ARIT-CBA-RA-0318-2020 Resolución Sancionatoria. Impuesto a la Utilidades determinado con Base Presunta a un sujeto pasivo que no estaba inscrito en el Padrón de Contribuyentes, además de la sanción de Pago Omitido.

ARIT-CBA-RA-0318-2020

III 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Resolución de Recurso de Alzada ARITCBA/RA 0318/2020 

Recurrente 

Lourdes Dehne Delgadillo. 

Administración recurrida 

Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por Agapo Ferrufino Sánchez

Acto impugnado 

Determinativa: 

No 

Resolución 

  1. 1 – 

– 

Expediente No 

ARIT-CBA0210/2020. Cochabamba, 30 de noviembre de 2020. 

Lugar:y fech

VISTOS: 

El Recurso de Alzada, ‘el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-CBA/ITJ 0318/2020 de 27 de noviembre de 2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente

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ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. La Resolución Determinativa N° 172030000384 de 31 de julio de 2020, que determinó de oficio las obligaciones impositivas de Dehne Delgadillo Lourdes, en la suma de UFV51.501.499 correspondientes al tributo omitido actualizado, intereses y sanción por omisión de pago del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas de la gestión fiscal concluida a diciembre de 2013; asimismo, calificó la conducta de la sujeto pasivo como omisión de pago aplicando una sanción equivalente al 100% sobre el tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda. Acto notificado mediante cédula al sujeto pasivo, el 26 de agosto de 2020 (fojas 1477-1544 y 1548 de antecedentes administrativos). 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kemachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onorita mbaerepi Vae (Guarani) 

Av. Oquendo N°381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012. www.ait.gob.bo.Cochabamba, Bolivia 

  1. II

TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA. II.1. Argumentos de la Recurrente. 

Lourdes Dehne Delgadillo, mediante memorial presentado el 15 de septiembre de 2020 (fojas 6983 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa No 172030000384 de 31 de julio de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, manifestando lo siguiente: 

Que la Administración Tributaria le notificó con la Orden de Verificación N° 181300200114 en el que se le anunció que se procedería a la verificación de hechos y elementos relacionados con la venta de bienes inmuebles que influyen en el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, requiriéndole documentación en tres oportunidades, motivo por lo que presentó notas debidamente fundamentadas, en las que solicitó dejar sin efecto los actuados administrativos; empero, si ningún tipo de respuesta formal, fue notificado con la ilegal y forzada Vista de Cargo, a través de la cual fue determinada la deuda tributaria. 

Indicó que dentro del plazo establecido por el artículo 98 de la Ley 2492, presentó todos los fundamentos y argumentos legales que desvirtúan los cargos establecidos, además de solicitar la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria para llevar a cabo el proceso de verificación y/o determinación; empero, sin ningún tipo de análisis concreto e imparcial, apelando simplemente a su potestad, fuerza desmedida e imperio, el ente recaudador declaró los descargos como no válidos. 

Manifestó que fue notificado con dos notas de respuesta, afirmando que conforme al artículo 100 de la Ley 2492, la Administración Tributaria dispone de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e investigación, además que el análisis y valoración de los argumentos de la solicitud seria respondido en el acto administrativo que corresponda; demostrando con ello que el ente recaudador en ningún momento dio respuesta a las cuestiones planteadas, vulnerando el derecho a la petición e incumpliendo los deberes como funcionarios públicos; siendo que la Vista de Cargo no respondió lo solicitado, en razón a que fue notificada un año y dos meses después de presentada la primera nota. Agregó que tanto la Vista de Cargo como la resolución impugnada no contienen una respuesta puntual, concreta y fundamentada al contenido de las tres notas presentadas, 

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constituyendo otro agravio al derecho a la petición, derecho a la defensa y al debido proceso, generando un estado de indefensión. 

Sostuvo que los fundamentos de descargo, presentados dentro del plazo establecido en el artículo 98 de la Ley 2492, no merecieron análisis o valoración, en franca vulneración del parágrafo ll del artículo 99 de la citada Ley; al efecto, citó las Sentencias Constitucionales 1068/2010-R de 23 de agosto y 0273/2012 de 4 de junio, 

Puntualizó que como descargo invocó la teoría de los frutos del árbol envenenado, pero la Administración Tributaria en total desconocimiento de la misma, transcribió conceptos y citó una Sentencia Constitucional que no tiene aplicación al presente caso, resultando evidente que no fue respondido ni valorado adecuadamente el descargo presentado. 

Argumentó que, manifestó a la Administración Tributaria que no cuenta con registro en el padrón de contribuyentes, al no desarrollar actividad gravada; además que desde el punto de vista sistemático y de orientación, preventiva, todo error que recaiga sobre los presupuestos de la conducta o sobre los elementos normativos del tipo debe considerarse error de tipo; no obstante la resolución impugnada en su página 49, acomodó los elementos invocados a su antojo y los situó en el artículo 153 de la Ley 2492, en franca contradicción a lo verdaderamente invocado, generando una confusión y falta de respuesta. 

– – .Reiteró que, no posee NIT y por ende no desarrolla actividad gravada o hecho generador del cual devenga las obligaciones tributarias atribuidas; siendo que no fue realizado ningún 

presupuesto del cual pudiese emergen algún tipo de responsabilidad u obligación tributaria del cual pueda derivar una relación jurídica tributaria; pero señala que la Administración Tributaria se limitó a replicar el contenido de la Vista de Cargo, forzando la aplicación de los artículos 37, 39 y 41 de la Ley 843, sin mayor análisis y evaluación. 

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Manifestó que, se encuentra excluido de la definición de sujeto pasivo detallado en el artículo 38 de la Ley 843, así como tampoco desarrolló algún tipo de actividad que sea considerada como hecho generador del tributo al amparo del artículo 36 de la citada Ley, mucho menos posee Estados Financieros de donde emerja el pago de la obligación tributaria; por lo que no tiene ninguna forma de determinar una utilidad neta, menos de acceder a los ajustes que permitan compensar o deducir los conceptos gravados. 

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Invocó el principio de legalidad y transparencia, señalando que la desprolijidad de los plazos procesales y el alcance de la verificación, vulneraron el derecho al debido proceso como el principio de transparencia, correspondiendo en consecuencia la anulación del proceso hasta la Orden de Verificación, cuyo alcance no corresponde a la actividad desarrollada; de esta manera, la Administración Tributaria incurrió en vicios de nulidad en la emisión de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, por carecer estas de la fundamentación necesaria para alcanzar su fin, tal como exigen los artículos 96 y 99 de la Ley 2492, existiendo una falta de fundamentación en la normativa que regula la aplicación del IVE: al efecto citó el Auto Supremo 199/2013. 

Puntualizó que en las páginas 49 a 51 del acto impugnado, la Administración Tributaria se limitó a trascribir los artículos 16, 17 y 70 de la Ley 2492 y 36, 37, 39 y 41 de la Ley 843, empero no explicó ni desarrollo la forma en que dicha norma se adecuó al hecho fáctico que hacen a la conducta, más aun tomando en cuenta que producto de la consideración de empresa unipersonal, fue aplicada una alicuota establecida para personas juridicas obligadas a llevar registros contables. 

Afirmó que la Orden de Verificación No 18300200114 fue notificada el 27 de diciembre de 2018 y la Vista de Cargo fue manejada para que figure como si hubiera sido emitida el 23 de diciembre de 2019, cuando la misma fue notificada el 4 de marzo de 2020; por otra parte citó lo dispuesto en el artículo 33 y el inciso d) del artículo 28 de la Ley 2341, para señalar que la notificación de la Vista de Cargo es nula, en aplicación del inciso c) del artículo 35 de la citada Ley, siendo que precluyó el derecho del ente recaudador para notificar la vista de Cargo, resultando necesario precautelar el derecho de los sujetos pasivos a que los plazos se cumplan, lo contrario implicaría contravenir el principio de sometimiento pleno a la Ley; al efecto citó el artículo 4 y el inciso i) del artículo 16 de la Ley 2341. 

Refirió que la Resolución Determinativa es copia fiel y exacta de la Vista de Cargo, además que no estableció con claridad los fundamentos y razones técnicas para la determinación sobre base presunta y la aplicación de la técnica otros, limitándose a señalar su aplicación citando los artículos 43, 44 y 45 de la Ley 2492 y el inciso d) del artículo 8 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13

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Indicó que la Administración Tributaria no llevó a cabo trabajo de fiscalización y averiguación de la verdad, limitándose a justificar su desconocimiento de datos, hechos y circunstancias, por no acompañar la documentación requerida, desconociendo lo dispuesto en los artículos 76 de la Ley 2492 y 116 de la Constitución Política del Estado, siendo que con sus amplias facultades de control, comprobación, verificación, fiscalización, investigación, etc., debió apelar a todos los recursos a su alcance para justificar una determinación sobre base cierta; empero, no existe inspección a la edificación, cuestionarios, ni cruces con los proveedores de materiales para obtener elementos tangibles, por lo que resultaría inaplicable lo dispuesto en.el artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13. 

Sostuvo que, la utilización referencial de otros contribuyentes, exige la existencia de similitudes, no pudiendo utilizar de forma discrecional información de terceros que no se asemejan a la situación del fiscalizado, resultando incongruente determinar que los contribuyentes A y B no resultarían similares, empero sean utilizados para determinar la base imponible; además que, en la estructura de costos, no cursa un desglose o detalle que integre los componentes del costo de construcción y otros aspectos relacionados, lesionando el derecho a la legítima defensa y al debido proceso, por lo que la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa no contienen los fundamentos o razones por las cuales se dispuso la aprobación o utilización de la técnica, incumpliendo lo dispuesto en los artículos 96 y 99 de la Ley 2492, así como los artículos 18 y 19 del Decreto Supremo 27310; así también en los antecedentes administrativos no existe ninguna constancia de la evaluación y aprobación por la Gerencia Nacional de Fiscalización (al margen de la desigualdad procesal que genera la disposición administrativa, al ser el SIN juez y parte). 

Puntualizó que, en antecedentes administrativos, no cursa prueba que demuestre que realizó la actividad de construcción de bienes inmuebles, pues el hecho de suscribir la transferencia de algunos bienes inmuebles no lo convierte en constructor, además que, el SIN a través de la interpretación de los artículos 37 y 39 de la Ley 843, pretende considerarlo como empresa sin tener NIT. 

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Manifestó que al considerar como base la información de los contribuyentes A y B para determinar la utilidad imponible, es necesario conocer el contenido de dicha información en forma directa y fidedigna, no pudiendo privarse del conocimiento de la información bajo 

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el pretexto del principio de confidencialidad, por lo que la Administración Tributaria debió acudir a otros medios para investigar y obtener información que permita sostener técnicamente el reparo; al efecto, citó la Sentencia Constitucional Plurinacional 0978/2012 de 22 de agosto, así como el artículo 116 de la Constitución Política del Estado. 

Argumento que la nota de la Cámara Departamental de la Construcción (CADECO), debió generar una adecuada lectura, en sentido de averiguar más a fondo las características propias del inmueble, sobre el cual fue determinada la deuda tributaria; siendo que la escasa explicación y detalle de los datos tomados en cuenta, resulta insuficiente para cumplir con la motivación y fundamentación del acto, además que no fue aportado ningún documento de los datos que fueron considerados. 

Señaló que no existe constancia de que las construcciones comparadas sean exactamente iguales a los inmuebles de los cuales se pretende el reparo, siendo que influyen datos como ubicación, calidad del material, acabado, cantidad de trabajadores, tecnología instalada, tiempo de construcción, gastos de promoción de venta, montaje y equipamiento de áreas comunes, etc.; adicionalmente, adujo que el ente recaudador se limitó a determinar la utilidad presunta en base a costo de los materiales, mano de obra y costos indirectos sin exponer un detalle de sus componentes. 

Sostuvo que la documentación obtenida del Gobierno Autónomo Municipal, Notarias y Derechos Reales, no pueden ser considerados como un medio de prueba legitimo ni servir de base para la determinación, toda vez que no se encuentran legalizadas ni refrendadas por los tenedores de los documentos originales, conforme manda el Código Civil

Indicó que la Ley solo rige para lo venidero y que la Ley 291 dispuso un término de prescripción de 5 años para la gestión 2013, de esta manera considerando la forma de cómputo establecida en el artículo 60 de la Ley 2492, a la fecha de notificación de la resolución impugnada, las facultades de la Administración Tributaria se encontraban ampliamente prescritas; además que, no tiene la obligación de registrarse en el padrón de contribuyentes, al no desarrollar ninguna actividad gravada; al efecto, citó la Resolución de Recurso Jerárquico AGITRJ 0422/2020 de 4 de febrero de 2020. 

Por los fundamentos expuestos, solicitó la anulación de la Resolución Determinativa No 172030000384 de 31 de julio de 2020, hasta la Orden de Verificación No 18300200114 

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y como consecuencia de ello, se declare la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria. 

II.2. Auto de Admisión, El 18 de septiembre de 2019, ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Admisión. Expediente ARIT-CBA-0210/2020, correspondiente al Recurso de Alzada interpuesto por Lourdes Dehne Delgadillo, contra la Resolución Determinativa N° 172030000384 de 31 de julio de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (fojas 84 del expediente administrativo). 

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria. La Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales representada por José Elmer Barrancos Barrientos, conforme acreditó la Resolución Administrativa de Presidencia No 32000000725 (fojas 90-91 del expediente administrativo), por memorial presentado el 9 de octubre de 2020 (fajas 92-104 del expediente administrativo), respondió al Recurso de Alzada con los siguientes fundamentos: 

Qué, la Administración Tributaria ostenta la facultad de investigar y verificar, así como realizar labores de fiscalización; al efecto citó, los artículos 100, 66 numeral 1, 95, parágrafo 1.y 96 parágrafo I, del Código Tributario Boliviano; asimismo, afirmó que es obligación del sujeto pasivo proporcionar toda clase de datos, informes, o antecedentes con efectos tributarios emergente de sus relaciones económicas profesionales o financieras. 

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Manifestó que notificó a la sujeto pasivo con el requerimiento de información N° 00156503 de 24 de diciembre de 2018 y su Anexo de 24 de diciembre de 2018, y un segundo requerimiento No 00156526, reiterando la solicitud de documentación a efecto de prosecución de la Orden de Verificación, además notificó un tercer requerimiento de información No 00160512 y anexo, en el que solicito identificar y demostrar el detalle de facturas que fueron emitidas a su nombre y cédula de identidad de compras que tengan relación directa y/o indirecta con la construcción del Edificio Plaza Real, y documentación que sustente el pago realizado a proveedores, especificando el lugar de entrega, además de las Notas de Entrega, a fin de recolectar elemento mediante los cuales pueda verificar las obligaciones tributarias de la sujeto pasivo. 

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Señaló que, la Administración Tributaria, por mandato del artículo 71 de la Ley 2492, tiene facultad de solicitar información tanto a personas jurídicas y privadas a fin de establecer con exactitud la determinación del adeudo tributario y posteriormente emite y notifica la Vista de Cargo que posibilita al sujeto pasivo la presentación de descargos, para finalmente emitir la Resolución Determinativa como acto definitivo. 

Afirmó que la sujeto pasivo devolvió al ente fiscal los requerimientos de información y solicitó dejar sin efecto los mismos, situación que fue respondida de manera clara mediante las Notas SIN/GDCBBA/DF/G1NE/NOT/150/2019 de 25 de enero de 2019, SIN/GDCBBA/DF/G3/VE/NOT/421/2019 de 14 de marzo de 2019 y SIN/GDCBBA/DFI G3NE/NOT/833/2019 de 30 de abril de 2019, aclarando al sujeto pasivo que dicha solicitud será valorada en la vista de Cargo. Agregó que las Notas de respuesta fueron notificadas al sujeto pasivo, las dos primeras por cédula y la última por secretaria, no existiendo argumento para la declarar la nulidad, no vulnerando el derecho de petición ni defensa de la sujeto pasivo, al dar respuesta a las tres notas presentadas. 

Sostuvo que no vulneró el derecho al debido proceso de la sujeto pasivo en su elemento a la fundamentación, motivación y principio de transparencia, de la sujeto pasivo, siendo que, producto de la investigación, verificación y control, demostró en forma objetiva, fehaciente y materialmente que la sujeto pasivo, no cumplió sus obligaciones tributarias al combinar factores de capital y terreno para construir el Edificio “Plaza Real, para proceder a vender departamentos, parqueos y bauleras, obteniendo ingresos no declarados y por ende, utilidad imponible no declarada, alcanzada por el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas

Afirmó que la sujeto pasivo realizó actividad de construcción para su posterior comercialización y en virtud de los artículos 37 y 39 de la Ley 843, las empresas unipersonales son sujetos del IVE, entendiendo por empresa la unidad económica que coordine factores de producción (capital, tierra y trabajo), en las actividades industriales y comerciales y al realizar la construcción del Edificio “Plaza Realy proceder a la venta de departamentos, parqueos y bauleras y obtener utilidades de fuente boliviana, por ello la parte recurrente es sujeto pasivo del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, conforme lo señala el artículo 42 de la Ley 843. 

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Citó el numeral 7 del artículo 108 de la Constitución Política del Estado y señaló que todas las personas naturales y jurídicas deben aportar al Estado con el pago de los impuestos y en el presente caso, corresponde su cobro ante la conducta comercial de la sujeto pasivo al transferir a título oneroso departamentos, parqueos y buleras durante las gestiones 2012, 2013 y 2014. Agregó que no vulneró ningún derecho fundamental reconocido en la Constitución Política de Estado, correspondiendo desestimar lo manifestado al respecto por la parte recurrente. 

Aclaró que la actividad de construcción se diferencia en dos rubros, el primero referido a contratos de obra o servicios de construcción a petición de terceros y el segundo consiste en la construcción por cuenta propia, donde la finalidad es la venta de inmuebles, actividad que se encuentra gravada principalmente por el IVE, el IT y con excepciones del caso por el RC-IVA, cuando funge como agente de retención. Afirmó que. la sujeto pasivo se encuentra en el segundo rubro, máxime si no presentó documentación que permita establecer lo contrario, quedando como una empresa unipersonal y en aplicación del numeral 2 del artículo 70 de la Ley 2492, está obligado a llevar registros contables y cumplir con los dispuesto en los artículos 36 y 40 del Código de Comercio y la elaboración de Estados Financieros. Reiteró que la actividad de la sujeto pasivo reviste el carácter de venta y comercial por sobre la construcción, motivo suficiente para ser alcanzada por el . IVE, obteniendo utilidad imponible de fuente boliviana, conforme lo señala el artículo 42 de la Ley 843. .. . — 

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Sostuvo que la documentación consistente en minutas de transferencia proporcionadas por Notarías de Fe Pública e información de Derechos Reales (Sistema SINAREP WEB FOLIO REAL) evidencia la enajenación de inmuebles de propiedad de la sujeto pasivo, identificada, en dichos documentos, como propietaria y vendedora, verdad material y realidad no desvirtuada por la parte recurrente. 

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Agregó que los funcionarios públicos se encuentran sometidos al principio de legalidad y sus actuaciones están sometidas a la Ley y no a la voluntad de las personas; al efecto, citó el artículo 4 de la Ley 2341 y en el presente caso, aplicó las disposiciones legales para determinar el reparo en contra de la sujeto pasivo, quien no presentó prueba o evidencia documental que desvirtúe lo determinado. 

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Señaló que la Administración Tributaria tiene amplias facultades de fiscalizar hechos generadores que no fueron de su conocimiento, sin que implique vulneración a los principios de buena fe y transparencia y al constituir un proceso de verificación determino, sin lugar a dudas, la realización de una actividad económica, coordinando factores de producción para la construcción del Edificio Plaza Real, para su posterior venta a través de escrituras públicas y/o minutas, en las cuales figura la sujeto pasivo como vendedora de dichos inmuebles

Afirmó que la Ley 2492 no contempla la caducidad o pérdida de sus facultades ante el incumplimiento de plazo, toda vez que el artículo 104 de dicho cuerpo legal, no recoge en su texto un término de perentoria, y que, si bien debe observar el plazo dispuesto, su inobservancia no causa la pérdida de la facultad de determinar la deuda tributaria o dejar sin efecto la presunción de deuda establecida, sino que, conforme a los artículos 35 y 36 de la Ley 2341, será considerado como un acto anulable, empero en el proceso de determinación no concurrieron los extremos que ameriten la pretensión del recurrente. Como precedente administrativo, citó las Resoluciones de Recurso Jerárquico STG RJ/0339/2006 de 13 de noviembre de 2006 y AGIT-RJ 1059/2015 de 23 de junio de 2015. 

Agregó que por el principio de legalidad y especificidad no es posible declarar la nulidad de una actuación y no obstante que, entre la emisión de la Vista de Cargo y su notificación, transcurrieron más de cinco días, la norma no estableció de forma expresa que las notificaciones fuera de plazo pueda causar la anulabilidad del acto, además que el recurrente presentó descargos en el plazo de 30 de dias, no causando indefensión al sujeto pasivo

Citó doctrina sobre la determinación sobre base presunta y el Auto Supremo N° 67/2014 de 8 de mayo y agregó que procede la determinación sobre base presunta, cuando se desconozca de forma directa e indubitable el hecho generador, el periodo fiscal o la base imponible y, en el presente caso, determinó reparos con pleno sometimiento a la Ley sobre base presunta, al agotar los medios para la obtención de la documentación e información que permita conocer en forma directa e indubitable los elementos de la obligación tributaria, evidenciando que la parte recurrente es sujeto pasivo del IUE, evidenciando utilidad neta imponible no declarada obtenida por concepto de venta de bienes inmuebles en propiedad horizontal del Edificio “Plaza Real”. 

