ARIT-CBA-RA-0321-2020 Resolución revocatoria a favor del contribuyente, por prescripción de atribuciones de la Administración Tributaria.

ARIT-CBA-RA-0321-2020

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBARA 0321/2020 

Recurrente 

Julieta León Arze. 

Administración recurrida 

Gerencia – Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por Nandor Rodrigo Loayza Coro. 

Acto impugnado 

Determinativa 

No 

Resolución 171930000648 

Expediente No 

ARIT-CBA-0240/2019. 

Lugar y fecha 

Cochabamba, 14 de diciembre de 2020. 

VISTOS: … — 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-CBA/ITJ 0321/2020 de 14 de diciembre de 2020, emitido por 

la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. La Resolución Determinativa N° 171930000648 de 26 de junio de 2019, que determinó obligaciones impositivas de Julieta León Arze, en la suma de UFVs 244.233, correspondientes al tributo omitido del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, intereses y sanción por la calificación de la conducta, de la gestión 2010; asimismo, calificó la conducta como omisión de pago, aplicando una sanción equivalente al 100% sobre el tributo omitido. Acto notificado por cédula, el 28 de junio de 2019 (fojas 1088-1139 y 1145 de antecedentes administrativos). 

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Av. Oquendo N°:381 entre Venezuela y Ecuador; Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 41400114140012 – www.ait.gob.bo. Cochabamba, Bolivia 

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA. 11.1. Argumentos de la Recurrente. 

Julieta León Arze, mediante notas presentadas el 18 de julio y 8 de agosto de 2019 (fojas 55-56 y 60-82 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 171930000648 de 26 de junio de 2019, emitida por la 

Gerencia Distrital Cochabamba, manifestando lo siguiente: 

Que, la Administración Tributaria nunca le notificó con la Orden de Verificación, pretendiendo legitimar y justificar las vulneraciones al derecho a la defensa señalando que dio a conocer la Vista de Cargo, empero la misma fue practicada de forma irregular y en un domicilio distinto, aspecto que impidió ejercer su derecho a la defensa antes de la Vista de Cargo. Añadió que no podrían legalizarse vulneraciones a derechos y garantías constitucionales, basándose en información no fehaciente, ni actualizada del Organo Electoral, resultando referencias no actualizadas y tampoco reales, por lo que adujo que el ente recaudador omitió ejercer sus facultades de verificación para confirmar el domicilio real, así como también vulneró el derecho a la defensa y desconoció la verdad material. 

Señaló que se apersono, ante la Administración Tributaria precisando, al final del proceso, su domicilio real mediante nota de descargo a la vista de Cargo, evidenciando que nunca se le otorgó la oportunidad de defensa desde el inicio del proceso de verificación; además sostuvo que, mediante nota de 16 de mayo de 2019, solicitó a la Administración Tributaria informe o documentación relativa a algún actuado del ente recaudador. 

Indicó que, tampoco fue notificada con algún requerimiento, ni le dieron a conocer información sobre las actuaciones realizadas por la Administración Tributaria, aspectos que fueron puestos a conocimiento del SIN mediante la nota de descargo a la Vista de 

Cargo. 

Manifestó que existen incongruencias, entre la Orden de Verificación y la determinación realizada en la vista de Cargo, sosteniendo que en la citada orden, la Administración Tributaria específicamente estableció un alcance comercial que comprende los periodos enero a diciembre de 2010, empero, de forma contraria, la determinación realizada en la Vista de Cargo fue sobre una actividad de construcción, aspecto que vulneró el debido proceso y el derecho a la defensa previstos en los artículos 115 parágrafo 11 y 119 

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parágrafo ll de la Constitución Política del Estado, así como los derechos reconocidos en el artículo 68 numerales 6 y 7 de la Ley 2492. 

Argumentó que la Vista de Cargo señaló que no desarrolló una actividad comercial, pero la determinación fue realizada con alcance a la actividad de construcción, aspectos totalmente distintos al alcance expuesto en la-Orden de Verificación, siendo que la actividad de construcción incluye los costos de materiales, mano de obra, costos indirectos, costo del terreno y comprende los periodos desde abril a marzo, teniendo un vencimiento y alcance distinto, por lo que adujo que corresponderià- la anulabilidad de obrados prevista en los artículos 35 y 36 de la Ley 2341, aplicable supletoriamente en virtud del artículo 74 numeral 1 de la Ley 2492, ante la aplicación de elementos y valoraciones de un procedimiento que corresponde a un alcance distinto al de ‘la Orden 

de Verificación.–– 

Afirmó que la Administración Tributaria mencionó información de los contribuyentes “A” y “B”, que no le fue proporcionada o puesta a su conocimiento, generando indefensión, puesto que el único parámetro parecido resultaría la actividad a la que se dedican en la misma jurisdicción; asimismo, agregó que la información de los contribuyentės “A” y “B”. utilizada en la determinación, nunca le fue notificada, impidiendo de esta manera ejercer. el derecho efectivo a la defensa. 

– 

Puntualizó que, la Administración Tributaria, no atendió la solicitud de prescripción anteponiendo ilegalmente una teoria de derechos adquiridos que resulta fuente de derecho por encima de principios constitucionales y tratados internacionales, atentando de esta manera el debido proceso; en ese sentido afirmó que las Sentencias Constitucionales Plurinacionales respecto de la aplicación de la Ley vigente, establecen que la modificación de la norma vigente con la cual fue computado el plazo de la prescripción, no podría ser afectada por la norma reciente, exceptuando la aplicación del principio de favorabilidad. 

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Argumentó que la Administración Tributaria vulneró derechos fundamentales al no considerar válidos los argumentos planteados como descargo a la Vista de Cargo, y ratificando los cargos consignados en el citado acto, alegó al efecto que el entendimiento de la Sentencia Constitucional Plurinacional 1169/2016-S3 debe ser aplicado, 

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Job Cid Cerviado N7711

Justicla tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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procediendo a declarar la prescripción conforme las Sentencias 128/2013, 39/2016 y 47/2016, emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia. 

Por los fundamentos expuestos, solicitó la revocatoria o anulación de la Resolución Determinativa N° 171930000648 de 26 de junio de 2019. 

11.2. Auto de Admisión. El 12 de agosto de 2019, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Admisión EXPEDIENTE ARIT-CBA-0240/2019, correspondiente al Recurso de Alzada interpuesto por Julieta León Arze, contra la Resolución Determinativa N° 171930000648 de 26 de junio de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (fojas 83 del expediente administrativo). 

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria. La Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por Karina Paula Balderrama Espinoza, conforme acreditó Resolución Administrativa de Presidencia No 031700001415 de 29 de septiembre de 2017 (fojas 89-90 del expediente administrativo), por memorial presentado el 3 de septiembre de 2019 (fojas 92-108 del expediente administrativo), respondió al Recurso de Alzada con los siguientes fundamentos: 

Respeto el debido proceso, se puso en conocimiento de la sujeto pasivo todos los actos administrativos emitidos en su contra, es decir, que notificó la Orden de Verificación No 18300200022, el Requerimiento N° 148283 y anexo adjunto, el 23 de agosto de 2018; asimismo, notificó la Vista de Cargo N° 291930000261 el 23 de mayo de 2019; y la Resolución Determinativa No 17193000648, el 28 de junio de 2019, conforme cursa en antecedentes administrativos. Agregó que, ante la impugnación de la referida Resolución Determinativa, no existió vulneración de los derechos mencionados por la recurrente. Al efecto, citó la Sentencia Constitucional 95/01 de 21 de diciembre. 

Señaló que, la vulneración de derechos denunciada por la parte recurrente, carece de veracidad, toda vez que, producto de la investigación, verificación y control realizado, demostró de forma objetiva, fehaciente y material, que la sujeto pasivo no cumplió con sus 

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obligaciones tributarias, toda vez que durante la gestión 2010 construyó y vendió bienes inmuebles, generando ganancias

Manifestó que los actos administrativos fueron notificados por cédula a Julieta León Arze (contribuyente no inscrita), conforme dispone el artículo 85 de la Ley 2492, en el domicilio ubicado en el pasaje Geraldine Caballero No 100-Z Queru Queru, reportado por SEGIP. Agregó que mediante Nota con CITE: SIN/GDCBBA/DF/G/NOT/2165/2018 de 16 de agosto de 2018, solicitó al Servicio de Registro Civico de Cochabamba “SERECI“, información inherente al lugar de recinto electoral de la sujeto pasivo y la última dirección, solicitud que fue atendida mediante nota presentada el 20 de agosto de 2018, que informó como domicilio de la recurrente el “PASAJE G. CABALLERO N° 100 ENTRE CICLOVIA Y PARQUE F. ARZE”, mismo que resultó coincidente con el registrado en el SEGIP

Precisó que a la fecha de notificación con la Orden de Verificación y de la vista de Cargo, tanto el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) como el Servicio de Registro Cívico (SERECI), coincidieron en el domicilio de la sujeto pasivo, ubicado en el Pasaje’G. Caballero N° 100; por, tanto, refiere que lo alegado por la recurrente respecto a la vulneración del derecho a la defensa debido a que la notificación fue efectuada en un domicilio incorrecto y/o desactualizado carece de veracidad. Al efecto, citó las Sentencias. Constitucionales 1014/2011-R de 22 de junio y 1845/2004R.! 

–. . Refirió que, los actos administrativos fueron notificados en el domicilio (Pasaje Geraldine Caballero Nro. 100-Z Queru Queru) declarado por la recurrente al Servicio General de Identificación Personal (SEGIP), mismo que resulta válido en virtud a lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley 2492, considerando la falta de inscripción de la sujeto pasivo- en el Padrón de Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales; asimismo, acotó que dio cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 85 de la Ley 2492, respecto a la notificación de los actos administrativos, a fin de que la administrada asuma defensa, produzca y ofrezca pruebas respecto a los cargos formulados en su contra; por lo que, señala que las notificaciones efectuadas son legales y válidas

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Expuso que los actos administrativos fueron emitidos en cumplimiento de la normativa y del principio de la verdad material, sin vulnerar derecho alguno de la sujeto pasivo, por lo que refiere que no corresponde la nulidad planteada, en consideración a lo dispuesto por 

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el artículo 55 del Decreto Supremo 27113; máxime si la recurrente intervino en la verificación, toda vez que el 24 de julio de 2019 presentó descargos a la vista de Cargo No 291930000261, ejerciendo su derecho a la defensa; por lo que las notificaciones realizadas en el Pasaje Geraldine Caballero Nro. 100 – Z Queru Queru, cumplieron su finalidad y por ende no existió vulneración al debido proceso en su elemento derecho a la 

defensa

Expresó que la notificación con la Resolución Determinativa N° 17193000648, realizada mediante cédula el 28 de junio de 2019, también cumplió su finalidad, toda vez que dentro del plazo previsto por la Ley 2492, permitió a la sujeto pasivo la interposición del presente 

Recurso de Alzada. 

Manifestó que la Orden de Verificación tiene como objeto la revisión del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas por la venta de bienes inmuebles en la gestión 2010, fiscalización que fue realizada conforme disponen los artículos 100 y 104 de la Ley 2492; ya que por la información obtenida de terceros, se encuentra que las Notarias de Fe Pública facilitaron las Escrituras Públicas y/o Minutas de Transferencia, así constaté que en dicha gestión, la sujeto pasivo enajenó bienes inmuebles de los edificios El Doral, Brisas de Aranjuez, Axis de Aranjuez, Modena y Selene, cuyos ingresos obtenidos no fueron declarados conforme a Ley, y tampoco registró los costos y gastos correspondientes a la construcción de los citados edificios

Señaló que la determinación sobre base presunta, fue realizada de conformidad a los articulos 43 parágrafo 11,.44 (numerales 1, 3, 4 y 6), 45 parágrafo 1 (numeral 2) de la Ley 2492 y 8 inciso d) de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13. 

Sostuvo la inexistencia de contradicción entre el alcance de la Orden de Verificación N° 18300200022 y la Vista de Cargo N° 291930000261, toda vez que la Orden de Verificación tiene como acaecimiento del hecho generador la venta de propiedades inmuebles y no así a la actividad de construcción. 

Refirió que la actividad realizada por la sujeto pasivo, al revestir el carácter prioritario de venta, traduce su carácter comercial por sobre el carácter de construcción, motivo suficiente para determinar el cierre fiscal al 31 de diciembre. Agregó que, de concurrir lo 

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propuesto por el artículo 70 numeral 2 de la Ley 2492, habría dado al sujeto pasivo, la calidad de empresa unipersonal, quedando obligado a llevar contabilidad conforme disponen los artículos 36 y 40 del Código de Comercio, así como a la elaboración de Estados Financieros al final de la gestión fiscal. 

