ARIT-CBA-RA-0316-2020 Resolución Determinativa Anulada por el incumplimiento a los artículos 47, 99 y 201 de la Ley 2492 que hacen énfasis en la certeza de la deuda tributaria y los requisitos formales indispensables (respectivamente); dado que, el SIN en la determinación de la Base Imponible, mostró importes con cálculos erróneos y diferenciados.

ARIT-CBA-RA-0316-2020

EL TITLTTIL 

IIIIIII 

LIIIII 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBARA 0316/2020 

Recurrente 

Lourdes Dehne Delgadillo. 

Administración recurrida 

Gerencia. Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por Agapo Ferrufino Sanchez. 

Acto impugnado 

Determinativa. 

No 

Resolución 172030000385 

— 

– 

.– 

– 

– – — –– 

— 

— 

– 

– 

– 

– 

Expediente N 

`ARIT-CBA-0209/2020.” 

Lugar y fecha 

Cochabamba, 30 de noviembre de 2020. 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe –Técnico Jurídico ARIT-CBAVITJ 0316/2020 de 27 de noviembre de 2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

afao ISO 900

Calidad AL EKİR 

ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. La Resolución Determinativa N° 172030000385 de 31 de julio de 2020, que determinó de oficio, por conocimiento razonable de la materia imponible, las obligaciones impositivas de la sujeto pasivo Lourdes Dehne Delgadillo, en la suma de UFVs 1.501.499 correspondiente al tributo omitido del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas actualizado, intereses y sanción por la calificación de la conducta de la gestión fiscal concluida a diciembre de la gestión 2012, en aplicación de los artículos 47 (modificado por la Ley 812), y 165 de la Ley 2492, 42 del Decreto Supremo 27310 y la Resolución Normativa de Directorio 10-0025-10. Asimismo, calificó la conducta de la sujeto pasivo como omisión de pago por el impuesto y gestión fiscal sujeto a revisión, aplicando 

11 

BYOB

IoNet 

H

Pág. 1 de 74 

NB/ISO 

9001 IBNORCA 

Som do Gew 

can 

Cetiedoi714 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq karnachiq (Quechua) Mbur visa tendodegua mbaeti ofomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Av. Oquendo N°381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012 www.ait.gob.bo.Cochabamba, Bolivia 

31 

una sanción equivalente al 100% del tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento, de conformidad a los articulos 165 de la Ley 2492, 42 del Decreto Supremo 27310 y la Resolución Normativa de Directorio 10003216. Acto notificado mediante Cédula el 26 de agosto de 2020 (fojas 1435-1502 y 1506 de antecedentes 

administrativos)

TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA. 11.1. Argumentos de la Recurrente, Lourdes Dehne Delgadillo, mediante memorial presentado el 15 de septiembre de 2020 (fojas 69-84 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra Resolución Determinativa No 172030000385 de 31 de julio de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, argumentando lo siguiente: 

Que, la Administración Tributaria le notificó con la Orden de Verificación N° 181300200113 en el que se le anunció que se procedería a la verificación de hechos y elementos relacionados con la venta de bienes inmuebles que influyen en el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, requiriéndole documentación en tres oportunidades, motivo por lo que presentó notas debidamente fundamentadas en las que solicitó dejar sin efecto los actuados administrativos, empero sin ningún tipo de respuesta formal, fue notificada con la ilegal y forzada Vista de Cargo, a través de la cual fue determinada la deuda 

tributaria. 

Indicó que, dentro del plazo establecido por el artículo 98 de la Ley 2492, presentó todos los fundamentos y argumentos legales que desvirtúan los cargos establecidos, además de solicitar la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria para llevar a cabo el proceso de verificación y/o determinación; empero sin ningún tipo de análisis concreto e imparcial, apelando simplemente a su potestad, fuerza desmedida e imperio, el ente recaudador declaró los descargos como no válidos. 

44 

Manifestó que, le notificaron dos notas de respuesta, afirmando que conforme al artículo 

100 de la Ley 2492, la Administración Tributaria dispone de amplias facultades de con verificación, fiscalización e investigación, además que el análisis y valoración de los argumentos de la solicitud sería respondido en el acto administrativo que corresponda

Pág.2 de 74 

11 

AIV 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

demostrando con ello que el ente recaudador en ningún momento dio respuesta a las cuestiones planteadas, vulnerando el derecho a la petición e incumpliendo los deberes como funcionarios públicos; siendo que la Vista de Cargo no respondió lo solicitado, en razón a que fue notificada un año y dos meses después de presentada la primera nota; además señala que tanto la Vista de Cargo como la Resolución impugnada no contienen una respuesta puntual, concreta y fundamentada al contenido de las tres notas presentadas, constituyendo otro agravio al derecho a la petición, derecho a la defensa y al debido proceso, generando un estado de indefensión

Sostuvo que, los fundamentos de descargo presentados dentro del plazo establecido en el artículo 98 de la Ley 2492, no merecieron análisis o valoración, en franca vulneración del parágrafo II del artículo 99 de la citada Ley; al efecto, citó las Sentencias Constitucionales 1068/2010-R de 23 de agosto y 0273/2012 de 4 de junio. 

Puntualizó que como descargo invocó la teoría de los frutos del árbol envenenado, empero la Administración Tributaria, en total desconocimiento de la misma, transcribió conceptos y citó una sentencia Constitucional que no tiene aplicación al presente caso, resultando evidente que no fue respondido ni valorado adecuadamente el descargo presentado. 

Argumentó que, manifestó a la Administración Tributaria que no cuenta con registro en el padrón de contribuyentes, al no desarrollar actividad gravada; además que, desde el punto de vista sistemático y de orientación preventiva, todo error que recaiga sobre los presupuestos de la conducta o sobre los elementos normativos del tipo, debe considerarse error de tipo; no obstante la resolución impugnada en su página 49 acomodó los elementos invocados a su antojo y los situó en el artículo 153 de la Ley 2492, en franca contradicción a lo verdaderamente invocado, generando una confusión y falta de 

respuesta. 

afaq 

iso 900

Calidad AFNOR Danvar 

AXN 

Hans PW Aranbar Keit

VoBo 

  1. TF

Reiteró que no posee NIT y por ende no desarrolla actividad gravada o hecho generador del cual devenga las obligaciones tributarias atribuidas; siendo que no fue realizado presupuesto del cual pudiese emerger algún tipo de responsabilidad u obligación tributaria del cual pueda derivar una relación jurídica tributaria, pero señala que la Administración Tributaria se limitó a replicar el contenido de la Vista de Cargo, forzando la aplicación de los artículos 37, 39 y 41 de la Ley 843, sin mayor elemento de análisis y evaluación. 

1QNet 

ANAS 

berto 

2 Rojasuuta 

FR 

PER 

NB/ISO 9001 

Pág.3 de 74 

IANORCA 

Stade Geis 

de la Casad CartadN711714 

Justicia tributarta para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kurag karachiq (Quechua) Mbunuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Av. Oquendo N 381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012. www.ait.gob.bo.Cochabamba, Bolivia 

Manifestó que, se encuentra excluido de la definición de sujeto pasivo detallado en el artículo 38 de la Ley 843, así como tampoco desarrolló algún tipo de actividad que sea considerada como hecho generador del tributo al amparo del artículo 36 de la citada Ley, mucho menos posee Estados Financieros de donde emerja el pago de la obligación tributaria; por lo que, no tiene ninguna forma de determinar una utilidad neta, menos de acceder a los ajustes que permitan compensar o deducir los conceptos gravados. 

Invocó el principio de legalidad y transparencia, para señalar que la desprolijidad de los plazos procesales y el alcance de la verificación, vulneraron el derecho al debido proceso como el principio de transparencia, correspondiendo en consecuencia la anulación del proceso hasta la Orden de Verificación, cuyo alcance no corresponde a la actividad desarrollada; de esta manera, la Administración Tributaria incurrió en vicios de nulidad en la emisión de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, por carecer estas de la fundamentación necesaria para alcanzar su fin, tal como exigen los artículos 96 y 99 de la Ley 2492, existiendo una falta de fundamentación en la normativa que regula la aplicación del IUE; al efecto, citó el Auto Supremo 199/2013

Puntualizó que, en las páginas 49 a 51 del acto impugnado, la Administración Tributaria se limitó a trascribir los artículos 16, 17 y 70 de la Ley 2492 y 36, 37, 39 y 41 de la Ley 843, empero no explicó ni desarrolló la forma en que dicha norma se adecuo al hecho fáctico que hacen a la conducta, más aun tomando en cuenta que producto de la consideración de empresa unipersonal, fue aplicada una alicuota establecida para personas jurídicas obligadas a llevar registros contables

Afirmó que, la Orden de Verificación No 18300200114 fue notificada el 27 de diciembre de 2018 y la Vista de Cargo fue manejada para que figure como si hubiera sido emitida el 23 de diciembre de 2019, cuando la misma fue notificada el 4 de marzo de 2020, casi tres meses después, lo que evidencia el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 2492. Al respecto, citó lo dispuesto en el artículo 33 y el inciso d) del artículo 28 de la Ley 2341, para señalar que la notificación de la Vista de Cargo es nula, en aplicación del inciso c) del artículo 35 de la citada Ley, siendo que precluyó el derecho del ente i recaudador para notificar la vista de Cargo, resultando necesario precautelar el derechos de los sujetos pasivos a que los plazos se cumplan, lo contrario implicaría contravenir el principio de sometimiento pleno a la Ley; al efecto, citó el artículo 4 y el inciso i) del artículo 16 de la Ley 2341

Pág.4 de 74 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Refirió que, la Resolución Determinativa es copia fiel y exacta de la Vista de Cargo, además que no establece con claridad los fundamentos y razones técnicas para la determinación sobre base presunta y la aplicación de la técnica “otros”, limitándose a señalar su aplicación citando los artículos 43, 44 y 45 de la Ley 2492 y el inciso d) del artículo 8 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13. 

Indicó que la Administración Tributaria no llevó a cabo trabajo de fiscalización y averiguación de la verdad, limitándose a justificar su desconocimiento de datos, hechos y circunstancias, por no acompañar la documentación requerida, desconociendo lo dispuesto en los artículos 76 de la Ley 2492 y 116 de la Constitución Política del Estado, siendo que con sus amplias facultades de control, comprobación, verificación, fiscalización, investigación, etc., debió apelar a todos los recursos a su alcance para justificar una determinación sobre base cierta, empero no existe inspección a la edificación, cuestionarios, ni cruces con los proveedores de materiales para obtener elementos tangibles, por lo que resultaría inaplicable to dispuesto en el artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13. 

Sostuvo que, ‘la utilización referencial de otros contribuyentes, exige la existencia de similitudes, no pudiendo utilizar de forma discrecional información de terceros que no se asemejan a la-situación del fiscalizado, resultando incongruente determinar que los contribuyentes A y B no resultarían similares, empero sean utilizados para determinar la base imponible; además que en la estructura de costos, no cursa un desglose o detalle que integre los componentes del costo de construcción y otros aspectos relacionados, lesionando el derecho a la legítima defensa y al debido proceso, por lo que, la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa no contienen los fundamentos o razones por las cuales se dispuso la aprobación o utilización de la técnica, incumpliendo lo dispuesto en los artículos 96 y 99 de la Ley 2492, así como los artículos 18 y 19 del Decreto Supremo 27310; además que en los antecedentes administrativos, no existe ninguna constancia de la evaluación y aprobación por la Gerencia Nacional de Fiscalización (al margen de la desigualdad procesal que genera la disposición administrativa, al ser el SIN juez y parte). 

afao ISO 900

تدران 

AFHOT Chico 

EUR 

at! 

Aranbar Hella 

YoBo 

(IQNet 

Puntualizó que, en antecedentes administrativos, no cursa prueba que demuestre que realizó la actividad de construcción de bienes inmuebles, pues el hecho de suscribir la transferencia de algunos bienes inmuebles no lo convierte en constructor; además que la 

hesterton a Rojas ugutza 

VOBOS 

Pág. 5 de 74 

NB/ISO 

9001 IBNORCA Sistema de Gent dolla

Cortador 71114 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Av. Oquendo N° 381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012. www.ait.gob.bo. Cochabamba, Bolivia 

interpretación de los artículos 37 y 39 de la Ley 843, pretende considerarlo como empresa sin tener NIT. 

Manifestó que al considerar como base la información de los contribuyentes A y B para determinar la utilidad imponible, es necesario conocer el contenido de dicha información en forma directa y fidedigna, no pudiendo privarse del conocimiento de la información bajo el pretexto del principio de confidencialidad, por lo que la Administración Tributaria debió acudir a otros medios para investigar y obtener información que permita sostener técnicamente el reparo; al efecto, citó la Sentencia Constitucional Plurinacional 0978/2012 de 22 de agosto y así como el artículo 116 de la Constitución Política del Estado. 

Argumentó que la nota de la Cámara Departamental de la Construcción (CADECO), debió generar una adecuada lectura, en sentido de averiguar más a fondo las características propias del inmueble, sobre el cual fue determinada la deuda tributaria; siendo que la escasa explicación y detalle de los datos tomados en cuenta, resulta insuficiente para cumplir con la motivación y fundamentación del acto, además que no fue aportado ningún documento de los datos que fueron considerados. 

Señaló que, no existe constancia de que las construcciones comparadas sean exactamente iguales a los inmuebles de los cuales se pretende el reparo, siendo que influyen datos como ubicación, calidad del material, acabado, cantidad de trabajadores, tecnologia instalada, tiempo de construcción, gastos de promoción de venta, montaje y equipamiento de áreas comunes, etc.; adicionalmente el ente recaudador se limitó a determinar una utilidad presunta en base a costo de los materiales, mano de obra y costos indirectos sin exponer un detalle de sus componentes. 

Sostuvo que la documentación obtenida del Gobierno Autónomo Municipal, Notarias y Derechos Reales, no pueden ser considerados como un medio de prueba legitimo ni servir de base para la determinación, toda vez que no se encuentran legalizadas ni refrendadas por los tenedores de los documentos originales, conforme manda el Código Civil. 

Manifestó que, la Resolución Determinativa impugnada, en el “Resuelve Primero, determinó supuestas obligaciones en la suma de UFVs1.501.499 equivalente a Bs 2. 190264, empero, los importes numerales difieren de los literales expuestos, asimismo, 

Pág. 6 de 74 

– 

AIT 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

ninguna de las referidas cifras, coindicen con los consignados en el cuadro denominado “LIQUIDACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA SOBRE BASE PRESUNTA” (reflejado en el “Resuelve Primero”), donde además, no fueron consignados los datos de actualización de valor, y los montos del interés, aplicando el 4% y 6%, no suman el total expresado en la columna “Total Intereses en UFV‘s”, hechos que se traducen en un vicio más de nulidad, por incumplir lo dispuesto en los artículos 99 de la Ley 2492 y 19 del Decreto Supremo 27310 

Indicó que la Ley solo rige para lo venidero, y que la Ley 291 dispuso un término de prescripción de 5 años para la gestión 2012, por lo que considerando la forma de cómputo establecida en el artículo 60 de la Ley 2492, a la fecha de notificación de la resolución impugnada, las facultades de la Administración tributaria se encontraban ampliamente prescritas; además que no tiene la obligación de registrarse en el padrón de contribuyentes, al no desarrollar ninguna actividad gravada; al efecto, citó la Resolución de Recurso jerárquico AGIT-RJ 0422/2020 de 4 de febrero de 2020. 

Por los fundamentos expuestos, solicitó la anulación de la Resolución Determinativa No 172030000385 de 31 de julio de 2020, hasta la Orden de Verificación No 18300200113 y como consecuencia de ello, declare la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria 

II.2. Auto de Admisión. El 18 de septiembre de 2020, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Admisión EXPEDIENTE ARIT-CBA-0209/2020, correspondiente al Recurso de Alzada interpuesto por Lourdes Dehne Delgadillo contra la Resolución Determinativa N° 172030000385 de 31 de julio de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (fojas 85 del 

expediente administrativo). 

afao 150 9001 

Catfdad Arvon MICETO

Aranibar Meja 

VoBo SJE 

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria. La Gerencia Distrital Cochabamba Servicio de Impuestos Nacionales representada por José Elmer Barrancos Barrientos, conforme Resolución Administrativa de Presidencia No 32000000725 (fojas 91-92 del expediente administrativo), por memorial presentado el 9 

IQNet 

Visiurterpur 

Rojasta 

war 

VOE

Pág.7 de 74 

NB/150 

9001 IBNORCA Steny de Geto

de la cated Certificdov 7174 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Av: Oquendo N°381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012. www.ait.gob.bo. Cochabamba, Bolivi

de octubre de 2020 (fojas 93105 del expediente administrativo), respondió al Recurso de Alzada con los siguientes fundamentos: 

Que, la Administración Tributaria ostenta la facultad de investigar y verificar, así como realizar labores de fiscalización, citó al efecto los artículos 100, 66 numeral I, 95, parágrafo 1 y 96 parágrafo I, del Código Tributario Boliviano, asimismo, afirmó que es obligación del sujeto pasivo proporcionar toda clase de datos, informes, o antecedentes con e tributarios emergente de sus relaciones económicas profesionales o financieras

tes con efectos 

Manifestó que, notificó a la sujeto pasivo con el requerimiento de información N° 00156502 de 14 de diciembre de 2018 y su Anexo, además de un segundo requerimiento No 00156525 de 26 de febrero de 2019 y su Anexo, reiterando la solicitud de documentación a efecto de prosecución de la Orden de Verificación, además notificó un tercer requerimiento de información No 00160511 y anexo, en el que solicitó identificar y demostrar el detalle de facturas que fueron emitidas a su nombre y cédula de identidad, de compras que tengan relación directa y/o indirecta con la construcción del Edificio Plaza Real, y documentación que sustente el pago realizado a proveedores, especificando el lugar de entrega, además de las Notas de Entrega, a fin de recolectar elementos mediante los cuales pueda verificar las obligaciones tributarias de la sujeto pasivo. 

Señaló que, la Administración Tributaria, por mandato del artículo 71 de la Ley 2492, tiene facultad de solicitar información tanto a personas jurídicas y privadas a fin de establecer con exactitud la determinación del adeudo tributario; para posteriormente emitir y notificar la Vista de Cargo, que posibilita a la sujeto pasivo la presentación de descargos, para finalmente emitir la Resolución Determinativa como acto definitivo. 

Afirmó que, la sujeto pasivo devolvió al ente fiscal los requerimientos de información y solicitó dejar sin efecto los mismos, situación que fue respondida de manera clara mediante las Notas con CITE SIN/GDCBBA/DF/G1NE/NOT/147/2019 de 25 de enero de 2019, CITE SIN/GDCBBA/DF/G3NVE/NOT/420/2019 de 14 de marzo de 2019 y CITE SIN/GDCBBA/DFI G1NE/NOT/831/2019 de 30 de abril de 2019, aclarando a la sujeto pasivo que dicha solicitud sería valorada en la vista de Cargo. Agregó que las Notas de respuesta fueron notificadas a la sujeto pasivo, las dos primeras por cédula y la última por 

Pág. 8 de 74 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TAIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

secretaria, no existiendo argumento para declarar la nulidad, no vulnerando el derecho de petición ni defensa de la ahora recurrente, al dar respuesta a las tres notas presentadas. 

Sostuvo que, no vulneró el derecho al debido proceso en su elemento a la fundamentación, motivación y principio de transparencia, de la sujeto pasivo, siendo que producto de la investigación, verificación y control, demostró en forma objetiva, fehaciente 

y materialmente que la sujeto pasivo, no cumplió sus obligaciones tributarias al combinar factores de capital y terreno para construir el Edificio “Plaza Reala, para proceder a vender departamentos, parqueos y bauleras, obteniendo ingresos no declarados y por ende, utilidad imponible no declarada, alcanzada por el Impuesto sobre las Utilidades de las 

Empresas. 

Afirmó que la sujeto pasivo realizó la actividad de construcción para su posterior comercialización y en virtud de los artículos 37 y 39 de la Ley 843, las empresas unipersonales son sujetos del IUE, entendiendo por empresa la unidad económica que coordine factores de producción (capital, tierra y trabajo), en las actividades industriales y comerciales y al realizar la construcción del Edificio “Plaza Réal” y proceder a la venta de departamentos, parqueos y bauleras y obtener utilidades de fuente boliviana, por ello la parte recurrente es sujeto pasivo del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, conforme lo señala el artículo 42 de la Ley 843. 

Citó el numeral 7 del artículo 108 de la Constitución Política del Estado y señaló que todas las personas naturales y jurídicas deben aportar al Estado con el pago de los impuestos y en el presente caso, corresponde su cobro ante la conducta comercial de la sujeto pasivo al transferir a titulo oneroso departamentos, parqueos y bauleras durante la gestión 2012. Agregó que, no vulnero ningún derecho fundamental reconocido en la Constitución Política de Estado. 

afao 050_900

Aclaró que la actividad de construcción se diferencia en dos rubros, el primero referido a 

contratos de obra o servicios de construcción a petición de terceros y el segundo consiste 

A

calidad AMORESHKATO 

antarea 

Vo

en la construcción por cuenta propia, donde la finalidad es la venta de inmuebles, actividad 

V

IQNe 

que se encuentra gravada principalmente por el IUE, el IT y con excepciones del caso por el RC-IVA, cuando funge como agente de retención. Afirmó que, la sujeto pasivo, se encuentra en el segundo rubro, máxime si no presentó documentación que permita 

trie Ausberto Rotha VORO DE

Pág.9 de 74 

NB/ISO 

9001 IBNORCA 

Cetrodonin 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq karachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Av. Oquendo NR 381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (591-4) 41400114140012 www.ait.gob.boCochabamba, Bolivia 

MUUT 

establecer lo contrario, quedando como una empresa unipersonal y en aplicación del numeral 2 del artículo 70 de la Ley 2492, está obligada a llevar registros contables y cumplir con lo dispuesto en los artículos 36 y 40 del Código de Comercio y la elaboración de Estados Financieros. Reiteró que la actividad de la sujeto pasivo reviste el carácter de venta y comercial por sobre la construcción, motivo suficiente para ser alcanzada por el IUE, obteniendo utilidad imponible de fuente boliviana, conforme señala el artículo 42 de la Ley 843. 

Sostuvo que la documentación consistente en minutas de transferencia proporcionadas 

por Notarías de Fe Pública e información de Derechos Reales (Sistema SINAREP WEB 

FOLIO REAL) evidencia la enajenación de inmuebles de propiedad de la sujeto pasivo, identificada, en dichos documentos, como propietaria y vendedora, verdad material y realidad no desvirtuada por la parte recurrente. 

