ARIT-CBA-RA-0317-2020 Ratificación de Resolución Sancionatoria, uso de Base presunta en la determinación de la Base imponible para sujeto pasivo que realizó compra de terreno, construcción y venta de edificios; no registrado en el Padrón de Contribuyentes.

ARIT-CBA-RA-0317-2020

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBARA 0317/2020 

Recurrente 

Lourdes Dehne Delgadillo.

Administración recurrida 

: – Gerencia Distrital Cochabamba del

Servicio de Impuestos Nacionales, representada por Agapo Ferrufino Sánchez.

Acto impugnado 

Resolución

  1. 1720300

Determinativa

;

Expediente No 

ARIT-CBA-0208/2020..

Lugar,y fecha 

Cochabamba, 30 de noviembre de 2020.

VISTOS: 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-CBA/ITJ 0317/2020 de 27 de noviembre de 2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente.

ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. La Resolución Determinativa N° 172030000383 de 31 de julio de 2020, que determinó de oficio las obligaciones impositivas de Lourdes Dehne Delgadillo, en la suma de UFV82.689.172 correspondientes al tributo omitido del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas actualizado, intereses y sanción por omisión de pago, de la gestión fiscal concluida a diciembre de la gestión 2014.

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Asimismo, calificó la conducta como omisión de pago por el impuesto sujeto a revisión y por los periodos citados en la determinación sobre base presunta, aplicando un sanción equivalente al 100% del tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento

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– 

II 

de conformidad a los artículos 165 de la Ley 2492, 42 del Decreto Supremo 27310 y la Resolución Normativa de Directorio 10-0032-16. Acto notificado el 26 de agosto de 2020 (fojas 1608-1678 y 1682 de antecedentes administrativos).

TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA. II.1. Argumentos de la Recurrente. Lourdes Dehne Delgadillo, mediante memorial presentado el 15 de septiembre de 2020 (fojas 72-84 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra Resolución Determinativa No 172030000383 de 31 de julio de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, argumentando lo

siguiente:

Que, la Administración Tributaria le notificó con la Orden de Verificación No 181300200115 en el que se le anunció que se procedería a la verificación de hechos y elementos relacionados con la venta de bienes inmuebles que influyen en el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, equiriéndole documentación en tres oportunidades, a las cuales presentó notas debidamente fundamentadas, solicitando dejar sin efecto los actuados administrativos, empero sin obtener respuesta formal, fue notificado con la ilegal y forzada Vista de Cargo, a través de la cual fue determinada la deuda tributaria.

Indicó que dentro del plazo establecido por el artículo 98 de la Ley 2492, presentó todos los fundamentos y argumentos legales que desvirtúan los cargos establecidos; sin ningún tipo de análisis concreto e imparcial, la Administración Tributaria apelando simplemente a su potestad, fuerza desmedida e imperio, declaró los descargos como no válidos.

Manifestó que fue notificado con dos notas de respuesta, donde fue comunicado que conforme al artículo 100 de la Ley 2492, la Administración Tributaria dispone de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e investigación, por lo que el análisis y valoración de los argumentos de solicitud, sería respondido en el acto administrativo que corresponda; demostrando con ello que el ente recaudador en ningún momento dio respuesta a las cuestiones planteadas, vulnerando el derecho a la petición e incumpliendo los deberes del servidor público; siendo que la Vista de Cargo no respondió lo solicitado, en razón a que fue notificada 1 año y 2 meses después de presentada la primera nota; además señaló que tanto la Vista de Cargo como la Resolución impugnada, no contienen

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una respuesta puntual, concreta y fundamentada al contenido de las tres notas presentadas, constituyendo agravio al derecho a la petición, derecho a la defensa y al debido proceso, derivado en un estado de indefensión, 

Recalcó que los fundamentos de descargo presentados dentro del plazo establecido en el artículo 98 de la Ley 2492, no merecieron ningún tipo de análisis o valoración, en franca vulneración del parágrafo 11 del artículo 99 de la citada Ley; al efecto, citó las Sentencias Constitucionales 1068/2010-R de 23 de agosto y 0273/2012 de 4 de junio.

Puntualizó que como descargo invocó la teoria de los frutos del árbol envenenado, empero que la Administración Tributaria, en total desconocimiento de la misma,, transcribió conceptos y citó una Sentencia Constitucional que no tiene ningún tipo de aplicación al presente caso, resultando evidente que no fue respondido ni valorado adecuadamente el descargo presentado

Argumento que manifestó a la Administración Tributaria que no cuenta con registro en el padrón de contribuyentes, debido a que no desarrolla actividad gravada; además que, desde el punto de vista sistemático y de orientación preventiva, todo error que recaiga sobre los presupuestos de la conducta o sobre los elementos normativos del tipo, debe considerarse error de tipo; no obstante adujo, que lá Resolución impugnada en su página 49, acomodó los elementos invocados a su antojo y los situó en el artículo 153 de la Ley 2492, en franca contradicción a lo verdaderamente invocado, generando confusión y falta de respuesta

Reiteró que no posee NIT y por ende no desarrolla actividad gravada o hecho generador del cual devengan obligaciones tributarias atribuidas; siendo que no fue realizado presupuesto del cual pudiese emerger algún tipo de responsabilidad u obligación tributaria derivada en una relación juridica tributaria, por lo que respecto a lo planteado, señala que la Administración Tributaria se limitó a replicar el contenido de la Vista de Cargo, forzando la aplicación de los artículos 37, 39 y 41 de la Ley 843, sin mayor elemento de análisis y evaluación.

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Manifestó que se encuentra excluida de la definición de sujeto pasivo detallado en el et tegende articulo 38 de la Ley 843, porque no desarrolló algún tipo de actividad que sea considerada 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a karnani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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como hecho generador del tributo al amparo del artículo 36 de la citada Ley; agregó que no posee Estados Financieros de donde emerja el pago de la obligación tributaria; por lo que afirmó que no tiene forma de determinar una utilidad neta, menos de acceder a los ajustes que permitan compensar o deducir los conceptos gravados.

Invocó el principio de legalidad y transparencia, para señalar que la desprolijidad de los plazos procesales y el alcance de la verificación, vulneraron el derecho al debido proceso y el principio de transparencia, correspondiendo en consecuencia la anulación del proceso hasta la Orden de Verificación, cuyo alcance no corresponde a actividad desarrollada, pues la Administración Tributaria incurrió en vicios de nulidad en la emisión de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, al privarlas de la fundamentación necesaria para alcanzar su fin, tal como exigen los artículos 96 y 99 de la Ley 2492; en tal sentido, hizo hincapié en que la Administración Tributaria privó de fundamentación en la normativa que regula la aplicación del IVE; al efecto, citó el Auto Supremo 199/2013.

Puntualizó que en las páginas 49 a 51 del acto impugnado, la Administración Tributaria se limitó a trascribir los artículos 16, 17 y 70 de la Ley 2492 y 36, 37, 39 y 41 de la Ley 843, empero no explicó ni desarrolló la forma en que dicha norma se adecuo al hecho fáctico que hace a la conducta, más aun tomando en cuenta que producto de la consideración de empresa unipersonal, fue aplicada una alicuota establecida para personas jurídicas obligadas a llevar registros contables.

Afirmó que la Orden de Verificación No 18300200115 fue notificada el 27 de diciembre de 2018 y la Vista de Cargo fue manejada para que figure como si hubiera sido emitida el 23 de diciembre de 2019, cuando la misma fue notificada el 4 de marzo de 2020, incumpliendo lo dispuesto por el artículo 104 de la Ley 2492; por otra parte, citó lo dispuesto en el artículo 33 e inciso d) del artículo 28 de la Ley 2341, para señalar que la notificación con la vista de Cargo es nula, en aplicación del inciso c) del artículo 35 de la citada Ley, siendo que precluyó el derecho del ente recaudador para notificar la misma, resultando necesario precautelar el derecho de los sujetos pasivos a que los plazos se cumplan; al efecto, adujo que lo contrario implicaria contravenir el principio de sometimiento pleno a la Ley; en respaldo de su aseveración citó el artículo 4 y el inciso i) del artículo 16 de la Ley 2341.

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Refirió que la Resolución Determinativa es copia fiel y exacta de la Vista de Cargo y que no establece con claridad los fundamentos y razones técnicas para la determinación sobre base presunta y la aplicación de la técnica “otros”, limitándose dicho acto a señalar su aplicación en base a los artículos 43, 44 y 45 de la Ley 2492 e inciso d) del artículo 8 de la Resolución Normativa de Directorio 10-0017-13.

Indicó que la Administración Tributaria no llevó a cabo algún trabajo de fiscalización y averiguación de la verdad, limitándose a justificar su desconocimiento de datos, hechos y circunstancias, por no acompañar la documentación requerida; desconociendo lo dispuesto en los artículos 76 de la Ley 2492 y 116 de la Constitución Política del Estado, siendo que con sus amplias facultades de control, comprobación, verificación, fiscalización, investigación, etc., debió apelar a todos los recursos a su alcance para justificar una determinación sobre base cierta, empero que no existe inspección a la edificación, cuestionarios, ni cruces con los proveedores de materiales para obtener elementos tangibles; en tal sentido, afirmó que en el presente caso resultaria inaplicable lo dispuesto en el artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio 10-0017-13.

Sostuvo que la utilización referencial de otros contribuyentes, exige la existencia de similitudes, no pudiendo utilizar discrecionalmente información de terceros que no se asemejan a-la-situación del fiscalizado, resultando incongruente determinar que los contribuyentes A y B no son similares, empero que fueron utilizados para determinar la base imponible; agregó que en la estructura de costos, no cursa un desglose o detalle que integre los componentes del costo de construcción y otros aspectos, situación que lesionó el derecho a la legitima defensa y al debido proceso; en consecuencia, aseguró que la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa no contienen los fundamentos o razones por las cuales fue dispuesta la aprobación o utilización de la señalada técnica, incumpliendo los dispuesto en los artículos 96 y 99 de la Ley 2492, así como los artículos 18 y 19 del Decreto Supremo 27310; agregó que en los antecedentes administrativos, no existe constancia de la evaluación y aprobación por la Gerencia Nacional de Fiscalización (al

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margen de la desigualdad procesal que genera la disposición administrativa, al ser el SIN

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Observó que en antecedentes no cursa prueba que demuestre que realizó la actividad de construcción de bienes inmuebles, siendo que el hecho de suscribir la transferencia de

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algunos bienes inmuebles no la convierte en constructora; además que la interpretación de los artículos 37 y 39 de la Ley 843, pretende considerarla como empresa sin tener NIT.

Manifestó que, al considerar como base la información de los contribuyentes A y B para determinar la utilidad imponible, es necesario conocer el contenido de dicha información en forma directa y fidedigna, no pudiendo ser privado el conocimiento de la información bajo el pretexto del principio de confidencialidad; por lo que la Administración Tributaria debió acudir a otros medios para investigar y obtener información que permita sostener técnicamente el reparo; al efecto, citó la Sentencia Constitucional Plurinacional 0978/2012 de 22 de agosto, así como el artículo 116 de la Constitución Politica del Estado.

Argumentó que la nota de la Cámara Departamental de la Construcción (CADECO), debió generar una adecuada lectura, en sentido de averiguar más a fondo las características propias del inmueble, sobre el cual fue determinada la deuda tributaria; siendo que la escasa explicación y detalle de los datos tomados en cuenta, resulta insuficiente para cumplir con la motivación y fundamentación del acto, máxime si no fue aportado ningún documento de los datos que fueron considerados.

Señaló que, no existe constancia de que las construcciones comparadas sean iguales a los inmuebles objeto de reparo, siendo que influyen datos como ubicación, calidad del material, acabado, cantidad de trabajadores, tecnologia instalada, tiempo de construcción, gastos de promoción de venta, montaje y equipamiento de áreas comunes, etc.; observó además que, el ente recaudador, se limito a determinar una utilidad presunta en base a costo de los materiales, mano de obra y costos indirectos, sin detallar sus componentes.

Sostuvo que la documentación obtenida del Gobierno Autónomo Municipal, Notarías y

Derechos Reales, no puede ser considerada como un medio de prueba legitimo, ni servir de base para la determinación, toda vez que no se encuentra legalizada ni refrendada por los tenedores de los documentos originales, conforme manda el Código Civil. Recalcó que no tiene la obligación de registrarse en el padrón de contribuyentes, por inexistencia de desarrollo de actividad gravada. 

Por los fundamentos expuestos, solicitó la anulación de la Resolución Determinativa No 172030000383 de 31 de julio de 2020, hasta la Orden de Verificación No 18300200115.

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II.2. Auto de Admisión. El 18 de septiembre de 2020, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Admisión EXPEDIENTE ARIT-CBA-0208/2020, correspondiente al Recurso de Alzada interpuesto por Lourdes Dehne Delgadillo contra la Resolución Determinativa No 172030000383 de 31 de julio de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, (fojas 85 del expediente administrativo).

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria. La Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por José Elmer Barrancos Barrientos, conforme Resolución Administrativa de Presidencia N° 32000000725 (fojas 91-92 del expediente administrativo), por memorial presentado el 9 de octubre de 2020 (fojas 93-106 del expediente administrativo), respondió al Recurso de Alzada con los siguientes fundamentos:

Que, la Administración Tributária ostenta la facultad de investigar, verificar y realizar labores de fiscalización, citó al efecto los artículos 100, 66 numeral I, 95, parágrafo I y 96 parágrafo I del Código Tributario Boliviano, afirmando que es obligación del sujeto pasivo proporcionar toda clase de datos, informes o antecedentes con efectos tributarios, emergentes de sus relaciones económicas profesionales o financieras.

Manifestó que notificó a la sujeto pasivo con el requerimiento de información No 00156504 de 14 de diciembre de 2018 y Anexo de 24 de diciembre de 2018, además de un segundo requerimiento No 00156527 que reiteró la solicitud de documentación a efecto de prosecución de la Orden de Verificación, además de notificar un tercer requerimiento de información No 00160513 y anexo, en el que solicitó identificar y demostrar el detalle de facturas que fueron emitidas a su nombre y cédula de identidad de compras que tengan relación directa y/o indirecta con la construcción del Edificio Plaza Real, así como documentación que sustente el pago realizado a proveedores, especificando el lugar de

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entrega y Notas de Entrega, a fin de recolectar elementos mediante los cuales pueda

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verificar las obligaciones tributarias del sujeto pasivo.

Señaló que por mandato del artículo 71 de la Ley 2492, tiene facultad de solicitar información a personas jurídicas y privadas, a fin de establecer con exactitud la

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determinación del adeudo tributario y posteriormente emitir y notificar la vista de Cargo que posibilita al sujeto pasivo la presentación de descargos, para finalmente dictar la Resolución Determinativa como acto definitivo.

Afirmó que la sujeto pasivo devolvió al ente fiscal los requerimientos de información y solicitó dejar sin efecto los mismos, situación que fue respondida de manera clara mediante Notas SIN GDCBBA/DF/G1NE/NOT/151/2019 de 25 de enero de 2019, SIN/GDCBBA/DF/G3NVE/NOT/422/2019 de 14 de marzo de 2019 y SIN/GDCBBA/DF/G3/VE/NOT/834/2019 de 30 de abril de 2019, aclarando al sujeto pasivo que dicha solicitud será valorada en la vista de Cargo. Agregó que las Notas de respuesta fueron notificadas al sujeto pasivo, las dos primeras por cédula y la última por secretaría, no existiendo argumento para declarar la nulidad, toda vez que no vulnero el derecho de petición ni a la defensa del sujeto pasivo, pues dio respuesta a las tres notas presentadas. 

Afirmó que no vulneró el derecho al debido proceso en su elemento de fundamentación, motivación y principio de transparencia, siendo que producto de la investigación, verificación y control, demostró de forma objetiva, fehaciente y materialmente que la sujeto pasivo no cumplió sus obligaciones tributarias al combinar factores de capital y terreno para construir el Edificio “Plaza Real” y posteriormente proceder a vender departamentos, parqueos y bauleras que generaron ingresos no declarados y por ende, utilidad imponible no declarada, alcanzada por el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas.

Afirmó que la sujeto pasivo realizó actividad de construcción para su posterior comercialización y en virtud de los artículos 37 y 39 de la Ley 843, las empresas unipersonales son sujetos del IUE, entendiendo por empresa, la unidad económica que coordine factores de producción (capital, tierra y trabajo), en las actividades industriales y comerciales y al realizar la construcción del Edificio “Plaza Real” y proceder a la venta de departamentos, parqueos y bauleras que generaron utilidades de fuente boliviana; en tal sentido, aseguró que la parte recurrente es sujeto pasivo del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, conforme lo señala el artículo 42 de la Ley 843.

Citó el numeral 7 del artículo 108 de la Constitución Politica del Estado y señaló que todas las personas naturales y jurídicas deben aportar al Estado con el pago de impuestos y en

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el presente caso, corresponde su cobro ante la conducta comercial del sujeto pasivo que transfirió a título oneroso, departamentos, parqueos y bauleras durante la gestión 2014. Agregó que no vulneró algún derecho fundamental reconocido en la Constitución Política de Estado, correspondiendo desestimar lo manifestado al respecto por la parte recurrente.

Aclaró que la actividad de construcción se diferencia en dos rubros, el primero referido a contratos de obra o servicios de construcción a petición de terceros y el segundo consiste en la construcción por cuenta propia, donde la finalidad es la venta de inmuebles, actividad que se encuentra gravada principalmente por el IUE, el IT y con excepciones del caso por el RC-IVA, cuando funge como agente de retención. Afirmó que la sujeto pasivo se encuentra en el segundo rubro, pues no presentó documentación que permita establecer lo contrario, constituyendo una empresa unipersonal, que en aplicación del numeral 2 del articulo 70 de la Ley 2492, está obligada a llevar registros contables y cumplir con los dispuesto en los artículos 36 y 40 del Código de Comercio y-la elaboración de Estados Financieros. Reiteró que la actividad de la sujeto pasivo reviste carácter de venta y comercial por sobre la construcción, motivo suficiente para ser alcanzada por el IUE, toda vez que obtuvo utilidad imponible de fuente boliviana, conforme lo señala el artículo 42 de la Ley 843…

Sostuvo que la documentación consistente en minutas de transferencia proporcionadas por Notarías de Fe Pública e información de Derechos Reales (Sistema SINAREP WEB FOLIO REAL) evidencia la enajenación de inmuebles de propiedad de la sujeto pasivo, identificada, en dichos documentos, como propietaria y vendedora; hechos que obedecen a la verdad material y realidad, que no fue desvirtuada por la parte recurrente. 

Manifestó que la vista de Cargo y Resolución Determinativa cumplen con lo establecido por parágrafos I y II del artículo 96 y parágrafo II del artículo 99 de la Ley 2492, toda vez que contienen la debida fundamentación y motivación que sustenta la determinación sobre base presunta, al exponer los antecedentes de hecho y de derecho que justifican las razones del cargo formulado en contra de la sujeto pasivo, careciendo de sustento legal y de hecho lo denunciado por la sujeto pasivo. Agregó que se encuentran sometidos al principio de legalidad y sus actuaciones están sometidas a la Ley y no a la voluntad de las personas, al efecto citó el artículo 4 de la Ley 2341 y manifestó que, en el presente caso, 

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aplicó las disposiciones legales para determinar el reparo en contra de la sujeto pasivo, quien no presentó prueba o evidencia documental que desvirtúe lo determinado.

Señaló que tiene amplias facultades para fiscalizar hechos generadores que no fueron de su conocimiento, sin que implique vulneración de los principios de Buena Fe y transparencia; adujo que en el presente caso, al constituir un proceso de verificación, determinó sin lugar a dudas la realización de una actividad económica, coordinando factores de producción para la construcción del Edificio “Plaza Real”, para su posterior venta a través de Escrituras Públicas y/o minutas, en las cuales figura la sujeto pasivo como vendedora de dichos inmuebles.

