las compras en efectivo, acreditando que el funcionario asignado es dependiente de la empresa. Indicó que acompañó además, requerimientos internos de equipos y materiales, detallando el destino en función a las obras de ejecución, por cuanto aclaró que las facturas corresponden a materiales de construcción y en ese sentido, la observación de omisión de demostración de vinculación con la actividad gravada, resultaría absurda. 

Manifestó que la pretensión de desconocer las facturas, significaría que la documentación declarada por ambas partes fuese falsa, añadiendo que el proveedor, si no hubiese recibido el pago respectivo, no declararía la factura. Aclaró que los principios que rigen en materia administrativa entre otros, son de verdad material, buena fe, informalismo y presunción de inocencia; que direccionan a que la duda debe ser en favor del administrado. Al efecto, solicitó en base a los precedentes del Tribunal Supremo y de la AGIT- dejar sin efecto la Vista de Cargo. 

No obstante de los descargos descritos, el 9 de septiembre de 2020, la Administración Tributaria notificó al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa N° 172039000366 de 28 de agosto de 2020 (fojas 404-417 y 418 de antecedentes administrativos), en cuyo subtítulo VALORACIÓN Y EVALUACIÓN A DESCARGOS PRESENTADOS POR EL CONTRIBUYENTE SEGUIDO DE LA POSICIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (fojas 410-414 de antecedentes administrativos), transcribió lo

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argumentos expuestos por el contribuyente para inicialmente aclarar que: “(...) es preciso aclarar que la observación determinada en la vista de Cargo se falta de documentación que permita acreditar la precepción del pago por parte del proveedor y no así el medio fehaciente de pago regulado por el art. 37 del D.S. 27310(…), toda vez que las transacciones efectuadas no sobrepasan el monto limite establecido en la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-15, en ese entendido, el argumento expuesto por el contribuyente carece de sustento”. 

Continuo replicando los descargos en sentido de que: “(...) et Articulo 2 de la Ley N° 843 establece lo siguiente: “A los fines de esta Ley (IVA) se considera venta toda transferencia a título oneroso (…); en este sentido, se entiende que para la ‘realización de una transacción’, debe existir onerosidad, es decir, la demostración de importes involucrados, un precio convenido entre partes, cuyo pago o acreencia debe demostrarse a través de medios de pago documentales en los que el movimiento de fondos va ligado al intercambio de documentos comerciales y/o financieros en los que se identifique claramente los sujetos que intervienen en la transacción; de modo que surja la obligación tributaria para el proveedor y el derecho al cómputo del crédito fiscal para el comprador”, 

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Citó el artículo 4 de la Ley 843 y aclaró que existe obligación de los sujetos pasivos de respaldar todas las transacciones, demostrando la transferencia a título oneroso, con documentación suficiente, independientemente de los montos de dichas compras, tal como disponen los numerales 4 y 5 del artículo 70 de la Ley 2492. Con relación al caso en particular, indicó que el contribuyente no presentó documentación que acredite la precepción del pago por parte del proveedor, máxime si los recibos de caja de egresos no contienen constancia de recepción o firma de conformidad. 

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Con relación a la Sentencia No 397/2016, aludida en calidad de descargo por el contribuyente, manifestó que la factura No 874 fue validada por la autoridad de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, bajo argumento de existencia de prueba de reciente obtención, empero que en el caso presente, solo fue demostrada la entrega del efectivo a Luis Stadler Roca que figura en las planillas de la empresa, y no así al proveedor, existiendo Recibos Caja Egresos, que no fueron reflejados en los comprobantes de egresos en la cuenta Caja. 

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Prosiguió sosteniendo la entidad recurrida en el acto impugnado, que toda la documentación presentada por el contribuyente durante la fiscalización fue revisada, valorada y evaluada, empero que no fue suficiente para demostrar la efectiva realización y vinculación de la transacción con las actividades propias el sujeto pasivo; en tal sentido, indicó que mal podría el sujeto pasivo precisar que la fundamentación de la determinación es equivoca, cuando los papeles de trabajo demuestran que las observaciones fueron comunicadas en la vista de Cargo. 

Explicó los 3 requisitos para el beneficio del crédito fiscal IVA y conceptualizó la onerosidad, salando que cuando esta quede demostrada y la transmisión de dominio se encuentre respaldada mediante documentación contable, corresponde el señalado beneficio. Agregó que fueron considerados los principios de legalidad y verdad material, explicando que la verificación realizada a los documentos presentados durante la fiscalización, se encuentra detallada en la vista de Cargo, dando como resultado que dicha documentación no demuestra la realización de las transacciones y/o vinculación con las actividades gravadas o no cumplen los requisitos dispuestos en norma para la apropiación del crédito fiscal. Respecto del principio de informalismo, expuso que las facturas observadas en la vista de Cargo, no demostraron la precepción del pago por parte del proveedor

Refirió que de conformidad al artículo 76 de la Ley 2492, la carga de la prueba recae sobre el sujeto pasivo, quien en el presente caso, notificado con la Orden de Verificación de referencia y anexos, tenía la obligación de presentar toda la documentación concerniente a las facturas objeto de verificación, respecto a la realización de la transacción y la vinculación con las actividades gravadas, aspecto que no aconteció. Dejó establecido que la Sentencia No 397/2016, no es vinculante para las autoridades, tribunales o particulares y no establecen jurisprudencia. 

Concluyó la Administración Tributaria el análisis del acto impugnado, señalando que, del análisis efectuado a los argumentos de descargo del contribuyente, no descargó las observaciones determinadas, quedando subsistentes los gastos imputados que 

no se encuentran documental y normativamente sustentados. 

Ahora bien, del análisis a los argumentos ofrecidos el 18 de junio de 2020 por el sujeto pasivo como descargo a la vista de Cargo (fojas 384-387 de antecedentes 

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administrativos) y el contenido de la Resolución Determinativa impugnada, resulta evidente que la Administración Tributaria atendió individualmente los descargos presentados por la empresa recurrente, efectuando una explicación y fundamentación sobre las razones por las que no resultaron suficientes para desvirtuar los cargos establecidos en la citada Vista de Cargo. 

Consecuentemente, se infiere que el Servicio de Impuestos Nacionales cumplió lo dispuesto en los numerales 2 y 7 del artículo 68 de la Ley 2492; al considerar, analizar y valorar en la Resolución Determinativa impugnada, todos los argumentos expuestos por el sujeto pasivo como descargo a la Vista de Cargo, quedando evidenciada la inexistencia de vulneración a derecho establecido en los artículos 115 parágrafo Il y 117-parágrafo | de la Constitución Política del Estado, aspecto que permite advertir sobre el punto en particular, que la Resolución Determinativa, dio cumplimiento a lo dispuesto en el parágrafo Il del articulo 99 de la Ley 2492; por consiguiente, corresponde desestimar lo agraviado al respecto y dar continuidad a la atención de los aspectos de fondo, puestos a consideración de esta instancia de Alzada, 

IV.3. Cumplimiento de los requisitos exigidos para la validez del Crédito Fiscal. La parte recurrente señaló que si bien es obligación del sujeto pasivo llevar registro y. contabilidad de sus movimientos, la documentación presentada consistente en libros diarios, comprobantes internos, factura y pedidos específicos para determinadas obras, demuestran los movimientos efectuados por la empresa. Añadió que en montos menores, no es necesaria la demostración del medio fehaciente de pago que refiere el artículo 37 del Decreto Supremo 27310, que taxativamente dispone la acreditación de medios fehacientes de pago para compras mayores a UFVs 50.000. En respaldo de su argumento, citó el precedente administrativo de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0620/2013. 

