ARIT-CBA-RA-0325-2020 Prescripción de las facultades de la administración tributaria y extinción de la deuda tributaria, en conformidad a la Ley 2452.

ARIT-CBA-RA-0325-2020

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0325/2020 

Recurrente 

Carlos Alberto Toro Sarmiento. 

Administración recurrida 

“Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio 

de Impuestos Nacionales, representada por Agapo Ferrufino Sánchez. 

Acto impugnado 

Proveido No 242030000059 de 3 de septiembre de 2020. 

Expediente No – 

– 

– 

– 

– 

ARIT-CBA-0220/2020. i. — 

Cochabamba, 14 de diciembre de 2020. 

Lugar y fecha 

” 

– 

VISTOS: isi 

El Recurso de Alzada; el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes, en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-CBĄJITJ N° 0325/2020 de 14 de diciembre de 2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. * ** 

– 

– 

ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. El Proveido No 242030000059 de 3 de septiembre de 2020, que rechazó la solicitud de prescripción en etapa de cobranza coactiva, por no estar adecuada su fundamentación en derecho, disponiendo al efecto, la prosecución del cobro coactivo hasta la recuperación total de lo adeudado. Acto notificado en Secretaría, el 9 de septiembre de 2020 (fojas 295 298 de antecedentes administrativos). 

afa

ISO 900

Calidad AFHOCATCATION 

FETTE 

TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA. 11.1. Argumentos del Recurrente. Carlos Alberto Toro Sarmiento, mediante memoriales presentados el 24 de septiembre y 5 de octubre de 2020 (fojas 6-7 y 10-14 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra el Proveído No 242030000059 de 3 de septiembre de 2020, emitida por la 

YOBO OER 

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NB/ISO 

9001 IBNORCA Sistema de Gestión 

dobCaldad Certificado N 77144 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Av. Oquendo N°381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012. www.ait.gob.boCochabamba, Bolivia 

Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, manifestando lo siguiente: 

Que, desde noviembre de 2003 cuando entró en vigencia plena la Ley 2492, la Administración Tributaria recurrida ejerció su facultad de fiscalizar, mediante la notificación con la Orden de Fiscalización N° OP 78 NOTIF 151 sobre base presunta correspondiente a los impuestos IVA e IT de los periodos fiscales mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2000, asi como el IUE de la gestión 2000; asimismo, adujo que después de la vigencia plena del Código Tributario Boliviano, ejerció su facultad al preliquidar y determinar la deuda tributaria, mediante la emisión de la Vista de Cargo No 1168/04 y la Resolución Determinativa N° VC-GDC/DFNVIA/070/2005, notificados el 30 de marzo y 15 de junio de 2005 respectivamente. 

Precisó que la Resolución Determinativa referida, adquirió firmeza el 5 de julio de 2005 y que de forma posterior, la entidad recaudadora emitió el PIET VET.PET 294-2005 de 12 de julio de 2005, que fue notificado por cédula el 4 de agosto de 2005, iniciando al día siguiente hábil, el ejercicio de las facultades administrativas para la cobranza coactiva y la ejecución conforme prevén los artículos 21 y 108 de la Ley 2492, normativa que fue aplicada desde el primer momento de la tramitación de la ejecución tributaria, en tal sentido, aseguró que en el presente caso, la Ley 1340 no resulta aplicable al momento en que inició la ejecución tributaria, no existiendo vacío legal para la determinación del plazo de prescripción de dicha facultad, esto debido a que el procedimiento administrativo está sujeto a las disposiciones de la Ley 2492

Arguyó que las deudas originadas por el IVA e IT de los periodos fiscales mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2000 y el IUE de la misma gestión, acaecieron en vigencia de la Ley 1340, empero en cuanto a la tramitación de la ejecución tributaria corresponde sea aplicada la Ley 2492; por lo que adujo, que al ser evidente que la deuda tributaria se encuentra firme y ejecutoriada, corresponde analizar la prescripción solo en la fase de cobro coactivo. 