Expuso que, a través de las minutas de transferencia (proporcionadas por Notarios de Fe Pública y oficinas de Derechos Reales) e información extraida del sistema “SINAREPWEB-FOLIO REAL“, evidenció la enajenación de bienes inmuebles por parte de la recurrente, quien fue identificada como vendedora en los referidos documentos; por lo que manifestó que contó con documentación necesaria que vinculo a la sujeto pasivo con la actividad comercial de venta de bienes inmuebles en propiedad horizontal (locales comerciales, departamentos, parqueos y bauleras) de los edificios El Doral, Brisas de Aranjuez, Axis de Aranjuez, Modena, y Selene, así como la coordinación de los factores de la producción, (tierra, capital y trabajo);-, actividad; que-generó ingreso y consecuentemente el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, en el marco de lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley 2492, mismos que no fueron declarados, demostrando así que là sujeto pasivo se constituyó en una empresa unipersonal, sujeta al IUE

Señaló que mediante Informe SIN/GDCBBA/DF/G1NE/INF/179/2019 de 15 de febrero de 2019, solicitó la aprobación de una nueva técnica sobre base presunta que le permita determinar los costos de construcción (mano de obra, materiales y otros gastos indirectos), conforme dispone el inciso d) Otras” del artículo 8 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13, solicitud que fue aprobada a través de la Nota SIN/GF/DNCC/NOT/00363/2019. Asimismo, mediante cuadro detalló los medios y técnicas para cuantificar la Base Presunta, establecidas en la citada Resolución Normativa de Directorio, sosteniendo que ninguna fue aplicable al presente caso, a excepción de la técnica “Otras”

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Expresó que no aplicó en forma directa el inciso c) del artículo 8 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-001713, debido a la inexistencia de por lo menos tres parámetros parecidos entre Julieta León Arce y los contribuyentes Ay “B”, siendo el único parámetro parecido, la realización de la misma actividad en la misma jurisdicción. Precisó, 

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que la identidad de los contribuyentes Ay B” fue mantenida en reserva, en previsión de lo determinado por el artículo 67 de la Ley 2492. 

Sustentó que comparó operaciones de contribuyentes de gestiones anteriores a la verificación, debido a que no contaba con mayores elementos para determinar los costos de construcción, considerando además que conforme las publicaciones de “Precios Unitarios de Referencia para la Construcción gestiones 2009, 2010 y 2011, presentadas por la Cámara de Construcción de Cochabamba, la utilidad referencial en las gestiones referidas, se mantuvo invariable. 

Expresó que agotados todos los elementos establecidos por Ley para la investigación y verificación, estableció la inexistencia de medios suficientes para la determinación, sobre 

base cierta del Costo de Construcción (materiales, mano de obra y otros costos indirectos); por lo que, para determinar la utilidad por la actividad de construcción de bienes inmuebles y su posterior venta, correspondiente a la gestión 2010, respecto a los edificios El Doral, Brisas de Aranjuez, Axis de Aranjuez, Modena y Selene, de propiedad de la recurrente, aplicó el índice de 68,78 % sobre base presunta, sustentando y justificando así la aplicación de la determinación sobre base presunta, toda vez que la sujeto pasivo omitió registrar sus ingresos por la venta de bienes inmuebles. 

Expuso que, el hecho de no publicar o no dar a conocer en su integridad (no mencionar los nombres del o los contribuyentes que sirvieron de base para la comparación y/o ponderación) el informe SIN/GDCBBA/DF/G1NE/INF/179/2019 de 15 de febrero de 2019, aprobado con Nota SIN/GF/DNCC/NOT/00363/2019, no tiene incidencia alguna en el procedimiento de verificación y determinación de la deuda tributaria y tampoco motivaría la nulidad de los actos administrativos; máxime cuando gran parte de la carga de la prueba, para desvirtuar la técnica aplicada que determinó reparo a favor del fisco, recae en la sujeto pasivo, misma que no proporciono documentación e información relativa al objeto y alcance de la verificación

Precisó que, no obstante de lo señalado en el párrafo previo, adjuntó en sobre cerrado el expediente con el informe de aprobación, que sustenta la aplicación de la técnica, con la advertencia que dicha información tiene carácter de reserva, debiendo ser utilizada únicamente por la instancia recursiva, para su análisis y valoración, ya que conforme el 

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artículo 67 de la Ley 2492, la información de otros contribuyentes no puede ser comunicada ni informada a terceros, por lo que el reclamo de la sujeto pasivo respecto a que nunca fue notificada o puesta en su conocimiento el informe técnico de fiscalización, 

debe ser desestimado. 

Manifestó que, en virtud a sus facultades establecidas en el artículo 66 de la Ley 2492, aplicó una técnica, considerando las características de la sujeto pasivo, en función a la documentación e información obtenida, empleando lo dispuesto en los artículos 44, 45 y 80 de la citada Ley; y ante la imposibilidad de aplicar las técnicas establecidas en los incisos a), b) y c) del artículo 8 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13, desarrolló una nueva técnica, que fue aprobada por la Gerencia de Fiscalización, conforme permite el inciso d) del citado artículo. Por lo que, señaló que no vulneró el debido proceso y el derecho a la defensa, previstos en los artículos 115 parágrafo ll y 117 parágrafo’i de la Constitución Política del Estado. ¡ —

Refirió que la sujeto pasivo, ejerció una actividad económica sin estar registrada en el padrón de contribuyentes, por lo que el cómputo de la prescripción de las acciones de la Administración Tributaria, fue ampliado en virtud a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 2492; y toda vez que la Resolución Determinativa impugnada fue notificada el 28 de junio de 2019, manifestó que sus facultades aún estaban vigentes. Agregó, que si se tomará la interpretación de la parte recurrente sobre el instituto prescriptivo coriforme los artículos 59 y 60 de la Ley 2492, sin modificaciones, la prescripción (4 años) concurrió el 30 de junio de 2016, pero que considerando el “agravante de 3 años“, la misma se configuró hasta el 30 de junio de 2019. 

Explicó que el artículo 59 de la Ley 2492, fue modificado por las Leyes 291, 317 y 812, estableciendo un término de prescripción de 8 años, cuyo cómputo inicia el primer día hábil del año siguiente al vencimiento de pago o de la configuración de la contravención; por lo que hizo uso de sus facultades de determinación, respecto al UE de la gestión 2010, por la venta de locales comerciales, departamentos, arqueos y bauleras de los edificios, El Doral, Brisas de Aranjuez, Axis de Aranjuez, Modena y Selene, antes de que su facultad de determinación prescriba, con la notificación del acto impugnado, el 28 de junio de 2019. 

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Manifestó que, no evidenció vulneración al principio de legalidad y que en sujeción al artículo 197 parágrafo Il inciso a) del CTB, la AIT no es competente para realizar el control 

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de constitucionalidad de las normas vigentes, mismas que se presumen constitucionales en virtud a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 027. 

Expuso que el cómputo de la prescripción fue suspendido el 23 de agosto de 2018, con la notificación de la Orden de Verificación No 18300200022 y 18 de julio de 2019 con la interposición del presente recurso; agregó que dicho cómputo, también fue interrumpido con la notificación de la Resolución Determinativa N° 171930000648 el 28 de junio de 

Señaló que la aplicación del artículo 59 de la Ley 2492, modificado por la Ley 812 de 30 de junio de 2016, no fue en perjuicio de la administrada, por lo que la recurrente deberá demostrar el perjuicio de aplicar la Ley 812, en concordancia a las Leyes que con anterioridad modificaron el referido artículo 59, sosteniendo que no vulneró lo dispuesto en los artículos 150 de la Ley 2492 y 123 de la Constitución Politica del Estado. 

Manifestó que la Sentencia Constitucional 1169/2016-S3 de 26 de octubre de 2016, citada por la sujeto pasivo, refiere exclusivamente a la lesión al debido proceso y a la ausencia de fundamentación y congruencia (ordenando la emisión de una nueva Resolución de Recurso Jerárquico), no así la aplicación de las Leyes 291 y 317; e incumbe a una Resolución Administrativa emitida en etapa de ejecución tributaria, por la cual la Aduana Nacional negó la prescripción; por tanto, la referida Sentencia al corresponder a un hecho 

distinto, tanto en objeto y motivación, no puede ser utilizado como precedente constitucional a la prescripción y aplicación de la Leyes 291 y 317 y 812. 

Expuso que la citada Sentencia Constitucional 1169/2016-S3, en su contenido, refiere a la Sentencia 39 emitida por el Tribunal Supremo Justicia, misma que fue dejada sin efecto mediante Sentencia Constitucional 0231/2017 de 24 de marzo de 2017, por lo que tal aspecto es un elemento más para la inaplicabilidad de la citada Sentencia. 

Sostuvo que la recurrente equivocó la aplicación del artículo 150 de la Ley 2492, ya que el artículo 59 de la citada Ley, fue inicialmente modificado por las Leyes 291 y 317, estableciendo que las acciones de determinación de la Administración Tributaria, prescriben a los 10 años en la gestión 2019; sin embargo, la Ley 812, estableció un nuevo 

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cómputo de prescripción de 8 años, por lo que la sujeto pasivo fue beneficiada con la aplicación de un cómputo de prescripción más breve. 

Explicó que las Sentencias 128/2013, 39/2016 y 47/2016 emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia, citadas por la sujeto pasivo, de acuerdo a precedentes administrativos de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, – no son vinculantes. Agregó que la Sentencia Constitucional 0231/2017-S3 dejó sin efecto là Sentencia 39/16 y la Sentencia Constitucional 0048/2017-S2 de 6 de febrero de 2017, dejó sin efecto la Sentencia 47/2016; por lo que las mismas no proporcionan jurisprudencia o lineamiento alguno. Reiteró que, al encontrase vigente la Ley 812, corresponde su aplicación y cumplimiento en virtud a los artículos 108 y 202 numeral 1 de la Constitución Política del Estado y 5 de la Ley 27

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Precisó que la Vista de Cargo y la Resolución-Determinativa impugnada, cumplen con los requisitos establecidos en los artículos 96 y 99 de la Ley 2492, incluso con los artículos 28 y 29 de la Ley 2341, toda vez que los referidos actos administrativos, conforme a la solicitud de la sujeto pasivo, respondieron y justificaron las razones legales respecto a la aplicación del artículo 59 de la Ley 2492 modificado, por lo que no vulneró la seguridad jurídica, el principio de legalidad, jerarquía e irretroactividad de la Ley., – – 

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Sostuvo que, ejerció sus facultades dispuestas en los artículos 66 y 100 de la Ley 2492, Y. para demostrar lo contrario la sujeto pasivo debía activar lo dispuesto en el artículo 70 de la citada Ley, empero no ocurrió, toda vez que no acompañó la documentación solicitada en la Orden de Verificación, tampoco presentó prueba válida y suficiente dentro de plazo dispuesto en la Vista de Cargo, ni anunció la presentación de documentos hasta antes de la emisión de la Resolución Determinativa impugnada, que desvirtúen el cargo que le fue atribuido. Citó los artículos 6, 7, 76 y 81 de la Ley 2492 y la Sentencia Constitucional Plurinacional 0422/2014 de 25 de febrero. 

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Reiteró que cumplió con todos los requisitos de notificación establecidos en la Ley 2492, desde el primer actuado hasta la Resolución Determinativa, por lo que no se produjo la indefensión manifestada por la sujeto pasivo, considerado además que ésta no presentó descargos a efecto de desvirtuar los reparos determinados en favor del Fisco, cumpliendo 

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Av. Oquendo N° 381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012:- www.ait.gob.bo. Cochabamba, Bolivia 

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así el debido proceso. Al efecto, citó las Sentencias Constitucionales 0287/2003-R de 11 

de marzo, 1262/2004R de 10 de agosto y 1786/2004-R 12 de noviembre. 

Manifestó que conforme al principio de trascendencia, aplicable en materia de nulidades procesales, el aludir -por parte de la sujeto pasivo- causales del artículo 96 parágrafo ll de la Ley (no refiere que Ley), concordante con el artículo 18 del Decreto Supremo 27310, sólo demuestra el intento desesperado de la recurrente de deslegitimizar un acto administrativo que goza de legalidad, conforme el artículo 65 de la Ley 2492, al cumplir los requisitos mínimos exigidos por Ley. Al respecto, citó los Autos Supremos 223/2013 de 6 de mayo y 473 de 20 de noviembre de 2012. 