Afirmó que la Ley 2492 no contempla la caducidad o pérdida de sus facultades ante el incumplimiento de plazo, toda vez que el artículo 104 de dicho cuerpo legal, no recoge en su texto un término perentorio, por cuanto si bien debe observar el plazo dispuesto, su inobservancia no causa pérdida de facultad de determinar la deuda tributaria o dejar sin efecto la presunción de deuda establecida, sino que, conforme a los artículos 35 y 36 de la Ley 2341, será considerado como un acto anulable. Como precedente administrativo, citó las Resoluciones de Recurso Jerárquico STG-RJ/0339/2006 de 13 de noviembre de 2006 y AGIT-RJ 1059/2015 de 23 de junio de 2015.

Agregó que el artículo 104 de la Ley 2492 no establece ni condiciona el término legal de emisión, además que la prórroga prevista en el mismo implica la posibilidad de contar con un trabajo minucioso a fin de cumplir su objetivo, sin que ello implique perentoriedad de su facultad determinativa, no pudiendo referir el carácter supletorio de la Ley de Procedimiento Administrativo ni su Decreto Reglamentario, toda vez que su aplicación causaría agravios a la Administración Tributaria en su derecho al debido proceso. Agregó que, por el principio de especificidad, no es posible declarar la nulidad de una actuación y no obstante que, entre la emisión de la Vista de Cargo y su notificación, transcurrieron más de cinco días, la norma no establece de forma expresa que las notificaciones fuera de plazo puedan causar la anulabilidad del acto, además que la sujeto pasivo presentó descargos en el plazo de 30 de días, no causando indefensión al sujeto pasivo

Señaló que en su labor de fiscalización, a fin de descubrir la existencia de hechos

imponibles, solicitó documentación de propiedad de la sujeto pasivo, para luego

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determinar la base imponible y el cálculo del tributo a pagar, mediante métodos técnicos expresamente dispuestos en norma. Citó doctrina sobre la determinación sobre base presunta y el Auto Supremo N° 67/2014 de 8 de mayo.

Agregó que procede la determinación sobre base presunta, cuando se desconoce de forma directa e indubitable el hecho generador, el periodo fiscal o la base imponible y por ello en el presente caso, determinó reparos con pleno sometimiento a la Ley sobre base presunta, al agotar los medios para la obtención de la documentación e información que permita conocer en forma directa e indubitable los elementos de la obligación tributaria, evidenciando que la parte recurrente es sujeto pasivo del IVE, pues generó utilidad neta imponible no declarada, obtenida por concepto de venta de bienes inmuebles en propiedad horizontal del Edificio “Plaza Real”, que mereció la aplicación de la alicuota del 25%, dispuesta en el artículo 50 de la Ley 843, resultando una diferencia a favor del fisco del IUE por la gestión concluida a diciembre de 2014. –

Sostuvo que para la obtención del margen de utilidad, solicitó la aprobación de una nueva técnica sobre base presunta que permita determinar los costos de construcción de conformidad a lo dispuesto en el inciso d) “Otras” del artículo 8 de la Resolución Normativa de Directorio 10-0017-13.de 8 de mayo de 2013.

—–.

Transcribió el análisis expuesto en el acto impugnado respecto a las técnicas para cuantificar la base imponible presunta y sostuvo que remitió el Informe SIN/GDCBBA/DF/G3/E/INF/1093/2019 de 26 de abril de 2019 solicitando la aprobación de la técnica dispuesta en el inciso d) del artículo 8 de la Resolución Normativa de Directorio 10-0017-13, la cual fue aprobada mediante nota SIN/GF/DNCC/NOT/00866/2019 de 13 de mayo de 2013.

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Expuso el análisis de la información y documentación de los contribuyentes signados como “A” y “B” y afirmó que se dedican a la misma actividad económica de la sujeto pasivo y que si bien, la información corresponde a gestiones anteriores a la verificada, no contó con más elementos para la determinación de los costos de construcción, por lo que, considerando las publicaciones de Precios Unitarios de Referencia para la Construcción, presentados por la Cámara de Construcción de Cochabamba (CADECO), observó que la utilidad referencial en las gestiones señaladas se mantiene invariable, lo que hace

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presumir que los costos de construcción no sufrieron variaciones significativas, además que la inflación no ocasionó impacto en la utilidad del sector, encontrándose dicha información acorde a la realidad económica de construcción de la sujeto pasivo, sostuvo que de lo analizado, correspondió aplicar el índice de 68.76% a fin de establecer la utilidad por la actividad de construcción de bienes inmuebles y posterior venta correspondiente a la gestión 2014

Reiteró que sustentó y justificó la aplicación de la determinación sobre base presunta, debido a que el sujeto pasivo omitió registrar sus ingresos por la venta de bienes inmuebles y no presentó información que permita conocer de manera indubitable el costo de construcción del Edificio “Plaza Real”, situación que privo de elementos para la determinación de la base imponible sobre base cierta. 

Manifestó que la información de los contribuyentes “A” y “B” fue expuesta en la Vista de Cargo y en la Resolución Determinativa, lo que impide alegar su desconocimiento y consecuente indefensión, pues dichos actos contienen los elementos y valoraciones que fundamentan la determinación de los costos de construcción sobre base presunta, no teniendo ninguna relevancia ni afectación al derecho a la defensa, el conocer sus nombres, documentación considerada confidencial en virtud del parágrafo 1 del artículo 67 de la Ley 2492.

Afirmó que, no pudo aplicar de manera directa el inciso c) del artículo 8 de la Resolución Normativa de Directorio 10-0017-13, ante la inexistencia de al menos tres parámetros parecidos entre la sujeto pasivo y los contribuyentes “A” y “B”, siendo que el único parámetro parecido es el desarrollo de la actividad en la misma jurisdicción. Agregó que la Vista de Cargo y Resolución Determinativa analizó la información y documentación de los contribuyentes “A” y “B”, obtenida por instituciones financieras respecto a los préstamos obtenidos para la construcción y venta de departamentos, parqueos y bauleras; empero, que de forma contraria, la sujeto pasivo se limitó a presentar notas solicitando la nulidad de obrados, sin formular argumentos ni presentar descargos que desvirtúen la determinación sobre base presunta, misma que por disposición del parágrafo II del artículo 80 de la Ley 2492 y artículo 11 de la Resolución Normativa de Directorio 10-0017-13, admite prueba en contrario y el aporte de documentación en el plazo de descargo de 30; días, en virtud del artículo 76 del Código Tributario.

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Sostuvo que, emitió la Vista de Cargo cumpliendo lo dispuesto en el parágrafol del artículo 96 de la Ley 2492, al fundamentar y motivar la determinación sobre base presunta, exponiendo los antecedentes de hecho y derecho que justifican las razones del cargo formulado; asimismo, aseguró el cumplimiento del parágrafo II del artículo 99 del Código Tributario Boliviano, no siendo evidente la solicitud de nulidad pretendida por la sujeto pasivo. 

Citó la Sentencia 244/2012 de 1 de octubre de 2012, emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia así como el artículo 8 de la Ley 2492 y afirmando que buscó de manera objetiva la verdad material, empero que, la sujeto pasivo, actuó de mala fe y con

intensión de obstaculizar el proceso, al no presentar documentación concerniente al detalle de los costos de construcción incurridos en el Edificio Plaza Real, dando lugar a la determinación sobre base presunta del margen de utilidad y el reparo a favor del fisco correspondiente al UE. Manifestó que, por los convenios suscritos con diferentes instituciones, obtuvo información que, permite identificar la transferencia de bienes inmuebles en la gestión fiscalizada, constituyendo en información legal que no requiere ser refrendada por los’tenedores,

Por los fundamentos expuestos, solicitó confirmar la Resolución Determinativa No 172030000383 de 31 de julio de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales.

11.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba. El 12 de octubre de 2020, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Apertura Término de Prueba EXPEDIENTE ARIT CBA-0208/2020, disponiendo el término probatorio de veinte dias comunes y perentorios para ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 218 del Código Tributario Boliviano (fojas 107 del expediente administrativo).

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El 30 de octubre de 2020, la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales representada por José Elmer Barrancos Barrientos, presentó memorial a través del cual ofreció, propuso, reprodujo y ratificó en calidad de prueba preconstituida, los antecedentes administrativos acompañados al momento de responder al Recurso de Alzada. Asimismo, señaló que en una carpeta de fojas 1 a 395, cursa la solicitud de aprobación de técnica para la base presunta, que reviste el 

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III 

carácter de reservado respecto a los nombres de los contribuyentes A y B (fojas 109 del expediente administrativo).

El 3 de noviembre de 2020, la parte recurrente mediante memorial, refirió acogerse al Principio de Adquisición Procesal”, manifestando que, en el recurso interpuesto, fundamento aspectos de hecho y de derecho, donde dicha adquisición debía ser tomada en cuenta por la instancia de Alzada. Asimismo, ratificó todos los elementos, argumentos y fundamentos expuestos en el memorial de interposición del Recurso de Alzada (fojas 112 del expediente administrativo). 

II.5. Alegatos. El 23 de noviembre de 2020, la sujeto pasivo presentó memorial de alegatos reiterando los argumentos planteados en su memorial de Recurso de Alzada referidos a la falta de valoración de los descargos, así como la inexistente respuesta a las notas presentadas al inicio del proceso determinativo; falta de fundamentación en la atribución de sujeto pasivo del JUE; incumplimiento de plazo para emitir la Vista de Cargo; observaciones a la determinación de deuda tributaria; desarrollo de actividad gravada; que, la documentación obtenida del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, Notarias e información de Derechos Reales, no puede ser considera como medio de prueba; inexistencia de fundamentación para la determinación sobre base presunta y la aplicación de la técnica; y la prescripción de las facultades administrativas. 

Asimismo, señaló que conforme consta en antecedentes administrativos remitidos por la entidad recurrida, la “...) ‘evaluación’ y ‘aplicación, por la Gerencia Nacional de Fiscalización para aplicar la técnica ‘otros’ ha sido INCORPORADA Y ACOMODADA maliciosamente en el último cuerpo de antecedentes, lo cual comprueba que jamás estuvo cumplido ese requisito se llevó a cabo el trabajo de campo y la emisión de los actos administrativos observados (...)”, alegando la concurrencia de un nuevo vicio de nulidad; y solicitó sean consideradas como “ratio decidendi”, las Resoluciones de Recursos de Alzada ARIT-CBARA 0363/2019, ARIT-CBARA 0364/2019 y ARIT CBARA 0441/2018 (fojas 124-127 del expediente administrativo).

El 23 de noviembre de 2020, Agapo Ferrufino Sánchez, como Gerente Distrital. Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales acreditado conforme a Resolución

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Administrativa de Presidencia No 032000001098 de 19 de noviembre de 2020, se apersonó ante ésta instancia de alzada a objeto de presentar alegatos, reiterando los argumentos expuestos en el memorial de respuesta de la Administración Tributaria al

presente Recurso de Alzada, reafirmando que no vulneró el derecho a la petición, a la defensa, ni al debido proceso; asimismo, refirió que la sujeto desarrolló una actividad gravada por el UE y que no existirían vicios de nulidad en la emisión de la Vista de Cargo, determinando correctamente las obligaciones tributarias de la sujeto pasivo sobre base presunta; peticionando la confirmación del acto impugnando (fojas 117-121 del

expediente administrativo).

ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA. El 11 de diciembre de 2018, la Administración Tributaria emitió la Orden de Verificación No 18300200115, con el objeto de verificar todos los hechos y elementos relacionados al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas de la gestión 2014, de Dehne Delgadillo Lourdes. Acto notificado por cédula, el 27 de diciembre de 2018 (fojas 6 y 14 de antecedentes administrativos).

El 14 de diciembre de 2018, emitió el Requerimiento No 00156504 y anexo adjunto, mediante los cuales, solicitó a la sujeto pasivo diferente documentación inherente al proceso determinativo. Acto notificado, por cédula, el 27 de diciembre de 2018. En respuesta, el 14 de enero de 2019, la sujeto pasivo presentó nota con referencia “Devuelvo notificación y solicita se deje sin efecto documentación que indica” (fojas 8-9, 16-22 de antecedentes administrativos).

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El 25 de enero de 2019, la Administración Tributaria emitió la nota SIN/GDCBBA/DF/G1NE/NOT/151/2019, con referencia RESPUESTA A LAS CARTAS PRESENTADAS EN FECHA 14/01/2019″, comunicando a la sujeto pasivo que, conforme dispone el artículo 100 de la Ley 2492, como Administración Tributaria cuenta con facultades de verificación fiscalización e investigación, por lo que, los resultados de la actuaciones realizadas dentro de la Orden de Verificación No 18300200115, así como la valoración de los argumentos expuestos en la citada carta, serían atendidos a través del acto administrativo correspondiente y debidamente notificado. Acto notificado por cédula, el 14 de febrero de 2019 (fojas 23 y 27 de antecedentes administrativos).

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El 15 de febrero de 2019, emitió el Requerimiento No 00156527 y anexo adjunto, reiterando a la sujeto pasivo, la presentación de la documentación solicitada mediante Requerimiento No 00156504 y anexo adjunto. Acto notificado por cédula, el 26 de febrero de 2019. El 7 de marzo de 2019, la sujeto pasivo presentó nota con referencia “Nuevamente devuelve diligencias de notificación y solicita se deje sin efecto documentación que indica(fojas 28, 29, 33 y 35-39 de antecedentes administrativos). 

El 14 de marzo de 2019, también emitió la nota SINGDCBBA/DF/G3NE/NOT/422/2019, con referencia RESPUESTA A LAS CARTAS PRESENTADAS EN FECHA 7/03/2019″, replicando los argumentos expuestos en la nota SIN/GDCBBA/DF/G1NE/NOT/151/2019 de 25 de enero de 2019. Acto notificado el 27 de marzo de 2019 (fojas 40 y 44 de antecedentes administrativos).

El 8 de abril de 2019, la Administración Tributaria formuló el Requerimiento No 00160513 y anexo adjunto, mediante los cuales, solicitó a la sujeto pasivo la presentación de documentación e información inherentes a facturas de compras emitidas a nombre de la parte recurrente. Acto notificado por cédula, el 17 de abril de 2019. En respuesta, el 23 de abril de 2019, la sujeto pasivo presentó nota con referencia “Nuevamente (por tercera vez) devuelve actos administrativos y solicita se deje sin efecto documentación que indica” (fojas 45, 46-63, 67 y 69-90 de antecedentes administrativos).

El 30 de abril de 2019, la Administración Tributaria emitió la nota SIN/GDCBBA/DF/G3NE/NOT/834/2019, con referencia RESPUESTA A LAS CARTAS PRESENTADAS EN FECHA 23/04/2019, replicando los argumentos expuestos en la nota SIN/GDCBBA/DF/G1NVE/NOT/151/2019 de 25 de enero de 2019. Acto notificado el 15 de mayo de 2019 (fojas 91 y 91 vta. de antecedentes administrativos).

El 23 de diciembre de 2019, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo No 291930000685, que liquido de manera preliminar la deuda tributaria en UFVs 2.642.641 equivalente a Bs.157.856.-, correspondiente al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) omitido, interés y la sanción por la calificación preliminar de la conducta. Acto notificado mediante cédula el 4 de marzo de 2020 (fojas 1470-1510 y 1514 de antecedentes administrativos).

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El 15 de junio de 2020, la sujeto pasivo presentó memorial de descargo a la Vista de

Cargo, señalando la concurrencia de incidentes de nulidad, ya que presentó notas (14 de enero, 7 de marzo y 23 de abril de 2019) que no fueron oportunamente resueltas; preciso la inexistencia del hecho generador y que la Vista de Cargo fue notificada fuera de plazo previsto en normativa; reclamó que fue indebida e ilegal la aplicación de la base presunta; falta de fundamentación y motivación de la Vista de Cargo; que, no cursa constancia de la evaluación y aprobación por la Gerencia Nacional de Fiscalización, respecto al método aplicado; que, no tiene forma de desvirtuar, objetar o contradecir la supuesta información obtenida de los prenombrados contribuyentes A y B, por lo que fueron vulnerados sus derechos al debido proceso y a la defensa; que no existió ningún tipo de búsqueda de la verdad material, contraviniendo el inciso d) del artículo 4 de la Ley 2341:

Extendió sosteniendo que, no le corresponde la conducta de “omisión de pago”, dispuesta en el artículo 165 de la Ley 2492 y adujo que, no combinó factores de producción ni realizó las actividades que se le pretende atribuir a título individual como persona natural; observó que la documentación obtenida del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, Notarjas y la información de Derechos Reales obtenida de SINAREPWEB, no puede ser considera como medio de prueba legítimo, menos servir de base para ninguna determinación-impositiva, ya que, no se encuentran legalizadas ni refrendadas por los tenedores de los documentos originales. Por los argumentos expuestos, solicitó la nulidad de obrados, hasta la Orden de Verificación No 18300200115 (fojas 1560-1582 de antecedentes administrativos).

El 31 de julio de 2020, la Administración Tributaria dictó la Resolución Determinativa No 172030000383 que determinó de oficio, por conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones impositivas de la sujeto pasivo Lourdes Dehne Delgadillo, en la suma de UFVs 2.689.172 equivalentes a Bs6.325.094.- correspondientes al tributo omitido del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas actualizado, intereses y sanción por omisión de pago, de los periodos fiscales enero a diciembre de la gestión 2014. Asimismo, calificó la conducta de la sujeto pasivo como omisión de pago por el impuesto sujeto a revisión y por los periodos citados en la determinación sobre base presunta, aplicando un sanción equivalente al 100% del tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento de conformidad a los artículos 165 de la Ley 2492, 42 del

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Decreto Supremo 27310. Acto notificado mediante cédula el 26 de agosto de 2020 (fojas 1608-1678 y 1682 de antecedentes administrativos).

  1. W. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA.

Conforme a lo establecido en el artículo 211 parágrafo | del Código Tributario Boliviano, esta instancia recursiva ingresará a resolver los reclamos planteados por la parte recurrente, correspondiendo aclarar que la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, identificándose como agravios los siguientes aspectos de forma y fondo: 1. Falta de consideración y valoración de los argumentos de descargo; 2. Incumplimiento de plazo para emisión y notificación de la Vista de Cargo; 3. Fundamentación en la atribución como sujeto pasivo del (UE; 4. Sobre el desarrollo de actividad gravada; y 5. Observaciones en la determinación de la deuda tributaria.

IV.1. Falta consideración y valoración de los argumentos de descargo. Lourdes Dehne Delgadillo señaló que, la Administración Tributaria le requirió documentación en tres oportunidades y al efecto presentó notas debidamente fundamentadas, solicitando dejar sin efecto los actuados administrativos, empero que sin ningún tipo de respuesta formal, fue notificada con la ilegal y forzada Vista de Cargo.

Precisó que, tanto la Vista de Cargo como la Resolución impugnada, carecen de respuesta puntual, concreta y fundamentada al contenido de las tres notas presentadas, constituyendo un agravio al derecho a la petición, derecho a la defensa y al debido proceso, derivado en un estado de indefensión.

Manifestó que, los fundamentos de descargo, presentados dentro del plazo establecido en el artículo 98 de la Ley 2492, desvirtúan los cargos atribuidos; no obstante, adujo que éstos no merecieron algún tipo de análisis o valoración, en franca vulneración del parágrafo ll del artículo 99 de la citada Ley.