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Sostuvo que para la obtención del margen de utilidad, solicitó la aprobación de una nueva técnica sobre base presunta que permita determinar los costos de construcción de conformidad a lo dispuesto en el inciso d) “Otras” del artículo 8 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13 de 8 de mayo de 2013. Transcribió el análisis expuesto en el acto impugnado respecto a las técnicas para cuantificar la base imponible presunta. 

adió que remitió el Informe SIN/GDCBBA/DF/G3NVE/INF/1092/2019 de 26 de abril de 2019 solicitando la aprobación de la técnica dispuesta en el inciso d) del artículo 8 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13, la cual fue aprobada mediante nota ŞINGF/DNCC/NOT/00865/2019. 

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Expuso el análisis de la información y documentación de los contribuyentes signados como “Ay By afirmó que se dedican a la misma actividad económica de la sujeto pasivo, y si bien, la información corresponde a gestiones anteriores a la verificada, no cuenta con más elementos para la determinación de los costos de construcción y considerarido la publicaciones de Precios Unitarios de Referencia para la Construcción, presentados por la Cámara de Construcción de Cochabamba (CADECO), se observa que la utilidad referencial en las gestiones señaladas se mantiene invariable lo que hace presumir que los costos de construcción no sufrieron variaciones significativas, además que la inflacion no ocasionó impacto en la utilidad del sector, encontrándose’dicha información acorde a la realidad económica de construcción de la sujeto pasivo, correspondiendo aplicar el indice de 68.76% a fin de establecer la utilidad por la actividad de construcción de bienes inmuebles y posterior venta correspondiente a la gestión que concluye a diciembre de 2013. 

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Reiteró que sustentó y justificó la aplicación de la determinación sobre base presunta, debido a que la sujeto pasivo omitió registrar sus ingresos por la venta de bienes inmuebles y no presentó información que permita conocer de manera indubitable el costo de construcción del Edificio “Plaza Real, no contando con elementos para la determinación de la base imponible sobre base cierta. 

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Manifestó que, la información de los contribuyentes “A” y “B”, se expuso en la vista de Cargo y en la Resolución Determinativa, lo que impide alegar su desconocimiento e indefensión, conteniendo los hechos, datos, elementos y valoraciones que fundamentan la determinación de los costos de construcción sobre base presunta, siendo que la carpeta 

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que contiene la documentación de los contribuyentes Ay B” que se encuentra en calidad de confidencial con respecto a sus nombres, no tiene ninguna relevancia, ni afecta el derecho a la defensa. 

Afirmó que no puede aplicar de manera directa el inciso c) del artículo 8 de la Resolución 

Normativa de Directorio N° 10-001713, ante la inexistencia de al menos tres parámetros parecidos entre la sujeto pasivo y los contribuyentes A” y “B“, siendo que, el único parámetro parecido es el desarrollo de la actividad en la misma jurisdicción. Agregó que la Vista de Cargo y Resolución Determinativa analizó la información y documentación de los contribuyentes “Ay B”, obtenida por instituciones financieras respecto a los préstamos obtenidos para la construcción y venta de departamentos, parqueos y bauleras, por el contrario, la sujeto pasivo se limitó a presentar notas solicitando la nulidad de obrados, sin formular argumentos ni presentar descargos que desvirtúen la determinación sobre base presunta, misma que, por disposición del parágrafo II del artículo 80 de la Ley 2492 y artículo 11 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-001713, admite prueba en contrario y el aporte de documentación en el plazo de descargo de 30 dias, en virtud del artículo 76 del Código Tributario. 

Sostuvo que emitió la Vista de Cargo cumpliendo lo dispuesto en el parágrafo del artículo 96 de la Ley 2492, al fundamentar y motivar la determinación sobre base presunta, exponiendo los antecedentes de hecho y derecho que justifican las razones del cargo formulado, asimismo, cumplió con lo dispuesto por el parágrafo ll del artículo 99 del Código Tributario Boliviano, no siendo evidente la solicitud de nulidad pretendida por la sujeto pasivo

Citó la Sentencia 244/2012 de 1 de octubre de 2012, emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia y el artículo 8 de la Ley 2492 y afirmó que buscó de manera objetiva la verdad material, no obstante la sujeto pasivo actuó de mala fe y con la intensión de obstaculizar, no presentando la documentación concerniente al detalle de los costos de construcción incurridos en el Edificio Plaza Real, posibilitando la determinación sobre base presunta del margen de utilidad y el reparo a favor del fisco, correspondiente al UE. Manifestó que, por los convenios suscritos con diferentes instituciones. obtus 

que permite identificar la transferencia de bienes inmuebles en la gestión fiscalizada, constituyendo en información legal que no requiere ser refrendada por los tenedores. 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Indicó que la prescripción de las facultades para determinar la deuda tributaria de los periodos enero a diciembre de 2013, es de 8 años y 6 meses, debido que la sujeto pasivo no se encuentra inscrito en el padrón de contribuyentes, además por la notificación de la Orden de Verificación, por lo que el cómputo de la prescripción inició 

el 1 de enero de 2015 y concluye el 31 de junio de 2023, consecuentemente la referida facultad no se encuentra prescrita. 

Sostuvo que si bien el parágrafo I del artículo 62 de la Ley 2492, refiere simplemente a la suspensión de la prescripción por la notificación con la orden de fiscalización, ello no imposibilita que la suspensión también sea aplicada para la orden de verificación, por cuanto el citado articulo no debe ser interpretado de forma única e individual, sino como parte del conjunto normativo contemplado en la Ley 2492, entendiéndose en un sentido amplio y genérico, esto en previsión del parágrafo III del artículo 8 del’citado cuerpo normativo, por lo que la Vista de Cargo y la Resolución-Determinativa. 

Manifestó que no concurrió motivo alguno que desemboque en una vulneración del principio de defensa y menos en la nulidad de la resolución impugnada, máxime cuando el recurrente no conoció el proceso y asumió defensa en vía administrativa, hecho que demuestra que la sujeto pasivo no sufrió perjuicio cierto e irreparable; al 

, al. efecto, citó las Sentencias Constitucionales 0731/2010-R de 26 de julio y 0242/2011 Ř de 16 de marzo. 

– 

Por los fundamentos expuestos, solicitó confirmar la Resolución Determinativa No 172030000384 de 31 de julio de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del 

Servicio de Impuestos Nacionales. 

afao ISO 9001 

II.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba. El 12 de octubre de 2020, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Apertura Término de Prueba EXPEDIENTE ARIT CBA-0210/2020, disponiendo el término probatorio de veinte dias comunes y perentorios para ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 218 del Código 

Tributario Boliviano (fojas 105 del expediente administrativo). 

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El 30 de octubre de 2020, la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales representada por José Elmer Barrancos Barrientos, presentó memorial, 

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9001 IBNORCA 

Sistema de Gestión 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Av: Oquendo NR-381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central None Teléfonos: (591-4) 4140011 – 4140012 www.ait:gob.bo.Cochabamba, Bolivia 

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mediante el cual ofreció, propuso, reprodujo y ratificó en calidad de prueba preconstituida, los antecedentes administrativos, acompañados al momento de responder al Recurso de Alzada. Asimismo, señaló que en una carpeta cursa la solicitud de aprobación de técnica para la base presunta, que reviste el carácter de reservado respecto a los nombres de los contribuyentes A y B, y únicamente podría ser utilizada para la efectiva aplicación de los procesamientos cuya gestión tenga encomendada, mas no podría ser informada, cedida o comunicada a terceros, bajo responsabilidad funcionaria. Citó el artículo 67 de la Ley 2492 (fojas 107108 del expediente administrativo)

El 3 de noviembre de 2020, la parte recurrente mediante memorial, refirió acogerse al “Principio de Adquisición Procesal, manifestando que, en el recurso interpuesto, fundamento aspectos de hecho y de derecho, donde dicha adquisición, debe ser tomada en cuenta por la instancia de Alzada. Asimismo, ratificó todos los elementos, argumentos y fundamentos expuestos en el memorial de interposición del Recurso de Alzada (fojas 111 del expediente administrativo)

11.5. Alegatos. El 23 de noviembre de 2020, Agapo Ferrufino Sánchez como Gerente Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, acreditado conforme a Resolución Administrativa de Presidencia No 032000001098 de 19 de noviembre de 2020, se apersonó ante esta instancia de alzada a objeto de presentar alegatos, reiterando los argumentos expuestos en el memorial de respuesta de la Administración Tributaria al presente Recurso de Alzada, reafirmando que no vulneró el derecho a la petición, a la defensa, ni al debido proceso; asimismo, refirió que la sujeto desarrolló una actividad gravada por el IUE y que no existirían vicios de nulidad en la emisión de la Vista de Cargo

determinando correctamente las obligaciones tributarias de la sujeto pasivo sobre base 

presunta; peticionando la confirmación del acto impugnando (fojas 115-120 del expediente administrativo). 

El 23 de noviembre de 2020, la sujeto pasivo presentó memorial de alegatos reiterando los argumentos planteados en su memorial de Recurso de Alzada referidos a la falta de valoración de los descargos, así como la inexistente respuesta a las notas 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

presentadas al inicio del proceso determinativo; falta de fundamentación en la atribución de sujeto pasivo del IUE; incumplimiento de plazo para emitir la Vista de Cargo, observaciones a la determinación de deuda tributaria; desarrollo de actividad gravada; que, la documentación obtenida del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, Notarias e información de Derechos Reales, no puede ser considera como medio de prueba; inexistencia de fundamentación para la determinación sobre base presunta y la aplicación de la técnica; y la prescripción de las facultades administrativas. 

Asimismo, señaló que conforme consta en antecedentes administrativos remitidos por la entidad recurrida, la “(…) evaluación‘ y ‘aplicación, por la Gerencia Nacional de Fiscalización para aplicar la técnica ‘otros’ ha sido INCORPORADA Y ACOMODADA maliciosamente en el último cuerpo de antecedentes, lo cual comprueba que.jamás estuvo cumplido ese requisito se llevó a cabo el trabajo de campo y la emisión de los actos administrativos observados (...), alegando la concurrencia de un nuevo vicio de nulidad; y solicitó.sean consideradas como ratio decidendi”, las Resoluciones de Recursos de Alzada ARITCBARA 0363/2019, ARITCBA/RA 0364/2019 y ARIT CBARA 0441/2018 (fojas 123-126 del expediente administrativo)

– – 

– 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA. 

El 11 de diciembre de 2018, la Administración Tributaria emitió la Orden de Verificación N• 18300200114 a efecto de verificar todos los hechos y’elementos relacionados al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (UE) de la gestión 2013, de Dehne Delgadillo Lourdes. Acto notificado por cédula, el 27 de diciembre de 2018 (fojas 6 y 14 de antecedentes administrativos). 

El 14 de diciembre de 2018, la Administración Tributaria emitió el Requerimiento No 00156503 y anexo adjunto, mediante los cuales, solicitó a la sujeto pasivo diferente documentación inherente al proceso determinativo. Acto notificado por cédula, el 27 de diciembre de 2018. En respuesta, el 14 de enero de 2019, la sujeto pasivo presentó nota con referencia “Devuelve notificación y solicita se deje sin efecto documentación que indica” (fojas 9-10, 14 y 17-19 de antecedentes administrativos). 

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El 25 de enero de 2019 la Administración Tributaria emitió la nota SIN/GDCBBA/DF/G1NENOT/150/2019, con referencia “RESPUESTA A LAS CARTAS SIN/GDCBBA/DFIGINEINOT/150/2019 

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PRESENTADAS EN FECHA 14/01/2019″, comunicando a la sujeto pasivo que, conforme dispone el artículo 100 de la Ley 2492, como Administración Tributaria cuenta con facultades de verificación fiscalización e investigación, por lo que, los resultados de la actuaciones realizadas dentro de la Orden de Verificación No 18300200114, así como la valoración de los argumentos expuestos en la citada carta, serían atendidos a través del acto administrativo correspondiente y debidamente notificado. Acto notificado por cédula, el 14 de febrero de 2019 (fojas 24 y 28 de antecedentes administrativos). 

El 15 de febrero de 2019, la Administración Tributaria formuló el Requerimiento No 00156526 y anexo adjunto, reiterando al sujeto pasivo, la presentación de la documentación solicitada mediante Requerimiento No 00156503 y anexo adjunto. Acto notificado por cédula, el 26 de febrero de 2019. El 7 de marzo de 2019, la sujeto pasivo presentó nota con referencia “Nuevamente devuelve diligencias de notificación y solicita se deje sin efecto documentación que indica” (fojas 29, 30, 34, 36-37 de antecedentes administrativos)

El 14 de marzo de 2019, la Administración Tributaria emitió la nota SIN/GDCBBA/DF/G3NVE/NOT/420/2019, con referencia RESPUESTA A LAS CARTAS PRESENTADAS EN FECHA 7/03/2019, replicando los argumentos expuestos en la nota SIN/GDCBBA/DF/G1NENOT/150/2019 de 25 de enero de 2019. Acto notificado por cédula, el 27 de marzo de 2019 (fojas 41 y 45 de antecedentes administrativos)

El 8 de abril de 2019, la Administración Tributaria formuló el Requerimiento No 00160512 y anexo adjunto, mediante los cuales, solicitó a la sujeto pasivo la presentación de documentación e información inherentes a facturas de compras emitidas a nombre de la parte recurrente. Acto notificado por cédula, el 17 de abril de 2019. En respuesta, el 23 de abril de 2019, la sujeto pasivo presentó nota con referencia “Nuevamente (por tercera vez) devuelve actos administrativos y solicita se deje sin efecto documentación que indica(fojas 46-56, 60, 6264 de antecedentes administrativos). 

El 30 de abril de 2019, la Administración Tributaria emitió la nota SIN/GDCBBA/DF/G3/VE/NOT/833/2019, con referencia RESPUESTA A LAS CARTAS PRESENTADAS EN FECHA 23/04/2019″, replicando los argumentos expuestos en la 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TAIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

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nota SIN/GDCBBA/DF/G1NVE/NOT/150/2019 de 25 de enero de 2019. Acto notificado por secretaria, el 15 de mayo de 2019 (fojas 76 y 76 vta. de antecedentes administrativos). 

El 23 de diciembre de 2019, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo No 

291930000684, que liquido de manera preliminar la deuda tributaria en UFVs 1.474.693, equivalente a Bs3.436.315.-, correspondiente al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (UE) omitido, interés y la sanción por la calificación preliminar de la conducta. Acto notificado mediante cédula el 4 de marzo de 2020 (fojas_1340-1378 y 1382 de antecedentes administrativos). 

El 15 de junio de 2020, la sujeto pasivo presentó memorial de descargo a la Vista de Cargo, señalando la concurrencia de incidentes de nulidad, ya que presentó notas (14 de enero, 7 de marzo y 23 de abril de 2019) que no fueron oportunamente resueltas; preciso la inexistencia del hecho generador, que, la vista de Cargo fue notificada fuera de plazo previsto en normativa; que, fue indebida e ilegal la aplicación de la base presunta; falta de fundamentación y motivación de la Vista de Cargo; que, no cursa constancia de la evaluación y aprobación por la Gerencia Nacional de Fiscalización, respecto al método aplicado que, no tiene foma de desvirtúar, objetar o contradecir la supuesta información obtenida de los prenombrados contribuyentes A y B, por lo que fueron vulnerados sus derechos al debido proceso y a la defensa; que no existió nirigún tipo de búsqueda de la verdad material, contraviniendo lo establecido por el inciso d) del artículo 4 de la Ley 2341. 

Extendió sosteniendo que, no le corresponde la conducta como “omisión de pago”, dispuesta en el artículo 165 de la Ley 2492; que, no combinó factores de producción y no realizó las actividades que se pretende atribuirle a título individual, como persona natural; que, la documentación obtenida del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, Notarias y la información de Derechos Reales obtenida de SINAREPWEB, no puede ser considera como medio de prueba legítimo, menos servir de base para ninguna determinación impositiva, ya que no se encuentran legalizadas ni refrendadas por los tenedores de los documentos originales; que, la norma tributaria dispuso el termino de prescripción de cinco (5) años para la gestión 2013, y aun con las modificaciones de la Ley 291, en base a la forma de cómputo establecido en el artículo 60 de la Ley 2492, las facultades de la Administración Tributaria para llevar a cabo una determinación sobre el IUE de la gestión 2013 se encuentra ampliamente prescrita; que, no corresponde extender 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvísa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vao (Guarani) 

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la prescripción a siete años, toda vez que, no tenía, no tiene, ni tendrá la obligación de registrarse en el Padrón Nacional de Contribuyentes. Por los argumentos expuestos, solicitó la nulidad de obrados, hasta la Orden De Verificación No 18300200114, inclusive (fojas 1426-1448 de antecedentes administrativos)

El 31 de julio de 2020, la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Resolución Determinativa N° 172030000384, que determinó de oficio obligaciones impositivas de Dehne Delgadillo Lourdes, en la suma de UFVs 1.501.499, correspondientes al tributo omitido actualizado, intereses y sanción por omisión de pago del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (UE) de la gestión fiscal concluida a diciembre de 2013; asimismo, calificó la conducta de la sujeto pasivo como omisión de pago aplicando una sanción equivalente al 100% sobre el tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda, Acto notificado mediante cédula al sujeto pasivo el 26 de agosto de 2020 (fojas 1477-1544 y 1548 de antecedentes administrativos). 

  1. W. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA. 

Conforme a lo establecido en el parágrafo I del artículo 211 del Código Tributario Boliviano, esta instancia recursiva ingresará a resolver los reclamos planteados por la parte recurrente, correspondiendo aclarar, que la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso; identificándose como agravios: 1. Falta de consideración y valoración de los argumentos de descargo; 2. Incumplimiento de plazo para emitir y notificar la vista de Cargo; 3. Fundamentación en la atribución sujeto pasivo del IVE; 4. Sobre el desarrollo de actividad gravada; 5. Observaciones a la determinación de deuda tributaria y; 6. Configuración de la prescripción

IV.1. Falta de consideración y valoración de los argumentos de descargo. 

La recurrente señaló que, la Administración Tributaria le requirió documentación en 3 oportunidades, por lo que presentó notas debidamente fundamentadas solicitando dejar sin efecto los actuados administrativos, empero si ningún tipo de respuesta formal, fue notificado con la ilegal y forzada Vista de Cargo. 

Precisó que, tanto la Vista de Cargo, como la Resolución impugnada no contienen una respuesta puntual, concreta y fundamentada al contenido de las tres notas presentadas

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bollvia 

constituyendo otro agravio al derecho a la petición, derecho a la defensa y al debido proceso, generando un estado de indefensión. 

Manifestó que, los fundamentos de descargo, presentados dentro del plazo establecido en el artículo 98 de la Ley 2492, que desvirtúan los cargos atribuidos, además de solicitar la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria para llevar a cabo el proceso de verificación y/o determinación, no merecieron análisis o valoración, en franca 

vulneración del parágrafo II del artículo 99 de la citada Ley, 

Por su parte, la Administración Tributaria sostuvo que la sujeto pasivo devolvió al ente fiscal los requerimientos de información y solicitó dejar sin efecto los mismos, argumento que, fue respondido mediante Notas con SIN GDCBBA/DF/G1NE/NOT/150/2019 de 25 de enero de 2019, SIN/GDCBBA/DF/G3/VE/NOT/421/2019, de 14 de marzo de 2019 y SIN/GDCBBA/DF İG3NE NOT/833/2019.de 30-de abril de 2019, aclarando al sujeto pasivo que dicha solicitud sería valorada en la vista de Cargo. Señaló que, las Notas de respuesta fueron notificadas al sujeto pasivo, las dos primeras por cédula yıla última por secretaría, no existiendo argumento para la declarar la nulidad, al no vulnerar el derecho de petición ni defensa del sujeto pasivo, habiendo dado respuesta a las tres notas presentadas 

Expuestos los argumentos de las partes procesales, cabe traer a colación, la Sentencia Constitucional N° 0871/2010 de 10 de agosto de 2010, señala que es: “(…) imperante además precisar que toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso, debe contener los siguientes aspectos a saber, a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

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consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado”. 

En el ordenamiento jurídico, los parágrafos I y Il del artículo 115 de la Constitución Política 

del Estado, establecen que toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legitimos; y que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

Por otra parte, el parágrafo 11 del artículo 36 de la Ley 2341, aplicable supletoriamente por disposición de los artículos 74 numeral 1 y 201 del Código Tributario Boliviano, señala que el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados. Asimismo, el artículo 55 del Decreto Supremo 27113, prevé que es procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público. 

En la normativa tributaria, se tiene que los numerales 2 y 7 del artículo 68 de la Ley 2492 disponen como derechos del sujeto pasivo –entre otros-: “2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas en los procedimientos previstos por este digo y disposiciones reglamentarias, dentro de los plazos establecidos (…) 7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución

Asimismo, el artículo 96 de la Ley 2492, señala que: “1. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado (...) II. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según corresponda

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Pludnacional de Bolivia 

Sobre la Resolución Determinativa, el parágrafo II del artículo 99 de la Ley 2492 establece que: “Il. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa”. 

