ARIT-CBA-RA-0314-2020 Ingresos percibidos en cuentas bancarias no declarados, gastos no deducibles para el IUE y multas por incumplimiento al deber formal. Se Revocó Parcialmente la Resolución Determinativa quedando vigente la sanción por incumplimiento al deber formal (no presentación de documentación).

ARIT-CBA-RA-0314-2020

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

Estado Plurinacional de Bolivia 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0314/2020 

Recurrente 

Mario Córdova Pinto, representado por Cinthia Torrico Orellana, 

Administración recurrida 

Gerencia Grandes contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por Jaime Alejandro Pozo López

Acto impugnado 

Resolución 

Determinativa 

No 

– 

– 

– 

– 

  1. 171939000898

Expediente No Lugar y fecha 

ARITCBA-0394/2019. Cochabamba, 20 de noviembre de 2020. 

VISTOS: –.-– 

El‘ Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y.. producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-CBA/ITJ 0314/2020 de 20 de noviembre de 2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente

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ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. La Resolución Determinativa N° 171939000898 de 10 de diciembre de 2019, que determinó de oficio las obligaciones impositivas de Mario Córdova Pinto en un importe de UFVs 589.743 equivalentes a Bs1.372.603.– correspondiente al tributo omitido actualizado e intereses por el impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (UE) de la gestión con cierre a diciembre de 2011; asimismo, calificó la conducta del sujeto pasivo como omisión de pago, aplicando una sanción equivalente al 100% del tributo omitido determinado y expresado en UFVS 409.532, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 165 de la Ley 2492 y 42 del Decreto Supremo 27310. Por otra parte, confirmó la multa por 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

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incumplimiento a deberes formales, atribuida al sujeto pasivo e impuestas mediante Actas por Contravención Tributaria Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 147775 y 147777, en la suma de UFVs 2.000. Acto notificado mediante cédula, el 19 de diciembre de 2019 (fojas 3288-3345 y 3348 de antecedentes administrativos). 

TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA. II.1. Argumentos del Recurrente. Mario Córdova Pinto, representado por Cinthia Torrico Orellana, conforme acreditó el Testimonio de Poder No 1188/2015 de 6 de octubre de 2015 (fojas 61-62 del expediente administrativo), mediante memorial presentado el 30 de diciembre de 2019 (fojas 64-69 del expediente administrativo) interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 171939000898 de 10 de diciembre de 2019, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, manifestando lo siguiente

Que, para la determinación de ingresos percibidos y omitidos en cuentas bancarias no declaradas ni registradas, la Administración Tributaria consideró los depósitos, transferencias de terceros y depósitos de cheques, indicando que corresponde ajustar dichos ingresos en la determinación de la base imponible para el IUE de la gestión 2011; sin considerar que las personas naturales pueden mantener cuentas propias, cuyos depósitos no necesariamente implican la existencia de ingresos alcanzados por el IVE; por lo que adujo que los movimientos personales en cuentas particulares no requieren ser registrados, documentados ni justificados contablemente. 

Indicó que, llevar una contabilidad en base a caja o efectivo y no registrar la cuenta 

Bancos, responde al hecho de que, al ser una persona natural, constituye una empresa unipersonal y puede mantener cuentas propias, siendo que no podría considerarse un tipo societario, criterio respaldado y analizado en las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGITRJ 0401/2013 y AGIT-RJ 2115/2013

Manifestó que, el Servicio de Impuestos Nacionales, se limitó a señalar que realizó la determinación de ingresos percibidos y no declarados en base a depósitos en efectivo, transferencias de terceros y depósitos de cheques; empero que la Resolución impugnada no expuso, detalló, ni realizó investigación alguna que permita establecer de forma 

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específica los movimientos en las cuentas no asociadas a la contabilidad, los productos o servicios objeto de venta, su precio, el comprador, cantidad y fecha; aspectos que impiden identificar con precisión y en forma individual las transacciones observadas, imposibilitando de esta manera ejercer el derecho a la defensa. 