Por lo expuesto, en petitorio solicitó la confirmatoria de la Resolución Determinativa No 171930000648 de 26 de junio de 2019

11.4. Apertura de término probatorio. El 25 de septiembre de 2019, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Apertura Término de Prueba Expediente ARIT-CBA 0240/2019 abriendo el término de prueba de 20 dias comunes y perentorios para ambas partes, en aplicación del artículo 218 inciso d) del Código Tributario Boliviano. Asimismo, señaló que en cumplimiento al Auto de Anulación de 19 de septiembre de 2019, con carácter previo a tener por acompañado el sobre que refiere el sujeto activo, deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el artículo 67 de la Ley 2492 y presentar a esta instancia de alzada (como tercero imparcial) la orden judicial fundamentada que exige la Ley, a fin de que la documentación presentada como confidencial pueda ser objeto de revisión tanto por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, como por las partes (fojas 121 de expediente administrativo)

El 10 de octubre de 2019, la Administración Tributaria presentó memorial ratificando todas las pruebas y argumentos presentados al momento de responder al Recurso de Alzada. Asimismo, señaló que respecto a la documentación presentada (ante esta instancia de alzada) con la leyenda de información confidencial, según articulo 67 de la Ley 2492, que sustentaría la aprobación de la Técnica para la aplicación de la Base Presunta, la sujeto pasivo, en etapa administrativa, no solicitó la divulgación o información respecto a quienes fueron los contribuyentes “A” y “B, por lo que ahora no puede alegar vulneración

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Extendió sosteniendo que la excepción (comunicación a un tercero mediante orden judicial) establecida en el artículo 67 de la Ley 2492, no aplica a esta Autoridad de Impugnación Tributaria, en el entendido, de que el concepto de tercero” no incluye al Estado, representado en el ejercicio de la potestad tributaria por las Administraciones Tributarias, en el presente caso por la Autoridad de Impugnación Tributaria; por lo que ante la inexistencia de impedimento legal merios administrativo para la apreciación de la prueba ofrecida por el SIN (carpeta con la leyenda “Información confidencial conforme el Art. 67-1 de la Ley 2492″), esta instancia deberá tomar en cuenta la información documentada como la identificación de los contribuyentes que sustentan el margen de utilidad aplicado (fojas 123-125 del expediente administrativo). 

11.5. Alegatos. El 4 de noviembre de 2019, la Administración Tributaria presentó memorial de alegatos, reiterando los argumentos planteados en su memorial de respuesta al Recurso de Alzada y los expuestos en el memorial de presentación de prueba de 23 de septiembre de 2019, referidos a que: 1) Esta instancia de Alzada no requiere de una Orden Judicial Fundamentada para conocer la prueba presentada en sobre cerrado como confidencial; la inaplicabilidad del inciso c) del artículo 8 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13; 2) La sujeto pasivo no cumplió con sus obligaciones triputarias respecto al IVE producto de la venta de bienes inmuebles; 3) Las notificaciones de los actos administrativos (Orden de Verificación, Vista de Cargo y Resolución Determinativa), fueron realizados conforme a lo dispuesto en la Ley 2492; y 4) La improcedencia de la prescripción planteada por la sujeto pasivo (fojas 128-133 del expediente administrativo). 

El 4 de noviembre de 2019, Julieta León Arze presentó alegatos reiterando los argumentos planteados en su Recurso de Alzada, respecto a que no fue notificado con la Orden de Verificación que dio inicio al proceso determinativo; que la Administración Tributaria no puso en conocimiento la información de los contribuyentes “A” y “B”; que existen incongruencias relacionadas al alcance de la verificación; y que se configuró la prescripción antes de sustanciarse el proceso determinativo (fojas 136-161 del expediente administrativo). 

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El 4 de junio de 2020, la recurrente presentó alegatos reiterando los argumentos del Recurso de Alzada, respecto a que no fue notificado con la Orden de Verificación que dio 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

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inicio al proceso determinativo, que la Administración Tributaria no puso en conocimiento la información de los contribuyentes “A” y “B”; y con relación a la configuración de la prescripción. De la misma forma, reclamó que la Administración Tributaria no dio respuesta a su solicitud de verificación y certificación de su domicilio ubicado en la Calle 25 de Mayo entre Mayor Rocha y Ecuador No 344 (fojas 280-299 del expediente administrativo). 

Por su parte, la Administración Tributaria presentó memorial el 16 de junio de 2020, apersonándose como representante legal, Nandor Rodrigo Loayza Coro conforme acreditó la Resolución Administrativa de Presidencia No 032000000040 (fojas 302-303 del expediente administrativo), a objeto de solicitar el rechazo de los alegatos planteados por la parte recurrente el 4 de junio de 2020, al haber sido presentados fuera del plazo previsto al efecto; esta instancia recursiva mediante Decreto de Apersonamiento de 17 de junio de 2020, dispuso rechazar lo solicitado al no existir argumento legal para su procedencia (fojas 304-305 del expediente administrativo). 

III. 

ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA. El 23 de febrero de 2018, la Administración Tributaria emitió la Orden de Verificación No 18300200022, comunicando a Julieta León Arze que sería sujeto de un proceso de determinación con el objeto de verificar los hechos y/o elementos relacionados con la venta de bienes inmuebles que influyen en el Impuestos sobre las Utilidades de las Empresas IUE de los periodos de enero a diciembre de la gesti

notificado a la sujeto pasivo por cédula el 23 de agosto de 2018 (fojas 7 y 18 de antecedentes administrativos). 

El 24 de julio de 2018, la Administración Tributaria emitió el Requerimiento (Form. 4003) No 00148283 y anexo adjunto, solicitando a Julieta León Arze, documentación inherente al proceso determinativo iniciado en su contra. Acto notificado por cédula el 23 de agosto de 2018 (fojas 12, 13 y 18 de antecedentes administrativos). 

El 11 de septiembre de 2018, el SIN emitió el segundo Requerimiento (Form. 4003) N° 00148330 y anexo adjunto, solicitando a la sujeto pasivo, documentación inherente al proceso determinativo iniciado en su contra. Acto notificado por cédula 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bollvia 

a la sujeto pasivo el 17 de septiembre de 2018 (fojas 22, 23 y 27 de antecedentes administrativos). 

El 15 de mayo de 2019, la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Vista de Cargo N° 291930000261, calificando preliminarmente la conducta de la sujeto pasivo como omisión de pago, liquidando la deuda tributaria establecida sobre base presunta del IVE correspondiente a los periodos enero a diciembre de 2010 en un total de UFVs 242.960, correspondiente al IÙE. actualizado, interés y sanción por contravención de omisión de pago. Acto notificado mediante cédula el 23 de mayo de 2019 (fojas 1016-1044 y 1048 de antecedentes administrativos). 

El 24 de junio de 2019, la sujeto pasivo presento memorial de descargo a la\Vista de Cargo, ofreciendo argumentos de descargo_referidos a_incidentes de nulidad por vulneración al debido proceso y derecho a la defensa, debido a la notificación de la Orden de Verificación y Vista de Cargo, en una dirección que no es su domicilio y fuera de los cinco (5) días dispuestos en parágrafo III del artículo 33 parágrafo de la Ley 2341; prescripción del IVE de la gestión 2010; en aplicación de los artículos 59 y 60 de la Ley 2492 sin modificaciones; así como la incongruencia entre la Orden de Fiscalización y la emisión de vista de Cargo N° 291930000261 (fojas 1056-1079 de antecedentes administrativos).’ 

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– 

El 26 de junio de 2019, la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Resolución Determinativa N° 171930000648, determinando de oficio obligaciones impositivas de Julieta León Arze, en la suma de UFV8 225.232, correspondientes al tributo omitido del IVE, intereses y sanción por la calificación de la conducta, de la gestión 2010; asimismo, calificó la conducta de la sujeto pasivo como omisión de pago, aplicando una sanción equivalente al 100% sobre el tributo omitido determinado. Acto notificado por cédula a la sujeto pasivo el 28 de junio de 2019 (fojas 1088-1139 y 1145 de antecedentes administrativos). 

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El 2 de diciembre de 2019, esta instancia recursiva emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBARA 0403/2019, que anuló la Resolución Determinativa No 171930000648 de 26 de junio de 2019, hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la notificación de la Orden de Verificación No 18300200022 de 23 de febrero de 2018, toda 

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vez que dicha entidad vulneró el derecho al debido proceso de la sujeto pasivo, causando indefensión en la administrada al notificar de forma incorrecta el inicio del pro determinativo y al no poner en su conocimiento todos los elementos considerados en la verificación (fojas 184201 del expediente administrativo). 

El 26 de febrero de 2020, la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0446/2020, resolviendo anular la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBARA 0403/2019, a efectos de que la ARIT Cochabamba emita una nueva resolución, pronunciándose sobre todos los aspectos planteados en el Recurso de Alzada, toda vez que no serian evidentes los vicios de nulidad identificados por dicha instancia, respecto a la notificación de la Orden de Verificación y la determinación de los costos de construcción, siendo que la determinación sobre base presunta se encontraría debidamente fundamentada (fojas 245-265 del expediente administrativo)

El 16 de julio de 2020, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARITCBARA 0157/2020, resolviendo revocar totalmente la Resolución Determinativa N° 171930000648 de 26 de junio de 2019, toda vez que la Administración Tributaria ejerció su facultad de determinación del IUE gestión 2010, mediante la emisión y notificación de la Resolución impugnada, después de que se configuró el término de la prescripción (fojas 328349 del expediente administrativo). 

El 9 de octubre de 2020, la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1470/2020, que resolvió anular la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBARA 0157/2020 de 16 de julio de 2020, con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la citada Resolución de Azada, inclusive, a objeto de que emita una nueva resolución debidamente fundamentada (fojas 383391 de 

expediente administrativo). 

  1. 1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA. 

Conforme a lo expuesto en el parágrafo I del artículo 211 del Código Tributario Boliviano, esta instancia recursiva para el análisis técnico jurídico, ingresará a resolver lo agraviado por la parte recurrente en su Recurso de Alzada, correspondiendo aclarar que la misma reclamó: 1.Incongruencia en el alcance; 2. Notificación con la Orden de Verificación; 

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3.Falta de conocimiento de la información de los contribuyentes “A” y “B; y 4.Configuración de la prescripción

IV.1. Incongruencia en el alcance. La sujeto pasivo señaló que en la Orden de Verificación, la Administración Tributaria específicamente estableció un alcance comercial que comprende los periodos enero a diciembre de 2010; empero de forma contraria, la determinación realizada en la vista de Cargo, fue sobre una actividad de construcción, hecho que vulneró el debido proceso y el derecho a la defensa previstos en los artículos 115 parágrafo Il y 119 parágrafo II de la Constitución Política del Estado, así como el 68 numerales 6 y 7 de la Ley 2492

Expuso que la actividad de construcción incluye los costos de materiales, mano de obra, costos indirectos, costo del terreno y comprende los periodos abril a marzo, teniendo un vencimiento y alcance distinto; por lo que señala que correspondería la anulabilidad de obrados, ante la aplicación de elementos y valoraciones de un procedimiento sustancial aplicable, que corresponden a un alcance distinto de la Orden de Verificación

Por su parte, la Administración Tributaria señaló que, la Orden de Verificación tiene como objeto la verificación del impuesto sobre las Utilidades de las’Empresas, por la venta de... bienes inmuebles en la gestión 2010, fiscalización que fue realizada conforme disponen los artículos 100 y 104 de la Ley 2492; ya que, de la información obtenida de terceros, constató que en dicha gestión, la sujeto pasivo enajeno bienes inmuebles, cuyos ingresos obtenidos no fueron declarados conforme a Ley. 

Señaló la inexistencia de la contradicción entre el alcance de la Orden de Verificación N° 18300200022 y la Vista de Cargo N° 291930000261, toda vez que la Orden de Verificación tiene como acaecimiento del hecho generador la venta de propiedades inmuebles y no así a la actividad de construcción; y que la actividad realizada por la sujeto pasivo, al revestir el carácter prioritario de venta, traduce su carácter comercial por sobre el carácter de construcción, motivo suficiente para determinar el cierre fiscal al 31 de diciembre. 