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La normativa expuesta precedentemente, permite colegir que 

r de la Administración Tributaria efectuar una valoración y análisis de todos 

de los argumentos y documentos que fueron presentados durante la sustanciación del procedimiento determinativo, efectuando un pronunciamiento debidamente fundamentado, ya sea positivo o negativo a las pretensiones, alegaciones y solicitudes del administrado; aspecto que en el presente caso será verificado, en consideración a que la parte recurrente reclamó la falta de respuesta, tanto en la vista de Cargo como la Resolución impugnada, sobre el contenido de las tres notas presentadas así como la falta de valoración y análisis de los fundamentos de descargo presentados a la vista de Cargo, dentro del plazo establecido en el artículo 98 de la Ley 2492; aspecto por los cuales, aludió como vulnerados sus derechos a la petición, a la defensa y al debido proceso. 

En ese contexto, de la compulsa de los antecedentes administrativos, se advierte que producto del proceso de determinación iniciado con la Orden de Verificación No 18300200114 de 11 de diciembre de 2018, notificado a la sujeto pasivo, el 27 de diciembre de 2018 (fojas 6 y 14 de antecedentes administrativos), la Administración Tributaria emitió y notificó los Requerimientos Nos. 00156503, 00156526 y 00160512, con sus respectivos anexos adjuntos, mediante los cuales, solicitó a la sujeto pasivo, la presentación de diferente documentación, inherente al proceso determinativo (fojas 6, 9, 10, 29, 30 y 46 56 de antecedentes administrativos). 

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En respuesta, a la notificación con la Orden de Verificación y primer Requerimiento, la sujeto pasivo presentó la nota de 10 de enero de 2019 con referencia, Devuelve notificación y solicita se deje sin efecto documentación que indica, señalando que, la Administración Tributaria cometió un error de tipo y/o de legitimación, notificándole actos 

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administrativos como si su persona fuera sujeto pasivo inscrito en el Padrón de Contribuyentes o si desarrollara alguna actividad gravada por tributos nacionales; procediendo, en este sentido, a la devolución -en originales de la Orden de Verificación y Requerimiento. 

Extendió sosteniendo, que es observable que la entidad recaudadora haya emitido una Orden de Verificación y Requerimiento de documentación, cuando conocía que su persona no cuenta con Número de Identificación Tributaria, lo que denotaría una intención de generar multas por incumplimiento a deberes formales. Replicó que no puede ser considerado como “sujeto pasivo, al no encontrarse en el alcance dispuesto en los articulos 36 y 38 de la Ley 843, respecto a la obligación del pago del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas y menos cuenta con Estados Financieros de donde emerja el pago de la obligación tributaria. Finalmente, solicitó dejar sin efecto la Orden de Verificación No 18300200114, Requerimiento No 00156503 y anexo adjunto, y sea mediante resolución Administrativa (fojas 1719 de antecedentes administrativos). 

Ante la notificación del segundo Requerimiento No 00156526 y anexo adjunto, la parte recurrente, mediante nota de 7 de marzo de 2019, con referencia “Nuevamente devuelve diligencias de notificación y solicita se deje sin efecto documentación que indica, señaló a la Administración Tributaria que, la nota presentada el 10 de enero de 2019, no fue debidamente valorada, por lo que todos los actuados son nulos de pleno derecho; que procede a la devolución del Requerimiento No 00156526, anexo adjunto y las diligencias de notificación, en tanto no sean resueltas conforme a derecho; y se ratificó inextenso en la nota de 10 de enero de 2020 (fojas 36-37 de antecedentes administrativos). 

Continuando con la revisión de los antecedentes, se tiene que, producto de la notificación con el tercer Requerimiento No 00160511 y anexo adjunto, la sujeto pasivo, mediante nota de 23 de abril de 2019, con referencia Nuevamente (por tercer vez) devuelve actos administrativos y solicita se deje sin efecto documentación que indica”, y señalando que toda transacción comercial realizada por cualquier persona natural como “ciudadano de a pie”, no tiene que rayar en el campo tributario y estar sujeto a revisiones intempestivas por parte del ente fiscal; que, las personas naturales no tienen ningún tipo de actividad gravada, no están inscritas en el Padrón Nacional de Contribuyentes, no tienen la 

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obligación de guardar algún tipo de factura o documentación, entre otros; que, la entidad recaudadora comete la torpeza de tratarlo como empresa; que el detalle elaborado por la entidad recaudadora no genera ningún tipo de vinculación con los hechos generadores de impuestos y que dicha institución tiene la obligación de demostrar la naturaleza de cualquier obligación tributaria (fojas 62-63 de antecedentes administrativos). 

Amplió precisando que, mediante dos (2) notas anteriore Inicó los errores incurridos en el proceso de determinación, devolviendo los actuados procesales, empero a la fecha no recibió respuesta alguna; se ratificó en las notas anteriores y alegó vulneración al derecho al debido proceso y a la defensa, ante la falta de respuesta respecto a las nulidades invocadas; asimismo, señaló que, las irregularidades denunciadas corresponden a aspectos de fondo; destacando que procedió a la devolución del Requerimiento N° 00160512 y su anexo adjunto, en tanto no sean resueltas las cuestiones planteadas en las notas anteriores (fojas 63-64 de antecedentes administrativos). 

Expuestas las notas presentadas por la sujeto pasivo, durante la sustanciación del proceso determinativo llevado a cabo en su contra, esta instancia ingresará a verificar si los argumentos expuestos por la parte recurrente en las citadas notas, merecieron respuesta por parte de la Administración Tributaria. Asimismo, es importante dejar sentado que, conforme dispone el parágrafo IV del artículo 104 de la Ley 2492, el acto administrativo emitido a la conclusión de la fiscalización, llega a ser la Vista de Cargo, que conforme al parágrafo I del articulo 96 de la citada Ley, debe contener hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración de la sujeto pasivo, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de verificación. 

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En ese entendido, de la acuerdo a la vista de Cargo N° 291930000684, se advierte que la entidad recurrida, en el acápite DESCARGOS PRESENTADOS Y SU VALORACIÓN”, bajo el titulo “Nota presentada por la sujeto pasivo en fecha 14 de enero de 2019″, respecto al error de tipo y/o legitimación, aludido por la recurrente, señaló: “(…) el invocado “error de tipo y/o legitimación” (sic), al que entenderemos como error de tipo (al no existir la figura de error de legitimación); corresponde a materia penal para resolver la exclusión o no del dolo, siendo que la misma figura también entre las causales de exclusión de responsabilidad signadas en el artículo 153° de la Ley 2492 (…)”. 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mbun visa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní

Av. Oquendo N°381 entre Venezuela y Ecuador; Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012• www.ait.gob.bo. Cochabamba, Bolivia 

Asimismo, sobre la emisión de la Orden de Verificación y Requerimiento de documentación, en cabal conocimiento de que la sujeto pasivo no contaba con Número de Identificación Tributaria, sostuvo que: “(…) las disposiciones que reglamentan los aspectos tributarios netamente procedimentales no pueden usarse de manera aislada, sin tomar en cuenta la prelación normativa, entonces el hecho de no inscribirse en los registros tributarios, no implica un permiso flagrante para transgredir las normas (...)” (páginas 22-23 de la Vista de Cargo)

Asimismo, la entidad recurrida en el acto analizado, señaló que en mérito al Convenio Interinstitucional del Servicio de Impuestos Naciones y el Consejo de la Magistratura, extrajo los registros del Sistema SINAREPWEB – Folio Real de Derechos Reales de cada una de las matrículas de los departamentos, parqueos y bauleras, por plantas, desde el sótano hasta el último piso construido del Edificio Plaza Real, donde identificó a la sujeto pasivo como propietaria del terreno y Departamentos en Propiedad Horizontal; por lo que requirió información a Notarías de Fe Pública, de cuyas minutas de transferencia evidenció que en la suscripción de los contratos intervino “LOURDES DEHNE DE MALUF con CÉDULA DE IDENTIDAD 623958 OR.”, al efecto, citó lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 843 (paginas 24 de la Vista de Cargo)

Prosiguió citando los artículos 37 y 39 de la Ley 843, conceptualizó el factor de producción, y refirió que la sujeto pasivo coordinó los factores de producción para la construcción del Edificio Plaza Real, para su posterior venta a través de escrituras públicas y/o minutas, proporcionadas por los Notarios de Fe Pública, que le permitieron generar utilidades de fuente boliviana; agregó que, el hecho de no haber elaborado -la sujeto pasivo-Estados Financieros, no implica la liberación impositiva respecto del IVE, principalmente cuando se cumplieron los preceptos legales para el perfeccionamiento del hecho generador (página 25 de la Vista de Cargo). 

De la misma forma, la Administración Tributaria, respecto a la Ley 1178 y Ley 004, citada por la sujeto pasivo, señaló que serían de preocupación en caso de no continuar el presente proceso determinativo y no procurar que el Estado recupere lo que por derecho le corresponde, en el marco del debido proceso, siendo que los argumentos de errores involuntarios y sobrecarga laboral no caben en el presente escenario donde se cuentan 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

con elementos suficientes de convicción para la determinación realizada (página 25 de la Vista de Cargo). 

Continuando con la lectura de la Vista de Cargo, se advierte que la entidad recurrida, 

respecto a la “Nota Presentada por la sujeto pasivo en fecha 7 de marzo de 2019″, señaló que: “(…) ante la primera negativa de presentación de documentos solicitados, se realizó un nuevo requerimiento en virtud de encaminar el proceso determinativo hacia los criterios de certeza e indubitabilidad, siendo que se contaba con la información proporcionada por terceros en el marco de las amplias facultades emanadas por Ley, respecto a la enajenación de bienes inmuebles correspondientes al Edificio PL AZA REAL ()”, asimismo, reiteró y ratificó la valoración realizada a la prisera nota. Señaló que, no corresponde aludir vicios de nulidad, en virtud al principio de trascendencia y los Autos Supremos 223/2013 de 6 de mayo y 473 de 20 de noviembre de 2012, ya que lá sujeto pasivo, no planteó de manera concreta-o.–con prueba , suficiente las causales o circunstancias que derivan en los supuestos vicios de nulidad y/o procesales (ginas 25 27 de la vista de Cargo). 

De la misma forma, la entidad recaudadora en la vista de Cargo mencionada, sobre la “Nota Presentada por la sujeto pasivo en fecha 23 de abril de 2019”, la entidad recaudadora, reiteró y ratificó la valoración realizada a las primeras notas; citó los artículos 22, 23, 65 y 100 de la Ley 2492 y sostuvo que: “(..) sierido que el gravamen objeto de verificación es el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) (…) en el cuerpo de antecedentes cursan documentos que demuestran de manera indubitable la enajenación de bienes inmuebles que corresponden al Edificio “PLAZA REAL” que fue construido por la sujeto pasivo (...) se cumplen los supuestos de ley para el perfeccionamiento del hecho generador (…)

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Replicó que, toda persona que cumpla los presupuestos legales establecidos en la Ley 843, y que resulte sujeto pasivo de alguno de los impuestos de la referida Ley, tiene la obligación de cumplir con la obligación tributaria al perfeccionamiento del hecho generador, siendo facultad del Servicio de Impuestos Nacionales la verificación y fiscalización del correcto cumplimiento de dichas obligaciones, independientemente del cumplimiento del deber formal de los sujetos pasivos de inscribirse en los registros tributarios (página 28 de la Vista de Cargo). 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach‘a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti opomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Av. Oquendo N° 381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012. www.ait.gob.bo. Cochabamba, Bolivia 

Extendió el SIN, explicando en la vista de Cargo analizada, que en el expediente cursa la documentación que demuestra la enajenación de bienes inmuebles del Edificio “PLAZA REAL”; de igual forma, reiteró lo dispuesto por los artículos 39, 41 y 47 de la Ley 843, para después sostener que: (…) la sujeto pasivo coordinó factores de producción para la construcción del Edificio PLAZA REAL para su posterior enajenación a través de escrituras públicas y/o minutas proporcionadas por los Notarios de Fe Pública en las cuales figura de manera ineludible su nombre como vendedora de dichos inmuebles” (página 29 de la Vista de Cargo). 

Asimismo, explique mediante notas SIN/GDCBBA/DF/G1NEINOT/150/2019, SIN/GDCBBA/DF/G3NE/NOT/421/2019 y SIN GDCBBA/DF/G3NE/NOT/833/2019, notificadas el 14 de febrero, 27 de marzo y 15 de mayo de 2019, comunicó al sujeto pasivo que, los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación, así como el análisis y valoración de los argumentos expuestos, serían comunicados a través del acto administrativo que corresponda

Reiteró que, la actividad realizada por la sujeto pasivo (coordinación de factores de producción para la construcción y posterior enajenación de inmuebles) se encuentra enmarcada dentro las previsiones de la Ley 843, que determinan el perfeccionamiento del hecho imponible para el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, no pudiendo amparar su negativa en su incumplimiento del deber formal de inscripción en los registros tributarios, demostrando este hecho únicamente su afán de obstaculizar el ejercicio de las facultades otorgadas por Ley, incumpliendo el numeral 6 del artículo 70 de la Ley 2492, comportamiento y conducta que no permitió determinar sus obligaciones sobre base cierta, sin embargo, derivó en el ejercicio de la determinación de la base imponible sobre base presunta, conforme dispone el numeral 3 del artículo 44 de la Ley 2492 (página 29 30 de la Vista de Cargo). 

Resaltar que los argumentos descritos en párrafos previos, fueron replicados por la Administración Tributaria en la Resolución Determinativa impugnada, conforme llegó a constatarse de las páginas 1625 del citado acto administrativo, bajo los títulos: Nota presentada por el sujeto pasivo en fecha 14 de enero de 2019, Nota Presentada por el sujeto pasivo en fecha 7 de marzo de 2019” y “Nota Presentada por el sujeto pasivo en fecha 23 de abril de 2019″. 

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Lo expuesto hasta este punto, permite advertir que la Administración Tributaria valoró los argumentos expuestos por la sujeto pasivo, mediante notas presentadas el 14 de enero, 7 de marzo y 23 de abril de 2019, por lo que no es evidente la inexistente respuesta respecto a las tres notas aludidas por la sujeto pasivo, menos la vulneración al derecho a la petición, defensa y debido proceso, toda vez que, la entidad recurrida, dio a conocer a la administrada la posición asumida sobre los diferentes puntos y aspectos planteados en las prenombradas notas. 

Prosiguiendo con el análisis del agravio planteado por la sujeto pasivo, respecto a la valoración de los argumentos de descargo presentados, de la revisión de los antecedentes administrativos, se tiene que notificada la vista de Cargo N° 291930000684, la parte recurrente, el 15 de junio de 2020, presentó nota de descargo a la citada Vista de Cargo (fojas 14261448 de antecedentes administrativos), manifestando: __

  • Concurrencia de incidentes de nulidad, toda vez que presentó tres notas (14 de enero

7 de marzo y 23 de abril de 2019) solicitando Nulidad de Obrados” y devolvió los actos administrativos indebida e ilegalmente notificados, las cuales no fueron oportunamente resueltas

– -. 

  • Precisó la inexistencia del hecho generador, sosteniendo que no realizó actos, 

prestación de servicio u otros, que pudieran derivar en una eventụal relación jurídico tributaria con el Estado, menos desarrolló actividad alguna que sea considerada como hecho generador, por lo que no cuenta con un Número de Identificación Tributaria y no es sujeto pasivo de ningún impuesto; y solicitó la nulidad de obrados, hasta la Orden de Verificación No 18300200114, por contar con un alcance que no corresponde a alguna actividad desarrollada por su persona. 

. Que, la Vista de Cargo fue notificada fuera del plazo previsto en normativa. 

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  • Que fue indebida e ilegal la aplicación de la base presunta, ya que la Administración 

Tributaria no llevó a cabo, trabajo de fiscalización y averiguación de la verdad, pues no existe peritaje, inspección al inmueble, cuestionarios, cruces de información con proveedores de materiales y entrevistas a los mismos

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Que, resulta incongruente que la entidad recurrida determine que los contribuyentes A y B no son contribuyentes similares, para escoger la técnica otros, empero sea en 

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9001 IBNORCA Sistema de Gestión 

de la Cakend Castiedon 771/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

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base a la información de dichos contribuyentes que se establezca “similitudes”, para la determinación de la base imponible. 

  • Que, no existe un desglose del detalle que integran los componentes del costo de 

construcción y otros aspectos relacionados, por lo que aludió, vulneración a su derecho a la defensa y al debido proceso

Que, la Vista de Cargo carece de los fundamentos o razones por las cuales se dispuso la aprobación o utilización de la técnica, así como de cuales los elementos que fueron considerados para la aprobación de la técnica empleada y si estos tienen relación con la información generada en las verificaciones realzadas a los contribuyentes A y B. Precisó que, de la revisión de los antecedentes no cursa constancia de la evaluación y aprobación por la Gerencia Nacional de Fiscalización

Que, no cursa prueba alguna que demuestre la afirmación realizada por la Administración Tributaria en la página 2 de la Vista de Cargo, respecto a que su persona realizó la actividad de construcción de bienes inmuebles (departamentos, bauleras y parqueos) para su posterior venta, pues el hecho de suscribir la transferencia de algunos bienes inmuebles no lo convierte en el constructor de aquellos bienes susceptibles a venta; pues la interpretación antojadiza de los artículos 37 y 39 de la Ley 843, únicamente intenta hacerle ver como una empresa, para indebidamente atribuirle la condición de sujeto pasivo del IVE. 

Replicó que la Administración Tributaria no cuenta con prueba alguna que demuestre que su persona combinó factores de la producción, pues no posee industria donde exista dichos factores. 

. Puntualizó que, al tomar como base la información de los contribuyentes A y B, resulta 

necesario conocer la misma, de forma directa y fidedigna; por tanto, la Administración Tributaria, bajo el pretexto de “Principio de Confidencialidad, dispuesto en el artículo 67 de la Ley 2492, no puede privar al sujeto pasivo, de conocer los alcances del mismo, pues atenta contra las garantías del debido proceso y derecho a la defensa. Agregó que, no tiene forma de desvirtuar, objetar o contradecir la supuesta información obtenida de los prenombrados contribuyentes A y B; por lo que fueron vulnerados sus derechos al debido proceso y a la defensa

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TAIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

  • Reiteró que, la escasa explicación y detalle de la Vista de Cargo, resulta insuficiente 

para cumplir con la motivación y fundamentación del acto; agregó que, no aportó ningún respaldo documentado de todos los datos considerados, ratificando la nulidad de la actuación de la Administración Tributaria; sostuvo que no cursa evidencia de que las construcciones comparadas (por ende datos obtenidos) sean exactamente iguales a los inmuebles por los cuales se pretenda atribuir el reparo; añadió que no existió búsqueda de la verdad material, contraviniendo el inciso d) del artículo 4 de la Ley 2341. 

Replicó el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley 2492, al no contener los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la liquidación preliminar de la deuda tributaria, ya que la entidad recaudadora, se limitó a determinar una “utilidad presunta” en base a “costo de los materiales”, “mano de obra” y “costos indirectos”. Rechazó ser sujeto pasivo del IVE, la existencia de un hecho generador atribuible a su persona y que haya realizado la actividad de construcción de bienes inmuebles para su posterior venta. 

  • Que, en la página 37 de la Vista de Cargo, la Administración Tributaria consignola 

inexistencia de “gastos de operación”, “gastos corrientes” y “otros egresos”, lo que evidencia el incumplimiento del artículo 96 de la Ley 2492, toda vez que, ‘la entidad recaudadora, lejos de buscar a verdad material, intento maximizar el ingreso fiscal: 

  • Sostuvo que, no le corresponde la conducta como “omisión de pago”, dispuesta en el 

artículo 165 de la Ley 2492, ya que, al no ser sujeto pasivo del IVE, no combinó factores de producción y no realizó las actividades que se pretende atribuirle a título individual, como persona natural. 

  • Explicó que, la documentación obtenida del Gobierno Autónomo Municipal de 

Cochabamba, Notarías y la información de Derechos Reales obtenida de SINAREPWEB, no pueden ser considerados como medio de prueba legitimo, menos 

servir de base para una determinación impositiva, ya que no se encuentran legalizadas 

ni refrendadas por los tenedores de los documentos originales, conforme dispone el Código Civil. 

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Señaló que, invocó la prescripción respecto a la actuación de control, verificación y determinación de la Administración Tributaria sobre la gestión 2013, además que la prescripción fue determinada por la Ley 291, estableciendo un término de prescripción 

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9001 IGNORCA 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit ayir jach‘a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq karachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oromita mbaerepi Vae (Guaranl) 

Av. Oquendo N 381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011.-4140012. www.ait.gob.bo.Cochabamba, Bolivia 

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de cinco (5) años, por lo que a la fecha, las facultades de la Administración Tributaria prescribieron. 

Expuestos los argumentos de descargo planteados por la sujeto pasivo, corresponde remitirse al contenido de la Resolución Determinativa N° 172030000384 de 31 de julio de 2020, a fin de corroborar o desvirtuar el reclamo planteado por la administrada, sobre la falta de análisis o valoración por parte de la Administración Tributaria de los argumentos formulados por la recurrente. 