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Sostuvo que efectuó la demostración contable, además de la relación del bien adquirido con la actividad de la empresa, dando cumplimiento a la línea jurisprudencial establecida por el Tribunal Supremo de Justicia y la Autoridad de Impugnación Tributaria, respecto de los artículos 4 y 8 de la Ley 843; citó en respaldo, la Sentencia de Contencioso Administrativo N° 397/2016 de 19 de septiembre de 2016. Añadió que el ente tributario no consideró que las 6 facturas acompañadas y la documentación contable acreditan el 

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movimiento interno de los recursos destinados a las compras efectuadas en efectivo, acreditando que el funcionario asignado es dependiente de la empresa; omitiendo además considerar que fueron acompañados los requerimientos internos de los equipos y materiales, que detallan el destino individual en función de las obras en ejecución

Observó que fue negada la aplicación de los principios de verdad material, buena fe e informalismo, cuando demostró con documentación la efectiva realización de las transacciones; sin embargo, adujo que el Servicio de Impuestos Nacionales desestimó las facturas, bajo única observación de que no existe documentación de recepción del pago, cuando en transacciones menores, no es requisito esencial

En contraposición, la Administración Tributaria respondió señalando que las 6 facturas del contribuyente Tucons Ingeniería y Construcción Sociedad de Responsabilidad Limitada “TUCONS S.R.L.“, no cuentan con documentación de respaldo que se considere prueba clara, completa y fidedigna que demuestre la efectiva realización de la transacción con los proveedores que emiten las facturas. Aclaró que el sujeto pasivo tiene la obligación de respaldar la realización de sus transacciones demostrando la participación comprador, vendedor y objeto que sustenten la efectiva concurrencia de la transacción. 

Precisó que la empresa incumplió con los artículos 4 y 8 de la Ley 843, 70 numerales 4 y 5 y 17 numeral 1 de la Ley 2492 y demostró confusión respecto de la obligación de cumplir con la Bancarización y la obligación de demostrar la efectiva realización de la transacción, como requisito indispensable para el beneficio del crédito fiscal. 

Manifestó que la parte recurrente interpretó de forma errónea la Sentencia 397/2016, que establece los requisitos señalados en párrafos anteriores y que el precedente administrativo de la Resolución de Recurso Jerárquico AGITRJ 0620/2013, dilucida la verificación del IVA en la modalidad verificación posterior CEDEIM. Explicó que a tiempo de determinar la deuda tributaria por depuración de facturas observadas, correspondió aplicar la omisión de pago, conforme disponen los artículos 165 de la Ley 2492 y 42 del Decreto Supremo 27310, puesto que del análisis, de la documentación presentada por la empresa, aquella que fue obtenida mediante cruce de información con proveedores, la emergente de sus sistemas informáticos y la encontrada en su poder, verificó que las facturas depuradas no se encuentran debidamente respaldadas con documentos 

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suficientes que permitan verificar la efectiva realización de las transacciones y demuestren 

la vinculación de las compras como gastos destinados a la actividad gravada. 

Al respecto, la doctrina sobre crédito fiscal enseña: El cómputo de Crédito Fiscal es procedente sólo cuando respecto de las compras o importaciones definitivas de bienes, locaciones y prestaciones de servicios gravadas, se hubiera perfeccionado el hecho imponible para el vendedor, importador o prestador de servicios (…)” (Villegas, Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, &va. Edición. Buenos Aires Argentina: Editorial Astrea, 2003, Pág. 802). 

Por otra parte, la doctrina tributaria señala: “Los principios generales del derecho tributario nos permiten concluir que la deducción de un gasto en el impuesto a las ganancias y/o el cómputo de un crédito fiscal en el IVA está condicionado a la existencia real de una operación que en principio se encuentre respaldada por un documento debidamente emitido, correspondiendo al responsable que pretende hacer valer los mismos la prueba de dicha existencia cuando ello esté en duda y sea requerido de manera fundada por el Fisco (…). Para ello no alcanza con cumplir con las formalidades que requieren las normas, requisito necesario pero no suficiente, sino que cuando ello sea necesario deberá probar que la operación existió, pudiendo recurrirse a cualquier medio de prueba procesal (libros contables, inventarios, que la operación se ha pagado y a quién, particularmente si se utilizan medios de pago requeridos, como cheque propio transferencias bancarias de los que queda constancia en registros de terceros) (…) En definitiva demostrar la veracidad de la operación” (FENOCHIETTO, Ricardo. El Impuesto al Valor Agregado. 2da. Edición. Buenos AiresArgentina: Editorial “La Ley”, 2007. Págs. 629630) (las negrillas son añadidas). 

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El citado autor continúa: Si bien en el caso de los bienes (...) en principio la emisión de la Factura produce el perfeccionamiento del hecho imponible, luego (…) tal perfeccionamiento se producirá en tanto medie la efectiva existencia de los bienes y éstos se hayan puesto a disposición del comprador. Consecuentemente () si los bienes no existen y no fueran puestos a disposición del comprador, no existe posibilidad del cómputo alguno”. También enseña respecto a la depuración del crédito fiscal que el objetivo perseguido: “(…) he sido evitar que una determinada cantidad de operaciones consumidas (...) sean deducidas en la liquidación por la misma, por el sólo 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kurag kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaran!) 

Av. Oquendo N° 381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 41400114140012 • www.ait.gob.bo. Cochabamba, Bolivia 

hecho de haber sido Facturadas a su nombre. De no ser así, el organismo fiscalizador debería analizar una por una esas operaciones, para determinar si se encuentran vinculadas a operaciones gravadas, o si en realidad fueron hechas por un consumidor final” (FENOCHIETTO, Ricardo, El Impuesto al Valor Agregado, 2da. Edición. Buenos Aires-Argentina: Editorial “La Ley“, 2007. Págs. 601 y 631) (las negrillas son añadidas). 

La doctrina también indica: (...) transferencia se emplea como sinónimo de enajenación, la que implica una obligación con prestación de dar con carácter definitivo, y no en el sentido de entrega en uso o en usufructo, u otras modalidades que importen obligaciones con prestaciones de dar con carácter temporal (…) la entrega (venta) de bienes corporales (muebles) presupone siempre la transferencia del derecho de propiedad (transmisión del poder de disposición) (...)” (BRAVO CUCCI, Jorge, Teoría sobre la imposición al Valor Agregado Edición 2018. Lima – Perú: Palestra Editores, Pág. 49 y 5354) (las negrillas son añadidas)

La Autoridad General de Impugnación Tributaria, estableció como precedente en las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1979/2013, AGIT-RJ 1384/2014, AGIT-RJ 49/2016, AGITRJ 388/2016 y AGITRJ 75/2017 -entre otras-, según las cuales en los casos de crédito fiscal depurado al surgir una duda razonable respecto de su validez, la misma puede ser despejada o confirmada, mediante el análisis de las pruebas aportadas, que permitan verificar a satisfacción los siguientes requisitos: 1) Emisión de la factura, según el artículo 4 de la Ley 843; 2) Que la compra se encuentre vinculada con la actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen, según el artículo 8 de la citada Ley y; 3) Que la transacción haya sido efectivamente realizada, aspecto a demostrarse en cumplimiento del artículo 70, numerales 4 y 5 del Código Tributario Boliviano, caso en el cual corresponderá el cómputo del crédito fiscal, de manera que no exista perjuicio fiscal. 

Por su parte, el artículo 70 numerales 4 y 5 de la Ley 2492 establece la obligación que tiene el sujeto pasivo de demostrar la procedencia y cuantía de sus créditos impositivos, así como respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos ylo instrumentos públicos; resultando claro que, con el fin de probar la efectiva realización de la transacción y su vinculación con la actividad gravada, por la cual reclama el crédito fiscal observado, debe aportar medios de pago y documentación contable y financiera que 

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permitan a la Administración Tributaria comprobar que la operación de compraventa se materializó. 

Por su parte, el artículo 76 de la Ley 2492, establece que en los procedimientos tributarios administrativos quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos; el parágrafo I del artículo 77 del mismo cuerpo legal dispone que en los procedimientos tributarios, pueden invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho

El artículo 8, inciso a) de la Ley 843, prevé que el Crédito Fiscal IVA resulta de aplicar la alicuota correspondiente, sobre el monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el gravamen, que los hubiesen facturado o cargado mediante documentación equivalente en el periodo fiscal que se liquidaSólo darán lugar al cómputo de crédito fiscal, las compras, adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen”. 

Del mismo modo, el artículo 8 del Decreto Supremo 21530, establece que: El crédito fiscal computable a que se refiere el Artículo 8 inciso a) de la Ley N° 843 es aquel originado en las compras, adquisiciones, contrataciones o importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad sujeta al tributo”. 