Manifestó que, la Vista de Cargo y Resolución Determinativa cumplen con lo establecido por parágrafos I y ll del artículo 96 y parágrafo II del artículo 99 de la Ley 2492, cumpliendo con la debida fundamentación y motivación que sustente la determinación sobre base presunta, al exponer los antecedentes de hecho y de derecho que justifican las razones del cargo formulado en contra de la sujeto pasivo, careciendo de sustento legal y de hecho lo denunciado por el sujeto pasivo. Agregó que los funcionarios públicos se encuentran sometidos al principio de legalidad y sus actuaciones están sometidas a la Ley y no a la voluntad de las personas; al efecto, citó el artículo 4 de la Ley 2341 y en el presente caso, aplicó las disposiciones legales para determinar el reparo en contra de la sujeto pasivo, quien no presentó prueba o evidencia documental que desvirtúe lo determinado

Señaló que, la Administración Tributaria tiene amplias facultades de fiscalizar hechos generadores que no fueron de su conocimiento, sin que implique vulneración a los principios de buena fe y transparencia y al constituir un proceso de verificación determinó, sin lugar a dudas, la realización de una actividad económica, coordinando factores de producción para la construcción del Edificio “Plaza Real, para su posterior venta a través de Escrituras Públicas y/o minutas, en las cuales figura la sujeto pasivo como vendedora de dichos inmuebles. 

Afirmó que la Ley 2492 no contempla la caducidad o pérdida de sus facultades ante el incumplimiento de plazo, toda vez que el artículo 104 de dicho cuerpo legal, no recoge en 

Pág. 10 de 74 

IV 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

su texto un término de perentoria, y que, si bien debe observar el plazo dispuesto, su 

inobservancia no causa la pérdida de la facultad de determinar la deuda tributaria o dejar sin efecto la presunción de deuda establecida, sino que, conforme a los artículos 35 y 36 de la Ley 2341, será considerado como un acto anulable. Como precedente administrativo, citó las Resoluciones de Recurso Jerárquico STG-RJ/0339/2006 de 13 de noviembre de 2006 y AGIT-RJ 1059/2015 de 23 de junio de 2015. 

FT 

Alegó que el articulo 104 no establece ni condiciona el término legal de emisión, además que la prórroga prevista en el mismo implica la posibilidad de contar con un trabajo minucioso a fin de cumplir su objetivo, sin que ello implique perentorieda su facultad determinativa, no pudiendo referir el carácter supletorio de la Ley de procedimiento administrativo ni su Decreto Reglamentario, toda vez que, su aplicación causaria agravios a la Administración Tributaria en su derecho al debido proceso. Agregó que, por el principio de especificidad no es posible declarari la nulidad de una actuación, y no obstante que entre la emisión de la Vista de Cargo y su notificación, transcurrieron más de cinco dias, la norma no estableció de forma expresa que las notificaciones fuera de plazo pueda causar la anulabilidad del acto, además que el sujeto pasivo presentó descargos en el plazo de 30 de días, no causando indefensión al sujeto pasivo. 

Señaló que en isu labor de fiscalización, a fin de descubrir la existencia de hechos imponibles, solicitó documentación de propiedad del sujeto pasivo, para luego determinar la base imponible y el cálculo del tributo a pagar mediante métodos técnicos expresamente dispuestos en la norma. A continuación, citó doctrina sobre la determinación sobre base presunta y el Auto Supremo N° 67/2014 de 8 de mayo. Agregó que procede la determinación sobre base presunta, cuando se desconoce de forma directa e indubitable el hecho generador, el periodo fiscal o la base imponible; y por ello, en el presente caso, determinó reparos con pleno sometimiento a la Ley sobre base presunta, al agotar los 

medios para la obtención de la documentación e información que permita conocer en forma directa e indubitable los elementos de la obligación tributaria, evidenciando que la parte recurrente es sujeto pasivo del IUE, así como utilidad neta imponible no declarada, obtenida por concepto de venta de bienes inmuebles en propiedad horizontal del Edificio “Plaza Real”, aplicando la alícuota del 25% dispuesta en el artículo 50 de la Ley 843, estableciendo una diferencia a favor del fisco del IUE por la gestión concluida a diciembre de 2012, 

afao ISO 900

Caildad 

GRIGATION 

IFH 

as pain 

Arazbar Mej

Ve Yoo

QNet 

win 

trie Lusterto Rose duca 

KE

Pág. 11 de 74 

NB/ISO 

9001 IBNORCA Sistema da Gesit 

dalacadad CarufidadN771714 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Av. Oquendo NP 381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012 www.ait.gob.bo.Cochabamba, Bolivia 

– 

Sostuvo que, para la obtención del margen de utilidad, solicitó la aprobación de una nueva técnica sobre base presunta que permita determinar los costos de construcción de conformidad a lo dispuesto en el inciso d) “Otrasdel artículo 8 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13 de 8 de mayo de 2013. Transcribió el análisis expuesto en el acto impugnado respecto a las técnicas para cuantificar la base imponible presunta. Añadió que remitió el Informe con CITE: SIN GDCBBA/DF/G3/E/INF/1091/2019 de 26 de abril de 2019, solicitando la aprobación de la técnica dispuesta en el inciso d) del artículo 8 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-001713, la cual fue aprobada mediante nota con CITE SIN/GF/DNCC/NOT/864/2019. 

Expuso el análisis de la información y documentación de los contribuyentes signados como Ay By afirmó que se dedican a la misma actividad económica de la sujeto pasivo, y si bien, la información corresponde a gestiones anteriores a la verificada, no cuenta con más elementos para la determinación de los costos de construcción y considerando la publicaciones de “Precios Unitarios de Referencia para la Construcción, presentados por la Cámara de Construcción de Cochabamba (CADECO), se observa que la utilidad referencial en las gestiones señaladas se mantiene invariable lo que hace presumir que los costos de construcción no sufrieron variaciones significativas, además que la inflación no ocasionó impacto en la utilidad del sector, encontrándose dicha información acorde a la realidad económica de construcción de la sujeto pasivo, correspondiendo aplicar el índice de 68.76% a fin de establecer la utilidad por la actividad de construcción de bienes inmuebles y posterior venta correspondiente a la gestión 2012

Reiteró que sustentó y justificó la aplicación de la determinación sobre base presunta, debido a que la sujeto pasivo omitió registrar sus ingresos por la venta de bienes inmuebles y no presentó información que permita conocer de manera indubitable el costo de construcción del Edificio “Plaza Real, no contando con elementos para la determinación de la base imponible sobre base cierta. 

– 

т 

Manifestó que la información de los contribuyentes “Ay Bfue expuesta en la vista de Cargo y en la Resolución Determinativa, lo que impide alegar su desconocimiento e indefensión, conteniendo dichos actos, los elementos y valoraciones que fundamentan la determinación de los costos de construcción sobre base presunta, no teniendo ninguna relevancia, menos afectar el derecho a la defensa, el conocer los nombres de los 

Pág. 12 de 74 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

prenombrados contribuyentes A” y “B, agregó que, la documentación es considerada confidencial en virtud del parágrafol del artículo 67 de la Ley 2492. 

Afirmó que no puede aplicar de manera directa el inciso c) del artículo 8 de la Resolución Normativa de Directorio N° 100017-13, ante la inexistencia de al menos tres parámetros parecidos entre la sujeto pasivo y los contribuyentes A” y “B”, siendo que, el único parámetro parecido es el desarrollo de la actividad en la misma jurisdicción. Agregó que la Vista de Cargo y Resolución Determinativa analizó la información y documentación de los contribuyentes “A” y B”, obtenida por instituciones financieras respecto a los préstamos obtenidos para la construcción y venta de departamentos, parqueos y bauleras, por el contrario, la sujeto pasivo se limitó a presentar notas solicitando la nulidad de obrados, sin formular argumentos ni presentar descargos que desvirtúen la determinación sobre base presunta, misma que, por disposición del parágrafo II del artículo 80 de la Ley 2492 y artículo 11 de la Resolución Normativa de Directorio N°-10-001713, admite prueba en contrário y el aporte de documentación en el plazo de descargo de 30 dias, en virtud del artículo 76 del Código Tributario. 

Sostuvo que emitió la vista de Cargo cumpliendo lo dispuesto en el parágrafo I del artículo 96 de la Ley 2492, al fundamentar y motivar la determinación sobre base presunta, exponiendo los antecedentes de hecho y derecho que justifican las razones del cargo formulado; asimismo, cumplió con lo dispuesto por el parágrafo ll del artículo 99 del Código Tributario Boliviano, no siendo evidente la solicitud de nulidad pretendida por la sujeto pasivo. 

Manifestó que, las diferencias entre el valor numérico y literal, aludido por la parte recurrente, además de ser un error de pluma” o “lapsus calami”, no genera error en el fondo de la determinación, toda vez que no limitó a la sujeto pasivo, pronunciarse sobre el acto impugnado, impugnar el mismo, menos afectó su derecho a la defensa. Agregó que dicho error es corregible aun en ejecución y al momento de proceder con la liquidación a la fecha de pago; por lo que dicho aspecto no constituye en causal de nulidad. 

afag 

150 900

Calidad 

MIOR CERTIFKATION 

AVA 

1QNe

Expuso que, la aplicación de los intereses del 4% y 6%, son expresados en la liquidación, considerando el tiempo de mora, aspecto evidenciable en el cuadro “Liquidación de Deuda Tributaria sobre Base Presunta, consignado en el acto impugnado, no siendo evidente 

Stib dusbert

Pág. 13 de 74 

NB/IŞQ 

9001 IBNORCA

Sistema de Gestio

dubtalidad Cateo 77144 

Justicla tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarant) 

Av. Oquendo N°381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012. www.ait.gob.bo .Cochabamba, Bolivia 

ningún error u omisión que se traduzca en anulabilidad o nulidad de la Resolución Determinativa impugnada

Citó la Sentencia 244/2012 de 1 de octubre de 2012, emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia y el artículo 8 de la Ley 2492, y afirmó que buscó de manera objetiva la verdad material, no obstante la sujeto pasivo actuó de mala fe y con la intensión de obstaculizar, al no presentar la documentación concerniente al detalle de los costos de construcción incurridos en el Edificio Plaza Real, posibilitando la determinación sobre base presunta del margen de utilidad y el reparo a favor del fisco, correspondiente al UE

Manifestó que, por los convenios suscritos con diferentes instituciones, obtuvo información 

que permite identificar la transferencia de bienes inmuebles en la gestión fiscalizada, constituyendo en información legal que no requiere ser refrendada por los tenedores. 

Señaló que, la conducta de la recurrente, fue tipificada y calificada como omisión de pago, por lo que le corresponde la sanción igual al 100% sobre el monto del tributo determinado a la fecha de vencimiento, en virtud de lo previsto en los artículos 165 de la Ley 2492 y 42 del Decreto Supremo No 276310

Indicó que la prescripción de las facultades para determinar la deuda tributaria de los periodos enero a diciembre de 2012, es de 7 años y 6 meses, debido que el sujeto pasivo no se encuentra inscrito en el padrón de contribuyentes, además por la notificación de la Orden de Verificación, por lo que el cómputo de la prescripción inició el 1 de enero de 2014 y concluye el 31 de junio de 2021, consecuentemente señala que la referida facultad no se encuentra prescrita. 

Sostuvo que si bien el parágrafo 1 del artículo 62 de la Ley 2492, refiere simplemente a la suspensión de la prescripción con la notificación de la orden de fiscalización, ello no imposibilita que la suspensión también sea aplicada para la orden de verificación, por cuanto el citado artículo no debe ser interpretado de forma única e individual, sino como parte del conjunto normativo contemplado en la Ley 2492, entendiéndose en un sentido amplio y genérico, esto en previsión del parágrafo Ill del artículo 8 del citado cuerpo normativo, considerando que el procedimiento que se utiliza en la orden de 

Pág. 14 de 74 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

fiscalización como en la orden de verificación, es el mismo y ambos casos concluye con la emisión de la Resolución Determinativa. 

Manifestó que no concurrió motivo alguno que desemboque en una vulneración del principio de defensa y menos en la nulidad de la resolución impugnada, maxime cuando la recurrente conoció el proceso y asumió defensa en vía administrativa, hecho que demuestra que la sujeto pasivo no sufrió perjuicio cierto e irreparable; al efecto, citó las Sentencias Constitucionales 0731/2010-R de 26 de julio y 0242/2011 R de 16 de marzo. 

Por los fundamentos expuestos, solicitó confirmar la Resolución Determinativa No 172030000385 de 31 de julio de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales. . 

. . 

– – – – – 

11.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba. El 12 de octubre de 2020,’ esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Apertura Término de Prueba EXPEDIENTE ARIT CBA-0209/2020, disponiendo el rmino probatorio de veinte dias comunes y perentorios para ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 218 del Código Tributario Boliviano (fojas 106 del expediente administrativo).

El 30 de octubre de 2020, la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales representada por José Elmer Barrancos Barrientos, presentó memorial, mediante el cual, ofreció, propuso, reprodujo y ratificó en calidad de prueba preconstituida, los antecedentes administrativos, acompañados al momento de responder al Recurso de Alzada. Asimismo, señaló que en una carpeta de fojas 393 (de las 8 carpetas remitidas), cursa la solicitud de aprobación de técnica para la base presunta, que reviste el carácter de reservado respecto a los nombres de los contribuyentes A y B, y únicamente podría ser utilizada para la efectiva aplicación de los procesamientos cuya gestión tenga encomendada, mas no podría ser informada, cedida o comunicada a terceros, bajo responsabilidad funcionaria. Citó el artículo 67 de la Ley 2492 (fojas 108-109 del expediente administrativo). 

afag 

150 900

Cidad 

WRN 

VON CAFTAN 

Ti

stranibar Helal 

VB 

ToNet 

SJ

NS 

rebetto VoBo 

El 3 de noviembre de 2020, la parte recurrente mediante memorial, refirió acogerse al “Principio de Adquisición Procesal”, manifestando que, en el recurso interpuesto, 

Pág. 15 de 74 

NBASO 

9001 IBNORCA Stema de Gestión 

dalam Catilid N 771

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarant) 

Av. Oquendo N°381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012. www.ait.gob.bo. Cochabamba, Bolivia 

fundamento aspectos de hecho y de derecho, donde dicha adquisición, debe ser tomada en cuenta por la instancia de Alzada. Asimismo, ratificó todos los elementos, argumentos y fundamentos expuestos en el memorial de interposición del Recurso de Alzada (fojas 112 del expediente administrativo). 

11.5. Alegatos. El 23 de noviembre de 2020, Agapo Ferrufino Sánchez, como Gerente Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales acreditado conforme a Resolución Administrativa de Presidencia No 032000001098 de 19 de noviembre de 2020 (fojas 115 116 del expediente administrativo), se apersonó ante ésta instancia de alzada a objeto de 

presentar alegatos, reiterando los argumentos expuestos en el memorial de respuesta al 

recurso de Alzada interpuesto, reafirmando que no vulneró el derecho a la petición, a la defensa, ni al debido proceso; asimismo, refirió que la sujeto desarrolló una actividad gravada por el IVE y que no existirían vicios de nulidad en la emisión de la Vista de Cargo y del acto impugnado, determinando correctamente las obligaciones tributarias de la sujeto pasivo sobre base presunta; peticionando la confirmación del acto impugnando (fojas 117-121 del expediente administrativo). 

El 23 de noviembre de 2020, la sujeto pasivo presento memorial de alegatos reiterando los argumentos planteados en su memorial de Recurso de Alzada referidos a la falta de valoración de los descargos, así como la inexistente respuesta a las notas presentadas al inicio del proceso determinativo; falta de fundamentación en la atribución de sujeto pasivo del IUE; incumplimiento de plazo para emitir la Vista de Cargo; observaciones a la determinación de deuda tributaria; desarrollo de actividad gravada; que, la documentación obtenida del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, Notarias e información de Derechos Reales, no puede ser considera como medio de prueba; inexistencia de fundamentación para la determinación sobre base presunta y la aplicación de la técnica; y la prescripción de las facultades administrativas. 

Asimismo, señaló que conforme consta en antecedentes administrativos remitidos por la entidad recurrida, la “(...) evaluación‘ y ‘aplicación, por la Gerencia Nacional de Fiscalización para aplicar la técnica ‘otros’ ha sido INCORPORADA Y ACOMODADA 

Pág. 16 de 74 

AITU 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

maliciosamente en el último cuerpo de antecedentes, lo cual comprueba que jamás estuvo cumplido ese requisito se llevó a cabo el trabajo de campo y la emisión de los 

actos administrativos observados (…)”, por lo que alegó la concurrencia de un nuevo 

vicio de nulidad; y solicito sean consideradas como “ratio decidendi”, las Resoluciones de Recursos de Alzada ARIT-CBARA 0363/2019, ARIT-CBARA 0364/2019 y ARIT CBA/RA 0441/2018 (fojas 124-127 del expediente administrativo). 

III. 

ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA. El 11 de diciembre de 2018, la Administración Tributaria emitió la Orden de Verificación No 18300200113 a efecto de verificar todos los hechos y elementos relacionados al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas de la gestión 2012, de Dehne Delgadillo Lourdes. Acto notificado por cédula, el 27 de diciembre de 2018 (fojas 6 y 14 de antecedentes administrativos). – – – – – …, 

El 14 de diciembre de 2018, la Administración Tributaria emitió el Requerimiento, No 00156502 y anexo adjunto, mediante los cuales, solicitó a la sujeto pasivo diferente documentación inherente al proceso determinativo. Acto notificado por cédula, el 27 de diciembre de 2018. En respuesta, el 14 de enero de 2019, la sujeto pasivo presentó nota con referencia-“Devuelve notificación y solicita se deje sin efecto documentación que indica” (fojas 9-10, 14 y 17-19 de antecedentes administrativos).’ 

El 25 de enero de 2019 la Administración Tributaria emitla nota con CITE: SIN/GDCBBA/DF/G1NE/NOT/147/2019, con referencia RESPUESTA A LAS CARTAS PRESENTADAS EN FECHA 14/01/2019″, comunicando a la sujeto pasivo que, conforme dispone el artículo 100 de la Ley 2492, como Administración Tributaria cuenta con facultades de verificación fiscalización e investigación, por lo que, los resultados de la actuaciones realizadas dentro de la Orden de Verificación No 18300200113, así como la valoración de los argumentos expuestos en la citada carta, serian atendidos a través del acto administrativo correspondiente y debidamente notificado. Acto notificado por cédula, el 14 de febrero de 2019 (fojas 24 y 28 de antecedentes administrativos). 

afaq 

ISO 900

Calidad HOLLAT KATO 

Aranibar Memoria 

W

Vog

1QNet 

namun 

El 15 de febrero de 2019, la Administración Tributaria emitió el Requerimiento No 00156525 y anexo adjunto, reiterando a la sujeto pasivo, la presentación de la documentación solicitada mediante Requerimiento No 00156502 y anexo adjunto. Acto notificado por cédula, el 26 de febrero de 2019. El 7 de marzo de 2019, la sujeto pasivo 

Ericssberto 2 Rojas 

Pág. 17 de 74 

NB/ISO 

9001 IBNORCA & de Gestión 

N7714

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach‘a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Av. Oquendo N°381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012. www.ait.gob.bo. Cochabamba, Bolivia 

presentó nota con referencia Nuevamente devuelve diligencias de notificación y solicita se deje sin efecto documentación que indica” (fojas 29, 30, 34, 36-37 de antecedentes administrativos). 

El 14 de marzo de 2019, la Administración Tributaria emitió la nota con CITE: SIN/GDCBBA/DF/G3NVE/NOT/420/2019, con referencia “RESPUESTA A LAS CARTAS PRESENTADAS EN FECHA 7/03/2019, replicando los argumentos expuestos en la nota con CITE SINGDCBBA/DF/G1NE/NOT/147/2019 de 25 de enero de 2019. Acto notificado por cédula, el 27 de marzo de 2019 (fojas 41 y 45 de antecedentes administrativos). 

El 8 de abril de 2019, la Administración Tributaria formuló el Requerimiento No 00160511 y anexo adjunto, mediante los cuales, solicitó a la sujeto pasivo la presentación de documentación e información inherentes a facturas de compras emitidas a nombre de la parte recurrente. Acto notificado por cédula, el 17 de abril de 2019. En respuesta, el 23 de abril de 2019, la sujeto pasivo presentó nota con referencia “Nuevamente (por tercera vez) devuelve actos administrativos y solicita se deje sin efecto documentación que indica” (fojas 46-55, 59, 61-63 de antecedentes administrativos). 

El 30 de abril de 2019, la Administración Tributaria emitió la nota con CITE: SIN/GDCBBA/DF/G3/VE/NOT/832/2019, con referencia RESPUESTA A LAS CARTAS PRESENTADAS EN FECHA 23/04/2019“, replicando los argumentos expuestos en la nota con CITE SIN/GDCBBA/DF/G1NE/NOT/147/2019 de 25 de enero de 2019. Acto notificado por secretaría, el 15 de mayo de 2019 (fojas 74 y 74 vta. de antecedentes administrativos). 

El 23 de diciembre de 2019, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo No 291930000658, que liquido de manera preliminar la deuda tributaria en UFVS 911.284, equivalente a Bs2.123.465.-, correspondiente al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas omitido, interés y la sanción por la calificación preliminar de la conducta. Acto notificado mediante cédula el 4 de marzo de 2020 (fojas 1296-1334 y 1338 de antecedentes administrativos). 

El 15 de junio de 2020, la sujeto pasivo presentó memorial de descargo a la Vista de Cargo, señalando la concurrencia de incidentes de nulidad, ya que presentó notas (14 de 

Pág. 18 de 74 

AIT) 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

enero, 7 de marzo y 23 de abril de 2019) que no fueron oportunamente resueltas; preciso la inexistencia del hecho generador, que, la Vista de Cargo fue notificada fuera de plazo previsto en normativa; que, fue indebida e ilegal la aplicación de la base presunta; falta de fundamentación y motivación de la Vista de Cargo; que, no cursa constancia de la evaluación y aprobación por la Gerencia Nacional de Fiscalización, respecto al método aplicado; que, no tiene forma de desvirtuar, objetar o contradecir la supuesta información obtenida de los prenombrados contribuyentes A y B, por lo que fueron vulnerados sus derechos al debido proceso y a la defensa; que no existió ningún tipo de búsqueda de la verdad material, contraviniendo lo establecido por el inciso d) del artículo 4 de la Ley 2341. 