Indicó que, la determinación de la Administración Tributaria se limitó a establecer una diferencia entre los ingresos percibidos mensualmente en las cuentas bancarias y los ingresos declarados tomando en cuenta el mayor, resultando una metodología carente de un criterio técnico e insuficiente que limitó su fundamento a exponèr importes globales observados por mes, sin establecer de forma individualizada las transacciones, aspecto que impidió asumir defensa y vulneró el debido proceso y el derecho a la defensa, señalados en los artículos 24 y 115 de la Constitución Política del Estado, así.como el numeral 6 del artículo 68 de la Ley 2492.-.. 

Refirió que, el Servicio de Impuestos Nacionales, aplicó incorrectamente el criterio y circunstancia como justificativo legal para utilizar la base presunta, siendo que una persona natural registrada como empresa unipersonal, no tiene obligación de registrar ni respaldar movimientos de sus cuentasi personales en su contabilidad, pues tal acción distorsionaria el principio de realidad económica y de ente reconocido por la norma tributaria.” 

Con relación a la cuenta compras, manifestó que el SIN señaló contradictoriamente que fueron presentadas facturas de compra de GLP a la empresa PECA GAS y que a su vez dicha empresa presentó facturas de venta y los recibos de caja que confirman el pago emitido; asimismo, indicó que las compras observadas cuentan con factura original, copia del emisor, recibos de pago y cumplen el principio de causalidad, al tener como objeto la generación de rentas gravadas y/o el mantenimiento de la fuente, por lo que de conformidad a lo dispuesto en los artículos 47 de la Ley 843 y 7 del Decreto Supremo 24051. son deducibles a efectos del cálculo de la base imponible del Il 

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Argumento que el SIN desconoció el principio de realidad económica y el artículo 8 del Decreto Supremo 24051, por cuanto cumplió con la exigencia de contar con documentación original de respaldo, por lo que la demás normativa señalada por el ente recaudador como incumplida, resultaría un aspecto de forma y no de fondo, no existiendo 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach‘a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarant) 

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una exposición de normativa tributaria que justifique que por dichos conceptos s

produzca reparos. 

Afirmó que los artículos 47 de la Ley 843, así como 7 y 8 del Decreto Supremo 24051, establecen que la base imponible del UE se determina a partir de la utilidad bruta obtenida 

de deducir a los ingresos, los costos de bienes vendidos y los gastos necesarios para 

obtener dicho ingreso; de la misma forma, señaló que la citada nomativa también establece que se consideran necesarios todos los gastos realizados a condición de que estén vinculados con la actividad gravada y respaldados con documentos originales; agregó que, en ningún momento, dicha norma establece que la falta de presentación de registros contables, invalida la condición de deducible, máxime en consideración a que el principio de realidad económica evidencia que los gastos son indispensables para la actividad

Puntualizó que la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 1169/2016-S3 de 26 de octubre, estableció que la norma aplicable al plazo de prescripción debe ser aquella vigente al momento del inicio del cómputo de la plazo de prescripción, correspondiendo para el presente caso la Ley 2492 sin modificaciones, aspecto ratificado en aplicación análoga de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo 27310

Manifestó que la Administración Tributaria, pretende desconocer el efecto de la 

Resolución emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, que dispuso anular todos los actuados hasta la Vista de Cargo, pero que dicha Resolución no exceptuó la tramitación de los recursos; por otra parte, acotó que lo pretendido por el SIN, vulneró el principio de irretroactividad de la Ley regulado por el artículo 123 de la Constitución Política del Estado, por lo que la interpretación del artículo 59 de la Ley 2492, efectuada por el ente recaudador, resulta errónea. 