Por su parte, la Administración Tributaria sostuvo que la sujeto pasivo devolvió al ente fiscal los requerimientos de información y solicitó dejar sin efecto los mismos; argumento que, dichas notas fueron respondidas de manera clara mediante las Notas SIN/GDCBBA/DF/G1NE/NOT/151/2019 de 25 de enero de 2019,

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SIN/GDCBBA/DF/G3VE NOT/422/2019 de 14 de marzo de 2019 y SIN/GDCBBA/DF/G3/VE/NOT/834/2019 de 30 de abril de 2019, aclarándole al sujeto pasivo, que dicha solicitud sería valorada en la vista de Cargo. Amplió señalando que las notas de respuesta fueron notificadas a la sujeto pasivo de la siguiente manera: las dos primeras por cédula y la última por secretaría, no existiendo argumento para la nulidad, puesto que no se vio vulnerado el derecho de petición ni de defensa de la sujeto pasivo, habiendo dado respuesta a las tres notas presentadas,

Expuestos los argumentos de las partes procesales, cabe traer a colación la Sentencia Constitucional N° 0871/2010 de 10 de agosto, que señala es: “imperante además precisar que toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso, debe contener los siguientes aspectos a saber. a). Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma juridica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio especifico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado”. 

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En el ordenamiento jurídico, los parágrafos I y II del artículo 115 de la Constitución Política del Estado, establecen que toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos; y que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.

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Por otra parte, el parágrafo II del artículo 36 de la Ley 2341, aplicable supletoriamente por disposición de los articulos 74 numeral 1 y 201 del Código Tributario Boliviano, señala que el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los

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interesados. Asimismo, el artículo 55 del Decreto Supremo 27113, prevé que es procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público.

En la normativa tributaria, se tiene que los numerales 2 y 7 del artículo 68 de la Ley 2492 disponen como derechos del sujeto pasivo -entre otros-: “2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones reglamentarias, dentro de los plazos establecidos (…) 7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución”. 

Asimismo, el artículo 96 de la Ley 2492, señala que: “9. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado (…) Il. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según corresponda”. 

Sobre la Resolución Determinativa, el parágrafo II del artículo 99 de la Ley 2492 establece que: ). La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa”

La normativa expuesta precedentemente, permite colegir que es deber de la Administración Tributaria efectuar valoración y análisis de todos y cada uno de los argumentos y documentos que fueron presentados durante la sustanciación del procedimiento determinativo, emitiendo pronunciamiento debidamente fundamentado, ya

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sea positivo o negativo a las pretensiones, alegaciones y solicitudes del administrado; aspecto que en el presente caso será verificado, en consideración a que la parte recurrente reclamó falta de respuesta, tanto en la vista de Cargo como la Resolución impugnada, sobre el contenido de las tres notas presentadas en calidad de descargo, así como la falta de valoración y análisis de los fundamentos de descargo presentados a la Vista de Cargo, dentro del plazo establecido en el artículo 98 de la Ley 2492; aspectos por los cuales, aludió como vulnerados sus derechos a la petición, a la defensa y al debido proceso. 

En ese contexto, de la compulsa de los antecedentes administrativos, se advirtió que producto del proceso de determinación iniciado con la Orden de Verificación No 18300200115 de 11 de diciembre de 2018, notificado a la parte recurrente el 27 de diciembre de 2018 (fojas 6 y 14 de antecedentes administrativos), la Administración Tributaria’emitió y notificó los Requerimientos 00156504, 00156527 y,00160513, con sus respectivos anexos adjuntos mediante los cuales, solicitó a la sujeto pasivo, la presentación de diferente documentación, inherente al proceso determinativo (fojas 6, 8, 9, 13, 28, 29, 33, 45, 46-63 y 67 de antecedentes administrativos). i

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En respuesta, a la notificación de la Orden de Verificación y primer Requerimiento, la sujeto pasivo-presentó nota de 10 de enero de 2019 con referencia: Devuelve notificación y solicita se deje sin efecto documentación que indica”, argumentando que la Administración Tributaria cometió’un error de tipo y/o de legitimación, notificándole actos administrativos como si su persona fuese sujeto pasivo inscrito en el Padrón de Contribuyentes o desarrollara alguna actividad gravada por tributos nacionales; procediendo en este sentido, a la devolución -en originales- de la Orden de Verificación y Requerimiento.

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Extendió sosteniendo que, es observable que la entidad recaudadora emita una Orden de Verificación y Requerimiento de documentación, cuando conocía que su persona no cuenta con Número de Identificación Tributaria, lo que denotaría una intención de generar multas por incumplimiento a deberes formales. Replicó que no puede ser considerada como “sujeto pasivo”, al no encontrarse alcanzada por lo dispuesto en los artículos 36 y 38 de la Ley 843, respecto a la obligación de pago del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, cuando no cuenta con Estados Financieros que generen el pago de la obligación tributaria. Finalmente, solicitó dejar sin efecto la Orden de Verificación No

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18300200115, Requerimiento No 00156504 y anexo adjunto, y sea mediante Resolución Administrativa (fojas 16-18 de antecedentes administrativos).

Ante la notificación del segundo Requerimiento No 00156527 y anexo adjunto, la parte recurrente, mediante nota de 7 de marzo de 2019, con referencia “Nuevamente devuelve diligencias de notificación y solicita se deje sin efecto documentación que indica”, señaló a la Administración Tributaria que la nota de 10 de enero de 2019, no fue debidamente valorada, por lo que todos los actuados son nulos de pleno derecho; en tal

sentido, procedió a la devolución del Requerimiento No 00156527, anexo adjunto y las diligencias de notificación, en tanto no sean resueltas conforme a derecho; además, ratificó inextenso el contenido de la nota de 10 de enero de 2020 (fojas 35-36 de

antecedentes).

Continuando con la revisión de los antecedentes del presente caso, se tiene que, producto de la notificación con el tercer Requerimiento No 00160513 y anexo adjunto, la sujeto pasivo, mediante nota de 23 de abril de 2019, con referencia: “Nuevamente (por tercer 

vez) devuelve actos administrativos y solicita se deje sin efecto documentación que indica”, y señalando que toda transacción comercial realizada por cualquier persona natural como “ciudadano de a pie”, no tiene que rayar en el campo tributario y estar sujeto a revisiones intempestivas por parte del ente fiscal, argumento que las personas naturales no tienen actividad gravada, no están inscritas en el Padrón Nacional de Contribuyentes, no tienen la obligación de guardar algún tipo de factura o documentación, entre otros; reclamó que la entidad recaudadora cometió la torpeza de tratarla como empresa y que el detalle elaborado por la entidad recaudadora no genera vinculación con los hechos generadores de impuestos, en tal sentido, cuestionó que la institución recaudadora tiene la obligación de demostrar la naturaleza de cualquier obligación tributaria (fojas 69 de antecedentes). 

Amplió precisando que mediante dos notas anteriores, comunicó los errores incurridos en el proceso de determinación, devolviendo los actuados procesales, empero que a la fecha no recibió respuesta alguna; se ratificó en las notas anteriores y alegó vulneración al derecho al debido proceso y a la defensa, ante la falta de respuesta respecto a las nulidades invocadas; asimismo, señaló que las irregularidades denunciadas corresponden a aspectos de fondo, destacando que procedió a la devolución del

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Requerimiento No 00160513 y su anexo adjunto, en tanto no sean resueltas las cuestiones planteadas en las notas anteriores (fojas 69-71 de antecedentes administrativos).

Expuestas las notas presentadas por la sujeto pasivo durante la sustanciación del proceso determinativo llevado a cabo en su contra, corresponde ingresar a verificar si los argumentos expuestos en las citadas notas, merecieron respuesta por parte de la Administración Tributaria, debiendo dejar sentado que, conforme dispone el parágrafo IV del artículo 104 de la Ley 2492, el acto administrativo emitido a la conclusión de la fiscalización, llega a ser la vista de Cargo, acto administrativo que conforme al parágrafo I del artículo 96 de la citada Ley, debe contener los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, pro ntes de la declaración del sujeto pasivo, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de verificación.

En ese entendido, de la lectura realizada a la Vista de Cargo N° 291930000685 (fojas 1470-1510 de antecedentes administrativos), se advierte que la entidad recurrida, en el acápite “DESCARGOS PRESENTADOS Y SU VALORACIÓN”, bajo el título “Nota presentada por la sujeto pasivo en fecha 14 de enero de 2019″, respecto al error de tipo y/o legitimación, aludido por la recurrente, señaló: “(…) el invocado “error de tipo y/o legitimación” (sic), al que entenderemos como error de tipo (al no existir la figura de error de legitimación);’ corresponde a materia penal para resolver la exclusión o no del dolo, siendo que la misma figura también entre las causales de exclusión de responsabilidad signadas en el artículo 153o de la Ley 2492 (…)“.

Asimismo, sobre la emisión de la Orden de Verificación y Requerimiento de documentación, en cabal conocimiento de que la sujeto pasivo no contaba con Número de Identificación Tributaria, sostuvo que: “(…) las disposiciones que reglamentan los aspectos tributarios netamente procedimentales no pueden usarse de manera aislada, sin tomar en cuenta la prelación normativa, entonces el hecho de no inscribirse en los registros tributarios, no implica un permiso flagrante para transgredir las normas (...)” (páginas 22-23 de la Vista de Cargo).

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De igual forma, la entidad recurrida en el acto analizado, señaló que, en mérito al Convenio Interinstitucional del Servicio de Impuestos Naciones y el Consejo de la Magistratura, extrajo los registros del Sistema SINAREPWEB – Folio Real de Derechos Reales de cada

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una de las matrículas de los departamentos, parqueos y bauleras, por plantas, desde el sótano hasta el último piso construido del Edificio Plaza Real, donde identificó a la sujeto pasivo como propietaria del terreno y Departamentos en Propiedad Horizontal; por lo que requirió información a Notarías de Fe Pública, de cuyas minutas de transferencia evidenció que en la suscripción de los contratos intervino “LOURDES DEHNE DE MALUF con CÉDULA DE IDENTIDAD 623958 OR.”, al efecto citó lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 843 (página 24 de la Vista de Cargo).

Prosiguió citando los artículos 37 y 39 de la Ley 843, conceptualizó el factor de producción y refirió que la sujeto pasivo coordinó los factores de producción para la construcción del Edificio Plaza Real, para su posterior venta a través de escrituras públicas y/o minutas, proporcionadas por los Notarios de Fe Pública, que le permitieron generar utilidades de fuente boliviana; agregó que, el hecho de no haber elaborado -la sujeto pasivo-Estados Financieros, no implica la liberación impositiva respecto del IVE, principalmente cuando fueron cumplidos los preceptos legales para el perfeccionamiento del hecho generador (página 25 de la Vista de Cargo).

De la misma forma, la Administración Tributaria respecto a las Leyes 1178 y 004, citadas por la sujeto pasivo, señaló que serían de preocupación en caso de no continuar el presente proceso determinativo y no procurar que el Estado recupere lo que por derecho le corresponde, en el marco del debido proceso, siendo que los argumentos de errores 

sobrecarga laboral, no caben en el presente escenario donde se cuentan con elementos suficientes para la determinación (página 25 de la Vista de Cargo).

Continuando con la lectura de la Vista de Cargo, resultó evidente que la entidad recurrida, respecto a la Nota Presentada por la sujeto pasivo en fecha 7 de marzo de 2019, señaló que: “(...) ante la primera negativa de presentación de documentos solicitados, se realizó un nuevo requerimiento en virtud de encaminar el proceso determinativo hacia los criterios de certeza e indubitabilidad, siendo que se contaba con la información proporcionada por terceros en el marco de las amplias facultades emanadas por Ley, respecto a la enajenación de bienes inmuebles correspondientes al Edificio “PLAZA REAL (...)“, asimismo, reiteró y ratificó la valoración realizada a la primera nota. Señaló que, no corresponde aludir vicios de nulidad, en virtud al principio de trascendencia y los Autos Supremos 223/2013 de 6 de mayo y 473 de 20 de noviembre de 2012, toda vez que la

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sujeto pasivo, no planteó de manera concreta o con prueba suficiente, las causales o circunstancias que derivan en los supuestos vicios de nulidad y/o procesales (páginas 25 27 de la Vista de Cargo).

De la misma forma, la entidad recaudadora en la vista de Cargo mencionada, sobre la “Nota Presentada por la sujeto pasivo en fecha 23 de abril de 2019, la entidad recaudadora, reiteró y ratificó la valoración realizada a las primeras notas; citó los artículos 22, 23, 65 y 100 de la Ley 2492 y sostuvo que: “(…) siendo que el gravamen objeto de verificación es el impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), (…) en el cuerpo de antecedentes cursan documentos que demuestran de manera indubitable la enajenación de bienes inmuebles que corresponden al Edificio “PLAZA REAL” que fue construido por la sujeto pasivo, (...) se cumplen los supuestos de ley, para el perfeccionamiento del hecho generador (….. … . .

Replicó que, toda persona que cumpla los presupuestos legales establecidos en la Ley 843 y que resulte sujeto pasivo de alguno de los impuestos de la referida Ley, tiene el deber de cumplir con la obligación tributaria al perfeccionamiento del hecho generador, siendo facultad del Servicio de Impuestos Nacionales la verificación y fiscalización del correcto cumplimiento de dichas obligaciones, independientemente del cumplimiento del deber formal de los sujetos pasivos de inscribirse en los registros tributarios (página 29 de la vista de Cargo).. .

— 

– 

– 

– 

Extendió el SIN explicando en la vista de Cargo analizada que en el expediente cursa la documentación que demuestra la enajenación de bienes inmuebles del Edificio “PLAZA REAL”, de igual forma reiteró lo dispuesto por los artículos 39, 41 y 47 de la Ley 843, para después sostener que: “…) la sujeto pasivo coordinó factores de producción para la construcción del Edificio PLAZA REAL para su posterior enajenación a través de escrituras públicas y/o minutas proporcionadas por los Notarios de Fe Pública en las cuales figura de manera ineludible su nombre como vendedora de dichos inmuebles” (página 30 de la Vista de Cargo).

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Asimismo, explicó que mediante notas SIN/GDCBBA/DF/G1NEINOT/151/2019, SIN/GDCBBA/DF/G3/VE/NOT/422/2019 y SIN/GDCBBA/DF/G3NVE/NOT/834/2019, notificadas el 14 de febrero, 27 de marzo y 15 de mayo de 2019, comunicó a la sujeto

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pasivo que los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e

investigación, así como el análisis y valoración de los argumentos expuestos, serían comunicados a través del acto administrativo que corresponda.

Reiteró que la actividad realizada por la sujeto pasivo -coordinación de factores de producción para la construcción y posterior enajenación de inmuebles- se encuentra enmarcada dentro las previsiones de la Ley 843, que determinan el perfeccionamiento del hecho imponible para el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, no pudiendo amparar su negativa en el incumplimiento del deber formal de inscripción en los registros tributarios; demostrando este hecho únicamente su afán de obstaculizar el ejercicio de las facultades otorgadas por Ley, incumpliendo el numeral 6 del artículo 70 de la Ley 2492, comportamiento y conducta que no permitió determinar sus obligaciones sobre base cierta, omisiones que derivaron en el ejercicio de la determinación de la base imponible sobre base presunta, conforme dispone el numeral 3 del artículo 44 de la Ley 2492 (página 30-31 de la Vista de Cargo).

Resaltar los argumentos descritos en párrafos previos, fueron replicados por la Administración Tributaria en la Resolución Determinativa impugnada (fojas 1608-1678 de antecedentes administrativos), conforme consta en las paginas 17-27 del citado acto administrativo, bajo los títulos “Nota presentada por el sujeto pasivo en fecha 14 de enero de 2019″, “Nota Presentada por el sujeto pasivo en fecha 7 de marzo de 2019” y “Nota Presentada por el sujeto pasivo en fecha 23 de abril de 2019”. 

Lo expuesto hasta este punto, permite advertir que la Administración Tributaria valoró los argumentos expuestos por la sujeto pasivo, mediante notas presentadas el 14 de enero, 7 de marzo y 23 de abril de 2019, por lo que no resultó evidente la inexistencia de respuesta sobre las tres notas aludidas por la sujeto pasivo, menos fue evidenciada vulneración al derecho a la petición, derecho a la defensa y al debido proceso, toda vez que la entidad recurrida, dio a conocer a la administrada la posición asumida sobre los diferentes puntos y aspectos planteados en las prenombradas notas.

Prosiguiendo con el análisis del agravio planteado por la sujeto pasivo, respecto a la valoración de los argumentos de descargo presentados, de la revisión de los antecedentes

administrativos se tiene que, notificada la Vista de Cargo N° 291930000685, la parte

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recurrente, el 15 de junio de 2020, presentó nota de descargo a la citada Vista de Cargo (fojas 1560-1582 de antecedentes administrativos), manifestando que:

Concurrencia de incidentes de nulidad, toda vez que presentó tres notas (14 de enero, 7 de marzo y 23 de abril de 2019) mediante las cuales solicitó “Nulidad de Obradosy devolvió los actos administrativos indebida e-ilegalmente notificados, las cuales no fueron oportunamente resueltas,

  • Precisó la inexistencia del hecho generador, sosteniendo que no realizó actos,

prestación de servicio u otros, que pudieran derivar en una eventual relación jurídico tributaria con el Estado, menos desarrolló actividad alguna que sea considerada como hecho generador, por lo que no cuenta con Número de Identificación Tributaria y en consecuencia no es sujeto pasivo de impuesto alguno; por.lo que la solicitud de nulidad de obrados, hasta la Orden de Verificación No 18300200115, por contar.con un alcance que no corresponde a alguna actividad desarrollada por su persona.

*

  • Cuestionó que la vista de Cargo fue notificada fuera del plazo previsto en normativa:

.”

  • Observó que fue indebida e ilegalila aplicación de la base presunta, ya que la 

Administración Tributaria no llevó a cabo ningún trabajo de fiscalización y averiguación

de la verdad, puesto que no existe peritaje, inspección al inmueble, cuestionarios, –cruces de información con proveedores de materiales y entrevistas a los mismos.- –

;

Halló incongruente el hecho de que la entidad recurrida determine que los contribuyentes A y B no son “contribuyentes similares”, para escoger la técnica “otros” y que en base a la información de dichos contribuyentes establezca “similitudes”, para la determinación de la base imponible.

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Reclamó que no existe un desglose del detalle que integran los componentes del costo de construcción y otros aspectos relacionados, por lo que aludió vulneración a su derecho a la defensa y al debido proceso.

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  • Observó que la Vista de Cargo carece de fundamentos o razones por las cuales la

entidad tributaria dispuso la aprobación o utilización de la técnica y de los elementos que fueron considerados para la aprobación de la técnica empleada, si estos tienen relación con la información generada en las verificaciones realzadas a lo

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contribuyentes A y B. Precisó que, de la revisión de los antecedentes no cursa constancia de la evaluación y aprobación por la Gerencia Nacional de Fiscalización.

  • Extrañó que no cursa prueba alguna que demuestre la afirmación realizada por la

Administración Tributaria en la página 2 de la Vista de Cargo, respecto a que su persona realizó la actividad de construcción de bienes inmuebles (departamentos, bauleras y parqueos) para su posterior venta, pues el hecho de suscribir la transferencia de algunos bienes inmuebles no lo convierte en el “constructor” de aquellos bienes susceptibles a venta; pues la interpretación antojadiza de los artículos 37 y 39 de la Ley 843, únicamente intenta hacerle ver como una empresa, para indebidamente atribuirle la condición de sujeto pasivo del IVE.

  • Replicó que la Administración Tributaria no cuenta con prueba alguna que demuestre

que su persona combinó factores de la producción, de absolutamente nada, pues no posee ninguna industria donde exista dichos factores.