Extendió sosteniendo que, no le corresponde la conducta como “omisión de pago”, dispuesta en el artículo 165 de la Ley 2492; que no combinó factores de producción y no realizó las actividades que se pretende atribuirle a título individual, como persona natural; que, la documentación obtenida del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, Notarias y la información de Derechos Reales obtenida de SINAREPWEB; no puede ser considera como medio de prueba legítimo, menos servir de base para ninguna determinación impositiva, ya que no se encuentran legalizadas ni refrendadas por los tenedores de los documentos originales; que, la norma tributaria dispuso el término de prescripción de cuatro (4) años para la gestión 2012, y aun con las modificaciones de la Ley 291, en base a la forma de cómputo establecido en el artículo 60 ‘de la Ley 2492, las facultades de la Administración Tributaria para llevar a cabo una determinación sobre el IUE de la gestión 2012 se encuentra ampliamente prescrita; que, no corresponde extender la prescripción a siete años, toda vez que, no tenía, no tiene, ni tendrá la obligación de registrarse en el Padrón Nacional de Contribuyentes. Por los argumentos expuestos, solicitó la nulidad de obrados, hasta la Orden de verificación No 18300200113, inclusive (fojas 1383-1406 de antecedentes administrativos)

afao 

ISO 900

Cilidad MAYOR CERTIFKANO 

Aronidas Mejia 

VoB

El 31 de julio de 2020, la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa No 172030000385, mediante la cual determinó de oficio, por conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones impositivas de la sujeto pasivo Lourdes Dehne Delgadillo, en la suma de UFVs1.501.499 correspondientes al tributo omitido del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas actualizado, intereses y sanción por la calificación preliminar de la conducta de la gestión fiscal concluida a diciembre de la gestión 2012, en aplicación de los artículos 47 (modificado por la Ley 812), 165 de la Ley 2492, 42 del 

LoNet 

Eric Ausberto 

VOL 

VOE

Pág. 19 de 74 

NB/ISO 

9001 IBNORCA Stema de Gestió

de la calidad Certificador 771/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Av. Oquendo N° 381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012. www.ait.gob.bo.Cochabamba, Bolivia 

Decreto Supremo 27310 y la Resolución Normativa de Directorio 10-0025-10. Asimismo, calificó la conducta de la sujeto pasivo como omisión de pago por el impuesto y gestión fiscal, sujeto a revisión, aplicando un sanción equivalente al 100% del tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento, de conformidad a los artículos 165 de la Ley 2492, 42 del Decreto Supremo 27310 y la Resolución Normativa de Directorio 100032-16. Acto notificado mediante cédula el 26 de agosto de 2020 (fojas 1435 1502 y 1506 de antecedentes administrativos). 

  1. IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA. 

Conforme a lo establecido en el parágrafo | del artículo 211 del Código Tributario Boliviano, esta instancia recursiva ingresará a resolver los reclamos planteados por la parte recurrente, correspondiendo aclarar, que la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso identificándose como agravios: 1. Falta de consideración y valoración de los argumentos de descargos presentados; 2. Incumplimiento de plazo para emitir y notificar la Vista de Cargo; 3. Fundamentación en la atribución sujeto pasivo del IVE; 4. Observaciones a la determinación de deuda tributaria; 5. Incongruencias en la liquidación expuesta en el acto impugnado; 6. Sobre el desarrollo de actividad gravada; y 7. Prescripción de las facultades administrativas. 

IV.1. Falta de consideración y valoración de los argumentos de descargos presentados. La sujeto pasivo señaló que, la Administración Tributaria le requirió documentación en 3 oportunidades, por lo que presentó notas debidamente fundamentadas solicitando dejar sin efecto los actuados administrativos, empero sin ningún tipo de respuesta formal, fue notificado con la ilegal y forzada Vista de Cargo. 

Precisó que, tanto la Vista de Cargo como la Resolución impugnada no contienen una respuesta puntual, concreta y fundamentada al contenido de las tres notas presentadas, constituyendo otro agravio al derecho a la petición, derecho a la defensa y al debido proceso, generando un estado de indefensión. 

Manifestó que, los fundamentos de descargo, presentados dentro del plazo establecido en el artículo 98 de la Ley 2492, que desvirtúan los cargos atribuidos, además de solicitar 

Pág. 20 de 74 

PADIDATA ADAPTERSANTANAUARO POHONROAUT 

AIT

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria para llevar a cabo el proceso de verificación y/o determinación, no merecieron análisis o valoración, en franca vulneración del parágrafo II del artículo 99 de la citada Ley. 

Por su parte, la Administración Tributaria sostuvo que la sujeto pasivo devolvió al ente fiscal los requerimientos de información y solicitó dejar sin efecto los mismos; argumento que -sostuvo- fue respondido de manera clara mediante las Notas con CITE SIN/GDCBBA/DF/G1NEINOT/147/2019. de 25 de enero de 2019, CITE SIN/GDCBBA/DF: G3NVE/NOT/420/2019 de 14 de marzo de 2019 y CITE SIN/GDCBBA/DF/G3/VE/ NOT/831/2019 de 30 de abril de 2019, aclarando al sujeto pasivo, que dicha solicitud sería valorada en la vista de Cargo. Señaló que las Notas de respuesta fueron notificadas a la sujeto pasivo, las dos primeras por cédula y la última por secretaría, no existiendo argumento para la declarar la nulidad, al no vulnerar el derecho de petición ni defensa de la sujeto pasivo, habiendo dado respuesta a las tres notas presentadas. 

Expuesto los argumentos de las partes procesales, cabe traer a colación, la Sentencia Constitucional N° 0871/2010 de 10 de agosto de 2010, que señala es: “imperante además precisar que toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso, debe contener los siguientes aspectos, a saber: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma juridica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes 

afao 150 9001, 

. TER 

Calidad y tithand 

0124 

Aranter Media 

уове 

ONE 

ww

señalado”. 

SMART 

tric Ausberto Ajuga 

V8 

En el ordenamiento jurídico, los parágrafos I y Il del artículo 115 de la Constitución Política del Estado, establecen que toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los 

Pág.21 de 74 

Na/so 

900 IBNORCA Senade Gestión : daudad GodN771/14 

Justicla tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach‘a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Av. Oquendo N2-381 entre Venezuela y Ecuador; Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012 www.ait.gob.bo. Cochabamba, Bolivia 

III 

jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos; y que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

En la normativa tributaria, se tiene que los numerales 2 y 7 del artículo 68 de la Ley 2492 disponen como derechos del sujeto pasivo entre otros-: “2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones reglamentarias, dentro de los plazos establecidos (…) 7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución”

Asimismo, el artículo 96 de la Ley 2492, señala que: “. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado (...) ll. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según corresponda”

Sobre la Resolución Determinativa, el parágrafo II del artículo 99 de la Ley 2492 establece que: Il. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos nimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa

Por otra parte, el parágrafo 11 del artículo 36 de la Ley 2341, aplicable supletoriamente por disposición de los artículos 74 numeral 1 y 201 del Código Tributario Boliviano, señala que el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los 

Pág.22 de 74 

II 

UM TIL 

TWIT VIDEO 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. Asimismo, el artículo 55 del Decreto Supremo 27113, prevé que es procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público. 

La normativa expuesta precedentemente, permite colegir que es deber de la Administración Tributaria efectuar una valoración y análisis de todos y cada uno de los argumentos y documentos que fueron presentados durante la sustanciación del procedimiento determinativo, efectuando un pronunciamiento debidamente fundamentado, ya sea positivo o negativo a las pretensiones, alegaciones y solicitudes del administrado; aspecto que en el presente caso será verificado, en consideración a que la parte recurrente reclamó la falta de respuesta, tanto en la vista de Cargo como la Resolución impugnada, sobre el contenido de las tres notas presentadas así como la falta de valoración y análisis de los fundamentos de descargo presentados a la vista de Cargo, dentro del plazo establecido en el artículo 98 de la Ley 2492; aspecto por los cuales, aludió como vulnerados sus derechos a la petición, a la defensa y al’debido proceso

En ese contexto, de la compulsa de los antecedentes administrativo, se advierte que producto-del-proceso de determinación iniciado con la Orden de Verificación N° 18300200113 de 11 de diciembre de 2018, notificado a la parte recurrente, el 27 de diciembre de 2018 (fajas 6 y 14 de antecedentes administrativos), la Administración Tributaria emitió y notificó los Requerimientos Nos. 00156502, 00156525 y 00160511, con sus respectivos anexos adjuntos, mediante los cuales, solicitó a la sujeto pasivo, la presentación de diferente documentación, inherente al proceso determinativo (fojas 6, 9, 10, 14, 29, 30, 34, 46-55 y 59 de antecedentes administrativos). 

atao 150 9001 

Calidad FOR CERCHANCE 

Sandia 

En respuesta, a la notificación de la Orden de Verificación y primer Requerimiento, la sujeto pasivo presentó la nota de 10 de enero de 2019 con referencia, “Devuelve notificación y solicita se deje sin efecto documentación que indica“, señalando que, la Administración Tributaria cometió un error de tipo y/o de legitimación, notificándole actos administrativos como si su persona fuera sujeto pasivo inscrito en el Padrón de Contribuyentes o desarrollase alguna actividad gravada por tributos nacionales; procediendo en este sentido, a la devolución -en originales- de la Orden de Verificación y Requerimiento. 

VoBo 

Ah 

– 

– 

EM 

Stories has been 

WBO

wwwwww 

Pág. 23 de 74 

NB/SO 

9001 IBNORCA 

SdG* 

Dlacidad Certificador 771/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Av. Oquendo N 381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012 www.ait.gob.bo.Cochabamba, Bolivia 

11 

IL

Extendió sosteniendo que, es observable que la entidad recaudadora haya emitido una Orden de Verificación y Requerimiento de documentación, cuando conocía que su persona no cuenta con Número de Identificación Tributaria, lo que denotaría una intención de generar multas por incumplimiento a deberes formales. Replicó que, no puede ser considerado como “sujeto pasivo, al no encontrarse en el alcance dispuesto en los artículos 36 y 38 de la Ley 843, respecto a la obligación del pago del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas y menos cuenta con Estados Financieros de donde emerja el pago de la obligación tributaria. Finalmente, solicitó dejar sin efecto la Orden de Verificación No 18300200113, Requerimiento No 00156502 y anexo adjunto y sea mediante resolución Administrativa (fojas 17-19 de antecedentes administrativos). 

Ante la notificación del segundo Requerimiento No 00156525 y anexo adjunto, la parte recurrente, mediante nota de 7 de marzo de 2019, con referencia “Nuevamente devuelve diligencias de notificación y solicita se deje sin efecto documentación que indica“, señaló a la Administración Tributaria que, la nota presentada el 10 de enero de 2019, no fue debidamente valorada, por lo que todos los actuados son nulos de pleno derecho; que procede a la devolución del Requerimiento No 00156525, anexo adjunto y las diligencias de notificación, en tanto no sean resueltas conforme a derecho; se ratificó inextenso en la nota de 10 de enero de 2020, manifestando que la Administración Tributaria ya no tiene potestad para ejercer sus facultades sobre impuestos correspondientes a la gestión 2012; y solicitó pronunciamiento expreso respecto a la observación de fondo realizada (fojas 36-37 de antecedentes administrativos)

Continuando con la revisión de los antecedentes administrativos, se tiene que producto de la notificación con el tercer Requerimiento N° 00160511 y anexo adjunto, la sujeto pasivo, mediante nota de 23 de abril de 2019, con referencia Nuevamente (por tercera vez) devuelve actos administrativos y solicita se deje sin efecto documentación que indicay señalando que toda transacción comercial realizada por cualquier persona natural como “ciudadano de a pie, no tiene que rayar en el campo tributario y estar sujeto a revisiones intempestivas por parte del ente fiscal; que, las personas naturales no tienen ningún tipo de actividad gravada, no están inscritas en el Padrón Nacional de Contribuyentes, no tienen la obligación de guardar algún tipo de factura o documentación, entre otros; que, la entidad recaudadora comete la torpeza de tratarle como empresa, que el detalle elaborado por la entidad recaudadora, no genera vinculación con los hechos 

Pág.24 de 74 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

generadores de impuestos y que dicha institución tiene la obligación de demostrar la naturaleza de cualquier obligación tributaria (fojas 61-62 de antecedentes administrativos). 

Amplió precisando que, mediante dos (2) notas anteriores, comunicó los errores incurridos en el proceso de determinación, devolviendo los actuados procesales, empero a la fecha no recibió respuesta alguna; se ratificó en las notas anteriores y alegó vulneración al derecho al debido proceso y a la defensa, ante la falta de respuesta respecto a las nulidades invocadas; asimismo, señaque las irregularidades denunciadas, corresponden a aspectos de fondo; destacando que procedió a la devolución del Requerimiento No 00160511 y su anexo adjunto, en tanto no sean resueltas las cuestiones planteadas en las notas anteriores (fojas 62-63 de antecedentes administrativos). 

Expuestas las notas presentadas por la sujeto pasivo, durante la sustanciación del proceso determinativo llevado a cabo en su contra, ingresaremos a verificar si los argumentos expuestos por la parte recurrente en las citadas notas, merecieron respuesta por parte de la Administración Tributaria. Asimismo, es importante dejar sentado, que conforme dispone el parágrafo IV del artículo 104 de la Ley 2492, el acto administrativo, emitido a la conclusión de la fiscalización, llega a ser la vista de Cargo, que conforme al parágrafo I del artículo 96’de la citada Ley, debe contener los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones- que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de verificación. 

En ese entendido, de la lectura realizada a la vista de Cargo N° 291930000658, se advierte que la entidad recurrida, en el acápite DESCARGOS PRESENTADOS Y SU VALORACIÓN”, bajo el título “Nota presentada por la sujeto pasivo en fecha 14 de 

19″ respecto al error de tipo y/o legitimación, aludido por la recurrente, señaló: “(…) el invocado “error de tipo ylo legitimación” (sic), al que entenderemos como error de tipo (al no existir la figura de error de legitimación); corresponde a materia penal para resolver la exclusión o no del dolo, siendo que la misma figura también entre las causales de exclusión de responsabilidad signadas en el artículo 153o de la Ley 2492 ()” 

afaq 

ISO 900

catdad AVON CERTIFICATION 

TA 

Aranter Melo 

yoge“. 

Get 

THN

GIAO 

Asimismo, sobre la emisión de la Orden de Verificación y Requerimiento de documentación, en cabal conocimiento de que la sujeto pasivo no contaba con Número de Identificación Tributaria, sostuvo que: “(…) las disposiciones que reglamentan los 

OER VI

Pág. 25 de 74 

NB/ISO 

9001 IBNORCA Sistema de Con 

de la Old Codon771/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Av. Oquendo N2381 entre Venezuela y Ecuador; Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012.www.ait:gob.boCochabamba, Bolivia 

aspectos tributarios netamente procedimentales no pueden usarse de manera aislada, sin tomar en cuenta la prelación nomativa, entonces el hecho de no inscribirse en los registros tributarios, no implica un permiso flagrante para transgredir las normas (...)” (páginas 22-23 de la Vista de Cargo). 

Asimismo, la entidad recurrida en el acto analizado, señaló que en mérito al Convenio Interinstitucional del Servicio de Impuestos Naciones y el Consejo de la Magistratura, extrajo los registros del Sistema SINAREPWEB – Folio Real de Derechos Reales de cada una de las matrículas de los departamentos, parqueos y bauleras, por plantas, desde el sótano hasta el último piso construido del Edificio Plaza Real, donde identificó a la sujeto pasivo como propietaria del terreno y Departamentos en Propiedad Horizontal; por lo que requirió información a Notarías de Fe Pública, de cuyas minutas de transferencia evidenció que en la suscripción de los contratos intervino “LOURDES DEHNE DE MALUF con CÉDULA DE IDENTIDAD 623958 OR.; al efecto, citó lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 843 (paginas 24 de la Vista de Cargo). 

Prosiguió citando los artículos 37 y 39 de la Ley 843, conceptualizó el factor de producción, y refirió que la sujeto pasivo coordinó los factores de producción para la construcción del Edificio Plaza Real, para su posterior venta a través de escrituras públicas y/o minutas, proporcionadas por los Notarios de Fe Pública, que le permitieron generar utilidades de fuente boliviana; agregó que, el hecho de no haber elaborado -la sujeto pasivo- Estados Financieros, no implica la liberación impositiva respecto del IUE, principalmente cuando se han cumplido los preceptos legales para el perfeccionamiento del hecho generador (páginas 24-25 de la Vista de Cargo)

De la misma forma, la Administración Tributaria, respecto a Ley 1178 y Ley 004, citada por la sujeto pasivo, señaló que serían de preocupación en caso de no continuar el presente proceso determinativo y no procurar que el Estado recupere lo que por derecho le corresponde, en el marco del debido proceso, siendo que los argumentos de errores involuntarios y sobrecarga laboral, no caben en el presente escenario donde se cuentan con elementos suficientes de convicción para la determinación realizada (página 25 de la Vista de Cargo)

Continuando con la lectura de la Vista de Cargo, se advierte que, la entidad recurrida, respecto a la Nota Presentada por la sujeto pasivo en fecha 7 de marzo de 2019

Pág.26 de 74 

II 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

Estado Plurinacional de Bolivia 

señaló que: “(…) ante la primera negativa de presentación de documentos solicitados, s

realizó un nuevo requerimiento en virtud de encaminar el proceso determinativo hacia los 

criterios de certeza e indubitabilidad, siendo que se contaba con la información 

proporcionada por terceros en el marco de las amplias facultades emanadas por Ley, respecto a la enajenación de bienes inmuebles correspondientes al Edificio “PLAZA REAL (…)”, asimismo, reiteró y ratificó la valoración realizada a la primera nota. Señaló que, no corresponde aludir vicios de nulidad, en virtud al principio de trascendencia y los Autos Supremos 223/2013 de 6 de mayo y 473 de 20 de noviembre de 2012, ya que la sujeto pasivo, no planteó de manera concreta o con prueba suficiente, las causales o circunstancias que derivan en los supuestos vicios de nulidad y/o procesales (páginas 25 27 de la Vista de Cargo). 

Respecto a la prescripción planteada por la parte recurrente, después de exponer las modificaciones a la Ley 2492, mediante Leyes 291, 317 y 812, la Administración Tributaria sostuvo en la vista de Cargo N° 291930000658 que: “(…) la Ley 812 que modifica el Articulo 599 de la Ley 2492 (Código Tributario Boliviano),, establece un cómputo de prescripción de 10 años (norma aplicable en el presente caso en aplicación de la falta de inscripción en los registros pertinentes de la Administración Tributaria), motivo por el cual, se advierte incuestionablemente que la facultad para determinar la deuda tributaria, en el presente caso, NO HA PRESCRITO” (páginas 27-28 de la Vista de Cargo). 

De la misma forma, la entidad recaudadora en la vista de Cargo mencionada, sobre la “Nota Presentada por la sujeto pasivo en fecha 23 de abril de 2019“, reiteró y ratificó la valoración realizada a las primeras notas; citó los artículos 22, 23, 65 y 100 de la Ley 2492 y sostuvo que: “…. siendo que el gravamen objeto de verificación es el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), (…) en el cuerpo de antecedentes cursan documentos que demuestran de manera indubitable la enajenación de bienes inmuebles que corresponden al Edificio “PLAZA REAL” que fue construido por la sujeto pasivo, (…) se cumplen los supuestos de ley para el perfeccionamiento del hecho generador (…)

afael 

150 900

Çärfda

JENO CUATUICATION 

Arambar mois . VeBo 

QNe 

TENT 

Replicó que, toda persona que cumpla los presupuestos legales establecidos en la Ley 843, y que resulte sujeto pasivo de alguno de los impuestos de la referida Ley, tiene la obligación de cumplir con la obligación tributaria al perfeccionamiento del hecho generador, siendo facultad del Servicio de Impuestos Nacionales la verificación y fiscalización del correcto cumplimiento de dichas obligaciones, independientemente del 

Pág.27 de 74 

NB/ISO 

9001 LØNORCA Sistemden 

dol Cylide Cartiledon77174 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq karachig (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Av. Oquendo N°:381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 41400114140012 – www.ait.gob.boCochabamba, Bolivia 

deber formal de los sujetos pasivos de inscribirse en los registros tributarios (página 29 de la Vista de Cargo). 

Extendió el SIN, explicando en la Vista de Cargo analizada, que en el expediente cursa la documentación que demuestra la enajenación de bienes inmuebles del Edificio “PLAZA REAL”; de igual forma, reiteró lo dispuesto por los artículos 39, 41 y 47 de la Ley 843, para después sostener que: “(...) la sujeto pasivo coordinó factores de producción para la construcción del Edificio PLAZA REAL para su posterior enajenación a través de escrituras 

públicas y/o minutas proporcionadas por los Notarios de Fe Pública en las cuales figura 

de manera ineludible su nombre como vendedora de dichos inmuebles” (página 30 de la Vista de Cargo). 

Asimismo, explicó que mediante notas con CITE SIN/GDCBBA/DF/GINE/NOT/147/2019, SIN/GDCBBA/DF/G3NVE/NOT/420/2019 y SIN/GDCBBA/DF/G3NE/NOT/832/2019, notificadas el 14 de febrero, 27 de marzo y 15 de mayo de 2019, comunicó a la sujeto pasivo que, los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación, así como el análisis y valoración de los argumentos expuestos, sean comunicados a través del acto administrativo que corresponda. 

Reiteró que, la actividad realizada por la sujeto pasivo (coordinación de factores de producción para la construcción y posterior enajenación de inmuebles) se encuentra enmarcada dentro las previsiones de la Ley 843, que determinan el perfeccionamiento del hecho imponible para el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), no pudiendo amparar su negativa en su incumplimiento del deber formal de inscripción en los registros tributarios; demostrando este hecho únicamente su afán de obstaculizar el ejercicio de las facultades otorgadas por Ley, incumpliendo el numeral 6 del artículo 70 de la Ley 2492, comportamiento y conducta que no permitió determinar sus obligaciones sobre base cierta; sin embargo, derivó en el ejercicio de la determinación de la base imponible sobre base presunta, conforme dispone el numeral 3 del artículo 44 de la Ley 2492 (página 30 

32 de la Vista de Cargo)

Resaltar que, los argumentos descritos en párrafos previos, fueron replicados por la Administración Tributaria en la Resolución Determinativa impugnada, conforme consta en las paginas 16-27 del citado acto administrativo, bajo los títulos “Nota presentada por el 

Pág.28 de 74 

AUTORIDAD DE JMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

sujeto pasivo en fecha 14 de enero de 2019“, “Nota Presentada por el sujeto pasivo en fecha 7 de marzo de 2019” y “Nota Presentada por el sujeto pasivo en fecha 23 de abril de 2019“. 

Lo expuesto hasta este punto, permite advertir que la Administración Tributaria valoró los argumentos señalados por la sujeto pasivo, mediante notas presentadas el 14 de enero, 7 de marzo y 23 de abril de 2019, por lo que no es evidente la inexistencia de respuesta sobre las tres notas aludidas por la sujeto pasivo, menos la vulneración del derecho a la petición, derecho a la defensa y al debido proceso, toda vez que, la entidad recurrida, dio a conocer a la administrada la posición asumida sobre los diferentes puntos y aspectos planteados en las prenombradas notas. 