En ese contexto, de la revisión de la Resolución Determinativa impugnada, se tiene que la Administración Tributaria, en el CONSIDERANDO III”, inicialmente bajo el título . INCIDENTES DE NULIDAD SIN RESOLVER”, transcribió los argumentos expuestos por la sujeto pasivo, para después, respecto a las 3 notas presentadas por la parte recurrente, sostuvo que el ejercicio determinativo, se encuentra normado y reglado (cito los artículos 21, 66, 70, 95 y 100 de la Ley 2492); señaló que, notificó la Orden de Verificación No 18300200114, indicando a la sujeto pasivo, que sería sujeto de un proceso de determinación, dando a conocer el alcance de dicho procedimiento, así como el sustento legal respectivo; sostuvo que, la sujeto pasivo no podría pretender un tratamiento especial, amparada en su interpretación sesgada sobre la invocación de nulidades. 

Precisó que, en relación a las notas presentadas, las respuestas a las mismas, señalaron que el ejercicio de las facultades dispuestas en el artículo 100 de la Ley 2492, se enmarcan dentro un proceso determinativo reglado y los mecanismos para ejercer sus derechos se ajustan a tiempos y plazos previstos normativamente, además de aclarar que la notificación de dicho acto administrativo guardaria estricta observancia a los artículos 83 y siguientes de la referida Ley. Añadió que, las notas de respuesta cumplen con el artículo 24 de la Constitución Política del Estado, concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 68 de la Ley N° 2492, siendo que la sujeto pasivo no asimila que las respuestas en dichas notas, no corresponden a un acto administrativo aislado (páginas 43-45 del acto impugnado). 

Asimismo, la entidad fiscalizadora dejó sentado en el acto impugnado, que las formas de notificación dispuestas por el artículo 83 de la Ley 2492, no son excluyentes entre si y deben adecuarse en función a la finalidad de la notificación como procedimiento, por ello, si las condiciones se modifican puede optarse por la que más se adecúe a los supuestos 

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fácticos. Precisó que, si bien optó por un medio de notificación en las primeras dos notas de respuesta, no constituye transgresión normativa el elegir otro medio de notificación, toda vez que, no es una Vista de Cargo ni una Resolución Determinativa, no apertura término probatorio, no impone sanción alguna y tampoco se constituye en derivación de la acción administrativa a subsidiarios (páginas 4546 del acto impugnado). 

A continuación, la entidad recurrida, citó el Auto Supremo Nro. 308/2012 de 22 de agosto, señalando que, respecto a las: “...) ‘artimañas procesales’o que la notificación de dichas respuestas solo figuraría en papeles, aludiendo así delitos de tipo penal (…)”, la sujeto pasivo, en caso de considerarlo necesario, deberá demostrar en la instancia que corresponda dicho extremo, siendo que esta Administración Tributaria también resguarda a los funcionarios el derecho de seguir las acciones legales que consideren pertinentes (página 46 del acto impugnado). 

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Respecto a la devolución física de actuados administrativos por parte de la administrada, la entidad tributaria, en la Resolución recurrida, ratificó lo dispuesto en el numeral 1 del articuló 74 de la Ley 2492; sosteniendo que al notificar a la sujeto pasivo con la Orden de Verificación No 18300200114, dio inicio al proceso determinativo de conformidad al artículo 10 de la Resolución Normativa de Directorio 10-003216, precisando como base legal de sus amplias facultades el artículo 100 de la Ley 2492. Señaló que fue comunicado a la sujeto pasivo, que la respuesta a sus alegatos, la tendría en el documento que corresponde, puesto que, el proceso determinativo, es un procedimieńto reglado por Ley, no pudiendo de manera antojadiza aislar partes del mismo en virtud de una pretensión

Prosiguió, refiriendo el principio de trascendencia y explicó que: “(…) el argumento de (...)en caso de negativa o rechazo, se habiliten los mecanismos de defensa o impugnación... no cabe a colación puesto que el proceso determinativo establece los plazos y mecanismos que activan dichas garantías, siendo que la sola presentación del presente descargo demuestra el ejercicio objetivo de su derecho a la defensa, petición, y sobre todo la garantia constitucional del debido proceso, siendo que aún no se han agotado los mecanismos que la Ley prevé en favor del sujeto pasivo” (página 46 del acto impugnado). 

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De la misma forma, la entidad recurrida, al momento de responder los argumentos de descargo planteados por la sujeto pasivo, en la Resolución Determinativa impugnada, 

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9001 IBNORCA Estema de Gestión 

decade Caticador 771/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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señaló que la teoría de los frutos del árbol envenenado, aludida por la sujeto pasivo, es la derivación de tipo penal de la doctrina de las reglas de exclusión y suponiendo que dicha “teoríafuera aplicable en materia tributaria o administrativa, con carácter previo, la sujeto pasivo debió identificar el medio ilícito o ilegal y la prueba así obtenida, siendo que las notas referidas no cumplen dicha condición. Al efecto, citó la Sentencia Constitucional Plurinacional 0607/2018S1 de 8 de octubre y se ratificó en la legitimidad y legalidad del trabajo realizado en virtud a lo cursante en el expediente administrativo (página 47 del acto impugnado). 

Asimismo, la entidad recurrida en el acto impugnado, después de transcribir los argumentos de descargo de la parte recurrente, bajo el título “RESPECTO A LA INEXISTENCIA DEL HECHO GENERADOR”, se ratificó en lo establecido por el numeral 2 del artículo 70 de la Ley 2492, señalando que el incumplimiento a dicho artículo (obligaciones tributarias del sujeto pasivo), no implica el permiso flagrante de transgredir las disposiciones normativas en materia tributaria, conforme dispone el numeral 2 del parágrafo I del artículo 93 de la citada Ley; puesto que, el ejercicio determinativo al estar reglado y normado, tiene por objeto establecer si existen o no diferencias respecto al correcto comportamiento tributario de los sujetos pasivos, independientemente de que se encuentren inscritos o no (página 49 del acto impugnado). 

Respecto al “error de tipoinvocado por la sujeto pasivo, la entidad recaudadora citó el artículo 153 de la Ley 2492 y numeral 1 del artículo 16 del Código Penal y señaló que dicha categoría está apartada a materia penal en lo referido a la culpa y dolo; precisó que, el hecho de no inscribirse en los registros de la Administración Tributaria, no necesariamente implica que no se desarrolle actividades gravadas, puesto que la previsión de personas no inscritas en los registros tributarios, cuyos hechos determinan obligación tributaria se halla contemplada en la Ley 2492. Al efecto, citó los artículos 40, 44 y 59 de la Ley 2492 y señaló que la sujeto pasivo no puede amparar en su actitud negligente el hecho de desconocer la normativa vigente (página 49 del acto impugnado). 

Extendió señalando en el acto impugnado, que conforme disponen los artículos 17 de la Ley 2492; 36, 37, 39, 41 de la Ley 843, la sujeto pasivo no puede desconocer de manera flagrante los contratos de compraventa suscritos en los cuales su persona figura como dueña y vendedora de bienes inmuebles; replicó que: (...) la no inscripción en los registros 

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tributarios no implica que el sujeto pasivo no ejerza actividades gravables, así lo establece la Ley 2492, haciendo previsión de las personas no inscritas en sus preceptos normativos, la actividad que realizó; compra de terrenos no para ser utilizados como vivienda ni otro fin de indole personal, sino para proceder a vender departamentos, parqueos y bauleras en la gestión fiscalizada generando utilidades de fuente boliviana constituye el hecho generador, su perfeccionamiento los contratos de compraventa, la combinación de factores de producción su condición de sujeto pasivo (artículos 379, 399 y 41° de la Ley 843)” (página 50 del acto impugnado). 

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– — 

Continuando con la lectura del acto impugnado, se tiene que la Administración Tributaria, señaló que, la definición de empresa refiere al cumplimiento de la condición de coordinar factores de producción en actividades industriales y comerciales, manifestando: “(…) respecto a la coordinación de factores, si el sujeto pasivo no los coordina, ¿cómo es posible que un terreno comprado por su persona se convierta en un bien inmueble que posteriormente es vendido? (departamento, parqueo o baulera)”. Añadió que, conforme a disposiciones legales, los documentos contables elaborados a fin de determinar obligaciones tributarias, no implica una limitante a lo dispuesto por el numeral 2 del parágrafo I del artículo 93 de la Ley 2492, ya que, el procedimiento determinativo consiste 

sentir las obligaciones tributarias determinadas (o no determinadas) por el sujeto pasivo, a partir de la documentación con la que tiene en su poder, en virtud del principio de verdad material, independientemente de que la sujeto pasivo decidiera o no inscribirse en los registros tributarios (página 50-51 del acto impugnado). 

De la misma forma, señaló que no es evidente la vulneración del principio del debido proceso puesto que, refirió las leyes y normas al efecto, para deducir (en virtud de que la base imponible es determinada en observación al artículo 44 de la Ley 2492), el hecho generador, su perfeccionamiento, y la correspondiente obligación tributaria, además de establecer los plazos procesales y encontrarse en curso los mecanismos y vías que la Ley prevé (página 51 del acto impugnado). 

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Sobre la “NOTIFICACIÓN DE LA VISTA DE CARGO FUERA DE PLAZO”, argumento expuesto como descargo por la sujeto pasivo, la Administración Tributaria precisó en el acto impugnado, que no incumplió el artículo 104 de la Ley 2492, ni se estableció la aplicación del artículo 33 de la Ley 2341 como causal de nulidad, ya que, el procedimiento de notificación es normado por el artículo 83 de la Ley 2492. Agregó que respecto a la 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti ononita mbaerepi Vae (Guaraní) 

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conculcación del principio de eficacia invocado, las dilaciones indebidas se constituyen en incumplimientos a la norma y Ley; que, el proceso determinativo goza de fundamento legal; que, la alegoría de invocar la Nulidad de Pleno Derecho”, carece de fundamento legal y la repetición del mismo alegando genéricamente conculcación de derechos y garantías constitucionales no lo hace más cierto (páginas 52-53 del acto impugnado)

Continuando con la lectura del acto impugnado, se tiene que, bajo el título “RESPECTO A LA INDEBIDA E ILEGAL APLICACIÓN DE LA BASE PRESUNTA” EN UN ATÍPICO PROCESO DE DETERMINACN, la Administración Tributaria, transcribió los argumentos de la sujeto pasivo, citó el artículo 44 de la Ley 2492, y precisó que, las circunstancias fácticas le habilitaron legalmente el uso del método de determinación de la base imponible sobre base presunta, ya que, si bien es de conocimiento cierto los ingresos percibidos a partir de las minutas de compraventa, donde la sujeto pasivo se identifica como “LA VENDEDORA, consignando en cada una de ellas su firma, importes ratificados en los respectivos Formularios 430 (Transmisión o Enajenación de Bienes) y en virtud del artículo 47 de la Ley 2492, al desconocer los gastos incurridos, por la actitud obstaculizadora de la sujeto pasivo, procedió a hacer uso de las amplias facultades emanadas por Ley, acudiendo a realizar una búsqueda de elementos probatorios (Big Data, Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, Consejo de la Magistratura, Notarios de Fe Pública, Cámara Departamental de la Construcción, Colegio de Arquitectos de Cochabamba, Instituto Nacional de Estadísticas (INE), siendo que, los medios extrañados como peritajes, cuestionarios, entrevistas o cruces a proveedores, tampoco podrían haber dado como resultado el conocimiento cierto del gasto como pretende hacer ver la sujeto pasivo (páginas 5257 del acto impugnado). 

Prosiguió citando el artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio 10-0017-13, y señaló que las circunstancias y hechos previstos en el artículo 44 de la Ley 2492, fueron los que validaron legalmente la aplicabilidad del método de determinación de la base imponible sobre base presunta; que la técnica utilizada (inciso d) del artículo 8 de la Resolución Normativa de Directorio 10-0017-13), se encuentra prevista mediante reglamento; que, la técnica contribuyentes similares, no es de aplicación por las condiciones que exige dicha técnica. 

Citó los artículos 80 de la Ley 2492 y 11 de la Resolución Normativa de Directorio 10 0017-13, y señaló la inexistencia de argumento razonable para aludir conculcación de 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

derechos, siendo que la técnica utilizada refiere de manera concreta los elementos y datos 

utilizados de cada contribuyente (A y B); refirió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT RJ-0446/2020 de 26 de febrero de 2020 y aclaró que, el porcentaje promedio del costo de los materiales, la mano de obra y otros gastos indirectos (68.76%), no incluye el costo del terreno, que fue determinado siguiendo criterios propios al caso concreto detallado en la Vista de Cargo (páginas 58-60 del acto impugnado). 

Asimismo, la Administración Tributaria al momento de evaluar los descargos planteados por la sujeto pasivo, preciso en el acto impugnado, que cada una de las minutas de compraventa identifica a la recurrente como vendedora; y como enajenante o cedente, en los formularios de transmisión o enajenación de bienes, además, s

esolución Ejecutiva No 070/2012 emitida por el Gobierno Autónoma Municipal de Cercado Cochabamba, resulta ser la solicitante para la aprobación del plano de “DIVISIÓN EN PROPIEDAD HORIZONTAL“que también la identifica como propietaria del Edificio Plaza Real. Agregó que, la definición de Empresa recae en la redacción normativa a fines del IUE, no así de lo que el sujeto pasivo entiende en un amplio sentido conceptual; y en caso de existir otra razonable explicación, en el marco del ejercicio de la carga de prueba, la sujeto pasivo debió demostrar el mismo, puesto que el argumento de probar la categoría conceptual de constructor a fines de lo que la sujeto pasivo entiende es subjetivo (página 60 del acto impugnado). 

Sobre la información de los contribuyentes A y B, la entidad recurrida citó el artículo 67 de la Ley 2492, señalando que el mismo, prevé el levantamiento de la confidencialidad, ante la vía llamada por Ley, ya que la Vista de Cargo contiene los elementos suficientes para establecer técnica y legalmente los costos a los cuales arribó. Amplió que, el derecho a la defensa fue, es y será respetado, siendo que los elementos que extraña la sujeto pasivo de los contribuyentes A y B y su nexo, con la imposibilidad de ejercer activamente el derecho a la defensa, no fueron establecidos, menos hizo uso de la prueba en contrario. Replicó que, respecto a los costes, los datos con los que cuenta la Administración Tributaria surgieron de la aplicación técnica y normativa referida ampliamente en la Vista de Cargo, y en caso de objetar la utilidad, está debería ser mediante prueba en contrario (página 60 del acto impugnado). 

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Prosiguiendo con el análisis del acto impugnado, respecto a la valoración de los descargos, se advierte que, la entidad recurrida también, transcribió los argumentos de la 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaranl) 

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sujeto pasivo, respecto a las “CONSIDERACIONES GENERALES, y sobre el principio de verdad material, después de citar la Sentencia Constitucional N° 0427/2010-R de 28 de junio, señaló: (...) siendo que la verdad formal no exigiría en ningún momento iniciar un proceso determinativo a una persona no inscrita, y tal sentido es contrario al principio de verdad material y al principio de legalidad signado en las Leyes No 2492, 2341, asi como a la propia Constitución Política del Estado”. Precisó que, sobre la igualdad exigida por la sujeto pasivo para con los inmuebles y construcciones comparadas, la técnica utilizada para la determinación, en ningún momento refirió “contribuyentes iguales”; pues la comparativa no podría ser jamás demostrable por el principio de no contradicción; que, los parámetros referidos en artículo 96 de la Ley 2492 se ajustaron al presente caso y rige la prueba en contrario. Citó la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ0447/2020 y sostuvo que, el procedimiento determinativo cuenta con los elementos suficientes para en primera instancia colegir el acaecimiento del hecho generador, su perfeccionamiento y la calidad de sujeto pasivo de Dehne Delgadillo Lourdes (páginas 60-62 del acto impugnado). 

Expuso que, en el cuadro cursante a fojas 37 de la Vista de Cargo: DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE E IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS IUE SOBRE BASE PRESUNTA”, figura el Estado de Resultados e identifica que la sujeto pasivo no presentó información respecto a gastos de operación y otros egresos incurridos, y aún dentro las amplias facultades otorgadas a la Administración Tributaria, no pudo identificar los mismos. Punteó que, la deducibilidad de dichos gastos/egresos de la base imponible, fueron de entera responsabilidad de la sujeto pasivo y que, a fines netamente contables, el no consolidar valor alguno en estas partidas no implica que las mismas no existan. Respecto a la documentación obtenida por el Servicio de Impuestos Nacionales en el proceso determinativo, citó los artículos 71 de la Ley 2492 y 4 inciso d) de la Ley 2166, señalando que, la información y datos obtenidos gozan de legalidad y legitimidad, máxime cuando la sujeto pasivo se negó a proporcionar datos a la Administración Tributaria (página 63 del acto impugnado). 

Sobre la prescripción planteada por la sujeto pasivo, como descargo a la vista de Cargo, la Administración Tributaria, en la Resolución Determinativa impugnada, después de citar los artículos 5 de la Ley 2492; 232 de la Constitución Politica del Estado; y 3 inciso f) del Decreto Supremo 29894, sostuvo que, a efectos de dar estricto cumplimiento con el 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

principio de Legalidad, debe regir sus actuaciones -como sujeto activo- por las disposiciones legales vigentes. Expuso las modificaciones realizadas a los artículos 59 y 60 la Ley 2492, mediante las Leyes 291, 317 y 812, para después señalar que, lo dispuesto en la Ley 812 es aplicable al presente caso, al ser de mayor beneficio en relación a la anterior modificación. 

Asimismo, dejó sentado que, de acuerdo a la consulta al Sistema de Recaudo para la Administración Tributaria (SIRAT II), la sujeto pasivo no cuenta con registro ante la Administración Tributaria; y que, la Ley 812 establece un cómputo de prescripción de 8 años, más 2 años adicionales en virtud a la conducta obstaculizadora de la contribuyente, motivo por el cual, sosteniendo que la facultad para determinar la deuda tributaria, no prescribió (páginas 63-65 del acto impugnado). 

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Agregó que, sin convalidar el error de interpretación forzada de la-sujeto pasivo de los cinco (5) años, no fue considerado la ampliación de 3 años por no inscribirse en los registros pertinentes:0 se inscribiera en un régimen tributario diferente al que le corresponde, por lo que aún bajo la interpretación de la sujeto pasivo, la prescripción tampoco operó (página 65 del acto impugnado).

Finalmente, respecto al PETITORIO” de la sujeto pasivo, realizado en el memorial de descargo a la vista de Cargo, la entidad recurrida señaló, que en el presente caso, no evidenció causales para que opere la nulidad, conforme los artículos 35 y 36 de la Ley 2341. Al efecto, citó los Autos Supremos Nos. 223/2013 de 6 de mayo de 2013 y 473 de 20 de noviembre de 2012 y doctrina sobre la nulidad o reposición de obrados como una medida de última ratio, subordinada a la concurrencia de determinados principios procedimentales (página 65 del acto impugnado). 

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Ahora bien, del análisis a los argumentos ofrecidos por la sujeto pasivo como descargo a la Vista de Cargo a través de su nota de 12 de junio de 2020 y el contenido de la Resolución Determinativa impugnada, desarrollados en los párrafos anteriores, resulta 

evidente que la Administración Tributaria atendió los descargos presentados por la 

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administrada, efectuando una explicación y fundamentación respecto a las razones por 

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las que no resultarían suficientes cada uno de los argumentos planteados por la recurrente 

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para desvirtuar los cargos establecidos en la citada Vista de Cargo. 

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Consecuentemente, se infiere que el Servicio de Impuestos Nacionales cumplió lo dispuesto en los numerales 2, 6 y 7 del artículo 68 de la Ley 2492, al resolver -inicialmente en la Vista de Cargo-los argumentos expuesto por la sujeto pasivo mediante notas de 10 de enero, 7 de marzo, y 23 de abril de 2019; y posteriormente, en el acto impugnado, todos los aspectos planteados como descargo a la vista de Cargo; quedando evidenciado la no existencia de vulneración al debido proceso y derecho a la defensa establecidos en el parágrafo II del artículo 115 y parágrafo 1 del artículo 117 de la Constitución Política del Estado, aspecto que permite advertir que, sobre el punto en particular, la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa impugnada, dieron cumplimiento a lo dispuesto por el parágrafo I del artículo 96 y parágrafo II del artículo 99 de la Ley 2492; por consiguiente, corresponde desestimar lo agraviado al respecto

IV.2. Sobre el incumplimiento de plazo para emitir y notificar la vista de Cargo. La parte recurrente, afirmó que la Orden de Verificación No 18300200114 fue notificada el 27 de diciembre de 2018 y la Vista de Cargo fue maneiada para que figure como si hubiera 

sido emitida el 23 de diciembre de 2019, cuando la misma fue notificada el 4 de marzo de 2020, casi tres meses después, lo que evidencia el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 2492. Citó lo dispuesto en el artículo 33 y el inciso d) del artículo 28 de la Ley 2341, para señalar que la notificación de la Vista de Cargo es nula, en aplicación del inciso c) del artículo 35 de la referida Ley, siendo que precluyó el derecho del ente recaudador para notificar la Vista de Cargo. 

Asimismo, agregó que resulta necesario precautelar el derecho de los sujetos pasivos a que los plazos se cumplan, lo contrario implicaría contravenir el principio de sometimiento pleno a la Ley. En resguardo de sus argumentos, citó el artículo 4 y el inciso i) del artículo 16 de la Ley 2341

Por su parte, la Administración Tributaria afirmó que la Ley 2492 no contempla la caducidad o pérdida de sus facultades ante el incumplimiento de plazo, cuando el artículo 104 de dicho cuerpo legal, no recoge en su texto un término de perentoria; y si bien debe observar el plazo dispuesto, su inobservancia no causa la pérdida de la facultad de determinar la deuda tributaria o dejar sin efecto la presunción de deuda establecida, sino que, conforme a los artículos 35 y 36 de la Ley 2341, será considerado como un acto anulable, cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. 