Bajo el lineamiento descrito, de la revisión de la Resolución Determinativa impugnada, emerge la observación de la Administración Tributaria respecto a las facturas verificadas, cuya conclusión respondió a lo siguiente: Facturas No Válidas (NV) para el cómputo del crédito fiscal IVA, por no contar con documentación de respaldo suficiente que demuestre la efectiva realización de las transacciones a través del pago al proveedor, por consiguiente, su vinculación con la actividad gravada(fojas 1554 de antecedentes administrativos). 

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Descrita la observación emergente de la revisión de las facturas objeto de verificación, resulta importante indicar que la suficiencia o insuficiencia de la documentación que 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mbur visa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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respalda un crédito fiscal, depende de los elementos de convicción aportados por el beneficiario de dicho crédito fiscal; en ese entendido, esta instancia recursiva analizará la documentación presentada por el sujeto pasivo, a fin de verificar la validez del crédito fiscal de las facturas señaladas. 

La entidad recurrida en la Resolución impugnada, respecto de las facturas Nos. 110 con número de autorización 463101600051252 de 15 de julio de 2016; 590 con número de autorización 146401600001782 de 8 de agosto de 2016; 19 con número de autorización 273101600015442 de 11 de agosto de 2016; 1503 con número de autorización 463401600093925 de 9 de noviembre de 2016; 2816 con número de autorización 463401600098746 de 19 de noviembre de 2016 y 442 con número de autorización 463401600110010 de 28 de diciembre de 2016; observó puntualmente que: Los comprobantes de Egreso presentados por el contribuyente registran el pago en efectivo mediante abonos de la cuenta Caja Moneda Nacional’; sin embargo, no presenta documento que demuestre la percepción del pago por parte del proveedor, solo presenta Recibos de Caja Egresos en los cuales se asigna el efectivo al Sr. Luis Stadler Roca quien es dependiente de la empresa. En consecuencia, el contribuyente no presentó documentación e información suficiente que acredite la integridad y veracidad de las transacciones comerciales sujetas a revisión y que además se encuentren vinculadas con la actividad gravada; no habiendo demostrado la procedencia de los créditos impositivos correspondientes (…)(fojas 406-407 de antecedentes administrativos)

Expuestos los argumentos de observación de las factura observadas, correspondientes a los periodos julio, agosto, noviembre y diciembre de la gestión 2016 y toda vez que el sujeto pasivo sostuvo como argumento de impugnación, que la documentación presentada consistente en libros diarios, comprobantes internos, factura y pedidos específicos para determinadas obras, demuestran los movimientos efectuados por la empresa; esta instancia recursiva circunscribirá su análisis a los argumentos expuestos en calidad de descargo y a la prueba aportada, respecto a la vinculación del gasto con la actividad gravada y a la realización del pago de las facturas observadas. 

Factura N° 110 (periodo julio 2016). En ese entendido, compulsados los antecedentes, se verificó la factura N° 110 emitida por el proveedor Pedro Alejandro Vargas Céspedes, el 15 de julio de 2016 a favor de TUCONS 

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S.R.L., según detalle: 1 caja clavo 272 x 10 y 2 rollos alambre negro # 16; por el importe total de Bs1.172.- (fojas 186 de antecedentes administrativos). 

Asimismo, se evidenciaron las pruebas documentales: 1) Comprobante de Egreso 2 070040 de 15 de julio de 2016 a nombre de Pedro Alejandro Vargas Céspedes por la suma de Bs 1.172.- debitando las Cuentas: Costo Materiales de Construcción y Crédito Fiscal IVA, con la glosa: “CP. ALAMBRE Y CLAVOS S/G PEDIDO FACT.110″ y abonando la cuenta de activo “Caja Moneda Nacional” por el importe de Bs1.172; 2) Pedido de Materiales y Suministros N° 07.16.0035; 3) Recibo de Caja Egresos N° 16.07.0039, con entrega de fondos a Luis Stadler Roca, por importe de Bs1.172; 4) Libro Diario; 5) Libro Mayor Caja Moneda Nacional y Costo Materiales de Construcción; 6) Solicitud de Pago Certificado de Avance de Obra No 12 de 19 de septiembre de 2016; 7) Minuta de Contrato N° 01/2015; 8) Acta de Inicio de Obra y 9) Acta de Recepción de Obras (fojas 186-263 de antecedentes administrativos). 

Bajo este entendido, si bien el sujeto pasivo acompañó la factura N° 110 emitida por el proveedor Pedro Alejandro Vargas Céspedes, por el importe total de Bs1.172.- (fojas 186 de antecedentes administrativos); valorada la documentación adjunta como respaldo a la señalada factura, no fue identificada documentación que permita corroborar el pago efectivo del importe signado en la factura observada, toda vez que el Recibo Caja Egresos citado, adicionalmente de registrar de forma general como motivo del gasto: “Compra clavos y alambre según pedido Proyecto Villa 14″, no refiere algún dato que permita relacionarlo con el comprobante Contable 2-070040. 

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Es así que el mencionado Comprobante de Egreso 2-070040 de 15 de julio de 2016 a nombre de Pedro Alejandro Vargas Céspedes por la suma de Bs1.172.-, importe que, según registro del referido comprobante, fue cancelado por “Caja Moneda Nacional” por Bs1.172.- y si bien registra el monto correspondiente a la factura observada, no es menos cierto que el citado documento contable, no demuestra que el egreso de efectivo fue percibido por el proveedor, menos su relación con el Recibo Caja Egresos, precisamente porque éste consigna la entrega de fondos a favor de Luis Stadler Roca, funcionario que conforme a Planilla Sueldos y Salarios presentadas en calidad de descargo (fojas 347-348 de antecedentes administrativos), efectivamente forma parte de la empresa recurrente y al ser el beneficiario de los fondos señalados, tal situación refuerza la inexistencia de 

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descargo que demuestre la percepción del pago por parte del proveedor y emisor de la factura objeto de evaluación

Por otro lado, corresponde hacer notar también, que el descargo Libro Diario (fojas 196 198 de antecedentes administrativos), si bien expone el registro del Comprobante aludido con anterioridad, tal aspecto no constituye en elemento de prueba que demuestre, que existió una disposición efectiva de sus recursos por parte de la empresa recurrente y que de hacerlo, los mismos fueron destinados al pago a favor de Pedro Alejandro Vargas Céspedes, emisor de la factura observada

Asimismo, de la revisión del descargo Libro Mayor (fojas 199200 de antecedentes administrativos), corresponde dejar establecido que el mismo, no puede ser considerado como uno de los Libros Contables obligatorios exigidos por el artículo 37 del Código de Comercio, pues el documento presentado por el sujeto pasivo es un simple reporte de los abonos efectuados a la cuenta Caja Moneda Nacional” entre el 13 y 15 de julio de 2016 (fojas 199-200 de antecedentes administrativo); además de advertir la ausencia de las formalidades previstas en el artículo 40 del mencionado Código de Comercio; que expresamente señala: “Los comerciantes presentarán los libros que obligatoriamente deben llevar, encuadernados y foliados, a un Notario de FE PUBLICA (…) en consecuencia, esta instancia no puede considerarlo como un documento, que desestime la observación de la Administración Tributaria sobre el pago efectivo de la transacción observada. 

Ahora bien, con relación a la Solicitud de pago Certificado de Avance de Obra No 12 de 19 de septiembre de 2016, cursante a fojas 201 de antecedentes administrativos, es necesario resaltar el hecho de que su contenido no señala vinculo alguno con la factura observada, pues refleja el pago de importes generales en beneficio de la empresa recurrente, que desde todo punto de vista impiden tener certeza del efectivo percibimiento del pago de Bs1.172.– por parte del proveedor y por ende la real realización de la transacción correspondiente a la factura N° 110. 

Además, corresponde hacer notar que no cursa en antecedentes administrativos, constancia documental de la participación del proveedor en la entrega de la mercancia o recepción del monto consignado en la nota fiscal verificada, inconsistencias que ahondan en la inexistencia de medios probatorios de pago, que demuestren fielmente y sin lugar a 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

duda, los pagos realizados por la empresa correspondientes a la factura 110, solicitados según Anexo al Detalle de Diferencias N° 18990208740, notificado personalmente al representante de la empresa recurrente, el 3 de enero de 2019 (fojas 11-13 de 

antecedentes administrativos). 

