ARIT-CBA-RA-0324-2020 Depuración de Crédito Fiscal. El SIN sancionó como ¨Omisión de Pago¨, al no evidenciar en las facturas: veracidad de las transacciones y la transferencia de dominio.

ARIT-CBA-RA-0324-2020

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinaconal de Bolivia 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBARA 0324/2020 

Recurrente 

por 

Tecnoacero SRL., representado Jeshael Denis Morales Taborga. 

Administración recurrida 

Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por Rosmery Villacorta Guzman. 

Acto impugnado 

NO 

– 

;- 

Resolución Determinativa -172039000284: –– — ::— – 

– 

– 

– 

ARIT-CBA-0212/2020. 

Expediente No Lugar y fecha 

.. 

Cochabamba, 14 de diciembre de 2020. 

– 

VISTOS: — 

El ‘Recurso de Alzada, el Auto de AŅmisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente ‘administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-CBA/ITJ 0324/2020 de 14 de diciembre de 2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

atao 150 900

Calidad U CEATIECARO 

Win 

ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. La Resolución Determinativa N° 172039000284 de 21 de agosto de 2020, que determino de oficio las obligaciones impositivas de Tecnoacero SRL., en un importe de UFVs 6.693 equivalentes a Bs15.755.- correspondiente al tributo omitido actualizado e intereses por el Impuesto al Valor Agregado de los periodos agosto, octubre y noviembre de la gestión 2016; asimismo, calificó la conducta del sujeto pasivo como omisión de pago, aplicando una sanción equivalente al 100% del tributo omitido determinado y expresado en UFVS 5.735, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 165 de la Ley 2492 y 42 del Decreto Supremo 27310. Acto notificado mediante cédula, el 28 de agosto de 2020 (fojas 393-411 y 414 de antecedentes administrativos). 

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de la Cox Cottadon711

Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir sach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Av. Oquendo NR 381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012 • www.ait.gob.boCochabamba, Bolivia 

  1. II

TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA. 11.1. Argumentos del Recurrente. Tecnoacero SRL, representada por Jeshael Denis Morales Taborga, conforme acreditó el Testimonio de Poder No 1531/2008 de 23 de septiembre de 2008 (fojas 22-23 del expediente administrativo), mediante notas presentadas el 16 y 30 de septiembre de 2020 (fojas 3032 y 76-91 del expediente administrativo) interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 172039000284 de 21 de agosto de 2020, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, manifestando lo siguiente

Que, la Resolución Determinativa N° 172039000284, causó vulneración a derechos fundamentales y garantía constitucionales, aspecto que fue comunicada a la propia Administración Tributaria, empero, no subsanadas desde la generación y notificación de la Orden de Verificación; puesto que, solicitó el cumplimiento de lo establecido en el artículo 33 de la Ley 2341, respecto a que los actos deben ser notificados en el plazo máximo de 5 días a partir de la emisión del acto, en concordancia con los artículos 15 del Decreto Supremo 27350 y 205 del Código Tributario Boliviano; por lo que, al no respetar dicho plazo, el ente recaudador lesionó la seguridad jurídica y el debido proceso, derivando en que el acto sea anulable

Puntualizó que la Orden de Verificación N° 18990208716 y la Vista de Cargo No 292039000001, fueron notificadas fuera del plazo, vulnerando el debido proceso, razón por la cual, las notificaciones resultarían inválidas, correspondiendo a una lesión a la seguridad jurídica; máxime cuando la Administración Tributaria al encontrarse sometida al ejercicio del debido proceso y cumplimiento de la Ley de Procedimiento Administrativo, debió respetar las formas, condiciones y plazos en la realización de sus procesos a fin de garantizar la protección de los derecho y las garantías constitucionales de los sujetos pasivos; al efecto, citó lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 2341

Manifestó que, la Orden de Verificación No 18990208716, contiene vicios procesales atentatorios a los derechos constitucionales, por lo que pidió al ente recaudador comunique las observaciones efectuadas y las diferencias detectadas que se detallan en la citada Orden de Verificación, constituyendo condiciones y requisitos fundamentales que no fueron puestos en conocimiento a pesar de haber sido requerido, por lo que fue restringido el derecho a la defensa y lesionado el debido proceso. 

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Indicó que también fue lesionado el debido proceso y derecho a la defensa, por cuanto la Orden de Verificación señaló comunicar diferencias y también descargar las observaciones efectuadas; empero, dicho aspecto no se cumplió en el citado acto, toda vez que expone como detalle de diferencias un cuadro en el cual no se consigna ninguna diferencia y observación, aspecto que aseguró impidió el conocimiento de todos los datos y la información 

Sostuvo que fue lesionado el debido proceso en la Orden de Verificación No 18990208716, puesto que dicho acto incumplió con los elementos esenciales para su validez, al no evidenciar la efectiva participación de la autoridad competente y vigente al momento de ocurrido el actuado, por lo que resultaría invalida la Orden de Verificación; siendo que el Servicio de Impuestos Nacionales debe confirmar en qué forma se verifica la participación de la autoridad competente, aspecto ausente en el citado acto; al efecto, citó el articulo 28 de la Ley 2341.

.– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

Señaló que la Orden de Verificación no identificó de forma clara y específica, la causa del acto, como elemento esencial para su validez, estableciendo claramente los hechos y antecedentes para que sean de conocimiento del sujeto pasivo. 

LU

Argumento que el cambio de criterio en la Administración Tributaria, resultó atentätorio ý lesivo al principio de verdad material respecto a la determinación de la deuda tributaria; toda vez que, para las Ordenes de Verificación No 18990208937 y 19990309657, bajo – idénticas características, el mismo proveedor y los mismos elementos de descargo, fueron correctamente valorados, evidenciando que el error correspondía al ICE. 

IT 

Afirmó que adjuntó la documentación obligatoria por Ley y de respaldo en originales, empero no fueron valoradas en resguardo del principio de verdad material, cambiando de criterio objetivo y fundamentado los mismos hechos y condiciones que permiten corroborar la efectiva realización de los hechos generadores vinculados a la actividad gravada. 

afao 

ISO 9001 

Calidad AHON CATHKATION 

TE 

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Nel 

Manifestó que solicitó la realización de controles cruzados documentados reales y no simples datos que resultan atentatorios al principio de verdad material, por lo que señala que debió notificarse a los proveedores a fin de comprobar suficientemente las condiciones y respaldos de cada transacción dentro del proceso de determinación y así comprobar la efectiva realización de las mismas. 

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9001 TENORCA 

Sistema de Gestión 

de la Candad CertificadoN771/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir fach’a karnani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oslomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Av: Oquendo N 381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914):4140011′-4140012 www.ait.gob.bo.Cochabamba, Bolivia 

1114 

Puntualizó que también requirió evaluar de forma técnica, objetiva y razonable el proceso de producción, a fin de confirmar y evidenciar que como resultado de las transacciones observadas, logró vender productos terminados, no pudiendo vulnerar el principio de verdad material, por cuanto resultaría imposible tener productos terminados sin la materia prima detallada en las facturas, por lo que solicitó una inspección a los clientes a fin de comprobar la existencia real, material y tangible de los productos terminados y se establezca la composición y consumo de insumos necesarios para su obtención. 

Argumentó que le fue restringida la posibilidad de conocer la información registrada por los proveedores para identificar posibles errores de registro en el envio de sus libros de compras y ventas IVA, omisión que generó una evidente indefensión; además que, mediante nota presentó informe técnico del uso de alcohol para la valoración de los procesos y el consumo en la producción, así como también pidió inspección y evaluación técnica para corroborar la verdad material de los hechos, por lo que la Administración Tributaria debió realizar fundamentalmente la verificación de elementos de las transacciones, considerando objetivamente la documentación que fue entregada en el presente caso y en los casos anteriores donde fue confirmada la efectiva realización de los hechos económicos. 

Refirió que sus registros contables corresponden a lo dispuesto por el artículo 45 del Código de Comercio, mismo que reconoce los registros totales de operaciones por periodo; asimismo, acotó que la Administración Tributaria no realizó una valoración de los depósitos efectuados, certificaciones y la relación de dependencia bajo contrato de las personas que realizan pagos mediante el cobro de cheques

Sostuvo que las transacciones fueron respaldadas bajo las condiciones establecidas en normativa, tienen existencia real y son esenciales en la actividad de producción; por lo que corresponde confirmar técnicamente las operaciones comerciales, respetando el principio de verdad material, los derechos y demás garantías constitucionales

Indicó que solicitó al Servicio de Impuestos Nacionales, se subsanen las observaciones, atiendan las solicitudes, y respondan los cuestionamientos planteados, en cumplimiento del principio de sometimiento pleno a la Ley, se resguarden los derechos constitucionales y se garantice la aplicación del debido proceso; reclamos que no fueron atendidos y respondidos dichos aspectos. 

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INITIU 

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II

IT 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Afirmó que demostró que Daniel Escobar Padilla y Elmer Vallejos Iriarte tienen relación con la empresa, al utilizar la misma cuenta bancaria para el pago por sus servicios al igual que todo el personal dependiente, se realiza el pago como a todos los vinculados y dependientes de la empresa, demostrando que desarrollan funciones bajo contrato dentro la empresa, siendo dependientes bajo planilla en la actualidad; asimismo, respecto a la Gerente Financiera Aracelik Morales, sostuvo que demostró que realizó el depósito por su sueldo al banco y adjunto fotocopia de la planilla de la Caja Nacional de Salud como personal nueva a prueba. 

Por lo expuesto, en petitorio solicitó revocatoria de la Resolución Determinativa No 172039000284 de 21 de agosto de 2020 o la anulación de obrados por la existencia de vicios en el procedimiento y emisión del acto impugnado. 

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– 

— 

— 

11.2. Auto de Admisión, El 1 de octubre de 2020, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Admisión EXPEDIENTE ARIT-CBA-0212/2020 correspondiente al Recurso de Alzada interpuesto por Tecnoacero SRL., représentado por Jeshael Denis Morales Taborga, contra la Resolución Determinativa N° 172039000284 de 21 de agosto de 2020, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (fojas’92 del expediente administrativo). 

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria. La Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por Marcelo Gonzales Yaksic, conforme acreditó la Resolución Administrativa de Presidencia No 032000000760 de 31 de agosto de 2020 (fojas 95 del expediente administrativo), por memorial presentado el 23 de octubre de 2020 (fojas 96 101 del expediente administrativo), respondió el Recurso de Alzada con los siguientes fundamentos: 

afaq ISO 900

Catided AR101 to 

Aranibar 

VoBo F

Que, no existe obligación de notificar la Orden de Verificación y el Auto de vista en un plazo determinado, en consecuencia no existió lesión al debido proceso, seguridad jurídica y ordenamiento jurídico, por lo que la nulidad argumentada por el recurrente carece de sustento legal, más aún cuando los vicios de nulidad denunciados no se enmarcan en las causales establecidas en los artículos 35 y 36 de la Ley 2341, al 

SA

U

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9001 IBNORCA Sistema de G

debut Certificador 71/4 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a karnani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvísa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Av. Oquendo NP 381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012 www.ait.gob.bo.Cochabamba, Bolivia 

observar lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley 2492, en cuanto al cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en los artículos 4 y 6 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10003216. 

Señaló que los artículos 15 del Decreto Supremo 27350 y 205 de la Ley 2492, no resultan aplicables para sustentar la nulidad por violación de plazos de notificación, toda vez que versan sobre las notificaciones que realiza la Autoridad de Impugnación Tributaria y no regulan las notificaciones realizadas por la Administración Tributaria, así como tampoco refieren un plazo de 5 días para la validez de las notificaciones, por lo que no demuestran la veracidad de las pretensiones del recurrente. 

Manifestó que en la emisión de la Orden de Verificación, fue cumplido el procedimiento y los requisitos de validez establecidos por los artículos 104 parágrafo I de la Ley 2492, 31 del Decreto Supremo 27310 y 4 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-003216, por lo que señala que no fue afectado el derecho a la defensa y el debido proceso del recurrente, por cuanto la notificación de la Orden de Verificación, fue puesto en conocimiento el inicio del proceso de verificación, detallando el alcance, tributos y periodos objeto de verificación. 

Asimismo, sostuvo que mediante el cuadro de observaciones, comunicó que producto de los cruces de información detectó diferencias en las facturas Nos. 41, 20557, 5090 y 7, resultando necesaria la presentación de documentación de respaldo a las transacciones, no llegando a vulnerar condición o requisito de la Orden de Verificación, puesto que la Vista de Cargo debe exponer los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten las observaciones detectadas en el proceso de verificación, siendo que la Orden de Verificación simplemente da inicio a la verificación y solicita documentación de respaldo. 

Puntualizó que la Orden de Verificación data del 19 de diciembre de 2018, por lo que resultó plenamente válida la participación de Rosmery Villacorta Guzmán, debido a que la misma ejercía las funciones de Gerente Graco Cochabamba, teniendo plena jurisdicción y competencia; adicionalmente, indicó que dio cumplimiento a los artículos 104 parágrafo 1 de la Ley 2492, 31 del Decreto Supremo 27310 y 4 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-003216, concordante con el artículo 28 de la Ley 2341, 

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debido a que la orden contiene alcance, tributos y periodos a ser fiscalizados, identificación del sujeto pasivo, así como la identificación del o los funcionarios actuantes; por lo que refiere que la emisión de la Orden de Verificación, estuvo enmarcada en la normativa tributaria. 

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– 

Refirió que respecto a otras verificaciones, debe tomarse en cuenta que si bien existieron algunas similitudes, no pueden considerarse de forma integra, puesto que los libros contables, respaldos contables y documentación presentada no son los mismos, siendo que las observaciones recaen sobre dèficiencias de la documentación acompañada; no siendo posible arribarse a criterios similares ante prueba distinta; consecuentemente, si bien como Administración Tributaria, aplica criterios unificados para los procedimientos que realiza, dicho aspecto no significa que deba validar prueba diversa en procedimientos separados, ya que los hechos y realidades económicas son distintas. – 

— 

Manifestó que el sujeto pasivo no indicó puntualmente cuál fue la prueba no valorada, por lo que corresponde desestimar el agravio al existir la valoración extrañada, siendo inexistentes las lesiones al principio de verdad material e igualdad. 