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Agregó que, por el principio de especificidad no es posible declarar la nulidad de una actuación y no obstante que, entre la emisión de la Vista de Cargo y su notificación, transcurrieron más de cinco días, la norma no estableció de forma expresa que las notificaciones fuera de plazo pueda causar la anulabilidad del acto, además que la sujeto pasivo presentó descargos en el plazo de 30 de días; por tanto, no le causó indefensión. 

Precisados los argumentos de las partes intervinientes, corresponde precisar que la doctrina administrativa considera en general que: “Los vicios determinan las consecuencias que ocasionan, conforme a un criterio cualitativo, de práctica jurisprudencial y política jurídica; así a menor grado del vicio, el acto puede ser válido o anulable; por el contrario si el vicio es grave o muy grave, el acto será nulo y sólo en casos de grosera violación del derecho o falta de seriedad, será inexistente” (GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo 3, p. XI-40). Asimismo, Manuel Ossorio en el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Pág: 90, considera anulable: “La condición de los actos o negocios jurídicos que pueden ser declarados nulos e ineficaces por existir en su constitución un vicio o defecto capaz de producir tal resultado, los actos ‘anulables son válidos mientras no se declare su nulidad”. 

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– 

Por otra parte, la normativa tributaria, más propiamente el artículo 96 de la Ley 2492,. señala que: 9 La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, 

verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre base 

cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado (…) Il. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según corresponda”. 

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Asimismo, el artículo 98 del citado cuerpo legal, respecto a los descargos, dispone lo siguiente: “Una vez notificada la vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para formular y presentar los descargos que estime convenientes (…)”. 

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9001 TENORCA Sistema de Gestión 

da lacadad Cautica N771/14 

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También el parágrafo V del artículo 104 de la Ley 2492, prevé que desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no podrán transcurrir más de doce (12) meses; sin embargo, cuando la situación amerite un plazo más extenso, previa solicitud fundada, la máxima autoridad ejecutiva de la Administración Tributaria podrá autorizar una prórroga hasta por seis (6) meses más. 

Ahora bien, de la revisión de antecedentes administrativos, se advirtió que la Administración Tributaria realizó las siguientes actuaciones relevantes en el procedimiento de determinación, expuestas en el siguiente cuadro referencial

Antecedentes Administrativos 

Fecha de Emisión 

Fecha de Notificación 

Fojas de antecedentes. administrativos 

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11/12/2018 

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Orden de Verificación No iB3002001 14 

Vista de Cargo 

N° 291930000684 Resolución Determinativa 

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23/12/2019 

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1477-1544 y 1548 

Del cuadro que antecede, se colige que la sujeto pasivo fue notificada con la Orden de Verificación No 18300200114, el 27 de diciembre de 2018; una vez concluido el proceso de verificación, la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Vista de Cargo N° 291930000684 el 23 de diciembre de 2019, acto notificado a la parte recurrente el 4 de marzo de 2020; finalmente, el 31 de julio de 2020 emitió la Resolución Determinativa N° 172030000384, que fue notificado el 26 de agosto de 2020. 

Conforme a la normativa descrita en párrafos previos, desde la notificación con la Orden de Verificación No 18300200114, la Administración Tributaria tenia el plazo de 12 meses para la conclusión del proceso iniciado con la referida Orden de Verificación; plazo en el cual, emitió la Vista de Cargo N° 291930000684 de 23 de diciembre de 2019, que fue notificada a la sujeto pasivo el 4 de marzo de 2019, otorgando a la sujeto pasivo el plazo de 30 dias para la presentación de documentación de descargo, conforme lo establecido en el artículo 98 de la Ley 2492; y que cumplido dicho plazo, la Administración Tributaria tenía sesenta (60) días para la emisión de la Resolución correspondiente 

De lo expuesto previamente, se infiere que la Administración Tributaria emitió la mencionada Vista de Cargo N° 291930000684 de 23 de diciembre de 2019, dentro del plazo de los 12 meses previsto por el parágrafo V del artículo 104 de la Ley 2492

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asimismo, cabe hacer notar que la sujeto pasivo notificada con dicho acto, contaba con el plazo de treinta (30) días, establecido en el artículo 98 de la Ley 2492, a fin de aportar la documentación e información de descargo que considere pertinente y así ejercer su derecho a la defensa. 

En consecuencia, no resultó evidente el reclamo aludido por la sujeto pasivo, sobre la vulneración del derecho al debido proceso y la seguridad jurídica, toda vez que, la Vista de Cargo fue emitida dentro del plazo previsto por Ley: û que de antecedentes administrativos, se advierte que la sujeto pasivo, ejerció su derecho a la defensa que la Ley otorga, toda vez que presentó la nota de 12 de junio de 2020, como descargo a la Vista de Cargo 291930000684 de 23 de diciembre de 2019 (fojas 14261448 de antecedentes administrativos). 

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Por otro lado, en relación a lo argumentado por la recurrente, respecto a que la Orden de Verificación No 18300200114, fue notifịcada el 27 de diciembre de 2018 y la Vista de Cargo, 291930000684, el 4 de marzo de 2020, es decir, casi 1 año y 3 meses, entre la notificación de un actuado y el otro; es importante precisar que, el parágrafo V del artículo 104 de la Ley 2492 desarrollado en párrafos anteriores, establece un plazo de doce (12) meses, desde la notificación de la Orden de Verificación, para la emisión de la Vista de Cargo, más no estipula un plazo que incluya la notificación de la Vista de Cargo, mucho menos dispone la concurrencia de caducidad y mucho menos de la nulidad de algún acto administrativo ante dicho escenario, debiendo en consecuencia desestimar el reclamo de la sujeto pasivo al respecto. 

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Sobre el inciso d) del artículo 28 e inciso c) del artículo 35 de la Ley 2341, aludidos por la sujeto pasivo, sosteniendo que, uno de los elementos esenciales del acto administrativo es el procedimiento, como instrumento para garantizar la efectividad de sus derechos; por lo que, la emisión y notificación de la Vista de Cargo sería nula; corresponde señalar, que conforme constan en antecedentes administrativos, las diferentes diligencias de notificación de todos los actos emitidos por la Administración Tributaria, es decir, desde la Orden de Verificación No 18300200114 (inicio del proceso determinativo), Vista de Cargo N° 291930000684 (conclusión del trabajo de campo) y finalmente la Resolución Determinativa N° 172030000384 (acto definitivo del proceso determinativo), fueron de pleno conocimiento de la recurrente. 

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Prueba de lo señalado en el párrafo previo, es que, la parte recurrente, a la notificación de la Orden de Verificación, presentó la nota de 10 de enero de 2019, y una vez notificada la Vista de Cargo, presentó descargos a dicho acto administrativo (fojas 17 19 y 1426-1448 de antecedentes administrativo), para finalmente, conociendo el contenido del acto definitivo (Resolución Determinativa), interponer en los plazos previsto por Ley, el recurso objeto de análisis; es así que lo descrito previamente, evidencia que no hubo transgresión al debido proceso en el derecho a la defensa de la sujeto pasivo, dentro del procedimiento de determinación llevado a cabo en su contra. 

Por otra parte, sobre lo aludido por la sujeto pasivo, respecto a que la Vista de Cargo fue “hábilmente manejada” para que figure como si hubiera sido emitida el 23 de diciembre de 2019, cuando la misma fue notificada el 4 de marzo de 2020; precisar que, a fojas 13401378 de antecedentes administrativos, cursa la Vista de Cargo No 291930000684 de 23 de diciembre de 2019, no evidenciando ningún tipo de alteración a la fecha de emisión del citado acto administrativo. Al respecto, es importante señalar que los reclamos planteados por la parte recurrente, deben contar con fundamentos de hecho y derecho, así como la prueba que demuestre lo aseverado por lo que m

podria la sujeto pasivo exponer vulneraciones bajo alegaciones carentes de sustento técnico legal asi como prueba documental; por tanto, corresponde desestimar dicha alegación al amparo de lo establecido en el artículo 76 de la Ley 2492. 

En consecuencia, al advertir que la vista de Cargo, fue emitida en el plazo previsto en el artículo 104 la Ley 2492 y que, la notificación de la Vista de Cargo, después del plazo (5 días) dispuesto en el artículo 33 de la Ley 2341, no se encentra sancionada de nulidad y mucho menos influyó en el proceso de determinación como tal, tampoco privó a la recurrente de su derecho a la defensa para presentar los descargos que crea conveniente en el transcurso de la verificación, corresponde desestimar el reclamo planteado por el recurrente al respecto. 

IV.3. Fundamentación en la atribución de sujeto pasivo del IVE. La parte recurrente señaló, que a pesar de los descargos presentados, relacionados con el nacimiento de la obligación tributaria atribuida, la Administración Tributaria replicó el 

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III 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

contenido de la Vista de Cargo, forzando la aplicación de los artículos 37, 39 y 41 de la 

Ley 843, sin expresar mayor elemento de análisis y evaluación. 

Manifestó que por el principio de legalidad y transparencia, el alcance de la verificación, vulneró el derecho al debido proceso como el principio de transparencia, correspondiendo la anulación del proceso hasta la Orden de Verificación, siendo que el alcance no corresponde a actividad desarrollada y de esta manera, vicio de nulidad la emisión de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, por carecer de los elementos necesarios para alcanzar su fin, existiendo una falta de fundamentación en la norativa que regula la aplicación del IUE. 

Puntualizó que, el ente fiscalizador, transcribió normativa, empero no explicó ni desarrollo la forma en que la misma se adecúa al hecho fáctico que hacen a la conducta; agregó que la Resolución Determinativa es copia fiel y exacta de la Vista de Cargo, no estableciendo con claridad los fundamentos y razones técnicas para la determinación sobre base presunta y la aplicación de la técnica otros, limitándose a señalar la aplicación de los artículos 43, 44 y 45 de la Ley 2492 y 8 inciso d) de la Resolución Normativa de Directorio 10-0017-13. 

Señaló que la resolución impugnada acomodó los elementos invocados a su antojo y los situó en el artículo 153 de la Ley 2492, en franca contradicción a lo verdaderamente invocado, generando confusión y falta de respuesta a los argumentos desarrollados. 

En respuesta, la Administración Tributaria manifestó que la Vista de Cargo y Resolución Determinativa cumplen con los parágrafos I y Il del artículo 96 y parágrafo II del artículo 99 de la Ley 2492, cumpliendo con la debida fundamentación y motivación que sustente la determinación sobre base presunta, al exponer los antecedentes de hecho y de derecho que justifican las razones del cargo formulado en contra de la sujeto pasivo, Además, señaló que la información de los contribuyentes “A” y “B” se encuentran en la Vista de Cargo y en la Resolución Determinativa, lo que impide alegar su desconocimiento e indefensión, conteniendo los elementos y valoraciones que fundamentan la determinación de los costos de construcción sobre base presunta, no teniendo relevancia, ni afecta el derecho a la defensa, el conocer sus nombres, al ser documentación considerada confidencial en virtud al parágrafo 1 del artículo 67 de la Ley 2492. 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vao (Guaraní) 

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Expuestos los argumentos de las partes procesales, corresponde señalar que la doctrina administrativa respecto al vicio procesal, precisa que: “(…) los vicios determinan las consecuencias que ocasionan, conforme a un criterio cualitativo, de práctica jurisprudencial y política jurídica; así a menor grado del vicio, el acto puede ser válido o anulable; por el contrario si el vicio es grave o muy grave, el acto será nulo y sólo en casos de grosera violación del derecho o falta de seriedad, será inexistente” (GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo 3. p. XI-40)

En cuanto a la fundamentación y motivación de las resoluciones, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0991/2015-S1 de 26 de octubre, a través de su razonamiento juridico jurisprudencial, señaló: (...) Por su parte, la motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales resulta ser una condición de validez de las resoluciones judiciales, puesto que la credibilidad de la administración de justicia radica básicamente en que las decisiones plasmadas en resoluciones estén debidamente motivadas y fundamentadas. La fundamentación implica explicar las razones jurídicas de la decisión judicial, es decir, la cita a las normas jurídicas (Constitución Política del Estado, normas del bloque de constitucionalidad, leyes, etc., asi como jurisprudencia constitucional y ordinaria) que son aplicables al caso(las negrillas son añadidas)

Continuo: “(...) en tanto que la motivación consiste en establecer los motivos concretos de porqué el caso analizado se subsume en dichos fundamentos jurídicos, pudiendo intervenir en el análisis inclusive motivos de indole cultural, social, axiológico, entre otros, que guiaron a la autoridad judicial a tomar una decisión de una determinada forma. (…) En función a las consideraciones antes señaladas, la importancia de la fundamentación y motivación de las decisiones judiciales, radica básicamente en que el juzgador, a tiempo de emitir su veredicto debe plasmar de manera clara, las razones, motivos y, explicar las normas en las que fundó su decisión, de modo que los justiciables tengan el conocimiento y control sobre la resolución que les involucra a ellos en su condición de partes en la sustanciación del proceso‘; entendimientos que no pueden limitarse exclusivamente al proceso judicial, sino también al administrativo o corporativo, conforme a la citada SCP 2184/2012″. 

– 

– 

En concordancia con lo expuesto previamente, la Sentencia Constitucional Plurinacional 1302/2015 de 13 de noviembre, entre otras, refiere que: “(…) la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de 

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forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas nomas se tendrán por vulneradas

Por su parte, el parágrafo II del artículo 115 y parágrafo I del artículo 117 de la Constitución Política del Estado, establecen que, el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, y que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido orda y juzgada previamente en un debido proceso. En ese marco, los numerales 6 y 7 del artículo 68 de la Ley 2492, contempla como derechos del sujeto pasivo el Debido Proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada, ‘a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalden los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados y a presentar todo tipo de prueba y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por la Administración Tributaria. 

En la normativa tributaria, el parágrafo del artículo 96 de la Ley 2492 señala: “La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Deteminativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación, Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudadoy el parágrafo 11 del artículo 99 del mismo cuerpo legal dispone que: La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón 

social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho 

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y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa”. 

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Por otra parte, el inciso e) del artículo 28 de la Ley 2341, establece como requisitos esenciales del acto administrativo, entre otros, el fundamento, el cual debe expresar en 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oromita mbaerepi Vao (Guarani) 

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forma concreta las razones que inducen a emitir el acto. Asimismo, el parágrafo ll del artículo 31 del Decreto Supremo 27113, sobre la motivación de los actos, establece que: “La motivación expresará sucintamente los antecedentes y circunstancias que resulten del expediente; consignará las razones de hecho y de derecho que justifican el dictado del acto; individualizará la norma aplicada, y valorará las pruebas determinantes para la decisión”. 

Finalmente, el parágrafo Il del artículo 36 la Ley 2341, aplicable supletoriamente al caso, en virtud del numeral 1 del artículo 74, de la Ley 2492, dispone que el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados

Ahora bien, expuestas las posiciones de las partes y el marco normativo inherente al reclamo, inicialmente corresponde la revisión de la Vista de Cargo N° 291930000684 de 23 de diciembre de 2019, acusada por la parte recurrente de carecer de los elementos necesarios para alcanzar su fin, por vulnerar el derecho al debido proceso al no corresponder a la actividad desarrollada y ante la falta de fundamentación en la normativa que regula la aplicación del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, no explicando la forma en que la misma se adecúa a la conducta. 

En ese contexto, revisado el contenido de la Vista de Cargo N° 291930000684, cabe señalar que el referido acto administrativo identificó que: “4...) la sujeto pasivo DEHNE DELGADILLO LOURDES ha utilizado capital, ya que adquirió terrenos (tierra) para la construcción del Edificio “Plaza Real; coordinando capital en la compra de materiales y otros costos indirectos y trabajo en la mano de obra utilizada para el efecto y posteriormente procedió a la venta de departamentos, parqueos y bauleras en la gestión fiscalizada (enero a diciembre de la gestión 2013) obteniendo utilidades de fuente boliviana conforme establece el Art. 42 de la Ley 843, que no fueron declaradas conforme a Ley, omitiendo la cancelación del impuesto correspondiente a la utilidad neta imponible obtenida en dichas transferencias” (fojas 1341 de antecedentes administrativos)

A continuación, la entidad recurrida señaló: “Al respecto cabe mencionar que se consideran de fuente boliviana según el inciso d) del Art. 4 del DS N 24051 toda otra utilidad que haya sido generada por bienes materiales o inmateriales y por derecho

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situados, colocados o utilizados económicamente en el país o que tenga su origen en hechos o actividades de cualquier índole, producidos o desarrollados en el país. Por lo tanto, la actividad realizada por la sujeto pasivo fue de carácter industrial de construcción y posteriormente comercial (como generador de utilidades) motivo suficiente para determinar que está sujeta al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE)” (fojas 1341 de antecedentes administrativos). 

Dicha entidad, concluyó sus argumentos; sosteniendo: “En consecuencia, la sujeto pasivo DEHNE DELGADILLO LOURDES es sujeto pasivo del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) en el entendido que ha utilizado capital para la compra de los terrenos donde se construyó el Edificio “Plaza Real”, posteriormente realizó la construcción de los departamentos, parqueos, y bauleras en propiedad horizontal, sobre los terrenos mencionados precedentemente, no para ser utilizados como vivienda ni otro fin de Indole personal, sino para proceder a vender departamentos, parqueos y bauleras en la gestión fiscalizada (enero a diciembre de la gestión 2013), obteniendo INGRESOS NO DECLARADOS y por ende una UTILIDAD IMPONIBLE NO DECLARADA, que es alcanzada por el UE. Asimismo, para fines de la determinación, es evidente que la sujeto pasivo realizó una actividad industrial de construcción para su comercialización, por lo que en virtud del Articulo 37 de la Ley N° 843 que señala que las empresas unipersonales son sujetos del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) y según el Artículo 39 de la Ley 843, a los fines de este impuesto se entenderá por empresa toda unidad económica, inclusive las de carácter unipersonal, que coordine factores de la producción (capital, tierra y trabajo) en la realización de actividades industriales y comerciales (entre otras), queda demostrado y fundamentado que la sujeto pasivo DEHNE DELGADILLO LOURDES con C./. 623958 es sujeto pasivo del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) al haber realizado la construcción del Editicio “PLAZA REAL” para realizar la actividad comercial de venta de departamentos, parqueos y bauleras, obteniendo utilidades que son de fuente boliviana conforme establece el Art. 42 de la Ley N° 843(fojas 1341-1342 de antecedentes administrativos). 

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Continuando con la compulsa de la referida Vista de Cargo N° 291930000684, en numeral 7 del acápite “HECHOS, ACTOS, DATOS, ELEMENTOS Y VALORACIONES DE FUNDAMENTO A LAS OBSERVACIONESel Servicio de Impuestos Nacionales señaló: Con la finalidad de obtener información respecto al registro del Edificio PLAZA REAL” 

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AV: Oquendo N°381 entre Venezuela y Ecuador; Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012• www.ait.gob.bo. Cochabamba, Bolivia 

referida a la propiedad del inmueble, número de matrícula, superficie, N° de Escritura Pública y la fecha de venta que permiten establecer las transacciones realizadas en la gestión fiscalizada, en mérito al Convenio Interinstitucional del Servicio de Impuestos Nacionales (S.I.N.) y el Consejo de la Magistratura, se han extraído los registros del Sistema SINAREPWEB- Folio Real de Derechos Reales de cada una de las matrículas de los departamentos, parqueos y bauleras por plantas desde el sótano hasta el último piso construido del Edificio “PLAZA REAL. Como resultado del procedimiento aplicado, se ha podido identificar a la sujeto pasivo como propietaria del terreno y Departamentos en Propiedad Horizontal y de los nuevos copropietarios, evidenciando que la sujeto pasivo efectuó la venta de bienes inmuebles en Propiedad Horizontal consistente en Departamentos, Parqueos y Bauleras (...)” para luego señalar el detalle de los bienes inmuebles transferidos (fojas 13441353 de antecedentes administrativos). 

Por lo desarrollado previamente, se colige que la Vista de Cargo N° 291930000684, expuso la fundamentación que permitió al sujeto pasivo conocer la actividad que, a entender de la Administración Tributaria, se constituyó en el hecho generador del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, concibiéndola como el uso de capital para la construcción y posterior venta de departamentos, parqueos y bauleras en la gestión fiscalizada (enero a diciembre de la gestión 2013). 

Asimismo, se advirtió que la entidad recurrida citó la normativa concerniente a la relación de la actividad de la sujeto pasivo y el nacimiento de la obligación tributaria, alegando la aplicación de los artículos 37, 39 y 42 de la Ley 843, concluyendo que las empresas unipersonales son sujetos del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), reiterando que la sujeto pasivo se encuentra alcanzada por el mencionado impuesto a consecuencia de la construcción del Edificio “Plaza Real” con el objetivo de realizar la actividad comercial de venta de departamentos, parqueos y bauleras, generando de esta forma utilidades de fuente boliviana, señalando además los bienes inmuebles trasferidos onerosamente. 