Prosiguiendo con el análisis del agravio planteado por la sujeto pasivo, respecto a la valoración de los argumentos de descargo presentado, de la revisión de los antecedentes administrativos se tiene que, notificada la vista de Cargo N° 291930000658, fa parte ahora recurrente, el 15 de junio de 2020, presentó nota de descargo a la citada vista de Cargo (fojas, 1383-1406 de antecedentes administrativos), manifestando: 

1 .. – 

– 

– 

– 

– 

  • Concurrencia de incidentes de nulidad, toda vez que presentó tres notas (14 de enero, 

7 de marzo y 23 de abril de 2019) solicitando “Nulidad de Obrados” y devolvió los actos administrativos indebida e ilegalmente notificados, las cuales no fueron oportunamente resueltas. 

Precisó la inexistencia del hecho generador, sosteniendo que no realizó actos, prestación de servicio u otros, que pudieran derivar en una eventual relación jurídico tributaria con el Estado, menos desarrolló actividad alguna que sea considerada como hecho generador, por lo que no cuenta con un Número de Identificación Tributaria y en consecuencia no es sujeto pasivo de ningún impuesto; por lo que solicitó la nulidad de obrados, hasta la Orden de Verificación No 18300200113, por contar con un alcance que no corresponde a alguna actividad desarrollada por su persona. 

afael 

150 9001 

Calida

AA I 

TPKAT.. 

TU 

lo hranibar Mejid Ve YoBo 

IQNet 

www 

. Que la Vista de Cargo fue notificada fuera del plazo previsto en normativa, 

V

wwww 

web REGION 

  • Que fue indebida e ilegal la aplicación de la base presunta, ya que la Administración 

Tributaria no llevó a cabo, trabajo de fiscalización y averiguación de la verdad, pues no 

Pág.29 de 74 

NB/1ŞO 

9001 IBNORC

&mdasten 

de la 

C Y Certified N 77111

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach‘a karnani (Aymara) Mana tasaq kuraq karachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Av. Oquendo NP 381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012 www.ait.gob.bo.Cochabamba, Bolivia 

existe peritaje, inspección al inmueble, cuestionarios, cruces de información con proveedores de materiales y entrevistas a los mismos

  • Que resulta incongruente que la entidad recurrida determine que los contribuyentes A 

y B no son contribuyentes similares, para escoger la técnica otros, empero sea en base a la información de dichos contribuyentes que se establezca “similitudes, para la 

determinación de la base imponible. 

  • Que no existe un desglose del detalle que integran los componentes del costo de 

construcción y otros aspectos relacionados; por lo que aludió, vulneración a su derecho a la defensa y al debido proceso

Que la Vista de Cargo carece de los fundamentos o razones por las cuales se dispuso la aprobación o utilización de la técnica, así como de cuales los elementos que fueron considerados para la aprobación de la técnica empleada y si estos tienen relación con la información generada en las verificaciones realzadas a los contribuyentes A y B. Precisó que, de la revisión de los antecedentes no cursa constancia de la evaluación y aprobación por la Gerencia Nacional de Fiscalización. 

Que, no cursa prueba alguna que demuestre la afirmación realizada por la Administración Tributaria en la página 2 de la Vista de Cargo, respecto a que su persona realizó la actividad de construcción de bienes inmuebles (departamentos, 

bauleras y parqueos) para su posterior venta, pues el hecho de suscribir la 

transferencia de algunos bienes inmuebles no lo convierte en el “constructor de aquellos bienes susceptibles a venta; pues la interpretación antojadiza de los artículos 37 y 39 de la Ley 843, únicamente intenta hacerle ver como una empresa, para indebidamente atribuirle la condición de sujeto pasivo del IVE. 

  • Replicó que la Administración Tributaria no cuenta con prueba alguna que demuestre 

que su persona combinó factores de la producción, pues no posee industria donde exista dichos factores. 

Puntualizó que, al tomar como base la información de los contribuyentes A y B, resulta necesario conocer la misma, de forma directa y fidedigna; por tanto, la Administración Tributaria, bajo el pretexto de “Principio de Confidencialidad, dispuesto en el artículo 67 de la Ley 2492, no puede privar al sujeto pasivo, de conocer los alcances del mismo, pues atenta contra las garantías del debido proceso y derecho a la defensa. Agregó 

Pág.30 de 74 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

que, no tiene forma de desvirtuar, objetar o contradecir la supuesta información obtenida de los prenombrados contribuyentes A y B; por lo que fueron vulnerados sus 

derechos al debido proceso y a la defensa. 

Reiteró que la escasa explicación y detalle de la Vista de Cargo, resulta insuficiente para cumplir con la motivación y fundamentación del acto; agregó que, no aportó respaldo documentado de todos los datos considerados, ratificando la nulidad de la actuación de la Administración Tributaria; asimismo sostuvo que no cursa evidencia de que las construcciones comparadas (por ende datos obtenidos). sean exactamente iguales a los inmuebles por los cuales se pretenda atribuir el reparo; añadió que no existió ningún tipo de búsqueda de la verdad material, contraviniendo lo establecido por el inciso d) del artículo 4 de la Ley 2341. 

Replicó el incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley 2492, al no contener los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la liquidación preliminar de la deuda tributaria, ya que la entidad recaudadora, se limitó a determinar unautilidad presuntaen base a “costo de los materiales”, “mano de obra” y “costos indirectos”. Rechazó ser sujeto pasivo del IUE, la existencia de un hecho generador atribuible a su persona y que haya realizado la actividad de construcción de bienes inmuebles para su posterior venta.

– 

– 

– 

— 

– 

  • Que, en la página 37 de la Vista de Cargo, la Administración Tributaria consignó la 

inexistencia de gastos de operación”, “gastos corrientes” y “otros egresos”, lo que evidencia el incumplimiento del artículo 96 de la Ley 2492, toda vez que, la entidad recaudadora, lejos de buscar a verdad material, intento maximizar el ingreso fiscal. 

  • Sostuvo que, no le corresponde la conducta de Comisión de pago, dispuesta en el 

artículo 165 de la Ley 2492, ya que, al no ser sujeto pasivo del UE, no combinó factores de producción y no realizó las actividades que se pretende atribuirle a título individual, como persona natural

afaq ISO 900

calidad 

IX 

AFHOLOTTA CATTO 

Is Pavey 

Aranide 

j

Explicó que, la documentación obtenida del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, Notarias y la información de Derechos Reales obtenida de SINAREPWEB, no pueden ser considerados como medio de prueba legítimo, menos servir de base para una determinación impositiva, ya que no se encuentran legalizadas 

IQNet 

ME 

h usberto RA 

DER 

*A.. 

Pág.31 de 74 

NB/150 

9001 IBNORC

mude Gestió

dela ad Certificador 717

Justicia tributaria para vivir bien Jan Mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani

Av. Oquendo N° 381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 41400114140012. www.ait.gob.bo. Cochabamba, Bolivia 

ni refrendadas por los tenedores de los documentos originales, conforme dispone el Código Civil. 

  • Señaló que, bajo el principio de irretroactividad de las normas, para considerar la 

prescripción corresponde aplicar la Ley vigente a la fecha en la que transcurrió la gestión objeto de revisión; siendo que la norma tributaria ha previsto el término de prescripción de cuatro (4) años para la gestión 2012, aun con las modificaciones de la Ley 291 y en base a la forma de cómputo establecido en el artículo 60 de la Ley 2492, las facultades de la Administración Tributaria para llevar a cabo una determinación sobre el QUE de la gestión 2012 se encuentra prescrita. Agregó que, no corresponde extender la prescripción a siete años, toda vez que, no tenía, no tiene ni tendrá la obligación de registrarse en el Padrón Nacional de Contribuyentes. 

Expuestos los argumentos de descargo planteados por la sujeto pasivo, corresponde remitirse al contenido de la Resolución Determinativa N° 172030000385 de 31 de julio de 2020, a fin de corroborar o desvirtuar el reclamo planteado por la sujeto pasivo, sobre la falta de análisis o valoración por parte de la Administración Tributaria de los argumentos formulados por la recurrente. 

En ese contexto, de la revisión de la Resolución Determinativa impugnada, se tiene que la Administración Tributaria, en el CONSIDERANDO III, inicialmente bajo el título “I. INCIDENTES DE NULIDAD SIN RESOLVER”, transcribió los argumentos expuestos por la sujeto pasivo, para después, respecto a las 3 notas presentadas por la parte recurrente, sostuvo que el ejercicio determinativo, se encuentra normado y reglado (cito los artículos 21, 66, 70, 95 y 100 de la Ley 2492); señaló que notificó la Orden de Verificación No 18300200113, indicando a la sujeto pasivo, que sería sujeto de un proceso de determinación, dando a conocer el alcance de dicho procedimiento, así como el sustento legal respectivo; sostuvo que, la sujeto pasivo no podría pretender un tratamiento especial, amparada en su interpretación sesgada sobre la invocación de nulidades

Precisó que, en relación a las notas presentadas, las respuestas a las mismas, señalaron que el ejercicio de las facultades dispuestas en el artículo 100 de la Ley 2492, se enmarcan dentro un proceso determinativo reglado y los mecanismos para ejercer sus derechos se ajustan a tiempos y plazos previstos normativamente, además de aclarar que la 

Pág.32 de 74 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

notificación de dicho acto administrativo guardaría estricta observancia a los artículos 83 y siguientes de la referida Ley. Añadió que, las notas de respuesta cumplen con el artículo 24 de la Constitución Política del Estado, concordante con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 68 de la Ley 2492, siendo que la sujeto pasivo no asimilo que las respuestas en dichas notas, no corresponden a un acto administrativo aislado (páginas 43-45 del acto impugnado). 

Asimismo, la entidad fiscalizadora, dejó sentado -en el acto impugnado-que, las formas de notificación dispuestas por el artículo 83 de la Ley 2492, no son excluyentes entre sí y deben adecuarse en función a la finalidad de la notificación como procedimiento, por ello, si las condiciones se modifican puede optarse por la que más se adecúe a los supuestos fácticos. Precisó que, si bien optó por un medio de notificación en las primeras dos notas de respuesta, no constituye transgresión normativa el.elegir.otro medio de notificación, toda vez que, no se constituyen en Vista de Cargo ni una Resolución Determinativa, no apertura término probatorio, no impone sanción alguna y tampoco se ‘constituye en derivación de la acción administrativa a subsidiarios (páginas 43-45 del acto impugnado). 

– 

– 

– 

A continuación, la entidad recurrida, cito’ el Auto Supremo N°,308/2012 de 22 de agosto, señalando que, respecto a las “(…) artimañas procesales’o que la notificación de dichas respuestas solo figuraria en papeles, aludiendo asi delitos de tipo penal (...)”, la sujeto pasivo, en caso de considerarlo necesario, deberá demostrar en la instancia que corresponda dicho extremo, siendo que esta Administración Tributaria también resguarda a los funcionarios el derecho de seguir las acciones legales que consideren pertinentes (páginas 43-45 del acto impugnado). 

afao ISO 900

calidad 101 CNNCSTION 

Respecto a la devolución física de actuados administrativos por parte de la administrada, la entidad recurrida, en la Resolución recurrida ratificó lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 74 de la Ley 2492, sosteniendo que al notificar a la sujeto pasivo con la Orden de Verificación No 18300200113, dio inicio al proceso determinativo de conformidad al artículo 10 de la Resolución Normativa de Directorio 10-0032-16, precisando como base legal de sus amplias facultades, el artículo 100 de la Ley 2492, Señaló que fue comunicado a la sujeto pasivo, que la respuesta a sus alegatos, la tendría en el documento que corresponde, puesto que, el proceso determinativo, es un procedimiento reglado por Ley. no pudiendo de manera antojadiza aislar partes del mismo en virtud de una pretensión. 

Aranboxeja 

ZOO 

am 

Www 

43 

11 

la 

Pág.33 de 74 

NO/ISO 

9001 IBNORCA Sistema de Gestión 

de la calidad Cauticado N 771/

Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a karnani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oromita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Av. Oquendo N° 381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos (5914) 4140011 4140012 – www.ait.gob.bo. Cochabamba, Bolivia 

Prosiguió, refiriendo el principio de trascendencia y explicó que: (…) el argumento de (…) en caso de negativa o rechazo, se habiliten los mecanismos de defensa o impugnación...’ no cabe a colación puesto que el proceso determinativo establece los plazos y mecanismos que activan dichas garantias, siendo que la sola presentación del presente descargo demuestra el ejercicio objetivo de su derecho a la defensa, petición, y sobre todo la garantia constitucional del debido proceso, siendo que aún no se han agotado los mecanismos que la Ley prevé en favor del sujeto pasivo(página 46 del acto impugnado)

De la misma forma, la entidad recurrida, al momento de responder los argumentos de descargo planteados por la sujeto pasivo, en la Resolución Determinativa impugnada, señaló que la teoría de los frutos del árbol envenenado, es la derivación de tipo penal de la doctrina de las reglas de exclusión y suponiendo que dicha teoríafuera aplicable en materia tributaria o administrativa, con carácter previo, la sujeto pasivo debió identificar el medio ilícito o ilegal y la prueba asi obtenida, siendo que las notas referidas, no cumplen dicha condición. Al efecto, citó la Sentencia Constitucional Plurinacional 0607/2018-S1 de 8 de octubre y se ratificó en la legitimidad y legalidad del trabajo realizado en virtud a lo cursante en el expediente administrativo (páginas 46-47 del acto impugnado). 

Asimismo, la entidad recurrida en el acto impugnado, después de transcribir los argumentos de descargo de la parte ahora recurrente, bajo el título RESPECTO A LA INEXISTENCIA DEL HECHO GENERADOR, se ratificó en lo establecido en el numeral 2 del artículo 70 de la Ley 2492, salando que el incumplimiento a dicho artículo (obligaciones tributarias del sujeto pasivo), no implica el permiso flagrante de transgredir las disposiciones normativas en materia tributaria, conforme dispone el numeral 2 del parágrafo I del artículo 93 de la citada Ley; puesto que, el ejercicio determinativo al estar reglado y normado, tiene por objeto establecer si existen o no diferencias respecto al correcto comportamiento tributario de los sujetos pasivos, independientemente de que se encuentren inscritos o no (páginas 48-49 del acto impugnado). 

Respecto al error de tipo” invocado por la sujeto pasivo, la entidad recaudadora citó el artículo 153 de la Ley 2492 y numeral 1 del artículo 16 del Código Penal y señaló que dicha categoría está apartada a materia penal en lo referido a la culpa y dolo; precisó que, el hecho de no inscribirse en los registros de la Administración Tributaria, no necesariamente implica que no se desarrolle actividades gravadas, puesto que la 

Pág. 34 de 7

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

previsión de personas no inscritas en los registros tributarios, cuyos hechos determinan obligación tributaria se halla contemplada en la Ley 2492. Al respecto, citó los artículos 40, 44 y 59 de la Ley 2492 y señaló que la sujeto pasivo, no puede amparar en su actitud 

negligente el hecho de desconocer la normativa vigente (página 49 del acto impugnado). 

Extendió señalando en el acto impugnado, que conforme disponen los artículos 17 de la Ley 2492; 36, 37, 39, 41 de la Ley 843, la sujeto pasivo no puede desconocer de manera flagrante los contratos de compraventa suscritos en los cuales su persona figura como dueña y vendedora de bienes inmuebles; replicó que: “(…) la no ins 

los registros 

tributarios no implica que el sujeto pasivo no ejerza actividades gravab lo establece la Ley N° 2492, haciendo una previsión de las personas no inscritas en sus preceptos normativos, la actividad que realizó; compra de terrenos no para ser utilizados como vivienda ni otro fin de indole personal, sino para proceder a vender departamentos, parqueos y bauleras en la gestión fiscalizada generando utilidades de fuente boliviana constituye el hecho generador, su perfeccionamiento los contratos de compraventa, la combinación de factores de producción su condición de sujeto pasivo (artículos 37°, 39° y 41o de la Ley N° 843)” (página 50 del acto impugnado). 

Continuando con la lectura del acto impugnado, se tiene que la Administración Tributaria, señaló que, la definición de empresa refiere al cumplimiento de la condición de coordinar factores de producción en actividades industriales y comerciales; manifestando: “4.) respecto a la coordinación de factores, si el sujeto pasivo no los coordina, ¿cómo es posible que un terreno comprado por su persona se convierta en un bien inmueble que posteriormente es vendido? (departamento, parqueo o baulera)”. Añadió que, conforme a disposiciones legales, los documentos contables elaborados a fin de determinar obligaciones tributarias, no implica una limitante a lo dispuesto por el numeral 2 del parágrafo I del artículo 93 de la Ley 2492, ya que, el procedimiento determinativo consiste en validar o disentir las obligaciones tributarias determinadas (o no determinadas) por el 

sujeto pasivo, a partir de la documentación con la que tiene en su poder, en virtud del principio de verdad material, independientemente de que la sujeto pasivo decidiera o no inscribirse en los registros tributarios (página 50 del acto impugnado). 

afaq 

ISO 900

Calidad AFNLATNICATION 

T

Araniber Feria 

voB

BUT

QNet 

IN 

De la misma forma, señaló que no es evidente la vulneración del principio del debido proceso puesto que, citó las leyes y normas al efecto, para deducir (en virtud de que la 

Eric Asto

Pág.35 de 7

NB/$ 

9001 IBNORCA 

Sstema de Gestión 

de la Caldad CetiladoN77114 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Av. Oquendo N 381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012. www.ait.gob.boCochabamba, Bolivia 

base imponible es determinada en observación al articulo 44 de la Ley 2492), el hecho generador, su perfeccionamiento, y la correspondiente obligación tributaria, además de establecer los plazos procesales y encontrarse en curso los mecanismos y vías que la Ley prevé (página 51 del acto impugnado). 

Sobre la “NOTIFICACIÓN DE LA VISTA DE CARGO FUERA DE PLAZO”, argumento expuesto como descargo por la sujeto pasivo, la Administración Tributaria preciso en el acto impugnado, que no incumplió el artículo 104 de la Ley 2492, ni estableció la aplicación del artículo 33 de la Ley 2341 como causal de nulidad, ya que, el procedimiento de notificación es normado por el artículo 83 de la Ley 2492. Agregó que respecto a la conculcación del principio de eficacia invocado, las dilaciones indebidas se constituyen en incumplimientos a la norma y Ley; que, el proceso determinativo goza de fundamento legal; que, la alegoría de invocar la “Nulidad de Pleno Derecho“, carece de fundamento legal y la repetición del mismo alegando genéricamente conculcación de derechos y garantías constitucionales no lo hace más cierto (páginas 51-52 del acto impugnado). 

Continuando con la lectura del acto impugnado, se tiene que, bajo el título RESPECTO A LA INDEBIDA E ILEGAL APLICACIÓN DE LA ‘BASE PRESUNTA’ EN UN ATÍPICO PROCESO DE DETERMINACIÓN“, la Administración Tributaria, transcribió los argumentos de la sujeto pasivo; asimismo, citó el artículo 44 de la Ley 2492 y precisó que, las circunstancias fácticas le habilitaron legalmente el uso del método de determinación de la base imponible sobre base presunta, ya que si bien, es de conocimiento cierto los ingresos percibidos a partir de las minutas de compraventa, donde la sujeto pasivo se identifica como LA VENDEDORA”, consignando en cada una de ellas su firma, importes ratificados en los respectivos Formularios 430 (Transmisión o Enajenación de Bienes) y en virtud del artículo 47 de la Ley 2492, al desconocer los gastos incurridos, por la actitud obstaculizadora de la sujeto pasivo, procedió a hacer uso de las amplias facultades emanadas por Ley, acudiendo a realizar una búsqueda de elementos probatorios (Big Data, Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, Consejo de la Magistratura, Notarios de Fe Pública, Cámara Departamental de la Construcción, Colegio de Arquitectos de Cochabamba, Instituto Nacional de Estadísticas, siendo que, los medios extrañados como peritajes, cuestionarios, entrevistas o cruces a proveedores, tampoco podrían haber dado como resultado el conocimiento cierto del gasto como pretende hacer ver el sujeto pasivo (página 52-57 del acto impugnado)

Pág.36 de 74 

TUTU 

11 

II

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional do Bolivia 

Prosiguió citando el artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio 10-0017- 13 y señaló que las circunstancias y hechos previstos en el artículo 44 de la Ley 2492, fueron los que validaron legalmente la aplicabilidad del método de determinación de la base imponible sobre base presunta; y que, la técnica utilizada (inciso d) del artículo 8 de la Resolución Normativa de Directorio 10-001713), se encuentra prevista mediante reglamento; que, la técnica contribuyentes similares, no es de aplicación por las condiciones que exige dicha técnica. 

Citó los artículos 80 de la Ley 2492 y 11 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10 001713 y señaló la inexistencia de argumento razonable para aludir conculcación de derechos, siendo que la técnica utilizada refiere de manera concreta los elementos y datos utilizados de cada contribuyente (Ay B); refirió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT RJ-0446/2020 de 26 de febrero de 2020 y aclaró que, el porcentaje promedio del costo de los materiales, la mano de obra y otros gastos indirectos (68.76%), noincluye el costo del terreno, que fue determinado siguiendo criterios propios al caso concreto detallado en la Vista de Cargo (página 57-59 del acto impugnado)

Asimismo, la Administración Tributaria al momento de evaluar los descargo planteados por la sujeto pasivo, precisó en el acto impugnado que, cada una de las minutas de compraventa identifica a la recurrente como vendedora; y como enajenante o cedente, en los formularios de transmisión o enajenación de bienes, además, según Resolución Ejecutiva No 070/2012 emitida por el Gobierno Autónoma Municipal de Cercado Cochabamba, resulta ser la solicitante para la aprobación del plano de “DIVISIÓN EN PROPIEDAD HORIZONTAL” que también la identifica como propietaria del Edificio Plaza Real. Agregó que, la definición de Empresa recae en la redacción normativa a fines del IUE, no así, de lo que el sujeto pasivo entiende en un amplio sentido conceptual; y en caso de existir otra razonable explicación, en el marco del ejercicio de la carga de prueba, la sujeto pasivo debió demostrar el mismo, puesto que, el argumento de probar la categoría conceptual de constructor a fines de lo que el sujeto pasivo entiende es subjetivo (página 59 del acto impugnado). 

afao 

S

ISO 900

Calidad FOR CERTEKAN 

V

GOS 

Du Aan der Mera

VORO 

1lf 

TOULEN 

LIQNet 

AMICO 

Sobre la información de los contribuyentes A y B, la entidad recurrida citó el artículo 67 de la Ley 2492, señalando que el mismo, prevé el levantamiento de la confidencialidad, ante la vía llamada por Ley, ya que la Vista de Cargo contiene los elementos suficientes para 

Ernsherto 2 Rojas auta 

YOB 

Pág.37 de 74 

NB/ISO 

9001 IBNORCA 

Sistema de Gestion 

de la Gardad Cotificador 77114 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti ofomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Av. Oquendo N°381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012 www.ait.gob.bo. Cochabamba, Bolivia 

TIEEL 

establecer técnica y legalmente los costos a los cuales arribó. Añadió que, el derecho a la defensa fue, es y será respetado, siendo que los elementos que extraña el sujeto pasivo de los contribuyentes A y B y su nexo con la imposibilidad de ejercer activamente el derecho a la defensa, no fueron establecidos, menos hizo uso de la prueba en contrario. Replicó que, respecto a los costes, los datos con los que cuenta la Administración Tributaria surgieron de la aplicación técnica y normativa referida ampliamente en la Vista de Cargo, y en caso de objetar la utilidad, está debería ser mediante prueba en contrario (páginas 59-60 del acto impugnado). 