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Al respecto, corresponde citar la Sentencia Constitucional Plurinacional 1474/2013, de 22 de agosto, que estableció: En ese contexto la jurisprudencia constitucional señaló: …la congruencia abarca dos ámbitos, el primero referido a la unidad del proceso; e

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decir, la coherencia y vínculo que debe existir entre una resolución y otra dentro de un mismo proceso, y el segundo en cuanto a la consideración y resolución de todos los puntos puestos a consideración del juzgador, lo que significa que también debe existir coherencia y unidad de criterio dentro de una misma resolución, dado que la misma debe guardar correspondencia con todo lo expuesto a lo largo de su contenido, caso contrario careceria de consecuencia, siendo inviable que luego de analizar determinados hechos se llegue a resultados distintos, vulnerando la construcción jurídica que toda resolución debe tener en aplicación y resguardo del debido proceso...

De igual manera, la Sentencia Constitucional Plurinacional 1302/2015S2 estableció lo siguiente: “Como se dijo anteriormente, la congruencia de las resoluciones judiciales y administrativas, constituye otro elemento integrador del debido proceso, al respecto la SC 0358/2010-R de 22 de junio, señaló lo siguiente: “a congruencia como principio 

cterístico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que Hlevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”. 

En el marco normativo aplicable, el artículo 115 parágrafo II de la Constitución Politica del Estado, establece que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; y el artículo 117 parágrafo I de la norma suprema citada, dispone que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oida y juzgada previamente en un debido proceso. 

A su vez, el parágrafo I del artículo 104 de la Ley 2492, dispone: 9. Sólo en casos en los que la Administración, además de ejercer su facultad de control, verificación,

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investigación efectúe un proceso de fiscalización, el procedimiento se iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autoridad competente de la Administración Tributaria, estableciéndose su alcance, tributos y períodos a ser fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, así como la identificación del o los funcionarios actuantes, conforme a lo dispuesto en normas reglamentarias que a este efecto se emitan”. 

De esta manera, la doctrina y normativa expuesta precedentemente permite establecer que la congruencia en el desarrollo de los procesos administrativos sustanciados, constituye un elemento esencial que integra el debido proceso, esto en el entendido de que a través de la Orden de Fiscalización como acto que inicia el proceso determinativo, la Administración Tributaria debe identificar de forma clara el alcance de la verificación, a fin de delimitar el ámbito de la fiscalización, impidiendo de esta manera que al momento de la conclusión del proceso, el ente recaudador determine o establezca aspectos que no se encuentran dentro del alcance fijado al inicio del proceso. ;.- – 

En el presente caso, de la compulsa de los antecedentes administrativos se tiene que la Administración Tributaria como acto que dio inicio al proceso determinativo, emitió la Orden de Verificación No 18300200022 de 23 de febrero de 2018, comunicando a la sujeto pasivo que efectuaria una Verificación Especifica del IVE, estableciendo como alcance la VERIFICACIÓN ESPECIFICA DE LOS HECHOS Y/O ELEMENTOS RELACIONADOS CON EL’IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS (IUE) POR LA VENTA DE BIENES INMUEBLES, de los periodos enero a diciembre de la gestión 2010; resultando evidente que el ente recaudador en cumplimiento del parágrafo I del artículo 104 de la Ley 2492, definió como alcance de la fiscalización la revisión del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de los periodos enero a diciembre de la gestión 2010 (fojas 7 de antecedentes administrativos). 

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Posteriormente a la conclusión del trabajo de campo, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo N° 291930000261 de 15 de mayo de 2019, calificando preliminarmente la conducta de la sujeto pasivo como omisión de pago, liquidando la deuda tributaria establecida sobre base presunta del UE correspondiente a los periodos enero a diciembre de la gestión 2010 en un total de UFVs 242.960, que incluye el tributo omitido (UE), interés y sanción por calificación preliminar de la conducta. Acto notificado mediante cédula el 23 de mayo de 2019 (fojas 10161044 y 1048 de antecedentes administrativos)

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El 24 de junio de 2019, la sujeto pasivo presento memorial de descargo a la vista de Cargo ofreciendo argumentos de descargo referidos a incidentes de nulidad por vulneración al debido proceso y derecho a la defensa, debido a la notificación de la Orden de Verificación y Vista de Cargo, en una dirección que no es su domicilio; y fuera de los cinco (5) días dispuestos en el artículo 33 parágrafo Ill de la Ley 2341; asimismo, requirió prescripción del IUE de la gestión 2010, en aplicación de los artículo 59 y 60 de la Ley 2492 sin modificaciones; aduciendo además incongruencia entre la Orden de Fiscalización y la emisión de Vista de Cargo (fojas 1056-1079 de antecedentes administrativos). 

Como acto final del proceso determinativo, la Administración Tributaria el 26 de junio de 2019 emitió la Resolución Determinativa N° 171930000648, estableciendo obligaciones impositivas de Julieta León Arze, en la suma de UFVS 244.233, correspondientes al tributo omitido del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, intereses y sanción por la calificación de la conducta, de los periodos fiscales enero a diciembre de la gestión 2010; asimismo, calificó la conducta de la sujeto pasivo como omisión de pago, aplicando una sanción equivalente al 100% sobre el tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda (fojas 10881139 y 1145 de antecedentes administrativos). 

De esta manera, lo expuesto en párrafos precedentes permite advertir que contrariamente a lo agraviado por la recurrente, la Administración Tributaria durante la sustanciación del proceso determinativo, mantuvo y respetó el alcance de la Orden de Verificación limitándose a verificar y establecer la existencia de deuda por Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas de los periodos enero a diciembre de la gestión 2010, tal como se expuso del contenido de los actos administrativos emitidos por el SIN y señalados en párrafos anteriores; en consecuencia, el ente recaudador en relación a este aspecto resguardó el debido proceso establecido en los artículos 115 parágrafo Il y 117 parágrafo I de la Constitución Política del Estado, en consecuencia corresponde desestimar lo 

argumentado

En ese entendido, sobre lo manifestado por la sujeto pasivo, respecto a que en la Orden de Verificación, la entidad recurrida especificó un alcance de gestión comercial (enero a diciembre de 2010); empero, en la vista de Cargo realizó la determinación con alcance a la actividad de construcción, que incluye costos (materiales, mano de obra, terreno y otros) 

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y comprende los periodos abril a marzo, es decir que tiene un vencimiento y alcance distinto. Cabe señalar que la Orden de Verificación No 18300200022 de 23 de febrero de 2018, establece como alcance del proceso determinativo, la verificación específica de los hechos y/o elementos relacionados con el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), por la venta de bienes inmuebles, correspondiente a los periodos enero a diciembre de la gestión 2010 (fojas – 7.de antecedentes administrativos); y precisamente para la determinación de dicha obligación impositiva, la norma legal vigente (artículo 47 de la Ley 843 (TO)), dispone que es necesario deducir de la utilidad bruta (ingresos menos gastos), los gastos costos necesarios para su obtención y conservación de la fuente. 

En el presente caso, se advirtió que la entidad recurrida al momento de determinar la base imponible del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresa de la gestión fiscal enero a diciembre de la gestión 2010, efectivamente de los “Ingresos por ventas de bienes inmuebles“, realizó la deducción de los costos de construcción (“Costos de Ventas o Servicios Presentados“), aspecto que resulta evidente en el cuadro: “DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE Y DEL IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS (IUE)” expuesta tanto en la vista de Cargo N° 291930000261 y, Resolución Determinativa N° 171930000648 (fajas 1042 y 1119 de antecedentes administrativos). 

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En ese contexto, el hecho de que la entidad recurrida haya considerado para la determinación del IVE (objeto de verificación), los costos relacionado con los bienes inmuebles vendidos por la sujeto pasivo (actividad establecida como alcance en la Orden de Verificación), mal podria la recurrente, pretender que dicho aspecto derive en la modificación del alcance inicialmente dispuesto en la Orden de Verificación “VERIFICACIÓN DE LOS HECHOS Y/O ELEMENTOS RELACIONADOS CON EL IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS (IUE) POR LA VENTA DE BIENES INMUEBLES” periodos ENERO A DICIEMBRE DE LA GESTIÓN 2010 (fojas 7 de antecedentes administrativos); no existiendo sustento fáctico alguno que demuestre, que la actividad por la cual la entidad recurrida determinó el impuesto omitido, concierne a la actividad de construcción con la gestión fiscal que inicia en abril y finaliza en marzo del año siguiente o que la Administración Tributaria haya establecido reparos por la misma. 

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En consecuencia, al ser evidente que los resultados arribados por la entidad recurrida, en la Vista de Cargo N° 291930000261 y en el acto impugnado, corresponden únicamente al 

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Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas de los periodos enero a diciembre de la gestión 2010 y que permitió a la entidad recurrida el inicio y desarrollo del proceso de verificación que concluyó con la Resolución Determinativa N° 171930000648, no existe evidencia de vulneración de derechos de la sujeto pasivo en el marco de lo previsto por los artículos 115 parágrafo 11 y 117 parágrafo I de la Constitución Política del Estado; correspondiendo desestimar lo agraviado, máxime cuando las actuaciones de la Administración Tributaria se enmarcaron en el artículos 104 de la Ley 2492. 

IV.2. Notificación con la Orden de Verificación. La sujeto pasivo, afirmó que la Administración Tributaria nunca le notificó la Orden de Verificación, pretendiendo justificar dicho aspecto, señalando que dio a conocer la Vista de Cargo, empero la misma fue practicada en forma irregular y en un domicilio distinto al real, aspecto que impidió ejercer su derecho a la defensa antes de la Vista de Cargo; añadió que no podría legalizarse vulneraciones a derechos y garantías constitucionales, basándose en información no fehaciente, ni actualizada del órgano electoral. 

De igual manera, refirió que se apersonó a la Administración Tributaria señalando su domicilio real, al final del proceso ante la Vista de Cargo, evidenciando que nunca se otorgó la oportunidad de defensa desde el inicio del proceso de verificación. Agregó que tampoco fue notificada con algún requerimiento, ni le dieron a conocer alguna información sobre las actuaciones de la Administración Tributaria, aspectos que fueron puestos a conocimiento del SIN, mediante la nota de descargo a la vista de Cargo. 

Por su parte, la Administración Tributaria manifestó que a la fecha de notificación de la Orden de Verificación y de la Vista de Cargo, tanto el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) como el Servicio de Registro Cívico (SERECI), coincidieron en el domicilio de la sujeto pasivo, ubicado en el Pasaje G. Caballero No 100; por tanto, lo alegado por la recurrente, que la notificación fue en un domicilio incorrecto ylo desactualizado, vulneró su derecho a la defensa, carece de veracidad. Al efecto, citó las Sentencias Constitucionales 1014/2011-R de 22 de junio y 1845/2004-R

Adicionalmente, el ente recaudador argumento que los actos administrativos fueron notificados en el domicilio (Pasaje Geraldine Caballero N° 100 – Z. Queru Queru): declarado por la recurrente al Servicio General de Identificación Personal, mismo que 

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resulta válido en virtud a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 2492, considerando la falta de inscripción de la sujeto pasivo en el Padrón de Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales; y que al cumplir con lo dispuesto por el artículo 85 de la Ley 2492, respecto a la notificación de los actos administrativos, a fin de que la sujeto pasivo asuma defensa y produzca pruebas respecto a los cargos formulados en su contra, las mismas son legales y válidas. 

Al respecto, corresponde indicar que de acuerdo a Manuel Össorio, la notificación se entiende como la “Acción y efecto de hacer saber, a un litigante o parte interesada en un juicio, cualquiera sea su indole, o a sus representantes y defensores, una resolución judicial u otro acto del procedimiento(OSSORIO ManuelDiccionario e Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Pág. 489). 

Asimismo, cabe anotar que la doctrina constitucional sostiene que el sistema normativo tributario referido a las notificaciones tiene por finalidad dar a conocer a los sujetos de la relación juridica tributaria, las decisiones o resoluciones emitidas para que las partes puedan cumplir con alguna obligación establecida o para ejercer su derecho de defensa; así lo ha entendido el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la Sentencia Constitucional N° 1845/2004-R, que establece: “(...) que el conocimiento real y efectivo de la comunicación asegura que no se provoque indefensión en la tramitación y resolución en toda clase de procesos, pues no se llenan las exigencias constitucionales del debido proceso, cuando en la tramitación de la causa se provocó indefensión; sin embargo, en coherencia con este entendimiento, toda notificación por defectuosa que sea en su forma, que cumpla con su finalidad (hacer conocer la comunicación en cuestión), es válida. Criterio ratificado en la Sentencia Constitucional N° 0164/2006-R

Consecuentemente, debemos señalar que existe indefensión en un procedimiento administrativo, cuando el administrado está en total desconocimiento de las acciones o actuaciones procesales llevadas a cabo en su contra, motivo por el cual, no podría asumir su defensa en su debida oportunidad; por lo que esta instancia verificará las notificaciones realizadas a fin de comprobar si se colocó en indefensión al sujeto pasivo de la obligación. 