Añadió que al 4 de agosto de 2005, se encontraba vigente el numeral 4 del parágrafo I del artículo 59 de la Ley 2492, sin ningún tipo de modificación, el cual disponía que la facultad de ejecución tributaria prescribía en cuatro (4) años; además refiere que el parágrafo II del artículo 60 de la citada Ley, señala que el término para ejercer esa facultad, se computa 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria; por ello, afirmó que el cómputo de la prescripción en el caso presente, inició el 5 de agosto de 2005 y concluyó el 4 de agosto de 2009

Expuso que recién en el mes de agosto de 2009, cuando la acción de ejecución tributaria de la entidad recaudadora estaba prescrita, esta solicitó al Juez Registrador de Derechos Reales las Partidas de los inmuebles del contribuyente; requirió a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, la Retención de Fondos; al Organismo Operativo de Tránsito, la anotación preventiva; y a la Sub Contraloría, la no solvencia fiscal; actuaciones con las que el ente recaudador pretendió cobrar las deudas tributarias, además de otras medidas coactivas, sin que hasta el presente hubiese logrado efectivizar alguna de ellas

MW 

Indicó que la Administración Tributaria retomó la realización de 

ctivas con el objeto de efectivizār el cobro de las deudas tributarias establēcidas en el PIET, las que fueron realizadas durante las gestiones 2009 hasta 2019, cuando su facultad de cobro ya estaba prescrita: 

Manifestó que las medidas coactivas, no pueden ser entendidas como interruptivos al cómputo de la prescripción de conformidad a lo establecido por los artículos 61 y 62 de la Ley 2492; no existiendo, ‘norma que disponga que las medidas coactivas (embargo e hipoteca legal) resulten interruptivos o suspensivas al cómputo de la prescripción; por lo que al no existir vacío.legal, no puede pretenderse aplicar las normas del Código Civil. En resguardo de sus argumentos, citó la Sentencia No 11 de 7 de marzo de 2016 del Tribunal Supremo de Justicia. 

En petitorio, solicitó la revocatoria total del Proveído No 242030000059 de 3 de septiembre de 2020; y que declare al efecto, procedente la solicitud de prescripción y la extinción de las obligaciones tributarias correspondientes al IVA e IT de los períodos fiscales de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2000 y al UE de la gestión 2000. 

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ISO 900

Calidad 

AINOR CERTIKA 

T

Aranbar Temple 

Ve VoBo 

IQNet 

H

II.2. Auto de Admisión. El 7 de octubre de 2020, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba emitió el Auto de Admisión del Expediente ARIT-CBA-0220/2020, correspondiente al Recurso de Alzada interpuesto por Carlos Alberto Toro Sarmiento 

AU

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NB/ISO 

9001 IBNORCA Sama de Gestió

de la Caldad CertiicadoN771/

Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oromita mbaerepi Vae (Guarani) 

Av. Oquendo N° 381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos (5914) 41400114140012. www.ait.gob.bo.Cochabamba, Bolivia 

11 

FI

contra el Proveido No 242030000059 de 3 de septiembre de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (fojas 15 del expediente administrativo). 

II.3. Respuesta de la Administración Tributaria. La Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por José Elmer Barrancos Barrientos, conforme acredito con la Resolución Administrativa de Presidencia No 032000000725 de 11 de agosto de 2020 (fojas 18-19 del expediente administrativo), por memorial presentado el 23 de octubre de 2020 (fojas 20-23 del expediente administrativo), respondió el Recurso de Alzada con los siguientes fundamentos: 

Que, en el caso presente corresponde aplicar lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo 27310, toda vez que la obligación tributaria fue generada en los periodos de mayo a diciembre de 2000, cuando se encontraba vigente la Ley 1340, siendo aplicable dicha normativa, aspecto que no puede ser desconocido por el contribuyente. 

Citó los artículos 52, 53, 54 y 55 de la Ley 1340, afirmando que el plazo para la prescripción de la facultad de ejecución de la deuda tributaria es de 5 años; además que, el Titulo de Ejecución Tributaria, fue notificado al sujeto pasivo el 15 de junio de 2005, dando inicio a la ejecución con la notificación del PIET 294-2005, efectuada el 4 de agosto de 2005; por lo que señala que el cómputo de la prescripción concluyó el 31 de diciembre de 2010, al no acontecer algún elemento interruptivo o suspensivo. 