En ese entendido, se debe resaltar que el artículo 2 de la Ley 843, para los fines de la determinación del IVA, considera venta a toda transferencia a título oneroso que importe la transmisión del dominio de cosas muebles o la prestación de servicios; premisa concordante con la exigencia de los requisitos establecidos para el beneficio del crédito fiscal, tal como resulta la existencia de onerosidad; es decir, la necesidad de demostrar el pago efectivo a través de la prueba documental exigida por los artículos 70 numeral 4 y 76 de la Ley 2492. 

Entonces, sobre el cumplimiento del requisito del efectivo pago de la transacción, que implica demostrar la onerosidad de la compra; si bien se advierte que el sujeto pasivo presentó la factura, registro contable y Recibo de Caja Egresos; corresponde aclarar que los mismos per se no constituyen prueba suficiente que permita evidenciar la efectiva realización de la transacción con el emisor de la nota fiscal depurada, toda vez que el sujeto pasivo, no acredito documentalmente los pagos al proveedor, que estén relacionados con la compra de 1 caja clavo 2 % x 10 y 2 rollos alambre negro # 16, según la factura observada; correspondiendo hacer hincapié en que el sujeto pasivo, en calidad de beneficiario del derecho que ahora es observado por la entidad recurrida, tenía la obligación de demostrar los hechos constitutivos del mismo; lo cual no fue advertido durante la revisión de la factura 110 emitida por Pedro Alejandro Vargas Céspedes y la documentación de descargo presentada; razón por la cual, se mantiene la depuración efectuada por el Servicio de Impuestos Nacionales, 

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Factura N° 590 (periodo agosto 2016). Analizados los antecedentes, se verificó la factura N° 590 emitida por el proveedor TECNOPOR S.A., el 8 de agosto de 2016 a favor de TUCONS S.R.L., según detalle: 8 pza. Vigueta tipo 1-330; 1 pza. Vigueta tipo 1-120; 35 pza. Complementos EPS 100x42x15; por el importe total de Bs 1.260.- (fojas 264 de antecedentes administrativos). 

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Asimismo, cursan en antecedentes: 1) Comprobante de Egreso 2-080037 de 8 de agosto de 2016 a nombre de TECNOPOR S.A. por la suma de Bs 1.260.- debitando las Cuentas: 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oromita mbaerepi Vae (Guaran) 

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Costo Materiales de Construcción y Crédito Fiscal IVA, con la glosa explicativa: “CP. VIGUETAS SIG PEDIDO OBRAS FACT, 590“, abonando la cuenta de activo “Caja Moneda Nacional” por el importe de Bs 1.260.- 2) Pedido de Materiales y Suministros No 08.16.0047 3) Recibo de Caja Egresos No 16.08.0033, con entrega de fondos a Luis Stadler Roca, por importe de Bs 1.260.– 4) Libro Diario 5) Libro Mayor Caja Moneda Nacional y Costo Materiales de Construcción (fojas 269-276 de antecedentes administrativos). 

Bajo este entendido, si bien el sujeto pasivo acompañó la factura N° 590 emitida por el proveedor TECNOPOR S.A., por el importe total de Bs 1.260.- (fojas 264 de antecedentes administrativos), valorada la documentación adjunta como respaldo a la señalada nota fiscal, no fue identificada documentación que pueda sustentar el pago del importe signado en la factura observada, toda vez que el Recibo Caja Egresos citado, adicionalmente de registrar de forma general como motivo del gasto: “Compra viguetas según pedido proyecto Villa 14″ (fojas 270 de antecedentes administrativos), no refiere dato o información que permita relacionarlo con el comprobante Contable 2-080037

Es así que el comprobante de Egreso 2080037 de 8 de agosto de 2016 a nombre de TECNOPOR S.A. por la suma de Bs 1.260., importe que según registro del referido comprobante, fue cancelado mediante “Caja Moneda Nacionalpor Bs1.260.- y si bien es coincidente al monto de la factura observada, el citado documento contable, no demuestra una salida efectiva de fondos a favor del proveedor, menos expone dato que permita vincularlo con el Recibo Caja Egresos, precisamente porque este consigna la entrega de fondos a favor de Luis Stadler Roca, funcionario que conforme a Planilla Sueldos y Salarios presentadas en calidad de descargo (fojas 347-348 de antecedentes administrativos), efectivamente forma parte de la empresa recurrente y al ser el beneficiario de los fondos señalados, tal situación refuerza la inexistencia de descargo que demuestre la percepción del pago por parte del proveedor y emisor de la factura objeto de evaluación 

Por otro lado, corresponde hacer notar también, que el descargo Libro Diario (fojas 272 274 de antecedentes administrativos), si bien expone el asiento contable referido a la nota fiscal en cuestión, tal aspecto no constituye elemento de prueba que demuestre la disposición efectiva de fondos a favor del proveedor TECNOPOR S.A. Asimismo, de la 

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revisión del descargo Libro Mayor (fojas 275-276 de antecedentes administrativos). corresponde dejar establecido que su contenido comprende un simple reporte del movimiento de la Cuenta “Caja Moneda Nacional” entre el 5 y 8 de agosto de 2016, que no suple el libro contable exigido en el artículo 37 del Código de Comercio y no brinda, certeza que la información desarrollada en el mismo, corresponda a los hechos suscitados en dicho gestión, máxime cuando el artículo 40 de la mencionada norma legal, exige el cumplimiento de ciertos requisitos para los referidos libros contables, pues establece que: “Los comerciantes presentarán los libros que obligatoriamente deben llevar, encuadernados y foliados, a un Notario de FE PUBLICA (...)” en consecuencia, la documentación presentada por la empresa recurrente no aporta sustento que coadyuve a establecer de forma precisa e indubitable el pago extrañado por el Servicio de Impuestos Nacionales. 

Además, corresponde hacer notar qųe ‘no-cursa en antecedentes ‘administrativos, constancia documental de la participación del proveedor en la entrega de la mercancía o recepción del monto consignado en la nota fiscal verificada, inconsistencias que ahondan en la inexistencia de medios probatorios de pago, que demuestren fielmente y sin lugar a duda los pagos realizados por la empresa, correspondientes a la factura 590, solicitados según Anexo al Detalle de Diferencias N° 18990208740, notificado personalmente al representante de la empresa recurrente, el 3 de enero de 2019 (fojas 11-13 de antecedentes administrativos). … 

Entonces, en el marco del artículo 2 de la Ley 843 que fue desarrollado en un acápite anterior para el cumplimiento del requisito del efectivo pago de la transacción, que implica demostrar la onerosidad de la compra, al amparo de lo exigido por el numeral 4 del artículo 70 y artículo 76 de la Ley 2492; si bien se advierte que el sujeto pasivo presentó la factura N° 590 emitida por Tecnopor SA, registro contable y Recibo de Caja Egresos; corresponde aclarar que los mismos per se no constituyen prueba suficiente que permita evidenciar la efectiva realización de la transacción con el emisor de la nota fiscal depurada, toda vez que el sujeto pasivo, no acreditó documentalmente los pagos al proveedor, relacionados con la compra de 8 pza. Vigueta tipo 1-330; 1 pza. Vigueta tipo 1-120; 35 pza. Complementos EPS 100x42x15; correspondiendo hacer hincapié en que el sujeto pasivo, en calidad de beneficiario del derecho que es observado por la entidad recurrida, tenía la obligación de demostrar los hechos constitutivos del mismo; lo cual no 

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fue advertido durante la revisión de la referida nota fiscal y la documentación de descargo presentada; razón por la cual, se mantiene la depuración efectuada por el Servicio de Impuestos Nacionales. 

Factura N° 19 (periodo agosto 2016). Analizados los antecedentes, se verificó la factura N° 19 emitida por el proveedor Moya Fernández Martina Maritza, el 11 de agosto de 2016 a favor de TUCONS S.R.L., según detalle: 1 microondas 20 lts., marca LG; por el importe total de Bs650.- (fojas 277 de antecedentes administrativos). 