– 

– 

Indicó que ejerció sus facultades establecidas por el artículo 100 de la Ley 2492, realizó controles cruzados documentados con los proveedores; asimismo, a objeto de contar con mayores elementos de prueba, reviso cada factura emitida a través de su sistema informático, contrastando los reportes de compras con los de ventas así como la dosificación de cada factura y los reportes que se encuentran adjuntos a cada factura en el cuerpo de antecedentes, cuyo resumen puede corroborarse en el Papel de Trabajo denominado “Cuadro de Verificación y Análisis de las Facturas Sujetas a Verificación”, obtenido resultados que arguyó fueron expuestos y comunicados al recurrente mediante la notificación de la Vista de Cargo; razones por las cuales concluye que no existió indefensión alguna. 

atao Iso 900

Guitd. ATC Graos 

Arandar Mei 

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Pe voBo 

Sostuvo que el objeto del proceso son los periodos fiscales de la gestión 2016, por lo que cuando fue solicitada la inspección los hechos ocurridos no pueden ser comparados con los hechos pasados, consecuentemente, los procesos de compra de alcohol en la fecha de inspección, no pueden compararse con los ocurridos en la 

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9001 IBNORCA Suomen Cati 71/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

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gestión 2016, maxime cuando la observación de la Vista de Cargo, radica en la falta de documentación que respalde la materialización de la transacción; además que no fue observado el uso y destino del producto adquirido, sino la realización de la transacción. 

Argumentó que los registros contables no guardan relación con la entrega de fondos, debido a que no cuenta con un detalle de las operaciones realizadas dentro la empresa, además que no fue proporcionada la planilla de sueldos y salarios, ni la planilla de aportes a las AFPs, documentación que permitiría demostrar la relación laboral de Daniel Escobar Padilla y Elmer Vallejos Iriarte, en tal sentido, no fue posible demostrar la realización de las transacciones, incumpliendo los numerales 4 y 5 del artículos 70 de la Ley 2492

Indicó que el sujeto pasivo presentó documentación mediante nota de 30 de septiembre de 2020, empero la misma debe ser desestimada por incumplir el artículo 81 de la Ley 2492, por cuanto no dejó expresa constancia de su existencia y presentación hasta antes de la emisión de la Resolución Determinativa, además que constituye en prueba presentada fuera del plazo previsto en el artículo 98 de la Ley 2492; al efecto, como respaldo citó la Sentencia No 512/2015 de 7 de diciembre de 2015, el Auto Supremo N° 179/2014 de 3 de septiembre de 2014 y la Sentencia Constitucional 1642/2010-R de 15 de octubre. Acotó que por la data de la documentación, acredita que pudo haber sido presentada con anterioridad, no existiendo justificación para el carácter de prueba de reciente obtención; concluyendo que la omisión de presentación se debe a causa propia. 

Señaló que corresponde rechazar la prueba presentada mediante el Recurso de Alzada, en virtud a que su producción es posterior a la etapa de emisión de la resolución impugnada; no fue anunciada antes de la emisión y notificación del acto impugnado; y su valoración implicaría violación de la garantía de la aplicación objetiva de la Ley; siendo que la falta de presentación fue por causa propia, no teniendo justificación su omisión; por lo que su valoración vulneraria el principio de eficacia; además que no puede respaldar la verificación, debido a que no existe normativa legal que obligue a hacerlo, siendo que cada verificación contiene elementos propios como prueba, normativa aplicable y otros, que permiten arribar a distintos resultados; a su 

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vez, debe desestimarse la valoración de la documentación debido a que no cumple 

con lo dispuesto en el artículo 217 del código Tributario Boliviano. 

Finalmente, afirmó que el recurrente expuso agravios producidos por la Orden de Verificación y la Vista de Cargo, por lo que no presentó impugnación contra la Resolución Determinativa N° 172039000284 de 21 de agosto de 2020, por lo que al no ser objeto de impugnación debe desestimarse su análisis, suponiendo la tácita 

aceptación. 

Por lo expuesto, solicitó confirmar la Resolución Determinativa N° 172039000284 de 21 de agosto de 2020, en todas sus partes. 

11.4. Apertura de término probatorio. . El 26 de octubre de 2020, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Apertura Término de Prueba Expediente ARIT-CBA 0212/2020, dando apertura al término probatorio de 20 dias comunes y perentorios para ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 218 del Código Tributario Boliviano (fojas 102 del expediente administrativo) :

El 6 de noviembre de 2020, la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante memorial ratificó el memorial de respuesta al Recurso de Alzada y la documentación adjunta al mismo en calidad de prueba preconstituida (fojas 104 del expediente administrativo). 

En el plazo previsto por el párrafo precedente, la parte recurrente no presentó ante esta instancia administrativa prueba alguna. 

afao 

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Cuidad AFHO CANATION 

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II.5. Alegatos. El 4 de diciembre de 2020, se apersonó Rosmery Villacorta Guzman en representación de la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales conforme acreditó la Resolución Administrativa de Presidencia No 032000001055, a objeto de presentar memorial de alegatos reiterando los argumentos expuestos al momento de responder al Recurso de Alzada, referidos al incumplimiento del plazo de notificación de la Orden de Verificación y la Vista de Cargo; la vulneración al 

QNet 

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9001 IBNORCA Stema de Ger

Dala Glad CediticsN771714 

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INI 

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debido proceso y el derecho a la defensa por no comunicar las observaciones en la Orden 

de Verificación; la nulidad de la Orden de Verificación por falta de participación de la autoridad competente, identificación de la causa, objeto y fundamento; y la lesión a la verdad material e igualdad por falta de valoración de precedentes administrativos análogos; adicionalmente sostuvo que la prueba presentada por el sujeto pasivo ante ésta instancia recursiva, debe ser desestimada por incumplir los artículos 81 y 217 de la Ley 2492 (fojas 108111 del expediente administrativo)

El 7 de diciembre de 2020, la empresa recurrente presentó alegatos escritos, reiterando los argumentos planteados en su Recurso de Alzada, referidos a la lesión del debido proceso y seguridad jurídica por incumplir los plazos de notificación de la Orden de Verificación y la Vista de Cargo; la vulneración del debido proceso y el derecho a la defensa por no comunicar las observaciones en la Orden de Verificación; la nulidad de la Orden de Verificación por falta de participación de la autoridad competente, identificación de la causa, objeto y fundamento; la lesión a la verdad material e igualdad por falta de valoración y consideración de precedentes administrativos análogos; y que Daniel Escobar Padilla y Elmer Vallejos Iriarte son dependientes de la empresa. Adicionalmente respecto a la prueba presentada en instancia de alzada, indicó que debe considerarse la jurisprudencia de reguardo de verdad material (fojas 123-129 del expediente administrativo). 

III. 

ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA. El 19 de diciembre de 2018, la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Orden de Verificación No 18990208716, a efecto de verificar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) (Verificación Especifica Crédito IVA) de los periodos agosto, septiembre, octubre y noviembre de la gestión 2016, del contribuyente Tecnoacero SRL. Acto notificado por cédula al sujeto pasivo, el 4 de enero de 2019 (fojas 8 y 16 de antecedentes administrativos). 

El 19 de diciembre de 2018, la Administración Tributaria emitió el Detalle de Diferencias No 18990208716, Form, 7531, solicitando al sujeto pasivo documentación consistente en: Declaraciones Juradas de los periodos observados (Form. 200 0 210); Libro de Compras de los periodos observados; Facturas de compras originales detalladas en el citado anexo; Documento que respalde el pago realizado; y otra documentación que el fiscalizador 

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asignado solicite durante el proceso de verificación, Asimismo, mediante Anexo adjunto al detalle de diferencias requirió: Registros Contables debidamente respaldados a efectos de demostrar la realización de la transacción; Medios de pago que respalden el pago a los proveedores; Toda otra documentación de sustento que demuestre la efectiva realización de las transacciones realizadas a través de las facturas sujetas a verificación; y cualquier documentación que considere necesaria durante el proceso de verificación. Acto notificado mediante cédula al sujeto pasivo, el 4 de enero de 2019 (fojas 9-10 y 16 de antecedentes administrativos). 

El 3 de enero de 2020, la Administración Tributaria, emitió la Vista de Cargo No 292039000001, que liquido de manera preliminar la deuda tributaria en ÙRVS12.259, equivalente a Bs28.593.-, correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) actualizado, interés y sanción por contravención de omisión de pago. Acto notificado mediante cédula a la empresa Tecnoacero SRL, representada por Denis Jeshael Morales Taborga, el 21 de febrero de 2020 (fojas 326-335 y 341 de antecedentes administrativos). 

El 20 de marzo de 2020, el sujeto pasivo presentó nota de ‘descargo argumentando lo siguiente: 1. Vulneraciones a derechos y garantías constitucionales, toda vez que la Orden de Verificación no comunicó las diferencias u observaciones de las facturas revisadas. 2. Que tanto la Orden de Verificación como la Vista de Cargo fueron notificadas fuera del plazo de 5 dias posteriores a su emisión. 3. Que la Orden de Verificación no cuenta con firma autógrafa que evidencie la participación de la autoridad competente; 4. Presentó la documentación obligatoria por Ley y otra de respaldo para que sean valoradas bajo el principio de legalidad, siendo que todas las transacciones fueron respaldadas bajo las condiciones establecidas en normativa, tienen existencia real y legitimamente son esenciales en la actividad gravada (fojas 359-375 de antecedentes administrativos). 

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Calidad AANDE CERTIFICATION 

R1:1

12 Aranibar Head 

El 21 de agosto de 2020, la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Resolución Determinativa N° 172039000284 que determino de oficio las obligaciones impositivas de Tecnoacero SRL., en un importe de UFVs 6.693 equivalentes a Bs15.755.- correspondiente al tributo omitido actualizado e intereses por el Impuesto al Valor Agregado de los periodos agosto, octubre y noviembre de la gestión 2016; asimismo, calificó la conducta del sujeto pasivo como omisión de pago, aplicando una sanción equivalente al 100% del tributo omitido determinado y expresado 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a karnani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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en UFVs 5.735, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 165 de la Ley 2492 y 42 del Decreto Supremo 27310. Acto notificado mediante cédula, el 28 de agosto de 2020 (fojas 393411 y 414 de antecedentes administrativos)

  1. V. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA. 

Conforme a lo establecido en el parágrafol del artículo 211 parágrafo del Código Tributario Boliviano, ésta instancia recursiva ingresará a resolver los reclamos efectuados por la parte recurrente, aclarando que de la lectura del Recurso de Alzada, llegó advertirse, que el sujeto pasivo planteó agravios tanto de forma como de fondo para el análisis técnico jurídico, siendo estos los siguientes: 1. Notificación de actos administrativos incumpliendo el plazo previsto para el efecto; 2. Falta de comunicación de las diferencias y/o observaciones en la Orden de Verificación; 3. Falta de consideración y valoración de las notas y solicitudes efectuadas; y 4. Validez del crédito fiscal. 

IV.1. Notificación de actos administrativos incumpliendo el plazo previsto para el efecto. La empresa recurrente manifestó que la resolución impugnada, causó vulneración a derechos fundamentales y garantía constitucionales, puesto que incumplió lo establecido en el artículo 33 de la Ley 2341, el cual establece que los actos serán notificados en el plazo máximo de 5 días a partir de la emisión del acto, en concordancia con los articulos 15 del Decreto Supremo 27350 y 205 del Código Tributario Boliviano; por lo que al no respetar dicho plazo, señala que el ente recaudador lesionó la seguridad jurídica y debido proceso, derivando que el acto sea anulable, resultando inválidas las notificaciones. Acotó que, la Administración Tributaria, al encontrarse sometida al ejercicio del debido proceso y cumplimiento de la Ley de Procedimiento Administrativo, debió respetar las formas, condiciones y plazos en la realización de sus procesos a fin de garantizar la protección de los derecho y las garantías constitucionales de los sujetos pasivos; al efecto, cito lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 2341. 

Por su parte, la Administración Tributaria sostuvo que no existe obligación de notificar la Orden de Verificación y el Auto de vista en un plazo determinado, por lo que no existió lesión alguna al debido proceso, seguridad jurídica y el ordenamiento jurídico; en ese sentido la nulidad argumentada por el recurrente, carece de sustento legal; más aún cuando los vicios de nulidad denunciados, no se enmarcan en las causales 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

establecidas en los artículos 35 y 36 de la Ley 2341, al observar lo dispuesto por el artículo 96 de la Ley 2492, en cuanto al cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en los artículos 4 y 6 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10 0032-16. 

De igual manera, el ente recaudador añadió que los artículos 15 del Decreto Supremo 27350 y 205 de la Ley 2492, no resultan aplicables para sustentar la nulidad por violación de plazos de notificación, toda vez que versan sobre las notificaciones que realiza la Autoridad de Impugnación Tributaria y no regulan las notificaciones realizadas por la Administración Tributaria, así como tampoco refieren un plazo de 5 dias para la validez de las notificaciones, por lo que no demuestran la veracidad de las pretensiones del recurrente. 

– – – – – – — Expuestas las pretensiones de las partes procesales, en relación’ a la nulidad, cabe señalar el entendimiento concerniente al Principio de Especificidad, expuesto en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0022/2015-S2 de 16 de enero, que deja sentado lo siguiente: “(…) los presupuestos o antecedentes necesarios para que opere la nulidad procesal son: a) Principio de especificidad o legalidad, referida a que el acto procesal se haya realizado en violación de prescripciones legales, sancionadas con nulidad, es decir, que no basta que la ley prescriba una determinada formalidad para que su omisión o defecto origine la nulidad del acto o procedimiento, por cuanto ella debe ser expresa, especifica, porque ningún trámite o acto judicial será declarado nulo si la nulidad no está expresamente determinada por la ley, en otros términos ‘No hay nulidad, sin ley específica que la establezca’ (Eduardo Couture, ‘Fundamentos de Derecho Procesal Civil’ p. 386) (...)“. 