Puntualizó que al tomar como base la información de los contribuyentes A y B, resulta

necesario conocer la misma de forma directa y fidedigna; por tanto, la Administración Tributaria, bajo el pretexto de “Principio de Confidencialidad”, dispuesto en el artículo 67 de la Ley 2492, no puede privar al sujeto pasivo, de conocer los alcances del mismo,

pues atenta contra las garantías del debido proceso y derecho a la defensa. Agregó que, no tiene forma de desvirtuar, objetar o contradecir la supuesta información obtenida de los prenombrados contribuyentes A y B; por lo que fueron vulnerados sus derechos al debido proceso y a la defensa.

Reiteró que, la escasa explicación y detalle de la Vista de Cargo, resulta insuficiente para cumplir con la motivación y fundamentación del acto; agregó que, no aportó ningún respaldo documentado de todos los datos considerados, ratificando la nulidad

de la actuación de la Administración Tributaria, Asimismo sostuvo que no cursa

evidencia de que las construcciones comparadas -por ende datos obtenidos- sean exactamente iguales a los inmuebles por los cuales se pretenda atribuir el reparo; por lo que afirmó que no existió búsqueda de la verdad material, contraviniendo el inciso d)

del artículo 4 de la Ley 2341.

  • Replicó el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley 2492, al no

contener la Vista de Cargo los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que

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fundamenten la liquidación preliminar de la deuda tributaria, ya que la entidad recaudadora, se limitó a determinar una “utilidad presunta” en base a “costo de los materiales”, “mano de obra” y “costos indirectos”. Rechazó ser sujeto pasivo del QUE, la existencia de un hecho generador atribuible a su persona, y que haya realizado la actividad de construcción de bienes inmuebles para su posterior venta. 

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  • Puso en evidencia que en la página 39 de la Vista de Cargo, la Administración Tributaria

consignó la inexistencia de “gastos de operación”, “gastos corrientes” y “otros egresos”, lo que evidencia el incumplimiento del artículo 96 de la Ley 2492, toda vez que, la entidad recaudadora, lejos de buscar a verdad material, intento maximizar el ingreso fiscal.

  • Sostuvo que no le corresponde la conducta de “omisión de pago”, dispuesta en el

artículo 165 de la Ley 2492, porque al no ser sujeto pasivo del IVE; no combinó factores de producción y no realizó las actividades que se pretende atribuirle a titulo individual, como persona natural.

  • Explicó que, la documentación obtenida del Gobierno Autónomo Municipal de

Cochabamba, Notarias e información de Derechos Reales obtenida de SINAREPWEB, no pueden ser considerados como medios de prueba legítimos, menos servir de base…

para una determinación impositiva, toda vez que no se encuentran legalizadas ni : refrendadas por los tenedores de los documentos originales, conforme dispone el

Código Civil.

Expuestos los argumentos de descargo planteados en la citada nota, corresponde compulsar el contenido de la Resolución Determinativa N° 172030000383 de 31 de julio de 2020, a fin de corroborar o desvirtuar el reclamo planteado sobre la falta de análisis o valoración por parte de la Administración Tributaria de los argumentos formulados.

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En ese contexto, de la revisión de la Resolución Determinativa impugnada, se tiene que la Administración Tributaria, en el “CONSIDERANDO II”, inicialmente bajo el título “. INCIDENTES DE NULIDAD SIN RESOLVER” (página 48-49 del acto impugnado). transcribió los argumentos expuestos por la sujeto pasivo, para posteriormente, respecto a las tres notas presentadas por la parte recurrente, sostuvo que el ejercicio

determinativo, se encuentra normado y reglado (citó los artículos 21, 66, 70, 95 y 100 de l a Ley 2492); señaló que notificó la Orden de Verificación No 18300200115, indicando a la 

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sujeto pasivo que sería sujeto de un proceso de determinación, dando a conocer el alcance de dicho procedimiento, así como el sustento legal de dicha actuación; sostuvo que la sujeto pasivo no podría pretender un tratamiento especial, amparada en su interpretación sesgada sobre la invocación de nulidades.

Precisó que, en relación a las notas presentadas, las respuestas a las mismas, señalaron que el ejercicio de las facultades dispuestas en el artículo 100 de la Ley 2492, se enmarcan dentro un proceso determinativo reglado y los mecanismos para ejercer sus derechos se ajustan a tiempos y plazos previstos normativamente, además de aclarar que la notificación de dicho acto administrativo guardaría estricta observancia a los artículos 83

y siguientes de la referida Ley. Añadió que las notas de respuesta cumplen con el artículo 24 de la Constitución Política del Estado, concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 68 de la Ley N° 2492, siendo que la sujeto pasivo no asimilo que las respuestas en dichas notas, no corresponden a un acto administrativo aislado.

Asimismo, el acto impugnado dejó sentado que las formas de notificación dispuestas por el artículo 83 de la Ley 2492, no son excluyentes entre sí y deben adecuarse en función a la finalidad de la notificación como procedimiento, por ello manifestó que si las condiciones se modifican, puede optarse por la que más se adecúe a los supuestos fácticos. Precisó que, si bien optó por un medio de notificación en las primeras dos notas de respuesta, no constituye transgresión normativa el elegir otro medio de notificación, toda vez que, no se constituyen en Vista de Cargo ni una Resolución Determinativa, no apertura término probatorio, no impone sanción alguna y tampoco se traduce en derivación de la acción administrativa a subsidiarios (página 50 del acto impugnado).

A continuación, la entidad recurrida, citó el Auto Supremo Nro. 308/2012 de 22 de agosto, señalando que, respecto a las “(…) “artimanas procesales” o que la notificación de dichas respuestas solo figuraría en papeles, aludiendo así delitos de tipo penal (...)”, la sujeto pasivo, en caso de considerarlo necesario, deberá demostrar en la instancia que corresponda dicho extremo, siendo que esta Administración Tributaria también resguarda a los funcionarios el derecho de seguir las acciones legales que consideren pertinentes (página 50 del acto impugnado).

Respecto a la devolución física de actuados administrativos, por parte de la administrada, la entidad recurrida en la Resolución impugnada ratificó en lo dispuesto en el numeral 1 !

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del artículo 74 de la Ley 2492, sosteniendo que al notificar a la sujeto pasivo con la Orden de Verificación No 18300200115, dio inicio al proceso determinativo, de conformidad al artículo 10 de la Resolución Normativa de Directorio 10-0032-16, precisando como base legal de sus amplias facultades el artículo 100 de la Ley 2492, mediante las cuales, comunicó que la respuesta a sus alegatos, la tendría en el documento que corresponde, puesto que, el proceso determinativo es un procedimiento reglado por Ley, no pudiendo de manera antojadiza aislar partes del mismo en virtud de una pretensión.

Procedió refiriendo el principio de trascendencia y explicó que: “29)el argumento de “...)en caso de negativa o rechazo, se habiliten los mecanismos de defensa o impugnación…” no cabe a colación puesto que el proceso determinativo establece los plazos y mecanismos que activan dichas garantias, siendo que la sola presentación del presente descargo demuestra el ejercicio objetivo de su derecho a la defensa, petición, y sobre todo la garantia constitucional del debido proceso, siendo-que aún no se han agotado los mecanismos que la Ley prevé en favor del sujeto pasivo” (páginas 50-51, del acto impugnado). :

De igual forma, la entidad recurrida al momento de responder los argumentos de descargo planteados por la sujeto pasivo, en la Resolución Determinativa impugnada señaló que la “Teoría de los frutos del árbol envenenado”, aludida por la sujeto pasivo, es la derivación de tipo penal de la doctrina de las reglas de exclusión y suponiendo que dicha “teoria” fuera aplicable en materia tributaria o administrativa, con carácter previo la sujeto pasivo debió identificar el medio ilícito o ilegal y la prueba así obtenida, siendo que las notas referidas no cumplen dicha condición. Al efecto, citó la Sentencia Constitucional Plurinacional 0607/2018-S1 de 8 de octubre y se ratificó en la legitimidad y legalidad del

trabajo realizado en virtud a lo cursante en el expediente administrativo (página 51 del acto

impugnado).

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Asimismo, la entidad recurrida después de transcribir los argumentos de descargo de la parte recurrente, bajo el título RESPECTO A LA INEXISTENCIA DEL HECHO GENERADOR”, ratificó lo establecido en el numeral 2 del artículo 70 de la Ley 2492, señalando que el incumplimiento a dicho artículo (obligaciones tributarias del sujeto pasivo), no implica el permiso flagrante de transgredir las disposiciones normativas en materia tributaria, conforme dispone el numeral 2 del parágrafol del artículo 93 de la citada

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Ley, puesto que, el ejercicio determinativo al estar reglado y normado, tiene por objeto establecer si existen o no diferencias respecto al correcto comportamiento tributario de los sujetos pasivos, independientemente de que se encuentren inscritos o no (página 52 del acto impugnado).

Respecto al “error de tipo” invocado por la sujeto pasivo, la entidad recaudadora citó el artículo 153 de la Ley 2492, y numeral 1 del artículo 16 del Código Penal y señaló que dicha categoría está apartada a materia penal en lo referido a la culpa y dolo; precisó que el hecho de no inscribirse en los registros de la Administración Tributaria, no

necesariamente implica que no se desarrolle actividades gravadas, puesto que la previsión de personas no inscritas en los registros tributarios, cuyos hechos determinan obligación tributaria se halla contemplada en la Ley 2492. Al respecto, citó los artículos 40, 44 y 59 de la Ley 2492 y señaló que la sujeto pasivo, no puede amparar en su actitud negligente el hecho de desconocer la normativa vigente (página 54 del acto impugnado).

Extendió señalando en el acto impugnado conforme disponen los artículos 17 de la Ley 2492 y 36, 37, 39, 41 de la Ley 843, la sujeto pasivo no puede desconocer de manera flagrante los contratos de compraventa suscritos, en los cuales su persona figura como dueña y vendedora de bienes inmuebles; replicó que: “(…) la no inscripción en los registros tributarios no implica que el sujeto pasivo no ejerza actividades gravables, así lo establece la Ley 2492, haciendo previsión de las personas no inscritas en sus preceptos normativos, la actividad que realizo; compra de terrenos no para ser utilizados como vivienda ni otro fin de índole personal, sino para proceder a vender departamentos, parqueos y bauleras en la gestión fiscalizada generando utilidades de fuente boliviana constituye el hecho generador, su perfeccionamiento los contratos de compraventa, la combinación de factores de producción su condición de sujeto pasivo (artículos 37°, 39o y 41° de la Ley N° 843)(página 55 del acto impugnado).

. Continuando con el acto impugnado, se tiene que la Administración Tributaria, señaló que

la definición de empresa refiere al cumplimiento de la condición de coordinar factores de producción en actividades industriales y comerciales; manifestando lo siguiente: “…) respecto a la coordinación de factores, si el sujeto pasivo no los coordina, ¿mo es posible que un terreno comprado por su persona se convierta en un bien inmueble que posteriomente es vendido? (departamento, parqueo, baulera)“. Añadió que, conforme a

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disposiciones legales, los documentos contables elaborados a fin de determinar obligaciones tributarias, no implica una limitante a lo dispuesto por el numeral 2 del parágrafo I del artículo 93 de la Ley 2492, toda vez que el procedimiento determinativo consiste en validar o disentir las obligaciones tributarias determinadas -o no determinadas por la sujeto pasivo, a partir de la documentación que tiene en su poder, en virtud del principio de verdad material, independientemente de que el sujeto pasivo decidiera o no inscribirse en los registros tributarios (página 55 del acto impugnado).

De la misma forma, señaló que no es evidente la vulneración del principio del debido proceso puesto que, citó las leyes y normas al efecto, para deducir (en virtud de que la base imponible es determinada en observación al artículo 44 de la Ley 2492), el hecho generador, su perfeccionamiento, y la correspondiente obligación tributaria, además de establecer los plazos procesales y encontrarse en curso los mecanismos y vías que la Ley prevé (página 55 del acto impugnado). – —

Con relación al argumento “NOTIFICACIÓN DE LA VISTA DE CARGO. FUERA DE PLAZO”, expuesto como descargo por la sujeto pasivo, la Administración Tributaria precisó, que no incumplió el artículo 104 de la Ley 2492, ni estableció la aplicación del artículo-33 de la Ley 2341 como causal de nulidad, puesto que el procedimiento de.. notificación es normado por el artículo 83 de la Ley 2492. Agregó, respecto a la conculcación del principio de eficacia inyocado, que las dilaciones indebidas constituyen en incumplimientos a la norma y Ley; que el proceso determinativo goza de fundamento legal y que la alegoria de invocar la “Nulidad de Pleno Derecho”, carece de fundamento

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legal, pues la repetición del mismo alegando genéricamente conculcación de derechos y

garantías constitucionales no lo hace más cierto (páginas 56-57 del acto impugnado).

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Continuando, se tiene que bajo el título, RESPECTO A LA INDEBIDA E ILEGAL APLICACIÓN DE LA BASE PRESUNTA” EN UN ATIPICO PROCESO DE DETERMINACIÓN‘, transcribió los argumentos de la sujeto pasivo; asimismo, citó el artículo 44 de la Ley 2492 y precisó que las circunstancias fácticas le habilitaron legalmente el uso del método de determinación de la base imponible sobre base presunta, pues si bien son de conocimiento cierto los ingresos percibidos a partir de las minutas de compraventa, donde la sujeto pasivo se identifica como “LA VENDEDORA”, consignando en cada una de ellas su firma, importes ratificados en los respectivos Formularios 430

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(Transmisión o Enajenación de Bienes) y en virtud del artículo 47 de la Ley 2492, al desconocer los gastos incurridos, por la actitud obstaculizadora de la sujeto pasivo, procedió a hacer uso de las amplias facultades emanadas por Ley, acudiendo a realizar una búsqueda de elementos probatorios -Big Data, Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, Consejo de la Magistratura, Notarios de Fe Pública, Cámara Departamental de la Construcción, Colegio de Arquitectos de Cochabamba, Instituto Nacional de Estadísticas (INE)-, siendo que los medios extrañados como peritajes, cuestionarios, entrevistas o cruces a proveedores, tampoco podrían haber dado como resultado el conocimiento cierto del gasto como pretende hacer ver el sujeto pasivo (páginas 56-62 del acto impugnado).

Prosiguió citando el artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio 10-0017- 13; y señaló que las circunstancias y hechos previstos en el artículo 44 de la Ley 2492, fueron los que validaron legalmente la aplicabilidad del método de determinación de la base imponible sobre base presunta; que, la técnica utilizada (inciso d) del artículo 8 de la Resolución Normativa de Directorio 10-0017-13), se encuentra prevista mediante reglamento; fundamentó que la técnica contribuyentes similares, no es de aplicación por las condiciones que exige dicha técnica.

Citó los artículos 80 de la Ley 2492 y 11 de la Resolución Normativa de Directorio 10 0017-13 y señaló la inexistencia de argumento razonable para aludir conculcación de derechos, siendo que la técnica utilizada refiere de manera concreta los elementos y datos utilizados de cada contribuyente (A y B); refirió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT RJ-0446/2020 de 26 de febrero de 2020 y aclaró que el porcentaje promedio del costo de los materiales, la mano de obra y otros gastos indirectos (68.76%), no incluye el costo del terreno, que fue determinado siguiendo criterios propios al caso concreto detallado en la Vista de Cargo (página 63-65 del acto impugnado).

Asimismo, al momento de evaluar los descargos planteados por la sujeto pasivo, el acto impugnado precisó que cada una de las minutas de compraventa identifica a la recurrente como “vendedora”, y como enajenante o cedente, en los formularios de transmisión o enajenación de bienes, además, según Resolución Ejecutiva N° 070/2012 emitida por el Gobierno Autónoma Municipal de Cercado Cochabamba, resulta ser la solicitante para la aprobación del plano de “DIVISIÓN EN PROPIEDAD HORIZONTAL” que también la identifica como propietaria del Edificio Plaza Real, Agregó que, la definición de Empresa 

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recae en la redacción normativa a fines del UE y no así en lo que la sujeto pasivo entiende en un amplio sentido conceptual; por lo que en caso de existir otra razonable explicación, en el marco del ejercicio de la carga de prueba, la sujeto pasivo debió demostrar el mismo, puesto que el argumento de probar la categoria conceptual de constructor a fines de lo que la sujeto pasivo entiende es subjetivo (página 65 del acto impugnado).

Sobre la información de los contribuyentes A y B, la entidad recurrida citó el artículo 67 de la Ley 2492, señalando que el mismo, prevé el levantamiento de la confidencialidad ante la vía llamada por Ley, puesto que la Vista de Cargo contiene los elementos suficientes para establecer técnica y legalmente los costos a los cuales arribó. Añadió que el derecho a la defensa fue, es y será respetado, siendo que los elementos que extraña la sujeto pasivo de los contribuyentes A y B y su nexo con la imposibilidad de ejercer activamente el derecho a la defensa, no fueron establecidos, menos hizo uso de la prueba en contrario. Replicó que, respecto a los costes, los datos con los que cuenta la Administración Tributaria surgieron de la aplicación técnica y normativa referida ampliamente en la vista de Cargo, y que en caso de objetar la utilidad, está debería ser mediante prueba en contrario (página 65 del acto impugnado).

Prosiguiendo con el análisis del acto impugnado, respecto a la valoración de los descargos, se advierte que la entidad recurrida también transcribió los argumentos de la sujeto pasivo, respecto a las CONSIDERACIONES GENERALESy sobre el principio de verdad material, después de citar la ‘Sentencia Constitucional 0427/2010-R de 28 de junio, señalo: (…) siendo que la verdad formal no exigiria en ningún momento iniciar un proceso determinativo a una persona no inscrita, y tal sentido es contrario al principio de verdad material y al principio de legalidad signado en las Leyes N° 2492, 2341, así como a la propia Constitución Política del Estado”. Precisó que, sobre la igualdad exigida por la sujeto pasivo para con los inmuebles y construcciones comparadas, la técnica utilizada para la determinación, en ningún momento refirió “contribuyentes iguales”, pues la comparativa no podría ser jamás demostrable por el principio de no contradicción; en ese sentido, afirmó que los parámetros referidos en articulo 96 de la Ley 2492 se ajustaron al presente caso y rige la prueba en contrario. Al respecto, citó la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0447/2020 y sostuvo que el procedimiento determinativo cuenta con los elementos suficientes para en primera instancia colegir el acaecimiento del hecho generador, su perfeccionamiento y la calidad de sujeto pasivo de Dehne Delgadillo Lourdes (páginas 65-67 del acto impugnado).

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Expuso que, en el cuadro cursante a fojas 37 de la Vista de Cargo “DETERMINACION DE LA BASE IMPONIBLE E IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS IUE SOBRE BASE PRESUNTA“, figura el Estado de Resultados e identifica que la sujeto pasivo no presentó información respecto a gastos de operación y otros egresos incurridos, y aún dentro las amplias facultades otorgadas a la Administración Tributaria, no pudo identificar los mismos. Punteó que, la deducibilidad de dichos gastos/egresos de la base imponible, fueron de entera responsabilidad de la sujeto pasivo y que, a fines netamente contables, el no consolidar valor alguno en estas partidas no implica que las mismas no existan. Respecto a la documentación obtenida por el Servicio de Impuestos Nacionales en el proceso determinativo, citó los artículos 71 de la Ley 2492 e inciso d) del artículo 4 de la Ley 2166, señalando que la información y datos obtenidos gozan de legalidad y legitimidad, máxime cuando la sujeto pasivo se negó a proporcionar datos a la Administración Tributaria (página 67-68 del acto impugnado).