Expuso que la existencia de vacíos legales en la Ley 1340, respecto a las causales de interrupción y suspensión de la ejecución tributaria, siendo que los artículos 54 y 55 de la citada Ley, están enfocados a la facultad de determinación; por lo que debe observarse lo previsto por los artículos 6 y 124 de la Ley 1340, que permiten la aplicación supletoria del parágrafo III del artículo 1503 del Código Civil. 

Amplió señalando que; realizó gestiones de cobro antes de la configuración de la prescripción, mismas que conforme el parágrafo II del artículo 1503 del Código Civil, son causales de interrupción del cómputo de la prescripción; al efecto, precisó que obtuvo certificaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, Dirección 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

de Secretaría General y Jefatura de Atención al Contribuyente, respecto a los inmuebles y vehículos del contribuyente; por ello, aseguró que dichas actuaciones constituyen acciones de cobro y que evidencian que el ente fiscal no dejó de ejercer su facultad de cobro; además que resultan causales de interrupción de la prescripción conforme lo preel Código Civil. 

En petitorio, solicitó confirmar el Proveido No 24203000059 de 3 de septiembre de 

11.4. Apertura de término probatorio. El 26 de octubre de 2020, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba emitió el Auto de Apertura Término de Prueba Expediente ARIT-CBA 0220/2020, disponiendo la apertura del término probatorio de veinte días comunes y perentorios para ambas partes, en aplicación de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 218 del Código Tributario Boliviano (fojas 24 del expediente administrativo). 

El 30 de octubre de 2020, la Administración Tributaria peticionó de forma expresa, la rectificación del auto de apertura de’ término de prueba; mismo que mereció el Proveido de 3 de noviembre de 2020, que rechazó tal solicitud (fojas 28-29 del expediente administrativo). 

El 13 de noviembre de 2020, la Administración Tributaria mediante memorial ofreció y. ratificó en calidad de prueba, los antecedentes administrativos acompañados al responde al Recurso de Alzada (fojas 31 de antecedentes administrativos). 

Dentro el plazo señalado en el párrafo precedente, la parte recurrente no presentó prueba ante esta instancia recursiva. 

11.5. Alegatos. El 7 de diciembre de 2020, la Administración Tributaria mediante memorial presentó alegatos, reiterando los argumentos expuestos en su respuesta al Recurso de Alzada interpuesto por Carlos Alberto Toro Sarmiento (fojas 49-50 del expediente administrativo). 

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Calidad THOR CEAUFICINO

Asanidar Mejia 

SUB 

ONet 

Dentro el plazo para la presentación de alegatos dispuesto en el parágrafo Il del articulo 210 del Código Tributario Boliviano, la parte recurrente no presentó alegatos escritos u orales. 

Pogo 

DER 

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NB/ISO 

9001 IANORCA Xenade Gestión 

de la Cidad Cotia N77114 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mouruvísa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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IS 

III

ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA. El 7 de junio de 2005, la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa No VC/GDC/DFMI1A/070/2005, que determinó de oficio sobre base presunta las obligaciones impositivas del contribuyente Carlos Alberto Toro Sarmiento, en la suma de Bs408.509. correspondiente al IVA, IT e UE de los periodos fiscales de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2000. Asimismo, sancionó al contribuyente con el importe de Bs 159.308.- que corresponde al 50% del IVA, IT e UE de los periodos y gestión referida. Acto notificado el 15 de junio de 2005 (fojas 95-97 y 97 vta. C3 de antecedentes administrativos). 

El 12 de julio de 2005, la Administración Tributaria emitió el Proveido de Inicio de Ejecución UET.PET N° 294-2005, que estableció la firmeza y ejecutoria de la Resolución Determinativa N° VC/GDC/DFNI-IA/070/2005 de 7 de junio de 2005, precisando el inicio de la ejecución tributaria del mencionado título al tercer día de su legal notificación, conforme lo prevé el artículo 110 de la Ley 2492. Acto notificado el 4 de agosto de 2005 (fojas 266 C2 de antecedentes administrativos). 