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Por su parte, la normativa tributaria en sus numerales 2 y 6 del artículo 68 del Código Tributario Boliviano, expone lo siguiente: “Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: “(...) 2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones reglamentarias, dentro de los plazos establecidos. (…) 6. Al debido proceso y a conocer el estado de tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que 

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UNTIT 

respalde los cargos que se les formulen, ya sea en forma personal o a través de terceos autorizados en los términos del presente Código

El citado Código Tributario Boliviano en su parágrafo 11 del artículo 83, prevé lo siguiente: Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. Con excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas las notificaciones se practicarán en dias y horas hábiles administrativos, de oficio o a pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa competente podrá habilitar días y horas extraordinarias”. 

Por otra parte, con relación a la notificación el parágrafo III del artículo 33 de la Ley 2341, manifiesta: “La notificación deberá ser realizada en el plazo máximo de cinco (5) dias a partir de la fecha en la que el acto haya sido dictado y deberá contener el texto integro del mismo. La notificación será practicada en el lugar que éstos hayan señalado expresamente como domicilio a este efecto, el mismo que deberá estar dentro de la jurisdicción municipal de la sede de funciones de la entidad pública. Caso contrario, la misma será practicada en la Secretaría General de la entidad pública”. 

La referida Ley en el parágrafo I del artículo 35 dispone que: “Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes: a) Los que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin competencia por razón de la materia o del territorio; b) Los que carezcan de objeto o el mismo sea ilicito o imposible; c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total o absolutamente del procedimiento legalmente establecido; d) Los que sean contrarios a la Constitución Política del Estado y e) Cualquier otro establecido expresamente por Leyy los parágrafos II y Ill del artículo 36 del mismo cuerpo legal, establece: “Il. (…) el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados, y III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo“. 

Ahora bien, de la revisión de los antecedentes administrativos, pudo advertirse que la Administración Tributaria, el 19 de diciembre de 2019, emitió la Orden de Verificación 

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AUTORIDAD DE THPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

N° 18990208716, mediante el cual comunicó a la empresa Tecnoacero SRL., el inicio de un procedimiento de determinación en la modalidad de verificación específica crédito IVA, con alcance a la verificación de todos los hechos y/o elementos relacionados con el crédito fiscal IVA del periodo agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2016. Acto notificado mediante cédula, el 4 de enero de 2019 (fojas 8 y 16 de antecedentes administrativos). 

A la conclusión del trabajo de campo, el 3 de enero de 2020, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo N° 292039000001, observando el importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado derivado de la verificación del Crédito Fiscal, ante la existencia de facturas declaradas que no pueden ser consideradas válidas para el cómputo de dicho crédito impositivo, atribuyendo al sujeto pasivo de forma previa, el ilícito contravencional de Omisión de Pago y otorgando el plazo de treinta (30) días calendario, e improrrogables para formular descargos. Acto notificado mediante cédula el 21 de febrero de 2020 (fojas 326335y 341 de antecedentes administrativos). 

Entonces, la descripción efectuada en párrafos previos, permite evidenciar que tanto la Orden de Verificación N° 18990208716 como la Vista de Cargo N° 292039000001 fueron notificados después de más de cinco dias posteriores a su emisión, tiempo que a entender de la parte recurrente, vulneró lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley 2341, invalidando por tanto, el procedimiento de notificación. 

Al respecto, cabe aclarar al sujeto pasivo que si bien el artículo 33 de la Ley 2341 dispone un plazo máximo de cinco días para la notificación de actos administrativos a partir de la fecha en la que el acto administrativo hubiese sido dictado; empero, dicha norma no es aplicable al caso, toda vez que el numeral 1 del artículo 74 de la 

Ley 2492, dispone que los procedimientos tributarios administrativos se sustanciarán 

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y resolverán con arreglo a las normas contenidas en el Código Tributario Boliviano y solamente ante la falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo; en tal sentido teniendo establecido en el artículo 83 la Ley 2492 los aspectos relacionados a las notificaciones así como las causales de nulidad de las mismas, no corresponde la aplicación supletoria del procedimiento administrativo, para establecer hechos que se entiendan como vicios de nulidad de las notificaciones que practiquen las Administraciones Tributarias. 

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En consecuencia, incumbe hacer notar que, dentro de las causales de nulidad en el artículo 83 de la Ley 2492, citado previamente, no se encuentra estipulada la nulidad por la notificación de actuaciones fuera de plazo; y que si bien, en el caso que nos ocupa, es evidente que transcurrió un plazo extenso entre la emisión de la Orden de Verificación y la Vista de Cargo y sus notificaciones respectivas, este hecho no se encuentra sancionado con la nulidad de los actos, por lo que en previsión del principio de especificidad, no corresponde, la nulidad pretendida. 

Adicionalmente, se debe considerar que el parágrafo III del artículo 36 de la Ley de Procedimiento Administrativo y el razonamiento expuesto en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0022/2015-S2 de 16 de enero, que destacan el principio de especificidad o legalidad, dejando sentado que la anulabilidad de actos realizados fuera de tiempo, procederá exclusivamente cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo, situación que no acontece en el presente caso, toda vez que la norma administrativa no sanciona con la anulación de la notificación, el incumplimiento del plazo para la notificación de la Vista de Cargo. 

Por otra parte, corresponde indicar que el derecho al debido proceso, se encuentra concebido como el cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente en materia de procedimiento, para garantizar la aplicación de justicia, otorgando la posibilidad de defensa a las partes; por lo que es necesario aclarar, que de la revisión de los antecedentes administrativos, se evidenció que el sujeto pasivo, asumió la defensa correspondiente, toda vez que ante la notificación de la Orden de Verificación N° 18990208716, presentó notas ante el Servicio de Impuestos Nacionales el 10 de septiembre, 17 de abril y 18 de enero todas ellas del año 2019 y 27 de febrero de 2020; solicitando fotocopias, presentando documentación y argumentos orientados a cuestionar el proceso determinativo (fojas 19, 27, 36 y 50 de antecedentes administrativos). 

De la misma manera, ante la notificación de la Vista de Cargo No 292039000001, la empresa recurrente presentó nota de descargo el 20 de marzo de 2020, exponiendo argumentos orientados a cuestionar el proceso determinativo (fojas 359-375 de antecedentes administrativos); advirtiendo de esta forma, la participación del sujeto pasivo y su interacción con las acciones de la Administración Tributaria, en uso de su derecho a 

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III III 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bollva 

la defensa; situación que no se enmarca en la condición prevista por el parágrafo II del artículo 36 de la Ley 2341 para la anulación reclamada por el contribuyente; ni mucho menos, llegó a desembocar en una vulneración al debido proceso; garantizando al contrario, los derechos del sujeto pasivo, establecidos en los numerales 2) y 6) del artículo 68 de la Ley 2492 

Finalmente, respecto a los artículos 15 del Decreto Supremo 27350 y 205 del Código Tributario Boliviano, puntualizar que conforme lo señalado por la Administración Tributaria, dichas disposiciones se encuentran orientadas a normar la etapa de impugnación tributaria ante la Autoridad de Impugnación Tributaria y no hacen referencia a un plazo para que la Administración Tributaria notifique sus actos administrativos, motivo por el cual no corresponde sus aplicación al presente caso. 

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Por lo expuesto, corresponde dejar, sentado que, la nulidad – pretendida por el recurrente, carece de sustento legal, toda vez que, conforme a los argumentos y precedentes jurisprudenciales indicados precedentemente, la nulidad por extemporaneidad de los actos administrativos (diligencia de notificación), no se encuentra contemplada en la normativa tributaria, máxime, si no fue advertido la indéfensión prevista como causal de nulidad en el ordenamiento administrativo; .. correspondiendo en consecuencia, desestimar la intención incoada por el sujeto pasivo respecto a este punto en particular. .. 

IV.2. Falta de comunicación de las diferencias ylo observaciones en la Orden de Verificación, El sujeto pasivo manifestó que la Orden de Verificación N° 18990208716 contiene vicios procesales atentatorios a los derechos constitucionales, por lo que pidió al ente recaudador comunique las observaciones efectuadas y las diferencias detectadas que se detallan en la citada Orden de Verificación, constituyendo condiciones y requisitos fundamentales que no fueron puestos en conocimiento, por lo que aseguro que fue restringido el derecho a la defensa, así como lesionado el debido proceso; puesto que siendo que la Orden de Verificación señaló comunicar diferencias y también descargar las observaciones efectuadas; empero, dicho aspecto no se cumplió, toda vez que expone como detalle de diferencias un cuadro en el cual no se consigna ninguna diferencia u observación; aspecto que, impidió el conocimiento de todos los datos y la información. 

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Adicionalmente, la empresa recurrente sostuvo que la Orden de Verificación No 18990208716, incumplió con los elementos esenciales para su validez, al no evidenciar la efectiva participación de la autoridad competente y vigente al momento de ocurrido el actuado; además no identificó de forma clara y específica la causa del acto, como elemento esencial para su validez, estableciendo claramente los hechos y antecedentes para que sean de conocimiento del sujeto pasivo, motivo por el cual al no existir dichos elementos en el acto, el mismo resulta invalido

En contraposición, la Administración Tributaria indicó que en la emisión de la Orden de Verificación, fue cumplido el procedimiento y los requisitos de validez establecidos en el parágrafo I del artículo 104 de la Ley 2492, artículo 31 del Decreto Supremo 27310 y artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0032-16; por lo que señala que no fue afectado el derecho a la defensa y el debido proceso del recurrente, por cuanto con la notificación de la Orden de Verificación, fue puesto en conocimiento el inicio del proceso de verificación, detallando el alcance, tributos y periodos objeto de verificación; asimismo, comunicó en el cuadro de observaciones, que producto de los cruces de información se detectaron diferencias en las facturas Nos. 41, 20557, 5090 y 7, resultando necesaria la presentación de documentación de respaldo a las transacciones; en tal sentido, aseguró que no fue vulnerada ninguna condición o requisito de la Orden de Verificación, siendo que la Vista de Cargo debe exponer los 

actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten las observaciones detectadas en el proceso de verificación, siendo que la Orden de Verificación simplemente da inicio a la verificación y solicita documentación de respaldo. 

Asimismo, puntualizó que la Orden de Verificación data del 19 de diciembre de 2018, por lo que resultó plenamente válida la participación de Rosmery Villacorta Guzmán, debido a que ejercía las funciones de Gerente Graco Cochabamba, teniendo plena jurisdicción y competencia; por lo que la emisión de la Orden de Verificación, se encontró enmarcada en la normativa tributaria. 

En tal sentido, es menester precisar que en relación a los vicios la doctrina administrativa considera que en general: Los vicios determinan las consecuencias que ocasionan, conforme a un criterio cualitativo, de práctica jurisprudencial y política jurídica, así a menor grado del vicio, el acto puede ser válido o anulable; por el contrario si el vicio es grave o 

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muy grave, el acto será nulo y sólo en casos de grosera violación del derecho o falta de seriedad, será inexistente(GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo 3, p. XI-40). Por su parte, Manuel Ossorio en el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Pág. 90, considera anulable: “La condición de los actos o negocios jurídicos que pueden ser declarados nulos e ineficaces por existir en su constitución un vicio o defecto capaz de producir tal resultado, los actos anulables son válidos mientras no se declare su nulidad”. 

El Código Tributario Boliviano en el numeral 1 del artículo 66, establece: “La Administración Tributaria tiene las siguientes facultades especificàs: 1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación

Respecto al procedimiento determinativo, los parágrafos I y IV del artículo 104 de la Ley 2492 establecen lo siguiente: “9. Sólo en casos en los que la Administración, además de ejercer su facultad de control, verificación, e investigación efectúe un proceso de fiscalización, el procedimiento se iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autoridad competente de la Administración Tributaria, estableciéndose su alcance, tributos y periodos a ser fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, así como la identificación del o los funcionarios actuantes, conforme a lo dispuesto en normas reglamentarias que a este efecto se emitan (...) IV. A la conclusión de la fiscalización, se emitirá la Vista de Cargo correspondiente”. 

..... 

Con relación a la nulidad de los actos administrativos, los parágrafos I y II del artículo 36 de la Ley 2341, aplicable supletoriamente al caso, en atención a los artículos 74 numeral 1 y 201 del Código Tributario Boliviano, salan que serán anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico; o cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados. 

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También, el artículo 31 del Decreto Supremo 27310, dispone que: Conforme a lo establecido en el Parágrafo I del Artículo 104° de la Ley N° 2492, las determinaciones totales y parciales se iniciarán con la notificación al sujeto pasivo o tercero responsable con la Orden de Fiscalización que estará suscrita por la autoridad competente determinada por la Administración Tributaria consignando, como mínimo, la siguiente 

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información: a) Número de Orden de Fiscalización. b) Lugar y fecha. c) Nombre o razón social del sujeto pasivo. d) Objeto (s) y alcance de fiscalización. e) Nombre de los funcionarios actuantes de la Administración Tributaria. A) Fima de la autoridad competente. La referida orden podrá ser reasignada a otros funcionarios de acuerdo a lo que establezca la Administración Tributaria

A su vez el artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio N° 100032-16, señala: La Orden de Fiscalización o Verificación contemplará los siguientes elementos mínimos: a) Número de Orden de Fiscalización o Verificación, b) Lugar y fecha de emisión. c) Nombre o razón social del sujeto pasivo. d) Número de Identificación Tributaria o número de Cédula de Identidad, este último en el caso de no encontrarse inscrito en el padrón de contribuyentes. e) Alcance del proceso de determinación (impuesto(s), periodo(s) ylo gestión(es), elementos y/o hechos que abarcan la orden de fiscalización o verificación). 1) Dirección o Domicilio registrado en el Padrón de Contribuyentes, cuando se encuentre inscrito. En caso de no estar inscrito el domicilio que obtenga la Administración Tributaria por medio de información de terceros. g) Identificación del o los servidores públicos actuantes. h) Firma y sello del Gerente Distrital O GRACO y del Jefe del Departamento de Fiscalización, según corresponda la jurisdicción del sujeto pasivo“. 

