ARIT-CBA-RA-0320-2020 Ejecución tributaria al contribuyente por haber omitido el pago determinado en su declaración jurada, pero la multa impuesta por ¨omisión de pago¨ no va, ya que prescribieron las facultades de sancionar del SIN.

ARIT-CBA-RA-0320-2020

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBARA 0320/2020 

Recurrente 

Fabrica Boliviana Procesadora de Alimentos FABOPAL S.A., representada por Jhonny Marcelo Zamorano Torrez

Administración recurrida 

Gerencia Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales, representada en suplencia legal por José Elmer Barrancos Barrientos, : Gerente Distrital Cochabamba.. 

– — – Resolución Sancionatoria 182039000453. 

Acto impugnado ‘ 

Expediente N° 

.

ARITCBA0207/2020. 

– 

Lugar y fecha 

Cochabamba, 14 de diciembre de 2020: – – 

– 

— – – 

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El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-CBA/ITJ N° 0320/2020 de 14 de diciembre de 2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente

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ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO, La Resolución Sancionatoria No 182039000453 de 28 de julio de 2020, que sanciono a la Fabrica Boliviana Procesadora de Alimentos FABOPAL S.A., con UFVS 2.344, por la omisión de pago de la Declaración Jurada (Form. 98) del RC-IVA del periodo fiscal de mayo de la gestión 2004, que constituye el 100% del tributo omitido, de conformidad a lo establecido por el artículo 165 de la Ley 2492, concordante con el artículo 42 del 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti osiomita mbaerepi Vae (Guaranl) 

Av. Oquendo N°381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012.www.ait.gob.bo. Cochabamba, Bolivia 

Decreto Supremo 27310. Acto notificado personalmente el 25 de agosto de 2020 (fojas 1922 de antecedentes administrativos). 

TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA. 

11.1. Argumentos del Recurrente. Fabrica Boliviana Procesadora de Alimentos FABOPAL S.A., representada por Jhonny Marcelo Zamorano Torrez, conforme acreditó el Testimonio Poder N° 297/2019 de 22 de mayo de 2019, mediante memoriales presentados el 15 y 25 de septiembre 2020 (fojas 3034, 35-36 y 65 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria No 182039000453 de 28 de julio de 2020, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente: 

Que, la Resolución Sancionatoria impugnada, estableció una sanción por el periodo fiscal mayo/2004; empero, conforme el artículo 59 de la Ley 2492 (sin modificaciones) y el principio Tempus Regit Actum, considerando los 4 años de término establecido en la normativa vigente aquel momento, la prescripción de las acciones de la Administración Tributaria para imponer sanciones por omisión de pago, comenzó a computarse a partir del 1 de enero de 2005 y prescribió el 1 de enero de 2009. 

Indicó que, el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311939002177, que inició el proceso sancionador correspondiente al acto impugnado, fue notificado el 19 de febrero de 2020; por lo que señala, que al inicio del procedimiento sancionador por el período mayo de 2004, ya hubiese operado la prescripción. En resguardo de sus argumentos, citó la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0422/2020 de 4 de febrero de 2020

En petitorio, solicitó revocar la Resolución Sancionatoria No 182039000453 de 28 de julio de 2020, toda vez que la facultad de la Administración Tributaria para imponer sanciones por el período mayo de 2004, a la fecha del inicio de procedimiento sancionador, emisión y notificación del acto impugnado, se encontraba prescrita. 

11.2. Auto de Admisión. El 28 de septiembre de 2020, ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Admisión EXPEDIENTE ARITCBA-0207/2020, dentro 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional do Bolivia 

el Recurso de Alzada interpuesto por la Fabrica Boliviana Procesadora de Alimentos FABOPAL S.A. representada por Jhonny Marcelo Zamorano Torrez, contra la Resolución Sancionatoria No 182039000453 de 28 de julio de 2020, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (fojas 66 del expediente administrativo). 