En ese entendido, se evidencia que la Vista de Cargo N° 291930000684 contiene la fundamentación exigida por el artículo 96 de la Ley 2492, así como lo previsto en el inciso e) del artículo 28 de la Ley 2341, al explicar la relación establecida entre la conducta 

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atribuida a la sujeto pasivo y la normativa aplicable al caso; en consecuencia, corresponde desestimar lo alegado al respecto por la parte recurrente. 

Así también, la sujeto pasivo como parte de su reclamo, la sujeto pasivo sostuvo que la Resolución Determinativa N° 172030000384 replicó el contenido de la Vista de Cargo, sin expresar análisis ni establecer con claridad los fundamentos y las razones técnicas para la determinación sobre base presunta y el uso de la técnica “otros”, limitándose a señalar la normativa, acomodando los argumentos vertidos en el artículo 153 de la Ley 2492, generando confusión y falta de respuesta a los argumentos desarrollados. 

Sobre lo aludido por la recurrente, al respecto, es necesario aclarar que el parágrafo I del artículo 96 de la Ley 2492 dispone que la Vista de Cargo contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa; en ese entendido, se encuentra expresa la fundamentación desarrollada previamente en la Vista de Cargo; asimismo, fija la base imponible sobre base: cierta o presunta, según corresponda; en tal sentido, la Resolución Determinativa deberá contener la fundamentación contenida previamente en la vista de Cargo y cumplir los preceptos del parágrafo II del artículo 99 del Código Tributario Boliviano, aspecto que se constituirá en base para la revisión de la fundamentación del acto impugnado. 

– 

Ahora bien, con relación al análisis, fundamentación y razones técnicas para establecer la base imponible sobre base presunta, revisada la Resolución Determinativa No 172030000384, ésta dispuso: “(…) siendo que es irrefutable la coordinación de factores de producción para la construcción y posterior venta de los bienes inmuebles referidos, asimismo el objeto de la solicitud de documentación tiene que ver con el cumplimiento del artículo 47° del mismo cuerpo legal, que establece: La utilidad neta 

imponible será la resultante de deducir de la utilidad bruta (ingresos menos gastos de 

venta) los gastos necesarios para su obtención y conservación de la fuente. De tal modo 

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que, a los fines de la determinación de la utilidad neta sujeta a impuesto, como principio general, se admitirán como deducibles todos aquellos gastos que cumplan la condición de ser necesarios para la obtención de la utilidad gravada y la conservación de la fuente que la genera, incluyendo los aportes obligatorios a organismos reguladores – supervisores, las previsiones para beneficios sociales y los tributos nacionales y municipales que el reglamento disponga como pertinentes”. 

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Prosiguió señalando: “Dicha disposición guarda relación ammónica con lo dispuesto en el artículo 8o del Decreto Supremo N° 24051 que dispone: Dentro del concepto de gastos necesarios definido por la Ley como principio general y ratificado en el Artículo precedente, se consideran comprendidos todos aquellos gastos realizados, tanto en el país como en el exterior, a condición de que estén vinculados con la actividad gravada y respaldados con documentos originales. Por lo expuesto, la Administración Tributaria solicito información referida a costos y/o gastos con la finalidad de contar con elementos que lleven a un ejercicio determinativo sobre base cierta(énfasis añadido) (fojas 1499 de antecedentes administrativos). 

Párrafos siguientes la Administración Tributaria señaló: (...) Siendo que la devolución de los requerimientos de información no invalidó la eficacia de dichos actuados, teniendo como consecuencia única el entorpecimiento del ejercicio determinativo sobre base cierta, habilitando a la Administración Tributaria la facultad de realizar dicho ejercicio sobre base presunta(fojas 1501 de antecedentes administrativos)

A continuación la entidad recurrida concluyó: (…) asimismo el hecho de haber devuelto los requerimientos realizados no invalida su eficacia legal, demostrando este hecho únicamente su afán de obstaculizar el ejercicio de las facultades otorgadas por Ley, incumpliendo el numeral 6 del artículo 70° de la Ley 2492 asumiendo conductas que en definitiva no permiten el desarrollo de las facultades de Fiscalización, así pues dicho comportamiento y conducta no permitió determinar sus obligaciones sobre base cierta, sin embargo esta circunstancia derivó en el ejercicio de la determinación de la base imponible sobre base presunta, conforme dispone el numeral 3 del artículo 44o de la Ley 2492″ (fojas 1501 de antecedentes administrativos)

Asimismo sostuvo que: “Por lo expuesto correspondió aplicar el método sobre Base Presunta, debido a que conforme se expone a continuación la Administración Tributaria agotó los medios para efectuar la determinación sobre base cierta, al no haber presentado el sujeto pasivo la información que permita conocer de manera indubitable el Costo de Construcción (Materiales. mano de obra y otros co indirectos de construcción) del Edificio “PLAZA REAL, por lo que no se cuenta con dicho elemento que influye en la determinación de la base imponible, no pudiendo conocer de 

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forma directa e indubitable el componente de la obligación tributaria” (fojas 1504 de antecedentes administrativos). 

Lo señalado en párrafos previos permite evidenciar que la Resolución Determinativa No 172030000384 expresa que el ente fiscalizador solicitó a la sujeto pasivo información que permita constatar la determinación de la utilidad neta imponible, los ingresos percibidos y los gastos necesarios para la obtención y conservación de los bienes inmuebles transferidos, requiriendo expresamente los costos y/o gastos incurridos en la actividad gravada desarrollada; sin embargo, aclaró que la sujeto pasivo devolvió los requerimientos de información entorpeciendo del ejercicio determinativo sobre base cierta, habilitando de esta manera a la Administración Tributaria la facultad de realizar dicho ejercicio sobre base presunta. 

En este sentido, es’evidente que el acto impugnado expuso las razones que motivaron la determinación sobre base presunta de la obligación atribuida a la recurrente, al afirmar que agotó los medios, para efectuar la determinación sobre base cierta, ante la falta de presentación de la sujeto pasivo, de información que permita conocer de manera indubitable el costo de construcción del Edificio “Plaza Realque posteriormente fue comercializado en propiedad horizontal; encontrándose de esta forma el_ente_fiscal, imposibilitado de conocer de forma directa e indubitable el componente de la obligación tributaria; en consecuencia, la motivación así como la fundamentación desarrollada por la Administración Tributaria en el acto impugnado, resulta congruente con los hechos advertidos y se enmarcan con lo dispuesto en la normativa tributaria vigente, debiendo desestimar lo contrariamente alegado por la sujeto pasivo. 

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Por otra parte, en lo concerniente a la fundamentación de la aplicación de la técnica “otros, la merituada Resolución Determinativa expuso: En este entendido, a efectos de cuantificar la base imponible, se solicitó la aprobación de una técnica sobre Base Presunta que permita determinar los costos de construcción (mano de obra, materiales y otros costos indirectos) de conformidad a lo dispuesto en el inciso d) Otras” del Artículo 80 (Medios por inducción) de la Resolución Normativa de Directorio N° 10 0017-13 de 8 de mayo de 2013 (...) habiéndose remitido el Informe con CITE: SIN/GDCBBADF/G3/E/INF11092/2019 de fecha 26 de abril de 2019, la misma fue aprobada mediante nota con CITE: SINGFDNCCINOT/865/2019. En consecuencia, para 

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el cálculo del costo de construcción se efectuó el siguiente análisis: en el proceso de verificación se ha considerado el concepto de características afines, (); identificándose en este entendido a los contribuyentes A y B, los cuales cuentan con ciertas características afines con la sujeto pasivo(fojas 1505-1506 de antecedentes administrativos). 

Asimismo, señaló: “En este entendido, la información obtenida de los contribuyentes Ay B se constituye en un recurso estratégico, elemento a partir del cual, se identifica y establece la realidad económica de la actividad realizada, lo cual, tratándose de materia tributaria, permite acercarse a la verdad material de los hechos gravados (...)(fojas 1507 de antecedentes administrativos). 

Ahora bien, lo expuesto previamente permite evidenciar que el acto impugnado manifestó el cumplimiento al inciso d) del artículo 8 de la Resolución Normativa de Directorio 10 001713 de 8 de mayo de 2013, al solicitar aprobación para aplicar la técnica otros”, por el Informe SIN/GDCBBA/DF/G3NE INF/1092/2019 de fecha 26 de abril de 2019 y afirmó que obtuvo su aprobación en la nota SIN/GF/DNCC/NOT/865/2019. 

De igual forma, la entidad recurrida sostuvo que utilizó la información de los contribuyentes A y B por contar con caracteristicas afines al sujeto pasivo, en este sentido, se infiere que el acto impugnado efectuó una relación de los hechos que justifican la aplicación de la técnica “otros”, según lo exigido por el inciso d) del artículo 8 de la Resolución Normativa de Directorio N° 100017-13. 

Lo expuesto hasta este punto, permite evidenciar que la vista de Cargo N° 291930000684 y Resolución Determinativa N° 172030000384 contienen la fundamentación exigida por los artículos 96 y 99 de la Ley 2492, así como lo previsto en el inciso e) del artículo 28 de la Ley 2341; debiendo añadir que el ente fiscalizador, desarrolló lo exigido por el inciso d) del artículo 8 de la Resolución Normativa de Directorio 100017-13, expresando las razones técnicas, análisis y evaluación para la determinación de la base presunta y la aplicación de la técnica “Otras

En ese contexto, la entidad recurrida dio cumplimiento a lo exigido por el parágrafo II del artículo 115 y parágrafo I del artículo 117 de la Constitución Política del Estado y los 

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numerales 6 y 7 del artículo 68 de la Ley 2492, correspondiendo desestimar lo aludido al respecto por la parte recurrente. 

IV.4. Sobre el desarrollo de actividad gravada. La parte recurrente señaló que no posee número de identificación tributaria (NIT) y por ende no desarrolla actividad gravada o hecho generador del cual provengan las obligaciones tributarias atribuidas, encontrándose excluido de la definición de sujeto pasivo detallado en el artículo 38 de la Ley 843, ni desarrolló actividad que sea considerada como hecho generador de dicho tributo, tampoco posee Estados Financieros que permitan determinar una utilidad neta. 

Alegó además que en antecedentes administrativos no cursa prueba que demuestre que realizó la actividad de construcción de bienes inmuebles y el suscribir la transferencia de algunos bienes inmuebles no lo convierte en constructor, además que, la Administración Tributaria, al interpretar los artículos 37′y 39 de la Ley 843, pretende considerarlo como empresa sin tener NIT: 

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Por el contrario, la Administración Tributaria afirmó que la sujeto pasivo realizó actividad de construcción para su posterior comercialización y transfirió a tulo oneroso departamentos, parqueos’y bauleras, obteniendo utilidades de fuente boliviana, además está’obligada a llevar registros contables y cumplir con los dispuesto en los artículos 36 y 40 del Código de Comercio y la elaboración de Estados Financieros. 

Al respecto, sobre el tema de discusión expuesto previamente, cabe señalar que para la doctrina tributaria: “el contribuyente es el destinatario legal tributario a quien 

el mandato de la norma obliga a pagar el tributo por sí mismo, como es el realizador del hecho imponible, es un deudor a titulo propio” (Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, Héctor Villegas, p. 328). Así también sostiene que: “El hecho imponible es entendido como el acto, conjunto de actos, situación, actividad o acontecimiento que, una vez sucedido en la realidad, origina el nacimiento de la obligación tributaria y tipifica el tributo que será objeto de la pretensión fiscal(Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, Héctor Belisario Villegas, p. 348). 

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Por su parte, el Código Tributario Boliviano en el artículo 22 dispone: “Es sujeto pasivo el contribuyente o sustituto del mismo, quien debe cumplir las obligaciones tributarias 

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establecidas conforme dispone este Código y las Leyesy con relación al contribuyente, señala: “Contribuyente es el sujeto pasivo respecto del cual se verifica el hecho generador de la obligación tributaria. Dicha condición puede recaer: 1. En las personas naturales prescindiendo de su capacidad según el derecho privado (...)”. 

Asimismo, con relación al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, el artículo el artículo 37 de la Ley 843 dispone: Son sujetos del impuesto todas las empresas tanto blicas como privadas, incluyendo: sociedades anónimas, sociedades anónimas mixtas, sociedades en comandita por acciones y comandita simples, sociedades cooperativas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades colectivas, sociedades de hecho o irregulares, empresas unipersonales, sujetas a reglamentación sucursales, agencias o establecimientos permanentes de empresas constituidas o domiciliadas en el exterior y cualquier otro tipo de empresas. Est

enumeración es enunciativa y no limitativa”

En ese entendido, el artículo 39 de la referida Ley 843, también establece: “A los fines de este impuesto se entenderá por empresa toda unidad económica, inclusive las de carácter unipersonal, que coordine factores de la producción en la realización de actividades industriales y comerciales, el ejercicio de profesiones liberales y oficios sujetos a reglamentación, prestaciones de servicios de cualquier naturaleza, alquiler y arrendamiento de bienes muebles u obras y cualquier otra prestación que tenga por objeto el ejercicio de actividades que reúnan los requisitos establecidos en este artículo”. Seguidamente en el artículo 40 del mencionado cuerpo legal aclara: A los fines de este impuesto se consideran utilidades, rentas, beneficios o ganancias las que surjan de los estados financieros, tengan o no carácter periódico (…)”. 

Con relación a la obtención de utilidades, el artículo 42 de la nombrada Ley 843, determina: En general y sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos siguientes, son utilidades de fuente boliviana aquellas que provienen de bienes situados, colocados o utilizados económicamente en la República; de la realización en el territorio nacional de cualquier acto o actividad susceptible de producir utilidades; o de hechos ocurridos dentro del limite de la misma, sin tener en cuenta la nacionalidad, 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bollva 

domicilio o residencia del titular o de las partes que intervengan en las operaciones, ni el lugar de celebración de los contratos”. 

Ahora bien, la normativa citada previamente, permite aclarar que la realización de la actividad comercial (venta de bienes inmuebles) y percepción de una utilidad, ganancia, o beneficio, aún sin que ésta no fuera de carácter periódico (consecutivo o regular), se constituye en un hecho imponible del IUE y en consecuencia, las personas naturales o jurídicas que la practiquen ostentan la calidad de sujeto pasivo dei UE, y en ese contexto, en aplicación del citado artículo 42 de la Ley 843, se entiende como lugar del hecho generador (obtención de utilidades de fuente boliviana) el lugar donde se realiza el acto o actividad susceptible de producirutilidades (construcción de bienes inmuebles para su posterior venta), encontrándose obligados a la inscripción al Padrón de Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales, y a efectuar la determinación, declaración;y pago de la obligación tributaria

– 

– 

Ahora bien, la Resolución Determinativa N° 172030000384 señaló al respecto: “En este entendido, la coordinación de factores de producción por parte del sujeto pasivo es evidente desde un punto de vista racional, puesto que las construcciones enajenadas y que signan como vendedor al sujeto pasivo, no pudieron ser posibles sin la combinación de factores de producción (tierra, trabajoy capital), así el sujeto pasivo ha utilizado capital, ya que adquirió los terrenos (tierra) para la construcción del Edificio “PLAZA REAL”; coordinando capital en la compra de materiales y otros costos indirectos y trabajo en la mano de obra utilizada para el efecto y posteriormente procedió a la venta de departamentos, parqueos y bauleras en la gestión fiscalizada (enero a diciembre de la gestión 2013) obteniendo utilidades de fuente boliviana conforme establece el Art. 42 de la Ley N° 843, que no fueron declaradas conforme a Ley, omitiendo la cancelación del impuesto correspondiente a la utilidad neta imponible obtenida en dichas transferencias

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Continuó sosteniendo: “Al respecto, cabe mencionar que se consideran de fuente boliviana según el inciso d) del Art. 4o del DS No 24051 toda otra utilidad que haya sido generada por bienes materiales o inmateriales y por derechos situados, colocados o utilizados económicamente en el país o que tenga su origen en hechos o actividades de cualquier índole, producidos o desarrollados en el país. Por lo tanto, la actividad realizada por el sujeto pasivo fue de carácter industrial de construcción y posteriormente comercial 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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(como generador de utilidades), motivo suficiente para determinar que está sujeto al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE)” (fojas 1502-1503 de antecedentes administrativos). 

En ese entendido, la Administración Tributaria en la Resolución analizada, refirió que la sujeto pasivo adquirió terrenos para la construcción del Edificio Plaza Real”, para luego proceder a la venta de departamentos, bauleras y parqueos en la gestión 2013, logrando obtener utilidades que no fueron declaradas al ente fiscal. En este contexto, compulsados los antecedentes administrativos, se evidencia que el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, remitió la nota de 31 de octubre de 2016, Inf. VUT N° 426/2016, adjuntando la Resolución Ejecutiva No 070/2012 de 17 de febrero de 2012, que aprueba el Plano de División en Propiedad Horizontal del Edificio Multifamiliar y Comercio “Plaza Real” de propiedad de Lourdes Dehne de Majluf, ubicado en la zona de Sarco y expone: “Que, por Informe Legal No 176/2010 de fecha 20 de diciembre de 2010, Jorge Antonio Coello Marañón, abogado del Departamento de Normas Urbanas y Rurales, establece que, el Derecho Propietario del referido Inmueble se halla acreditado mediante: Copia Legalizada del Testimonio N° 242/2009 de fecha 22 de mayo de 2009, otorgado ante Notaria de Fe Pública de Primera Clase N° 26, Dra. Leslie Salamanca Ugarte, registrado en DD.RR., con Matrícula No 3.01.1.02.0038878, bajo el Asiento A-1, en fecha 25 de mayo de 2009 (...)(fojas 81 y 82 de antecedentes administrativos)

Asimismo, concluye de la siguiente manera: Que, del análisis de los memoriales, informe y resoluciones dictadas con relación al presente trámite, en aplicación con la normativa municipal, es evidente que la propietaria del Edificio Plaza Real Sra. Lourdes Dehne de Majluf, cuenta con el plano de Construcción Proyecto Edificio Multifamiliar y Comercio “Plaza Real” (...) asimismo, teniendo presente que de la inspección realizada a la construcción del Edificio con relación al Plano de Construcción Aprobado se ha establecido que se está construyendo de confomidad a éste (...)” (fojas 87 de antecedentes administrativos). 

Por otra parte, en el acto impugnado la Administración Tributaria señaló que fueron solicitados a Notarías de Fe Pública, la presentación de segundo testimonio y/o fotocopias legalizadas de las Minutas de Transferencia y Formulario 430, a fin de constatar la transferencia de los bienes inmuebles de propiedad de la sujeto pasivo

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivla 

en ese sentido, por compulsa de la documentación proporcionada se evidencia a fojas 821 a 950 de antecedentes administrativos, que la parte recurrente suscribió Minutas de venta de los bienes inmuebles detallados en la Resolución Determinativa No 172030000384, en cuestión, según cuadro a fojas 1512 a 1514 de antecedentes administrativos; en consecuencia, es evidente que la sujeto pasivo suscribió las Minutas de Transferencia que significaron la obtención de ingresos por motivo de la venta de inmuebles de su propiedad, por ello la conducta de la recurrente, se adecúa a lo prescrito en los artículos 39, 40 y 42 de la Ley 843, toda vez que la sujeto pasivo, ante la ausencia de prueba que demuestre lo contrario, como unidad económica de carácter unipersonal, realizó la actividad comercial de venta de bienes inmuebles, luego de la coordinación de factores de producción que tuvo como objetivo la obtención de un bien inmueble para su venta y consiguiente utilidad de fuente boliviana. 

Asimismo, aclarar que la inscripción al Número de Identificación Tributaria (NIT) constituye un deber formal, conforme lo estable el numeral 1.1 del numeral 1 del Anexo de la Resolución Normativa de Directorio 10-00033-16 de 25 de noviembre 2016, que no condiciona el perfeccionamiento del hecho imponible ni la calidad de sujeto pasivo, entonces corresponde desestimar lo aludido al respecto por la parte recurrente. 

Ahora bien, con relación a la realización de la actividad de construcción, la Administración Tributaria en el acto impugnado’ manifestó: “(…) la señora DEHNE DELGADILLO LOURDES es sujeto pasivo del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) en el entendido que ha utilizado capital en la compra de los terrenos donde se construyó el Edificio “PLAZA REAL”, posteriormente realizó la construcción de los departamentos, parqueos y bauleras en propiedad horizontal sobre los terrenos mencionados precedentemente, no para ser utilizados como vivienda ni otro fin de indole personal, sino para proceder a vender departamentos, parqueos y bauleras en la gestión fiscalizada (…) queda evidenciado y fundamentado que el sujeto pasivo DEHNE DELGADILLO LOURDES con C./. 623958 es sujeto pasivo del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) al haber realizado la construcción del Edificio “PLAZA REAL” para realizar la actividad comercial de venta de departamentos, parqueos y bauleras, obteniendo utilidades que son de fuente boliviana conforme establece el Art. 42° de la Ley 843″ (fojas 1503 de antecedentes administrativos)

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En ese entendido, resulta preciso aclarar que, por mandato del artículo 76 de la Ley 2492, en los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos, deberá probar los hechos constitutivos de los mismos; así también el parágrafo II del artículo 80 del mismo cuerpo legal, dispone que, en las presunciones legales que admiten prueba en contrario, quien pretenda desvirtuar la presunción deberá aportar la prueba correspondiente

Lo expuesto hasta este punto permite evidenciar que la sujeto pasivo, obtuvo la Resolución Ejecutiva N° 070/2012 de 17 de febrero de 2012, por el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, entidad que, tras evidenciar su derecho propietario del Edificio Plaza Real, resolvió autorizar a Lourdes Dehne Delgadillo la construcción del mismo; de la misma manera, la suscripción de las minutas de transferencia adjuntas a los antecedentes administrativos, demuestran que la sujeto pasivo comercializó bienes inmuebles ubicados en el Edificio Plaza Real; en consecuencia, el ente fiscal luego de analizar dicha documentación concluyó que la sujeto pasivo efectivamente construyó los bienes transferidos, decisión que no mereció la presentación de prueba en contra, por parte de la recurrente, en consecuencia, los elementos de prueba aparejados por la Administración Tributaria, permiten afirmar que la parte recurrente obtuvo utilidades de fuente boliviana por la transferencia onerosa de bienes inmuebles, correspondiendo por lo tanto, desestimar lo aludido al respecto por Lourdes Dehne Delgadillo. 