El 3 de septiembre de 2019, Carlos Alberto Toro Sarmiento, se apersonó ante la Administración Tributaria oponiendo la prescripción en etapa de cobranza coactiva; peticionando al efecto que, mediante acto administrativo se declare procedente la solicitud de prescripción y la extinción de las obligaciones tributarias correspondientes a los periodos fiscales de mayo a diciembre del IVA, IT e IUE de la gestión 2000, al haber transcurrido el plazo de 4 años previsto por el articulo 59 de la Ley 2492 (fojas 288-290 C2 de antecedentes administrativos). 

El 7 de febrero de 2020, Carlos Alberto Toro Sarmiento, se apersonó ante la Administración Tributaria, solicitando resolución respecto a su petición de prescripción en etapa de cobranza coactiva que disponga la procedencia de prescripción (fojas 284-286 C2 de antecedentes administrativos). 

El 2 de junio de 2020, Carlos Alberto Toro Sarmiento, se apersonó ante la entidad recaudadora exponiendo que el plazo de seis (6) meses para la emisión de resolución respecto a su requerimiento de prescripción en la etapa de cobranza coactiva concluyó; por lo que reiteró su petición de procedencia de la prescripción en etapa de cobranza coactiva (fojas 294 C2 de antecedentes administrativos). 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

El 3 de septiembre de 2020, la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió el Proveido No 242030000059, rechazando la solicitud de prescripción en etapa de cobranza coactiva, por no estar adecuada su fundamentación en derecho, 

disponiendo al efecto, la prosecución del cobro coactivo hasta la recuperación total de lo adeudado. Acto notificado en Secretaría el 9 de septiembre de 2020 (fojas 445-497 y 498 C2 de antecedentes administrativos). 

  1. I FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA. 

Conforme lo establece el parágrafo I del artículo 211 del Código Tributario Boliviano, esta instancia recursiva ingresará a resolver los reclamos efectuados por la parte recurrente, advirtiendo: 1. La configuración de la prescripción. 

IV.1. Configuración de la prescripción. La parte recurrente, alegó que la – Resolución Determinativa N° VC GDC/DFMVA/070/2005, adquirió firmeza el 5 de julio de 2005 y que de fora posterior, la entidad recaudadora emitió el PIET UET.PET 294-2005 de 12 de julio de 2005, que fue notificado por cédula el 4 de agosto de 2005, que inició el ejercicio de las facultades administrativas para la cobranza coactiva y la ejecución, al día siguiente hábil conforme lo prevén los artículos 21 y 108 de la Ley 2492; al efecto, aseguró que la Ley 1340 no resulta aplicable al momento en que inició la ejecución tributaria, al no existir vacio legal para dicha facultad 

– 

Arguyó que las deudas originadas por el IVA e IT de los periodos fiscales mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2000 e UE de la misma gestión, acaecieron en vigencia de la Ley 1340; correspondiendo analizar la prescripción solo en la fase de cobro coactivo, agregando que, al 4 de agosto de 2005, se encontraba vigente el parágrafo I, numeral 4 del artículo 59 y el parágrafo 11 del artículo 60 de la Ley 2492, sin ningún tipo de modificación; por ello, afirmó que el cómputo de la prescripción en el caso presente, inició el 5 de agosto de 2005 y concluyó el 4 de agosto de 2009. 

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Calidad VIGURNO 

Arambar Meji

QNet 

Expuso que recién en el mes de agosto de 2009, cuando la acción de ejecución tributaria de la entidad recaudadora estaba prescrita, esta realizó medidas coactivas ante Derechos Reales, Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y el Organismo Operativo de 

Tránsito. 

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www 

YOBT 

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NB/190 

9001 JONORCA) 

Sistem de Garin Certificado n714 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Av. Oquendo N°381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (591-4) 4140011 4140012. www.ait.gob.bo.Cochabamba, Bolivia 

Finalmente, manifestó que las medidas coactivas, no pueden ser entendidas como interruptivos al cómputo de la prescripción según lo establecido por los artículos 61 y 62 de la Ley 2492; no existiendo, norma que disponga que las medidas coactivas (embargo e hipoteca legal) resulten interruptivos o suspensivas al cómputo de la prescripción; por lo que adujo, que al no existir vacío legal, no puede pretenderse aplicar las normas del Código Civil. En resguardo de sus argumentos, citó la Sentencia No 11 de 7 de marzo de 2016 emitida por el Tribunal Supremo de Justicia