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En la normativa aplicable, el artículo 83 de la Ley 2492 establece: “Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de los siguientes medios: 1. Por 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq karachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní

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medios electrónicos; 2. Personalmente; 3. Por Cédula; 4. Por Edicto; 5. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o privado o por sistemas de comunicación electrónicos; 6. Tácitamente; 7. Masiva; 8. En Secretaria. II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. Con excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o a pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa competente podrá habilitar días y horas extraordinarias

Por su parte, el artículo 85 de la Ley 2492, determina que cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, se dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto, a un vecino del mismo, bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a una hora determinada del día hábil siguiente; si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, se formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito de los cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se proceda a la notificación por cédula, la misma que estará constituida por copia del acto a notificar y será entregada en el domicilio del que debiera ser notificado, a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación que también firmará la diligencia. 

Ahora bien, de la compulsa de los antecedentes, se advierte que la Administración Tributaria a efecto de notificar la Orden de Verificación No 18300200022 de 23 de febrero de 2018 y Requerimiento No 00148283 de 27 de julio de 2018 a Julieta León Arze, dejó el primer aviso de visita el 21 de agosto de 2018 a horas 17:00, en la dirección “PASAJE GERALDINE CABALLERO N° 100 ZONA BARRIO: QUERU QUERU. Posteriormente, el funcionario actuante elaboró la representación jurada para la notificación por cédula, argumentando que ante la segunda visita tampoco pudo encontrar a Julieta León Arze, lo cual permitió a la entidad recurrida, que practique la notificación por cédula el 23 de agosto de 2018, fijando copia de los actos en la puerta del citado domicilio (fojas 7, 12-13 y 15-18 de antecedentes administrativos). 

De la misma manera, la Administración Tributaria emitió el Segundo Requerimiento No 00148330 de 11 de septiembre de 2018 y a fin de notificar el mismo a la ahora recurrente 

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, dejó el primer aviso de visita el 13 de septiembre de 2018 a horas 15:40, en el domicilio ubicado en “PASAJE GERALDINE CABALLERO N° 100 ZONA BARRIO: QUERU QUERU, posteriormente, el funcionario actuante elaboró la representación jurada para notificación por cédula, argumentando que, ante la segunda visita, tampoco pudo encontrar a Julieta León Arze, por lo que procedió la notificación por cédula el 17 de septiembre de 2018, fijando copia del acto en la puerta del domicilio (fojas 2227 de antecedentes administrativos). 

Posteriormente, a la conclusión del trabajo de campo, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo N° 291930000261 de 15 de mayo de 2019, acto que también fue notificado mediante cédula, corroborando que el primer aviso de visita fue dejado el 22 de mayo de 2019 a horas 18:30, en el domicilio ubicado en “PASAJE GERALDINE CABALLERO N° 100 ZONA/BARRIO: QUERU QUERU”, posteriormente el funcionario actuante elaboró la representación jurada para notificación por cédula, argumentando que ante la segunda visita tampoco pudo encontrar a Julieta León Arze, por lo que practicó la notificación por cédula el 23 de mayo de 2019, fijando copia del acto en la puerta del citado domicilio (fojas 1016-1048 de antecedentes administrativos)

Lo expuesto en párrafos previos permite advertir qué la Orden de Verificación, los Requerimientos de documentación y la vista de Cargo, fueron notificadas mediante cédula en el domicilio ubicado en el “PAŞAJE GERALDINE CABALLERO NRO. 100 ZONA/BARRIO: QUERU QUERU”, domicilio que según la Administración Tributaria corresponde a Julieta León Arze, conforme a la información obtenida del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) y del Servicio de Registro Civico (SERECI). 

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Ahora bien, la notificación realizada mediante cédula en el domicilio PASAJE GERALDINE CABALLERO NRO. 100 ZONA/BARRIO: QUERU QUERUfue expresamente cuestionada por la recurrente, argumentando que dicho domicilio no resultaria el real; sin embargo, resulta menester considerar para el presente análisis lo dispuesto por la Autoridad General de impugnación Tributaria en la Resolución de Recurso Jerárquica AGITRJ 0446/2020 de 26 de febrero de 2020, resolución que fue emitida para el presente caso y que, a la letra señala: xvii. (…) se evidenció que Julieta León Arze si tomó conocimiento de la Orden de Verificación No 18300200022, tal es así que en su nota de descargo presentada el 24 de junio de 2019, describió la citada Orden 

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de Verificación, el alcance y la modalidad de verificacn, así como la fecha y la dirección donde se efectuó la notificación. En ese entendido, la notificación (…) en el domicilio habitual informado por el SEGIP y el SERECI de Cochabamba, ubicado en el Pasaje Geraldine Caballero N° 100, Zona: Queru Queru, no le causó indefensión a Julieta León Arze (...), puesto que se cumplió con el fin de hacerle conocer dichos actuados; de modo que, en conocimiento de los mismos hizo uso de su derecho a la defensa durante el proceso de verificación (...)” (fojas 258 del expediente)

Asimismo, la citada Resolución de Recurso Jerárquico señaló: “xix. En tal sentido, es totalmente válido aplicar en el presente caso el Artículo 38, Numeral 1 del CTB que establece que el domicilio de las personas naturales que no tienen domicilio señalado es el lugar de su residencia habitual o su vivienda permanente, por lo que las notificaciones por Cédula efectuadas en el domicilio habitual de la Contribuyente informado por el SEGIP y SERECI, son plenamente válidas máxime cuando las mismas cumplieron su 

áxime cuando las mismas cumplieron su fin y no se causó indefensión a Julieta León Arze por esa causa; extremo que es ratificado por la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0700/2014, que establece que toda notificación por más defectuosa que sea en su forma y que cumpla con su finalidad (hacer conocer la comunicación es cuestión), es válida” (fojas 258 y 258 vta, del expediente administrativo)

De esta manera, en base al razonamiento expuesto en párrafos precedentes, se tiene que la notificación con la Orden de Verificación, los Requerimientos de documentación y la Vista de Cargo realizada mediante cédula en el domicilio reportado por el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) y el Servicio de Registro Civico (SERECI), no causó indefensión al sujeto pasivo, y por el contrario, cumplió con el procedimiento establecido en el artículo 85 de la Ley 2492, constituyéndose en una modalidad válida de acuerdo al artículo 83 de la citada Ley

Consecuentemente, lo expuesto hasta el momento permite desestimar la existencia de un vicio de nulidad incurrido por la Administración Tributaria en el proceso determinativo, a consecuencia de las notificaciones realizadas en el domicilio reportado por el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) y el Servicio de Registro Cívico (SERECI). motivo por el cual no se advirtió la configuración de las causales previstas en el artículo 36 de la Ley 2341 aplicable en materia tributaria conforme el artículo 201 del Código Tributario Boliviano, que señala que son anulables los actos administrativos cuando incurran en 

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cualquier infracción del ordenamiento jurídico y sólo se determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados, por lo que no corresponde lo agraviado 

por la recurrente al respecto. 

IV.3. Falta de conocimiento de la información de los contribuyentes “Ay “B”. Julieta León Arze señaló que la Administración Tributaria mencionó información de los contribuyentes “A” y “B”, que no fue proporcionada ni puesta a su conocimiento, generando indefensión, siendo el único parámetro parecido, que se dedican a la misma actividad en la misma jurisdicción; asimismo, acotó que la información de los contribuyentes “A” y “B” utilizada en la determinación, nunca le fue notificada, impidiendo de esta manera ejercer el derecho a la defensa. 

Por su parte, la Administración Tributaria manifestó que el publicar o dar a conocer en su integridad (no mencionar los nombres del o los contribuyentes que sirvieron de base para la comparación y/o ponderación) el Informe SIN/GDCBBA/DF/GINE/INF/179/2019 de 15 de febrero de 2019, aprobado con Nota SIN/GF/DNCC/NOT/00363/2019, no tiene incidencia alguna en el procedimiento de verificación y determinación de la deuda tributaria y tampoco motivaria la nulidad de los actos administrativos; máxime cuando gran parte de la carga de la prueba, para desvirtuar la técnica aplicada que determino reparo a favor del fisco, recae en la sujeto pasivo, quieni no proporcionó documentación e información relativa al objeto y alcance de la verificación. Igualmente, acotó que fue aplicado el principio de transparencia, con el acceso libre a las actuaciones y documentaciones que respaldaron los cargos formulados, ya sea de forma personal o a través de un tercero autorizado 

Al respecto, la doctrina administrativa considera que en general “os vicios determinan las consecuencias que ocasionan, conforme a un criterio cualitativo, de práctica jurisprudencial y política jurídica; asi a menor grado del vicio, el acto puede ser válido o anulable; por el contrario si el vicio es grave o muy grave, el acto será nulo y sólo en casos de grosera violación del derecho o falta de seriedad, será inexistente” (GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo 3, p. XI-40). 

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La Sentencia Constitucional 2023/2010-R de 9 de noviembre -entre otras-estableció que: “La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de 

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la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que se ha arribado, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia (…)

En la normativa tributaria, el artículo 92 de la Ley 2492, dispone que la determinación, es el acto por el cual la sujeto pasivo o la Administración Tributaria declara la existencia y cuantía de una deuda tributaria o su inexistencia. Asimismo, el artículo 42 de la citada Ley establece que la base imponible es la unidad de medida, valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar

Por otra parte, el artículo 43 de la Ley 2492 dispone que la base imponible podrá determinarse: Sobre Base Cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que permiten conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo; y sobre Base Presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que por su vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permiten deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando concurra alguna de las circunstancias reguladas en el artículo 44 de la Ley 2492. 

De esta forma, cabe señalar que la normativa expuesta precedentemente permite colegir que, para los dos métodos de determinación (cierta y presunta), es necesario que la Administración Tributaria cuente con información obtenida del propio recurrente o de 

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terceros, diferenciando el empleo de cada método en función a los elementos de convicción del hecho generador que pueda proporcionar dicha información; es decir, se empleará la determinación sobre base cierta, cuando la información contenga elementos 

que permitan conocer con certeza e indubitablemente la existencia y cuantía de la obligación; y por el contrario, la determinación es sobre base presunta cuando dicha información, no permita la obtención de elementos certeros para efectuar la determinación, debiendo recurrir a hechos y sucesos que por su vinculación o conexión con las circunstancias fácticas que las leyes tributarias prevén como hechos imponibles, permiten deducir la existencia y cuantía de la obligación. 

A su vez, la Administración Tributaria en ejercicio de su facultad normativa dispuesta en el artículo 64 de la Ley 2492, emitió la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13, misma que tiene por objeto reglamentar los medios para la determinación de la Base Imponible sobre Base Presunta y establecer el tributo -que corresponda pagar, estableciendo en su artículo 8 los medios por inducción, señalando que el Servicio de Impuestos Nacionales puede aplicar las técnicas establecidas para cuantificar la Base Presunta de acuerdo a las circunstancias que amerite el caso, siendo estas: a) Técnica Insumo-Producto; b) Técnica Relación Ingreso-Gasto, c) Técnica de Contribuyentes Similares, y d) Otras 

En el presente caso, de la compulsa de la Vista de Cargo No 291930000261 de 15 de mayo de 2019, pudo advertirse que la Administración Tributaria en el punto * JUSTIFICACIÓN DEL TIPO DE DETERMINACIÓN” señaló que corresponde aplicar base presunta debido a que agotó los medios para efectuar la determinación sobre base cierta, al no haber presentado la sujeto pasivo la información que permita conocer de manera indubitable el Costo de Construcción (materiales, mano de obra y otros costos indirectos de construcción), aspecto que impediría conocer de forma cierta la base imponible (fojas 1017 de antecedentes administrativos). 

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De forma seguida, la citada Vista de Cargo expuso en el cuadro cursante a fojas 1018 de antecedentes administrativos, el descarte de cada una de las técnicas establecidas en la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13, concluyendo que corresponde aplicar 

la técnica de inducción “otras”, debido a que ninguna otra técnica pudo ser aplicada; para 

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tal efecto, refirió que solicitó la aprobación de la técnica a la Gerencia de Fiscalización, obteniendo como respuesta la nota SIN/GF/DNCC/NOT/00363/2019

Posteriormente, la Administración Tributaria en la vista de Cargo N° 291930000261 manifestó que, para el cálculo del costo de construcción, efectuó el análisis de la información y documentación de los contribuyentes “A” y “Bque tienen la misma actividad económica en la misma jurisdicción, para lo cual en el punto “Caso 1. Contribuyente Amanifestó que en el proceso de verificación efectuado al contribuyente A, obtuvo información de la institución financiera que otorgó un préstamo para la construcción de inmuebles en las gestiones 2008 y 2009; asimismo, contó con documentación sobre el costo del terreno, costo financiero y coto del gravamen hipotecario, además del aporte propio efectuado por el mismo contribuyente (fojas 1019 de antecedentes administrativos). 