Asimismo, cursan en antecedentes: 1) Comprobante de Egreso 2-080082 de 11 de agosto de 2016 a nombre de Moya Fernández Martina Maritza por la suma de Bs650.- debitando las Cuentas: Equipo de Oficina y Crédito Fiscal IVA, con la glosa: CP. EQ. MICRO ONDAS LG 20L. OFIC. ADM. FACT. 19″, contra la cuenta de activo “Caja Moneda Nacionalpor el importe de Bs650.-2) Solicitud compra de un microondas oficina 3) Recibo de caja Egresos No 16.08.0076, con entrega de fondos a Luis Stadler Roca, por importe de Bs650.- 4) Libro Diario 5) Libro Mayor Caja Moneda Nacional y Costo Materiales de Construcción (fojas 282-293 de antecedentes administrativos)

Bajo este entendido, si bien el sujeto pasivo acompañó la factura No 19 emitida por el proveedor Moya Fernández Martina Maritza, por el importe total de Bs650.- (fojas 277 de antecedentes administrativos), compulsada la documentación adjunta como respaldo a la señalada nota fiscal, no fue identificada documentación que permita corroborar el pago del importe signado en la factura observada, toda vez que el Recibo Caja Egresos citado, adicionalmente de registrar de forma general como motivo del gasto: Compra microondas marca LG para oficina Cochabamba, no refiere dato que permita relacionarlo con el Comprobante Contable 2080082. 

Es así que el comprobante de Egreso 280082 de 11 de agosto de 2016 a nombre de Moya Fernández Martina Maritza por la suma de Bs650., expone que dicho importe fue cancelado mediante Caja Moneda Nacional”, pero no demuestra que los recursos dispuestos por la empresa recurrente fueron entregados efectivamente al proveedor del equipo y tampoco deja sentado, vinculo alguno con el Recibo Caja Egresos presentado por el sujeto pasivo, precisamente porque éste, consigna la entrega de fondos a favor de 

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Luis Stadler Roca, funcionario que conforme a Planilla Sueldos y Salarios presentadas en 

calidad de descargo (fojas 347-348 de antecedentes administrativos), efectivamente forma 

parte de la empresa ahora recurrente y al ser el beneficiario de los fondos señalados, tal situación refuerza la existencia de una entrega de fondos a favor de un tercero sin que haya prueba que demuestre la percepción del pago por parte del proveedor y emisor de la factura objeto de evaluación. 

Por otro lado, corresponde nuevamente hacer notar, que el reporte de Libro Diario presentado en calidad de descargo por el sujeto pasivo (fojas 289-291, de antecedentes administrativos), si bien expone la apropiación contable efectuada en el comprobante referido en el párrafo anterior, tal aspecto no constituye un elemento de prueba que demuestre, que los fondos destinados al pago de la factura observada, fueron efectivamente percibidos por el proveedor Moya Fernández Martina Maritza, observación que motivó la depuración de la nota fiscal en cuestión. —: : 

Asimismo, de la revisión del descargó Libro Mayor (fojas’ 292-293 de antecedentes administrativos), corresponde dejar establecido que el mismo corresponde a un simple reporte cuyo contenido, demuestra el movimiento de la cuenta “Caja Moneda Nacional” del 11 de agosto de 2016 al 28 de septiembre de 2016, no pudiendo ser considerado como un Libro Contable que respalda el registro analizado y que pueda sustentar la disposición de fondos a favor del emisor de la nota fiscal; debiendo el Libro Contable Mayor cumplir con las formalidades previstas en el artículo 40 del Código de Comercio, que fue desarrollado en acápites anteriores; razones por las cuales, dicho descargo no respalda la realización de la transacción. 

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Ahora bien, en cuanto al Balance General así como el Cuadro de Depreciación y Actualización de Activos Fijos ambos por las gestiones concluidas al 31 de marzo de 2017 y 31 de marzo de 2018 (fojas 285-288 de antecedentes administrativos), si bien consignan como fecha de incorporación el 11 de agosto de 2016 del bien inmueble adquirido, dichos documentos, no permiten conocer la efectiva relación con el emisor de la nota fiscal observada por la Administración Tributaria; en cuanto al efectivo pago por la adquisición de un microondas; aspecto que mantiene latente la insuficiencia de prueba que demuestre la realización de la transacción inherente a la factura N° 19 emitida por Moya Fernández Martina Maritza, 

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Además, corresponde hacer notar que no cursa en antecedentes administrativos, constancia documental que avale la participación del proveedor en la entrega de la mercancia y principalmente, el monto consignado en la nota fiscal verificada; inconsistencias que ahondan la inexistencia de medios probatorios de pago, que puedan demostrar la erogación realizada por la empresa, correspondiente a la renombrada factura 19, solicitados sen Anexo al Detalle de Diferencias No 18990208740, notificado personalmente al representante de la empresa recurrente, el 3 de enero de 2019 (fojas 1113 de antecedentes administrativos). 

Por lo expuesto, el cumplimiento del requisito del efectivo pago de la transacción en el marco de lo establecido en el artículo 2 de la Ley 843, que implica demostrar la onerosidad de la compra; si bien se advierte que el sujeto pasivo presentó la factura, registro contable y Recibo de Caja Egresos; corresponde aclarar que los mismos per se no constituyen prueba suficiente que permita evidenciar la efectiva realización de la transacción con el emisor de la nota fiscal depurada como parte de las obligaciones previstas en el numeral 4 del artículo 70 de la Ley 2492, toda vez que el sujeto pasivo, no acredito documentalmente los pagos al proveedor, que estén relacionados con la compra de 1 microondas 20 Its., marca LG; correspondiendo hacer hincapié, que el sujeto pasivo en calidad de beneficiario del derecho que ahora es observado por la entidad recurrida, tenía la obligación de demostrar los hechos constitutivos del mismo tal como lo exige el articulo 76 del Código Tributario Boliviano; lo cual no fue advertido durante la revisión de la factura 19, emitida por Moya Fernández Martina Maritza y la documentación de descargo presentada; razón por la cual, se mantiene la depuración efectuada por el Servicio de Impuestos Nacionales. 

Factura No 1583 (periodo noviembre 2016). Analizados los antecedentes, se advirtió la factura No 1583 emitida por el proveedor DISMAT S.R.L., el 9 de noviembre de 2016 a favor de TUCONS S.R.L., correspondiente al siguiente detalle: 23 Tubería PVC Desagüe DN 6x4m; por el importe total de Bs3.339,60 (fojas 294 de antecedentes administrativos)

Asimismo, cursan en antecedentes: 1) Comprobante de Egreso 2-110110 de 9 de noviembre de 2016 a nombre de DISMAT S.R.L. por la suma de Bs3.339,60 debitando las cuentas: Costo Materiales de Construcción y Crédito Fiscal IVA, con la glosa explicativa: 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

“CP. MAT. PLOMERÍA SIG PEDIDO OBRAS FACT. 1583″, contra la cuenta de activo Caja Moneda Nacionalpor el importe de Bs3.339,60 2) Pedido de Materiales y suministros No 11.16.0091 3) Recibo de caja Egresos No 16.11.0248, con entrega de fondos a Luis Stadler Roca, por importe de Bs3.339,60 4) Libro Diario 5) Libro Mayor Caja Moneda Nacional y Costo Materiales de Construcción 6) Solicitud de pago Certificado de Avance de Obra No 15 de 6 de enero de 2017 (fojas 298-310 de antecedentes administrativos). 

Bajo este entendido, si bien el sujeto pasivo acompañó la factura No 1583 emitida por el proveedor DISMAT S.R.L., por el importe total de Bs3.339,60 (fojas 294 de antecedentes administrativos); valorada la documentación adjunta como respaldo a la señalada factura, no fue identificada documentación que permita corroborar el pago del importe signado en la factura observada, toda vez que el Recibo Caja. Egresos enunciado con anterioridad, adicionalmente a registrar de forma general como motivo del gasto: “Compra tuberías PVC desagüe según pedido Proyecto Villa 14″, no refiere dato alguno que permita relacionarlo con el Comprobante Contable 2-110110. 