En el presente caso, de la compulsa de los antecedentes administrativos llegó a advertirse que la Administración Tributaria emitió la Orden de Verificación N° 18990208716 señalando el lugar y fecha de emisión (Cochabamba 19 de diciembre de 2018); asimismo, en su punto “2.- INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE”, expuso los datos del sujeto pasivo relativos al NIT, nombre o razón social, dirección, representante legal y teléfono; seguidamente en su numeral “3.MODALIDAD” señaló la Verificación Específica Crédito Fiscal IVA, en su apartado “4.- ALCANCE, refirió la verificación de todos los hechos ylo elementos relacionados con el crédito fiscal IVA, correspondiente a los periodos agosto, septiembre, octubre y noviembre de la gestión 2016 (fojas 8 de antecedentes administrativos). 

Posteriormente, la citada Orden de Verificación en su punto 5.- Equipo de trabajo asignado”, identificó a los funcionarios a cargo del proceso determinativo, señalando como fiscalizador a Ramiro Ramos Alvarez y supervisor Victor Hugo Aramayo Arce, además manifestó que: “El Servicio de Impuestos Nacionales conforme las facultades conferidas 

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por los artículos 66, 100 y 101 de la Ley 2492 (...) comunica a usted que será objeto de un “Proceso de Determinación”, de acuerdo a la modalidad y alcance definido precedentemente, con el objeto de establecer el correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias (…) Asimismo, comunicamos que en Anexo adjunto se detalla las diferencias detectadas a través de cruces de información y la documentación que debe presentar (…) a efecto de descargar las observaciones efectuadas (...)”, finalmente, el referido acto consignó las firmas y sellos del Gerente Graco Cochabamba y el Jefe del Departamento de Fiscalización (fojas 8 de antecedentes administrativos)

De forma complementaria a la Orden de Verificación referida previamente, la Administración Tributaria emitió el Detalle de Diferencias N° 189902 

anexo adjunto, exponiendo a través del “CUADRO DE OBSERVACIONES” el detalle de facturas que serian objeto de verificación; asimismo, requirió documentación consistente en: Declaraciones Juradas de los periodos observados. (Form. 200 0 210); Libro de Compras de los periodos observados; Facturas de compras originales detalladas en el citado anexo; Documento que respalde el pago realizado; y otra documentación que el fiscalizador asignado solicite durante el proceso de verificación. 

.. Asimismo, mediante anexo adjunto al detalle de diferencias, solicitó: Registros Contables debidamente respaldados a efectos de demostrar la realización de la transacción; Medios de pago que respalden el pago a los proveedores; toda otra documentación de sustento que demuestre la efectiva realización de las transacciones realizadas a través de las facturas sujetas a verificación; y cualquier documentación que considere necesaria durante el proceso de verificación (fojas 910 de antecedentes administrativos). 

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De esta manera, el contenido de la Orden de Verificación N° 18990208716, expuesto en párrafos previos, permite advertir que, la Administración Tributaria, cumplió los requisitos establecidos por el parágrafo I del artículo 104 de la Ley 2492, artículo 31 del Decreto Supremo 27310 y artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0032-16, identificando de forma clara y precisa el alcance del proceso determinativo; y si bien comunicó al sujeto pasivo, que el anexo adjunto detalla las diferencias detectadas a través de cruces de información; no obstante, dicho aspecto, no implica la atribución de algún cargo o conducta, siendo que únicamente responde a la necesidad de identificar y delimitar la verificación; en el entendido de que, el presente proceso corresponde a una 

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verificación específica de facturas, motivo por el cual, el “CUADRO DE OBSERVACIONESconsignado en el “DETALLE DE DIFERENCIASexpone únicamente las notas fiscales sujetas a revisión. 

Adicionalmente, cabe indicar que, de conformidad al referido artículo 104 del Código Tributario Boliviano, la Orden de Verificación se constituye en el acto que da inicio al proceso determinativo, y como tal, se limita únicamente a establecer el alcance y comunicar el inicio de las acciones de la Administración Tributaria, a efectos de que el sujeto pasivo se encuentre a derecho; aspecto que ratifica el carácter informativo del acto y no así declarativo, toda vez que dependiendo de la documentación que el sujeto pasivo aporte al proceso determinativo iniciado, el mismo puede concluir, sin establecer la existencia de deuda tributaria. 

A lo expuesto, se suma el hecho de que conforme establece el parágrafo I del artículo 96 y parágrafo IV del artículo 104 de la Ley 2492, la Vista de Cargo constituye el acto administrativo que contiene el resultado del trabajo de verificación, exponiendo de forma preliminar las observaciones de la Administración Tributaria, a efectos de que el sujeto pasivo dentro del término de descargo, presente toda la prueba que creyera conveniente para desvirtuar las observaciones, motivo por el cual, el recurrente no puede pretender que la Orden de Verificación se encuentre viciada de nulidad al no exponer observaciones ylo diferencias, que como se expuso, surgirán de forma posterior a la conclusión de la verificación con la emisión de la Vista de Cargo correspondiente; no resultando evidente, que la entidad recurrida haya vulnerado el debido proceso y el derecho a la defensa del administrado; máxime cuando se advirtió, de la relación de hechos desarrollado en párrafos anteriores, que el Servicio de Impuestos Nacionales, cumplió el procedimiento establecido para iniciar un proceso determinativo que permita al sujeto pasivo, ejercer su derecho a la defensa, con la presentación de toda la prueba requerida y que crea pertinente

Con relación a la ausencia de la causa de la Orden de Verificación, corresponde indicar que dicho acto surge como consecuencia del uso de las amplias facultades de contral, verificación, fiscalización e investigación que posee la Administración Tributaria al amparo del numeral 1 del artículo 66 de la Ley 2492, las cuales pueden ser ejercidas cuando así lo creyera conveniente el ente recaudador, adicionalmente y como fue señalado, la Orden 

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de Verificación se constituye únicamente en una comunicación del inicio de un proceso de revisión, motivo por lo cual la exigencia pretendida por la empresa recurrente carece d

sustento fáctico y legal, al no encontrarse dispuesta como un requisito imprescindible al amparo de lo previsto en el parágrafo I del artículo 104 de la Ley 2492, el artículo 31 del Decreto Supremo 27310 y el artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10 0032-16; por lo que corresponde desestimar lo argumentado por la empresa recurrente respecto al punto en particular. 

Finalmente, con relación a la participación de autoridad competente, es menester referir que el parágrafo 1 del artículo 104 de la Ley 2492, articulo 31 del Decreto Supremo 27310 y artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0032-16, establecen como uno de los requisitos de la Orden de Verificación, la firma y sello del Gerente Distritalo, GRACO y del Jefe del Departamento de Fiscalización, como autoridades competentes; aspecto que fue cumplido por la Administración Tributaria,.conforme se advierte de la compulsa de la Orden de Verificación N° 18990208716, la cual consigna la firma y sello de Rosmery Villacorta Guzmán y Mery R. Flores de Chipani como Gerente GRACO Cochabamba y Jefe del Departamento de Fiscalización respectivamente; evidenciando su participación en el proceso como emisores de la citada orden de verificación; no siendo evidente lo manifestado por el sujeto pasivo, máxime cuando no presentó prueba que cuestione la 

competencia de las citadas personas en la emisión del acto. 

Por lo expuesto, se concluye que, la orden de Verificación N° 18990208716, no incurrió en vicios que ameriten la anulación del proceso determinativo, al no configurarse los preceptos establecidos en los parágrafos I y 11 del artículo 36 de la Ley 2341; por el contrario, el citado acto se adecuó a lo establecido en la normativa tributaria referida a lo largo del análisis, cumpliendo con la finalidad de comunicar al administrado el inicio del proceso determinativo en su contra, a fin de participar de forma activa en el proceso; correspondiendo en consecuencia, desestimar lo argumentado por la empresa recurrente, 

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IV.3. Falta de consideración y valoración de las notas y solicitudes efectuadas. La empresa recurrente manifestó que solicitó al Servicio de Impuestos Nacionales, la subsanación de las observaciones, atiendan las solicitudes, respondan los cuestionamientos planteados, cumpla con el principio de sometimiento pleno a la Ley, resguarde los derechos constitucionales y garantice la aplicación del debido proceso; empero arguyó que no fueron atendidos y respondidos. 

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9001 18NORCA Sistema de Gestión Certifiodo N 771/4 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kemani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvísa tendodegua mbaeti onorita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Av. Oquendo N° 381 entre Venezuela y Ecuador: Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012 • www.ait.gob.bo. Cochabamba, Bolivia 

Por su parte, la Administración Tributaria manifestó que el sujeto pasivo no indicó puntualmente cual fue la prueba que no fue valorada, por lo que corresponde desestimar el agravio puesto que la prueba fue valorada, siendo inexistentes las lesiones a la verdad material y principio de igualdad

Al respecto, la Sentencia Constitucional 0871/2010 de 10 de agosto, señala que se: “(…) e) Debe valorar de manera concreta y explicita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes salado”

En el ordenamiento jurídico, los parágrafos | yll del artículo 115 de la Constitución Política del Estado, establecen que toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legitimos; y que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones

En la normativa tributaria, se tiene que los numerales 2 y 7 del articulo 68 de la Ley 2492 disponen como derechos del sujeto pasivo entre otros“(…) 2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones reglamentarias, dentro de los plazos establecidos (…) 7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución

Asimismo, el artículo 96 de la Ley 2492, señala que: 9. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado (...) II. La ausencia de cualquiera de los * 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

requisitos esenciales establecidos en el reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según corresponda”. 

Sobre la Resolución Determinativa, el parágrafo 11 del artículo 99 de la Ley 2492 establece que: “La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre. o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamen de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la fima, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa”. 

La nomativa expuesta precedentemente, permite colegir que es deber, de la Administración Tributaria efectuar una valoración y análisis de todos y cada uno de los argumentos y documentos que fueron presentados durante la sustanciación del procedimiento determinativo, efectuando un pronunciamiento debidamente fundamentado, ya sea positivo o negativo a las pretensiones, alegaciones y solicitudes del administrado, aspecto que en el presente caso será verificado, en consideración a que la parte recurrente, reclamó la falta de atención y respuesta a las solicitudes realizadas. 

En ese contexto de la compulsa de los antecedentes administrativos, se advierte que producto del proceso de determinación iniciado con la – Orden de -Verificación No 18990208716, notificado al sujeto pasivo, el 4 de enero de 2019 (fojas 8 y 16 de antecedentes administrativos), la empresa presentó la nota de 10 de septiembre de 2019 con referencia, “SOLICITUD DOCUMENTACIÓN DEL CUERPO DE ANTECEDENTES”, solicitando fotocopia de todos los actuados del cuerpo de antecedentes, para conocer de forma oportuna el estado de la verificación; asimismo, aclaró que la falta de entrega de lo solicitado, limitaria la defensa de manera precisa e integra (fojas 19 de antecedentes administrativos). 

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En respuesta, la Administración Tributaria emitió el Proveido N° 241939000183 señalando que la Orden de Verificación se encuentra en proceso y el resultado sería comunicado conforme señala el artículo 104 de la Ley 2492, a través de la Vista de Cargo al ser la comunicación oficial de resultados a partir del cual se otorga un plazo de treinta días para formular y presentar los descargos, por lo que no existiría limitación al derecho a la 

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de la Caldad CHRON771/14 

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defensa. Proveido que fue notificado mediante cédula, el 8 de octubre de 2019 (fojas 20 y 24 de antecedentes administrativos)

Continuando con la compulsa de los antecedentes administrativos, se advierte que el 18 

de enero de 2019, la parte recurrente presentó nota a la Administración Tributaria, señalando la presentación de prueba el 11 de enero de 2019; y aclarando que algunas certificaciones, que fueron solicitadas a sus proveedores y certificaciones de cheques, serian presentados de forma posterior de conformidad al artículo 81 (fojas 34 de antecedentes administrativos). 

Adicionalmente, a fojas 36 de antecedentes administrativos, cursa la nota presentada por el sujeto pasivo el 22 de febrero de 2019, en la cual solicitó a la Administración Tributaria, permita presentar el informe técnico sobre el uso del alcohol en Tecnoacero SRL, en cumplimiento lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 81 del Código Tributario Boliviano. 

Más adelante y según obrados del caso, Tecnoacero SRL presentó otra nota al Servicio de Impuestos Nacionales el 27 de febrero de 2020, reiterando su solicitud de fotocopias de los antecedentes administrativos y autorizando a Aracelik Morales Taborga a recibir dicha documentación y realizar el seguimiento de la verificación; en respuesta, la Administración Tributaria emitió el Proveído No 242039000044, señalando que: En virtud a la solicitud efectuada por el contribuyente, franquéese las fotocopias solicitadas que cursa en antecedentes administrativos (…) Con respecto a la entrega de copias fotostáticas (…) el contribuyente podrá actuar personalmente o por medio de sus representantes; empero, estos últimos deberán estar reconocidos mediante instrumento público (...)”, acto notificado mediante cédula, el 6 de marzo de 2020 (fojas 27, 28 y 32 de antecedentes administrativos). 

Posteriormente, la empresa recurrente presentó nota en sede administrativa el 17 de abril de 2019, solicitando le sea permitido entregar la inspección ocular realizada por el Servicio de Impuestos Nacionales a objeto de verificar los materiales observados en los procesos de producción (fojas 50 de antecedentes administrativos), 

Ahora bien, a la conclusión del trabajo de campo y conforme dispone el parágrafo IV del articulo 104 de la Ley 2492, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo No 292039000001, acto administrativo que de acuerdo al parágrafo 1 del artículo 96 de la 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

citada Ley, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamentan la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de verificación. 

En ese entendido, de la lectura realizada a la vista de Cargo No 292039000001, pudo advertirse que la entidad recurrida, señaló lo siguiente: “En fecha 18/01/2019, mediante nota No GG-NOT-386/2019 recepcionada con Hoja de Ruta NIUT 243-GGC-2019, el contribuyente expresó su compromiso de presentación de documentación en forma posterior al vencimiento (…) Posteriormente el 22/02/2019, mediante nota No GG-NOT 526/2019 recepcionada con Hoja de Ruta NUIT 711-GGC-2019, el contribuyente presentó el Informe Técnico de uso de alcohol de fecha 21/02/2019 (…) Finalmente el 17/04/2019, mediante nota No GG-NOT-5095/2019 recepcionada con Hoja de Ruta NUIT 1520-GGC 2019, el contribuyente presento el Acta de inspección Ocular. de fecha 22/02/2019 efectuada por la Administración Tributária para fines de la Orden de Verificación. No 17990206934 y no asi para la presente verificación” (fojas 327 y 328 de antecedentes administrativos).