De esta manera, la Administración Tributaria de forma más específica señaló en la Vista de Cargo N° 291930000261 que en la gestión 2009 efectuó la venta de inmuebles por la suma de Bs1.956.722.-, además que respecto al costo de materiales, mano de obra y otros costos indirectos, efectuó una inversión de Bs1.491.395,29 por concepto de losa radier de hormigón armado, columnas vaciadas, material de obra y plastoformo comprado; asimismo, mediante líneas de crédito para la compra de materiales, mano de obra y otros gastos indirectos reportó importes por B$4.949.000.- Bs792.000.- y B$4.030.000.- por lo que el costo total de materiales, mano de obra y otros costos indirectos alcanzó un importe de Bs11.262.395,29, importe que fue prorrateado en función a los metros cuadrados construidos y vendidos, llegando a obtener el monto de Bs 1.105.032,48 (fojas 1019 de antecedentes administrativos). 

En relación al costo financiero, indicó que la institución financiera informó un valor de Bs354.447,05 para el costo de gravamen hipotecario Bs4.358,83 y para el costo de terreno, el valor actualizado alcanzó a Bs 101.230,85 de forma seguida expuso el cálculo del porcentaje correspondiente a la utilidad obtenida por el contribuyente A” utilizado como referencia, obteniendo un valor del 20.02%, 

En los mismos términos, el ente recaudador señaló en la vista de Cargo N° 291930000261 analizada que el contribuyente Ben la gestión 2010, efectuó la venta de inmuebles por un total de Bs9.571.912,57 efectuando una inversión (costo de materiales, mano de obra 

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y otros costos indirectos) de Bs8.204.261,95 y gestionando un préstamo bancario para la compra de materiales, mano de obra y otros gastos indirectos por Bs3.655.000.-; además que existiria datos de ingresos por preventas, ventas y otros ingresos que fueron parte del costo (pago de fierros de construcción, compra de material de construcción, pago de jornales y contratistas y otros) por Bs5.527.611,87 obteniendo un costo total de Bs17.386.873,82; mismo que fue prorrateado en función a los metros de construcción, obteniendo un importe de B$7.757.564,23. Por otra parte; indicó que el costo del terreno alcanza a Bs543.903,64; de forma seguida, expuso el cálculo del porcentaje correspondiente a la utilidad obtenida por el contribuyente “B” utilizado como referencia (13.27%). 

Posteriormente, la Administración Tributaria en el acto administrativo ‘señalado previamente, indicó que, en base al análisis de los contribuyentes utilizados, como referencia, estableció un promedio de costo materiales, mano de obra y costos indirectos del 68.76% en función a los ingresos obtenidos, correspondiendo aplicar dicho porcentaje en la determinación debido a que fueron agotados los medios que la Ley permite para investigas y verificar, sin contar con los medios suficientes para poder determinar el costo de construcción sobre base cierta; de igual manera, refirió que no corresponde establecer un costo financiero, debido a que la sujeto pasivo no presentó documentación que demuestre un financiamiento bancario. Adicionalmente, el costo del terreno fue determinado sobre la información de la minuta de transferencia y o escritura pública actualizada a la gestión verificada (fojas 1020-1021 de antecedentes administrativos). 

Ahora bien, lo expuesto en párrafos previos se reproduce en el contenido de la Resolución Determinativa impugnada, de la cual, la recurrente agravió vulneración al debido proceso en su elemento del derecho a la defensa, toda vez que a su entender, la Administración Tributaria no puso a su conocimiento la información utilizada como referencia para su determinación, aspecto de vital relevancia para el presente caso, por cuanto sostuvo, que los actos administrativos emitidos dentro de la sustanciación de un proceso determinativo, deben contar con una exposición de todos los aspectos tomados en cuenta, a fin de poder asegurar que la sujeto pasivo cuente con los elementos necesarios para poder asumir una adecuada defensa. 

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Al respecto, es menester indicar que el presente agravio ya fue objeto de análisis por parte de la Autoridad General de Impugnación en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT 

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Av. Oquendo Ne 381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012. www.ait.gob.bo.Cochabamba, Bolivia 

RJ 0445/2020 de 26 de febrero de 2020, misma que fue emitida dentro del presente proceso de impugnación y que a la letra sostuvo: “xxxi. (…) se advierte que la Administración Tributaria habiendo agotado los medios para la determinación sobre base cierta y toda vez que la Contribuyente no presentó información que le permita conocer de forma indubitable el costo de construcción (materiales, mano de obra y otros costos indirectos), consideró la aplicación de la base presunta; no pudiendo aplicar directamente la Técnica de Contribuyentes Similares establecida en el Artículo 8, inciso c) de la RND No 10-0017-13, por la inexistencia de por lo menos tres parámetros parecidos (...) solicitando la aprobación de otra técnica sobre base presunta que le permita determinar los costos de construcción de acuerdo al Articulo 8, inciso d) de la citada RND (...) la cual fue aprobada con Nota con CITE: SINGF/DNCC/NOT/00675/2019 (...) Lo que denota que la citada Administración fundamentó en hecho y en derecho la aplicación de la técnica mencionada para cuantificar la base presunta(fojas 263 del expediente 

administrativo). 

La citada Resolución de Recurso Jerárquico continuó señalando: “xxxii. Asi también (…) se advierte que la Administración Tributaria expuso los elementos considerados para la determinación sobre base presunta de los costos de construcción en base a la información obtenida de contribuyentes que desarrollan la misma actividad económica y que se encuentran en la misma jurisdicción identificados como Contribuyente “A” y “B”, respecto de los cuales se detallan los gastos que componen los mencionados costos (…) xxxii, Del mismo modo (…) cabe señalar que dicha Administración dejó en claro que las similitudes entre Julieta León Arze y los Contribuyente A y B son dos: La actividad que desarrollan y la jurisdicción, no habiendo encontrado otra similitud; por lo que no pudo aplicar directamente la técnica de Contribuyentes similares establecida en el Artículo 8, Inciso c) de la RND N° 100017-13, que requiere al menos tres aspectos similares; precisamente por esa causa y considerando las características particulares de la Contribuyente y la información que obtuvo de otros Contribuyentes, solicitó la autorización de la aplicación de “otra” técnica (...)(fojas 263 vta. del expediente administrativo). 

Adicionalmente, la referida Resolución de Recurso Jerárquico expresó: “(…) contrario a lo alegado por la Contribuyente se demostró que la Administración Tributaria expuso en la Vista de Cargo y en la Resolución Determinativa la información que consideró de los Contribuyentes A y B que le permitió determinar los costos de construcción

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sobre base presunta (…). En este entendido, resulta irrelevante la consideración de la información contenida en el sobre con la Leyenda “Información confidencial confome el Art. 6741 de la Ley 2492″, ya que los actos del SIN cuentan con los hechos, datos, elementos y valoraciones que fundamentan la determinación de los costos de construcción, sobre base presunta (...)” (fojas 264 del expediente administrativo). 

En base a lo señalado en párrafos previos, la Autoridad General de impugnación Tributaria concluyó en la citada Resolución de Recurso Jerárquico: “xxxvii. En ese entendido, es evidente que la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo cumpliendo lo dispuesto en el Artículo 96, Parágrafo / del CTB, en relación a la fundamentación y motivación que sustenta la determinación sobre base presunta, puesto que expone los antecedentes de hecho y de derecho que justifican las razones del cargo formulado contra el Sujeto Pasivo; y toda vez que dicho acto sustenta la Resolución Determinativa, se tiene que està última también cumple lo establecido en el Artículo 99,-Parágrafo II del citado Código (...)” (fojas 264 vta. del expediente administrativo).‘ 

Consecuentemente, la descripción de los antecedentes administrativos asi como lo dispuesto por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, permite establecer, que tanto la Vista de Cargo como la Resolución Determinativa impugnada cuentan con la debida fundamentación respecto a la aplicación del método de determinación sobre base presunta, cumpliendo el precepto dispuesto en el artículo 43 de la Ley 2492 para la aplicación del referido método y el procedimiento establecido en la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13, siendo que, la Administración Tributaria ante la imposibilidad de obtener información cierta respecto a los costos de construcción, solicitó la aprobación de la técnica “Otras” a efecto de utilizar información de los contribuyentes A y B para cuantificar, de forma presunta, el porcentaje de costo a aplicar en la determinación

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Así también, permite colegir que, tanto la Vista de Cargo como la Resolución Determinativa impugnada, exponen en su contenido todos los antecedentes, datos e información utilizada por la Administración Tributaria para practicar la determinación sobre base presunta, no existiendo prueba o información que permita desestimar la presunción realizada por el ente recaudador

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Consecuentemente, en base a lo expuesto hasta este punto, no es evidente lo argumentado por la parte recurrente respecto a la indefensión causada por una falta de 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit‘ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

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fundamentación para la aplicación del método de determinación sobre base presunta, siendo que los actos administrativos analizados cumplieron con lo dispuesto en los artículos 96 y 99 de la Ley 2492 respecto a los fundamentos de hecho y derecho que sustentan la determinación, en consecuencia, no corresponde la nulidad del proceso

IV.4. Configuración de la prescripción. La sujeto pasivo señaló que, el entendimiento de la Sentencia Constitucional Plurinacional 1169/2016-33 debe ser aplicado al presente caso, procediendo a declarar la prescripción conforme las Sentencias 128/2013, 39/2016 y 47/2016 emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia; empero, la Administración Tributaria antepuso ilegalmente la teoría de derechos adquiridos pretendiendo considerarla como fuente de derecho por encima de principios constitucionales y tratados internacionales, atentando de esta manera al debido proceso; en ese sentido, afirmó que las Sentencias Constitucionales Plurinacionales respecto de la aplicación de la Ley vigente, establecen que la modificación de la norma vigente con la cual fue computado el plazo de la prescripción, no podría ser afectada por una norma reciente, exceptuando la aplicación del principio de favorabilidad

Por su parte, la Administración Tributaria Municipal señaló que la recurrente ejerció una actividad económica sin estar registrada en el Padrón de Contribuyentes, por lo que el cómputo de la prescripción de las acciones de la Administración Tributaria, fue ampliado en virtud a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 2492; además que, dicho artículo fue modificado por las Leyes 291, 317 y 812, estableciendo un término de prescripción de 8 años; por lo que hizo uso de sus facultades de determinación, respecto al UE de la gestión 2010, con la notificación del acto impugnado antes que dicha facultad de determinación prescriba 

Asimismo, sostuvo que la Ley 812, estableció un nuevo cómputo de prescripción de 8 años, por lo que la sujeto pasivo, fue beneficiada con la aplicación de un cómputo de prescripción más breve; y al encontrase vigente la Ley 812, corresponde su aplicación y cumplimiento en virtud a los artículos 108 y numeral 1 del artículo 202 de la Constitución Política del Estado y artículo 5 de la Ley 027

Manifestó que el cómputo de la prescripción fue suspendido con la notificación de la Orden de Verificación No 18300200022, así como con la interposición del presente recurso el 18 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

de julio de 2019; agregó que dicho cómputo también fue interrumpido con la notificación de la Resolución Determinativa N° 171930000648. 

Señaló que, la Sentencia Constitucional 1169/2016-S3 de 26 de octubre, aludida por la sujeto pasivo, al corresponder a un hecho administrativo distinto, tanto en objeto y motivación, no puede ser utilizado como precedente constitucional a la prescripción y aplicación de las Leyes 291, 317 y 812. Agregó que la Sentencia 39 emitida por el Tribunal Supremo Justicia (referida en la Sentencia Constitucional 1169/2016-S3), fue dejada sin efecto mediante Sentencia Constitucional 0231/2017 de 24 de marzo, aspecto que se constituye en un elemento más para la inaplicabilidad de la citada Sentencia. 

Ahora bien, expuestos los argumentos de las partes y antes de ingresar al análisis del agravio referente al instituto de la prescripción, cabe señalar que una oportunidad anterior, el presente Recurso de Alzada fue objeto de análisis por parte de esta instancia recursiva, emitiendo al efecto la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0157/2020 de 16 de julio de 2020 (fojas 328-349 del expediente administrativo). 