En contrapartida, la Administración Tributaria manifestó que corresponde aplicar lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo 27310, toda vez que la obligación tributaria fue generada en los periodos de mayo a diciembre de 2000, cuando estaba vigente la Ley 1340

Citó los artículos 52, 53, 54 y 55 de la Ley 1340, afirmando que el plazo para la prescripción de la facultad de ejecución de la deuda tributaria es de 5 años; además que el PIET fue notificado al sujeto pasivo el 15 de junio de 2005, dando inicio a la ejecución con la notificación de dicho actuado, efectuado el 4 de agosto de 2005; por lo que refiere, que el cómputo de la prescripción concluyó el 31 de diciembre de 2010, al no acontecer algún elemento interruptivo o suspensivo; al efecto, precisó la existencia de vacíos legales en la Ley 1340, respecto a las causales de interrupción y suspensión de la ejecución tributaria; por lo que debe observarse lo previsto por los artículos 6 y 124 de la Ley 1340, que permiten la aplicación supletoria del parágrafo III del artículo 1503 del Código Civil

Amplió señalando que, realizó gestiones de cobro antes de la configuración de la prescripción, mismas que conforme el parágrafo Il del artículo 1503 del Código Civil, son causales de interrupción del cómputo de la prescripción; al efecto, precisó que obtuvo certificaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, Dirección de Secretaría General y Jefatura de Atención al Contribuyente, respecto a los inmuebles y vehículos del contribuyente, por ello, aseguró que dichas actuaciones constituyen acciones de cobro y que evidencian que el ente fiscal no dejo de ejercer su facultad de cobro; además que resultan causales de interrupción de la prescripción conforme lo prevé el Código Civil

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AIT 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Expuestos los argumentos de las partes, es preciso traer a colación la doctrina que entiende a la prescripción como: “La caducidad de los derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos legales para su posible ejercicio”, asimismo, debe tomarse en cuenta que la prescripción responde a los principios de certeza y seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento jurídico (Ossorio, Manuel. Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales. Pág. 601) (Garcia Vizcaíno. Catalina. Derecho 

Tributario. Tomo 1). 

De igual forma, José María Martín señala que: “La prescripción. es generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla” (Martin José María, Derecho. Tributario General, 28 edición, Pág. 189). 

En ese sentido, se establece que la Administración Tributaria tiene plazo, según normativa legal, para hacer valer sus derechos y que vencido dicho término se extingue la facultad de la Administración para ejercer dichas acciones; para ello, deben concurrir dos elementos, -uno objetivo que es el transcurso del tiempo y otro subjetivo que es la inacción del titular del derecho. 

– 

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De esta manera, a efecto de analizar la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria respecto al IVA e IT de los periodos de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2000 y al UE de la misma gestión, corresponde aclarar a las partes procesales, que de acuerdo a la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo 27310, las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores acaecieron antes de la vigencia de la Ley 2492, se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley 1340; de esta forma, considerando que la Ley 2492 fue promulgada el 2 de agosto de 2003, se concluye que para el análisis de la prescripción de los impuestos referidos, debe considerarse lo dispuesto en la Ley 1340 y no así la Ley 2492 como pretende la parte recurrente 

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Calidad KAO QUIKLOK 

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Garotabar Mej

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En este sentido, respecto a la facultad de ejecución de la deuda tributaria correspondiente al IVA e IT de los periodos de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 

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9001 IBNORCA Selemade Gasón 

Cudy CerdieN771/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oromita mbaerepi Vae (Guarani) 

Av. Oquendo N° 381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos (5914) 4140011 4140012. www.ait.gob.bo. Cochabamba, Bolivia 

octubre, noviembre y diciembre de 2000 y el IUE de la misma gestión, contenida en la Resolución Determinativa (RD) No VC/GDC/DFN1A1/070/2005 de 7 de junio de 2005 y que forma parte del sustento para la decisión asumida por la Administración Tributaria en el acto impugnado, resulta necesario puntualizar que el artículo 6 de la Ley 1340, precisa que: “La analogia puede ser admitida para llenar los vacíos legales, pero en virtud de ella no podrá crearse tributos, exenciones, ni modificarse normas preexistentes; de igual manera, el artículo 7 del citado cuerpo legal dispone: “En los casos que no puedan resolverse por este Código o de las leyes expresas sobre cada materia, se aplicarán supletoriamente los principios generales del derecho tributario y en su defecto los de otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular”