II.3. Respuesta de la Administración Tributaria. La Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por José Elmer Barrancos Barrientos, conforme acreditó la Resolución Administrativa de Presidencia No 032000000725 de 11 de agosto de 2020 (fojas 72 73 del expediente administrativo) y la declaración de excusa legal de | Gerente Grandes Contribuyentes Cochabamba declarado mediante Resolución Administrativa de Presidencia No 032000000780 (fojas 74 del expediente administrativo); por memorial, presentado el 16 de octubre de 2020 (fojas 7577 del expediente administrativo), respondió el Recurso de Alzada con los siguientes fundamentos: 

Que, la Declaración Jurada con Número de Orden N° 100001165 correspondiente al periodo fiscal de mayo de 2004, al no haber sido pagada, adquirió la calidad de Título de Ejecución Tributaria conforme establece el numeral 6 del artículo 108 de la Ley 2492 y artículo 4 del Decreto Supremo 27874; en tal sentido, adujo que la facultad de ejecución de la Administración Tributaria inició a través de la notificación con el PIET N° 332039000300 de 15 de mayo de 2020, notificada el 23 de junio de 2020, por lo que refiere que el computo de la prescripción de 4 años, inició a partir de dicha notificación; es decir, en junio de 2020, conforme lo prevé el parágrafo II del artículo 60 de la Ley 2492, hecho que evidencia que la facultad de cobro de la deuda emergente de la Declaración Jurada correspondiente al periodo mayo de 2004, aún no prescribió. 

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Manifestó que el contribuyente erróneamente computó el término de la prescripción desde el año siguiente en que llegó a producirse el vencimiento del periodo de pago respectivo, confundiendo la etapa de determinación o imposición de sanciones con la ejecución tributaria; siendo que en el caso presente, la deuda tributaria fue determinada por el sujeto pasivo o tercero responsable y comunicada a la Administración Tributaria mediante Declaración Jurada, por lo que el argumento de la administrada sobre que la sanción y acciones de la entidad recaudadora estaría 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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prescrita, no corresponde; más aún cuando la etapa inicial para la ejecución tributaria fue cumplida al momento de autodeterminar la obligación tributaria por el periodo e impuesto en ejecución. 

Señaló que el 23 de junio de 2020, notificó al sujeto pasivo con el PIET N° 332039000300 de 15 de mayo de 2020, que estableció la firmeza y ejecutoria de la Declaración Jurada correspondiente al impuesto del RC-IVA Agentes de Retención Mensual de la gestión 2004. 

Precisó que el 19 de febrero de 2020, notificó al sujeto pasivo con el Auto Inicial de Sumario Contravencional No 311939002177, debido a que la DDJJ presentada y no pagada, llegó a constituirse en Título de Ejecución Tributaria de acuerdo a lo dispuesto por el parágrafo II del artículo 94 y numeral 6, parágrafo 1 del artículo 108 de la Ley 2492; existiendo por tanto, suficientes indicios de la contravención de omisión de pago prevista por el artículo 165 de la Ley 2492. 

Respecto al precedente tributario señalado por el sujeto pasivo, sustento que este resolvió y analizó un acto diferente, pues versa sobre un proceso determinativo que resulta diferente al proceso de ejecución tributaria por declaración jurada del cual devino el proceso sancionador que concluyó en el acto impugnado, 

Indicó que el sujeto pasivo solicitó la prescripción mediante el Recurso de Alzada de 15 de septiembre de 2020, cuando se encontraba vigente la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012; en tal sentido, desde la entrada en vigencia de citada Ley, la facultad de ejecución tributaria resulta imprescriptible, resultado innecesario realizar análisis alguno acerca del cómputo de plazos de interrupción de la prescripción de la facultad de ejecución tributaria, al no existir normativa que sustente la prescripción y cómputo de la facultad de ejecución tributaria. 

En petitorio, solicitó confirmar la Resolución Sancionatoria N° 182039000453 de 28 de julio de 2020. 

II.4. Apertura de término probatorio. El 19 de octubre de 2020, ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Apertura Término de Prueba Expediente ARITCBA 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

0207/2020, disponiendo dar inicio al término probatorio de veinte (20) dias comunes y perentorios para ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 218 del Código Tributario Boliviano (fojas 78 del expediente administrativo). 

El 9 de noviembre de 2020, la parte recurrente ratificó toda la prueba presentada, así como los argumentos y fundamentos expuestos en el Recurso de Alzada (fojas 80 del expediente administrativo). 

El 10 de noviembre de 2020, la Administración Tributaria ratificó inextenso el contenido de su memorial de respuesta al Recurso de Alzada, así como la documentación presentada en calidad de prueba preconstituida (fojas 83 del expediente administrativo). 