Finalmente, respecto al “PETITORIO“, realizado en el memorial de descargo a la Vista de Cargo, la entidad recurrida señaló que en el presente caso, no evidenció causales para que opere la nulidad, conforme los artículos 35 y 36 de la Ley 2341. Al efecto, citó los Autos Supremos 223/2013 de 6 de mayo y 473 de 20 de noviembre de 2012 y doctrina sobre la nulidad o reposición de obrados como una medida de última ratio, subordinada a la concurrencia de determinados principios procedimentales (página 69 del acto

impugnado).

Ahora bien, del análisis a los argumentos ofrecidos por la sujeto pasivo como descargo a la Vista de Cargo a través de su nota de 12 de junio de 2020 y el contenido de la Resolución Determinativa impugnada, desarrollados en párrafos anteriores resulta evidente que la Administración Tributaria atendió individualmente los descargos presentados por la administrada, efectuando una explicación y fundamentación respecto a las razones por las que no resultarían suficientes cada uno de los argumentos planteados por la recurrente para desvirtuar los cargos establecidos en la citada Vista de Cargo.

Consecuentemente, se infiere que el Servicio de Impuestos Nacionales cumplió lo dispuesto en los numerales 2, 6 y 7 del articulo 68 de la Ley 2492, al resolver, inicialmente en la vista de Cargo, los argumentos expuestos por la sujeto pasivo mediante notas de

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10 de enero, 7 de marzo, y 23 de abril de 2019; y posteriormente, en el acto impugnado, todos los aspectos planteados como descargo a la Vista de Cargo, quedando evidenciada la inexistencia de vulneración al debido proceso y derecho a la defensa establecidos en el parágrafo Il del artículo 115 y parágrafo 1 del artículo 117 de la Constitución Política del Estado, aspecto que permite advertir sobre el punto en particular, que la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa impugnada, dieron cumplimiento a lo dispuesto por el parágrafo 1 del artículo 96 y parágrafo Il del artículo 99 de la Ley 2492; por consiguiente, corresponde desestimar lo agraviado al respecto.

IV.2. Incumplimiento de plazo para emisión y notificación de la Vista de Cargo. La parte recurrente, afirmó que la Orden de Verificación No 18300200115 fue’notificada el 27 de diciembre de 2018 y la Vista de Cargo fue manejada para que figure como’si hubiera sido emitida el 23 de diciembre de 2019, cuando fue notificada el 4 de marzo de 2020, casi tres meses después, evidenciando incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 2492. Citó el artículo 33 y el inciso d) del artículo 28 de la Ley 2341, para señalar que la notificación de la Vista de Cargo es nula, en aplicación del inciso c) del artículo 35 de la referida Ley, siendo que precluyó el derecho del ente recaudador para notificar dicho acto. Agregó, que, resulta necesario precautelar el derecho de los sujetos pasivos a que los plazos’se cumplan y que lo contrario implicaria contravenir el principio de sometimiento pleno a la Ley. Al efecto, citó el artículo 4 y el inciso i) del artículo 16 de la Ley 2341.

Por su parte, la Administración Tributaria afirmó que la Ley 2492 no contempla la caducidad o pérdida de sus facultades ante el incumplimiento de plazo, cuando el artículo 104 de dicho cuerpo legal, no recoge en su texto un término de perentoria; y si bien debe observar el plazo dispuesto, su inobservancia no causa la pérdida de facultad de determinar la deuda tributaria o dejar sin efecto la presunción de deuda establecida, sino que, conforme a los artículos 35 y 36 de la Ley 2341, será considerado como un acto anulable, cuando así lo disponga la naturaleza del término o plazo.

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Agregó que por el principio de especificidad, no es posible declarar la nulidad de una actuación y no obstante, que entre la emisión de la Vista de Cargo y su notificación, transcurrieron más de cinco días, la norma no estableció de forma expresa que las notificaciones fuera de plazo causen la anulabilidad del acto, máxime cuando la sujeto pasivo presentó descargos en el plazo de 30 de días, no existiendo indefensión.

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Expuestas las posiciones de las partes procesales, corresponde manifestar que respecto a la nulidad debe considerarse el principio de especificidad, sobre el cual la Sentencia Constitucional Plurinacional 022/2015-S2 de 16 de enero, sostiene que: “(…) los presupuestos o antecedentes necesarios para que opere la nulidad procesal son: a) Principio de especificidad o legalidad, referida a que el acto procesal se haya realizado en violación de prescripciones legales, sancionadas con nulidad, es decir, que no basta que la ley prescriba una determinada formalidad para que su omisión o defecto origine la nulidad del acto o procedimiento, por cuanto ella debe ser expresa, especifica, porque ningún trámite o acto judicial será declarado nulo si la nulidad no está expresamente determinada por la ley, en otros términos ‘No hay nulidad, sin ley específica que la establezca‘ (Eduardo Cuoture, ‘Fundamentos de Derecho Procesal Civil’p. 386) (…)

De igual forma, la doctrina administrativa considera que en general: “Los vicios determinan las consecuencias que ocasionan, conforme a un criterio cualitativo, de práctica jurisprudencial y política juridica; así a menor grado del vicio, el acto puede ser válido o anulable; por el contrario, si el vicio es grave o muy grave, el acto será nulo y sólo en casos de grosera violación del derecho o falta de seriedad, será inexistente” (GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo 3, p. XI-40). Asimismo, Manuel Ossorio en el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Pág. 90, considera anulable: “La condición de los actos o negocios jurídicos que pueden ser declarados nulos e ineficaces por existir en su constitución un vicio o defecto capaz de producir tal resultado, 

los actos anulables son válidos mientras no se declare su nulidad”. 

Por otra parte, el artículo 96 de la Ley 2492, señala que: “9. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado (…) II. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o 

el Acta de Intervención, según corresponda”. 

Asimismo, el articulo 98 del citado cuerpo legal, respecto a los descargos, dispone: “Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero responsable tiene un plazo 

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perentorio e improrrogable de treinta (30) días para formular y presentar los descargos que estime convenientes (…)“.

También el parágrafo V del artículo 104 de la Ley 2492, prevé que desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no podrán transcurrir más de doce (12) meses; sin embargo, cuando la situación amerite un plazo más extenso, previa solicitud fundada, la máxima autoridad ejecutiva de la Administración Tributaria podrá autorizar una prórroga hasta por seis (6) meses más. 

Ahora bien, de la revisión de antecedentes administrativos, se advirtió que la Administración Tributaria realizó las siguientes actuaciones relevantes en el procedimiento de determinación: expuestas en el siguiente cuadro referencial: :

Actuaciones Antecedentes Administrativos 

Fecha de Emisión 

Fecha dea | Fojas (Antecedentes: Notificación Administrativos

Orden de Verificación

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11/12/2018

27/12/2018

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N° 18300200116 

Vista de Cargo N° 291930000685

23/12/2019 

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1470-1510 y 1514!

Resolución Determinativa –” – No 72030000383

31/07/2020

26/08/2020 

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Del cuadro que antecede, se colige que la sujeto pasivo fue’ notificada con la Orden de Verificación No 18300200115 el 27 de diciembre de 2018; una vez concluido el proceso de verificación, la Gerencia Distrital Cochabamba, emitió la Vista de Cargo No 291930000685 el 23 de diciembre de 2019, acto notificado a la parte recurrente el 4 de marzo de 2020; finalmente, el 31 de julio de 2020 emitió la Resolución Determinativa No

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Conforme a la normativa descrita en párrafos previos, desde la notificación con la Orden de Verificación No 18300200115, la Administración Tributaria tenia el plazo de 12 meses para la conclusión del proceso iniciado con la referida Orden de Verificación; plazo en el cual, emitió la Vista de Cargo N° 291930000685 de 23 de diciembre de 2019, que fue notificada a la sujeto pasivo el 4 de marzo de 2019, otorgando a la sujeto pasivo el plazo de 30 dias para la presentación de documentación de descargo, conforme lo establecido

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en el artículo 98 de la Ley 2492; y que cumplido dicho plazo, la Administración Tributaria tenía sesenta (60) días para la emisión de la Resolución correspondiente.

De lo expuesto, se infiere que la Administración Tributaria emitió la mencionada Vista de Cargo N° 291930000685 de 23 de diciembre de 2019, dentro del plazo de los 12 meses previsto por el parágrafo V del articulo 104 de la Ley 2492; asimismo, cabe hacer notar que la sujeto pasivo notificada con el señalado acto, contaba con el plazo de treinta (30 dias) establecido en el artículo 98 de la Ley 2492, a fin de aportar la documentación e información de descargo que considere pertinente y así ejercer su derecho a la defensa

En consecuencia, no resultó evidente el reclamo aludido por la sujeto pasivo, sobre la vulneración del derecho al debido proceso y la seguridad jurídica, toda vez que la Vista de Cargo fue emitida dentro del plazo previsto por Ley; y que de antecedentes administrativos se advirtió incluso que la sujeto pasivo, presentó la nota de 12 de junio de 2020, como descargo a la vista de Cargo 291930000685 de 23 de diciembre de 2019 (fojas 1560-1582 de antecedentes administrativos), aspecto que evidencia, que la parte recurrente, ejerció los derechos que la Ley le otorga.

Por otro lado, en relación a lo argumentado por la recurrente, respecto a que la Orden de Verificación No 18300200115 fue notificada el 27 de diciembre de 2018 y la Vista de Cargo 291930000685 el 4 de marzo de 2020, casi 1 año y 3 meses entre la notificación de un actuado y el otro; es importante precisar que el parágrafo V del artículo 104 de la Ley 2492, desarrollado en párrafos anteriores, establece un plazo de doce (12) meses, desde la notificación de la Orden de Verificación, para la emisión de la Vista de Cargo, más no estipula un plazo que incumba la notificación de la Vista de Cargo, mucho menos dispone la concurrencia de caducidad y mucho menos de nulidad de algún acto administrativo ante dicho escenario, debiendo en consecuencia, desestimar dicho

reclamo.

Sobre el inciso d) del artículo 28 e inciso c) del artículo 35 de la Ley 2341, aludidos por la sujeto pasivo en sustento de su argumento respecto a que uno de los elementos esenciales del acto administrativo es el procedimiento, como instrumento para garantizar la efectividad de sus derechos, por cuanto la emisión y notificación de la

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Vista de Cargo resultarían nulas, corresponde señalar que conforme consta en antecedentes administrativos, las diferentes diligencias de notificación de todos los actos emitidos por la Administración Tributaria, desde la Orden de Verificación No 18300200115 (inicio del proceso determinativo), Vista de Cargo N° 291930000685 (conclusión del trabajo de campo) y la Resolución Determinativa N° 172030000383 (acto definitivo del proceso), fueron de pleno conocimiento de la recurrente,

Prueba de lo señalado en el párrafo previo, es que la parte recurrente ante la notificación de la Orden de Verificación, presentó la nota de 10 de enero de 2019 y una vez notificada la Vista de Cargo, presentó descargos a dicho acto administrativo (fojas 16-18 y 1560-1582 de antecedentes administrativos), para finalmente, conociendo el contenido del acto definitivo-Resolución Determinativa-, interponer en los plazos previsto por Ley, el recurso objeto de análisis (fojas 72-84 del expediente administrativo); es así que lo descrito –previamente evidencia que no şubo transgresión al debido proceso en el derecho a la defensa de la sujeto pasivo, dentro del procedimiento de determinación llevado a cabo en su contra.

Por otra parte, sobre lo aludido por la sujeto pasivo, respecto a que la vista de Cargo fue “hábilmente manejada” para que figure como si hubiera sido emitida el 23 de diciembre de 2019, cuando la misma fue notificada el 4 de marzo de 2020 (fojas 79 del expediente administrativos); precisar que, a fojas 1470-1510 de antecedentes cursa la Vista de Cargo N° 291930000685 de 23 de diciembre de 2019, no evidenciando alteración en la fecha de emisión del citado acto administrativo. Al respecto, es importante señalar que los reclamos planteados por la parte recurrente, deben contar con fundamentos de hecho y derecho, así como la prueba que demuestre lo aseverado por lo que mal podría la sujeto pasivo exponer vulneraciones bajo alegaciones carentes de sustento técnico legal; así como prueba; por tanto, corresponde desestimar lo alegado por la sujeto pasivo, al amparo de lo establecido en el artículo 76 de la Ley 2492.

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En consecuencia, al advertir que la Vista de Cargo fue emitida en el plazo previsto en el artículo 104 la Ley 2492 y que la notificación después del plazo -5 días- dispuesto en el artículo 33 de la Ley 2341, no se encuentra sancionada de nulidad y mucho menos influyó en el proceso de determinación como tal, tampoco privó a la recurrente de su derecho a

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la defensa para presentar los descargos en el transcurso de la verificación; en tal sentido, corresponde desestimar el reclamo planteado al respecto.

IV.3. Con relación a la fundamentación en la atribución de sujeto pasivo del IVE. 

La parte recurrente señaló que, a pesar de los descargos presentados, relacionados con el nacimiento de la obligación tributaria atribuida, la Administración Tributaria replicó el contenido de la Vista de Cargo, forzando la aplicación de los artículos 37, 39 y 41 de la Ley 843, sin expresar mayor elemento de análisis y evaluación.

Manifestó que por el principio de legalidad y transparencia, el alcance de la verificación, vulneró el derecho al debido proceso como el principio de transparencia, correspondiendo la anulación del proceso hasta la Orden de Verificación, siendo que el alcance no corresponde a la actividad desarrollada y de esta manera, vicio de nulidad la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, por carecer de los elementos necesarios para alcanzar su fin, existiendo una falta de fundamentación en la normativa que regula la aplicación del (UE.

Puntualizó que el ente fiscalizador transcribió normativa, sin explicar ni desarrollar la forma en que la misma se adecúa al hecho fáctico que hacen a la conducta; agregó que la Resolución Determinativa es copia fiel y exacta de la Vista de Cargo que no establece con claridad los fundamentos y razones técnicas para la determinación sobre base presunta y la aplicación de la técnica “otros”, limitándose a la aplicación de los artículos 43, 44 y 45 de la Ley 2492 y el inciso d) del artículo 8 de la Resolución Normativa de Directorio 10 0017-13.

En contraposición, la Administración Tributaria manifestó que la vista de Cargo y Resolución Determinativa cumplen con los artículos 96 parágrafos I y Il y 99 parágrafo II de la Ley 2492, cumpliendo con la fundamentación y motivación que sustente la determinación sobre base presunta, al exponer los antecedentes de hecho y de derecho que justifican las razones del cargo formulado en contra de la sujeto pasivo. Además, señaló que la información de los contribuyentes “A” y “B” se encuentran en la vista de Cargo y en la Resolución Determinativa, lo que impide alegar desconocimiento e indefensión, toda vez que dichos actos contienen los elementos y valoraciones que fundamentan la determinación de los costos de construcción sobre base presunta, no

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teniendo ninguna relevancia ni afectación a la defensa, conocer sus nombres, al ser documentación considerada confidencial en virtud del parágrafo I del artículo 67 de la Ley 2492. 

En cuanto a la fundamentación y motivación de las resoluciones, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0991/2015-S1 de 26 de octubre, a través de su razonamiento juridico jurisprudencial, señaló: “(...) Por su parte, la motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales resulta ser una condición de validez de las resoluciones judiciales, puesto que la credibilidad de la administración de justicia radica básicamente en que las decisiones plasmadas en resoluciones estén debidamente motivadas y fundamentadas. La fundamentación implica explicar las razones jurídicas de la decisión judicial, es decir, la cita a las normas jurídicas (Constitución Política del Estado, normas del bloque de constitucionalidad, leyes, etc., asi como jurisprudencia constitucional y ordinaria) que son aplicables al caso” (las negrillas son añadidas). :

Continúo: “(…) en tanto que la motivación consiste en establecer los motivos concretos de porqué el caso analizado se subsume en dichos fundamentos jurídicos, pudiendo intervenir en el análisis inclusive motivos de indole cultural, social, axiológico, entre otros, que guiaron a la autoridad judicial a tomar una decisión de una determinada forma. (…) En función a las consideraciones antes señaladas, ‘la importancia de la fundamentación y motivación de las decisiones judiciales, radica básicamente en que el juzgador, a tiempo de emitir su veredicto debe plasmar de manera clara, las razones, motivos y, explicar las normas en las que fundó su decisión, de modo que los justiciables tengan el conocimiento y control sobre la resolución que les involucra a ellos en su condición de partes en la sustanciación del proceso‘; entendimientos que no pueden limitarse exclusivamente al proceso judicial, sino también al administrativo o corporativo, conforme a la citada SCP 2184/2012” ( las negrillas son añadidas).

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En concordancia con lo expuesto, la Sentencia Constitucional Plurinacional 1302/2015 de 13 de noviembre; entre otras, refiere que: “...) la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, 

debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su tusbarto 21 Darlent decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas

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al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas”. 

Por su parte, los artículos 115 parágrafo Il y 117 parágrafol de la Constitución Política del

Estado, dejan establecido que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones y que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. 

En ese marco, los numerales 6 y 7 del artículo 68 de la Ley 2492, contemplan como derechos del sujeto pasivo el Debido Proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada, a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalden los cargos que se le formulen, ya sea en orma personal o a través de terceros autorizados y a presentar todo tipo de prueba y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por la Administración Tributaria.

También corresponde reiterar que el parágrafo I del artículo 96 de la Ley 2492 señala: “La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado” y el parágrafo II del artículo 99 del mismo cuerpo legal dispone: “La Resolución Determinativa que dicte 

la Administración deberá contener como requisitos minimos, Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa”. 

Por otra parte, el inciso e) del artículo 28 de la Ley 2341, establece como requisitos esenciales del acto administrativo, entre otros, el fundamento, el cual debe expresar en

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forma concreta las razones que inducen a emitir el acto. Asimismo, el parágrafo ll del artículo 31 del Decreto Supremo 27113, sobre la motivación de los actos, establece que: “La motivación expresará sucintamente los antecedentes y circunstancias que resulten del 

expediente; consignará las razones de hecho y de derecho que justifican el dictado del acto; individualizará la norma aplicada, y valorará las pruebas determinantes para la decisión”. 

Finalmente, el parágrafo II del artículo 36 la Ley 2341, aplicable supletoriamente al caso, en virtud del numeral 1 del artículo 74, de la Ley 2492, dispone que el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados

Ahora bien, corresponde la revisión de la Vista de Cargo_No_291930000685 de 23 de diciembre de 2019 (fojas 1470-1510 de antecedentes administrativos), acusada por la parte recurrente de carecer de los elementos necesarios para alcanzar su fin, puesto que hubiese vulnerado el derecho al debido proceso por no corresponder a la actividad desarrollada y ante la falta de fundamentación en la normativa que regula la aplicación del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, además de no explicar la forma en que la misma se adecúa a la conducta.

En ese contexto, revisado’ el contenido de la Vista de Cargo N° 291930000685, cabe señalar que el referido acto administrativo identificó: “(…) la sujeto pasivo DEHNE DELGADILLO LOURDES ha utilizado capital, ya que adquirió terrenos (tierra) para la construcción del Edificio “Plaza Real”, coordinando capital en la compra de materiales y otros costos indirectos y trabajo en la mano de obra utilizada para el efecto y posteriormente procedió a la venta de departamentos, parqueos y bauleras en la gestión fiscalizada (enero a diciembre de la gestión 2014) obteniendo utilidades de fuente boliviana conforme establece el Art. 42 de la Ley 843, que no fueron declaradas conforme a Ley, omitiendo la cancelación del impuesto correspondiente a la utilidad neta imponible obtenida en dichas transferencias”. 

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A continuación, la entidad recurrida señaló: “Al respecto cabe mencionar que se consideran de fuente boliviana según el inciso d) del Art. 4 del DS No 24051 toda otra utilidad que haya sido generada por bienes materiales o inmateriales y por derechos 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach‘a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní)

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situados, colocados o utilizados económicamente en el país o que tenga su origen en hechos o actividades de cualquier índole, producidos o desarrollados en el país. Por lo tanto, la actividad realizada por la sujeto pasivo fue de carácter industrial de construcción y posteriomente comercial (como generador de utilidades) motivo suficiente para determinar que está sujeta al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (UE)” (fojas 1471 de antecedentes).