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Posteriormente la citada Vista de Cargo señaló: “Al respecto, el contribuyente presentó documentación consistente en: Declaraciones Juradas, Libros de compras, facturas, asientos contables, Libro de Mayor, Depósitos de cheques propios electuados por el Sr. Daniel Escobar Padilla y el Sr. Elmer Vallejos Iriarte, detalle de gastos, certificaciones del Nacional de Bolivia, órdenes de compra, requisiciones de materiales, entradas a almacén, Kárdex fisico, memorándum de asignación, contrato individual de trabajo, reportes de abonos en linea, certificaciones de los proveedores, facturas de ventas. Empero, con la documentación presentada no se ha demostrado la onerosidad de las transacciones, toda vez que los cheques fueron girados a nombre el Sr. Daniel Escobar Padilla y la Sra. Arecelik Morales Taborga y no así a nombre de los proveedores que figuran en las facturas sujetas a revisión”. 

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De forma seguida la Vista de Cargo en cuestión, expuso mediante cuadros, la compulsa de la documentación presentada por el sujeto pasivo durante la sustanciación del proceso determinativo, identificando cada uno de los documentos y el valor probatorio asignado en función de la observación detectada (fojas 329 de antecedentes administrativos). 

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de la calidad ChadN7711

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Como respuesta a la Vista de Cargo N° 292039000001, la parte recurrente el 20 de marzo de 2020, dentro el plazo previsto en el artículo 98 de la Ley 2492, presentó nota ofreciendo argumentos de descargo (fojas 359375 de antecedentes administrativos), manifestando 

que

  • La Orden de Verificación N° 18990208716, no comunicó las diferencias u 

observaciones que motivaron su emisión, vulnerando de esta manera el debido proceso y el derecho a la defensa. La Orden de Verificación No 18990208716 y la Vista de Cargo No 292039000001, fueron notificadas fuera del plazo de 5 dias posteriores a su emisión, dispuesto en el artículo 33 de la Ley 2341. La Orden de Verificación N° 18990208716 no cuenta con las respectivas firmas autógrafas; aspecto que invalidó el acto al no evidenciar la efectiva participación de la autoridad competente. Fue presentada la documentación obligatoria por ley y otra documentación de respaldo a las notas fiscales; además solicitó la realización de una inspección a los clientes, para comprobar la existencia de los productos terminados y así pueda establecer la composición y consumo de insumos necesarios para su obtención en cumplimiento del principio de verdad material. Le fue restringida la información de los proveedores para identificar posibles errores de registro en el Libro de compras y ventas IVA. 

Los registros contables fueron realizados al amparo del artículo 45 del Código de Comercio

Las transacciones fueron respaldadas bajo las condiciones establecidas en la 

normativa, tienen existencia real y son esenciales para la actividad gravada

Por otra parte, la Administración Tributaria al finalizar el proceso determinativo, señaló en el acápite “VALORACIÓN Y EVALUACIÓN A DESCARGOS PRESENTADOS POR EL CONTRIBUYENTE SEGUIDO DE LA POSICIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA” del acto impugnado, que la Orden de Verificación se encuentra enmarcada en el parágrafo I del artículo 104 de la Ley 2492, comunicando el inicio del proceso de verificación y estableciendo el alcance de la determinación; por lo que no determina diferencias, siendo que una interpretación tergiversada del sujeto pasivo, toda vez que el detalle de diferencias identifica las facturas sujetas a revisión; consecuentemente, no fue, 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinadonal de Bolivia 

vulnerado el debido proceso y el derecho a la defensa (fojas 399-400 de antecedentes administrativos). 

Continuó afirmando que no existe un proceso legal que contemple el cómputo de plazos a partir de la emisión de la Orden de Verificación, mucho menos que exista un plazo de notificación a partir de su emisión, considerando que los plazos se computan a partir de la notificación de los actos. De la misma forma, argumento que el artículo 96 de la Ley 2492 refieren los requisitos de la Vista de Cargo, pero no establece un plazo para su notificación; concluyendo que vulneró los derechos del sujeto pasivo; además, que al existir un procedimiento legalmente establecido en la Ley 2492 no corresponde aplicar lo dispuesto 

en el artículo 33 de la Ley 2341; más aún, si como consecuencia de la notificación de la Orden de Verificación, el administrado participó activamente en el proceso (fojas 400-401 de antecedentes administrativos). 

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Más adelante, el acto impugnado sostuvo que el artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0032-16 no refiere que la firma y sello de las autoridades competentes deban ser únicamente, autógrafas, siendo que la Orden de Verificación consigna la firma facsímil, cumpliendo con el requisito exigido en la norma señalada; al efecto, citó lo dispuesto en el parágrafo II del artículo 79 de la Ley 2492, para concluir que el acto administrativo cuenta con todos los elementos esenciales dispuestos por norma (fojas 402 de antecedentes administrativos). 

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A continuación, la entidad recurrida, puntualizó que realizó controles cruzados documentados con los proveedores, a través de su sistema informático, encontrándose adjuntas a cada factura en antecedentes administrativos y cuyo resumen puede ser corroborado en el Papel de Trabajo “Cuadro de Verificación y Análisis de las Facturas Sujetas a Verificación“, además que los resultados fueron comunicados mediante la Vista de Cargo, determinando que las notas fiscales fueron emitidas al NIT del sujeto pasivo; acotó que el hecho de que los proveedores reporten las facturas no supone la demostración de la verdad material, por lo que conforme a la vista de Cargo la depuración del crédito fiscal se debe a que no se cuenta con documentación suficiente y pertinente que pruebe la realización de las transacciones, ya que los asientos contables no guardan relación con el depósito bancario y la entrega de fondos, además que no se tiene constancia de la relación entre Daniel Escobar Padilla y Elmer Vallejos Iriarte con la empresa (fojas 403 de antecedentes administrativos). 

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de calidad 

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Respecto a la inspección a los clientes, la entidad recurrida señaló en el acto impugnado, que no observó las ventas realizadas a los clientes y la vinculación de las transacciones con la actividad gravada; pues del análisis y valoración realizada a la documentación presentada, evidenció que el sujeto pasivo, no demostró la efectiva realización de la transacción; consecuentemente, al no ser las ventas el objeto de la observación, el Servicio de Impuestos Nacionales concluyó, señalando que el argumento del administrado carece de sustento legal (fojas 404 de antecedentes administrativos). 

De la misma forma, la entidad recurrida señaló en la Resolución Determinativa No 172039000284, que a efectos de aplicar lo dispuesto en el artículo 45 del Código de Comercio, las anotaciones totales serán válidas siempre que las mismas se encuentren detalladas en otros libros o registros auxiliares; aspecto que no fue evidenciado en el presente caso, además sostuvo que las actuaciones y procedimientos realizados fueron puestos en conocimiento del sujeto pasivo en el marco del debido proceso mediante la Orden de Verificación y la Vista de Cargo, conteniendo una descripción técnica, clara y contundente del cargo formulado de los resultados de las actuaciones de control, Verificación, fiscalización e investigación (fojas 405 de antecedentes administrativos). 

Respecto al informe técnico de uso de alcohol y la solicitud de inspección y evaluación técnica, la Administración Tributaria manifestó que la observación determinada en la Vista de Cargo N° 292039000001 no se funda en el uso y/o destino de los productos adquiridos, sino en la efectiva realización de la transacción; añadiendo que la verificación objeto del presente proceso, corresponde a periodos de la gestión 2016; por lo que los hechos actuales, no pueden ser comparados con hechos pasados, razón por la cual señaló que la solicitud de inspección no incide en el proceso de determinación (fojas 405 de antecedentes administrativos). 

Posteriormente el acto impugnado, precisó que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley 2492, la Administración Tributaria procedió con el control, verificación e investigación de todos los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones a través de la notificación de la Orden de Verificación, garantizando no solo el cumplimiento de los aspectos formales, sino también los aspectos materiales; evidenciando que los registros contables, no guardan relación con la entrega de fondos (fojas 406 de antecedentes administrativos). 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolívia 

Consecuentemente, la descripción realizada en párrafos precedentes permite advertir que la Administración Tributaria ante las diferentes notas presentadas por el sujeto pasivo durante la sustanciación del proceso determinativo, emitió dos proveidos que contienen 

un pronunciamiento sobre las solicitudes de fotocopias realizadas, asimismo, la Vista de 

Cargo expuso los antecedentes del caso, identificando todas las notas presentadas por el recurrente, y la valoración de la documentación presentada en función a la observaciones advertidas por el ente recaudador, permitiendo así al sujeto pasivo, el cabal entendimiento de las razones por las cuales fue depurado el crédito fiscal, garantizando de esta manera el derecho a la defensa y posibilitando la presentación de pruebas y argumentos de descargo, siendo evidente la participación activa en el proceso de Tecnoacero SRL como prueba de lo referido previamente, 

De igual manera, se advirtió que la Administración Tributaria en el contenido de la Resolución Determinativa impugnada, efectuó una valoración y análisis de cada uno de los argumentos de descargo, ofrecidos por el sujeto pasivo en su nota de 20 de marzo de 2020, haciendo énfasis y aclarando que la depuración del crédito fiscal, responde a la falta de documentación que acredite la materialización de la transacción; consecuentemente, se infiere el cumplimiento de lo dispuesto en los numerales 2, 6 y 7 del artículo 68 de la Ley 2492, quedando evidenciado la inexistencia de una vulneración al debido proceso y derecho a la defensa, establecidos en el parágrafo II del 115 parágrafo ll y parágrafo I del artículos 117 de la Constitución Política del Estado; aspecto que permite advertir, que la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa impugnada, dieron cumplimiento a lo dispuesto por el parágrafo I del artículo 96 y parágrafo II del artículo 99 de la Ley 2492, respectivamente y el accionar de la Administración Tributaria en cuanto a las solicitudes efectuadas por la empresa recurrente aseguraron los derechos del contribuyente previstos en los numerales 2 y 7 del artículo 68 de la Ley 2492; por consiguiente, corresponde desestimar lo agraviado al respecto. 

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IV.4. Validez del crédito fiscal. El sujeto pasivo manifestó, que adjuntó la documentación obligatoria por Ley y otra documentación de respaldo en originales, empero no fueron valoradas conforme al principio de verdad material; además que, solicitó la realización de controles cruzados documentados reales y no simples datos que resultan atentatorios al principio de verdad material, por lo que manifestó que debió notificarse a los proveedores a fin de comprobar 

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las condiciones y respaldos de cada transacción dentro del proceso de determinación y así, corroborar la efectiva realización de las mismas. 

Asimismo, sostuvo que también solicitó evaluar en forma técnica, objetiva y razonable el proceso de producción, a fin de confirmar y evidenciar que como resultado de las transacciones observadas, logró vender productos terminados, no pudiendo vulnerar el principio de verdad material, habiendo solicitado una inspección a los clientes a fin de comprobar la existencia real, material y tangible de los productos terminados y se establezca la composición y consumo de insumos necesarios para su obtención. 

De forma complementaria, la empresa recurrente sostuvo que resulta evidente un atentatorio cambio de criterio en la Administración Tributaria, así como lesiones al principio de verdad material en la determinación de la deuda tributaria; toda vez que para las Ordenes de Verificación No 18990208937 y 19990309657, bajo idénticas características, el mismo proveedor y los mismos elementos de descargo, fueron correctamente valorados, evidenciando que el error correspondía al ICE. 

Finalmente, afirmó que Daniel Escobar Padilla y Elmer Vallejos Iriarte tienen relación con la empresa, al utilizar la misma cuenta bancaria para el pago por sus servicios al igual que todo el personal dependiente; realiza el pago como a todos los vinculados y dependientes de la empresa, demostrando que desarrollan funciones bajo contrato dentro la empresa

endo dependientes actualmente registrados en planilla; asimismo, respecto a la Gerente Financiera Aracelik Morales, sostuvo que demostró el depósito por su sueldo al Banco y adjuntó fotocopia de la planilla de la Caja Nacional de Salud como prueba nueva

En contraposición, la Administración Tributaria indicó que los registros contables no guardan relación con la entrega de fondos, debido a que no cuenta con un detalle de las operaciones realizadas dentro la empresa, además que no fue proporcionada la planilla de sueldos y salarios, ni la planilla de aportes a las AFPs, documentación que permitiría demostrar la relación laboral de Daniel Escobar Padilla y Elmer Vallejos Iriarte, por lo que manifiesta que no fue posible demostrar la realización de las transacciones, incumpliendo los numerales 4 y 5 del artículos 70 de la Ley 2492. 

Adicionalmente, el ente recaudador manifestó que respecto a otras verificaciones, debe tomarse en cuenta, que si bien existieron algunas similitudes, no pueden considerarse de 

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forma integra, puesto que los libros contables, respaldos contables y documentación presentada no es la misma, siendo que las observaciones recaen sobre deficiencias de la documentación acompañada, no siendo posible arribar a criterios similares ante prueba distinta; consecuentemente, sostuvo que si bien la Administración Tributaria aplica criterios unificados para los procedimientos que realiza, empero dicho aspecto no significa que deba validar prueba diversa en procedimientos separados, ya que los hechos y realidades económicas son distintas. 

En tal sentido, expuestas las pretensiones de las partes procesales, resulta importante señalar que la doctrina considera a la prueba como un: “Conjunto de actuaciones que dentro de un juicio, cualquiera que sea su indole, se encamina a demostrar la verdad de los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus respectivas pretensiones litigiosas (…) es toda razón o argumento para demostrar la verdad o fà sedad en cualquier esfera y asunto” (OSSORIO.-Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Buenos Aires – Argentina. Editorial Heliasta. 1978. Pág: 787-788) 

En la normativa tributaria, se tiene que el inciso a) artículo 8 de la Ley 843, prevé que’el Crédito Fiscal IVA resulta de aplicar la alicuota correspondiente, “sobre el monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de prestaciones de servicios, o toda otra.prestación o insumo alcanzados por el gravamen, que los hubiesen facturado o cargado mediante documentación equivalente en el período fiscal que se liquida. Sólo darán lugar al cómputo de crédito fiscal, las compras, adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen”. 