11.5. Alegatos. El 13 de noviembre de 2020, José Elmer Barrancos Barrientos presentó alegatos escritos, reiterando los argumentando expuestos en el memorial de respuesta al Recurso de Alzada, consistentes en que, la DDJJ con número de orden 100001165 del periodo fiscal de mayo de 2004; al no haber sido pagada, adquirió la calidad de Titulo de Ejecución Tributaria conforme prevé el numeral 6 del artículo 108 de la Ley 2492 y el artículo 4 del Decreto Supremo 27874, ejecución efectuada mediante PIET N° 332039000300 de 15 de mayo de 2020. Además, insistió que el contribuyente confunde la etapa de determinación o imposiciones de sanciones con la de ejecución tributaria; por lo que reiteró su petición de confirmar la Resolución Sancionatoria N° 18203900453 de 28 de julio de 2020 (fojas 86 del expediente administrativo). 

Dentro el plazo para la presentación de alegatos dispuesto en el parágrafo il del artículo 210 del Código Tributario Boliviano, la parte recurrente no presentó alegatos escritos u 

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ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA. El 21 de junio de 2004, la Fabrica Boliviana Procesadora de Alimentos FABOPAL S.A., presentó la Declaración Jurada (Form. 98) del impuesto RC-IVA (Retenciones), por el periodo de mayo/2004, consignando un saldo a favor del fisco de Bs2.487 (fojas 5 de antecedentes administrativos). 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oflomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Av: Oquendo N° 381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 41400114140012. www.ait.gab.bo. Cochabamba, Bolivia 

El 15 de mayo de 2020, la Administración Tributaria emitió el Proveido de inicio de Ejecución Tributaria No 332039000300, el cual precisó que, la Declaración Jurada correspondiente al RC-IVA agentes de retención del periodo de mayo de 2004, llegó a constituirse en Título de Ejecución Tributaria, conforme lo establecido por el numeral 6 del artículo 108 de la Ley 2492 y el artículo 4 del Decreto Supremo 27874. Acto notificado el 23 de junio de 2020 (fojas 8 y 9 de antecedentes administrativos). 

El 4 de diciembre de 2019, la Administración Tributaria emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311939002177, que instruyó el inicio del sumario contravencional contra el contribuyente Fabrica Boliviana Procesadora de Alimentos FABOPAL S.A., conforme prevé el artículo 168 de la Ley 2492, por existir suficientes 

indicios de haber incurrido en la contravención de omisión de pago, por el importe no 

pagado en la Declaración Jurada (Form. 98) del periodo fiscal mayo de 2004. Acto notificado mediante cédula, el 19 de febrero de 2020 (fojas 11-12 y 16 de antecedentes administrativos). 

El 28 de julio de 2020, la Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria No 182039000453, que sancionó a la Fábrica Boliviana Procesadora de Alimentos FABOPAL S.A., con UFVs 2.344, por la omisión de pago de la Declaración Jurada (Form. 98) del RCIVA Agentes de Retención del periodo fiscal mayo de la gestión 2004, que constituye el 100% del tributo omitido. Acto notificado personalmente, el 25 de agosto de 2020, de conformidad a lo establecido por el artículo 165 de la Ley 2492, concordante con el artículo 42 del Decreto Supremo 27310 (fojas 1922 de antecedentes administrativos). 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA. 

Conforme a lo establecido en el parágrafo I del articulo 211 del Código Tributario Boliviano, ésta instancia recursiva ingresará a resolver el reclamo efectuado por el sujeto pasivo en su Recurso de Alzada, aclarando que la parte recurrente únicamente agravió la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para imponer sanciones 

administrativas. 