Dicha entidad concluyó sus argumentos sosteniendo: “En consecuencia, la sujeto pasivo DEHNE DELGADILLO LOURDES es sujeto pasivo del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) en el entendido que ha utilizado capital para la compra de los terrenos donde se construyó el Edificio “PLAZA REAL, posteriormente realizó la construcción de los departamentos, parqueos, y bauleras en propiedad horizontal sobre los terrenos mencionados precedentemente, no para ser utilizados como vivienda ni otro fin de indole 

sino para proceder a vender departamentos, parqueos y bauleras en la gestión fiscalizada (enero a diciembre de la gestión 2014), obteniendo INGRESOS NO DECLARADOS y por ende una UTILIDAD IMPONIBLE NO DECLARADA, que es alcanzada por el IUE. Asimismo, para fines de la determinación, es evidente que la sujeto pasivo realizó una actividad industrial de construcción para su comercialización, por lo que en virtud del Artículo 37 de la Ley N° 843 que señala que las empresas unipersonales son sujetos del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) y según el Artículo 39 de la Ley 843, a los fines de este impuesto se entenderá por empresa toda unidad económica, inclusive las de carácter unipersonal, que coordine factores de la producción (capital, tierra y trabajo) en la realización de actividades industriales y comerciales (entre otras), queda demostrado y fundamentado que la sujeto pasivo DEHNE DELGADILLO LOURDES con C.1. 623958 es sujeto pasivo del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) al haber realizado la construcción del Edificio “PLAZA REAL” para realizar la actividad comercial de venta de departamentos, parqueos y bauleras, obteniendo utilidades que son de fuente boliviana conforme establece el Art. 42 de la Ley N° 843″ (fojas 1471-1472 de antecedentes administrativos).

Continuando con la compulsa de la Vista de Cargo N° 291930000685, en su numeral 7 del acápite “HECHOS, ACTOS, DATOS, ELEMENTOS Y VALORACIONES DE FUNDAMENTO A LAS OBSERVACIONES” el Servicio de Impuestos Nacionales señaló: Con la finalidad de obtener información respecto al registro del Edificio “PLAZA REAL

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referida a la propiedad del inmueble, número de matrícula, superficie, N° de Escritura Pública y la fecha de venta que permiten establecer las transacciones realizadas en la gestión fiscalizada, en mérito al Convenio Interinstitucional del Servicio de Impuestos Nacionales (S.I.N.) y el Consejo de la Magistratura, se han extraído los registros del Sistema SINAREPWEB- Folio Real de Derechos Reales de cada una de las matrículas de los departamentos, parqueos y bauleras por plantas desde el sótano hasta el último piso construido del Edificio “PLAZA REAL”. Como resultado del procedimiento aplicado, se ha podido identificar a la sujeto pasivo como propietaria del terreno y Departamentos en Propiedad Horizontal y de los nuevos copropietarios, evidenciando que la sujeto pasivo efectla venta de bienes inmuebles en Propiedad Horizontal consistente en Departamentos, Parqueos y Bauleras (...) para luego señalar el detalle de los bienes inmuebles transferidos (fojas 1474-1483 de antecedentes administrativos). i

Por lo desarrollado previamente, se colige que la vista de Cargo N° 291930000685, expuso la fundamentación que permitió al sujeto pasivo conocer la actividad que a entender de la Administración Tributaria, constituyó en hecho generador del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, concibiéndola como el uso de capital para la construcción y posterior venta de departamentos, parqueos y bauleras en la gestión fiscalizada (enero a diciembre de la gestión 2014).’

Asimismo, se advirtió que la entidad recurrida citó la normativa concerniente a la relación de la actividad de la sujeto pasivo y el nacimiento de la obligación tributaria, alegando la aplicación de los artículos 37, 39 y 42 de la Ley 843, concluyendo que las empresas unipersonales son sujetos del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas ((UE); reiterando que la sujeto pasivo se encuentra alcanzada por el mencionado impuesto a consecuencia de la construcción del Edificio “Plaza Real’ con el objetivo de realizar la actividad comercial de venta de departamentos, parqueos y bauleras, generando utilidades de fuente boliviana, señalando además los bienes inmuebles trasferidos 

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En ese entendido, en contradicción con lo observado por la recurrente, la Vista de Cargo N° 291930000685 contiene la fundamentación exigida por el artículo 96 de la Ley 2492, así como lo previsto en el inciso e) del artículo 28 de la Ley 2341, al explicar la relación establecida entre la conducta atribuida a la sujeto pasivo y la normativa aplicable al caso;

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correspondiendo en consecuencia desestimar lo alegado al respecto por la parte

recurrente. 

Así también, como parte de su reclamo la sujeto pasivo sostuvo que la Resolución Determinativa No 172030000383 replicó el contenido de la Vista de Cargo, sin expresar análisis ni establecer con claridad los fundamentos y razones técnicas para la determinación sobre base presunta y el uso de la técnica “otros”, limitándose a señalar la normativa, acomodando los argumentos vertidos en el artículo 153 de la Ley 2492, generando confusión y falta de respuesta a los argumentos desarrollados.

Sobre el particular, es necesario aclarar que el parágrafo I del artículo 96 de la Ley 2492

dispone que la Vista de Cargo contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, en ese entendido, se encuentra expresa la fundamentación desarrollada previamente en la vista de Cargo, asimismo fijó la base imponible sobre base cierta o presunta, según corresponda, en ese sentido, la Resolución Determinativa debe contener la fundamentación contenida previamente en la vista de Cargo, y cumplir los preceptos del parágrafo II del artículo 99 del Código Tributario Boliviano; razón por la cual esta instancia compulsará el acto impugnado.

Ahora bien, con relación al análisis, fundamentación y razones técnicas para establecer la base imponible sobre base presunta, revisada la Resolución Determinativa No 172030000383, ésta dispuso: “(…) siendo que es irrefutable la coordinación de factores de producción para la construcción y posterior venta de los bienes inmuebles referidos, asimismo el objeto de la solicitud de documentación tiene que ver con el cumplimiento del artículo 47° del mismo cuerpo legal, que establece: La utilidad neta imponible será la resultante de deducir de la utilidad bruta (ingresos menos gastos de venta) los gastos necesarios para su obtención y conservación de la fuente. De tal modo que, a los fines de la determinación de la utilidad neta sujeta a impuesto, como principio 

general, se admitirán como deducibles todos aquellos gastos que cumplan la condición de ser necesarios para la obtención de la utilidad gravada y la conservación de la fuente que la genera, incluyendo los aportes obligatorios a organismos reguladores – supervisores, las previsiones para beneficios sociales y los tributos nacionales y municipales que el reglamento disponga como pertinentes. Dicha disposición guarda relación amónica con 

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lo dispuesto en el artículo 8o del Decreto Supremo N° 24051 que dispone: Dentro del concepto de gastos necesarios definido por la Ley como principio general y ratificado en el Artículo precedente, se consideran comprendidos todos aquellos gastos realizados, tanto en el país como en el exterior, a condición de que estén vinculados con la actividad 

gravada y respaldados con documentos originales. Por lo expuesto, la Administración 

Tributaria solicito información referida a costos y/o gastos con la finalidad de contar con elementos que lleven a un ejercicio determinativo sobre base cierta” (fojaş 1632 de antecedentes administrativos).

Prosiguió señalando: “(…) Siendo que la devolución de los requerimientos de información no invalidó la eficacia de dichos actuados, teniendo como consecuencia única el entorpecimiento del ejercicio determinativo sobre base cierta, habilitando a la Administración Tributaria la facultad de realizar dicho ejercicio sobre, base presunta” (fojas 1633 de antecedentes administrativos) (énfasis añadido).

” 

A continuación la Administración Tributaria concluyó: “…) asimismo el hecho de haber devuelto los requerimientos realizados no invalida su eficacia legal, demostrando, este hecho únicamente su afán de obstaculizar el ejercicio de las facultades otorgadas por Ley, incumpliendo el numeral 6 del artículo 70° de la Ley 2492, asumiendo conductas que en definitiva no permiten el desarrollo de las facultades de Fiscalización, así pues dicho comportamiento y conducta no permitió determinar sus obligaciones sobre base cierta, sin embargo esta circunstancia derivó en el ejercicio de la determinación de la base imponible sobre base presunta, conforme dispone el numeral 3 del artículo 44o de la Ley 2492″ (fojas 1634 de antecedentes administrativos).

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Asimismo sostuvo: “Por lo expuesto corresponde aplicar el método sobre Base Presunta, debido a que conforme se expone a continuación la Administración Tributaria agotó los medios para efectuar la determinación sobre base cierta, al no haber presentado el sujeto pasivo la información que permita conocer de manera indubitable el Costo de Construcción (Materiales, mano de obra y otros costos indirectos de construcción) del Edificio “PLAZA REAL”, por lo que no se cuenta con dicho elemento que influye en la determinación de la base imponible, no pudiendo conocer de forma directa e indubitable el componente de la obligación tributaria” (fojas 1637 de antecedentes administrativos) conforme establece Art. 42 de la Ley 843, que no fueron declaradas 

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conforme a Ley, omitiendo la cancelación del impuesto correspondiente a la utilidad neta imponible obtenida en dichas transferencias

Lo señalado en párrafos previos permite evidenciar que la Resolución Determinativa No 172030000383, expresó que el ente fiscalizador solicitó a la sujeto pasivo información que permita constatar la determinación de la utilidad neta imponible, los ingresos percibidos y los gastos necesarios para la obtención y conservación de los bienes inmuebles transferidos, requiriendo expresamente los costos y/o gastos incurridos en la actividad gravada desarrollada; sin embargo, aclaró que la sujeto pasivo devolvió los requerimientos de información entorpeciendo del ejercicio determinativo sobre base cierta, habilitando de esta manera la facultad de realizar dicho ejercicio sobre base presunta.

En este sentido, es evidente que el acto impugnado expuso las razones que motivaron la determinación sobre base presunta, de la obligación atribuida a la recurrente, al afirmar que agotó los medios para efectuar la determinación sobre base cierta, ante la falta de presentación de la sujeto pasivo de información que permita dar a conocer de manera indubitable el costo de construcción del Edificio “Plaza Real”, que posteriormente fue comercializado en propiedad horizontal; encontrándose de esta forma el ente fiscal, imposibilitado de conocer de forma directa e indubitable el componente de la obligación tributaria; en consecuencia, la motivación así como la fundamentación desarrollada por la Administración Tributaria en el acto impugnado, resulta congruente con los hechos advertidos y se enmarcan con lo dispuesto en la normativa tributaria vigente, debiendo desestimar lo alegado por la sujeto pasivo.

Por otra parte, en lo concerniente a la fundamentación de la aplicación de la técnica “otros”, la Resolución Determinativa expuso: “En este entendido, a efectos de cuantificar la base imponible, se solicitó la aprobación de una técnica sobre Base Presunta que permita determinar los costos de construcción (mano de obra, materiales y otros costos indirectos) de conformidad a lo dispuesto en el inciso d) “Otrasdel Artículo 8o (Medios por inducción) de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-001713 de 8 de mayo de 2013 (...) habiéndose remitido el Informe con CITE: SIN/GDCBBA/DF/G3NVE/INF1093/2019 de fecha 26 de abril de 2019, la misma fue aprobada mediante nota con CITE: SIN/GF/DNCC/NOT/866/2019. En consecuencia, para el cálculo del costo de construcción se efectuó el siguiente análisis: en el proceso de verificación se ha considerado e

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concepto de características afines, (...); identificándose en este entendido a los contribuyentes A y B, los cuales cuentan con ciertas características afines con la sujeto pasivo” (fojas 1638 de antecedentes administrativos).

Asimismo, señaló: “En este entendido, la información obtenida de los contribuyentes Ay B se constituye en un recurso estratégico, elemento a partir del cual, se identifica y establece la realidad económica de la actividad realizadà, lo cual, tratándose de materia tributaria, permite acercarse a la verdad material de los hechos gravados (…)” (fojas 1640 de antecedentes administrativos).

Ahora bien, lo expuesto previamente permite evidenciar que el acto impugnado manifestó el cumplimiento al inciso d) del artículo 8 de la Resolución Normativa de Directorio 10 0017-13 de 8 de mayo de 2013, al solicitar aprobación para aplicar-la técnica “otros”, por el Informe SIN/GDCBBA/DF/G3NVE/INF/1093/2019 de 26 de abril de 2019 y afirmó que obtuvo su aprobación en la nota SIN/GF/DNCC/NOT/866/2019.

Asimismo, la entidad recurrida sostuvo que utilizó la información de los contribuyentes Ay B por contar con características afines al sujeto pasivo, denotando de ello, que el acto impugnado efectuó una relación de los hechos que justifican la aplicación de la técnica “otros”, según lo exigido por el inciso d) del artículo 8 de la Resolución Normativa de Directorio 10-0017-13. j —

..

Lo expuesto hasta este punto, permite evidenciar que la Vista de Cargo N° 291930000685 y Resolución Determinativa N° 172030000383 contienen la fundamentación exigida por los artículos 96 y 99 de la Ley 2492 así como lo previsto en el inciso e) del artículo 28 de la Ley 2341; debiendo añadir que el ente fiscalizador, desarrolló lo exigido por el inciso d) del artículo 8 de la Resolución Normativa de Directorio 10-0017-13, expresando las razones técnicas, análisis y evaluación para la determinación de la base presunta y la aplicación de la técnica “Otras

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En ese contexto, la entidad recurrida dio cumplimiento a lo exigido por los artículos 115 parágrafo II, 117 parágrafo I de la Constitución Política del Estado y artículo 68 numerales 6 y 7 de la Ley 2492, correspondiendo desestimar el reclamo al respecto. 

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IV.4. Sobre el desarrollo de actividad gravada. La parte recurrente señaló que no posee Número de Identificación Tributaria y por ende no desarrolla actividad gravada o hecho generador del cual provengan las obligaciones tributarias atribuidas, encontrándose excluido de la definición de sujeto pasivo detallado en el artículo 38 de la Ley 843; hizo énfasis en que no desarrolló actividad que sea considerada como hecho generador de dicho tributo y que no posee Estados Financieros que permitan determinar una utilidad neta.

Alegó además, que en antecedentes administrativos no cursa prueba que demuestre que realizó la actividad de construcción de bienes inmuebles y que el suscribir la transferencia de algunos bienes inmuebles no la convierte en constructora; al efecto, aseguró que la Administración Tributaria, al interpretar los artículos 37 y 39 de la Ley 843, pretende considerarlo como empresa sin tener NIT.

Por el contrario, la Administración Tributaria afirmó que la sujeto pasivo realizó actividad de construcción para su posterior comercialización y transfirió a título oneroso departamentos, parqueos y bauleras, obteniendo utilidades de fuente boliviana, situación que la obligaba a llevar registros contables y cumplir con los dispuesto en los artículos 36 y 40 del Código de Comercio y la elaboración de Estados Financieros.

Al respecto, sobre el tema en discusión expuesto previamente, cabe señalar que para la doctrina tributaria “el contribuyente es el destinatario legal tributario a quien el mandato de la norma obliga a pagar el tributo por sí mismo, como es el realizador del hecho imponible, es un deudor a título propio” (Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, Héctor Villegas, p. 328). Así también, sostiene que: “el hecho imponible es entendido como el acto, conjunto de actos, situación, actividad o acontecimiento que, una vez sucedido en la realidad, origina el nacimiento de la obligación tributaria y tipifica el tributo que será objeto de la pretensión fiscal” (Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, Héctor Belisario Villegas, p. 348).

Por su parte, el Código Tributario Boliviano en el artículo 22 dispone: “Es sujeto pasivo el contribuyente o sustituto del mismo, quien debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme dispone este Código y las Leyes” y con relación al contribuyente, señala: “Contribuyente es el sujeto pasivo respecto del cual se verifica 

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el hecho generador de la obligación tributaria. Dicha condición puede recaer: 1. En las personas naturales prescindiendo de su capacidad según el derecho privado (…)

Asimismo, con relación al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, el artículo el artículo 37 de la Ley 843 dispone: “Son sujetos del impuesto todas las empresas tanto públicas como privadas, incluyendo:- sociedades anónimas, sociedades anónimas mixtas, sociedades en comandita por acciones y comandita simples, sociedades cooperativas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades colectivas, sociedades de hecho o irregulares, empresas unipersonales, sujetas a reglamentación sucursales, agencias o establecimientos permanentes de empresas constituidas o domiciliadas en el exterior y cualquier otro tipo de empresas. Esta enumeración es enunciativa y no limitativa”. 

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En ese entendido, el artículo 39 de la Ley 843, también establece: “A los fines de este impuesto se entenderá por empresa toda unidad económica, inclusive las, de carácter unipersonal, que coordine factores de la producción en la realización de actividades industriales y comerciales, el ejercicio de profesiones liberales y oficios sujetos a reglamentación, prestaciones de servicios de cualquier naturaleza, alquiler y arrendamiento de bienes muebles u obras y cualquier otra prestación que tenga por objeto el ejercicio de actividades que reúnan los requisitos establecidos en este’ articulo”. Seguidamente en el artículo 40 del mismo cuerpo legal, aclara: “A los fines de este impuesto se consideran utilidades, rentas, beneficios o ganancias las que surjan de los estados financieros, tengan o no carácter periódico (…)”. 

Con relación a la obtención de utilidades, el artículo 42 de la renombrada Ley 843 determina: “En general y sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos siguientes, son utilidades de fuente boliviana aquellas que provienen de bienes situados, colocados o utilizados económicamente en la República; de la realización en el territorio nacional de cualquier acto o actividad susceptible de producir utilidades; o de hechos ocurridos dentro del límite de la misma, sin tener en cuenta la nacionalidad, domicilio o residencia del titular o de las partes que intervengan en las operaciones, ni el lugar de celebración de los contratos”. 

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La normativa citada previamente, permite aclarar que la realización de la actividad

comercial -venta de bienes inmuebles- y consecuente percepción de utilidad,

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ganancia, o beneficio, aun sin que ésta no fuera de carácter periódico -consecutivo o regular-, constituye en hecho imponible del IUE y en consecuencia, las personas naturales o jurídicas que la practiquen ostentan la calidad de sujeto pasivo del IVE; en ese contexto, en aplicación del citado artículo 42 de la Ley 843, se entiende como lugar del hecho generador -obtención de utilidades de fuente boliviana-, el lugar donde se realiza el acto o actividad susceptible de producir utilidades -construcción de bienes inmuebles para su posterior venta, encontrándose obligadas a la inscripción al Padrón de Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales y a efectuar la determinación, declaración y pago de la obligación tributaria.

Ahora bien, la Resolución Determinativa N° 172030000383 impugnada señaló al

respecto: “En este entendido, la coordinación de factores de producción por parte del sujeto pasivo es evidente desde un punto de vista racional, puesto que las construcciones enajenadas y que signan como vendedor al sujeto pasivo, no pudieron ser posibles sin la combinación de factores de producción (tierra, trabajo y capital), ael sujeto pasivo ha utilizado capital, ya que adquirió los terrenos (tierra) para la construcción del Edificio “PLAZA REAL”; coordinando capital en la compra de materiales y otros costos indirectos y trabajo en la mano de obra utilizada para el efecto y posteriormente procedió a la venta de departamentos, parqueos y bauleras en la gestión fiscalizada (enero a diciembre de la gestión 2014) obteniendo utilidades de fuente boliviana conforme establece el Art. 4de la Ley N° 843, que no fueron declaradas conforme a Ley, omitiendo la cancelación del 

impuesto correspondiente a la utilidad neta imponible obtenida en dichas transferencias

Continuó sosteniendo: “Al respecto, cabe mencionar que se consideran de fuente boliviana según el inciso d) del Art. 4o del DS No 24051 toda otra utilidad que haya sido generada por bienes materiales o inmateriales y por derechos situados, colocados o utilizados económicamente en el país o que tenga su origen en hechos o actividades de cualquier indole, producidos o desarrollados en el país. Por lo tanto, la actividad realizada por el sujeto pasivo fue de carácter industrial de construcción y posteriormente comercial (como generador de utilidades), motivo suficiente para determinar que está sujeto al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE)” (fojas 1635 de antecedentes administrativos).