No obstante, la Administración Tributaria interpuso Recurso Jerárquico en contra de la citada Resolución de Recurso de Alzada, derivando en que la Autoridad General de Impugnación Tributaria emita la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1470/2020 de 9 de octubre de 2020, en la que resolvió anular la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0157/2020 de 16 de julio de 2020, a objeto de que se emita una nueva resolución debidamente fundamentada, de acuerdo a lo establecido por los parágrafos 1 y 11 del artículo 211 del Código Tributario Boliviano (fojas 383-391 del expediente administrativo). 

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De esta manera, a objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la referida Resolución de Recurso Jerárquico, es necesario señalar que dicho acto dispuso la anulación de la Resolución de Recurso de Alzada, argumentando lo siguiente: “xvi. (…) la ARIT transcribió parte de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nos. 0269/2019-$2y 0255/2019-S2; sin embargo, no existe fundamento alguno, que permita entender por qué la instancia de Alzada considera que dichas Sentencias Constitucionales Plurinacionales deben ser parte de la motivación de su Resolución del Recurso de Alzada, pues resulta insuficiente la cita de los Artículos 203 de la CPE y 15 del Código Procesal Constitucional 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mil’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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para demostrar el carácter vinculante de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales al caso en concreto; por cuanto dichas disposiciones legales y los fallos constitucionales no suplen ni justifican la falta de fundamentación por parte de la instancia de Alzada, menos la libera de su obligación de motivar adecuadamente la Resolución del Recurso de Alzada (…) sino que se cumpla el fin esencial de facilitar al recurrente y recurrido el conocimiento y convencimiento de las razones por las cuales se resuelve la presente causa(fojas 390 vta. y 391 del expediente administrativo)

En ese contexto, acatando lo dispuesto por la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT RJ 1470/2020 de 9 de octubre de 2020, en principio cabe señalar que el cumplimiento de la norma es el ideal de todo Estado, pues no debería existir oposición ni conflictos en la aplicación de las leyes que rigen una sociedad; sin embargo, no podemos soslayar que las partes procesales en la presente impugnación, esgrimieron argumentos que ameritan ser atendidos; toda vez que, del análisis del Recurso de Alzada así como del memorial de respuesta de la Administración Tributaria, resultó evidente, que la resolución de la controversia de la presente impugnación, involucra, no sólo el cómputo del término de prescripción de las facultades del ente recaudador, sino también exige, que de forma previa, dilucidar la normativa a ser aplicada para efectuar dicho cómputo; esto en consideración a que la sujeto pasivo argumento que no corresponde aplicar las modificaciones realizadas al artículo 59 de la Ley 2492, posición contraria a la Administración Tributaria que propuso su aplicación. 

En el presente caso, en resguardo del principio de seguridad jurídica consagrado en la Constitución Politica del Estado, es necesario dejar sentado que el instituto jurídico de la prescripción, debe comprenderse conforme los entendimientos desarrollados por el intérprete de la Constitución Política del Estado, calidad que recae en el Tribunal Constitucional Plurinacional, debiendo tener presente que sus decisiones y sentencias, son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, conforme dispone el artículo 203 de la Constitución Política del Estado, y que, no solo generan la obligatoriedad a las partes intervinientes, sino que también pueden constituir precedentes orientadores que generan derecho de orden jurisprudencial, debido a que dichas sentencias, efectúan una interpretación, integración e interrelación de las normas vigentes

También es necesario aclarar que, el precedente vinculante de un fallo constitucional, no constituye la conclusión arribada del caso concreto, sino la parte de la ratio decidendi del

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fallo donde se efectúa el análisis e interpretación del hecho fáctico normado, conforme dispone la Sentencia Constitucional 846/2012 de 20 de agosto, misma que a la letra sala: “Entonces, es posible afirmar que es vinculante el precedente constitucional contenido en la ratio decidendi. Es decir, en la ratio decidendi se encuentra el precedente constitucional. El precedente constitucional es vinculante siempre que exista un supuesto fáctico análogo (AC 004/2005-ECA y SC 186/2005-R)”. 

En ese entendido, es menester traer a colación, el entendimiento expuesto por el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0255/2019-S2 de 21 de mayo, mediante la cual, establece el carácter vinculante, de aplicación directa y obligatoria de las Sentencias Constitucionales puntualizando que: “…) no deviene de la solicitud o no que haga el administrado de aplicar algún fallo constitucional de manera especifica, sino que, como se tiene dicho, deviene de un mandato constitucional, que en virtud-del-carácter normativo de nuestra Norma Supremá es de aplicación directa y obligatoria”.. 

Para el presente caso, corresponde aclarar y establecer que, la consideración de la parte vinculante de los fallos constitucionales, se aboca exclusivamente al análisis concerniente a la correcta aplicación de una determinada norma en el tiempo, respecto al instituto de la prescripción; es decir, se examinará la temporalidad de la norma bajo el principio de legalidad e irretroactividad de la ley.

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Así, el entendimiento de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0255/2019-S2 de 21 de mayo, resulta esencial para el análisis del presente Recurso de Alzada, por cuanto, establece la aplicación directa y obligatoria de las Sentencias Constitucionales que deviene de un mandato constitucional, aspecto fundamental que, no puede ser soslayado por esta instancia recursiva al momento de administrar justicia tributaria, existiendo por ende, la obligación y deber de considerar la ratio decidendi inmersa en ella, como fundamento esencial para dilucidar la controversia respecto a la normativa a ser aplicada para el cómputo de la prescripción, por cuanto, la razón y sustento de su consideración para el presente caso, radica en la necesidad de tomar en cuenta el precedente vinculante de la Sentencia Constitucional Plurinacional 1169/2016-S3 de 26 de octubre, referido al carácter irretroactivo de la ley y la forma de aplicación del plazo de prescripción en el tiempo; reiterando que, esta instancia de alzada no pude dejar de lado 

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el entendimiento efectuado por el Tribunal Constitucional Plurinacional en la citada sentencia, máxime si la controversia generada en el presente caso la irretroactividad de las Leyes 291, 317 y 812-resulta ser análoga. 

De esta manera, resulta pertinente señalar que, a efectos de resolver la controversia generada en el presente proceso recursivo e identificada en párrafos previos, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0269/2019S2 de 24 de mayo, en su punto “. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO”, efectuó el siguiente entendimiento respecto de la aplicación de la norma al instituto de la prescripción señalando que: () ésta debió ser resuelta conforme y de acuerdo a la normativa vigente al momento del 

hecho generador del adeudo tributario; en este entendido, y al no haberse observado 

estos dos transcendentales aspectos, queda claro que se lesionó la garantía de la irretroactividad de ley. En efecto, si consideramos que (…) se refieren a adeudos tributarios (…) respecto al periodo fiscal diciembre 2009, el cómputo de la prescripción debió realizarse en base y de acuerdo a los arts. 59 y 60 del CTB antes de su reforma por las Leyes 291 y 317 de septiembre y diciembre de 2012, respectivamente, y la Ley 812 de julio de 2016, ya que las mismas fueron promulgadas de manera posterior al hecho generador (...)

La referida Sentencia Constitucional Plurinacional, continuó sosteniendo lo siguiente: En este contexto la prescripción sometida a análisis, tuvo necesariamente que considerar la normativa vigente al periodo fiscalizado y en consecuencia, determinar si ésta operó o no, en función a los plazos y mecanismos de cómputo estipulados en dicha normativa; pues, no resulta constitucionalmente aceptable que se pretenda la aplicación retroactiva de normas tributarias posteriores al hecho generador del adeudo tributario, máxime, si éstas no resultan más favorables (…)”. 

Consecuentemente, es necesario destacar que el precedente vinculante de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0269/2019-S2 de 24 de mayo desglosada en párrafos previos- determinó los lineamientos de temporalidad de la norma, respecto a que el instituto de la prescripción, debe ser resuelto conforme y de acuerdo a la normativa vigente al momento del hecho generador del adeudo tributario, bajo la premisa de aplicar la norma sustantiva vigente al momento del acaecimiento del mismo, rigiendo la regla del tempus comissi delicti, que responde a los principios de equidad e igualdad en 

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las relaciones jurídicas, y a la superación de situaciones abiertamente discriminatorias y lesivas del principio de justicia, consagrado en nuestro ordenamiento jurídico, por cuya consecuencia, se encuentra prohibida la aplicación retroactiva y retrospectiva de normas que regulan dicho instituto, con la excepción -por supuesto- establecida en el artículo 150 de la Ley 2492, referida al establecimiento de términos de prescripción más breves. 

Asimismo, corresponde aclarar, que las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1169/2016-S3 de 26 de octubre y 0269/2019-S2 de 24 de mayo, exponen en su contenido como común denominador y supuesto fáctico de la problemática a resolver, el carácter IRRETROACTIVO DE APLICAR LAS NORMAS MODIFICATORIAS del cómputo del plazo de la prescripción establecida en el artículo 59 de la Ley 2492 (CTB); es decir, resuelve respecto a la errónea aplicación retroactiva de las Leyes 291, 317 y 812 realizadas por las Administraciones Tributarias y la propia Autoridad de Impugnación Tributaria. 

Bajo ese entendido, la consideración de la ratio decidendi contenida en las citadas sentencias constitucionales, cobra relevancia para la aplicación en la resolución del recurso de alzada interpuesto por el sujeto pasivo, al ser evidente que los hechos fácticos resueltos en estas resultan ser análogos al analizado en el presente caso; en las quereconocen el carácter irretroactivo de la ley establecida en el artículo 123 de la Constitución Politica del Estado, y el artículo 150 de la Ley 2492 (CTB) y por ende la norma vigente en el tiempo para su aplicación y la prohibición expresa de utilizar normativa promulgada de manera posterior a la configuración del hecho generador, ya que no resulta constitucionalmente aceptable. 

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Por lo expuesto hasta este punto, al ser evidente de forma clara la analogía de las citadas Sentencias Constitucionales Plurinacionales con la problemática analizada a fin de efectuar el cómputo de la prescripción incoada, es necesario utilizar la ratio decidendi inmersa como fundamento esencial de dichos fallos al presente caso, coligiendo de ello que resulta equívoco e inaceptable el uso retroactivo de normas tributarias promulgadas posteriores al hecho generador; es decir, no corresponde considerar normativa ulterior, pues se afectarían derechos constitucionales de la sujeto pasivo; por lo que, en consideración a que, dicho precedente constitucional, deja establecido la aplicación inequívoca de una determinada norma, ese mismo entendimiento, sirve para resolver el 

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Justícia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaranl) 

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comienzo del plazo para el cómputo de la prescripción que versa sobre la determinación de la deuda tributaria. 

Por ello, se tiene que, los fundamentos y entendimientos de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0269/2019-S2 de 24 de mayo, son de aplicación vinculante al presente caso por mandato constitucional, conforme lo señala el artículo 203 de la Constitución Política del Estado y parágrafo II del artículo 15 del Código Procesal Constitucional, concordante con la Sentencia Constitucional Plurinacional 0255/2019-S2 de 21 de mayo. 

Entonces, los fundamentos supra señalados, permiten ratificar la posición asumida respecto al instituto de la prescripción, mismo que fue modulado y reconducido estableciendo que, la normativa aplicable a dicho instituto, es la vigente al momento del hecho generador; es decir, cuando se establece la relación jurídico tributaria entre el sujeto pasivo y la Administración Tributaria, vínculo de carácter personal conforme establece el artículo 13 de la Ley 2492 cuyo perfeccionamiento, permite el surgimiento de la obligación tributaria pertinente; concluyendo que, la prescripción, como instituto jurídico de extinción de obligaciones en materia tributaria, no es de oficio y se aplica por la negligencia de la Administración Tributaria en ejercer sus facultades dentro el término establecido en la normativa tributaria; y que más allá del tiempo trascurrido para dilucidarse la configuración del instituto jurídico, la aplicación normativa y el término del mismo, mantiene su vinculación con el momento del perfeccionamiento del hecho gravable. 

A mayor abundamiento, es preciso puntualizar que, las normas sustantivas o materiales son aquellas que, no dependen de otra disposición legal para cumplir su objetivo, pudiendo ser de dos tipos: la que determina derechos y garantías y por otro, las que determinan conductas que deben ser observadas, y la razón radica en su importancia de establecer derechos y garantías, por lo que, en resguardo a la seguridad jurídica, no es posible aplicar normas que, no existían en el momento de cometerse el hecho. 