Es así que, el Comprobante de Egreso 2-110110 de 9 de noviembre de 2016 a nombre de DISMAT S.R.L. por la suma de Bs3.339,60, importe que, según registro del referido comprobante, fue cancelado mediante Caja Moneda Nacional” por Bs3.339,60 y si bien registra el monto correspondiente a la factura observada, no es menos cierto que el citado documento contable, no demuestra que la disposición de fondos, fue efectivamente percibido por el proveedor, menos vincularlo con el Recibo Caja Egresos, precisamente porque este consigna la entrega de fondos a favor de Luis Stadler Roca, funcionario que conforme a Planilla Sueldos y Salarios, presentadas en calidad de descargo (fojas 347 348 de antecedentes administrativos), efectivamente forma parte de la empresa recurrente y al ser el beneficiario de los fondos señalados, refuerza la inexistencia de descargo sobre la percepción del pago por parte del proveedor y emisor de la factura objeto de evaluación; máxime al existir una tercero que hubiera percibido los recursos dispuestos por la empresa 

recurrente y que tampoco fue expuesto debidamente en la contabilidad propuesta por el 

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Por otro lado, corresponde hacer notar también que, el Libro Diario presentado en calidad de descargo por el sujeto pasivo (fojas 301-303 de antecedentes administrativos), si bien 

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NBASO 

9001 IBNORCA Saco de Gestión Cardin 

Justicia tributeria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Av. Oquendo NR 381 entre Venezuela y Ecuador; Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012. www.ait.gob.boCochabamba, Bolivia 

expone el registro efectuado por el sujeto pasivo en el Comprobante Contable señalado previamente, tal aspecto no constituye un elemento de prueba que demuestre la disposición real de recursos por parte de la empresa recurrente y si estos fueron percibidos por el proveedor DISMAT S.R.L

Asimismo, de la revisión del descargo Libro Mayor (fojas 304-306 de antecedentes administrativos), corresponde dejar sentado que el mismo se constituye simplemente en un reporte del movimiento de las cuentas: “Caja Moneda Nacionaly Costo Materiales de Construccióncorrespondiente al 8 y 9 de noviembre de 2016; que no cumplen con las formalidades previstas en el artículo 40 del Código de Comercio, que expresamente señala: “Los comerciantes presentarán los libros que obligatoriamente deben llevar, encuadernados y foliados, a un Notario de FE PUBLICA (...)“, razón por la cual no puede considerarse como uno de los libros contables exigidos en el artículo 37 de la mencionada norma legal, y tampoco en respaldo para desvirtuar la observación de la Administración Tributaria sobre la efectiva realización de la transacción

Ahora bien, con relación a la Solicitud de Pago Certificado de Avance de Obra No 15 de 6 de enero de 2017, cursante a fojas 307 de antecedentes administrativos; es necesario resaltar, el hecho de que su contenido no señala vínculo alguno con la factura observada, pues refleja el pago de importes generales a favor de la empresa recurrente, que desde todo punto de vista impiden tener certeza del efectivo percibimiento del pago de Bs3.339,60 por parte del proveedor y por ende la efectiva realización de la transacción correspondiente a la factura No 1583. 

Además, corresponde hacer notar que no cursa en antecedentes administrativos, constancia documental de la participación del proveedor en la entrega de la mercancia o recepción del monto consignado en la nota fiscal verificada, inconsistencias que ahondan en la inexistencia de medios probatorios de pago, que demuestren fielmente y sin lugar a duda, la disposición de fondos a favor del emisor de la factura No 1583, solicitados según Anexo al Detalle de Diferencias No 18990208740, notificado personalmente al representante de la empresa ahora recurrente, el 3 de enero de 2019 (fojas 11-13 de antecedentes administrativos). 

En ese entendido, es importante destacar que el artículo 2 de la Ley 843, para los fines de la determinación del IVA, considera venta a toda transferencia a título oneroso que importe 

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III 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

la transmisión del dominio de cosas muebles o la prestación de servicios; premisa concordante con la exigencia de los requisitos establecidos para el beneficio del crédito fiscal, tal como resulta la existencia de onerosidad, es decir, la necesidad de demostrar el pago efectivo a través de la prueba documental exigida por los artículos 70 numeral 4 y 76 de la Ley 249

Entonces, sobre el cumplimiento del requisito referido al efectivo pago de la transacción, que implica demostrar la onerosidad de la compra; si bien se advierte que el sujeto pasivo presentó la factura, registro contable y Recibo de Caja Egresos; aclarar que los mismos per se no constituyen prueba suficiente que permita evidenciar la efectiva realización de la transacción con el emisor de la nota fiscal depurada, toda vez que el sujeto pasivo, no acredito documentalmente los pagos a favor del proveedor, relacionados con la compra de 23 Tubería PVC Desagüe DN 6″x4m; correspondiendo hacer hincapié que el sujeto pasivo, en calidad de beneficiario del derecho que ahora es observado por la entidad recurrida, tenía la obligación de demostrar los hechos constitutivos del mismo; lo cual no fue advertido durante la revisión de la factura 1583, emitida por DISMAT S.R.L. y la documentación de descargo presentada; razón por la cual, se mantiene la depuración efectuada por el Servicio de Impuestos Nacionales. 

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Factura N° 2812 (periodo noviembre 2016). Analizados los antecedentes, se verificó la factura No 2812 emitida por el proveedor IMPORTADORA CAMPERO S.R.L., el 19 de noviembre de 2016 a favor de TUCONS S.R.L., según detalle: 100 pza. Sierras mecánicas Kulkoni 18 (Guhema) (Herramie); 100 pza. Sierras mecánicas Kulkoni 24 (Guhema) (Herramie); por el importe total de B$1.040. (fojas 312 de antecedentes administrativos). 

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Asimismo, cursan en antecedentes: 1) Comprobante de Egreso 2-110262 de 19 de noviembre de 2016 a nombre de IMPORTADORA CAMPERO S.R.L. por la suma de Bs1.040.- debitando las Cuentas: Costo Materiales de Construcción y Crédito Fiscal IVA, con detalle: “CP.SIERRAS MEC. PEDIDO OBRAS FACT. 2812”, contra la cuenta de activo “Caja Moneda Nacional por el importe de Bs1.040.-2) Solicitud Sierras Mecánicas para corte fierros 3) Pedido de Materiales y suministros N° 11.16.0164 4) Recibo de caja Egresos No 16.11.0104, con entrega de fondos a Luis Stadler Roca, por importe de Bs1.040.- 5) Libro Diario 6) Libro Mayor Caja Moneda Nacional y Costo Materiales de Construcción (fojas 316-325 de antecedentes administrativos). 

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9001 IBNORCA Sistema de Gestión 

de la Calidad Catador 771114 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq karachiq (Quechua) Mouruvisa tendodegua mbaeti ofomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Av. Oquendo N 381 entre Venezuela y Ecuador; Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012. www.ait.gob.bo . Cochabamba, Bolivia 

III 

Bajo este entendido, si bien el sujeto pasivo acompañó la factura No 2812 emitida por el proveedor IMPORTADORA CAMPERO S.R.L., por el importe total de Bs 1.040.– (fojas 312 de antecedentes administrativos); sin embargo, valorada la documentación adjunta como 

respaldo a la señalada factura, no fue identificada documentación que permita corroborar 

el pago del importe signado en la factura observada, toda vez que el Recibo Caja Egresos citado, adicionalmente de registrar de forma general como motivo del gasto: “Compra sierras mecánicas Kulkoni según pedido Proyectos Lácteos Trinidad, Villa 14, Villa Tunari“, no refiere algún dato que permita relacionarlo con el comprobante Contable 2110260, máxime cuando dicho documento, expone que la empresa recurrente entregó fondos a un tercero ajeno al proveedor, a pesar que el comprobante Contable sostiene que el pago por los insumos adquiridos se efectuó en efectivo y sin intermediación alguna. 

Es así que el comprobante de Egreso 2-110262 de 19 de noviembre de 2016 que registra la factura 2812 del proveedor Importadora Campero SRL por la suma de Bs 1.040.- deja sentado que dicha transacción fue cancelada mediante “Caja Moneda Nacional” por Bs 1.040.- empero el citado documento contable por sí solo, no demuestra que el egreso de efectivo fue percibido por el emisor de la nota fiscal depurada, menos vincularlo con el Recibo Caja Egresos, precisamente porque éste, como se indica previamente, consigna la entrega de fondos a favor de Luis Stadler Roca, funcionario que conforme a Planilla Sueldos y Salarios presentadas en calidad de descargo (fojas 347-348 e antecedentes administrativos), efectivamente forma parte de la empresa ahora recurrente y al ser el beneficiario de los fondos señalados, tal situación refuerza la inexistencia de descargo que demuestre la percepción del pago por parte del proveedor y emisor de la factura objeto de evaluación. 