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Del mismo modo, el artículo 8 del Decreto Supremo 21530, establece que: “El crédito fiscal computable a que se refiere el inciso a) del Artículo 8 de la Ley N° 843 es aquel originado en las compras, adquisiciones, contrataciones o importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad sujeta al tributo”. 

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También la Autoridad General de Impugnación Tributaria, en virtud a los artículos 4 y 8 de la Ley 843 descritos precedentemente, estableció como precedente en las Resoluciones 

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de la Cxd Chicco 71/4 

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de Recurso Jerárquico Nos. STGRJ/0064/2005, AGITRJ 0341/2009, AGIT-RJ 0007/2011 Y AGIT-RJ 0198/2013 – entre otras-, la existencia de tres requisitos” que deben ser cumplidos para que un contribuyente se beneficie con el Crédito Fiscal IVA, producto de las transacciones que declara ante la Administración Tributaria, siendo estos: 1) La existencia de la factura original; 2) Que la compra se encuentre vinculada con la actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen y; 3) Que la transacción haya sido efectivamente realizada. 

Es así que, los numerales 4) y 5) del artículo 70 de la Ley 2492 establece la obligación que tiene el sujeto pasivo de demostrar la procedencia y cuantía de sus créditos impositivos, así como respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos ylo instrumentos públicos; resultando claro que, con el fin de probar la efectiva realización de la transacción y su vinculación con la actividad gravada, por la cual reclama el crédito fiscal observado, debe aportar medios de pago y documentación contable y financiera que permitan a la Administración Tributaria comprobar que la operación de 

compra-venta se materializó. 

En dicho sentido, los artículos 36, 37 y 40 del Código de Comercio, establecen la obligatoriedad de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia y organización de la empresa, sobre una base uniforme que permita demostrar la situación de sus negocios y una justificación de sus actos sujetos a contabilización; siendo obligatorio que lleven Libro Diario, Mayor, Inventarios y Balances, encuadernados y notariados, debiendo además contar con registros auxiliares que estime convenientes para lograr mayor orden y claridad, y de esta forma obtener información que le permita ejercer control y coadyuve en la toma de decisiones. 

Por su parte, el artículo 76 de la Ley 2492, establece que en los procedimientos tributarios administrativos quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos; de igual forma, el parágrafo lidel articulo 77 de la misma Ley dispone que en los procedimientos tributarios pueden invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho. 

Por otra parte, la línea doctrinal establecida en las Resoluciones de Recurso Jerárquico Nos. AGITRJ 0198/2013, AGITRJ 0709/2014 Y AGITRJ 0459/2014 -entre otras- señala 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional do Bolivia 

que: a experiencia reveló la existencia de situaciones en las cuales se producen operaciones “simuladas” del acto jurídico, es decir, actos dirigidos únicamente al fin de reducir la carga fiscal del contribuyente; siendo que las partes intervinientes actúan como si se hubiera celebrado el acto jurídico, cuando en realidad la operación resulta inexistente. Ante tal situación, el artículo 8 de la Ley N° 2492 (CTB), ha previsto el método interpretativo de la “realidad Económicas que permite a la Administración Tributaria apartarse de las formas adoptadas por el sujeto pasivo y establecer la verdad de los hechos, observando si se cumplieron los presupuestos económicos de la operación. Por otro lado, existen situaciones en las cuales los “compradores de buena fe pagan el gravamen a proveedores que se consideraban “legitimos”, los que sin embargo emiten una factura de una empresa inexistente o existente, pero que no cumplia con las obligaciones fiscales(FENOCHIETTO, Ricardo. El Impuesto al Valor Agregado. 2° Edición. Buenos Aires: Ed. La Ley, 2007. Pág. 612), situación por la cual, ante la existencia de un documento inválido, se precautela el derecho del contribuyente al crédito fiscal siempre y cuando demuestre que la operación que dio origen al mismo tuvo lugar en los hechos“.

En ese sentido, el doctrinario Ricardo Fenochietto, señala que: “Las disposiciones vigentes y los principios generales del derecho tributario nos permiten concluir que la deducción de un gasto en el impuesto a las Ganancias y/o el cómputo de un crédito fiscal en el IVA está condicionado a’la existencia real de una operación que en principio se encuentre respaldada por un documento debidamente emitido, correspondiendo al responsable que pretende hacer valer los mismos, la prueba de dicha existencia cuando ello esté en duda y sea requerido de manera fundada por el Fisco. Para ello no alcanza con cumplir con las formalidades que requieren las normas, requisito necesario pero no suficiente, sino que cuando ello sea necesario deberá probarse que la operación existió, pudiendo recurrirse a cualquier medio de prueba procesal (libros contables, inventario de la firma, testigos, pericias, que la operación se ha pagado y a quién, particularmente si se utilizan medios de pago requeridos, como cheque propio o transferencia bancaria de los que queda constancia en registros de terceros”. 

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Igualmente, el citado autor respecto a la vinculación del Crédito Fiscal enseña que el objetivo perseguido ha sido evitar que una determinada cantidad de operaciones consumidas particularmente por los dueños de las empresas, sus directivos, su personal o terceros, sean deducidas en la liquidación por la misma, por el sólo hecho de haber sido 

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9001 IBNORCA 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Av. Oquendo N° 381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012 www.ait.gob.bo. Cochabamba, Bolivia 

facturadas a su nombre. De no ser así, el organismo fiscalizador debería analizar una por una esas operaciones, para determinar si se encuentran vinculadas a operaciones gravadas, o si en realidad fueron hechas por un consumidor final(FENOCHIETTO Ricardo. El Impuesto al Valor Agregado. 2da. Edición. Buenos Aires: Editorial La Ley, 2007. pág. 630, 631). 

En consideración a lo expuesto hasta el momento, se tiene que la apropiación de un crédito fiscal exige el cumplimiento de requisitos sustanciales y formales, que permitan establecer la existencia del hecho imponible y la vinculación con la actividad gravada, a efecto de que la Administración Tributaria pueda considerarlos como válidos para fines fiscales, siendo deber del sujeto pasivo presentar documentación que acredite tales situaciones

En ese entendido, el solo hecho de presentar la factura y documentación contable no implica la validación del crédito fiscal, puesto que para dicho cometido no solamente se debe contar con documentación contable, sino también con documentación de respaldo al registro contable y con cualquier otro documento que sirva de medio de prueba, a efecto de poder advertir que no hay lugar a duda respecto a que la transacción fue efectivamente realizada y que además se encuentra vinculada con la actividad gravada

Adicionalmente, debemos indicar que la obligación dispuesta en los numerales 4 y 5 del artículo 70 de la Ley 2492, no se limita a la presentación del comprobante contable, libro diario y mayor, debiendo ser interpretada en conjunción con lo señalado en el artículo 76 y el parágrafo 1 del artículo 77 de la citada Ley

En consecuencia, para el cumplimiento de los requisitos necesarios para el beneficio del crédito fiscal y referidos a la materialización de la transacción y su vinculación con la 

actividad gravada, resulta necesario que el sujeto pasivo presente documentación que además del correcto registro contable, demuestre el pago, la transferencia de dominio y la incorporación efectiva del bien ylo servicio en la actividad gravada, motivo por el cual corresponde aclarar que el beneficio de un crédito fiscal no depende de la información de los emisores de las facturas o cruces de información realizados por el Servicio de Impuestos Nacionales, puesto que si bien, dicha labor investigativa aportaría elementos al análisis, empero la validez del crédito fiscal depende de la documentación de respaldo 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

presentada por el sujeto pasivo, no pudiendo pretender la parte recurrente, que la ausencia del cruce de información, invalide el proceso determinativo, siendo su responsabilidad y deber presentar toda la documentación que respalde las transacciones por las cuales, el sujeto pasivo se beneficio de créditos impositivos y los mismos están sujetos a verificación por la Administración Tributaria en apego a sus facultades establecidas en el numeral 1 del artículo 66 de la Ley 2492. 

En ese mismo sentido, corresponde señalar que la falta de comunicación de los cruces de información realizados por la Administración Tributaria a través de su sistema informático, no vulneraron el derecho a la defensa del sujeto pasivo, puesto que la verificación de la validez del crédito fiscal y la decisión de depurar el mismo por parte de la entidad recurrida, responden al análisis de la documentación acompañada por el sujeto pasivo al proceso determinativo y no dependen de lo reportado por los proveedores; aspecto que fue comunicado de forma oportuna a través de la Vista de Cargo N° 292039000001, a efectos de que la empresa conozca a precisión los motivos y razones que motivaron la depuración del Crédito Fiscal IVA; por lo que corresponde desestimar dicha pretensión. 

De igual manera, la exigencia de la parte recurrente, para la realización de una inspección a los clientes a fin de comprobar la existencia real, material’y tangible de los productos terminados, tampoco suple la obligación del sujeto pasivo de acreditar el cumplimiento de los requisitos necesarios para el beneficio del crédito fiscal contenido en facturas de compras; correspondiendo reiterar que la validez del crédito fiscal declarado, dependerá de la documentación de respaldo del sujeto pasivo que pretende beneficiarse. 

Por otra parte, lo expuesto hasta este punto también permite desestimar lo argumentado por el sujeto pasivo respecto a que la Administración Tributaria debió llegar al mismo resultado obtenido para las Ordenes de Verificación No 18990208937 y 19990309657, al tener idénticas caracteristicas, el mismo proveedor y los mismos elementos de descargo; pues es importante destacar, que cada proceso determinativo resulta independiente respecto a otros y conllevan distintos aspectos, siendo necesario aclarar, que si bien puede existir similitud en las transacciones verificadas en dos o más procesos, la normativa y doctrina señalada en párrafos previos, exige que cada nota fiscal debe contar con la documentación necesaria que acredite el cumplimiento de los requisitos necesarios 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq karachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vao (Guarani) 

Av. Oquendo NR 381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011.-4140012 www.ait.gob.bo. Cochabamba, Bolivia 

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para el beneficio del crédito fiscal, sin supeditación alguna al pronunciamiento o decisión asumida por alguna instancia de impugnación o reclamo

Asimismo, resulta importante indicar que, la suficiencia o insuficiencia de la documentación que respalda un crédito fiscal, depende de los elementos de convicción aportados por el beneficiario de dicho crédito fiscal y es en dicho sentido que, ésta instancia recursiva analizará la documentación presentada por el sujeto pasivo, a fin de verificar la validez del crédito fiscal de las facturas sujetas a verificación, en función a lo argumentado por el sujeto pasivo en su Recurso de Alzada y lo observado por el Servicio de Impuestos Nacionales, respecto al cumplimiento de los requisitos referidos a la materialización de la transacción y la vinculación con la actividad gravada. 

Con las aclaraciones expuestas previamente, se procederá a la valoración de la documentación presentada por el sujeto pasivo dentro del proceso determinativo, y de esta forma establecer la procedencia o improcedencia de los reparos determinados por el SIN correspondientes a la depuración de crédito fiscal; efectuando un análisis para cada una de las facturas observadas; debiendo aclarar, que la documentación presentada ante esta instancia recursiva, junto a la nota de 30 de septiembre de 2020 (fojas 35-75 del expediente administrativo), no puede ser considerada en el presente análisis al haber sido presentada en fotocopia simple, siendo que el inciso a) del artículo 217 de la Ley 2492 es claro al establecer que se admitirá como prueba documental, cualquier documento presentado siempre que sea original o copia legalizada, y no solo una fotocopia simple

Factura No 41 del proveedor Ingenio Azucarero Guabirá SA. Con relación a la factura No 41 emitida por el proveedor Ingenio Azucarero Guabirá SA. por concepto de compra de 180 latas de alcohol de 2×16 Lt, la Resolución Determinativa señaló que en relación al ingreso a almacén, el sujeto pasivo presentó “Entrada a Almacén N° 650de 26 de agosto de 2016; empero, no adjunto documentación que demuestre la transferencia de dominio (actas de entrega, notas de remisión, guia de transporte, entre otros) entre el proveedor y Tecnoacero. 

Asimismo, respecto al pago, el ente recaudador señaló que el asiento contable No 

100000028 de 31 de agosto de 2016 registra el pago de la compra con abono a la cuenta 11120101 “Banco Nacional de Bolivia”; sin embargo, de forma contraria el depósito 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

bancario de 8 de octubre de 2016, detalla como depositante a Daniel Escobar Padilla, además que el sujeto pasivo no demostró con planillas de sueldos y salarios y aportes de Ley, que la citada persona sea trabajador de la empresa, 

Adicionalmente, la entidad recurrida sostuvo como otro aspecto observado, la entrega de fondos a Daniel Escobar Padilla, mediante cheques de 4, 6 y 8 de octubre, que no se encuentran registrados en la contabilidad de la empresa; por lo que, concluyó que no fue demostrada la transferencia de dominio ni la onerosidad de la compra (fojas 396 de antecedentes administrativos). 

A su vez el acto impugnado, en el cuadro “DETALLE DE FACTURAS NO VALIDAS PARA CÓMPUTO DE CRÉDITO FISCAL“, consignó como observación lo siguiente: “(…) el asiento_contable Nro. 100000028, presentado por el contribuyente no adjunta documentación que permita demostrar, la transferencia de dominio (actas de entrega, notas de remisión, guías de transporte, entre otros) (…) asimismo, se ha constatado que el asiento contable antes referido, no guarda relación con el depósito bancario y la entrega de fonidos al Sr. Daniel Escobar Padilla, ‘toda vez que, no se encuentran registrados en la contabilidad de la empresa. Por otro lado, el contribuyente no ha demostrado con Planilla de Sueldos y Salarios, y aportes de Ley (AFPS) que el Sr. Daniel Escobar Padilla, sea trabajador de la empresa TECNOACERO S.R.L. Por todo lo expuesto, la factura No es válida para el computo del Crédito Fiscal /VA” (fojas 397 de antecedentes administrativos). 