En ese sentido, la irretroactividad de las disposiciones legales en general es parte del principio de legalidad y es que, no se puede pedir el cumplimiento de disposición legal alguna, en tanto, no se encuentre legalmente en vigencia en ese momento, intelecto que va relacionado con la teoría de los hechos cumplidos que establece que, cada norma 

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jurídica debe aplicarse a los hechos que ocurran durante su vigencia, materializando así la seguridad jurídica

Por lo expuesto, queda en evidencia el sustento para la aplicación de las Sentencias Constitucionales 0255 y 0269 en el análisis del presente caso y la razón para formar parte de la motivación necesaria en la decisión asumida por esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba; subsanando así, lö.extrañado por la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1470/2020. Asimismo, resulta importante resaltar que la cita de las mencionadas sentencias, no tiene por finalidad suplir la motivación que debe tener todo acto administrativo, en especial los emitidos por esta instancia recursiva; mas al contrario, se pretende dejar claro el contexto normativo y constitucional, al cual se somete el análisis del instituto jurídico reclamado por los sujetos pasivos, que el mismo Tribunal Constitucional dejó sentado y no puede ser desconocido por esta instancia de Alzada

Conforme el entendimiento constitucional supra desarrollado, siendo que las normas relativas a la prescripción son sustantivas, cabe, señalar que, para el análisis de la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria, inherentesal Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IWE) de la gestión concluida a diciembre de 2010, no corresponde aplicar las modificaciones realizadas al instituto de la prescripción establecido en la Ley 2492, a través de la Leyes 291, 317 y 812, toda vez que, éstas últimas, no estuvieron vigentes al momento de producirse el hecho generador; correspondiendo en consecuencia, únicamente la aplicación de la Ley 2492 sin modificaciones, rechazando los argumentos expuestos por la Administración Tributaria 

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respecto la aplicación retroactiva de la norma 

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Asimismo, cabe precisar que el presente análisis del instituto de la prescripción, versará sobre las facultades de determinación de la deuda tributaria e imposiciones de sanciones de la Administración Tributaria, toda vez que la Resolución Determinativa impugnada deviene de un proceso determinativo, dentro del cual, la sujeto pasivo, como descargo a la vista de Cargo, planteó la prescripción sobre de la determinación arribada por la Administración Tributaria (impuesto omitido y calificación preliminar de la conducta como omiso de pago), misma que fue ratificada en el acto ahora impugnado

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En ese contexto, habiendo realizado la motivación respecto a la normativa a ser aplicada en el presente caso, corresponde puntualizar que para la gestión 2010, el artículo 59 de 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvísa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

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la Ley 2492 sin modificaciones, señala: “). Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda Tributaria 3. Imponer sanciones Administrativas 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. Il. El término precedent

se ampliará a siete 7 años cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no 

cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda (…)”. 

En cuanto a la forma de cómputo del término de la prescripción, el artículo 60 de la Ley 2492 expone: “7. Excepto en el numeral 4 del parágrafo 1 del Artículo anterior el término de 

la prescrioción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel e

que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. Il. En el supuesto 4 del parágrafol del Artículo anterior el témino se computará desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria (…)“. 

Ahora bien, antes de analizar el cómputo de la prescripción para el presente caso, es preciso señalar que de acuerdo al numeral 2 del artículo 70 de la Ley 2492, se constituye en obligación de la sujeto pasivo, inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria; en tal sentido, verificados los obrados del caso, precisamente la Orden de Verificación No 18300200022 de 23 de febrero de 2018, lo expuesto por la Administración Tributaria en el acto impugnado y en el memorial de respuesta al Recurso de Alzada (fojas 7 y 1134 de antecedentes administrativos y 102 del expediente administrativo), se advierte que Julieta León Arze, no se encuentra inscrita en el padrón de contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales, hecho que denota el incumplimiento a la norma ut supra referida; y que para el análisis del instituto de la prescripción, deriva en la ampliación del término a siete años, conforme prevé el artículo 59 parágrafo II de la citada Ley 2492, expuesta en párrafos previos. Asimismo, corresponde señalar que la falta de inscripción en los registros tributarios, no fue objetada por la parte recurrente. 

En ese sentido, el cómputo de la prescripción de las facultades de determinación de la deuda tributaria e imposiciones de sanciones, respecto al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (UE) de la gestión 2010, de conformidad a los artículos 59 y 60 parágrafo I de la Ley 2492, comienza a partir del 1 de enero del año siguiente a aquel en 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

que se produjo el vencimiento del periodo de pago, por lo que teniendo en cuenta, que para el presente caso, corresponde analizar la prescripción considerando un término de 7 años, se obtiene el siguiente cuadro: 

Gestión 

Vencimento de 

Término de la Prescripción considerando la ampliación del plazo por no inscripción | 

en los registros del SIN 

Ley aplicable 

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: Fin de la prescripción 

2010 

2011 

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Lo expuesto en el cuadro precedente, permite advertir que el computo de la prescripción de siete años para el UE de la gestión 2010, inició el 1 de enero de 2012 y concluyó el 31 de diciembre de 2018. 

Ahora bien, es preciso verificar la existencia de causales de interrupción y suspensión del computo de la prescripción del (UE de la gestión 2010; en tal sentido, cabe indicar que la Administración Tributaria al momento de responder, al Recurso, de Alzada, argumento que el cómputo de la prescripción fue suspendido el 23 de agosto de 2018, con la notificación de la Orden de Verificación No 18300200022 (página 48 del acto impugnado); asimismo, en el memorial de respuesta al Recurso de Alzada, sostuvo que dicho, cómputo también fue suspendido el 18 de julio de 2019 con la interposición del presente recurso, e interrumpido.con la notificación de la Resolución Determinativa N° 171930000648 de 26 junio de 2019, el 28 de junio de 2019 (fojas 103 vta. de expediente administrativo). 

Al respecto, corresponde indicar que el artículo 61 de la Ley 2492 establece dos causales de interrupción del cómputo de la prescripción, siendo estas: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa y b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago

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Por otro lado, respecto a las causales de suspensión en el cómputo de la prescripción, el artículo 62 parágrafo I de la Ley 2492, dispone: El curso de la prescripción se suspende con: 1. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se 

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extiende por seis (6) meses. II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo” (El resaltado es nuestro). 

En el presente caso, de la compulsa exhaustiva de los antecedentes administrativos y del contenido del acto impugnado, no se advirtió la configuración de causales de interrupción del cómputo de la prescripción; y respecto a la suspensión del término de la prescripción -alegada por la entidad recurrida-, corresponde aclarar al Servicio de Impuestos Nacionales que si bien la Resolución Determinativa No 171930000648 de 26 de junio de 2019, deviene de un proceso determinativo iniciado con la notificación de la Orden 

de Verificación No 18300200022, dicha actuación no se constituye en una causal de suspensión del cómputo de la prescripción, toda vez que el artículo 62 parágrafo I de la Ley 2492 establece de forma expresa -como causal de suspensión-la notificación con una Orden de inicio de Fiscalización, no así la notificación de una Orden de Verificación, como ocurrió en el presente caso, no pudiendo esta instancia recursiva hacer una interpretación extensiva de la norma respecto al punto en particular. 

El razonamiento expuesto precedentemente es concordante con el efectuado por la Autoridad General de Impugnación Tributaria en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0169/2010 de 28 de junio de 2010 -entre otras., que estableció lo siguiente: “(…) el 2 de julio de 2008, la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN notificó personalmente a Zaida Farias Tapia, con la Orden de Verificación Interna N° 00062960074, F-7520 (…) y no asi con una Orden de Fiscalización, como equivocadamente se señala, por lo que de acuerdo con lo establecido en los arts. 29, 31 y 32 del DS 27310 (RCTB), existen diferencias entre los procedimientos de fiscalización y verificación; por lo tanto, dado que el art. 62-1 de la Ley 2492 (CTB), sólo prevé que la notificación con el inicio de la fiscalización, constituye una causal de suspensión del término de la prescripción, en el presente caso, la notificación con una Orden de Verificación, no suspendió el curso de la prescripción por seis meses, conforme con la linea doctrinal asumida en las Resoluciones AGIT-RJ 0409/2009, de 13 de noviembre de 2009; AGIT-RJ 0456/2009, de 11 de diciembre de 2009; AGIT-RJ 0465/2009, de 28 de diciembre de 2009; AGIT-RJ 

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0031/2010, de 13 de noviembre de 2010; AGIT-RJ 0039/2010, de 27 de enero de 2010 (…)”. 

Por otra parte, con relación a lo argumentado por la Administración Tributaria respecto a que la notificación de la Resolución Determinativa N° 171930000648, interrumpió el término de prescripción, se tiene que el mencionado acto, fue notificado el 28 de junio de 2019, cuando las facultades de determinación de la deuda tributaria e imposiciones de sanciones de la Administración Tributaria ya se encontraban prescritas al 31 de diciembre de 2018; motivo por el cual, no corresponde considerarla como causal de interrupción del cómputo de la prescripción. 

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Similar situación acontece con lo argumentado por la Administración Tributaria respecto a que la interposición del presente Recurso de Alzada suspendió el cómputo de la prescripción, cabe indicar que, conforme al cómputo realizado en párrafos previos, el instituto de la prescripción se configuró el 31 de diciembre de 2018; de esta manera en consideración a que el memorial de interposición del recurso fue presentado el 18 de julio de 2019, (con posterioridad a la configuración de la prescripción), se tiene que el mismo no puede considerarse como causal de suspensión.

, – — Por tanto, considerando la inexistencia de causales de interrupción y suspensión, el cómputo de la prescripción de las facultades de determinación de la deuda tributaria e imposiciones de sanciones, de la Administración Tributaria, respecto al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de la gestión 2010, concluyó el 31 de diciembre de 2018; siendo evidente que la Administración Tributaria ejerció sus facultades, con la emisión y notificación de la Resolución Determinativa N° 171930000648 de 26 junio de 2019, después de haberse operado la prescripción de la facultad del ente fiscal para determinar e imponer sanciones administrativas, correspondiente al UE de la gestión 2010. 

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Por otro lado, de la lectura de los alegatos presentados por la sujeto pasivo mediante nota de 3 de junio de 2020 (fojas 280-299 del expediente administrativo), se advirtió que la misma trajo a colación reclamos que no fueron planteados en el recurso interpuesto a la Resolución Determinativa N° 171930000648, refiriendo que la Administración Tributaria no dio respuesta a su solicitud de verificación y certificación de su domicilio ubicado en la 

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Calle 25 de Mayo entre Mayor Rocha y Ecuador No 344; al respecto, corresponde aclarar que conforme a lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 211 del Código Tributario Boliviano, referido al contenido de las resoluciones, dicho apartado legal establece que las mismas deben ser pronunciadas de forma expresa, positiva y precisa sobre los puntos recurridos, bajo ese entendido al no ser planteados los nuevos argumentos en el memorial de recurso de alzada, esta instancia recursiva se ve impedida de pronunciarse sobre dichos aspectos, por lo que no merece mayor análisis. 

En suma por todo lo desarrollado, no se advirtieron los vicios de nulidad argumentados por la parte recurrente, al poseer los actos administrativos analizados, la fundamentación necesaria que respalda el establecimiento de la obligación tributaria adeudada y garantizar el conocimiento de la Orden de Verificación No 18300200022 a la sujeto pasivo; empero, considerando que la Administración Tributaria ejerció sus facultades de determinación de la deuda tributaria e imposición de sanciones administrativos; respecto al IUE de la gestión 2010, mediante la emisión y notificación de la Resolución impugnada, cuando ya se encontraban prescritas, en consecuencia, corresponde a ésta instancia recursiva revocar totalmente la Resolución Determinativa N° 171930000648 de 26 de junio de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales

POR TANTO: 

El suscrito Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley 2492 y artículo 141 del Decreto Supremo 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Determinativa N° 171930000648 de 26 de junio de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales; toda vez que, la Administración Tributaria ejerció sus facultades de determinación de la deuda tributaria e imposición de sanciones administrativas, respecto al UE de la gestión 2010, mediante la emisión y notificación de la Resolución 

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impugnada, cuando ya se encontraban prescritas; sea de conformidad con el inciso a), parágrafo I del artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario Boliviano, será de cumplimiento obligatorio para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

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TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

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CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 de la Ley 2492, el-plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computables a partir de su notificación.

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CCIONARI 

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Registrése, notifíquese y cumplase. 

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Eric Azsverio Zojas Urquiza 

DIRECTOR EJECUTIVO REGIONAL 

DIRECCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Coba. 

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