Refirió que existió vulneración del debido proceso, toda vez que la Administración Tributaria en la parte resolutiva del acto impugnado, no dictó decisión expresa aceptando o rechazando la prescripción, situación que transgredió los artículos 115 de la Constitución Política del Estado y 68 numeral 6 de la Ley 2492, por lo que adujo que corresponde el saneamiento del proceso conforme lo previsto en el artículo 36 parágrafo I y II de la Ley 2341, aplicable en materia tributaria por mandato del artículo 74 parágrafo I de la Ley 2492. 

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Sostuvo que, en cada uno de los reparos y en la contestación a la solicitud de prescripción, la Resolución Determinativa impugnada carece de la debida fundamentación, elemento inherente a la garantía jurisdiccional del debido proceso, por lo que el sustento de los reparos resulta incompleto e inconsistente, al no permitir conocer los hechos puntuales sujetos a observación, para poder ser revisados a través de las instancias de impugnación correspondientes; asimismo, añadió que la resolución impugnada contiene imprecisiones y errores en la aplicación de la normativa legal, el cálculo de plazos, los actos y fechas, lesionando los derechos al debido proceso, en su elemento de fundamentación y congruencia, derecho a la defensa, a la petición y el principio de seguridad jurídica. 

Por lo expuesto, en petitorio solicitó la anulación de la Resolución Determinativa No 171939000898 de 10 de diciembre de 2019. 

11.2. Au 

e Admisión, El 31 de diciembre de 2019, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Admisión EXPEDIENTE ARIT-CBA-0394/2019 correspondiente al Recurso de Alzada interpuesto por Mario Córdova Pinto, representado por Cinthia Torrico Orellana, contra la Resolución Determinativa N° 171939000898 de 10 de diciembre de 2019, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (fojas 70 del expediente administrativo). 

1.3. Respuesta de la Administración Tributaria.” La Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por Deysi Gómez Ugarte, conforme acreditó la Resolución Administrativa de Presidencia No 031900001139 de 27 de diciembre de 2019 (fojas 76 del expediente administrativo), por memorial presentado el 23 de enero de 2020 (fojas 77-86 del expediente administrativo), respondió el Recurso de Alzada con los siguientes fundamentos: 

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Que, del análisis de los Estados Financieros evidenció que el sujeto pasivo no registró ni declaró contablemente la cuenta de activo “Bancos“, registrando sus movimientos de efectivo a través de la cuenta “Caja Moneda Nacional”, por lo que a efectos de determinar el origen y destino de los ingresos, solicito documentación de respaldo que no fue presentada por el sujeto pasivo y ante dicho incumplimiento, requirió 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mbun visa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

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información documentada a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), respecto a las cuentas de caja de ahorro, cuentas corrientes, boletas de garantia, transferencias entre otros- a nombre del sujeto pasivo; señaló que, en respuesta, el Banco BISA SA., remitió documentación relacionada a los ingresos y egresos registrados en las cuentas bancarias 447722-002-4 y 44722-201-9, de dónde verificó la existencia de ingresos percibidos por la venta de GLP y retiros por concepto de transferencias a la cuenta 069124001-1 de propiedad de Peca Gas (único proveedor de GLP del sujeto pasivo). 

Manifestó que, lo argumentado por el sujeto pasivo, respecto de la inexistencia de necesidad de reflejar en su contabilidad la cuenta bancos, carece de veracidad y resulta contrario a la normativa tributaria; máxime cuando comprobó la existencia de ingresos percibidos que no fueron declarados por el sujeto pasivo y que no fueron considerados en la determinación de la base imponible del IVE. 

Argumentó que efectuó un trabajo pormenorizado y detallado para la determinación de todos los reparos, haciendo uso de sus facultades de investigación, seguimiento y control, gestionando requerimientos al sujeto pasivo para que esclarezca la naturaleza de sus cuentas bancarias y sustente el origen de sus ingresos; empero, sustentó que el sujeto pasivo no presentó la documentación requerida, no existiendo al efecto indefensión, cuando el propio sujeto pasivo no presentó la documentación solicitada. 