Prosiguiendo con el análisis del acto impugnado, respecto a la valoración de los descargos, se advierte que, la entidad recurrida también, transcribió los argumentos de la sujeto pasivo, respecto a las “CONSIDERACIONES GENERALES“, y sobre el principio de verdad material, después de citar la Sentencia Constitucional N° 0427/2010-R de 28 de junio, señaló: (…) siendo que la verdad formal no exigiria en ningún momento iniciar un proceso determinativo a una persona no inscrita, y tal sentido es contrario al principio de verdad material y al principio de legalidad signado en las Leyes No 2492, 2341, así como a la propia Constitución Politica del Estado. Precisó que, sobre la igualdad exigida por la sujeto pasivo para con los inmuebles y construcciones comparadas, la técnica utilizada para la determinación, en ningún momento refirió contribuyentes iguales, pues la comparativa no podría ser jamás demostrable por el principio de no contradicción; que, los parámetros referidos en artículo 96 de la Ley 2492 se ajustaron al presente caso y rige la prueba en contrario. Al respecto citó la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0447/2020 y sostuvo que, el procedimiento determinativo cuenta con los elementos suficientes, para en primera, instancia colegir el acaecimiento del hecho generador, su perfeccionamiento y la calidad de sujeto pasivo de Dehne Delgadillo Lourdes (páginas 60 62 del acto impugnado). 

Expuso que, en el cuadro cursante a fojas 37 de la Vista de Cargo: DETERMINACION DE LA BASE IMPONIBLE E IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS JUE SOBRE BASE PRESUNTA, figura el Estado de Resultados e identifica que la sujeto pasivo no presentó información respecto a gastos de operación y otros egresos incurridos, y aún dentro las amplias facultades otorgadas a la Administración Tributaria, no pudo identificar los mismos. Punteó que, la deducibilidad de dichos gastos/egresos de la base imponible, fueron de entera responsabilidad de la sujeto pasivo y que a fines netamente 

Pág.38 de 7

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

contables, el no consolidar valor alguno en estas partidas no implica que las mismas no existan. Respecto a la documentación obtenida por el Servicio de Impuestos Nacionales en el proceso determinativo, citó los artículos 71 de la Ley 2492 e inciso d) del artículo 4 de la Ley 2166, señalando que, la información y datos obtenidos gozan de legalidad y legitimidad, máxime cuando la sujeto pasivo se negó a proporcionar datos a la Administración Tributaria (página 62-63 del acto impugnado)

Sobre la prescripción planteada por el sujeto pasivo, como descargo a la Vista de Cargo, la Administración Tributaria en la Resolución Determinativa impu después de citar los artículos 5 de la Ley 2492, 232 de la Constitución Política del Estado e inciso f) del artículo 3 del Decreto Supremo 29894, sostuvo que, a efectos de dar estricto cumplimiento con el principio de Legalidad, debe regir sus actuaciones como sujeto activo-, por las disposiciones legales vigentes. Expuso las modificaciones realizadas a los artículos 59 y 60 la Ley 2492, mediante las Leyes 291, 317y 812; para después señalar que, lo dispuesto en la Ley 812 es aplicable al presente caso, al ser de mayor beneficio en relación a la anterior modificación.. 

Asimismo, dejó sentado que, de acuerdo a la consulta al Sistema de Recaudo para la Administración Tributaria (SIRAT II), la sujeto pasivo no cuenta con registro ante la Administración Tributaria; y que, la Ley 812 establece un cómputo de prescripción de 8 años, más 2 años adicionales en virtud a la conducta obstaculizadora de la contribuyente, motivo por el cual, sosteniendo que la facultad para determinar la deuda tributaria, no 

prescribió (página 6365 del acto impugnado)

Agregó que, sin convalidar el error de interpretación forzada del instituto prescriptivo como una forma sustantiva, olvidando que también es una forma adjetiva; la prescripción planteada por la sujeto pasivo en aplicación del artículo 59 de la Ley 2492, sin modificaciones, inició el 1 de enero de 2014, finalizando el 31 de diciembre de 2020 y con la supleción por la notificación de la Orden de Verificación, esta se extendería hasta el 30 de junio de 2021 (página 65 del acto impugnado)

afaq 

ISO 900

calidad AFNCH CORVIKATION 

TES 

ve Aranibar Hefia 

WI

VOB 

Finalmente, respecto al “PETITORIO”, realizado en el memorial de descargo a la Vista de Cargo, la entidad recurrida señaló, que en el presente caso, no evidenció causales para que opere la nulidad, conforme los artículos 35 y 36 de la Ley 2341. Al efecto, citó los 

DE

Pág.39 de 74 

NO/150 

9001 IBNORCA Satenta de Gestión 

de la calidad Cattia N77/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarann 

Av. Oquendo N°381 entre Venezuela y Ecuador; Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011:- 4140012 www.ait.gob.bo*Cochabamba, Bolivia 

Autos Supremos 223/2013 de 06 de mayo de 2013 y 473 de 20/11/2012 y doctrina sobre la nulidad o reposición de obrados como una medida de última ratio, subordinada a la concurrencia de determinados principios procedimentales (páginas 6566 del acto impugnado)

Ahora bien, del análisis a los argumentos ofrecidos por la sujeto pasivo como descargo a la Vista de Cargo a través de su nota de 12 de junio de 2020 y el contenido de la Resolución Determinativa impugnada desarrollados en los párrafos anteriores, resulta evidente que la Administración Tributaria atendió los descargos presentados por la administrada, efectuando una explicación y fundamentación respecto a las razones por las que no resultarían suficientes cada uno de los argumentos planteados por la ahora recurrente para desvirtuar los cargos establecidos en la citada Vista de Cargo

Consecuentemente, se infiere que el Servicio de Impuestos Nacionales cumplió lo dispuesto en los numerales 2,6 y 7 del artículo 68 de la Ley 2492 al resolver, inicialmente en la Vista de Cargo, los argumentos expuesto por la sujeto pasivo mediante notas de 10 de enero, 7 de marzo, y 23 de abril de 2019; y posteriormente, en el acto impugnado, todos los aspectos planteados como descargo a la vista de Cargo; quedando evidenciado la no existencia de vulneración al debido proceso y derecho a la defensa establecidos en el parágrafo Il del artículo 115 y parágrafo 1 del artículo 117 de la Constitución Política del Estado; aspecto que permite advertir, que sobre el punto en particular, la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa impugnada, dieron cumplimiento a lo dispuesto por el parágrafo I del artículo 96 y parágrafo II del artículo 99 de la Ley 2492; por consiguiente, corresponde desestimar lo agraviado al respecto

IV.2. Incumplimiento de plazo para emitir y notificar la Vista de Cargo. La parte recurrente, afirmó que la Orden de Verificación No 18300200113 fue notificada el 27 de diciembre de 2018 y la Vista de Cargo fue manejada para que figure como si hubiera sido emitida el 23 de diciembre de 2019, cuando fue notificada el 4 de marzo de 2020, casi tres meses después, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 2492. Citó lo dispuesto en el artículo 33 y el inciso d) del artículo 28 de la Ley 2341, para señalar que la notificación de la Vista de Cargo es nula, en aplicación del inciso c) del artículo 35 de la referida Ley, siendo que precluyó el derecho del ente recaudador para notificar la vista de Cargo. Agregó que, resulta necesario precautelar el derecho de los sujetos pasivos a que 

Pág.40 de 74 

II 

AITU 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

los plazos se cumplan, lo contrario implicaria contravenir el principio de sometimiento pleno a la Ley. Al efecto, citó el artículo 4 y el inciso i) del artículo 16 de la Ley 2341. 

Por su parte, la Administración Tributaria afirmó que la Ley 2492 no contempla la caducidad o pérdida de sus facultades ante el incumplimiento de plazo, cuando el artículo 104 de dicho cuerpo legal, no recoge en su texto un término de perentoria; y si bien debe observar el plazo dispuesto, su inobservancia no causa la pérdida de la facultad de determinar la deuda tributaria o dejar sin efecto la presunción de deuda establecida, sino que, conforme a los artículos 35 y 36 de la Ley 2341, será o 

como un acto anulable, cuando así lo imponga la naturaleza del termino o plazo. 

Agregó que, por el principio de especificidad no es posible declarar la nulidad de una actuación y. no obstante, que entre la emisión de la Vista de Cargo y su notificación, transcurrieron más de cinco días, la norma no estableció de forma expresa que las notificaciones fuera de plazo pueda causar la anulabilidad del acto, además que la sujeto pasivo presentó descargos en el plazo de 30 de días por tanto, no le causó indefensión. 

Desarrollados los argumentos de las partes, según la Sentencia Constitucional Plurinacional 022/2015-S2 de 16 de enero, sostiene que: “C…) los presupuestos o . antecedentes necesarios para que opere la nulidad procesal son: a) Principio de especificidad o legalidad, referida a que el acto procesal se haya realizado en violación de prescripciones legales, sancionadas con nulidad, es decir, que no basta que la ley prescriba una determinada formalidad para que su omisión o defecto origine la nulidad del acto o procedimiento, por cuanto ella debe ser expresa, especifica, porque ningún trámite o acto judicial será declarado nulo si la nulidad no está expresamente determinada por la 

ley, en otros términos No hay nulidad, sin ley específica que la establezca’ (Eduardo Cuoture, ‘Fundamentos de Derecho Procesal Civil’ p. 386) (…)”

afao 

iso 900

Calidad AMOE CELTIFICATION 

Aranibar Meja V. VoBo 

ONet 

De igual forma, la doctrina administrativa considera que: Los vicios determinan las consecuencias que ocasionan, conforme a un criterio cualitativo, de práctica jurisprudencial y política jurídica, así a menor grado del vicio, el acto puede ser válido o anulable; por el contrario si el vicio es grave o muy grave, el acto será nulo y sólo en casos de grosera violación del derecho o falta de seriedad, será inexistente(GORDILLO, Agustin, Tratado de Derecho Administrativo. Tomo 3, p. XI-40). Asimismo, Manuel Ossorio 

LENT. – 

Wwwww 

VoB

wwwwwww 

DER 

Pág.41 de 74 

NB/ISO 

9001 IBNORCA 

Sistema de Gestio

de la Caldad Certificado N771/14 

Justicla tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Av. Oquendo N°381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012 www.ait:gobibo. Cochabamba, Bolivia 

en el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Pág. 90, considera anulable: La condición de los actos o negocios jurídicos que pueden ser declarados nulos e ineficaces por existir en su constitución un vicio o defecto capaz de producir tal resultado, los actos anulables son válidos mientras no se declare su nulidad”. 

Asimismo, el artículo 98 del citado cuerpo legal, respecto a los descargos, dispone: “Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) dias para formular y presentar los descargos que estime convenientes (…)

También el parágrafo V del artículo 104 de la Ley 2492, prevé que desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo, no podrán transcurrir más de doce (12) meses; sin embargo, cuando la situación amerite un plazo más extenso, previa solicitud fundada, la máxima autoridad ejecutiva de la Administración Tributaria podrá autorizar una prórroga hasta por seis (6) meses más. 

Ahora bien, de la revisión de antecedentes administrativos, se advirtió que la Administración Tributaria realizó las siguientes actuaciones relevantes en el procedimiento de determinación, expuestas en el siguiente cuadro referencial: 

Actuaciones Antecedentes Administrativos 

Fecha de Emisión 

Fecha de Notificación 

Fojas (Antecedentes Administrativos) 

6 y 14 

Orden de Verificación No 18300200113 

11/10/2018 

27/12/2018 

Vista de Cargo N° 291930000658 

23/12/2019 

04/03/2020 

1296-1334 y 1338 

Resolución Determinativa N° 172030000385 

31/07/2020 

26/08/2020 

14351502 y 1506 

Del cuadro que antecede, se colige que, la sujeto pasivo fue notificada con la Orden de Verificación No 18300200113, el 27 de diciembre de 2018, una vez concluido el proceso de verificación, la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Vista de Cargo N° 291930000658 el 23 de diciembre de 2019, acto notificado a la parte recurrente el 4 de marzo de 2020; finalmente, el 31 de julio de 2020 emitió la Resolución Determinativa N° 172030000385, notificada a la sujeto pasivo el 26 de agosto de 2020. 

Conforme a la normativa descrita en párrafos previos, desde la notificación con la Orden de Verificación No 18300200113, la Administración Tributaria tenia el plazo de 12 meses 

e

Pág.42 de 74 

LIN 

1 III 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

para la conclusión del proceso iniciado con la referida Orden de Verificación; plazo en el cual, emitió la Vista de Cargo N° 291930000658 de 23 de diciembre de 2019, notificada a la sujeto pasivo el 4 de marzo de 2019, otorgando a la sujeto pasivo el plazo de 30 días 

para la presentación de documentación de descargo, conforme lo establecido en el artículo 98 de la Ley 2492; y que cumplido dicho plazo, la Administración Tributaria tenía 

sesenta (60) días para la emisión de la Resolución correspondiente. 

De lo expuesto previamente, se infiere que la Administración Tributaria emitió la mencionada Vista de Cargo N° 291930000658, dentro el plazo de los 12 meses previsto por el parágrafo V del artículo 104 de la Ley 2492; asimismo, cabe hacer notar que la sujeto pasivo notificada con dicho acto, contaba con el plazo de treinta (30) días establecido en el artículo 98 de la Ley 2492, a fin de aportar la documentación e información de descargo que considere pertinente y así ejercer su derecho a la defensa. 

En consecuencia, no resultó evidente el reclamo aludido por la sujeto pasivo, sobre la vulneración del derecho al debido proceso y la seguridad jurídica, toda vez que, la Vista de Cargo fue emitida dentro del plazo previsto por Ley; y que de antecedentes administrativos se advierte incluso que la sujeto pasivo, a modo de ejercer su derecho a la defensa, como descargo a la vista de Cargo 291930000658, presentó la nota de 12 de junio de 2020 (fojas 1383-1406 de antecedentes administrativos); aspecto que evidencia, que la parte recurrente, ejerció los derechos que la Ley le otorga. 

— 

– 

– 

Por otro lado, en relación a lo argumentado por la recurrente, respecto a que la Orden de Verificación No 18300200113, fue notificada el 27 de diciembre de 2018 y la Vista de Cargo 291930000658, el 4 de marzo de 2020, es decir, casi 1 año y 3 meses, entre la notificación de un actuado y el otro; es importante precisar que, el parágrafo V del artículo 104 de la Ley 2492 desarrollado en párrafos anteriores, establece un plazo de doce (12) meses, desde la notificación de la Orden de Verificación, para la emisión de la Vista de Cargo, más no estipula un plazo que incluya la notificación de la Vista de Cargo, mucho menos dispone la concurrencia de caducidad y nulidad de algún acto administrativo ante dicho escenario, debiendo en consecuencia desestimar el reclamo d

afao iso 900

calidad AFNON CERTIFICATION 

T

Ve Aranibar Helia 

VoBo 

ONet 

la sujeto pasivo al respecto. 

LANA 

17 

is ditsberto all 

Sobre el inciso d) del artículo 28 e inciso c) del artículo 35 de la Ley 2341, aludidos por 

la sujeto pasivo, sosteniendo que uno de los elementos esenciales del acto 

NƏ/150 900) 

Pág.43 de 74 

IBNORCA 

Sistema de Gestio

de la calidad CertizoN77114 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mil’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti ořomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Av. Oquendo N° 381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012 www.ait.gob.bo.Cochabamba, Bolivia 

administrativo, es el procedimiento, como instrumento para garantizar la efectividad de sus derechos, por lo que, la emisión y notificación de la Vista de Cargo sería nula; corresponde señalar, que conforme constan en antecedentes administrativos, las diferentes diligencias de notificación de todos los actos emitidos por la Administración Tributaria, es decir, desde la Orden de Verificación No 18300200113 (inicio del proceso 

inativo), Vista de Cargo N° 291930000658 (conclusión del trabajo de campo) y finalmente la Resolución Determinativa N° 172030000385 (acto definitivo del proceso determinativo), fueron de pleno conocimiento de la recurrente. 

Prueba de lo señalado en el párrafo previo, es que, la parte recurrente, a la notificación de la Orden de Verificación, presentó la nota de 10 de enero de 2019 y una vez notificada la vista de Cargo, presentó descargos a dicho acto administrativo (fojas 17 19 y 13831406 de antecedentes administrativo), para finalmente, conociendo el contenido del acto definitivo (Resolución Determinativa), interponer en los plazos previsto por Ley, el recurso objeto de análisis (fojas 69-84 del expediente administrativos); es asi que, lo descrito previamente, evidencia que no hubo transgresión al debido proceso en el derecho a la defensa de la sujeto pasivo, dentro del procedimiento de determinación llevado a cabo en su contra

Por otra parte, sobre lo aludido por la sujeto pasivo, respecto a que la Vista de Cargo fue hábilmente manejada” para que figure como si hubiera sido emitida el 23 de diciembre de 2019, cuando la misma fue notificada el 4 de marzo de 2020 (fojas 76 del expediente administrativos); precisar que, a fojas 1296-1334 de antecedentes administrativos, cursa la Vista de Cargo No 291930000658 de 23 de diciembre de 2019, no evidenciando ningún tipo de alteración a la fecha de emisión del citado acto 

administrativo. Al respecto, es importante señalar que los reclamos planteados por la 

parte recurrente, deben contar con fundamentos de hecho y derecho así como la prueba que demuestre lo aseverado, por lo que mal podría la sujeto pasivo exponer vulneraciones bajo alegaciones carentes de sustento técnico legal así como prueba; por tanto, corresponde desestimar dicha alegación al amparo de lo establecido en el artículo 76 de la Ley 2492. 

En consecuencia, al advertir que la vista de Cargo, fue emitida en el plazo previsto en el artículo 104 la Ley 2492 y que, la notificación de la Vista de Cargo, después del plazo (

Pág.44 de 74 

– 

THU 

JU 

AUTORIDAD DE JMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bollvia 

días) dispuesto en el artículo 33 de la Ley 2341, no se encuentra sancionada de nulidad y mucho menos influyó en el proceso de determinación como tal, tampoco privó a la recurrente de su derecho a la defensa para presentar los descargos que crea conveniente en el transcurso de la verificación, corresponde desestimar el reclamo planteado por el recurrente al respecto. 

IV.3. Con relación a la fundamentación en la atribución de sujeto pasivo del IVE. La parte recurrente señaló que, a pesar de los descargos presentados, relacionados con el nacimiento de la obligación tributaria atribuida, la Administración Tributaria replicó el contenido de la Vista de Cargo, forzando la aplicación de los artículos 37, 39 y 41 de la Ley 843, sin expresar mayor elemento de análisis y evaluación. 

Manifestó que, por el principio de legalidad y transparencia, el alcance de la verificación, vulneró el derecho al debido proceso como el principio de transparencia, correspondiendo la anulación del proceso hasta la Orden de Verificación, siendo que el alcance no corresponde a actividad desarrollada y de esta manera, vicio de nulidad la emisión de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, por carecer de los elementos necesarios para alcanzar su fin, existiendo’una falta de fundamentación en la normativa que regula la aplicación del (UE.

Puntualizó que, el ente fiscalizador transcribió normativa, empero no explicó ni desarrolló la forma en que la misma se adecúa al hecho fáctico que hacen a la conducta; agregó que la Resolución Determinativa es copia fiel y exacta de la Vista de Cargo, no estableciendo con claridad los fundamentos y razones técnicas para la determinación sobre base presunta y la aplicación de la técnica otros, limitándose a señalar la aplicación de los articulos 43, 44 y 45 de la Ley 2492 y el inciso d) del artículo 8 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-001713. 

afaq 

ISO 900

Calidad AFWOR CERTIFICATIO

Aranbar Mejia 

VOB 

Al contrario, la Administración Tributaria manifestó que la Vista de Cargo y Resolución Determinativa cumplen con los parágrafos I y II del artículo 96 y parágrafo II del artículo 99 de la Ley 2492, cumpliendo con la debida fundamentación y motivación que sustente la determinación sobre base presunta, al exponer los antecedentes de hecho y de derecho que justifican las razones del cargo formulado en contra de la sujeto pasivo. Además, señaló que la información de los contribuyentes “A” y “Bse encuentran en la vista de 

S

wer 

DER 

Pág.45 de 74 

Ne/SO 

9001 IBNORCA 

Sistem 

de Gestión 

de la Coma Certificado 1771/1

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaranl) 

Av. Oquendo N° 381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011:- 4140012 • www.ait.gob:bo. Cochabamba, Bolivia 

Cargo y en la Resolución Determinativa, lo que impide alegar su desconocimiento e indefensión, conteniendo los elementos y valoraciones que fundamentan la determinación de los costos de construcción sobre base presunta, no teniendo relevancia, ni afecta el derecho a la defensa, el conocer sus nombres, al ser documentación considerada confidencial en virtud al parágrafo del artículo 67 de la Ley 2492. 

En cuanto a la fundamentación y motivación de las resoluciones, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0991/2015S1 de 26 de octubre, a través de su razonamiento jurídico jurisprudencial, señaló: (...) Por su parte, la motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales resulta ser una condición de validez de las resoluciones judiciales, puesto que la credibilidad de la administración de justicia radica básicamente en que las decisiones plasmadas en resoluciones estén debidamente motivadas y fundamentadas. La fundamentación implica explicar las razones jurídicas de la decisión judicial, es decir, la cita a las normas jurídicas (Constitución Política del Estado, normas del bloque de constitucionalidad, leyes, etc., así como jurisprudencia constitucional y ordinaria) que son aplicables al caso(las negrillas son añadidas)

Continuo: (…) en tanto que la motivación consiste en establecer los motivos concretos de porqué el caso analizado se subsume en dichos fundamentos jurídicos, pudiendo intervenir en el análisis inclusive motivos de índole cultural, social, axiológico, entre otros, que guiaron a la autoridad judicial a tomar una decisión de una determinada forma. (…) En función a las consideraciones antes señaladas, la importancia de la fundamentación y motivación de las decisiones judiciales, radica básicamente en que el juzgador, a tiempo de emitir su veredicto debe plasmar de manera clara, las razones, motivos y, explicar las normas en las que fundó su decisión, de modo que los justiciables tengan el conocimiento y control sobre la resolución que les involucra a ellos en su condición de partes en la sustanciación del proceso, entendimientos que no pueden limitarse exclusivamente al proceso judicial, sino también al administrativo o corporativo, conforme a la citada SCP 2184/2012(las negrillas son añadidas). 