IV.1. Cuestión Previa. Antes de ingresar a resolver lo agraviado por la parte recurrente, corresponde aclarar y delimitar el análisis que realizará esta instancia recursiva al momento de resolver el 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

presente Recurso de Alzada respecto a la prescripción, por cuanto la Administración Tributaria como parte de su respuesta, hizo referencia que la Declaración Jurada No100001165 del periodo fiscal mayo 2004 al no haber sido pagada, adquirió la calidad de Titulo de Ejecución Tributaria conforme el artículo 108 numeral 6 de la Ley 2492; asimismo, señaló lo siguiente: “... ejecución que se efectúa a través de la notificación con el PIET N° 332039000300 de 15 de mayo de 2020, notificada personalmente en 23 de junio de 2020, con el objeto de dar inicio a la ejecución tributaria, por lo que el cómputo de prescripción de 4 años para la declaración jurada del periodo fiscal mayo de la gestión 2004 conforme el Art. 60.1l del CTB, se inició a partir de dicha notificación, es decir, en junio de 2020; por lo que la facultad para el cobro de la deuda emergente de la DDJJ correspondiente al periodo mayo 2004, contenida en el PIET antes citado aún no ha prescrito...”. 

Por otro lado, señaló que: “...En el ejercicio de las facultades otorgadas por el Servicio de impuestos Nacionales para la Ejecución Tributaria, por la Declaración Jurada se inicia con la notificación del Proveido ‘de Ejecución Tributaria, en razón a que dicha actuación administrativa contiene al Titulo de Ejecución cuya ejecutabilidad procede al tercer día siguiente de la notificación, (…), la Administración Tributaria con el Título (DDJJ), debe-iniciar la Ejecución Tributaria a través del Cobro Coactivo, haciéndose recién la Declaración Jurada ejecutable a través del PIET, iniciándose el cómputo de la prescripción a partir del momento en que dicho Título de Ejecución es notificado(el subrayado es nuestro). 

En consecuencia, argumento que el contribuyente erróneamente computó el término de la prescripción, confundiendo la etapa de determinación o imposición de sanciones con la ejecución tributaria, cuando la deuda tributaria fue determinada por el sujeto pasivo y comunicada a la Administración Tributaria mediante Declaración Jurada, sosteniendo que lo argüido por el administrado sobre que la sanción y acciones de la entidad recaudadora estaria prescrita, no corresponde (fojas 76 del expediente administrativo). 

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De acuerdo a la respuesta presentada por la Administración Tributaria, los fundamentos que trae a colación se refieren a la prescripción de las facultades de la administración para la ejecución tributaria del tributo auto determinado del periodo 

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II 

mayo de 2004, pretendiendo que el cómputo de la prescripción se realice a partir de la notificación con el PIET, es decir, junio de 2020, utilizando normativa contenida en el artículo 4 del Decreto Supremo 27874, concluyendo que la facultad de ejecución tributaria no puede prescribir

No obstante, cabe indicar que conforme a la lectura de los memoriales de impugnación presentados el 15 y 25 de septiembre de 2020, se tiene que la Fábrica Boliviana Procesadora de Alimentos FABOPAL S.A., representada por Jhony Marcelo Zamorano Torrez, impugnó la Resolución Sancionatoria No 182039000453 de 28 de julio de 2020, a través de la cual la Administración Tributaria impuso una multa por incurrir en la contravención tributaria de omisión de pago conforme los artículos 165 de la Ley 2492 y 42 del Decreto Supremo 27310, ante la falta de pago del tributo auto determinado consignado en la Declaración Jurada del RC-IVA Agentes de Retención correspondiente al periodo mayo de 2004 (fojas 35-36 y 65-66 del expediente administrativo así como fojas 5,1921 de antecedentes administrativos). 

De esta manera, debe tenerse presente que, si bien la sanción por la cual la empresa recurrente solicitó la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria, deviene como consecuencia de la falta de pago de la Declaración Jurada RC-IVA Agentes de Retención del periodo mayo de 2004; empero, el procedimiento sancionador objeto de la presente impugnación, constituye un proceso independiente al cobro o la ejecución del tributo declarado y no pagado por el sujeto pasivo en su Declaración Jurada, el cual se encuentra en una etapa distinta (ejecución); en tal sentido, ante la confusión en la respuesta por parte de la Administración Tributaria, corresponde aclarar que esta instancia recursiva se abocará a resolver la prescripción únicamente de la facultad de imposición de la sanción por omisión de pago, es decir, si las facultades de la administración tributaria para imponer la sanción contenida en el acto impugnado prescribieron, conforme la intención expresada por el recurrente en su recurso impugnatorio. 