Por otro lado, corresponde hacer notar también, que el descargo Libro Diario (fojas 320 322 de antecedentes administrativos), si bien contiene la apropiación contable efectuada por la factura depurada, tal aspecto no constituye en elemento de prueba que demuestre que los fondos destinados al pago de la factura observada, fueron efectivamente percibidos por el proveedor IMPORTADORA CAMPERO S.R.L. 

Asimismo, de la revisión del Libro Mayor presentado como descargo por el administrado (fojas 323-325 de antecedentes administrativos), el mismo comprende simplemente un reporte del movimiento de las cuentas: Caja Moneda Nacionaly Costo de Materiales de Construcciónque no aporta elementos de convicción sobre el pago efectivo a favor del 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

proveedor y tampoco puede ser considerado como un Libro Contable, máxime cuando no cumple las formalidades previstas en el artículo 40 del Código de Comercio; que expresamente señala: Los comerciantes presentarán los libros que obligatoriamente deben llevar, encuadernados y foliados, a un Notario de FE PUBLICA (…), en consecuencia, no puede constituirse en prueba que permita desestimar la observación efectuada por la entidad recurrida. 

Además, corresponde hacer notar que no cursa en antecedentes administrativos, constancia documental de la participación del proveedor en la entrega de los insumos o recepción del monto consignado en la nota fiscal verificada, inconsistencias que ahondan en la inexistencia de medios probatorios de pago, que demuestren la disposición de fondos por parte de la empresa recurrente a favor del emisor de la factura 2812; solicitados según Anexo al Detalle de Diferencias N° 18990208740, notificado personalmente al representante de la empresa ahora recurrente, el 3 de enero de 2019:(fojas 1113 de antecedentes administrativos). 

En ese eritendido, se debe considerar que el artículo 2 de la Ley 843, para los fines de la determinación del IVA, considera venta a toda transferencia a título oneroso que importe la transmisión del dominio de cosas muebles o la prestación de servicios; premisa concordante con la exigencia de los requisitos establecidos para el beneficio del crédito fiscal, tal como resulta la existencia de onerosidad; es decir, la necesidad de demostrar el pago efectivo a través de la prueba documental exigida por los artículos 70 numeral 4 y 76 de la Ley 2492 

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Entonces, sobre el cumplimiento del requisito del efectivo pago de la transacción, que implica demostrar la onerosidad de la compra; si bien se advierte que el sujeto pasivo presentó la factura, registro contable y Recibo de Caja Egresos, corresponde aclarar que los mismos per se no constituyen prueba suficiente que permita evidenciar la efectiva realización de la transacción con el emisor de la nota fiscal depurada, toda vez que el sujeto pasivo, no acredito documentalmente los pagos al proveedor, relacionados con la compra de 100 pza. Sierras mecánicas Kulkoni 18 (Guhema) (Herramie); 100 pza. Sierras mecánicas Kulkoni 24 (Guhema) (Herramie); correspondiendo hacer 

hincapié, en que el sujeto pasivo, en calidad de beneficiario del derecho que ahora es Rouge observado por la entidad recurrida, tenia la obligación de demostrar los hechos 

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9001 IBNORCA Stema de Gestión Certificado N 771/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan milayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Av: Oquendo N 381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012: www.ait.gob.bo. Cochabamba, Bolivia 

constitutivos del mismo; lo cual no fue advertido durante la revisión de la factura 2812, emitida por IMPORTADORA CAMPERO S.R.L con la documentación de descargo presentada; razón por la cual, se mantiene la depuración efectuada por el Servicio de Impuestos Nacionales

Factura No 442 (periodo diciembre 2016). Analizados los antecedentes, se verificó la factura No 442 emitida por el proveedor Karla Lorena Rojas Tenorio de Ramos, el 28 de diciembre de 2016 a favor de TUCONS S.R.L., según detalle: 50 ZINCALUM 0.30*1000 *corte* metro ONDULADO; 20 ZINCALUM 0.30*1000 *corte* metro ONDULADO por el importe total de Bs2.932,25 (fojas 326 de antecedentes administrativos). 

Asimismo, cursan en antecedentes: 1) Comprobante de Egreso 2-120562 de 28 de diciembre de 2016 correspondiente a la factura 412 emitida por Karla Lorena Rojas Tenorio de Ramos por la suma de Bs2.932,25; debitando para ello, las Cuentas: Costo Materiales de Construcción y Crédito Fiscal IVA, con la glosa: “CP. CALAMINA SIG PEDIDO OBRAS FACT. 442y abonando la cuenta de activo: Caja Moneda Nacional por el importe de Bs2.932,252) Pedido de Materiales y suministros N° 12.16.0421 4) Recibo de Caja Egresos N° 16.12.0538, con entrega de fondos a Luis Stadler Roca, por importe de Bs2.932,255) Libro Diario 6) Libro Mayor Caja Moneda Nacional y Costo Materiales de Construcción 7) Solicitud de pago Certificado de Avance de Obra N° 16 (fojas 330-348 de antecedentes administrativos). 

Bajo este entendido, si bien el sujeto pasivo acompañó la factura No 442 emitida por la proveedora Karla Lorena Rojas Tenorio de Ramos, por el importe total de B$2.932,25 (fojas 326 de antecedentes administrativos); sin embargo, valorada la documentación adjunta como respaldo a la señalada factura, no fue identificada documentación que permita corroborar el pago del importe signado en la factura observada, toda vez que el Recibo Caja Egresos citado, adicionalmente a registrar de forma general como motivo del gasto: Compra calaminas según pedido Proyecto Villa 14, no refiere dato que permita relacionarlo con el comprobante Contable 2-120562. 

Es así que el referido Comprobante de Egreso 2120562 de 28 de diciembre de 2016 expone que mediante “Caja Moneda Nacional” fue cancelado a Karla Lorena Rojas 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Tenorio de Ramos el importe de Bs2.932,25; empero el citado documento contable, no demuestra que dichos fondos fueron efectivamente percibidos por el proveedor y tampoco permite vincularlo con el Recibo Caja Egresos, precisamente porque éste consigna la entrega de fondos a favor de Luis Stadler Roca, funcionario que conforme a Planilla Sueldos y Salarios presentadas en calidad de descargo (fojas 347-348 de antecedentes administrativos), efectivamente forma parte de la empresa ahora recurrente y al ser el beneficiario de los fondos señalados, tal situación refuerzà la inexistencia de descargo que respalde la percepción del pago por parte del proveedor y emisor. de la factura objeto de evaluación. 

Por otro lado, hacer notar que el Libro Diario presentado en calidad de descargo (fojas 333-335 de antecedentes administrativos), si bien expone el registro contable contenido en el Comprobante de Egreso 2-120562, tal aspecto no constituye en elemento de prueba que demuestre que los fondos destinados al pago de la factura’ observada, fueron efectivamente percibidos por el proveedor Karla Lorena Rojas Tenorio de Ramos. 

Asimismo, de la revisión del descargo Libro Mayor (fojas 336-338 de antecedentes administrativos), corresponde dejar establecido que el mismo comprende un simple reporte del movimiento suscitado en las cuentas: “Caja Moneda Nacional” y “Costo Materiales de Construcción” entre el 27‘y 28 de diciembre de 2016 que no aporta mayor certeza sobre la disposición de fondos a favor del emisor de la nota fiscal, no pudiendo además ser considerado como un libro contable al incumplir las formalidades del artículo 40 del Código de Comercio; que expresamente señala: “Los comerciantes presentarán los libros que obligatoriamente deben llevar, encuademados y foliados, a un Notario de FE PUBLICA (...)”; razón por la cual, el referido documento no puede ser considerado como prueba para respaldar el pago efectivo a favor del proveedor y por ende la efectiva realización de la transacción. 