En concordancia con lo expuesto previamente, la Sentencia Constitucional Plurinacional 1302/2015 de 13 de noviembre, entre otras, refiere que: “(...) la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos 

Pág.46 de 74 

LOROAZIRLANTARANDIARZENOBATANGAS OPEROMODATION 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas

Por su parte, el parágrafo II del artículo 115 y parágrafo I del artículo 117 de la Constitución Política del Estado, establecen que, el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, y que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. En ese marco, los numerales 6 y 7 del artículo 68 de la Ley 2492, contempla como derechos del sujeto pasivo el Debido Proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada, a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalden los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados y a presentar todo tipo de prueba y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por la Administración Tributaria. 

En la normativa tributaria, el parágrafo I del artículo 96 de la Ley 2492 señala: “La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado, y el parágrafo II del artículo 99 del mismo cuerpo legal dispone: “La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa

afaq 

150 9001 

calidad 1FMD CFOCUKARION 

WA 

TO

Aranibar Mejia

YoBo SA 

TQNet 

Por otra parte, el inciso e) del artículo 28 de la Ley 2341, establece como requisitos esenciales del acto administrativo, entre otros, el fundamento, el cual debe expresar en 

ROPS 

za 

CER 

Pág.47 de 74 

NO/ISO 

9001 IBNORCA 

Sistema de Gestió

dala Cadw Cote N771/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jacha kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq karachig (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti ofomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Av. Oquendo N:381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012. www.ait.gob.bo.Cochabamba, Bolivia 

forma concreta las razones que inducen a emitir el acto. Asimismo, el parágrafo ll del artículo 31 del Decreto Supremo 27113, sobre la motivación de los actos, establece que: “La motivación expresará sucintamente los antecedentes y circunstancias que resulten del expediente; consignará las razones de hecho y de derecho que justifican el dictado del acto; individualizará la norma aplicada, y valorará las pruebas determinantes para la decisión“. 

Finalmente, el parágrafo 11 del artículo 36 la Ley 2341, aplicable supletoriamente al caso, en virtud del numeral 1 del artículo 74, de la Ley 2492, dispone que el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados

Expuestas las posiciones de las partes y el marco normativo inherente al reclamo, inicialmente corresponde la revisión de la Vista de Cargo N° 291930000658 de 23 de diciembre de 2019, acusada por la parte recurrente de carecer de los elementos necesarios para alcanzar su fin, por vulnerar el derecho al debido proceso al no corresponder a la actividad desarrollada y ante la falta de fundamentación en la normativa que regula la aplicación del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, no explicando la forma en que la misma se adecúa a la conducta. 

En ese contexto, revisado el contenido de la Vista de Cargo N° 291930000658, el referido acto administrativo identificó: “(...) la sujeto pasivo DEHNE DELGADILLO LOURDES ha utilizado capital, ya que adquirió terrenos (tierra) para la construcción del Edificio “PLAZA REAL“, coordinando capital en la compra de materiales y otros costos indirectos y trabajo en la mano de obra utilizada para el efecto y posteriormente procedió a la venta de departamentos, parqueos y bauleras en la gestión fiscalizada (enero a diciembre de la gestión 2012) obteniendo utilidades de fuente boliviana conforme establece el Art. 4. la Ley 843, que no fueron declaradas conforme a Ley, omitiendo la cancelación del impuesto correspondiente a la utilidad neta imponible obtenida en dichas transferencias(fojas 1297 de antecedentes administrativos). 

A continuación, la entidad recurrida señaló: “Al respecto cabe mencionar que se consideran de fuente boliviana según el inciso d) del Art. 4o del DS No 24051 toda otra utilidad que haya sido generada por bienes materiales o inmateriales y por derechos 

Pág.48 de 74 

II 

AUTORIDAD DE I PUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

situados, colocados o utilizados económicamente en el país o que tenga su origen en 

hechos o actividades de cualquier indole, producidos o desarrollados en el país. Por lo tanto, la actividad realizada por la sujeto pasivo fue de carácter industrial de construcción y posteriormente comercial (como generador de utilidades) motivo suficiente para determinar que está sujeta al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE)” (fojas 1297 de antecedentes administrativos). 

Dicha entidad, concluyó sus argumentos sosteniendo: En consecuencia, la sujeto pasivo DEHNE DELGADILLO LOURDES es sujeto pasivo del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) en el entendido que ha utilizado capital para la compra de los terrenos donde se construyó el Edificio “PLAZA REAL, posteriormente realizó la construcción de los departamentos, parqueos, y bauleras en propiedad horizontal sobre los terrenos mencionados precedentemente, no para ser utilizados como vivienda ni otro fin de indole personal, sino para proceder a vender departamentos, parqueos y bauleras en la gestión fiscalizada (enero a diciembre de la gestión 2012), obteniendo INGRESOS NO DECLARADOS y por ende una UTILIDAD IMPONIBLE NO DECLARADA, que es alcanzada por el IUE. Asimismo, para fines de la determinación, es evidente que la sujeto pasivo realizó una actividad industrial de construcción para su comercialización, por lo que en virtud del-Artículo 37° de la Ley N° 843 que señala que las empresas unipersonales son sujetos del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE)!y según el Artículo 39° de la Ley 843, a los fines de este impuesto se entenderá por empresa toda unidad económica, inclusive las de carácter unipersonal, que coordine factores de la producción (capital, tierra y trabajo) en la realización de actividades industriales y comerciales (entre otras), queda demostrado y fundamentado que la sujeto pasivo DEHNE DELGADILLO LOURDES con C.I. 623958 es sujeto pasivo del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) al haber realizado la construcción del Edificio “PLAZA REALpara realizar la actividad comercial de venta de departamentos, parqueos y bauleras, obteniendo utilidades que son de fuente boliviana confome establece el Art. 42° de la Ley N° 843(fojas 1297 y 1298 de antecedentes administrativos). 

afao 

ISO 900

calidad AMOR CERTIFICINOM 

TAPI 

A

Aranibar Mej

V

UVIN 

NUR 

var 

I

REE 

Continuando con la compulsa de la Vista de Cargo N° 291930000658, en el numeral 7 del acápite: HECHOS, ACTOS, DATOS, ELEMENTOS Y VALORACIONES DE CUNDA FUNDAMENTO A LAS OBSERVACIONES, el Servicio de Impuestos Nacionales señaló: “Con la finalidad de obtener información respecto al registro del Edificio “PLAZA 

Pág.49 de 74 

NB/ISO 

9001 IBNORCA 

Sistema de Gestión 

de to Certificado N771/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Av. Oquendo N° 381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (591-4) 4140011–4140012-www.ait.gob.bo. Cochabamba, Bolivia 

REALreferida a la propiedad del inmueble, número de matrícula, superficie, N° de Escritura Pública y la fecha de venta que permiten establecer las transacciones realizadas en la gestión fiscalizada, en mérito al Convenio Interinstitucional del Servicio de Impuestos Nacionales (S.I.N.) y el Consejo de la Magistratura, se han extraído los registros del Sistema SINAREPWEBFolio Real de Derechos Reales de cada una de las matrículas de los departamentos, parqueos y bauleras por plantas desde el sótano hasta el último piso construido del Edificio “PLAZA REAL. Como resultado del procedimiento aplicado, se ha podido identificar a la sujeto pasivo como propietaria del terreno y Departamentos en Propiedad Horizontal y de los nuevos copropietarios, evidenciando que la sujeto pasivo efectuó la venta de bienes inmuebles en Propiedad Horizontal consistente en Departamentos, Parqueos y Bauleras (…)para luego señalar el detalle de los bienes inmuebles transferidos (fojas 1300-1309 de antecedentes administrativos). 

Por lo desarrollado previamente, se colige que la Vista de Cargo No 291930000658, expuso la fundamentación que permitió a la sujeto pasivo conocer la actividad que, a entender de la Administración Tributaria, se constituyó en el hecho generador del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, concibiéndola como el uso de capital para la construcción y posterior venta de departamentos, parqueos y bauleras en la gestión fiscalizada (enero a diciembre de la gestión 2012). 

Asimismo, se advirtió que la entidad recurrida, citó la normativa concerniente a la relación de la actividad de la sujeto pasivo y el nacimiento de la obligación tributaria, alegando la aplicación de los artículos 37, 39 y 42 de la Ley 843, concluyendo que las empresas unipersonales son sujetos del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (UE), reiterando que la sujeto pasivo se encuentra alcanzada por el mencionado impuesto a consecuencia de la construcción del Edificio “Plaza Real’ con el objetivo de realizar la actividad comercial de venta de departamentos, parqueos y bauleras, generando de esta forma utilidades de fuente boliviana, señalando además los bienes inmuebles trasferidos 

onerosamente

En ese entendido, se evidencia que la Vista de Cargo N° 291930000658 contiene la fundamentación exigida por el artículo 96 de la Ley 2492, así como lo previsto en el inciso e) del artículo 28 de la Ley 2341, al explicar la relación establecida entre la conducta 

Pág.50 de 74 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

atribuida a la sujeto pasivo y la normativa aplicable al caso; en consecuencia, corresponde desestimar lo alegado al respecto por la parte recurrente. 

Así también, como parte de su reclamo, la sujeto pasivo sostuvo que la Resolución Determinativa No 172030000385 replicó el contenido de la Vista de Cargo, sin expresar análisis ni establecer con claridad los fundamentos y las razones técnicas para la determinación sobre base presunta y el uso de la técnica “otros”, limitándose a señalar la normativa, acomodando los argumentos vertidos en el artículo. 153 de la Ley 2492, generando confusión y falta de respuesta a los argumentos desarrollados. 

Sobre lo aludido por la recurrente, es necesario aclarar que el parágrafo I del artículo 96 de la Ley 2492 dispone que la vista de Cargo contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa; en ese entendido, se encuentra expresa la fundamentación desarrollada previamente en la Vista de Cargo; asimismo, fija la base imponible sobre base cierta o presunta, según corresponda, en ese sentido, la Resolución Determinativa deberá contener la fundamentación contenida previamente en la vista de Cargo y cumplir los preceptos del parágrafo II del artículo 99 del Código Tributario Boliviano, aspecto que se constituirá en base para la revisión de la fundamentación del acto impugnado. 

+– 

– 

– 

– 

Ahora bien, con relación al análisis, fundamentación y razones técnicas para establecer la base imponible sobre base presunta, revisada la Resolución Determinativa No 172030000385, esta dispuso: “(…) siendo que es irrefutable la coordinación de factores de producción para la construcción y posterior venta de los bienes inmuebles referidos, asimismo el objeto de la solicitud de documentación tiene que ver con el cumplimiento del artículo 47° del mismo cuerpo legal, que establece: La utilidad neta 

imponible será la resultante de deducir de la utilidad bruta (ingresos menos gastos de 

afao ISO 900

Coldid. AHOK CERTIFKCATION 

JALAN 

Aranitar Teja 

VoB

K

venta) los gastos necesarios para su obtención y conservación de la fuente. De tal modo que, a los fines de la determinación de la utilidad neta sujeta a impuesto, com

principio general se admitirán como deducibles todos aquellos gastos que cumplan la condición de ser necesarios para la obtención de la utilidad gravada y la conservación de la fuente que la genera, incluyendo los aportes obligatorios a organismos reguladores – supervisores, las previsiones para beneficios sociales y los tributos nacionales y municipales que el reglamento disponga como pertinentes“, 

EL 

WEB 

NB/ISO 

9001 

Pág.51 de 74 

IBNORC

Sistema de Gestio

dela Cardad Certificador 771/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq karachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Av. Oquendo N° 381 entre Venezuela y Ecuador; Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012. www.ait.gob.bo. Cochabamba, Bolivia 

IIII

Prosiguió señalando: Dicha disposición guarda relación ammónica con lo dispuesto en el articulo 8o del Decreto Supremo N 24051 que dispone: Dentro del concepto de gastos necesarios definidos por la Ley como principio general y ratificado en el Artículo precedente, se consideran comprendidos todos aquellos gastos realizados, tanto en el país como en el exterior, a condición de que estén vinculados con la actividad gravada y respaldados con documentos originales. Por lo expuesto, la Administración Tributaria solicitó información referida a costos y/o gastos con la finalidad de contar con elementos que lleven a un ejercicio determinativo sobre base cierta(énfasis añadido) (página 25 del acto impugnado)

Párrafos siguientes la entidad recurrida señaló: “(...) Siendo que la devolución de los requerimientos de información no invalidó la eficacia de dichos actuados, teniendo como consecuencia única el entorpecimiento del ejercicio determinativo sobre base cierta, habilitando a la Administración Tributaria la facultad de realizar dicho ejercicio sobre base presunta(énfasis añadido) (página 26 del acto impugnado)

A continuación, la Administración Tributaria concluyó: …) asimismo el hecho de haber devuelto los requerimientos realizados no invalida su eficacia legal, demostrando este hecho únicamente su afán de obstaculizar el ejercicio de las facultades otorgadas por Ley, incumpliendo el numeral 6 del artículo 70° de la Ley 2492 asumiendo conductas que en definitiva no permiten el desarrollo de las facultades de Fiscalización, así pues dicho comportamiento y conducta no permitió determinar sus obligaciones sobre base cierta, sin embargo esta circunstancia derivó en el ejercicio de la determinación de la base imponible sobre base presunta, conforme dispone el numeral 3 del artículo 44o de la Ley 2492(énfasis añadido) (página 27 del acto impugnado)

Asimismo, sostuvo: Por lo expuesto corresponde aplicar el método sobre Base Presunta, debido a que conforme se expone a continuación la Administración Tributaria agotó los 

medios para efectuar la determinación sobre base cierta, al no haber presentado el sujeto 

pasivo la información que permita conocer de manera indubitable el Costo de Construcción (Materiales, mano de obra y otros costos indirectos de construcción) del Edificio “PLAZA REAL”, por lo que no se cuenta con dicho elemento que influye en la determinación de la base imponible, no pudiendo conocer de forma directa e indubitable 

Pág. 52 de 74 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARI

Estado Plurinacional de Bolivia 

el componente de la obligación tributaria” (el subrayado es nuestro) (página 30 del acto impugnado). 

Lo señalado en párrafos previos permite evidenciar que la Resolución Determinativa No 172030000385 expresa que el ente fiscalizador solicitó a la sujeto pasivo información que permita constatar la determinación de la utilidad neta imponible, los ingresos percibidos y los gastos necesarios para la obtención y conservación de los bienes inmuebles transferidos, requiriendo expresamente los costos y/o gastos incurridos en la actividad gravada desarrollada; sin embargo, aclaró que la sujeto pasivo devolvió los requerimientos de información entorpeciendo del ejercicio determinativo sobre base cierta, habilitando de esta manera a la Administración Tributaria la facultad de realizar dicho ejercicio sobre base 

presunta. 

— – 

– 

– 

En este sentido, es evidente que el acto impugnado expuso las razones que motivaron la determinación sobre base presunta de la obligación atribuida a la recurrente, que agotó los medios para efectuar la determinación sobre base cierta, ante la falta de presentación de la sujeto pasivo, de información que permita conocer de manera indubitable el costo de construcción del Edificio “Plaza Real que posteriormente fue comercializado en propiedad horizontal, encontrándose de esta forma el ente fiscal, imposibilitado de conocer de forma directa e indubitable el componente de la obligación tributaria; en consecuencia, la motivación así como la fundamentación desarrollada por la Administración Tributaria en el acto impugnado, resulta congruente con los hechos advertidos y se enmarcan con lo dispuesto en la normativa tributaria vigente, debiendo desestimar lo alegado por la sujeto pasivo. 

afag 

K

iso 900

Calidad How a. П АТРОН 

Por otra parte, en lo concerniente a la fundamentación de la aplicación de la técnica “otros”, la Resolución Determinativa expuso: “En este entendido, a efectos de cuantificar la base imponible, se solicitó la aprobación de una técnica sobre Base Presunta que permita determinar los costos de construcción (mano de obra, materiales y otros costos indirectos) de conformidad a lo dispuesto en el inciso d) “Otras” del Artículo 8° (Medios por inducción) de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13 de 8 de mayo de 2013 (…) habiéndose remitido el Informe con CITE: SIN/GDCBBA/DF/ 

G3/VE/INF/1091/2019 de fecha 26 de abril de 2019, la misma fue aprobada mediante nota con CITE: SIN/GF/DNCC/NOT/864/2019. En consecuencia, para el cálculo del costo de construcción 

Aranibar Her

VB* 

WWU

UR 

IQNet 

Pág.53 de 7

NB/150 

9001 IBNORCA Samotion CertificdoN71/14 

de la Cald 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti ofornita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Av. Oquendo N 381 entre Venezuela y Ecuador; Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012.www.ait.gob.bo. Cochabamba, Bolivia 

se efectuó el siguiente análisis: en el proceso de verificación se ha considerado el concepto de características afines, (…); identificándose en este entendido a los contribuyentes A y B, los cuales cuentan con ciertas caracteristicas afines con la sujeto pasivo” (subrayado es nuestro) (páginas 3132 del acto impugnado). 

Asimismo, señaló: “En este entendido, la información obtenida de los contribuyentes Ay B se constituye en un recurso estratégico, elemento a partir del cual, se identifica y establece la realidad económica de la actividad realizada, lo cual, tratándose de materia tributaria, permite acercarse a la verdad material de los hechos gravados (...)(página 33 del acto impugnado). 

Ahora bien, lo expuesto previamente permite evidenciar, que el acto impugnado manifestó el cumplimiento al inciso d) del artículo 8 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10 0017-13 de 8 de mayo de 2013, al solicitar aprobación para aplicar la técnica “otros, por el Informe con CITE: SIN/GDCBBA/DF/G3NE/INF/1091/2019 de fecha 26 de abril de 2019 y afirmó que obtuvo su aprobación en la nota con CITE: SIN/GF/DNCC/NOT/864/2019. 

De igual forma, la entidad recurrida sostuvo que utilizó la información de los contribuyentes Ay B por contar con características afines al sujeto pasivo, en este sentido, se infiere que el acto impugnado efectuó una relación de los hechos que justifican la aplicación de la técnica otros, según lo exigido por el inciso d) del artículo 8 de la Resolución Normativa de Directorio N° 100017-13. 

Lo expuesto hasta este punto, permite evidenciar que la vista de Cargo No 291930000658 y Resolución Determinativa N° 172030000385 contienen la fundamentación exigida por los artículos 96 y 99 de la Ley 2492 asi como lo previsto en el inciso e) del artículo 28 de la Ley 2341; debiendo añadir que el ente fiscalizador, desarrolló lo exigido por el inciso d) del artículo 8 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13, expresando las razones técnicas, análisis y evaluación para la determinación de la base presunta y la aplicación de la técnica Otras”

En ese contexto, la entidad recurrida dio cumplimiento a lo exigido por el parágrafo ll del artículo 115 y parágrafo 1 del artículo 117 de la Constitución Politica del Estado y los 

Pág. 54 de 74 

III 

IN 

IT

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

numerales 6 y 7 del artículo 68 de la Ley 2492, correspondiendo desestimar lo aludido al respecto por la parte recurrente. 

IV.4. Sobre las observaciones a la determinación de la deuda tributaria. La parte recurrente manifestó que, la Administración Tributaria, no llevó a cabo ningún trabajo de fiscalización y averiguación de la verdad, limitándose a justificar su desconocimiento de datos, hechos y circunstancias, por no acompañar la documentación requerida, desconociendo lo dispuesto en los artículos 76 de la Ley 2492 y 116 de la Constitución Política del Estado, siendo que debió apelar a todos los recursos a su alcance para justificar una determinación sobre base cierta, empero no existe inspección a la edificación, cuestionarios, ni cruces con los proveedores de materiales para obtener elementos tangibles, por lo que señala que resultaría inaplicable lo dispuesto en el artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13. …’ 

Adicionalmente la sujeto pasivo, refirió que la utilización referencial de otros contribuyentes, exige la existencia de similitudes, por lo que resulta incongruente determinar que los contribuyentes A y B no resultarían similares, empero sean utilizados para determinar la base imponible; además que la estructura de costos, no existe un desglose o detalle que integre los componentes del costo de construcción y otros aspectos relacionados, lesionando el derecho a la legítima defensa y al’debido proceso, por lo que, la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa no contienen los fundamentos o razones por las cuales se dispuso la aprobación o utilización de la técnica, incumpliendo lo dispuesto en los artículos 96 y 99 de la Ley 2492, así como los artículos 18 y 19 del Decreto Supremo 27310; además que en los antecedentes administrativos no cursa constancia de la evaluación y aprobación por la Gerencia Nacional de Fiscalización (al margen de la desigualdad procesal que genera la disposición administrativa, al ser el SIN juez y parte). 

afaa ISO 900

Colldad AFOR CENTHILAN 

TO 19 Aranibar Mejia 

VoBo 

De igual manera, la recurrente acotó que al considerar como base la información de los contribuyentes A y B para determinar la utilidad imponible, es necesario conocer el contenido de dicha información en forma directa y fidedigna, no pudiendo privarse del conocimiento de la información bajo el pretexto del principio de confidencialidad, por lo que la Administración Tributaria debió acudir a otros medios para investigar y obtener 

JA 

ONet 

wer 

información que permita sostener técnicamente el reparo; al efecto, citó la Sentencia 

VOBO 

Pág.55 de 74 

NO/SO 

9001 IBNORCA 

Sistema de Gestió

de la mad CertificadN771/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq karnachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oromita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Av. Oquendo N2 381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012. www.ait.gob.boCochabamba, Bolivia 

Constitucional Plurinacional 0978/2012 de 22 de agosto y el artículo 116 de la Constitución 

Politica del Estado. 

Argumentó que, la nota de la Cámara Departamental de la Construcción (CADECO), debió generar una adecuada lectura, en sentido de averiguar más a fondo las características propias del inmueble, sobre el cual fue determinada la deuda tributaria

siendo que la escasa explicación y detalle de los datos tomados en cuenta, resulta insuficiente para cumplir con la motivación y fundamentación del acto, además que no fue aportado documento sobre los datos considerados. 

Sostuvo que, la documentación obtenida del Gobierno Autónomo Municipal, Notarias y Derechos Reales, no pueden ser considerados como un medio de prueba legítimo ni servir de base para la determinación, toda vez que, no se encuentran legalizadas ni refrendadas por los tenedores de los documentos originales, conforme manda el Código Civil. 