Por ello, resulta evidente que la Administración Tributaria confundió la facultad y el proceso sobre la cual fue argumentada la prescripción en el Recurso de Alzada; aspecto que permite establecer que esta instancia administrativa circunscribirá su análisis a dilucidar la prescripción de la facultad del ente recaudador para imponer sanciones administrativas y no así la facultad de ejecución del tributo autodeterminado, como erróneamente pretende el Servicio de Impuestos Nacionales, esto en sujeción de la previsión contenida en el 

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parágrafo I del artículo 211 del Código de Tributario Boliviano que a la letra señala: Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrá su fundamentación, lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas

IV.2. Prescripción de la facultad para imponer sanciones administrativas. La parte recurrente, expuso que la Resolución Sancionatoria impugnada estableció una sanción por el período mayo de 2004; empero, aseguró que conforme el artículo 59 de la Ley 2492 (sin modificaciones) y el principio Tempus Regit Actum y considerando los cuatro (4) años del término establecido en la normativa vigente al momento de cometida la contravención tributaria, el término para la prescripción de la acción de la Administración Tributaria para imponer sanciones administrativas de la supuesta omisión de pago atribuida, comenzó a computarse a partir del 1 de enero de 2005 y prescribió el 1 de enero de 2009. – … 

Asimismo, indicó que el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311939002177, fue notificado el 19 de febrero de 2020, por lo que al inicio del procedimiento sancionador por el período mayo de 2004, operó la prescripción reclamada. En resguardo de sus argumentos, citó la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0422/2020 de 4 de febrero de 2020. 

En contrapartida, la Administración Tributaria manifestó que la Declaración Jurada del periodo fiscal mayo de 2004, al no haber sido pagada, adquirió la calidad de Titulo de Ejecución Tributaria conforme establece el numeral 6 del artículo 108 de la Ley 2492 

y el artículo 4 del Decreto Supremo 27874; en tal sentido, adujo que la facultad de 

ejecución inició a través de la notificación con el PIET N° 332039000300 de 15 de mayo de 2020, notificada el 23 de junio de 2020, hecho que evidencia que la facultad de cobro aún no prescribió. Agregó que, el 23 de junio de 2020, notificó al sujeto pasivo con el PIET N° 332039000300 de 15 de mayo de 2020, que estableció la firmeza y ejecutoria de la Declaración Jurada correspondiente al impuesto del RC-IVA Agentes de Retención Mensual de la gestión 2004. 

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Precisó que el 19 de febrero de 2020, notificó al sujeto pasivo con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 3119390002177, debido a que la Declaración Jurada presentada y no pagada, llegó a constituirse en Titulo de Ejecución Tributaria de 

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Av. Oquendo N° 381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012. www.ait.gob.bo. Cochabamba, Bolivia 

conformidad a lo dispuesto por el parágrafo II del artículo 94 y parágrafo I numeral 6 del artículo 108 de la Ley 2492, existiendo por tanto, suficientes indicios de la contravención de omisión de pago prevista por el artículo 165 de la Ley 2492. 

Finalmente, arguyó que el sujeto pasivo solicitó la prescripción mediante el Recurso de Alzada de 15 de septiembre de 2020, cuando se encontraba vigente la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012; en tal sentido, afirmó que desde la entrada en vigencia de la citada Ley, la facultad de ejecución tributaria resulta imprescriptible, siendo innecesario realizar análisis alguno acerca del cómputo de plazos de interrupción de la prescripción de la facultad de ejecución tributaria, al no existir normativa que sustente la prescripción y el cómputo de la facultad de ejecución tributaria

Expuestas las posiciones de las partes procesales del caso presente, cabe señalar que la doctrina entiende a la prescripción de acciones como: “La caducidad de los derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos legales para su posible ejercicio; asimismo, debe tomarse en cuenta que la prescripción responde a los principios de certeza y seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento jurídico (Ossorio, Manuel. Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales. Pág. 601) (García Vizcaíno. Catalina. Derecho Tributario. Tomo 1)

De igual forma, José María Martín señala que: La prescripción es generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla” (MARTIN, José Maria. Derecho Tributario General. Edición 28. Pág. 189). Asimismo, el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual establece que la prescripción de las obligaciones no reclamadas durante cierto tiempo por el acreedor o incumplidas por el deudor frente a la ignorancia o pasividad prolongadas del titular del crédito, tomándose las obligaciones inexigibles, por la prescripción de acciones que se produce (CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 24 Edición. pág.376). 