De esta manera, lo señalado precedentemente permite advertir que la Administración Tributaria depuró el crédito fiscal contenido en la factura No 41 del proveedor Ingenio Azucarero Guabirá SA., en razón a que la documentación presentada, no acredito la materialización de la transacción en sus componentes de onerosidad y transferencia de 

dominio del bien. 

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Ahora bien, de la compulsa de los antecedentes administrativos, se advierte que en relación a lo observado por la Administración Tributaria, el sujeto pasivo presentó el asiento contable N° 100000028 de 22 de agosto de 2016, que expone un registro consolidado de los egresos incurridos en el periodo agosto de 2016, debitando un importe de Bs 139.230,99 a la cuenta de gasto “51010114 Ferreteriacontra la cuenta de activo “11120101 Banco Nacional Moneda Nacional” por un valor de Bs761.933,61 (fojas 131 de 

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Sistema de Gesso

de la Calidad CeledoN771/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vee (Guaraní) 

Av. Oquendo N°381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012 www.ait.gob.boCochabamba, Bolivia

antecedentes administrativos); hecho que demuestra un registro general, que no permite identificar si la factura observada fue considerada en la elaboración de dicho registro 

contable. 

Añadir a lo anterior que, el Libro Mayor de la cuenta “51010114 Ferreteriaexpone el registro del asiento contable N° 100000028, consolidando las compras efectuadas en el periodo agosto de 2016 (fojas 162 de antecedentes administrativos); aspecto que evidencia, que la empresa recurrente efectuó un registro contable consolidado por periodo, situación que a entender del sujeto pasivo se encontraria respaldado por el artículo 45 del Código de Comercio (Concentración y anotación por periodos), que a la letra sala: Es válida, sin embargo, la anotación conjunta de los totales de las operaciones por periodos no superiores al mes, siempre que su detalle aparezca en otros libros o registros auxiliares, de acuerdo con la naturaleza de la actividad de que se trate. En este caso se consideran parte integrante del Diario”. 

No obstante, de la compulsa de los antecedentes administrativos, se advierte que la empresa recurrente, no presentó un desglose de las transacciones que fueron 

das en el registro contable consolidado de los egresos del periodo agosto de 2016, evidenciando un incumplimiento a lo dispuesto por el artículo 45 del Código de Comercio, así como la falta de claridad y precisión respecto de las operaciones que fueron incluidas en el registro consolidado presentado por la empresa recurrente. 

Por otra parte, el detalle de cheques y detalle de gastos de 08/10/2016 y 10/10/2016, las copias de los cheques 5932814, 5932819, 5932821, 5932825 y 5932826; y la nota emitida por el Banco Nacional de Bolivia Cite GO/OP/56/2019 de 21 de enero de 2019 (fojas 132, 133 y 135-142 de antecedentes administrativos), exponen la asignación de fondos en favor de Daniel Escobar Padilla para cubrir gastos realizados (entre ellos la factura observada); sin embargo, dicho aspecto resulta contrario a la contabilidad presentada por el sujeto pasivo que, de forma genérica, efectúa una disposición de recursos para el pago de un gasto incurrido, no dejando indicio sobre una asignación de fondos a una tercera persona. 

Además, se debe destacar que, la asignación de fondos en cuestión, resultaría posterior al registro contable expuesto en el asiento contable N° 100000028 hecho que genera 

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III 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

incertidumbre respecto a la inclusión de la transacción observada por la Administración Tributaria en la contabilidad de la empresa recurrente y desde luego el pago de la transacción; reiterando que el citado asiento contable no expone una asignación de fondos concordante con la documentación presentada como respaldo y por el contrario refiere que la transacción fue pagada en el periodo agosto. 

to.. Lo expuesto precedentemente, cobra relevancia por cuanto se debe tener presente que, la acreditación de la onerosidad de una transacción, debe encontrarse acreditada con documentación contable, financiera y/o comercial que en su integridad y conjunción no den lugar a duda respecto a la disposición y erogación de fondos de arcas de la empresa en favor del proveedor del bien adquirido, situación que en el presente caso, no acontece, debido a la inconsistencia de la documentación presentada por el recurrente, por cuanto los registros contables además de no exponer claramente las operaciones registradas, no guardan correspondencia con la modalidad de pago que refiere la demás documentación 

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En ese sentido, si bien el comprobante de depósito de cheques propios y efectivo cursante a fojas 134 de antecedentes administrativos, expone un depósito realizado por Daniel Escobar Padilla en favor del Ingenio Azucarero Guabirá SA. por un importe igual al consignado en la factura observada; no obstante, los aspectos señalados en párrafos precedentes, generan incertidumbre respecto al destino del depósito, situación que se replica con el memorándum de asignación y el contrato individual de trabajo indefinido, mismos que si bien acreditarian la existencia de una relación de dependencia con Daniel Estaban Escobar Padilla, empero dicha situación no permite vincular el deposito efectuado con la factura observada, no siendo suficientes para acreditar la onerosidad. 

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Calidad LÄRDE ÇERTIFIKATION 

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Por otra parte, en relación a la transferencia de dominio como componente de la materialización de la transacción, la empresa recurrente presentó durante la sustanciación del proceso determinativo, la Orden de Compra N° 15, Requisición de Materiales No 150 y entrada a Almacenes N° 650, que refieren la adquisición de 180 jabas de alcohol lata de 2x16Lt (fojas 143-145 de antecedentes administrativos); sin embargo, dichos documentos no cuentan con la participación del proveedor de los bienes facturados, constituyendo en documentación emitida unilateralmente y que no aporta certeza sobre la transferencia de dominio, del bien consignado en la factura observada. 

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9001 IBNORC

Stoma de Getló

Kad CertificadoN771114 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a karani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachig (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaranl) 

Av. Oquendo N2 381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012 www.ait.gob.bo. Cochabamba, Bolivia 

A lo expuesto precedentemente, se suma el hecho de que la empresa recurrente acompañó únicamente un reporte de kardex que consigna de forma escueta un movimiento del bien consignado en la factura observada (fojas 146 de antecedentes administrativos), constituyendo un registro que no demuestra la transferencia de dominio del bien; por lo que resulta evidente que la documentación presentada por el sujeto pasivo, no demuestra la transferencia de dominio del bien facturado. 

Finalmente, en relación a la certificación de factura de 18 de enero de 2019, emitida por el Ingenio Azucarero Guabirá SA. IAGSAGG-021/19 (fajas 171 de antecedentes administrativos), corresponde señalar, que dicho documento certifica únicamente que la factura observada fue emitida a nombre de la empresa Tecnoacero SRL con NIT 134475023 y que la misma se encuentra registrada en el Libro de Ventas IVA; empero, no aporta elementos probatorios referidos a la onerosidad y transferencia de dominio de la transacción. 

Consecuentemente, lo expuesto hasta este punto, permite advertir que contrariamente a lo señalado por el sujeto pasivo en su Recurso de Alzada, la documentación presentada al proceso determinativo, no acreditó la materialización de la transacción expuesta en la factura No 41; correspondiendo en consecuencia, confirmar la depuración del crédito fiscal efectuada por la Administración Tributaria. 

Factura N° 5090 del proveedor Salqui SRL. Con relación a la factura N° 5090 emitida por el Proveedor Salqui SRL. por concepto de compra de 6 cañerías 1×6 y 5 cañerías 3/4×6, la Resolución Determinativa señaló que en relación al ingreso a almacén, el sujeto pasivo presentó “Entrada a Almacén N° 689adjuntando fotografías del centro de producción y kárdex fisico; asimismo respecto al pago el ente recaudador señaló que el asiento contable N° 100000040 de 30 de octubre de 2016 registra el pago de la compra con abono a la cuenta 11120101 “Banco Nacional de Bolivia”; sin embargo, de forma contraria el sujeto pasivo presentó detalle de cheques y gastos por la entrega de fondos a Daniel Escobar Padilla por un importe de Bs1.000. 

Prosiguió la entidad recurrida, señalando que el sujeto pasivo no demostró con planillas de sueldos y salarios y aportes de Ley, que la citada persona sea trabajador de la empresa; , adicionalmente sostuvo como otro aspecto observado, la entrega de fondos a Daniel 

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III) 

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Escobar Padilla mediante cheque N° 593821 de 4 de octubre de 2016, cheque presentado como descargo para la factura No 41; por lo que concluyó, que no fue demostrada la onerosidad de la compra (fojas 396 de antecedentes administrativos). 

A su vez el acto impugnado en el cuadro: “DETALLE DE FACTURAS NO VALIDAS PARA CÓMPUTO DE CRÉDITO FISCAL“, consignó como observación: “) el asiento contable Nro. 100000040 presentado por el contribuyente; – no adjunta documentación de respaldo que demuestre el pago realizado al proveedor, siendo que el cheque N° 5932821 ya fue presentado como descargo para la factura N 41; asimismo, la entrega de fondos al Sr. Daniel Escobar Padilla, no se encuentran registrados en la contabilidad de la empresa. Por lo expuesto, la factura No es válida para el cómputo del Crédito Fiscal /V

(…)” (fojas 397 de antecedentes administrativos). 

De esta manera, lo señalado’ precedentemente permite advertir que la Administración Tributaria depuró el crédito fiscal contenido en la factura N° 5090 del proveedor Sálqui SRL. en razón a que la documentación presentada no acreditó la onerosidad de la transacción, motivo por el cual, corresponde analizar únicamente la documentación orientada a demostrar el pago de la transacción, no ameritando pronunciamiento alguno respecto a la demás documentación relacionado al ingreso del bien a almacenes..

– 

Bajo ese entendido, de la compulsa de los antecedentes administrativos, se advierte que en relación a lo observado por la Administración Tributaria, el sujeto pasivo presentó el asiento contable N° 100000040 de 30 de octubre de 2016, que expone un registro consolidado de los egresos incurridos en el periodo octubre de 2016, debitando un importe de Bs49.948,23 a la cuenta “12120101 Obras en construcción planta” contra la cuenta “11120101 Banco Nacional Moneda nacional” por un valor de Bs817.631,79; hecho que demuestra un registro general, que no permite identificar si la factura observada, fue considerada a tiempo de elaboración de dicho registro contable (fojas 208 de antecedentes administrativos). 

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Asimismo, se comprobó que el Libro Mayor de la cuenta “12120101 Obras en construcción planta” expone el registro del asiento contable No 100000040, consolidando las compras efectuadas en el periodo octubre de 2016 (fojas 226 de antecedentes administrativos); aspecto que evidencia que la empresa recurrente efectuó un registro contable consolidado 

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IBNOAC

Sistem deGezo

de la Calde Certificado N71/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Av.Oquendo N2381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4.1400.11 4140012 www.ait.gob.boCochabamba, Bolivia 

por periodo, situación que a entender del sujeto pasivo se encontraría respaldado por lo dispuesto por el artículo 45 del Código de Comercio (Concentración y anotación por periodos), que a la letra señala: Es válida, sin embargo, la anotación conjunta de los totales de las operaciones por períodos no superiores al mes, siempre que su detalle aparezca en otros libros o registros auxiliares, de acuerdo con la naturaleza de la actividad de que se trate. En este caso se consideran parte integrante del Diario

No obstante, de la compulsa de los antecedentes administrativos se advierte que la empresa recurrente no presentó un desglose de las transacciones que fueron consideradas en el registro contable consolidado de los egresos del periodo octubre de 2016, evidenciando una vulneración de lo dispuesto en el artículo 45 del Código de Comercio, así como la falta de claridad y precisión respecto de las operaciones que fueron registradas. 

Por otra parte, el Detalle de Cheques, Detalle de Gastos de 07/10/2016, Certificación de Cheques de 13 de febrero de 2019 y el cheque 5932821 de 4 de octubre de 2016 (fojas 209212 de antecedentes administrativos), exponen la asignación de fondos en favor de Daniel Escobar Padilla, para cubrir gastos realizados (entre ellos la factura depurada); no obstante, conforme fue observado por la Administración Tributaria y lo señalado en el análisis desarrollado en el acápite anterior de la factura No 41 del proveedor Ingenio Azucarero Guabirá SA.; el cheque N° 5932821 fue presentado como respaldo al pago de la factura No 41 (fojas 132 de antecedentes administrativos), aspecto que genera incertidumbre respecto a la efectiva cancelación de la factura N° 5095 proveedor Salqui 

SRL por parte de la empresa ahora recurrente

Adicionalmente, el asiento contable No 100000040 no expone la modalidad de pago que refiere el detalle de cheques y detalle de gastos de 04/10/2016 y 07/10/2016 así como la nota emitida por el Banco Nacional de Bolivia Cite GO/OP/319/2019, en cuanto a la asignación de fondos a un tercero, ajeno al emisor de la nota fiscal depurada por la Administración Tributaria, 

Lo expuesto precedentemente, cobra relevancia en el presente caso, por cuanto la onerosidad de una transacción, debe encontrarse acreditada con documentación contable, financiera y/o comercial que en su integridad y conjunción no den lugar a duda. 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

Estado Plurinacional de Bolivia 

respecto de la disposición y erogación de fondos de arcas de la empresa en favor del proveedor del bien adquirido, situación que en el presente caso no acontece, debido a la inconsistencia de la documentación presentada por la empresa recurrente, por cuanto los registros contables además de no exponer claramente las operaciones condensadas en los mismos, no guarda correspondencia con la modalidad de pago que refiere la demás documentación presentada; debiendo reiterar incluso, que el cheque N° 5932821 acompañado por el sujeto pasivo como respaldo a la nota fiscal N° 5095 de la empresa Salqui SRL, fue presentado como respaldo al pago de la factura No 41 emitida por el Ingenio Azucarero “Guabirá” SA. 