IV.5. Sobre las observaciones a la determinación de deuda tributaria. La parte recurrente manifestó que la Administración Tributaria no llevó a cabo ningún trabajo de fiscalización y averiguación de la verdad, limitándose a justificar su desconocimiento de datos, hechos y circunstancias, por no acompañar la documentación requerida, desconociendo lo dispuesto en los articulos 76 de la Ley 2492 y 116 de la Constitución Política del Estado, siendo que debió apelar a todos los recursos a su alcance para justificar una determinación sobre base cierta, empero no existe inspección a la edificación, cuestionarios, ni cruces con los proveedores de materiales para obtener elementos tangibles, por lo que resultaría inaplicable lo dispuesto en el artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio 10-0017-13. 

Adicionalmente, refirió que la utilización referencial de otros contribuyentes, exige la existencia de similitudes, por lo que resulta incongruente determinar que lo

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

contribuyentes A y B no resultarían similares, empero sean utilizados para determinar la base imponible; además que la estructura de costos, no existe un desglose o detalle que 

integre los componentes del costo de construcción y otros aspectos relacionados, lesionando el derecho a la legítima defensa y al debido proceso, por lo que la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa no contienen los fundamentos o razones por las cuales se dispuso la aprobación o utilización de la técnica, incumpliendo los dispuesto en los artículos 96 y 99 de la Ley 2492, así como los artículos 18 y 19 del Decreto Supremo 27310; además que, en los antecedentes administrativos no cursa constancia de la evaluación y aprobación por la Gerencia Nacional de Fiscalización (al margen de la desigualdad procesal que genera la disposición administrativa, al ser el SIN juez y parte). 

De igual manera, el recurrente acotó que al considerar como base la información de los contribuyentes “A” y “B” para determinar la utilidad imponible, es necesario conocer el contenido de dicha información en forma directa y fidedigna, no pudiendo privarse del conocimiento de la información bajo el pretexto del principio de confidencialidad, por lo que la Administración Tributaria debió acudir a otros medios para investigar y obtener información que permita sostener técnicamente el reparo; al efecto, citó la Sentencia Constitucional Plurinacional 0978/2012 de 22 de agosto y el artículo 116 de la Constitución Política del Estado. 

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Argumentó que la nota de la Cámara Departamental de la Construcción (CADECO), debió generar una adecuada lectura, en sentido de averiguar más a fondo las características propias del inmueble, sobre el cual fue determinada la deuda tributaria; siendo que la escasa explicación y detalle de los datos tomados en cuenta, resulta insuficiente para cumplir con la motivación y fundamentación del acto, además que no fue aportado documento sobre los datos considerados. 

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Sostuvo que la documentación obtenida del Gobierno Autónomo Municipal, Notarias y Derechos Reales, no pueden ser considerados como un medio de prueba legitimo ni servir de base para la determinación, toda vez que no se encuentran legalizadas ni refrendadas por los tenedores de los documentos originales, conforme manda el Código Civil. 

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En contraposición, la Administración Tributaria sostuvo que es obligación de la sujeto pasivo proporcionar toda clase de datos, informes, o antecedentes con efectos tributarios 

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emergente de sus relaciones económicas profesionales o financieras; de esta manera fue notificada la sujeto pasivo con los requerimientos de información N° 00156503, 00156526 y 00160512, solicitando identificar y demostrar el detalle de facturas que fueron emitidas a su nombre y cédula de identidad de compras que tengan relación directa y/o indirecta 

con la construcción del Edificio Plaza Real, y documentación que sustente el pago realizado a proveedores, especificando el lugar de entrega, además de las Notas de Entrega, a fin de recolectar elementos mediante los cuales pueda verificar las obligaciones tributarias de la sujeto pasivo. 

Señaló que en el presente caso, determinó reparos con pleno sometimiento a la Ley sobre base presunta, al agotar los medios para la obtención de la documentación e información que permita conocer en forma directa e indubitable los elementos de la obligación tributaria, evidenciando que la parte recurrente es sujeto pasivo del IUE, evidenciando utilidad neta imponible no declarada obtenida por concepto de venta de bienes inmuebles en propiedad horizontal del Edificio “Plaza Real; de esta manera, para la obtención del margen de utilidad, solicitó la aprobación de una nueva técnica sobre base presunta que permita determinar los costos de construcción de conformidad a lo dispuesto en el inciso d) “Otras” del artículo 8 de la Resolución Normativa de Directorio 10-0017-13 de 8 de mayo de 2013, solicitando la aprobación de la técnica mediante el Informe SIN/GDCBBA/DF/G3/VE/INF/1092/2019, la cual fue aprobada mediante nota SIN/GF/DNCC/NOT/00865/2019. 

Manifestó que la información de los contribuyentes Ay “Bse expuso en la vista de Cargo y en la Resolución Determinativa impugnada, además que los contribuyentes Ay B” se dedican a la misma actividad económica de la sujeto pasivo, y si bien, la información corresponde a gestiones anteriores a la verificada, no cuenta con más elementos para la determinación de los costos de construcción y considerando la publicaciones de Precios Unitarios de Referencia para la Construcción, presentados por la Cámara de Construcción de Cochabamba (CADECO), se observa que la utilidad referencial en las gestiones señaladas se mantiene invariable lo que hace presumir que los costos de construcción no sufrieron variaciones significativas, además que la inflación no ocasionó impacto en la utilidad del sector, encontrándose dicha información acorde a la realidad económica de construcción de la sujeto pasivo, correspondiendo aplicar el índice de 68.76% a fin de 

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establecer la utilidad por la actividad de construcción de bienes inmuebles y posterior venta correspondiente a la gestión que concluye a diciembre de 2013

Afirmó que no puede aplicar de manera directa el inciso c) del artículo 8 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13, ante la inexistencia de al menos tres parámetros parecidos entre la sujeto pasivo y los contribuyentes “Ay B”, siendo que, el único parámetro parecido es el desarrollo de la actividad en la misma jurisdicción. Agregó que la Vista de Cargo y Resolución Determinativa analizó la información y documentación de los contribuyentes “A” y “B”, obtenida por instituciones financieras respecto a los préstamos obtenidos para la construcción y venta de departamentos, parqueos y bauleras, por el contrario, la sujeto pasivo se limitó a presentar notas solicitando la nulidad de obrados, sin formular argumentos ni presentar descargos que desvirtuen la determinación sobre base presunta, misma que, por disposición del parágrafo II del artículo 80 de la Ley 2492 y artículo 11 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-001713, admite prueba en contrario y el aporte de documentación en el plazo de descargo de 30’días, en virtud del artículo 76 del Código Tributario Boliviano. 

Al respecto, la doctrina administrativa considera en general que: “...) los vicios determinan las consecuencias que ocasionan, conforme a un criterio cualitativo, de práctica jurisprudencial y política juridica; así a menor grado del vicio, el acto puede ser válido o anulable; por el contrario si el vicio es grave o muy grave, el acto será nulo y sólo en casos de grosera violación del derecho o falta de seriedad, será inexistente(GORDILLO Agustin, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 3, p. XI-40). 

La Sentencia Constitucional 2023/2010R de 9 de noviembre entre otras-estableció que: “La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión 

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esregida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que se ha arribado, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia (…)”. 

En la normativa, artículo 92 de la Ley 2492, dispone que la determinación es el acto por el cual, el sujeto pasivo o la Administración Tributaria declara la existencia y cuantía de una deuda tributaria o su inexistencia. Asimismo, el artículo 42 de la citada Ley establece que la base imponible es la unidad de medida, valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a 

pagar. 

Por otra parte, el artículo 43 de la Ley 2492, prevé que la base imponible podrá determinarse: sobre Base Cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que permiten conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo; y sobre Base Presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que por su vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permiten deducir la existencia y cuantia de la obligación cuando concurra alguna de las circunstancias reguladas en el articulo 44 de la Ley 2492

De esta forma, cabe señalar que la normativa expuesta precedentemente permite colegir que para los dos métodos de determinación (cierta y presunta), es necesario que la Administración Tributaria cuente con información obtenida del propio recurrente o de terceros, diferenciando el empleo de cada método en función a los elementos de convicción del hecho generador que pueda proporcionar dicha información; es decir, se empleará la determinación sobre base cierta, cuando la información contenga elementos que permitan conocer con certeza e indubitablemente, la existencia y cuantía de la obligación; y por el contrario, la determinación es sobre base presunta cuando dicha información, no permita la obtención de elementos certeros para efectuar la determinación, debiendo recurrir a hechos y sucesos que por su vinculación o conexión 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

con las circunstancias fácticas que las leyes tributarias prevén como hechos imponibles, 

permiten deducir la existencia y cuantía de la obligación. 

A su vez, la Administración Tributaria en ejercicio de su facultad normativa dispuesta en el artículo 64 de la Ley 2492, emitió la Resolución Normativa de Directorio 10-0017-13, misma que tiene por objeto reglamentar los medios para la determinación de la Base Imponible sobre Base Presunta y establecer el tributo que corresponda pagar, estableciendo en su artículo 8 los medios por inducción, señalando que el Servicio de Impuestos Nacionales puede aplicar las técnicas establecidas para cuantificar la Base Presunta de acuerdo a las circunstancias que amerite el caso, siendo estas: a) Técnica Insumo-Producto, b) Técnica Relación Ingreso-Gasto, c) Técnica de Contribuyentes Similares, y d) Otras. 

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En el presente caso, de la compulsa de la Resolución Determinativa impugnada, se advierte que la Administración Tributaria en el Considerando I señaló que verificado el padrón de contribuyentes, la sujeto pasivo no cuenta con NIT, además que mediante requerimientos Nos. 156503, 156526 y anexos adjuntos solicitó documentación relativa al alcance de la determinación al recurrente; asimismo, con la finalidad de obtener información de créditos y débitos relacionados con la construcción y venta de inmuebles, solicitó información documentada a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, entidad que no identifico operaciones llevadas a cabo por la sujeto pasivo en el sistema financiero (fajas 1477-1478 de antecedentes administrativos). 

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La citada resolución prosiguió manifestando que solicitó a la Gerencia de Fiscalización información respecto a facturas emitidas a nombre y/o cédula de identidad de la sujeto pasivo, evidenciando gastos por servicios, compra de materiales y gastos personales, que representan importes inmateriales con relación al volumen de ingresos determinado; sin embargo, solicitó al sujeto pasivo mediante requerimiento N° 160512 y su anexo, identificar y demostrar el detalle de facturas que tengan relación directa o indirecta con la construcción del edificio Plaza Real (fojas 1478-1479 de antecedentes administrativos). 

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De forma seguida, la Administración Tributaria sostuvo que solicitó información al Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba sobre las resoluciones ejecutivas de aprobación de plano de propiedad horizontal, obteniendo como resultado la Resolución Ejecutiva No 070/2012, misma que advierte que el 26 de noviembre de 2010, ingresó el 

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trámite de división de propiedad horizontal de Lourdes Dehne de Majluf, resultando evidente que la propiedad del edificio Plaza Real recae en la recurrente; adicionalmente, refirió que los registros del sistema Sinarepweb pudo identificar a la sujeto pasivo como propietaria del terreno y departamentos en propiedad horizontal; evidenciando la enajenación de bienes inmuebles consistentes en departamentos, parqueos y bauleras (fojas 1479-1480 de antecedentes administrativos). 

De forma complementaria, el ente recaudador en el acto impugnado puntualizó que solicitó a los Notarios de Fe Pública, certifiquen y proporcionen el segundo testimonio y/o fotocopia legalizada de la minuta de transferencia y formulario de transmisión o enajenación de bienes Form. 430 de la gestión fiscal verificada, evidenciando que la suscripción de contratos fue realizada por Lourdes Dehne Delgadillo; además que, ante la negativa de la recurrente a proporcionar la información solicitada, requirió a la Cámara Departamental de la Construcción, copia del análisis de precios unitarios de referencia para la construcción de las gestiones 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, señalando que los mismos son referenciales debido a la diversidad de factores que producen variación en los precios de los componentes del análisis de precios unitarios. 

Asimismo, solicitó información al Colegio de Arquitectos de Cochabamba, Sociedad de Ingenieros de Bolivia y Cámara de la Construcción de Cochabamba, respecto a estudios técnicos de costos de construcción y/o presupuestos globales de construcción, sin ninguna respuesta favorable que ayude a la determinación del costo de construcción; de igual manera solicitó al Instituto Nacional de Estadísticas, estadísticas de la actividad de construcción 2005-2014; empero, dicha información no puede ser aplicada para la determinación de los costos, al ser datos muy generales que corresponden a indices y no así a precios y/o costos unitarios; finalmente, el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba remitió tablas de valoraciones técnicas para inmuebles de acuerdo a determinación de cobro del IMPBI; no obstante el cálculo de los valores resultaron muy generalizados, por lo que no resulta aplicable al caso (fojas 14911492 de antecedentes administrativos). 

Por otra parte, la Resolución Determinativa recurrida, en su considerando Il señaló que corresponde aplicar base presunta debido a que agotó los medios para efectuar la determinación sobre base cierta, al no haber presentado la sujeto pasivo la información que permita conocer de manera indubitable el costo de Construcción (materiales, mano 

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III 

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de obra y otros costos indirectos de construcción); aspecto que impediría conocer de forma cierta, la base imponible (fojas 1504 de antecedentes administrativos). 

De forma seguida, el acto administrativo analizado expuso en el cuadro cursante a fojas 1505 de antecedentes administrativos, el descarte de cada una de las técnicas establecidas en la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13, concluyendo que corresponde aplicar la técnica de inducción “otras”, debido a que ninguna otra técnica pudo ser aplicada; para tal efecto, refirió que solicitó la aprobación de la técnica a la Gerencia de Fiscalización, obteniendo como respuesta la nota SINGF/DNCCINOT/865/2019, 

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Posteriormente, la Administración Tributaria en la Resolución Determinativa recurrida manifesto, que para efectuar el cálculo del costo de construcción, efectuó el ar lisis de la información y documentación de los contribuyentes “A” y “B” que tienen la misma actividad económica en la misma jurisdicción, para lo cual en el punto “Caso 1. Contribuyente A” aclaró que en el proceso de verificación efectuado al contribuyente “A”, obtuvo información de la institución financiera que otorgó un préstamo para la construcción de inmuebles en las gestiones 2008 y 2009; asimismo, canto con documentación sobre el costo del terreno, costo financiero y costo del gravamen hipotecario, además del aporte propio efectuado por el mismo contribuyente (fojas 1507 de antecedentes administrativos). . *** 

– – – De esta manera la Administración Tributaria de forma más específica señaló que el contribuyente A en la gestión-2009 efectuó la venta de-inmuebles por la suma de Bs1.956.722.-, además que respecto al costo de materiales, mano de obra y otros costos indirectos, efectuó una inversión de Bs 1.491.395,29 por concepto de losa radier de hormigón armado, columnas vaciadas, material de obra y plastoformo comprado; asimismo, mediante líneas de crédito para la compra de materiales, mano de obra y otros gastos indirectos reportó importes por Bs4.949.000.- Bs792.000.- y Bs4.030.000.- por lo que el costo total de materiales, mano de obra y otros costos indirectos alcanzó un importe de Bs11.262.395,29, importe que fue prorrateado en función a los metros cuadrados construidos y vendidos, llegando a obtener el monto de Bs1.105,032,48 (fojas 1507-1508 de antecedentes administrativos). 

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En relación al costo financiero, indicó que la institución financiera informó un valor de Bs354.447,05; para el costo de gravamen hipotecario Bs4.358,83 y para el costo de terreno, el valor actualizado alcanzó a Bs101.230,85, de forma seguida expuso el cálculo 

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del porcentaje correspondiente a la utilidad obtenida por el contribuyente A” utilizado como referencia, obteniendo un valor del 20.02% (fojas 1508 de antecedentes administrativos)

En los mismos términos, el ente recaudador en la Resolución observada por la sujeto pasivo, señaló en el punto “Caso 2. Contribuyente Bque el contribuyente “B” en la gestión 2010, vendió inmuebles por un total de Bs9.571.912,57, efectuando una inversión (costo de materiales, mano de obra y otros costos indirectos) de Bs8.204.261,95 y gestionando un préstamo bancario para la compra de materiales, mano de obra y otros gastos indirectos por Bs3.655.000.; además que existiria datos de ingresos por preventas, ventas y otros ingresos que fueron parte del costo (pago de fierros de construcción, 

material de construcción, pago de jornales y contratistas y otros) por Bs5.527.611,87, obteniendo un costo toral de Bs17.386.873,82, mismo que fue prorrateado en función a los metros de construcción, obteniendo un importe de Bs7.757.564,23. Por otra parte, indicó que el costo del terreno alcanza a Bs543.903,64; de forma seguida expuso el cálculo del porcentaje correspondiente a la utilidad obtenida por el contribuyente “Butilizado como referencia (13.27%) (fojas 1508-1509 de antecedentes administrativos), 

Posteriormente, la Administración Tributaria expuso mediante cuadro, la forma de cálculo del promedio porcentual del costo de materiales, mano de obra y costos indirectos (68.76%); el costo financiero y pago gravamen a DDRR (9.17%); y el costo de Terreno (5.43%); obteniendo un costo total de construcción del 83.36% en función a los ingresos obtenidos; aclarando además que, si bien la información de referencia corresponde a contribuyentes que realizaron la actividad de construcción y posterior venta en gestiones anteriores a la verificada, esto se debe a que no contó con más elementos para la determinación de los costos, además que los precios unitarios de referencia para la construcción de CADECO, demuestran que la utilidad referencia se mantuvo invariable, permitiendo presumir que los costos de construcción, no sufrieron variaciones significativas (fojas 1509 de antecedentes administrativos). 

Prosiguiendo con la compulsa del acto impugnado, se advierte que la Administración recurrida en el subtítulo “APLICACIÓN DE LA TÉCNICA AL CASO CONCRETO”, sostuvo que en base al informe técnico aprobado por la Gerencia de Fiscalización 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

mediante nota SIN/GF/DNCC/NOT/865/2019, el costo de construcción fue determinado 

aplicando el indice de 68.76% sobre los ingresos por la transferencia de bienes inmuebles; asimismo el costo del terreno fue determinado en base a la información obtenida de las 

minutas de transferencia y/o escritura pública, cuyos importes se actualizaron en función a la Unidad de Fomento a la Vivienda (fojas 1510 de antecedentes administrativos). 

Ahora bien, la descripción del acto impugnado expuesta.en párrafos previos, permite advertir que la Administración Tributaria sustento 

n del método de determinación sobre base presunta en base a requerimientos de información y documentación realizados a terceros, aclarando, que dichos requerimie o aportaron datos, hechos y elementos que permitan establecer la existencia de una utilidad imponible sobre base cierta; toda vez que si bien obtuvo minutas de transferencia que acreditan la venta de bienes inmuebles del edificio Plaza Real y la cuantía de los ingresos percibidos, se encontró limitada de documentación que permita establecer de manera cierta el costo de construcción que fue incurrido para su generación. 

— 

Por consiguiente, en consideración a que la parte recurrente no presentó información ylo documento permita conocer de forma indubitable el costo de construcción (materiales, mano de obra y otros costos indirectos), pese a ser solicitado en reiteradas oportunidades mediante requerimiento de documentación, resulta evidente quela Administración Tributaria agotó los medios para la determinación sobre base cierta, posibilitando la aplicación del método de determinación sobe base presunta conforme lo establecido en el parágrafo II del artículo 43 de la Ley 2492 y el inciso c) del parágrafo Il del artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio N° 100017-13. 

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Asimismo, en la revisión del acto impugnado, se advirtió que la Administración Tributaria expuso mediante cuadro las razones por las cuales no resultó posible aplicar cada una de las técnicas establecidas en la Resolución Normativa de Directorio 100017-13; adicionalmente solicitó a la Gerencia de Fiscalización del Servicio de Impuestos Nacionales, la aprobación de la técnica de inducción Otrasque permita determinar el costo de construcción, mereciendo como respuesta la nota SIN/GF/DNCC/NOT/865/2019 aprobando el método propuesto por el ente recurrido, coligiendo de ello el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 8 de la citada Resolución Normativa de Directorio. 