Adicionalmente, cabe indicar que, si bien, el artículo 52 de la Ley 1340, determina que la acción de la Administración Tributaria para -entre otras facultades- exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos prescribe a los cinco años; no obstante, el citado cuerpo legal, no establece el tratamiento que incumbe la prescripción de la facultad de ejecución; motivo por el cual, se advierte la existencia de un vacío normativo respecto a la manera de computar el plazo de prescripción para la etapa de ejecución, cuando la obligación tributaria quedó determinada y firme; por tanto, en virtud de la analogía y subsidiariedad prevista en los artículos 6 y 7 de la Ley 1340 expuestos en el párrafo precedente, corresponde aplicar las previsiones del Código Civil Boliviano sobre prescripción, el cual en su artículo 1492 (Efecto extintivo de la prescripción), determina que: Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece (…)”. Asimismo, el artículo 1493 de la misma Ley (Comienzo de la prescripción) dispone lo siguiente: “La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercero

Consecuentemente, la prescripción de la ejecución tributaria, opera cuando se demuestra la inactividad del acreedor, durante el término de cinco (5) años previsto por el artículo 52 de la Ley 1340; es decir, cuando el sujeto activo dejó de ejercer su derecho por negligencia, descuido o desinterés, conforme los citados artículos 1492 y 1493 del Código Civil; por lo que, corresponde a ésta instancia recursiva verificar y comprobar si se produjo la inactividad para cobrar por parte de la Administración Tributaria en el presente caso y si operó la prescripción solicitada por el sujeto pasivo. 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

De la compulsa de los antecedentes administrativos, se tiene que la Resolución Determinativa (RD) No VC/GDC/DFNI/A1/070/2005, fue notificada al contribuyente el 15 de junio de 2005 (fojas 95-97 del c3 de antecedentes administrativos); y al no existir recurso de impugnación en su contra dentro el plazo establecido, esta adquirió firmeza el 6 de julio de 2005; en consecuencia, la Administración Tributaria, a partir de esa fecha, podia ejercer su facultad de ejecución tributaria, contando para ello con el plazo de 5 años, conforme lo establece el artículo 52 de la Ley 1340, concluyendo dicho término el 6 de julio de 2010 

Ahora bien, en relación a las causales de interrupción del cómputo de la prescripción de la facultad de ejecución de la deuda tributaria contenida en la Resolución Determinativa (RD) N° VC/GDC/DFNI/A1/070/2005; cabe aclarar que la prescripción de dicha facultad opera cuando se demuestra la inactividad del acreedor durante el plazo establecido por Ley, por lo que cualquier actuación o medida coactiva ejecutada que represente el ejercicio mismo del derecho de cobro o persecución (en este caso ejecución tributaria), ‘interrumpe el cómputo de la prescripción, debiendo iniciarse de esta manera un nuevo período de la prescripción, quedando sin efecto el transcurrido anteriormente conforme a lo establecido por el artículo 1506 del Código Civil. 

En el presente caso, la Administración recurrida al momento de responder al presente Recurso de Alzada manifestó que emitió el Proveido de Inicio de Ejecución No VET.PET 294-2005 de 12 de julio de 2005, notificado al sujeto pasivo el 4 de agosto de 2005, y que por dicha acción, no hubiera dejado de hacer el seguimiento pertinente al proceso de cobro; no obstante, es menester aclarar que los Proveídos que dan inicio a la ejecución tributaria, no pueden considerarse como causales de interrupción del cómputo de la prescripción de la facultad del ente recaudador para ejecutar la deuda tributaria determinada, por cuanto los mismos no representan una actuación o acto que determine el ejercicio mismo del derecho de cobro o persecución que garantice su materialización; siendo que únicamente constituyen una actuación a través de la cual, la Administración 

Tributaria comunica al sujeto pasivo la firmeza de un acto administrativo y el posterior inicio de la facultad de ejecución. 

afao iso 900

Laffd3d: AFNCH CEATRICATION 

RTF 

IQNet 

De esta manera, la entidad recurrida, no puede pretender que la notificación del Proveido de Inicio de Ejecución No UET.PET 294-2005 de 12 de julio de 2005 -referido en el 

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9001 IBNORCA 

Stomado Gusto 

de la Calde CerdicdoN71/4 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq karachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Av. Oquendo N° 381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011:- 4140012.www.ait.gob.bo. Cochabamba, Bolivia 

presente caso– interrumpa el cómputo de la prescripción de su facultad de ejecución, al ser un acto que tiene un carácter informativo y no constituye el ejercicio propio de la ejecución tributaria en sí. 