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Ahora bien, con relación a la Solicitud de Pago Certificado de Avance de Obra No 16, cursante a fojas 339 de antecedentes administrativos, es necesario resaltar el hecho de que su contenido no señala vinculo alguno con la factura observada, pues refleja el pago de importes generales en beneficio de la empresa recurrente, que desde todo punto de vista impiden tener certeza del efectivo percibimiento del pago de Bs2.932,25 por parte del 

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NB/IS

9001 (IBNORC

Sistema da Gestión 

dibedad tetla N 771/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Av. Oquendo N°381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 41400114140012. www.ait.gob.bo. Cochabamba, Bolivia 

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proveedor y por ende la real realización de la transacción correspondiente a la factura No 442 emitida por Karla Lorena Rojas Tenorio de Ramos. 

Además, corresponde hacer notar que no cursa en antecedentes administrativos, constancia documental de la participación del proveedor en la entrega de los materiales adquiridos o recepción del monto consignado en la nota fiscal verificada, inconsistencias que ahondan en la inexistencia de medios probatorios de pago, que demuestren la disposición de recursos a favor del emisor de la factura 442, solicitados según Anexo al Detalle de Diferencias No 18990208740, notificado personalmente al representante de la empresa ahora recurrente, el 3 de enero de 2019 (fojas 11-13 de antecedentes administrativos). 

En ese entendido, se debe considerar que el artículo 2 de la Ley 843, para los fines de la determinación del IVA, considera venta a toda transferencia a título oneroso que importe la transmisión del dominio de cosas muebles o la prestación de servicios; premisa concordante con la exigencia de los requisitos establecidos para el beneficio del crédito fiscal, tal como resulta la existencia de onerosidad; es decir, la necesidad de demostrar el pago efectivo a través de la prueba documental exigida por los artículos 70 numeral 4 y 76 de la Ley 2492

Entonces, sobre el cumplimiento del requisito del efectivo pago de la transacción, que implica demostrar la onerosidad de la compra; si bien se advierte que el sujeto pasivo presentó la factura, registro contable y Recibo de Caja Egresos, corresponde aclarar que los mismos per se no constituyen prueba suficiente que permita evidenciar la efectiva realización de la transacción con el emisor de la nota fiscal depurada, toda vez que el sujeto pasivo, no acredito documentalmente los pagos al proveedor, relacionados con la compra de 50 ZINCALUM 0.30*1000 *corte* metro ONDULADO; 20 ZINCALUM 0.30*1000 *corte* metro ONDULADO; correspondiendo hacer hincapié en que el sujeto pasivo, en calidad de beneficiario del derecho ahora observado por la entidad recurrida, tenía la obligación de demostrar los hechos constitutivos del mismo; lo cual no fue advertido durante la revisión de la factura 442, emitida por Karla Lorena Rojas Tenorio de Ramos y la documentación de descargo presentada; razón por la cual, se mantiene la depuración efectuada por el Servicio de Impuestos Nacionales. 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Concluido el análisis individual de las facturas objeto de verificación y documentación de respaldo; señalar que sobre la transmisión de dominio y vinculación del gasto observado en la actividad gravada, la entidad fiscalizadora en el acto impugnado hizo referencia al inciso a) del artículo 8 de la Ley 843 y artículo 8 del Decreto Supremo 21530; debiendo destacar que si bien la parte recurrente refirió que las facturas observadas corresponden a gastos de construcción y que los insumos adquiridos fueron destinados en función a las obras que la empresa estaba ejecutando en el momento de las compras (fojas 398 de antecedentes administrativos); la Administración Tributaria mantuvo la depuración de las notas fiscales objeto de verificación como consecuencia del análisis de la condición de onerosidad, para corroborar la efectiva realización de la transacción; la misma que fue verificada por esta instancia administrativa en virtud del recurso impugnatorio interpuesto por el sujeto pasivo, advirtiendo de dicha labor, la ausencia de pruebas que permitan desestimar la depuración asumida en el acto impugnado. n o 

En ese contexto, resulta evidente que, con relación a las facturas Nos. 110.de 15 de julio de 2016; 590 de 8 de agosto de 2016; 19 de 11 de agosto de 2016; 1503 9 de noviembre de 2016; 2816 de 19 de noviembre de 2016 y 442 de 28 de diciembre de 2016 emitidas por diferentes proveedores y cuyo análisis fue desarrollado en párrafos previos, el sujeto pasivo al’no’ demostrar documentalmente la realización de la transacción y la aplicación de los gastos objeto de esta en la generación de los ingresos, imposibilitó la certeza del merecimiento del crédito fiscal atribuido y la falta de presentación de documentación por parte del proveedor ante la notificación del Anexo al Detalle de Diferencias No 

18990208740, el 3 de enero de 2019 (fojas 1113 de antecedentes administrativos). 

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Por lo expuesto, si bien se tiene que el sujeto pasivo presentó la factura observada y alegó contar con los registros contables suficientes, no obstante la documentación presentada no constituye en prueba suficiente que permita evidenciar el merecimiento del crédito fiscal pretendido, al no demostrar la efectiva disposición de fondos a favor del emisor de la nota fiscal, como condición necesaria para sustentar la efectiva realización de la transacción y la consecuente aplicación de los insumos adquiridos en la actividad gravada de la empresa TUCONS INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA “TUCONS S.R.L.”; máxime si se tiene establecido como responsable de la carga de la prueba al affirmanti incumbit probatio. 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jacha kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní

Av; Oquendo N°381 entre Venezuela y Ecuador; Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012• www.ait.gob.boCochabamba, Bolivia 

Ahora bien, con relación a la observación inherente a la supuesta exigencia que refiere el articulo 37 del Decreto Supremo 27310, en cuanto a la obligación de acreditación de medios fehacientes de pago para compras mayores a UFVs 50.000; argumento respaldado en la mención del precedente administrativo de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0620/2013; es necesario manifestar de forma puntual, que conforme la revisión integra del acto administrativo objeto de impugnación, esta instancia no advirtió observación por parte de la entidad recurrida, sustentada en dicho referente normativo o la obligación prevista en ella, que fundamente la desestimación de apropiación de crédito fiscal IVA de las 6 facturas verificadas, es decir, la inexistencia de presentación de respaldo bancario para las transacciones realizadas en cumplimiento del citado artículo; puesto que las observaciones base de la señalada invalidación de las 6 facturas cuestionadas, respondió a lo siguiente: “Facturas No Válidas (NV) para el cómputo del crédito fiscal IVA, por no contar con documentación de respaldo suficiente que demuestre la efectiva realización de las transacciones a tras del pago al proveedor, por consiguiente, su vinculación con la actividad gravada.”, en tal sentido, resultó evidente que la empresa recurrente confundió las razones de invalidación de las citadas facturas y al no constituir, tal exigencia en objeto de revisión, no corresponde emitir mayor pronunciamiento sobre el particular, sobre la sentencia 397/2016 y respecto del precedente administrativo emitido por la Autoridad General de Impugnación Tributaria. 

En suma, de la revisión y análisis de los antecedentes quedó demostrada la inexistencia de prueba documental por parte de la empresa recurrente, que desestime la decisión adoptada por la Administración Tributaria, conforme establece el artículo 76 de la Ley 2492; correspondiendo a esta instancia recursiva por todo lo analizado, confirmar la Resolución Determinativa N° 172039000366 de 28 de agosto de 2020, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, manteniendo la depuración del crédito fiscal de las 6 facturas observadas

POR TANTO

El suscrito Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley 2492 y artículo 141 del Decreto Supremo 29894 de 7 de febrero de 2009. 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinadonal de Bolivia 

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 172039000366 de 28 de agosto de 2020, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, ante la inexistencia de prueba que permita evidenciar el merecimiento del crédito fiscal pretendido por el sujeto pasivo, no existiendo evidencia de la efectiva disposición de fondos a favor del emisor de las notas observadas y la subsecuente aplicación de los insumos adquiridos en la actividad gravada desarrollada por el mismo; sea de conformidad con el inciso b) parágrafo I del artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario Boliviano, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

EXON 

TELUT 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

ZA 

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 de la Ley 2492, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente’resolución es de 20 días computables a partir de su notificación. 

— 

RUB

Regístrese, notifíquese y cumplase. 

Brigate 5. 

My 

UTHER

Eric Ausberto Rojás Urquiz

DIRÉCTOR EJECUTKO REGIONAL 

DIRECCION EJECÓTIVA REGIONAL yoridad Regional de Imigugración Tributaria Cbta. 

afao 150 9001 

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IQNet 

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NB/ISO 

9001 IBNORCA Sarme da Gestion 

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