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Corresponde señalar, que de la compulsa de los antecedentes administrativos, referidos a la Solicitud de Aprobación de Técnica (C9), se advierte a fojas 1-9 del C9, el informe SIN/GDCBBA/DF/ 

G3NVE/INF/1092/2019 de 26 de abril de 2019, a través del cual la 

Administración recurrida solicitó la aprobación de la técnica de inducción Otras“, en base a información de los contribuyentes A y B para la determinación del costo de construcción; asimismo a fojas 391-394 de c9 cursa la nota de respuesta SIN/GF/DNCC/NOT/865/2019, de la Gerencia de Fiscalización, la misma que señaló: “Tomando en cuenta las dificultades señaladas en el informe (…) para la obtención de la documentación e información que permitan determinar el tributo sobre base cierta, por las características del sujetos pasivo y por las razones expuestas por el Departamento de Fiscalización de la Gerencia a su cargo, se aprueba la técnica descrita en el informe (...) en tanto la determinación sea suficientemente respaldada con documentación que pemita demostrar la correcta aplicación de dicha técnica”. 

Ahora bien, resulta necesario aclarar que el inciso d) del artículo 8 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-001713 dispone: Considerando las características de cada contribuyente y en función a la documentación e información que obtenga la Administración Tributaria, se podrá aplicar lo dispuesto en los Artículos 44, 45 y 80 de la Ley 2492. Esta técnica será evaluada y aprobada por la Gerencia de Fiscalización” consecuentemente, en consideración a que la nota SIN/GF/DNCC/NOT/865/2019 de forma expresa aprueba la utilización de técnica propuesta para el presente caso, corresponde desestimar lo argumentado por la sujeto pasivo, respecto a la ausencia de la solicitud y aprobación de la técnica en antecedentes administrativos, así como a la falta de explicación para la aprobación de la técnica propuesta, siendo que dicha exigencia no se encuentra establecida como requisito necesario para el empleo de la técnica “otras; adicionalmente y sin perjuicio de lo señalado, la resolución determinativa impugnada expuso una explicación sobre la utilización de la técnica Otras, conforme se advirtió de la descripción del contenido del acto impugnado desarrollado en párrafos previos. 

De esta manera, el ente recaudador en aplicación de la técnica de inducción “otrasaprobada por la Gerencia de Fiscalización, consideró la información y documentación correspondiente a los contribuyentes A y B para determinar el costo de construcción porcentual promedio y de esa forma el costo de construcción presunto, procedimiento que 

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se encuentra claramente señalado, tanto en el contenido del acto impugnado como en la nota de solicitud y aprobación de la técnica de inducción “otras”, que fueron precisados en párrafos anteriores; por consiguiente, la sujeto pasivo no puede pretender desconocer los 

fundamentos claramente expuestos en el acto impugnado como en la diligencia realizada por la entidad recurrida, para la aprobación de la técnica utilizada en la cuantificación de la base presunta: 

Lo señalado precedentemente, cobra relevancia en el presente caso, por cuanto es necesario aclarar a la parte recurrente, que la aplicación de la técnica de inducción “otras” requiere del cumplimiento de los preceptos señalados en la solicitud de aprobación de la técnica y la nota de aprobación, siendo que para el presente caso, la técnica aprobada no exige acreditar similitudes con los contribuyentes A y B; por cuanto, precisamente por la falta de coincidencia de al menos tres aspectos similares, fue aplicada la técnica “otras” y no así la Técnica de Contribuyentes Similares“, motivo por el cual corresponde desestimar lo pretendido por la parte recurrente al respecto. 

De forma complementaria, destacar que resultó evidente, que la Administración Tributaria en el contenido del acto impugnado y que fue descrito al inicio del presente análisis, expuso los elementos del costo de construcción considerados para la determinación sobre base presunta, en base a la información obtenida de contribuyentes A y B que desarrollan la misma actividad económica y que se encuentran en la misma jurisdicción; identificando y detallando los gastos que lo componen (Materiales, Mano de obra y Costos Indirectos); motivo por el cual no resulta evidente lo afirmado por Lourdes Dehne Delgadillo respecto a la ausencia de información de los contribuyentes Ay B; debiendo enfatizar, que la sujeto pasivo tenía en todo momento, la posibilidad de aportar pruebas que demuestran que la información utilizada por la Administración Tributaria era errada y diferente a lo suscitado con los bienes inmuebles que transfirió. 

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Añadir a ello, que si bien la sujeto pasivo señaló que en la estructura de costos, no existe un desglose o detalle que integre los componentes del costo de construcción y otros aspectos relacionados, que lesionarían su derecho a la legítima defensa y al debido proceso, siendo necesario conocer el contenido de la información de los contribuyentes A y B en forma directa y fidedigna, añadiendo que no puede privarse del conocimiento de la información bajo el pretexto del principio de confidencialidad; no es menos cierto, que el 

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acto impugnado expone los datos utilizados para determinar el costo de construcción, bajo una técnica prevista normativamente, para la cuantificación de la Base Presunta, razón por la cual la exigencia formulada por la sujeto pasivo carece de sustento, máxime cuando ella en ningún momento, aportó prueba o referencia alguna que haga dudar de los datos arribados por el Servicio de Impuestos Nacionales. 

A lo referido previamente, se debe adir que la presunción realizada por el ente recaudador admite prueba en contrario de conformidad al parágrafo Il del artículo 80 de la Ley 2492, lo que implica que la sujeto pasivo en la medida que pretendía desvirtuar la presunción asumida por la entidad recurrida, debía portar la prueba correspondiente; en el presente caso, el costo de construcción, tanto en sus elementos, como en la cuantía; situación que no aconteció en el presente caso, por cuanto la recurrente asumió una actitud pasiva a lo largo del proceso determinativo, limitándose a extrañar un detalle de los componentes del costo, sin señalar, presentar o acreditar el detalle de costo incurrido en la construcción del Edificio Plaza Real y su cuantía

Por otra parte, respecto a la nota de la Cámara Departamental de la Construcción (CADECO) precisada por la sujeto pasivo en el presente Recurso de Alzada, cabe indicar que si bien la resolución impugnada la citó en su contenido, los datos expuestos en ella, no fueron utilizados por la entidad recurrida para establecer el costo de construcción, precisamente como consecuencia de su generalidad; sirviendo únicamente para presumir que los costos de construcción no sufrieron variaciones significativas a lo largo del tiempo, motivo por el cual no merece mayor análisis. 

Finalmente, con relación a la documentación obtenida del Gobierno Autónomo Municipal, 

Notarias y Derechos Reales, no pueden ser considerados como un medio de prueba legitimo, ni servir de base para la determinación, toda vez que no se encuentran legalizadas ni refrendadas por los tenedores de los documentos originales; corresponde indicar que conforme al contenido del acto impugnado desglosado al principio del presente análisis, se tiene que la Administración Tributaria solamente utilizó en la determinación efectuada, las minutas de trasferencia para sustentar el derecho propietario de los bienes inmuebles vendidos, documentación que fue presentada por Notarias de Fe Pública en copias debidamente legalizadas conforme se advierte de fojas 821 a 850 de antecedentes administrativos, documentación que revisten de la calidad de prueba válida, conforme el 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

inciso a) del artículo 217 del Código Tributario Boliviano, consecuentemente la documentación obtenida del Gobierno Autónomo Municipal y Derechos Reales, no tuvieron incidencia en el proceso determinativo; correspondiendo desestimar lo argumentado por la sujeto pasivo. 

Por lo expuesto, resulta evidente que la Administración Tributaria efectuó el proceso determinativo observado por la sujeto pasivo, en el marco de lo previsto normativamente, cumpliendo con el procedimiento así como las formalidades necesarias para la cuantificación de la base presunta; dando a conocer a la administrada, los elementos y hechos utilizados en dicha labor y garantizando con ello el debido proceso establecido en el artículo 117 de la Constitución Politica del Estado, no resultando en consecuencia aplicable lo dispuesto en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0978/2012 de 22 de agosto, la cual versa respecto de la vulneración del debido proceso, desestimando los vicios de nulidad en el proceso de determinación del Servicio de Impuestos Nacionales, reclamados por Lourdes Dehne Delgadillo. 

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1.6. Configuración de la prescripción. La recurrente manifestó que la Ley solo rige para lo venidero, por lo que la Ley 291 dispuso un término de prescripción de 5 años para la gestión 2013, de esta manera considerando la forma de cómputo establecida en el artículo 60 de la Ley 2492, a la fecha de notificación de la resolución impugnada, las facultades de la Administración Tributaria se encontraban ampliamente prescritas; además expuso que no tiene la obligación de registrarse en el Padrón de Contribuyentes, al no desarrollar actividad gravada; al efecto, citó la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0422/2020 de 4 de febrero de 2020. 

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Por su parte, la Administración Tributaria sostuvo que la prescripción de las facultades para determinar la deuda tributaria de los periodos enero a diciembre de 2013, es de 8 años y 6 meses, debido que la sujeto pasivo no se encuentra inscrito en el Padrón de Contribuyentes y por la notificación de la Orden de Verificación, por lo que el cómputo de la prescripción inició el 1 de enero de 2015 y concluirá el 31 de junio de 2023, consecuentemente la referida facultad no se encuentra prescrita. 

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Adicionalmente, el ente recaudador acotó que si bien el parágrafo I del artículo 62 de la Ley 2492, refiere simplemente a la suspensión de la prescripción con la notificación de la orden de fiscalización, ello no imposibilita que la suspensión también sea 

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aplicada para la orden de verificación, por cuanto el citado artículo no debe ser interpretado de forma única e individual, sino como parte del conjunto normativo contemplado en la Ley 2492, entendiéndose en un sentido amplio y genérico, esto en previsión del parágrafo III del artículo 8 del citado cuerpo normativo. 

Al respecto, en relación al instituto de la prescripción esta, la doctrina señala que dicho instituto resulta que: (...) una categoria general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace” (García Novoa Cesar, Presidente del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario ILAT. Memoria III Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario 2010); y al decir de este autor: “su fundamento radica en la seguridad jurídica, pues las pretensiones deben ejercitarse en un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto de derecho quede indefinidamente a merced de la actuación de otro

En ese sentido, el instituto de la prescripción, es una categoria jurídica, por la que se le atribuye la función de ser una causa extintiva de la obligación tributaria, que es necesaria para el orden social, que responde a los principios constitucionales de certeza y seguridad jurídica “praescriptio, patrona generis humani” (La prescripción, patrona del género humano); puesto que: El fundamento del instituto de la prescripción estriba en evitar la inseguridad que trae aparejada el transcurso del tiempo sin el ejercicio de un derecho. En otros términos, su objeto es evitar la falta de certeza en las relaciones jurídicas, producto de la inactividad de un sujeto titular de un derecho(Buitrago Ignacio Josué, Presidente del Tribunal Fiscal de la Nación Argentina. Memoria IV Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario 2011); por cuanto, se debe entender que, la “praescriptio introducta est odio negligentiae, non favore praescribentis” (La prescripción se introdujo más bien en contra de la negligencia que en favor de quien prescribe). 

Por otra parte, es menester indicar que, a través de las Disposición Adicional Quinta de la Ley 291, de 22 de septiembre de 2012 y la Disposición Derogatoria Primera de la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, fue modificado el artículo 59 de la Ley 2492, quedando redactado de la siguiente manera: “). Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013 seis (6) años en la gestión 2014 siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 

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2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. Il. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente al que le corresponde. III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los cinco (5) años. IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible”. 

A su vez, la Disposición Adicional Sexta de la Ley 291, de 22 de septiembre de 2012 y la Disposición Final Décimo Segunda de la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, modificó el artículo 60 de la Ley 2492, dejándolo redactado de la siguiente manera: “. Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el primer dia del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo: //. En el supuesto 3, del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde el primer dia del o siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria”. 

Adicionalmente, para el presente caso, es preciso señalar que de acuerdo al numeral 2 del artículo 70 de la Ley 2492, se constituye en obligación del sujeto pasivo, inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria. 

Ahora bien, verificados los antecedentes administrativos del caso, se advierte que la Orden de Verificación No 18300200114 de 11 de diciembre de 2018, refiere que Lourdes Dehne Delgadillo no se encuentra inscrita al padrón de contribuyentes, situación que fue aceptada de forma expresa por la parte recurrente en el contenido de su Recurso de Alzada, advirtiendo de ello el incumplimiento a la norma ut supra referida; y que para el análisis del instituto de la prescripción, deriva en la ampliación del término de prescripción en 3 años, conforme prevé el parágrafo ll del artículo 59 de la citada Ley 2492 debidamente modificada a la configuración del hecho generador. 

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En ese sentido, se tiene que para el cómputo de la prescripción de la facultad de determinación de la Administración Tributaria, en la cual además impuso un sanción administrativa por omisión de pago, respecto del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de la gestión 2013, los artículos 59 y 60 de la Ley 2492, sufrieron 

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modificaciones mediante las Leyes 291 y 317, mismas que establecieron un orden progresivo para el cómputo de la prescripción, indicando de forma expresa que para la gestión 2013, las acciones de la entidad recaudadora prescribirán a los cinco (5) años, aumentando tres (3) años, debido a que la sujeto pasivo no se inscribió en el padrón de contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales; en consecuencia, el término de la prescripción quedó configurado de la siguiente manera: 

Ley 

Gestión 

Impuesto 

Vencimiento de 

Pago de la obligación 

Aplicable 

Término de la prescripción incluyendo la ampliación 

Inicio de la Prescripción 

Fin de la Prescripción 

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8 años 

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Del cuadro expuesto, se establece que el cómputo de la prescripción de las facultades de determinación de la deuda tributaria y de imposición de sanción por omisión de pago de la Administración Tributaria relativa al IUE de la gestión 2013, inició el 1 de enero de 2015 y concluirá el 31 de diciembre de 2022. 

Ahora bien, en relación a la existencia de causales de suspensión del cómputo de la prescripción del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de la gestión 2013; cabe indicar que la Administración Tributaria al momento de responder al Recurso de Alzada, argumentó que el cómputo de la prescripción fue suspendido con la notificación de la Orden de Verificación No 18300200114, 

No obstante, al respecto resulta necesario señalar que el artículo 62 parágrafo I de la Ley 2492, dispone que: El curso de la prescripción se suspende con: /. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en 

la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses. ll. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo

Bajo ese contexto, aclarar al Servicio de Impuestos Nacionales, respecto a la suspensión del término de la prescripción, que si bien la Resolución Determinativa impugnada, deviene de un proceso determinativo iniciado con la notificación de la Orden de 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Verificación No 18300200114, dicha actuación procesal no podría constituirse en una causal de suspensión del cómputo de la prescripción, toda vez que conforme el texto 

normativo previsto por artículo 62 parágrafo I de la Ley 2492 -entre otros aspectos establece que solo la notificación del inicio de Fiscalización, se considera como causal de suspensión y no así la notificación de una Orden de Verificación al administrado, como ocurrió en el presente caso; no pudiendo esta instancia recursiva hacer una interpretación extensiva de la norma respecto al punto en particular. 

Consecuentemente, no corresponde que sea considerada la notificación de la Orden de Verificación No 18300200114 como causal de suspensión del término de la prescripción, por no adecuarse a lo expresamente dispuesto por el parágrafo I del artículo 62 de la Ley 2492, razonamiento concordante con el efectuado por la Autoridad General de Impugnación Tributaria en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0169/2010 de 28 de junio de 2010 -entre otras-, que estableció lo siguiente: 14…) el 2 de julio de 2008, la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN notificó personalmente a Zaida Farias Tapia, ‘con la Orden de Verificación Interna N° 00062960074, F-7520 (…) y no asi con una Orden de Fiscalización como equivocadamente se señala, por lo que de acuerdo con lo establecido en los arts. 29,:31 y 32 del DS 27310 (RCTB), existen diferencias entre los procedimientos de fiscalización y verificación; por lo tanto, dado que el art. 62-1 de la Ley 2492 (CTB), sólo prevé que la notificación con el inicio de la fiscalización, constituye una causal de suspensión del término de la prescripción, en el presente caso, la notificación con una Orden de Verificación, no suspendió el curso de la prescripción por seis meses, conforme con la linea doctrinal asumida en las Resoluciones AGIT-RJ 0409/2009, de 13 de noviembre de 2009; AGIT-RJ 0456/2009, de 11 de diciembre de 2009; AGIT-RJ 0465/2009, de 28 de diciembre de 2009; AGIT-RJ 0031/2010, de 13 de noviembre de 2010; AGIT-RJ 0039/2010, de 27 de enero de 2010 (…)”. 

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En virtud a lo expuesto hasta este punto y en consideración a que la Resolución Determinativa impugnada fue notificada el 26 de agosto de 2020, acto que se destaca, también establece una sanción administrativa por omisión de pago, se comprobó que la Administración Tributaria ejerció sus facultades de determinación e imposición de sanciones administrativas respecto al IVE de la gestión 2013, antes de configurarse la prescripción; motivo por el cual, corresponde desestimar lo argumentado por la parte recurrente en cuanto a la prescripción de la facultad de determinación del SIN. 

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Por otro lado, de la lectura del memorial de alegatos presentado por la sujeto pasivo, se advirtió que la misma, trajo a colación una situación que no fue formulada en el recurso interpuesto, ya que, solicitó sean consideradas como “ratio decidendi, las Resoluciones de Recurso de Alzada ARITCBARA 0363/2019, ARITCBA/RA 0364/2019 y ARIT-CBA/RA 0441/2018 (fojas 123-126 del expediente administrativo); al respecto, corresponde aclarar, que conforme a lo dispuesto en el parágrafo I del artículo 211 del Código Tributario Boliviano, esta instancia recursiva debe pronunciarse de forma expresa, positiva y precisa sobre los puntos recurridos; bajo ese entendido al no haber sido planteados lo señalado en líneas previas, como parte de los fundamentos del memorial de Recurso de Alzada, esta instancia recursiva se ve impedida de pronunciarse 

sobre dicho aspecto. 

Adicionalmente la recurrente sostuvo que la: “(...) “evaluacióny “aplicación, por la Gerencia Nacional de Fiscalización para aplicar la técnica otros” ha sido INCORPORADA Y ACOMODADA maliciosamente en el último cuerpo de antecedentes, lo cual comprueba que jamás estuvo cumplido ese requisito se llevó a cabo el trabajo de campo y la emisión de los actos administrativos observados (…)(fojas 123-126 del expediente administrativo); conforme la revisión de los antecedentes administrativos, se advirtió la nota SIN/GF/DNCC/NOT/865/2019 de 13 de mayo de 2019, con referencia “Solicitud aprobación de técnica para Base Presentaemitida por la Gerencia Nacional de Fiscalización y recepcionada por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, el 20 de mayo de 2019 (fojas 391 394 C10 de antecedentes administrativos). 

De la misma forma, se comprobó que la Vista de Cargo N° 291930000684 y la Resolución Determinativa N° 172030000384, fueron emitidas el 23 de diciembre de 2019 y 31 de julio de 2020, respectivamente (fojas 13401378 y 1477-1544 de antecedentes administrativos), de forma posterior a la aprobación de la técnica para la cuantificación de la Base Presunta, mediante nota SIN/GF/DNCC/NOT/865/2019 de 13 de mayo de 2019 referida en el párrafo anterior, demostrando con ello, que los actos administrativos emitidos por la Administración Tributaria emergieron de un procedimiento previsto normativamente para el establecimiento de la base imponible, sin el cual, dicha entidad hubiera estado impedida de cumplir esa labor, no pudiendo en ese sentido, considerar el argumento 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

aludido por la sujeto pasivo, sobre el incumplimiento del requisito de la aprobación por parte de la Administración Tributaria. 

Asimismo, es preciso recordar a la recurrente, que los reclamos planteados deben contar con fundamentos de hecho y derecho, no pudiendo alegar que la entidad recurrida realizó actos “maliciosamente, sin exponer sustento técnico legal así como la prueba documental que respalde su aseveración, en el marco de lo previsto por el articulo 76 del Código Tributario Boliviano. 

En suma, del análisis de los argumentos de las partes, así como de la compulsa de los antecedentes administrativos, se tiene que, el proceso determinativo impugnado, no contiene los vicios de nulidad argumentados por la sujeto pasivo; siendo que el proceso determinativo fue realizado de forma correcta, aplicando el método de determinación sobre base presunta, situación que no fue desvirtuada en sede administrativa ni ante ésta instancia recursiva por parte del sujeto pasivo; asimismo, también pudo advertirse que el ente recaudador ejerció sus facultades de determinación e imposición de sanciones administrativas con la notificación del acto impugnado, antes, de configurarse el cómputo de la prescripción; consecuentemente corresponde a esta instancia recursiva confirmar la Resolución Determinativa N° 172030000384 de 31 de julio de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales. 

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POR TANTO: 

El suscrito Director Ejecutivo a.l. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley 2492 y artículo 141 del Decreto Supremo 29894 de 7 de febrero de 2009. 

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e Aranbar Mejia 

RESUELVE 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa No 172030000384 de 31 de julio de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales ante la inexistencia de los vicios denunciados por la sujeto pasivo y por el ejercicio de las facultades de determinación e imposición de sanciones administrativas por parte de la Administración Tributaria, en el plazo previsto por la norma tributaria vigente; 

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NO/ISO 

9001 18NORC

Wana de Gestió

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jech’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Av. Oquendo N°381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012 www.ait.gob.bo. Cochabamba, Bolivia 

sea de conformidad con el inciso b) del parágrafo I del artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario Boliviano, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte 

recurrente. 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 de la Ley 2492, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 dias computables a partir de su notificación 

Regístrese, notifiquese y cúmplase. 

ww 

Eric Aysberto Rojas Urquiza 

DIRECTOR EJECUTIVO REGIONAL 

DIRECCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cbba

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