En ese entendido, la Administración Tributaria en la Resolución analizada refirió que la sujeto pasivo adquirió terrenos para la construcción del Edificio “Plaza Real”, para luego

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proceder a la venta de departamentos, bauleras y parqueos en la gestión 2014, logrando obtener ganancias que no fueron declaradas al ente fiscal. En este contexto, compulsados los antecedentes administrativos, se evidencia que el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, remitió la nota de 31 de octubre de 2016, Inf. VUT N° 426/2016, adjuntando la Resolución Ejecutiva N° 070/2012 de 17 de febrero de 2012, que aprobó el Plano de División en Propiedad Horizontal del Edificio Multifamiliar y Comercio “Plaza Real’ de propiedad de Lourdes Dehne de Majluf, ubicado en la Zona de Sarco y expone: “Que, por Informe Legal No 176/2010 de fecha 20 de diciembre de 2010, Jorge Antonio Coello Marañón, abogado del Departamento de Normas Urbanas y 

ablece que, el Derecho Propietario del referido Inmueble se halla acreditado mediante: Copia Legalizada del Testimonio N° 242/2009 de fecha 22 de mayo de 2009, otorgado ante Notaria de Fe Pública de Primera Clase N° 26, Dra. Leslie Salamanca Ugarte, registrado en DD.RR., con Matricula No 3.01.1.02.0038878, bajo el Asiento A1, en fecha 25 de mayo de 2009, (…)(fojas 97 de antecedentes administrativos).–

— 

A continuación concluyó: “Que, del análisis de los memoriales, informe y resoluciones dictadas con relación al presente trámite, en aplicación con la normativa municipal, es evidente que la propietaria del Edificio Plaza Real Sra. Lourdes Dehne de Majluf, cuenta con el Plano de Construcción Proyecto Edificio Multifamiliar y Comercio “Plaza Real” (…) asimismo, teniendo presente que de la inspección realizada a la construcción del Edificio con relación al Plano de Construcción Aprobado se ha establecido que si se está construyendo de conformidad a éste (…)” (fojas 102 de antecedentes administrativos).

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Por otra parte, también es necesario recalcar que la Administración Tributaria en el acto impugnado solicitó a Notarías de Fe Pública la presentación de segundo testimonio y/o fotocopias legalizadas de las minutas de transferencia y formulario 430, a fin de constatar la transferencia de los bienes inmuebles de propiedad de la sujeto pasivo, en ese sentido, por compulsa de la documentación proporcionada se evidencia a fojas 833 a 1123 de antecedentes administrativos, que la parte recurrente suscribió Minutas de venta de los bienes inmuebles detallados en la Resolución Determinativa N° 172030000383, en cuestión según cuadro cursante a fojas 1645 a 1649 de antecedentes administrativos; en consecuencia, resultó indudable que la sujeto pasivo suscribió las Minutas de Transferencia que significaron la obtención de ingresos por motivo de la venta de inmuebles de su propiedad, por cuanto conforme a lo expuesto 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani)

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previamente, su conducta se adecúa a lo prescrito en los artículos 39, 40 y 42 de la Ley 843, toda vez que la sujeto pasivo, ante la ausencia de prueba que demuestre lo contrario, como unidad económica de carácter unipersonal, realizó la actividad comercial de venta de bienes inmuebles, luego de la coordinación de factores de producción que tuvo como objetivo la obtención de un bien inmueble para su venta y consiguiente utilidad de fuente boliviana

Además es menester aclarar que la inscripción al número de identificación tributaria (NIT) constituye un deber formal, conforme lo estable el numeral 1.1 del numeral 1 del Anexo de la Resolución Normativa de Directorio 10-00033-16 de 25 de noviembre 2016, que no condiciona el perfeccionamiento del hecho imponible ni la calidad de sujeto pasivo, entonces corresponde desestimar lo aludido al respecto por la parte recurrente.

Ahora bien, con relación a la realización de la actividad de construcción, la Administración Tributaria en el acto impugnado manifestó: “(…) la señora DEHNE DELGADILLO LOURDES es sujeto pasivo del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) en el entendido que ha utilizado capital en la compra de los terrenos donde se construyó el Edificio “PLAZA REAL, posteriormente realizó la construcción de los departamentos, parqueos y bauleras en propiedad horizontal sobre los terrenos mencionados precedentemente, no para ser utilizados como vivienda ni otro fin de indole personal, sino para proceder a vender departamentos, parqueos y bauleras en la gestión fiscalizada (...)

A continuación señala: “(...) queda evidenciado y fundamentado que el sujeto pasivo DEHNE DELGADILLO LOURDES con C./. 623958 es sujeto pasivo del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) al haber realizado la construcción del Edificio PLAZA REAL” para realizar la actividad comercial de venta de departamentos, parqueos y bauleras, obteniendo utilidades que son de fuente boliviana conforme establece el Art. 42° de la Ley N° 843” (fojas 1636 de antecedentes administrativos).

Expuesto lo anterior, resulta preciso aclarar que por mandato del artículo 76 de la Ley 2492, en los procedimientos tributarios administrativos quien pretenda hacer valer sus derechos, deberá probar los hechos constitutivos de los mismos; así también el parágrafo

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Il del artículo 80 del mismo cuerpo legal, dispone que en las presunciones legales que

admiten prueba en contrario, quien pretenda desvirtuar la presunción deberá aportar prueba.

Lo expuesto hasta este punto permite evidenciar que la sujeto pasivo, obtuvo la Resolución Ejecutiva No 070/2012 de 17 de febrero de 2012, por el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, entidad que tras evidenciar su derecho propietario del Edificio Plaza Real, resolvió autorizar a Lourdes Dehne Delgadillo la construcción del mismo; de la misma manera, la suscripción de las minutas de transferencia adjuntas a los antecedentes administrativos, demuestran que la sujeto pasivo comercializó bienes inmuebles ubicados en el Edificio Plaza Real, en consecuencia, el ente fiscal luego de analizar dicha documentación concluyó que la sujeto pasivo efectivamente construyó los bienes transferidos, presunción que no mereció la presentación de prueba en contra, por parte de la recurrente; en consecuencia, los elementos de prueba’ aparejados por la Administración Tributaria, permiten afirmar que la parte recurrente obtuvo utilidades de fuente boliviana por la transferencia onerosa de bienes inmuebles, correspondiendo por lo tanto, desestimar lo aludido al respecto por Lourdes Dehne Delgadillo.

1.5. Sobre las observaciones a la determinación de la deuda tributaria. La parte recurrente manifestó que la Administración Tributaria no llevó a cabo algún trabajo de fiscalización y averiguación de la verdad, limitándose a justificar su desconocimiento de datos, hechos y circunstancias, por no acompañar la documentación requerida, desconociendo lo dispuesto en los artículos 76 de la Ley 2492 y 116 de la Constitución Política del Estado, siendo que debió apelar a todos los recursos a su alcance para justificar una determinación sobre base cierta; empero que omitió realizar inspección a la edificación, cuestionarios o cruces con los proveedores de materiales para obtener elementos tangibles, por lo que resultaría inaplicable lo dispuesto en el artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio 10-0017-13.

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Adicionalmente, refirió que la utilización referencial de otros contribuyentes, exige la existencia de similitudes, por lo que resulta incongruente determinar que los contribuyentes A y B no resultarían similares, empero sean utilizados para determinar la base imponible; además observó, que en la estructura de costos no existe un desglose o detalle que integre los componentes del costo de construcción y otros aspectos 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vao (Guaraní) 

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relacionados, lesionando el derecho a la legítima defensa y al debido proceso, por lo que la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa no contienen los fundamentos o razones por las cuales fue dispuesta la aprobación o utilización de la técnica, incumpliendo los dispuesto en los artículos 96 y 99 de la Ley 2492, así como los artículos 18 y 19 del Decreto Supremo 27310; además que en los antecedentes administrativos no cursa constancia de la evaluación y aprobación por la Gerencia Nacional de Fiscalización -al margen de la desigualdad procesal que genera la disposición administrativa, al ser el SIN juez y parte

De igual manera, el recurrente agregó que al considerar como base la información de los contribuyentes A y B para determinar la utilidad imponible, es necesario conocer el contenido de dicha información en forma directa y fidedigna, no pudiendo privarse del conocimiento de la información bajo el pretexto del principio de confidencialidad, por lo que la Administración Tributaria debió acudir a otros medios para investigar y obtener información que permita sostener técnicamente el reparo; al efecto, citó la Sentencia Constitucional Plurinacional 0978/2012 de 22 de agosto y el artículo 116 de la Constitución Política del Estado.

Argumentó que la nota de la Cámara Departamental de la Construcción (CADECO), debió generar una adecuada lectura, en sentido de averiguar más a fondo las características propias del inmueble, sobre el cual fue determinada la deuda tributaria; siendo que la escasa explicación y detalle de los datos tomados en cuenta, resulta insuficiente para cumplir con la motivación y fundamentación del acto, máxime si no fue aportado documento alguno sobre los datos considerados.

Sostuvo que, la documentación obtenida del Gobierno Autónomo Municipal, Notarias y Derechos Reales, no pueden ser considerados como un medio de prueba legitimo ni servir de base para la determinación, toda vez que no se encuentran legalizadas ni refrendadas por los tenedores de los documentos originales, conforme manda el Código Civil.

En contraposición, la Administración Tributaria sostuvo que es obligación de la sujeto pasivo proporcionar toda clase de datos, informes o antecedentes con efectos tributarios emergentes de sus relaciones económicas profesionales o financieras, por lo que afirmó que fue notificada la sujeto pasivo con los requerimientos de información No 00156504, 00156527 y 00160513, solicitando identificar y demostrar el detalle de facturas que fueron

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emitidas a su nombre y cédula de identidad de compras que tengan relación directa y/o indirecta con la construcción del Edificio Plaza Real, así como documentación que sustente el pago realizado a proveedores, especificando el lugar de entrega, además de las Notas de Entrega, a fin de recolectar elementos mediante los cuales pueda verificar las obligaciones tributarias de la sujeto pasivo.

Señaló que en el presente caso, determinó reparos con pleno sometimiento a la Ley sobre base presunta, al agotar los medios para la obtención de la documentación e información que permita conocer en forma directa e indubitable los elementos de la obligación tributaria, evidenciando que la parte recurrente es sujeto pasivo del IVE, evidenciando utilidad neta imponible no declarada obtenida por concepto de venta de bienes inmuebles en propiedad horizontal del Edificio Plaza Real y que al efecto, para la obtención del margen de utilidad, solicitó la aprobación de una nueva técnica sobre base presunta que permita determinar los costos de construcción de conformidad a lo dispuesto en el inciso d) “Otras” del artículo 8 de la Resolución Normativa de Directorio 10-0017-13 de 8 de mayo de 2013, solicitando la aprobación de la técnica mediante el Informe SIN/GDCBBA/DF/G3/VE/INF/1093/2019, aprobada, mediante nota SIN/GF/DNCC/NOT/00866/2019.

– – – – – Manifestó que la información de los contribuyentes “A” y “B” fue expụesta en la vista de Cargo y en la Resolución Determinativa impugnada, además que los contribuyentes “A” y “B” se dedican a la misma actividad económica de la sujeto pasivo, y si bien, la información corresponde a gestiones anteriores a la verificada, no cuenta con más elementos para la determinación de los costos de construcción y considerando la publicaciones de Precios Unitarios de Referencia para la Construcción, presentados por la Cámara de Construcción de Cochabamba (CADECO), observó que la utilidad referencial en las gestiones señaladas se mantiene invariable lo que hace presumir que los costos de construcción no sufrieron variaciones significativas, además que la inflación no ocasiono impacto en la utilidad del sector, encontrándose dicha información acorde a la realidad económica de construcción de la sujeto pasivo, correspondiendo aplicar el índice de 68.76% a fin de establecer la utilidad por la actividad de construcción de bienes inmuebles y posterior venta correspondiente a la gestión que concluye a diciembre de 2014.

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Afirmó que no pudo aplicar de manera directa el inciso c) del artículo 8 de la Resolución Normativa de Directorio 10-0017-13, ante la inexistencia de al menos tres parámetros 

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parecidos entre la sujeto pasivo y los contribuyentes “A” y “B”, siendo que el único parámetro parecido es el desarrollo de la actividad en la misma jurisdicción. Agregó que la Vista de Cargo y Resolución Determinativa analizó la información y documentación de los contribuyentes “A” y “B”, obtenida por instituciones financieras respecto a los préstamos obtenidos para la construcción y venta de departamentos, parqueos y bauleras, toda vez que de forma contraria, la sujeto pasivo se limitó a presentar notas solicitando la nulidad de obrados, sin formular argumentos ni presentar descargos que desvirtúen la determinación sobre base presunta, misma que, por disposición del parágrafo II del artículo 80 de la Ley 2492 y artículo 11 de la Resolución Normativa de Directorio 10-0017 13, admite prueba en contrario y el aporte de documentación en el plazo de descargo de 30 días, en virtud del artículo 76 del Código Tributario Boliviano.

Al respecto, la doctrina administrativa considera en general que: “(...) los vicios determinan las consecuencias que ocasionan, conforme a un criterio cualitativo, de práctica jurisprudencial y política jurídica; así a menor grado del vicio, el acto puede ser válido o anulable; por el contrario si el vicio es grave o muy grave, el acto será nulo y sólo en casos de grosera violación del derecho o falta de seriedad, será inexistente” (GORDILLO Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 3, p. XI-40).

La Sentencia Constitucional 2023/2010-R de 9 de noviembre -entre otras- estableció que: *La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que se ha arribado, son razonables las dudas del justiciable 

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en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia (...)”.

En la normativa, el artículo 92 de la Ley 2492, dispone que la determinación es el acto por el cual, la sujeto pasivo o la Administración Tributaria declara la existencia y cuantía de una deuda tributaria o su inexistencia. Asimismo, el artículo 42 de la citada Ley establece que la base imponible es la unidad de medida, valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar. 

Por otra parte, el artículo 43 de la Ley 2492 prevé que la base imponible podrá determinarse: sobre Base Cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que permiten conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo; y sobre Base Presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que por su vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permiten deducir la existencia y cuantia de la obligación cuando concurra alguna de las circunstancias reguladas en el artículo 44 de la Ley 2492.

De esta forma, cabe señalar que la normativa expuesta precedentemente permite colegir que para los dos métodos de determinación cierta y presunta-, es necesario que la Administración Tributaria cuente con información obtenida del propio recurrente o de terceros, diferenciando el empleo de cada método en función a los elementos de convicción del hecho generador que pueda proporcionar dicha información; es decir, se empleará la determinación sobre base cierta, cuando la información contenga elementos que permitan conocer con certeza e indubitablemente, la existencia y cuantía de la obligación y por el contrario, la determinación es sobre base presunta cuando dicha información no permita la obtención de elementos certeros para efectuar la determinación,

debiendo recurrir a hechos y sucesos que por su vinculación o conexión con las circunstancias fácticas que las leyes tributarias prevén como hechos imponibles, permiten

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deducir la existencia y cuantía de la obligación.

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A su vez, la Administración Tributaria en ejercicio de su facultad normativa dispuesta en el artículo 64 de la Ley 2492, emitió la Resolución Normativa de Directorio 10-0017-13, misma que tiene por objeto reglamentar los medios para la determinación de la Base

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II

Imponible sobre Base Presunta y establecer el tributo que corresponda pagar, estableciendo en su artículo 8 los medios por inducción, señalando que el Servicio de Impuestos Nacionales puede aplicar las técnicas establecidas para cuantificar la Base Presunta de acuerdo a las circunstancias que amerite el caso, siendo estas: a) Técnica Insumo-Producto, b) Técnica Relación Ingreso-Gasto, c) Técnica de Contribuyentes Similares, y d) Otras. 

En el presente caso, de la compulsa de la Resolución Determinativa impugnada, se advierte que la Administración Tributaria en el Considerando I señaló que, verificado el padrón de contribuyentes, la sujeto pasivo no cuenta con NIT y que mediante requerimientos Nos. 156504, 156527 y anexos adjuntos solicitó documentación relativa al alcance de la determinación al recurrente; asimismo, expuso que con la finalidad de obtener información de créditos y débitos relacionados con la construcción y venta de inmuebles, solicitó información documentada a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, entidad que no identifico operaciones llevadas a cabo por la sujeto pasivo en el sistema financiero (fojas 1609-1610 de antecedentes administrativos)

La citada Resolución prosiguió manifestando que solicitó a la Gerencia de Fiscalización información respecto a facturas emitidas a nombre ylo cédula de identidad de la sujeto pasivo, evidenciando gastos por servicios, compra de materiales y gastos personales, que representan importes inmateriales con relación al volumen de ingresos determinado; sin embargo, solicitó al sujeto pasivo mediante requerimiento N° 160513 y su anexo, identificar y demostrar el detalle de facturas que tengan relación directa o indirecta con la construcción del edificio Plaza Real (fojas 1610-1611 de antecedentes administrativos).

De forma seguida, la Administración Tributaria sostuvo que solicitó información al Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba sobre las resoluciones ejecutivas de aprobación de plano de propiedad horizontal, obteniendo como resultado la Resolución Ejecutiva N° 070/2012, misma que advierte que el 26 de noviembre de 2010, ingresó el trámite de división de propiedad horizontal de Lourdes Dehne de Majluf, resultando evidente que la propiedad del edificio Plaza Real recae en la recurrente; adicionalmente, refirió que los registros del sistema Sinarepweb pudo identificar a la sujeto pasivo como propietaria del terreno y departamentos en propiedad horizontal, evidenciando la enajenación de bienes inmuebles consistentes en departamentos, parqueos y bauleras (fojas 1611 de antecedentes administrativos).

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De forma complementaria, el ente recaudador en el acto impugnado puntualizó que solicitó a los Notarios de Fe Pública, certifiquen y proporcionen el segundo testimonio y/o fotocopia legalizada de la minuta de transferencia y formulario de transmisión o enajenación de bienes Form. 430 de la gestión fiscal verificada, evidenciando que la suscripción de contratos fue realizada por Lourdes Dehne Delgadillo, además que ante la negativa de la recurrente a proporcionar la información solicitada, requirió a la Cámara Departamental de la Construcción, copia del análisis de precios unitarios de referencia para la construcción de las gestiones 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, señalando que los mismos son referenciales debido a la diversidad de factores que producen variación en los precios de los componentes del análisis de precios unitarios.

– – –

Asimismo solicitó información al Colegio de Arquitectos de Cochabamba, Sociedad de Ingenieros de Bolivia y Cámara de la Construcción de Cochabamba, respecto a estudios técnicos de costos de construcción y/o presupuestos globales de construcción, sin ninguna respuesta favorable que ayude a la determinación del costo de construcción; de igual manera solicitó al Instituto Nacional de Estadísticas (INE), estadísticas de la actividad de construcción 2005-2014; empero, dicha información no puede ser aplicada para la determinación de los costos, al ser datos muy generales que corresponden a indices y ņo asi; a precios y/o costos unitarios; finalmente el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba remitió tablas de valoraciones técnicas para inmuebles de acuerdo a determinación de cobro del IMPBI, no obstante el cálculo de los valores resultaron muy generalizados, por lo que no resulta aplicable al caso (fojas 1623-1624 de antecedentes).