En contraposición, la Administración Tributaria sostuvo que es obligación de la sujeto pasivo proporcionar toda clase de datos, informes, o antecedentes con efectos tributarios emergentes de sus relaciones económicas profesionales o financieras; de esta manera fue notificada la sujeto pasivo con los requerimientos de información No 00156502, 00156525 y 00160511, solicitando identificar y demostrar el detalle de facturas que fueron emitidas a su nombre y cédula de identidad de compras que tengan relación directa y/o indirecta con la construcción del Edificio Plaza Real, y documentación que sustente el pago realizado a proveedores, especificando el lugar de entrega, además de las Notas de Entrega, a fin de recolectar elementos mediante los cuales pueda verificar las obligaciones tributarias del sujeto pasivo

Señaló que, en el presente caso, determinó reparos con pleno sometimiento a la Ley sobre base presunta, al agotar los medios para la obtención de la documentación e información que permita conocer en forma directa e indubitable los elementos de la obligación 

tributaria, evidenciando que la parte recurrente es sujeto pasivo del IUE, evidenciando utilidad neta imponible no declarada obtenida por concepto de venta de bienes inmuebles 

en propiedad horizontal del Edificio “Plaza Real; de esta manera, para la obtención del margen de utilidad, solicitó la aprobación de una nueva técnica sobre base presunta que permita determinar los costos de construcción de conformidad a lo dispuesto en el inciso 

Pág.56 de 74 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

  1. d) “Otras” del artículo 8 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13 de 8 de mayo de 2013, solicitando la aprobación de la técnica mediante el Informe CITE: SIN/GDCBBA/DF/G3NE/INF/ 1091/2019, la cual fue aprobada mediante nota con CITE: SIN/GF/DNCC/NOT/00864/

Manifestó que la información de los contribuyentes “A” y “B” se expuso en la vista de Cargo y en la Resolución Determinativa impugnada, además que los contribuyentes “A”y “B” se dedican a la misma actividad económica del sujeto pasivo, y si bien, la información corresponde a gestiones anteriores a la verificada, no cuenta con más elementos para la determinación de los costos de construcción y considerando la publicaciones de Precios Unitarios de Referencia para la Construcción, presentados por la Cámara de Construcción de Cochabamba (CADECO), se observa que la utilidad referencial en las gestiones señaladas se mantiene invariable lo que hace presumir que los costos de construcción no sufrieron variaciones significativas, además que la inflación no ocasionó impacto en la utilidad del sector, encontrándose dicha información acorde a la realidad económica de construcción de la sujeto pasivo, correspondiendo aplicar el Indice de 68.76% a fin de establecer la utilidad por la actividad de construcción de bienes inmuebles y posterior venta correspondiente a la gestión que concluye a diciembre de 2013. 

– 

AB 

Afirmó que no puede aplicar de manera directa el inciso c) del artículo 8 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13, ante la inexistencia de al menos tres parámetros parecidos entre la sujeto pasivo y los contribuyentes “A” y “B”, siendo que, el único parámetro parecido es el desarrollo de la actividad en la misma jurisdicción. Agregó que la Vista de Cargo y Resolución Determinativa analizó la información y documentación de los contribuyentes “A” y “B”, obtenida por instituciones financieras respecto a los préstamos obtenidos para la construcción y venta de departamentos, parqueos y bauleras, par el contrario, la sujeto pasivo se limitó a presentar notas solicitando la nulidad de obrados, sin formular argumentos ni presentar descargos que desvirtúen la determinación sobre base presunta, misma que por disposición del parágrafo ll del artículo 80 de la Ley 2492 y artículo 11 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13, admite prueba en contrario y el aporte de documentación en el plazo de descargo de 30 días, en virtud del artículo 76 del Código Tributario Boliviano. 

afaq ISO 9001 Caildad 

RO! Chino 

EAT 

QNet 

Al respecto, la doctrina administrativa considera en general que: “(…) los vicios determinan las consecuencias que ocasionan, conforme a un criterio cualitativo, de práctica 

VOB 

23 

Pág.57 de 74 

NB/ISO 

9001 IGNORCA 

Sistema de Gestión 

de lacidad CertificadoN771/

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Av. Oquendo N°381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011.-4140012.www.ait.gob.bo.Cochabamba, Bolivia 

jurisprudencial y política jurídica; así a menor grado del vicio, el acto puede ser válido o anulable; por el contrario si el vicio es grave o muy grave, el acto será nulo y sólo en casos de grosera violación del derecho o falta de seriedad, será inexistente(GORDILLO Agustin, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 3, p. XI-40). 

La Sentencia Constitucional 2023/2010-R de 9 de noviembre entre otras-estableció que: “La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la fomma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la foma en que se decidió. Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que se ha arribado, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia (...)”. 

En la normativa, articulo 92 de la Ley 2492, dispone que la determinación es el acto por el cual el sujeto pasivo o la Administración Tributaria declara la existencia y cuantía de una deuda tributaria o su inexistencia: Asimismo, el artículo 42 de la citada Ley establece que la base imponible es la unidad de medida, valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, sobre la cual se aplica la alicuota para determinar el tributo a 

pagar, 

Por otra parte, el artículo 43 de la Ley 2492 prevé que la base imponible podrá determinarse: sobre Base Cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que permiten conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo; y sobre Base Presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que por su vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permiten deducir la existencia 

Pág.58 de 74 

ITTI 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Eslado Plurinacional de Bolivia 

y cuantía de la obligación cuando concurra alguna de las circunstancias reguladas en el artículo 44 de la Ley 2492. 

De esta forma, cabe señalar que la normativa expuesta precedentemente permite colegir que para los dos métodos de determinación (cierta y presunta), es necesario que la Administración Tributaria cuente con información obtenida del propio recurrente o de terceros, diferenciando el empleo de cada método en función a los elementos de convicción del hecho generador que pueda proporcionar dichá información; es decir, se empleará la determinación sobre base cierta, cuando la información contenga elementos que permitan conocer con certeza e indubitablemente, la existencia y.cuantia de la obligación; y por el contrario, la determinación es sobre base presunta cuando dicha información, no permita la obtención de elementos certeros para efectuar la determinación, debiendo recurrir a hechos y sucesos que por su vinculación o conexión con las circunstancias fácticas que las leyes tributarias prevén.como hechos imponibles, permiten deducir la existencia y cuantía de la obligación. 

A su vez, la Administración Tributaria en ejercicio de su facultad normativa dispuesta en el artículo 64 de la Ley 2492, emitió la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13, misma que tiene por objeto reglamentar los medios para la determinación de la Base Imponible sobre Base Presunta y establecer el tributo que corresponda pagar; estableciendo en su artículo 8 los medios por inducción, señalando que el Servicio de Impuestos Nacionales puede aplicar las técnicas establecidas para cuantificar la Base Presunta de acuerdo a las circunstancias que amerite el caso, siendo estas: a) Técnica Insumo-Producto, b) Técnica Relación Ingreso-Gasto, C) Técnica de Contribuyentes Similares, y d) Otras. 

afa

ISO 900

Calidad ARE CEATIEATION 

TE 

En el presente caso, de la compulsa de la Resolución Determinativa impugnada, se advierte que la Administración Tributaria en el Considerando I, señaló que verificado el padrón de contribuyentes, la sujeto pasivo no cuenta con NIT, además que mediante requerimientos Nos. 156502, 156525 y anexos adjuntos, solicitó documentación relativa al alcance de la determinación al recurrente; asimismo, con la finalidad de obtener información de créditos y débitos relacionados con la construcción y venta de inmuebles, solicitó información documentada a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, entidad que no identifico operaciones llevadas a cabo por la sujeto pasivo en el sistema financiero (páginas 1-2 del acto impugnado). 

1Q Net 

SJK 

515 

wie 

Pág.59 de 74 

/ISO 

9001 IBNORCA Sistem de Gestión 

de la Caulid N771/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti offornita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Av. Oquendo NR 381 entre Venezuela y Ecuador: Zona Central Norte Teléfonos: (591-4) 4140011 4140012 www.ait.gob.boCochabamba, Bolivia 

La citada resolución prosiguió manifestando que solicitó a la Gerencia de Fiscalización, información respecto a facturas emitidas a nombre y/o cédula de identidad de la sujeto 

pasivo, evidenciando gastos por servicios, compra de materiales y gastos personales, que representan importes inmateriales con relación al volumen de ingresos determinado; sin embargo, solicitó al sujeto pasivo mediante requerimiento N° 160511 y su anexo, identificar y demostrar el detalle de facturas que tengan relación directa o indirecta con la construcción del edificio Plaza Real (páginas 23 del acto impugnado). 

De forma seguida, la Administración Tributaria sostuvo que solicitó información al Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba sobre las resoluciones ejecutivas de aprobación de plano de propiedad horizontal, obteniendo como resultado la Resolución Ejecutiva N° 070/2012, misma que advierte que el 26 de noviembre de 2010, ingresó el trámite de división de propiedad horizontal de Lourdes Dehne de Majluf, resultando evidente que la propiedad del edificio Plaza Real recae en la recurrente; adicionalmente, refirió que los registros del sistema Sinarepweb pudo identificar a la sujeto pasivo como propietaria del terreno y departamentos en propiedad horizontal; evidenciando de ello la enajenación de bienes inmuebles consistentes en departamentos, parqueos y bauleras (páginas 34 del acto impugnado). 

De forma complementaria, el ente recaudador en el acto impugnado puntualizó que solicitó a los notarios de fe pública, certifiquen y proporcionen el segundo testimonio y/o fotocopia legalizada de la minuta de transferencia y formulario de transmisión o enajenación de bienes Form. 430 de la gestión fiscal verificada, evidenciando que la suscripción de contratos fue realizada por Lourdes Dehne Delgadillo; además que ante la negativa de la recurrente a proporcionar la información solicitada, requirió a la Cámara Departamental de la Construcción, copia del análisis de precios unitarios de referencia para la construcción de las gestiones 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, señalando que los mismos son referenciales debido a la diversidad de factores que producen variación en los precios de los componentes del análisis de precios unitarios. 

Asimismo, solicitó información al Colegio de Arquitectos de Cochabamba, Sociedad de Ingenieros de Bolivia y Cámara de la Construcción de Cochabamba, respecto a estudios técnicos de costos de construcción y/o presupuestos globales de construcción, sin ninguna respuesta favorable que ayude a la determinación del costo de construcción; de igual manera, solicitó al Instituto Nacional de Estadísticas (INE), estadísticas de la 

.

Pág.60 de 74 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

actividad de construcción 2005-2014; empero, dicha información no puede ser aplicada para la determinación de los costos, al ser datos muy generales que corresponden a indices y no así a precios y/o costos unitarios; finalmente, el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba remitió tablas de valoraciones técnicas para inmuebles de acuerdo a determinación de cobro del IMPBI; no obstante, el cálculo de los valores resultaron muy generalizados, por lo que no resulta aplicable al caso (páginas 15-16 del acto impugnado). 

Por otra parte, la Resolución Determinativa recurrida en su Considerando il señaló que corresponde aplicar base presunta debido a que agotó los medios para efectuar la determinación sobre base cierta, al no haber presentado la sujeto pasivo la información que permita conocer de manera indubitable el Costo de Construcción (materiales, mano de obra y otros costos indirectos de construcción); aspecto que impediría conocer de forma cierta, la base imponible (páginas 30 del acto impugnado).

De forma seguida, el acto administrativo analizado expuso en el cuadro cursante en sus páginas 30-31, el descarte de cada una de las técnicas establecidas en la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13, concluyendo que corresponde aplicar la técnica de inducción “otras”, debido a que ninguna otra técnica pudo ser aplicada, para tal efecto, refirió que solicitó la aprobación de la técnica a la Gerencia de Fiscalización, obteniendo como respuesta la nota CITE: SIN/GF/DNCC/NOT/864/2019. 

– 

– 

– 

– 

– 

Posteriormente, la Administración Tributaria en la Resolución Determinativa recurrida manifesto, que para efectuar el cálculo del costo de construcción, efectuó el análisis de la información y documentación de los contribuyentes “A” y “B” que tienen la misma actividad económica en la misma jurisdicción, para lo cual en el punto “Caso 1. Contribuyente A”, aclaró que, en el proceso de verificación efectuado al contribuyente “A”, obtuvo información de la institución financiera que otorgó un préstamo para la construcción de inmuebles en las gestiones 2008 y 2009; asimismo, contó con documentación sobre el costo del terreno, costo financiero y costo del gravamen hipotecario, además del aporte propio efectuado por el mismo contribuyente (páginas 32-33 del acto impugnado). 

afao ISO 900

calidad AFHOL CATACATION 

Aranibar Mejiast 

VoBo 

KARATE 

WA

De esta manera, la Administración Tributaria de forma más especifica señaló que, el contribuyente A en la gestión 2009 efectuó la venta de inmuebles por la suma de Bs1.956.722.-, además respecto al costo de materiales, mano de obra y otros costos indirectos, efectuó una inversión de Bs1.491.395,29 por concepto de losa radier d

2 Roj

DE

Pág.61 de 74 

NB/50 

9001 IBNORCA Sen doen 

de la c ad CatfiadoN77114 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oflomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Av. Oquendo N° 381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012. www.ait.gob.bo. Cochabamba, Bolivia 

hormigón armado, columnas vaciadas, material de obra y plastoformo comprado; asimismo, mediante líneas de crédito para la compra de materiales, mano de obra y otros gastos indirectos reportó importes por Bs4.949.000.- Bs792.000.- y B$4.030.000.- por lo que el costo total de materiales, mano de obra y otros costos indirectos alcanzó un importe de B$11.262.395,29, importe que fue prorrateado en función a los metros cuadrados construidos y vendidos, llegando a obtener el monto de Bs1.105.032,48 (página 33 del acto impugnado). 

En relación al costo financiero, indicó que, la institución financiera, informó un valor de B$354.447,05; para el costo de gravamen hipotecario Bs4.358,83 y para el costo de terreno, el valor actualizado alcanzó a Bs101.230,85, de forma seguida expuso el cálculo del porcentaje correspondiente a la utilidad obtenida por el contribuyente “A” utilizado como referencia, obteniendo un valor del 20.02% (páginas 33-34 del acto impugnado). 

En los mismos términos, el ente recaudador en la Resolución observada por la sujeto pasivo, señaló en el punto “Caso 2. Contribuyente Bque el contribuyente “B” en la gestión 2010, vendió inmuebles por un total de Bs9.571.912,57, efectuando una inversión (costo de materiales, mano de obra y otros costos indirectos) de Bs8.204.261,95 y gestionando un préstamo bancario para la compra de materiales, mano de obra y otros gastos indirectos por Bs3.655.000; además que existiría datos de ingresos por preventas, ventas y otros ingresos que fueron parte del costo (pago de fierros de construcción, compra de material de construcción, pago de jornales y contratistas y otros) por Bs5.527.611,87, obteniendo un costo toral de Bs17.386.873,82, mismo que fue prorrateado en función a los metros de construcción, obteniendo un importe de Bs7.757.564,23. Por otra parte, indicó que el costo del terreno alcanza a Bs543.903,64; de forma seguida expuso el cálculo del porcentaje correspondiente a la utilidad obtenida por el contribuyente “B” utilizado como referencia (13.27%) (Páginas 34-35 del acto impugnado)

Posteriomente, la Administración Tributaria expuso mediante cuadro, la forma de cálculo dei promedio porcentual del costo de materiales, mano de obra y costos indirectos (68.76%); el costo financiero y pago gravamen a DDRR (9.17%); y el costo de Terreno (5.43%); obteniendo un costo total de construcción del 83.36% en función a los ingresos obtenidos; aclarando además, que si bien la información de referencia corresponde

Pág. 62 de 74 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

contribuyentes que realizaron la actividad de construcción y posterior venta, en gestiones anteriores a la verificada, esto se debe a que no contó con más elementos para la determinación de los costos, además que los precios unitarios de referencia para la construcción de CADECO, demuestran que la utilidad referencia se mantuvo invariable, permitiendo presumir que los costos de construcción, no sufrieron variaciones significativas (página 35 del acto impugnado). .. 

Prosiguiendo con la compulsa del acto impugnado, se advierte que la Administración recurrida en el subtítulo “APLICACIÓN DE LA TÉCNICA AL CASO CONCRETO”, sostuvo que en base al informe técnico aprobado por la Gerencia de Fiscalización mediante nota con CITE: SIN/GF/DNCC/NOT/864/2019, el costo de construcción fue determinado aplicando el indice de 68.76% sobre los ingresos por la transferencia de bienes inmuebles; asimismo, el costo del terreno fue determinado en base a la información obtenida de las minutas de transferencia ylo escritura pública, cuyos importes se actualizaron en función a la Unidad de Fomento a la Vivienda (páginas 35-36 del acto impugnado). 

– 

– 

– 

.. 

Ahora bien, la descripción del acto impugnado expuesta en párrafos previos, permite advertir que la Administración Tributaria sustentó la aplicación del método de determinación sobre base presunta en base a requerimientos de información y documentación, realizados a terceros; aclarando que dichos requerimientos no aportaron datos, hechos y elementos que permitan establecer la existencia de una utilidad imponible sobre base cierta; toda vez que, si bien obtuvo minutas de transferencia que acreditan la venta de bienes inmuebles del edificio Plaza Real y la cuantía de los ingresos percibidos, se encontró limitada de documentación que permita establecer de manera cierta, el costo de construcción que fue incurrido para su generación. 

afao ISO 900

calidad VHLÇFATHACHOU 

Aranitar Mejia 

Por consiguiente, en consideración a que la parte recurrente no presentó información ylo documento permita conocer de forma indubitable el costo de construcción (materiales, mano de obra y otros costos indirectos), pese a ser solicitado en reiteradas oportunidades mediante requerimiento de documentación, resulta evidente que la Administración Tributaria agotó los medios para la determinación sobre base cierta, posibilitando la aplicación del método de determinación sobe base presunta conforme lo establecido en el parágrafo 11 del artículo 43 de la Ley 2492 y el inciso c) del parágrafo II del artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13. 

vet 

DE

Pág.63 de 74 

NB/1ŞO 

9001 IBNORCA Sistema de Gesson 

hod odoN771/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Av. Oquendo N2 381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012.www.ait.gob.bo. Cochabamba, Bolivia 

Asimismo, en la revisión del acto impugnado, se advirtió que la Administración Tributaria, expuso mediante cuadro las razones por las cuales, no resulto posible aplicar cada una de las técnicas establecidas en la Resolución Normativa de Directorio N° 10001713; adicionalmente, solicitó a la Gerencia de Fiscalización del Servicio de Impuestos 

Nacionales, la aprobación de la técnica de inducción Otrasque permita determinar el costo de construcción, mereciendo como respuesta la nota CITE SIN/GF/DNCC/NOT/ 864/2019 aprobando el método propuesto por el ente recurrido; coligiendo de ello el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 8 de la citada Resolución 

Normativa de Directorio. 

Corresponde señalar que, de la compulsa de los antecedentes administrativos, referidos a la Solicitud de Aprobación de Técnica (C9), se advierte a fojas 1-9 de c9, el informe CITE: SIN/GDCBBA/DF/G3NE/INF/1091/2019 de 26 de abril de 2019, a través del cual la Administración recurrida solicitó la aprobación de la técnica de inducción “otras, en base a información de los contribuyentes A y B para la determinación del costo de construcción; asimismo a fojas 389-390 de C9 cursa la nota de respuesta CITE: SIN/GF/DNCC/NOTI 864/2019, de la Gerencia de Fiscalización, la misma que señaló: Tomando en cuenta las dificultades señaladas en el informe (…) para la obtención de la documentación e información que permitan determinar el tributo sobre base cierta, por las características del sujetos pasivo y por las razones expuestas por el Departamento de Fiscalización de la Gerencia a su cargo, se aprueba la técnica descrita en el informe (...) en tanto la determinación sea suficientemente respaldada con documentación que permita demostrar la correcta aplicación de dicha técnica”. 

Ahora bien, resulta necesario aclarar que el inciso d) del artículo 8 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13 dispone: Considerando las características de cada contribuyente y en función a la documentación e información que obtenga la Administración Tributaria, se podrá aplicar lo dispuesto en los Articulos 44, 45 y 80 de la Ley N° 2492. Esta técnica será evaluada y aprobada por la Gerencia de Fiscalización”, consecuentemente, en consideración a que la nota CITE: SIN/GF/DNCC/NOT/864/2019 de forma expresa aprueba la utilización de cnica propuesta para el presente caso, corresponde desestimar lo argumentado por el sujeto pasivo, respecto a la ausencia de la solicitud y aprobación de la técnica en antecedentes administrativos, así como a la falta de explicación para la aprobación de la técnica propuesta, siendo que dicha exigencia no se encuentra establecida como requisito 

Pág.64 de 74 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

necesario para el empleo de la técnica “otras; adicionalmente y sin perjuicio de lo señalado, la resolución determinativa impugnada expuso una explicación sobre la utilización de la técnica otras, conforme se advirtió de la descripción del contenido del acto impugnado desarrollado en párrafos previos. 

De esta manera, el ente recaudador en aplicación de la técnica de inducción “otras” aprobada por la Gerencia de Fiscalización, consideró la información y documentación correspondiente a los contribuyentes A y B para determinar el costo de construcción porcentual promedio y de esa forma el costo de construcción presunto; procedimiento que se encuentra claramente señalado, tanto en el contenido del acto impugnado como en la nota de solicitud y aprobación de la técnica de inducción “otras”, que fueron precisados en párrafos anteriores; por consiguiente, la sujeto pasivo no puede pretender desconocer los fundamentos claramente expuestos en el acto impugnado como en la diligencia realizada por la entidad recurrida, para la aprobación de la técnica utilizada en la cuantificación de la base presunta. 