Continuando con la compulsa de los antecedentes administrativos, fue constatado que la Administración Tributaria emitió distintas notas de requerimiento de información a entidades públicas y privadas (Bancos, Derechos Reales, Unidad Operativa de Transito, etc.) durante las gestiones 2009, 2010 y 2011 para una posterior aplicación de medidas coactivas, empero, dichas notas no pueden constituirse en causales de interrupción ni suspensión del cómputo de la prescripción, al ser únicamente requerimientos de información, y que no representan una acción efectiva de cobro por parte del ente recaudador y tampoco constituyeron en mora al deudor. 

No obstante a lo referido con anterioridad, de la compulsa de los antecedentes administrativos, se advierte que la medida coactiva con data más antigua, corresponde a la nota de solicitud de hipoteca legal por el PIET UET.PET 2942005 dirigida a Derechos Reales del Cercado, misma que fue emitida el 4 de mayo de 2011 (fojas 219 del C2 de antecedentes administrativos), cuando la facultad de ejecución tributaria respecto a la deuda correspondiente al IVA e IT de los periodos de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2000 y el UE de la misma gestión, determinada a través de la Resolución Determinativa (RD) No VC/GDC/DFM/A1/070/2005, ya se encontraba prescrita al 7 de julio de 2010; motivo por el cual, dicha actuación y posteriores a ella no interrumpieron el cómputo de la prescripción

Adicionalmente, en cuanto a la Sentencia No 11 de 7 de marzo de 2016 emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, aludida por el recurrente como parte de sus argumentos, corresponde aclarar, que dicha resolución como parte de sus argumentos expone que las medidas coactivas no resultan actos interruptivos ni suspensivos al cómputo de la prescripción conforme lo prevén los artículos 61 y 62 de la Ley 2492; no obstante, cabe precisar que conforme lo expuesto en párrafos precedentes, el presente caso versa sobre la prescripción de la facultad de ejecución de la deuda correspondiente al IVA e IT de los periodos de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2000 y el UE de la misma gestión, para lo cual se estableció la aplicación de la Ley 1340 y no así la Ley 2492; por ello dicha sentencia al resolver aspectos que se encuentran 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

relacionados a la Ley 2492, no constituye un precedente vinculante y menos podría ser aplicado al caso presente, no ameritando mayor pronunciamiento al respecto. 

En suma, analizados los argumentos de las partes y compulsados los antecedentes administrativos, se advierte que la facultad de ejecución tributaria de la entidad recurrida correspondiente al IVA e IT de los periodos mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2000 así como el IUE de la gestión 2000, se encuentra prescrita; consecuentemente corresponde a esta instancia recursiva; revocar totalmente el Proveido 242030000059 de 3 de septiembre de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales. 

POR TANTO: 

El suscrito Director Ejecutivo a.i-de la-Autoridad-Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley 2492 y artículo 141 del Decreto Supremo 29894 de 7 de febrero de 2009. 

N VIEZA 

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTEjel Proveido 242030000059 de 3 de septiembre de’ 2020, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, declarando prescrita_la facultad de ejecución de la Administración Tributaria correspondiente al IVA e IT de los periodos mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2000 e UE de la gestión 2000; sea de conformidad con lo dispuesto en el inicio a) parágrafo I del artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

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SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario Boliviano, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

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TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

Disturberto 

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CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 de la Ley 2492, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computables a partir de su notificación. 

Regístrese, notifiquese y cúmplase

Eric Ausberto Rojas Urquiza 

DIRECTOR EJECUTIVO REGIONAL 

DIRECCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Autoridad Regional de impugnación Tributaria Coba 

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