Por otra parte, si bien el memorándum de asignación y el contrato individual de trabajo indefinido, acreditarían la existencia de una relación de dependencia con Daniel Estaban Escobar Padilla, además de una asignación de funciones para la tramitación de compras en favor de la empresa recurrente (fojaś: 147-155 de antecedentes administrativos); empero, dicha situación no aporta elementos probatorios respecto a la efectiva erogación de fondos de la empresa en favor del emisor de la nota fiscal; razón para que dichos docuřentos no son suficientes para acreditar la onerosidad de la transacción, 

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Finalmente, en relación a la certificación de factura de venta emitida por el proveedor Salqụi SRL. el 21 de enero de 2019 (fojas 234 de antecedentes administrativos), corresponde señalar que dicho documento certifica los datos consignados en la factura observada; y si bien señala que la factura fue cancelada al contado, cabe reiterar que la acreditación de los requisitos para el beneficio del crédito fiscal, depende de la documentación propia del sujeto pasivo, no pudiendo pretender otorgar validez al crédito fiscal en base a documentación de terceros, mucho menos en base a una certificación que no aporta elementos probatorios respecto a la erogación de fondos de arcas de la empresa, no pudiendo pretenden dejar de lado las inconsistencias de la documentación presentada como respaldo que fueron señaladas en párrafos precedentes. 

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Consecuentemente, lo expuesto hasta este punto permite advertir que contrario a lo señalado por el sujeto pasivo en su Recurso de Alzada, la documentación presentada al proceso determinativo no acreditó la materialización de la transacción; correspondiendo en consecuencia confirmar la depuración del crédito fiscal contenido en la factura N° 5090 del proveedor Salqui SRL. 

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Av: Oquendo N 381 entre Venezuela y Ecuador; Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012 * www.ait.gob.bo. Cochabamba, Bolivia 

Factura No 7 del proveedor Ingenio Azucarero Guabirá SA. Con relación a la factura N° 7 emitida por el proveedor Ingenio Azucarero Guabirá SA. por la compra de 170 latas de alcohol de 2×16 Lt., la Resolución Determinativa impugnada, 

señaló que en relación al ingreso a almacén, el sujeto pasivo presentó “Entrada a Almacén 

N° 715″ de 16 de noviembre de 2016, empero, no adjunto documentación que demuestre la transferencia de dominio (actas de entrega, notas de remisión, guía de transporte, entre otros) entre el proveedor y Tecnoacero

Asimismo, respecto al pago el ente recaudador señaló que el asiento contable No 100000045 de 30 de noviembre de 2016, registra el pago de la compra con abono a la cuenta 11120101 “Banco Nacional de Bolivia”, cursando además el depósito bancario de 30 de noviembre de 2016 por Bs45.900.- efectuado por Elmer Vallejos Iriarte, quien resulta una tercera persona distinta, que no tiene relación con el detalle de cheques presentado por el sujeto pasivo. 

Prosiguió la Administración Tributaria con sus observaciones en el acto impugnado, señalando que no fue demostrado por el contribuyente, mediante planillas de sueldos y salarios y aportes de Ley, que la citada persona sea trabajador de la empresa; adicionalmente sostuvo como otro aspecto observado, la entrega de fondos a Daniel Escobar Padilla y a Aracelik Morales Taborga mediante cheques el 11, 15 y 25 de noviembre de 2016 respectivamente, que no estarian registrados en la contabilidad de la empresa; por lo que concluyó que no fue demostrada la transferencia de dominio ni la onerosidad de la compra (fojas 397 de antecedentes administrativos)

A su vez, el acto impugnado en el cuadro “DETALLE DE FACTURAS NO VÁLIDAS PARA CÓMPUTO DE CRÉDITO FISCAL, consignó como observación lo siguiente: ...) el asiento contable Nro. 100000045 presentado por el contribuyente no adjunta documentación que permita demostrar la transferencia de dominio (actas de entrega, notas de remisión, guías de transporte, entre otros) (…) asimismo, se ha constatado que la entrega de fondos al Sr. Daniel Escobar Padilla y la Sra. Aracelik Morales Taborga, no se encuentran registrados en la contabilidad de la empresa. Por otro lado, el contribuyente no ha demostrado con Planilla de Sueldos y Salarios, y aportes de Ley (AFPS) que los señores Daniel Escobar Padilla y Elmer Vallejos Iriarte sean trabajadores de la empresa 

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TECNOACERO S.R.L. Por todo lo expuesto, la factura No es válida para el cómputo del 

Crédito Fiscal /VA” (fojas 397 de antecedentes administrativos). 

De esta manera, lo señalado precedentemente permite advertir que la Administración Tributaria depuró el crédito fiscal contenido en la factura No 7 del proveedor Ingenio Azucarero Guabirá ŞA., en razón a que la documentación presentada no acredito la materialización de la transacción, en sus componentes de onerosidad y transferencia de dominio del bien. 

Ahora bien, de la compulsa de los antecedentes administrativos, se advierte que en relación a lo observado por la Administración Tributaria, el sujeto pasivo presentó el asiento contable N° 100000045 de 30 de noviembre de 2016, que expone un registro consolidado de los egresos incurridos en el periodo-noviembre de 2016, debitando un importe de Bs82.385,83 a la cuenta de gasto “51010114 Ferreteria” contra la cuenta de activo “11120101 Banco Nacional Moneda nacional” por un valor de Bs889.991,92 (fojas 240 de antecedentes administrativos); hecho que demuestra un registro general que no permite identificar si la factura observada fue considerada en el referido registro contable. 

Adicionalmente, se constaté que el Libro Mayor de la cuenta “51010114 Ferreteria” expone el registro del asiento contable N° 100000028, consolidando las compras efectuadas en el periodo agosto de 2016 (fojas 277 de antecedentes administrativos); . aspecto que evidencia, que la empresa recurrente efectuó un registro contable por todo el periodo, situación que a entender del sujeto pasivo está respaldado por lo dispuesto en el artículo 45 del Código de Comercio (Concentración y anotación por periodos), que a la letra sala: “Es válida, sin embargo, la anotación conjunta de los totales de las operaciones por periodos no superiores al mes, siempre que su detalle aparezca en otros libros o registros auxiliares, de acuerdo con la naturaleza de la actividad de que se trate. En este caso se consideran parte integrante del Diario”. 

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No obstante, de la compulsa de los antecedentes administrativos, se advierte que la empresa recurrente no presentó un desglose de las transacciones que fueron consideradas en el registro contable consolidado de los egresos correspondiente al periodo noviembre de 2016, evidenciando una vulneración a lo dispuesto en el artículo 45 

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del Código de Comercio, así como una falta de claridad y precisión sobre las operaciones 

que fueron registradas por el sujeto pasivo. 

Por otra parte, el detalle de cheques y detalle de gastos de 30/11/2016, las copias de los cheques 5932912, 5932917 y 5932943, así como la nota emitida por el Banco Nacional de Bolivia Cite GO/OP/319/2019 de 13 de febrero de 2019 (fojas 242, 244 y 246-248 de antecedentes administrativos), exponen la asignación de fondos en favor de Daniel Escobar Padilla y Aracelik Morales Taborga; no obstante, el comprobante de depósito de cheques propios y efectivo de 30 de noviembre de 2016, expone un depósito de Bs45.900.– en la cuenta del emisor de la nota fiscal, empero identifica como depositante a Elmer Vallejos Iriarte (fojas 241 de antecedentes administrativos); aspecto que resulta contradictorio no solo con el asiento contable, sino también con la asignación de fondos consignada en el detalle de cheques, por cuanto resultaría evidente la participación de una tercera persona en la transacción, hecho que genera incertidumbre sobre el efectivo pago de la transacción observada por el Servicio de Impuestos Nacionales a favor del emisor de la nota fiscal objeto de análisis. 

A lo expuesto precedentemente, se suma el hecho de que el sujeto pasivo no acredito que el depositante (Elmer Vallejos Iriarte) sea trabajador de la empresa y no constituya un tercero ajeno al recurrente; aspecto relevante para el análisis, por cuanto la acreditación de la onerosidad de una transacción, debe respaldarse con documentación contable, financiera y/o comercial que en su integridad y conjunción no den lugar a duda sobre la disposición y erogación de fondos propios de la empresa en favor del proveedor del bien adquirido; situación que en el presente caso no acontece, debido a la inconsistencia de la documentación presentada por el recurrente. 

Por otra parte, en relación a la transferencia de dominio como componente de la materialización de la transacción, la empresa recurrente presentó durante la sustanciación del proceso determinativo, la Orden de Compra N° 22, la Requisición de Materiales No 215 y la entrada a Almacenes N° 715, que refieren la adquisición de 170 jaba de alcohol lata de 2x16Lt (fojas 249-251 de antecedentes administrativos); sin embargo, dichos documentos no cuentan con la participación del proveedor de los bienes facturados, constituyéndose en ese sentido, en documentación emitida unilateralmente que impide acreditar la transferencia de dominio del bien consignado en la factura observada

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Adicionalmente, la empresa recurrente acompañó un reporte de kardex que expone de una forma bastante escueta el movimiento del bien consignado en la factura observada (fojas 252 de antecedentes administrativos), empero se constituye que no tiene mayor respaldo sobre la información expuesta y además no acredita la transferencia de dominio del bien y mucho menos su pago con fondos propios. 

Finalmente, en relación a la certificación de factura emitida por el Ingenio Azucarero Guabirá SA. IAG-SA-GG-021/19 de 18 de enero de 2019 (fojas, 171 de antecedentes administrativos), corresponde señalar que dicho documento certifica únicamente que la factura depurada fue emitida a nombre de la empresa Tecnoacero SRL con NIT 134475023 y que la misma se encuentra registrada en el Libro de Ventas IVA; sin embargo, no aporta elementos probatorios referidos a la onerosidad y transferencia de dominio de la transacción. – – –– ———–

Consecuentemente, lo expuesto hasta este punto permite advertir que contrariamente a lo señalado por el sujeto pasivo en su Recurso de Alzada, la documentación presentada durante el proceso determinativo, no acreditó la materialización de la transacción observada por la entidad recurrida; correspondiendo en consecuencia, confirmar la depuración del crédito fiscal contenido en la factura N° 7 emitida por el Ingenio Azucarero. Guabirá SA. 

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Por lo expuesto hasta este punto, resulta evidente que la Administración Tributaria depuro correctamente el crédito fiscal contenido en las facturas Nos. 41 y 7 del proveedor Ingenio Azucarero Guabirá SA y la factura N° 5090 de la empresa Salqui SRL, siendo que la documentación presentada por el sujeto pasivo durante la sustanciación del proceso determinativo, no acreditó la materialización de las transacciones observadas, correspondiendo aclarar además, que la Administración Tributaria no cuestionó el uso ylo destino de los bienes consignados en las facturas observadas; motivo por el cual no corresponde efectuar un pronunciamiento sobre el informe técnico del uso de alcohol, la inspección técnica alegada por el recurrente y las fotografías cursantes en antecedentes administrativos, al no aportar mayores elementos probatorios respecto a la onerosidad y transferencia de dominio de los productos facturados. 

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Finalmente, respecto al principio de verdad material invocado por el recurrente, corresponde señalar que el inciso d) del artículo 4 de la Ley 2341 aplicable supletoriamente por disposición de los artículos 74 y 200 del Código Tributario Boliviano, señala que la actividad administrativa se rige por el Principio de Verdad Material, en virtud del cual, la Administración Pública debe investigar la verdad material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil. Así, en el procedimiento administrativo, el órgano a cuyo cargo está la resolución de una causa, debe resolver ésta, ajustándose a los hechos, prescindiendo incluso de que estos hayan sido alegados por las partes

Asimismo, la Autoridad General de Impugnación Tributaria en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1069/2015 de 23 de junio de 2015 -entre otras, expuso el siguiente razonamiento en relación al principio de verdad material ligado a procesos de determinación IVA crédito fiscal: xiii. Así también es preciso referir la linea asumida por la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, que establece que en los casos de Crédito 

Fiscal depurado se verifique con base en los argumentos expuestos por el Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico así como el análisis de las pruebas aportadas, que la transacción se realizó, ya que al surgir para la Administración una duda razonable respecto de su validez, la misma puede ser despejada o confirmada, mediante el análisis de las pruebas aportadas, cuando en la búsqueda de la verdad material se verifican a satisfacción los siguientes requisitos: 1) Emisión de la factura, según el Artículo 4 de la Ley N° 843 (TO); 2) Que la compra se encuentre vinculada a la actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen, según el Artículo 8 de la Ley No 843 (TO) y; 3) Que la transacción haya sido efectivamente realizada, aspecto a demostrarse en cumplimiento de los Numerales 4 y 5, Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB)”. 

De esta manera, corresponde puntualizar que el principio de verdad material vinculado a procesos de determinación del IVA Crédito Fiscal, se encuentra ligado a la presentación de documentación que otorgue elementos de convicción que permitan establecer la concurrencia de los tres requisitos necesarios para gozar de dicho crédito impositivo; situación que en el presente caso no aconteció, por cuanto el sujeto pasivo no presentó documentación que acredite los extremos alegados en su Recurso de Alzada; en consecuencia, el recurrente mal podría invocar el principio de verdad material, solamente con la finalidad de zanjar las obligaciones previstas en el numeral 5 del artículo 70 y artículo 

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76 de la Ley 2492 en cuanto a la aportación de pruebas que sustento el origen y la cuantia de los créditos impositivos declarados. 

Por lo expuesto y de acuerdo al análisis realizado con base en los antecedentes administrativos, se tiene que en el presente caso, no se advirtió la existencia de los vicios de nulidad denunciados por la parte recurrente; asimismo, el análisis de fondo efectuado permite advertir a esta instancia de alzada, que resultó correcta la depuración del crédito fiscal contenido en el acto impugnado; correspondiendo por lo tanto, confirmar la Resolución Determinativa No 172039000284 de 21 de agosto de 2020, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales. 

POR TANTO: 

El suscrito Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley 2492 y artículo 141 del Decreto Supremo 29894 de 7 de febrero de 2009

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RESUELVE PRIMERO: .CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 172039000284 de 21 de agosto de 2020, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales; al no ser evidentes los vicios de nulidad denunciados por el sujeto pasivo, y al ser correcta la depuración del Crédito Fiscal IVA contenido en las facturas observadas; sea de conformidad con el artículo 212 parágrafo 1 inciso b) del Código Tributario Boliviano. 

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SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario Boliviano, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

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TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

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CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 de la Ley 2492, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computables a partir de 

su notificación

Regístrese, notifiquese y cúmplase

Eric Ausberto Rojas Urquiza 

DIRECTOR EIECUTIVO REGIONAL 

DIRECCION EJECUTIVA REGIONAL Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cbba. 

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