– 

Lo señaladoprecedentemente, cobra relevancia en el presente caso, por cuanto es necesario aclarar a la parte recurrente, que la aplicación de la técnica de inducción “otras” requiere del cumplimiento de los preceptos señalados en la solicitud de aprobación de la técnica y la nota de aprobación, siendo que para el presente caso, la técnica aprobada no exige acreditar similitudes con los contribuyentes A y B; por cuanto, precisamente por la falta de coincidencia de al menos tres aspectos similares, fue aplicada la técnica “otras” y no asi la “Técnica de Contribuyentes Similaresmotivo por el cual, corresponde desestimar lo pretendido por la parte recurrente al respecto

– 

afaq 

De forma complementaria, destacar que resultó evidente, que la Administración Tributaria en el contenido del acto impugnado que fue descrito al inicio del presente análisis-, expuso los elementos del costo de construcción considerados para la determinación sobre base presunta, en base a la información obtenida de contribuyentes A y B que desarrollan la misma actividad económica y que se encuentran en la misma jurisdicción; identificando y detallando los gastos que lo componen (Materiales, Mano de obra y Costos Indirectos); motivo por el cual no resulta evidente lo afirmado por Lourdes Dehne Delgadillo respecto a la ausencia de información de los contribuyentes A y B; debiendo enfatizar, que la sujeto pasivo tenía en todo momento, la posibilidad de aportar pruebas que demuestran que la 

ISO 900

Calidad ACHOA SENTKATOS 

aute o Arawbar Mejia 

RUE 

VoB

SJR 

1QNet 

DYSI 

AW 

9

Er aberto El 

DE

Pág.65 de 74 

NB/ISO 

9001 TENORCA Sistema de Gestió

de la Calidad Certificador 77114 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaeropi Vae (Guaraní

Av. Oquendo N° 381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012. www.ait.gob.bo.Cochabamba, Bolivia 

información utilizada por la Administración Tributaria era errada y diferente a lo suscitado 

con los bienes inmuebles que transfirió. 

Añadir a ello, que si bien la sujeto pasivo señaló que en la estructura de costos, no existe un desglose o detalle que integre los componentes del costo de construcción y otros aspectos relacionados, que lesionarían su derecho a la legitima defensa y al debido proceso, siendo necesario conocer el contenido de la información de los contribuyentes A y B en forma directa y fidedigna, añadiendo que no puede privarse del conocimiento de la información bajo el pretexto del principio de confidencialidad; no es menos cierto, que el acto impugnado expone los datos utilizados para determinar el costo de construcción, bajo una técnica prevista normativamente, para la cuantificación de la Base Presunta, razón por la cual la exigencia formulada por la sujeto pasivo carece de sustento, máxime cuando ella en ningún momento aportó prueba o referencia alguna que haga dudar de los datos arribados por el Servicio de Impuestos Nacionales

A lo referido previamente, se debe añadir que la presunción realizada por el ente recaudador admite prueba en contrario de conformidad al parágrafo II del artículo 80 de la Ley 2492, lo que implica que la sujeto pasivo en la medida que pretendia desvirtuar la presunción asumida por la entidad recurrida, debía portar la prueba correspondiente; en el presente caso, el costo de construcción, tanto en sus elementos, como en la cuantía; situación que no aconteció, por cuanto la recurrente asumió una actitud pasiva a lo largo del proceso determinativo, limitándose a extrañar un detalle de los componentes del costo, sin señalar, presentar o acreditar el detalle de costo incurrido en la construcción del Edificio Plaza Real y su cuantía. 

Por otra parte, respecto a la nota de la Cámara Departamental de la Construcción 

(CADECO) precisada por la sujeto pasivo en el presente Recurso de Alzada, cabe indicar que, si bien la resolución impugnada la citó en su contenido, los datos expuestos en ella, no fueron utilizados por la entidad recurrida para establecer el costo de construcción, precisamente como consecuencia de su generalidad; sirviendo únicamente para presumir que los costos de construcción no sufrieron variaciones significativas a lo largo del tiempo, motivo por el cual no merece mayor análisis. 

Finalmente, con relación a la documentación obtenida del Gobierno Autónomo Municipal, Notarias y Derechos Reales, no pueden ser considerados como un medio de prueba 

Pág.66 de 74 

TI 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional da Bolivia 

legitimo ni servir de base para la determinación, toda vez que, no se encuentran legalizadas ni refrendadas por los tenedores de los documentos originales; corresponde indicar que, conforme al contenido del acto impugnado desglosado al principio del presente análisis, la Administración Tributaria, solamente utilizó en la determinación efectuada, las minutas de trasferencia para sustentar el derecho propietario de los bienes inmuebles vendidos, documentación que fue presentada por Notarias de Fe Pública en copias debidamente legalizadas conforme se advierte de fojas 822 a 941 de antecedentes administrativos, documentación que revisten la calidad de prueba válida, conforme el inciso a) del artículo 217 de la Ley 2492, consecuentemente la documentación obtenida del Gobierno Autónomo Municipal y Derechos Reales no tuvo incidencia en el reparo arribado por la entidad recurrida, porque, valga la redundancia, dicho reparo deviene de la venta de bienes inmuebles, aspecto evidenciable en las citadas minutas de transferencias; correspondiendo desestimar lo argumentado por la sujeto pasivo, respecto a que la documentación obtenida por la Administración Tributaria no puede considerarse como sustento de la determinación efectuada

Por lo expuesto, resulta evidente que la Administración Tributaria, efectuó el proceso determinativo observado por la sujeto pasivo, en el marco de lo previsto normativamente, cumpliendo con el procedimiento así como las formalidades necesarias para la cuantificación de la base presunta; dando a conocer a la administrada, los elementos y hechos utilizados en dicha labor y garantizando con ello el debido proceso establecido en el artículo 117 de la Constitución Política del Estado, no resultando en consecuencia aplicable lo dispuesto en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0978/2012 de 22 de agosto, la cual versa respecto de la vulneración del debido proceso; desestimando los vicios de nulidad en el proceso de determinación del Servicio de Impuestos Nacionales, reclamados por Lourdes Dehne Delgadillo. 

afaq 150 900

Calidad AFKO. CLR CANON 

HD 

T

Aranitar Meja 

VORO SIA 

IV.5. Sobre las incongruencias en la liquidación expuesta en el acto impugnado. La sujeto pasivo manifestó que, la Resolución Determinativa impugnada, en su “Resuelve Primero, determinó supuestas obligaciones en la suma de UFV81.501.499 equivalente a Bs2.190.264.-, empero, los importes numerales difieren de los importes literales expuestos; asimismo, ninguna de las referidas cifras, coindicen con los importes consignados en el cuadro denominado “LIQUIDACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA SOBRE BASE PRESUNTA(reflejado en el “Resuelve Primero‘), donde además, no fueron consignados los datos de actualización de valor; asimismo, sostuvo que los montos 

QNet 

1454 

Mt

ให้ 

Pág.67 de 74 

NB/150 

9001 TENORCA 

Sistema de Gestió

de la Caldad Certificador 771/14 

Justícia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Av. Oquendo NR.381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012 www.ait.gob.bo. Cochabamba, Bolivia 

de los intereses, aplicando el 4% y 6%, no suman el total expresado en la columna Total Intereses en UFV’s”, hechos que se traducen en un vicio más de nulidad, por incumplir lo dispuesto en los artículos 99 de la Ley 2492 y 19 del Decreto Supremo 27310

Por su parte, la Administración Tributaria sostuvo que, las diferencias entre el valor numérico y literal, aludido por la parte recurrente, además de ser un “error de pluma” o “lapsus calami”, no genera error en el fondo de la determinación, toda vez que no limitó a la sujeto pasivo, pronunciarse sobre el acto impugnado, impugnar el mismo, menos afectó su derecho a la defensa. Agregó que, dicho error es corregible aún en ejecución y al momento de proceder con la liquidación a la fecha de pago; por lo que no comprende una 

causal de nulidad. 

Expuso que, la aplicación de los intereses del 4% y 6%, fueron expresados en la liquidación, considerando el tiempo de mora, aspecto evidenciable en el cuadro “Liquidación de Deuda Tributaria sobre Base Presunta“, que figura en el acto impugnado, no siendo evidente ningún error u omisión que se traduzca en anulabilidad o nulidad de la Resolución Determinativa impugnada. 

Sobre lo expuesto previamente, señalar que la doctrina administrativa considera que en general: Los vicios determinan las consecuencias que ocasionan, conforme a un criterio cualitativo, de práctica jurisprudencial y política juridica; asi a menor grado del vicio, el acto puede ser válido o anulable; por el contrario si el vicio es grave o muy grave, el acto será nulo y sólo en casos de grosera violación del derecho o falta de seriedad, será inexistente(GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo 3. p. XI-40)

Asimismo, Manuel Ossorio en el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Pág. 90, considera anulable: La condición de los actos o negocios jurídicos que pueden ser declarados nulos e ineficaces por existir en su constitución un vicio o defecto capaz de producir tal resultado, los actos anulables son válidos mientras no se declare su nulidad

Respecto a los componentes de la deuda tributaria, el artículo 47 de la Ley 2492, modificado por el parágrafo I del artículo 2 de la Ley 812, dispone: “9. La Deuda Tributaria (DT) es el tributo omitido expresado en Unidades de Fomento de Vivienda más intereses (1) que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para 

Pág.68 de 74 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bollvia 

el cumplimiento de la obligación tributaria, sin la necesidad de intervención o requerimiento alguno de la Administración Tributaria (...). El Tributo Omitido (TO) será expresado en Unidades de Fomento de Vivienda publicada por el Banco Central de Bolivia, del día de vencimiento de pago de la obligación tributaria. La tasa de interés (1) podrá variar de acuerdo a los días de mora (n: n1, n2, n3) y será: 1. Del cuatro por ciento (4%) anual, desde el día siguiente al vencimiento del plazo para el pago de la obligación tributaria hasta el último dia del cuarto año o hasta la fecha de pago dentro de este periodo, según corresponda (nl). 2. Del seis por ciento (6%) anual, desde el primer dia del quinto año de mora, hasta el último dia del séptimo año o hasta la fecha de pago dentro de este periodo, según corresponda (n2). 3. Del diez por ciento (10%) anual, desde el primer día del octavo año de mora hasta la fecha de pago (n3). El total de la deuda tributaria estará constituido por el Tributo Omitido actualizado en Unidades de Fomento de Vivienda, más los intereses aplicados en cada uno de los periodos de tiempo de mora descritos precedentemente, hasta el día de pago

Sobre la Resolución Determinativa, el parágrafo II del artículo 99 de la Ley 2492, establece que: II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos minimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa”

Asimismo, el parágrafo II del artículo 36 de la Ley 2341, respecto a la anulabilidad del acto administrativo, dispone que ll. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados”. 

afao 

ISO 9001 

Calidad UFNOG NHUIROK 

tit 

ranibar Meja 

VoBo 

ITU

oranoy 

IQNet 

WWWRACA 

Expuesta la posición de las partes, así como el marco legal inherente al presente agravio y de la lectura realizada a la Resolución Determinativa impugnada, se tiene que la Administración Tributaria, en el Resuelve Primero de dicho acto, estableció: “Determinar 

Www Me 

Pág.69 de 74 

NA/$O 

9001 IBNORCA 

Sistema de Gestión CertifioN 77114 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jacha kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní

Av. Oquendo N°381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012 www.ait.gob.bo. Cochabamba, Bolivia 

de oficio, por conocimiento razonable de la materia imponible, las obligaciones impositivas de la sujeto pasivo (…), en la suma de UFV’s 1.501.499.- (NOVECIENTAS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTAS ONCE UNIDADES DE FOMENTO DE VIVIENDA), equivalentes a la fecha de emisión de la presente Resolución a Bs2.190.264.(UN MILLON CIENTO NOVENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00/100 BOLIVIANOS), correspondiente al tributo omitido actualizado (IUE), intereses y sanción por omisión de pago, correspondiente a la gestión fiscal concluida a diciembre de la gestión 2012 (…). Al efecto, citó los artículos 47 (modificado por la Ley 812), 165 de la Ley 2492 y 42 del Decreto Supremo 27310, así como la Resolución Normativa de Directorio 10002510 (página 67 del acto impugnado). 

A continuación, plasmó el cuadro denominado “LIQUIDACIÓN DE LA DEUDA TRIBUTARIA SOBRE BASE PRESUNTA CONFORME AL ARTÍCULO 47° DE LA LEY 2492″, con la siguiente información

Fecha de Liquide on : Yabrda LUFY Teses) dutores Eplicable 

31,072020 

246206 | 4X6

COMPONENTES 

FISCAL 

(B3,1 

VCTO 

CALCULODE LA DEUDA EN UFY: PERODO 

IMPUESTO 

TRIBUTO FECHA DE BASE 

auto 

UFY FECHA 

TOTAL DE LA DEUDA: 

MITIDO EN 

OMISION DE 

INTERÉS AL INTERÉS AL VEKCMIENTO IMPOHIBLE 

TOTAL EN TOTAL EN B, VVS1EXUFYT0% EK UFV:

INTERESES PAGO EN UPV 

UF1 MES AKO 

EN UFV 10% EN 12 2017 0614 2 635.314709.079 1.825207.597,70056 69310.8808077.673.00-25 156.015,38123 337597,70455901211 2190281 

TOTAL DEUDA TRIBUTARIA 

09.073 

157.597,70866 653108600 77.67.90428156016,312 397397,70256 931.211 2.199284 TOTAL AOEUDO TRIBUTARIO EN UFY 

31211 TOTALADEUDO TRIBUTARIO EH BX: 

2.190.200 Elcákuo da bs componentes de la Deuda Tibaca corsidera cinco decima es comum a R.N.D. 1002510. Asimismo, la carena divianos reaixo con la UFV vigerte alda da emisión de la peserta Resolución debiendo realizarse un reo caeuo alda de pago de la Deuda Tributaria conosparamelos pertes nesaleda

De la misma forma, señaló que, en la liquidación de la deuda tributaria, la tasa de interés varía de acuerdo a los dias de mora, por lo que la deuda tributaria estará constituida por el Tributo Omitido actualizado en Unidades de Fomento de Vivienda, más los intereses aplicados a cada uno de los periodos en función al tiempo de mora, conforme lo establecido en el artículo 47 de la Ley 2492 modificado por el artículo 2 de la Ley 812 (página 67 del acto impugnado). 

” 

Expuesto el Resuelve Primero del acto impugnado, se evidencia que, la entidad recurrida, incurrió en incongruencias al momento de plasmar las obligaciones impositivas determinadas, ya que, refirió UFV’s 1.501.499,- (numeral), empero de manera literal, señaNOVECIENTAS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTAS ONCE UNIDADES DE FOMENTO DE VIVIENDA”, de la misma forma, al exponer el equivalentea la fecha del 

Pág. 70 de 74 

(AI

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

acto impugnado, refirió de Bs2.190.264.- (numeral), para después de manera literal señalar: “UN MILLON CIENTO NOVENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00/100 BOLIVIANOS”. 

Asimismo, en el cuadro denominado “LIQUIDACIÓN DE LA DEUDA TRIBUTARIA SOBRE BASE PRESUNTA CONFORME AL ARTÍCULO 47° DE LA LEY 2492″, la Administración Tributaria, bajo la columna “TOTAL EN UFVs“, señaló que: dicho concepto asciende a UFVs 931.211 y en la columna “TOTAL EN Bs.” plasmó Bs219.0264.-; lo que hace más incongruente la exposición de las obligaciones tributarias determinadas, en la parte resolutiva del acto impugnado. 

A lo expuesto se suma el hecho de que, la sumatoria de los importes expuestos en las columnas “INTERES AL 4% EN UFVs” (UFVs 68.310,86080), e “INTERES AL 6% EN UFVs” (UFVs 77.673,00425), es de UFVs 145.983,86505; sin embargo, en la columna “TOTAL INTERESES EN UFVs“, del prenombrado cuadro “LIQUIDACIÓN DE LA DEUDA TRIBUTARIA SOBRE BASE PRESUNTA CONFORME AL ARTÍCULO 47° DE LA LEY 2492″, la entidad recurrida consignó UFV5156.015,38123 (total de intereses); es decir, importe distinto a lo que realmente suma e interés al 4% más el interés al 6% (68.310,86080 + 77.673,00425 =-145.983,86505). 

Dė la misma forma, el importe de UFVs931.211 (387.597,70856 + 156.015,38123 + 387.597,70856), plasmado en el acto impugnado como “TOTAL ADEUDO TRIBUTARIO EN UFVS”, está compuesto por la sumatoria errónea de los intereses (UFV8156.015, 38123). Lo que se traduce en un errado adeudo tributario expuesto en la Resolución Determinativa impugnada. 

afaq 

ISO 900

Catdad 

Joh dihica 

En consecuencia, toda vez que el acto impugnado no permitió conocer con certeza la 

euda tributara determinada, vulneró lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 2492, concordante con el artículo 47 del mismo cuerpo legal, respecto a las especificaciones de la deuda tributaria, con la que debe contar el acto definitivo, a fin de permitir conocer a la sujeto pasivo, una adecuada liquidación de la deuda que se le atribuye. Por lo que, mal podría la entidad recurrida alegar que dicho aspecto únicamente se trataria de un “lapsus calami”, cuando, por un lado expone importes diferentes entre sí (numeral y literal), para después mostrar un “TOTAL ADEUDO TRIBUTARIO EN UFVs“, compuesto por sumatorias erróneas. 

Avantbar Merid

ELN 

1977 

Pág.71 de 74 

NB/150 

9001 IBNORCA Sistema de Gestión 

de la Caldas CettadN71/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvísa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarent) 

Av. Oquendo N2 381 entre Venezuela y Ecuador; Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012. www.ait.gob.bo. Cochabamba, Bolivia 

JU 

Por otro lado, de la lectura del memorial de alegatos presentado por la sujeto pasivo, se advirtió que la misma, trajo a colación un nuevo aspecto que no fue planteado como parte de su fundamento en el recurso interpuesto, ya que, solicitó sean consideradas como “ratio decidendi”, las Resoluciones de Recurso de Alzada ARITCBA/RA 0363/2019, ARITCBARA 0364/2019 y ARIT-CBA/RA 0441/2018 (fojas 126127 del expediente administrativo); al respecto, corresponde aclarar que, conforme a lo dispuesto en el parágrafo I del artículo 211 del Código Tributario Boliviano, establece que esta instancia recursiva debe pronunciarse de forma expresa, positiva y precisa sobre los puntos recurridos; bajo ese entendido al no haber sido planteados lo señalado en lineas previas, como parte de los fundamentos del memorial de Recurso de Alzada, esta instancia recursiva se ve impedida de pronunciarse sobre dicho aspecto. 

Adicionalmente la recurrente sostuvo que la: “(...) “evaluación” y aplicación, por la Gerencia Nacional de Fiscalización para aplicar la técnica otrosha sido INCORPORADA Y ACOMODADA maliciosamente en el último cuerpo de antecedentes, lo cual comprueba que jamás estuvo cumplido ese requisito se llevó a cabo el trabajo de campo y la emisión de los actos administrativos observados (…)(fojas 125 vta. de antecedentes administrativos); conforme la revisión de los antecedentes administrativos, se tiene la nota con CITE: SIN/GF/DNCC/NOT/864/2019 de 13 de mayo de 2019, con referencia Solicitud aprobación de técnica para Base Presenta“, emitida por la Gerencia Nacional de Fiscalización y recepcionada por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, el 20 de mayo de 2019 (fojas 389-392 C9 de antecedentes administrativos). 

De la misma forma, se comprobó que la vista de Cargo No 291930000658 y Resolución Determinativa N° 172030000385, fueron emitidas el 23 de diciembre de 2019 y 31 de julio de 2020, respectivamente (fojas 1296-1334 y 14351502 de antecedentes administrativos), de forma posterior a la aprobación de la técnica para la cuantificación de la Base Presunta, mediante nota con CITE: SIN/GF/DNCC/NOT/864/2019 de 13 de mayo de 2019, referida en el párrafo anterior, demostrando con ello, que los actos administrativos emitidos por la Administración Tributaria emergieron de un procedimiento previsto normativamente para el establecimiento de la base imponible, sin el cual, dicha entidad hubiera estado impedida de cumplir esa labor, no pudiendo en ese sentido, considerar el argumento aludido por la sujeto pasivo, sobre el incumplimiento del requisito de la aprobación por parte de la Administración Tributaria

Pág.72 de 74 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Asimismo, es preciso recordar a la sujeto pasivo que, los reclamos planteados deben contar con fundamentos de hecho y derecho, por lo que mal podría alegar que la entidad recurrida realizó actos maliciosamente“, sin exponer sustento técnico legal y prueba documental que respalde su aseveración. 

Por todo lo expuesto en el presente análisis, si bien fueron descartados parte de los vicios de nulidad aludidos por la sujeto pasivo (Falta de valoración de los descargos, incumplimiento de plazo para emitir y notificar la Vista de Cargo así como la ausencia de fundamentación en la atribución como sujeto pasivo del UE y en la determinación de la deuda tributaria), esta instancia de alzada corroboró que, la Resolución Determinativa impugnada, no cumplió con los requisitos establecidos en el parágrafo II del artículo 99 de la Ley 2492, para su emisión, en lo que concieme a las especificaciones de la deuda tributaria que debe contener dicho acto definitivo; hecho que vicia de nulidad la Resolución Determinativa N° 172030000385 de 31 de julio de 2020, de acuerdo al artículo 36 parágrafo II de la Ley 2341, aplicable en materia tributaria en virtud del artículo 201. del Código Tributario Boliviano, normativa que establece que el defecto de forma solo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin como sucede en el presente caso; por tanto, ésta instancia de Alzada se ve impedida de pronunciarse sobre el reclamo de fondo planteado por la sujeto pasivo, inherente a la prescripción de la facultad de determinación de la Administración Tributaria y el desarrollo de actividad gravada por parte de la recurrente. 

– 

En consecuencia, corresponde a esta instancia recursiva anular la Resolución Determinativa No 172030000385 de 31 de julio de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, efectos que la citada Administración Tributaria, emita un nuevo acto que considere los aspectos señalados precedentemente en el marco de lo previsto por el parágrafo Il del articulo 99 de la Ley 2492, referido a la exposición correcta de las especificaciones de la deuda tributaria

afaq 

POR TANTO: 

USO 900

cutidad AFNOM CONTATO: 

WION 

Va

QNe

SUSTEN 

LAM 

El suscrito Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley 2492 y artículo 141 del Decreto Supremo 29894 de 7 de febrero de 2009

Whe

MY B 

DER 

Pág.73 de 74 

N8/150 

9001 IBNORCA 

Istora de Gestión 

de la cidad Certifikatan 771/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana taşaq kuraq karachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onorita mbaerepi Vae (Guaranl

Av. Oquendo N° 381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012 • www.ait.gob.bo.Cochabamba, Bolivia 

TIL 

RESUELVE PRIMERO: ANULAR la Resolución Determinativa N° 172030000385 de 31 de julio de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, a efectos de que la Administración Tributaria, emita un nuevo acto que considere los aspectos señalados precedentemente, en el marco de lo previsto por el parágrafo il del articulo 99 de la Ley 2492; referido a la exposición correcta de las especificaciones de la deuda tributaria; sea de conformidad con el inciso c), parágrafo I del artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario Boliviano, será de cumplimiento obligatorio para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 de la Ley 2492, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computables a partir de su notificación. 

Registrese, notifiquese y cúmplase

Eric Ausberto Rojas Urquiza 

DIRÉCTOR EJECUTIVO REGIONAL 

DIRECCION EJECUTIVA REGIONAL Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Coba

Pág.74 de 7