.

Por otra parte, la Resolución Determinativa recurrida en su Considerando 11 señaló que corresponde aplicar base presunta debido a que agotó los medios para efectuar la determinación sobre base cierta, al no haber presentado la sujeto pasivo la información que permita conocer de manera indubitable el costo de Construcción (materiales, mano de obra y otros costos indirectos de construcción), aspecto que impediría conocer de forma cierta la base imponible (fojas 1637 y 1638 de antecedentes administrativos).

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De forma seguida, el acto administrativo analizado expuso en el cuadro cursante a fojas 1637-1638 de antecedentes administrativos, el descarte de cada una de las técnicas establecidas en la Resolución Normativa de Directorio 10-0017-13, concluyendo que corresponde aplicar la técnica de inducción “otras”, debido a que ninguna otra técnica pudo

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ser aplicada, para tal efecto refirió, que solicitó la aprobación de la técnica a la Gerencia de Fiscalización, obteniendo como respuesta la nota SIN/GF/DNCC/NOT/866/2019.

Posteriormente, la Administración Tributaria en la Resolución Determinativa recurrida manifestó que para efectuar el cálculo del costo de construcción, efectuó el análisis de la información y documentación de los contribuyentes “A” y “B” que tienen la misma actividad económica en la misma jurisdicción, para lo cual en el punto “Caso 1. Contribuyente A” aclaró que en el proceso de verificación efectuado al contribuyente “A”, obtuvo información de la institución financiera que otorgó un préstamo para la construcción de inmuebles en las gestiones 2008 y 2009; asimismo, contó con documentación sobre el costo del terreno, costo financiero y coto del gravamen hipotecario, además del aporte propio efectuado por el mismo contribuyente (fojas 1640 de antecedentes administrativos).

De esta manera, la Administración Tributaria de forma más específica señaló que el contribuyente A en la gestión 2009 efectuó la venta de inmuebles por la suma de B$1.956.722.-, además que respecto al costo de materiales, mano de obra y otros costos indirectos, efectuó una inversión de Bs 1.491.395,29 por concepto de losa radier de hormigón armado, columnas vaciadas, material de obra y plastoformo comprado; asimismo, mediante líneas de crédito para la compra de materiales, mano de obra y otros gastos indirectos reportó importes por Bs4.949.000.- B$792.000.- y B$4.030.000.- por lo que el costo total de materiales, mano de obra y otros costos indirectos alcanzó un importe de Bs11.262.395,29, importe que fue prorrateado en función a los metros cuadrados construidos y vendidos, llegando a obtener el monto de Bs1.105.032,48 (fojas 1640-1641 de antecedentes administrativos).

En relación al costo financiero, indicó que la institución financiera informó un valor de Bs354.447,05 para el costo de gravamen hipotecario B54.358,83 y para el costo de terreno, el valor actualizado alcanzó a Bs101.230,85, de forma seguida expuso el cálculo del porcentaje correspondiente a la utilidad obtenida por el contribuyente “A” utilizado como referencia, obteniendo un valor del 20.02% (fojas 1641 de antecedentes administrativos).

En los mismos términos, el ente recaudador en la Resolución impugnada señaló en el punto “Caso 2. Contribuyente Bo que el contribuyente “B” en la gestión 2010, vendió inmuebles por un total de Bs9.571.912,57, efectuando una inversión -costo de materiales,

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mano de obra y otros costos indirectos de Bs8.204,261,95 y gestionando un préstamo bancario para la compra de materiales, mano de obra y otros gastos indirectos por Bs3.655.000; además que existiria datos de ingresos por preventas, ventas y otros ingresos que fueron parte del costo (pago de fierros de construcción, compra de material de construcción, pago de jornales y contratistas y otros) por Bs5.527.611,87, obteniendo un costo toral de Bs17.386.873,82, mismo que fue prorrateado en función a los metros de construcción, obteniendo un importe de Bs7.757.564,23. Por otra parte, indicó que el costo del terreno alcanza a Bs543.903,64; de forma seguida expuso el cálculo del porcentaje correspondiente a la utilidad obtenida por el contribuyente “B” utilizado como referencia (13.27%) (fojas 1641-1642 de antecedentes administrativos).

Posteriormente, la Administración Tributaria expuso mediante cuadro la forma de cálculo del promedio porcentual del costo de materiales, mano de obra y costos indirectos (68.76%); el costo financiero y pago gravamen a DDRR (9.17%); y el costo de Terreno (5.43%); obteniendo un costo total de construcción del 83.36% en función a los ingresos obtenidos; aclarando además que si bien la información de referencia corresponde a contribuyentes, que realizaron la actividad de construcción y posterior venta en gestiones anteriores a la verificada, esto se debe a que no contó con más elementos para la determinación de los costos, además que los precios unitarios de referencia para la construcción de CADECO, demuestran que la utilidad referencia se mantuvo invariable, permitiendo presumir que los costos de construcción no sufrieron variaciones significativas (fojas 1642 de antecedentes administrativos).

Prosiguiendo con la compulsa del acto impugnado, se advierte que la Administración recurrida en el subtítulo “APLICACIÓN DE LA TÉCNICA AL CASO CONCRETO“, sostuvo que, en base al informe técnico aprobado por la Gerencia de Fiscalización mediante nota SIN/GF/DNCC/NOT/866/2019, el costo de construcción fue determinado aplicando el índice de 68.76% sobre los ingresos por la transferencia de bienes inmuebles, asimismo el costo del terreno fue determinado en base a la información obtenida de las minutas de transferencia y/o escritura pública, cuyos importes se actualizaron en función a la Unidad de Fomento de Vivienda (fojas 1643 de antecedentes administrativos),

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Ahora bien, la descripción del acto impugnado expuesta en párrafos previos, permite advertir que la Administración Tributaria sustentó la aplicación del método de

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determinación sobre base presunta en base a requerimientos de información y documentación realizados a terceros, aclarando, que dichos requerimientos no aportaron datos, hechos y elementos que permitan establecer la existencia de una utilidad imponible sobre base cierta; toda vez que si bien obtuvo minutas de transferencia que acreditan la venta de bienes inmuebles del edificio Plaza Real y la cuantía de los ingresos percibidos, se encontró limitada de documentación, no pudiendo recabar documentación que permita establecer de manera cierta el costo de construcción que fue incurrido para su generación.

Por consiguiente, en consideración a que la parte recurrente no presentó información y/o documento que permita conocer de forma indubitable el costo de construcción -materiales, mano de obra y otros costos indirectos-, pese a ser solicitado en reiteradas oportunidades mediante requerimiento de documentación, resulta evidente que la Administración Tributaria agotó los medios para la determinación sobre base cierta, posibilitando la aplicación del método de determinación sobe base presunta conforme lo establecido en el parágrafo II del artículo 43 de la Ley 2492 y el inciso c) del parágrafo II del artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio 10-0017-13.

Asimismo, en la revisión del acto impugnado, se advirtió que la Administración Tributaria expuso mediante cuadro las razones por las cuales, no resultó posible aplicar cada una de las técnicas establecidas en la Resolución Normativa de Directorio 10-0017-13; adicionalmente, solicitó a la Gerencia de Fiscalización del Servicio de Impuestos Nacionales, la aprobación de la técnica de inducción “Otras” que permita determinar el costo de construcción, mereciendo como respuesta la nota SIN/GF/DNCC/NOT/866/2019 aprobando el método propuesto por el ente recurrido; coligiendo de ello el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 8 de la citada Resolución Normativa de Directorio

Corresponde señalar que de la compulsa de los antecedentes administrativos, referidos a la Solicitud de Aprobación de Técnicas se advierte a foias 2-9 del C10. el

SIN/GDCBBA/DF/G3NE/INF/1093/2019 de fecha 26 de abril de 2019, a través del cual la Administración recurrida solicitó la aprobación de la técnica de inducción otras, en base a información de los contribuyentes A y B para la determinación del costo de construcción; asimismo a fojas 391-394 C10 cursa la nota de respuesta SIN/GF/DNCC/NOT/866/2019, a través del cual la Gerencia de Fiscalización señaló: “Tomando en cuenta las dificultades señaladas en el informe (...) para la obtención de la documentación e información que 

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permitan determinar el tributo sobre base cierta, por las características del sujetos pasivo y por las razones expuestas por el Departamento de Fiscalización de la Gerencia a su cargo, se aprueba la técnica descrita en el informe (…) en tanto la determinación sea suficientemente respaldada con documentación que permita demostrar la correcta aplicación de dicha técnica”. 

Ahora bien, resulta necesario aclarar que el inciso d) del artículo 8 de la Resolución Normativa de Directorio 10-0017-13 dispone: “Considerando las características de cada contribuyente y en función a la documentación e información que obtenga la Administración Tributaria, se podrá aplicar lo dispuesto en los Artículos 44, 45 y 80 de la Ley N° 2492. Esta técnica será evaluada y aprobada por la Gerencia de Fiscalización”, consecuentemente, en consideración a que “la nota SIN/GF/DNCC/NOT/866/2019 de forma expresa aprueba la utilización de técnica propuesta para el presente caso, corresponde desestimar lo argumentado por la sujeto pasivo, respecto a la ausencia de la solicitud y aprobación de la técnica en antecedentes administrativos, así como a la falta de explicación para la aprobación de la técnica propuesta, siendo que dicha exigencia no se encuentra establecida como requisito necesario para el empleo de la técnica “otras”; adicionalmente y sin perjuicio de lo señalado, resultó evidente que la Resolución determinativa impugnada expuso una explicación sobre la utilización de la técnica “Otras”, conforme se advirtió de la descripción del contenido del acto impugnado desarrollado en párrafos previos.

De esta manera, el ente recaudador en aplicación de la técnica de inducción “otras” aprobada por la Gerencia de Fiscalización, consideró la información y documentación correspondiente a los contribuyentes A y B para determinar el costo de construcción porcentual promedio y de esa forma el costo de cons 

sa forma el costo de construcción presunto, procedimiento que se encuentra claramente señalado, tanto en el contenido del acto impugnado como en la nota de solicitud y aprobación de la técnica de inducción “otras”, que fueron precisados en párrafos anteriores, por consiguiente, la sujeto pasivo no puede pretender desconocer los fundamentos claramente expuestos en el acto impugnado emergentes de la diligencia realizada por la entidad recurrida, para la aprobación de la técnica utilizada en la cuantificación de la base presunta.

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Lo señalado precedentemente, cobra relevancia en el presente caso, por cuanto es necesario aclarar a la parte recurrente, que la aplicación de la técnica de inducción “otras”

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a karnani (Aymara) Mana tasaq kuraq karachiq (Quechua) Mburuvísa tendodegua mbaeti ofomita mbaerepi Vao (Guarani)

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requiere del cumplimiento de los preceptos señalados en la solicitud de aprobación de la técnica y la nota de aprobación, siendo que para el presente caso, la técnica aprobada no exige acreditar similitudes con los contribuyentes A y B, por cuanto precisamente por la falta de coincidencia de al menos tres aspectos similares, fue aplicada la técnica “otras” y no asi de la “cnica de Contribuyentes Similares“, motivo por el cual, corresponde desestimar lo pretendido por la parte recurrente al respecto.

De forma complementaria, destacar que resultó evidente que la Administración Tributaria en el contenido del acto impugnado -que fue descrito al inicio del presente análisis- expuso los elementos del costo de construcción considerados para la determinación sobre base presunta, en base a la información obtenida de contribuyentes A y B; debiendo enfatizar, que la sujeto pasivo, tenía en todo momento la posibilidad de aportar pruebas que demuestren, que la información utilizada por la Administración Tributaria era errada y diferente a lo suscitado con los bienes inmuebles que transfirió.

Añadir a ello, que si bien la sujeto pasivo señaló que en la estructura de costos, no existe un desglose o detalle que integre los componentes del costo de construcción y otros aspectos relacionados, lesionando el derecho a la legitima defensa y al debido proceso, siendo necesario conocer el contenido de la información de los contribuyentes A y B en forma directa y fidedigna, no pudiendo privarle del conocimiento de la información bajo el pretexto del principio de confidencialidad; no es menos cierto que el acto impugnado expone los datos necesarios para determinar el costo de construcción, bajo una técnica prevista normativamente, para la cuantificación de la Base Presunta, razón por la cual, la exigencia formulada por la sujeto pasivo carece de sustento, maxime cuando ella en ningún momento, aportó prueba o referencia alguna que permita cuestionar de los datos arribados por el Servicio de Impuestos Nacionales.

A lo referido previamente, se debe añadir que la presunción realizada por el ente recaudador admite prueba en contrario de conformidad al parágrafo II del artículo 80 de la Ley 2492, lo que implica que la sujeto pasivo en la medida que pretendia desvirtuar la presunción asumida por la entidad recurrida, debía portar la prueba correspondiente; en el presente caso, el costo de construcción, tanto en sus elementos, como en la situación que no aconteció en el presente caso, por cuanto la recurrente asumió una actitud pasiva a lo largo del proceso determinativo, limitándose a extrañar un detalle de los

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componentes del costo, sin señalar, presentar o acreditar el detalle de costo incurrido en la construcción del Edificio Plaza Real y su cuantía.

Por otra parte, respecto a la nota de la Cámara Departamental de la Construcción (CADECO), precisada por la sujeto pasivo en el Recurso de Alzada cabe indicar que si bien la Resolución impugnada la citó en su contenido, los datos expuestos en ella, no menos cierto es que los datos contenidos en ella, no fueron utilizados para establecer el costo de construcción, precisamente como consecuencia de su generalidad; sirviendo únicamente para presumir que los costos de construcción no sufrieron variaciones significativas a lo largo del tiempo, motivo por el cual no merece mayor análisis.

Con relación a la documentación obtenida del Gobierno Autónomo Municipal, Notarías y Derechos Reales, corresponde indicar que, conforme al contenido del acto impugnado desglosado al principio del presente análisis, la Administración Tributaria solamente utilizó en la determinación efectuada las minutas de trasferencia para sustentar el derecho propietario de los bienes inmuebles vendidos, documentación que fue presentada por Notarias de Fe Pública en copias debidamente legalizadas conforme se advierte de fojas 831 á 1073 de antecedentes administrativos, documentación que revisten de la calidad de prueba válida, conforme el inciso a) del artículo 217 de la Ley 2492, consecuentemente la documentación ‘obtenida del Gobierno Autónomo Municipal y Derechos Reales no tuvieron incidencia en el proceso determinativo, correspondiendo desestimar lo argumentado por la sujeto pasivo,

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Por otro lado, de la lectura del memorial de alegatos presentado por la sujeto pasivo, se advirtió que la misma, trajo a colación una situación que no fue formulada en el recurso interpuesto, ya que, solicitó sean consideradas como ratio decidendi“, las Resoluciones de Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0363/2019, ARIT-CBARA 0364/2019 y ARIT-CBA/RA 0441/2018 (fojas 126 vta. del expediente administrativo); al respecto, corresponde aclarar, que conforme a lo dispuesto en el parágrafo I del artículo 211 del Código Tributario Boliviano, esta instancia recursiva debe pronunciarse de forma expresa, positiva y precisa sobre los puntos recurridos; bajo ese entendido al no haber sido planteados lo señalado en líneas previas, como parte de los fundamentos del memorial de Recurso de Alzada, esta instancia recursiva se ve impedida de pronunciarse

sobre dicho aspecto.

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oflomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

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Adicionalmente la recurrente sostuvo que la: “(…) “evaluación” y “aplicación”, por la Gerencia Nacional de Fiscalización para aplicar la técnica otros” ha sido INCORPORADA Y ACOMODADA maliciosamente en el último cuerpo de antecedentes, lo cual comprueba que jamás estuvo cumplido ese requisito se llevó a cabo el trabajo de campo y la emisión de los actos administrativos observados (…)(fojas 125 vta. del expediente administrativo); conforme la revisión de los antecedentes administrativos, se advirtió la nota SIN/GF/DNCC/NOT/866/2019 de 13 de mayo de 2019, con referencia “Solicitud aprobación de técnica para Base Presenta” emitida por la Gerencia Nacional de Fiscalización y recepcionada por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, el 20 de mayo de 2019 (fojas 391 394 C10 de antecedentes administrativos).

De la misma forma, se comprobó que la Vista de Cargo N° 291930000685 y la Resolución Determinativa N° 172030000383, fueron emitidas el 23 de diciembre de 2019 y 31 de julio de 2020, respectivamente (fojas 1470-1510 y 1608-1678 de antecedentes administrativos), de forma posterior a la aprobación de la técnica para la cuantificación de la Base Presunta, mediante nota SIN/GF/DNCC/NOT/866/2019 de 13 de mayo de 2019

referida en el párrafo anterior, demostrando con ello, que los actos administrativos emitidos

por la Administración Tributaria emergieron de un procedimiento previsto normativamente para el establecimiento de la base imponible, sin el cual, dicha entidad hubiera estado 

impedida de cumplir esa labor, no pudiendo en ese sentido, considerar el argumento aludido por la sujeto pasivo, sobre el incumplimiento del requisito de la aprobación por parte de la Administración Tributaria.

Asimismo, es preciso recordar a la recurrente, que los reclamos planteados deben contar con fundamentos de hecho y derecho, no pudiendo alegar por lo que mal podría alegar que la entidad recurrida realizó actos “maliciosamente“, sin exponer sustento técnico legal así como la prueba documental que respalde su aseveración, en el marco de lo previsto por el artículo 76 del Código Tributario Boliviano.

Por lo expuesto, resulta evidente que la Administración Tributaria efectuó el proceso determinativo observado por la sujeto pasivo, en el marco de lo previsto normativamente, cumpliendo con el procedimiento así como las formalidades necesarias para la cuantificación de la base presunta; dando a conocer a la administrada, los elementos y

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hechos utilizados en dicha labor y garantizando con ello el debido proceso establecido en

el artículo 117 de la Constitución Política del Estado; no resultando en consecuencia,

aplicable lo dispuesto en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0978/2012 de 22 de

agosto, la cual versa respecto de la vulneración del debido proceso, desestimando los vicios de nulidad en el proceso de determinación del Servicio de Impuestos Nacionales, reclamados por Lourdes Dehne Delgadillo. –..

En suma, de la revisión y análisis de los antecedentes, compulsados los argumentos vertidos, se establece la inexistencia de los vicios procesales aludidos y la correcta atribución a la parte recurrente de la calidad de sujeto pasivo de subsecuente determinación de la deuda tributaria de dicho impuesto; correspondiendo a esta instancia confirmar la Resolución Determinativa N° 172030000383 de 31 de julio de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, manteniendo la determinación del Impuesto sobre las-Utilidades de las Empresas por la gestión concluida a diciembre de 2014.

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POR TANTO: . i . . El suscrito Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley 2492 y artículo 141 del Decreto Supremo 29894 de 7 de febrero de 2009.

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RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 172030000383 de 31 de julio de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, ante la inexistencia de los vicios denunciados por la parte recurrente y la correcta atribución y determinación de la deuda tributaria del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) correspondiente a la gestión concluida al 31 de diciembre de 2014; sea de conformidad con el inciso b) parágrafo 1 del artículo 212 del Código Tributario Boliviano.

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SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario Boliviano, será de 

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delaca Certifiada N771/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a karnani (Aymara) Mana tasaq kuraq kemachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

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cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente,

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 y sea con nota de atención.

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 de la Ley 2492, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computables a partir de su notificación.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.

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Eric Áusterto Rojas Urquiza

DIRECTOR EJECUTIVO REGIONAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cbba.

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