Adicionalmente, cabe puntualizar que la Sentencia Constitucional Plurinacional No 0269/2019-S2 de 24 de mayo, en su punto “I. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO” saló: “(…) de la compulsa y análisis de los fundamentos de la Resolución 

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impugnada, se advierte que los mismos se constituyen en arbitrarios; por cuanto, no se consideró que la prescripción no debser computada desde el momento en la que fue opuesta o solicitada, ni desde la emisión de la Resolución Determinativa, sino desde el año en que se inició el cómputo del plazo de la prescripción; y que por otra parte, ésta debió ser resuelta conforme y de acuerdo a la normativa vigente al momento del hecho generador del adeudo tributario (…) En este contexto la prescripción sometida a análisis, tuvo necesariamente que considerar la normativa vigente al periodo fiscalizado y en consecuencia, determinar si ésta operó o no, en función a los plazos y mecanismos de cómputo estipulados en dicha normativa; pues, no resulta constitucionalmente aceptable que se pretenda la aplicación retroactiva de normas tributarias posteriores al hecho generador del adeudo tributario, má si éstas no 

resultan más favorables, como acontece en el presente caso

De esta manera, en base a lo expuesto hasta este punto y en consideración a que ratio decidendi de la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0269/2019-S2 de 24 de mayo, resulta aplicable al caso, al orientar el análisis sobre la aplicación temporal de la normativa relacionada al instituto de la prescripción, aspecto que resultó controvertido por la Administración Tributaria al momento de responder al Recurso de Alzada; por tanto, resulta necesario aclarar que en el presente caso, a efectos de realizar el análisis de la prescripción de la facultad del Servicio de Impuestos Nacionales para imponer la sanción por omisión de pago expuesta en el acto impugnado, corresponde la aplicación de la Ley 2492, en su texto vigente al momento de configurarse la contravención o de la comisión del ilícito, en el entendido de que los artículos 123 de la Constitución Política del Estado y 150 de la Ley 2492, establecen la irretroactividad de la norma, excepto cuando sea más beneficiosa. 

Así mismo, corresponde establecer que, el presupuesto análogo exigido para una eventual aplicación o innovación de precedentes constitucionales sin la existencia análoga de supuestos facticos, carece de sustento normativo, pues nos veriamos imposibilitados de utilizar la ratio decidendi inmersa como fundamento esencial, cuyo propósito como se dijo ayuda a resolver la controversia de la norma a ser aplicada en el cómputo del plazo de la prescripción, comenzando por reconocer el carácter irretroactivo de la ley y por ende la norma vigente en el tiempo. 

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Bajo ese entendido, es necesario considerar que la conducta contravencional atribuida y sancionada por la Administración Tributaria en el acto impugnado, corresponde a lo 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jacha kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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preceptuado por el artículo 165 de la Ley 2492, mismo que dispone: “El que por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, no efectúe las retencion está obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento (100%) del monto calculado para la deuda tributaria”

De esta manera, en consideración a que la empresa recurrente presentó su Declaración Jurada (Form. 98) correspondiente al RC-IVA Agentes de Retención del periodo mayo de 2004, el 21 de junio de 2004, consignando un saldo a favor del fisco, que no fue cancelado (fecha en la se produjo el vencimiento de pago, conforme lo establece el inciso d) del artículo 8 del Decreto Supremo 21531), se tiene que la comisión de la contravención tributaria por omisión de pago de dicha Declaración Jurada se configuró el 22 de junio de 2004, cuando se encontraba vigente la Ley 2492 sin las modificaciones realizadas por las Leyes 291, 317 y 812, motivo por el cual no corresponde lo pretendido por la Administración Tributaria en relación a la aplicación de la Ley 291 que recién ingreso en vigencia el 22 de septiembre de 2012, ya que la misma no puede ser aplicable a hechos acontecidos en junio de 2004. 

Asimismo, corresponde aclarar que la notificación del PIET N° 332039000300 el 23 de 

junio de 2020, resulta irrelevante para el presente caso, al constituir en un acto relacionado exclusivamente a la ejecución tributaria y no asi a la imposición de la sanción administrativa por la contravención de omisión de pago. 

Aclarada la normativa a ser aplicada en el presente caso, corresponde puntualizar que el artículo 59 de la Ley 2492, establecía lo siguiente: “. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 1. Controlar, investigar, verifica, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda Tributaria 3. Imponer sanciones Administrativas 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. Il. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda. III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos (2) años

En cuanto a la forma de cómputo del término de la prescripción, el artículo 60 de la Ley 2492 expone que: “. Excepto en el numeral 4 del parágrafo / del Articulo anterior el

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término de la prescripción se computara desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior el término se computará desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. Ill. En el supuesto del parágrafo Ill del articulo anterior, el término se computará desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria”. 

En el caso presente y como fue señalado al inicio del presente acápite, se tiene que la contravención sancionada a través de la Resolución impugnada, se configuró al día siguiente del vencimiento de pago del RC-IVA correspondiente al periodo mayo de 2004, mismo que se produjo el 21 de junio de 2004, por lo que el cómputo de la prescripción de 4 años para ejercer la facultad para imponer dicha sanción, inició el 1 de enero de 2005 y finalizó el 31 de diciembre de 2008, encontrándose al efecto dicha facultad del ente recaudador- prescrita con anterioridad al inicio del proceso sancionador, en conformidad a lo dispuesto en el parágrafo I del artículo 59 y parágrafo 1 del artículo 60 de la Ley 2492. 

Ahora bien, respecto a la existencia de causales de suspensión e interrupción del cómputo de la prescripción, de la compulsa de los antecedentes administrativos, no se advirtió las causales establecidas en los artículos 61 y 62 de la Ley 2492, ‘ni se llegó a evidenciar que la Resolución Sancionatoria impugnada identificó la configuración de alguna causal de interrupción o suspensión al cómputo de la prescripción, tampoco la Administración Tributaria en su memorial de respuesta al presente Recurso, se refirió a hechos que puedan interrumpir o suspender dicho cómputo. 

Asimismo, cabe señalar que conforme al análisis desarrollado previamente y lo expuesto el acápite WV.1. Cuestión Previa”, no corresponde a esta instancia de alzada emitir criterio alguno respecto al argumento de la Administración Tributaria sobre su facultad de ejecución del tributo omitido, puesto que como se expuso, dicha acción del ente recaudador, no fue cuestionada o agraviada por la parte recurrente a través de su Recurso de Alzada, ni existe congruencia con el acto impugnado que justamente impuso una sanción; por lo que, no corresponde emitir criterio al respecto. 

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Finalmente, en cuanto al precedente tributario señalado por el sujeto pasivo en resguardo de sus argumentos, precisamente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ de sus 

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Certificado N771/14 

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0422/2020 de 4 de febrero de 2020, es menester indicar que, el entendimiento plasmado en la misma fue considerado al momento de efectuar el presente análisis del instituto de la prescripción, no mereciendo mayor análisis al respecto

En suma, del análisis de los fundamentos expresados por las partes del presente Recuso de Alzada, así como de la compulsa de los antecedentes administrativos y el acto impugnado, se advierte la configuración de la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para imponer la sanción administrativa por omisión de pago, correspondiente a la falta de pago de la obligación tributaria establecida en la Declaración Jurada RC-IVA (Form. 98) correspondiente al periodo mayo de 2004; motivo por el cual, corresponde a ésta instancia recursiva, revocar totalmente la Resolución Sancionatoria No 182039000453 de 28 de julio de 2020, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales. 

POR TANTO: 

El suscrito Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley 2492 y artículo 141 del Decreto Supremo 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria N° 182039000453 de 28 de julio de 2020, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, por la configuración de la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para imponer la sanción por omisión de pago, correspondiente a la falta de pago de la obligación tributaria establecida en la Declaración Jurada RCIVA (Form. 98) correspondiente al periodo mayo de 2004; sea de conformidad con artículo 212 parágrafo I inciso a) del Código Tributario Boliviano. 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario Boliviano, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

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TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 de la Ley 2492, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computables a partir de su notificación 

Regístrese, notifiquese y cúmplase. 

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Eric Ausberto Rotas Urquiza 

DIRECTOR EJECUTIVO REGIONAL — 

DIRECCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cbba. 

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