Manifestó que realizó un análisis de los ingresos del sujeto pasivo, efectuando la comparación de los ingresos percibidos en sus cuentas bancarias con los ingresos declarados y expuestos en los Estados Financieros, determinando una diferencia entre ambos como ingresos omitidos de Bs997.156,79, no existiendo vulneración del debido proceso y mucho indefensión generada al contribuyente, quien estuvo al tanto del proceso todo el tiempo. 

Sostuvo que las cuentas bancarias señaladas por el sujeto pasivo se encuentran relacionadas con la actividad gravada, por lo que debieron ser declaradas y registradas contablemente en los Estados Financieros; en tal sentido, manifestó que en una correcta aplicación de los artículos 42, 46, 47 de la Ley 843, y 4, 6 y 7 del 

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Decreto Supremo 24051, correspondió ajustar sus ingresos en la determinación de la base imponible del IUE de la gestión 2011

Refirió que la Resolución impugnada fundamentó el método de determinación de la base imponible sobre base presunta, en lo establecido en la Ley 2492 y la Resolución Normativa de Directorio N° 10-001713, por lo que, utilizando la información proporcionada por las entidades financieras y la que se encuentra en su poder, estableció sobre base presunta los ingresos percibidos en las cuentas bancarias 44722-002-4 y 4472200201-9 que no fueron registrados ni cuentan con documentación de respaldo; en tal sentido, afirmó que el acto ‘impugnado se encuentra fundamentado técnica y legalmente, no existiendo vulneración del debido proceso ni del derecho a la defensa. 

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Manifestó que ante el incumplimiento del sujeto pasivo de presentar la documentación solicitada, clasificó las facturas presentadas, según el concepto detallado en cada una de ellas, para posteriormente comparar los totales clasificados con los saldos expuestos en el Estado de Resultados, obteniendo una diferencia que no se encuentra respaldada por documento, alguno; es decir, factura, recibo, compra con retención u otro; por lo que, el sujeto pasivo, no presentó documentación que permita demostrar que los gastos realizados estén vinculados con la actividad gravada. 

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Puntualizó que el sujeto pasivo incumplió lo dispuesto en los artículos 70 numeral 8 de la Ley 2492, 36, 37 y 44 del Código de Comercio, además del artículo 35 del Decreto Supremo 24051, referido a los registros y operaciones contables, debido a que verificó los gastos declarados y la exposición de los mismos en el Estado de Resultados

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Indicó que el sujeto pasivo pretende respaldar los gastos a través del documento “Caja Egresos”; sin embargo, el mismo no identificó el número de factura, la cuenta contable de gasto, ni la identidad de la persona o empresa que recibió el pago, por lo que no constituye de ninguna manera en prueba indubitable de la realización de la transacción; agregó que el sujeto pasivo presentó el “acta de registros contables” pretendiendo reemplazar el Libro Diario, apartándose del Código de Comercio, teniendo de ello que no fueron presentados registros contables que permitan verificar 

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la apropiación contable a cuentas de gastos de los importes reflejados en las facturas presentadas, por lo que no evidenció la vinculación de los gastos con la actividad gravada, siendo desconocido el destino y/o aplicación del bien adquirido o servicio percibido, ante la inexistencia de presentación de medios probatorios de pago que evidencien de manera contundente el pago efectivo al proveedor

Sostuvo que dio una respuesta fundamentada de la prescripción incoada en base al análisis de los descargos ofrecidos, aplicando la normativa y rechazando la prescripción mediante los fundamentos expuestos a fojas 50 a 53 de la Resolución Determinativa impugnada; asimismo, refirió que para el cómputo de la prescripción, el término de 4 años fue suspendido por la notificación de la Orden de Fiscalización y al estar vigentes las Leyes 291, 317 y 812, su aplicación sobre derechos no perfeccionados resulta imperativa, por lo que la aplicación de dichas leyes resulta correcta y no vulneró o afectó ningún derecho, 

Argumento que para interpretar la prescripción, corresponde aplicar la normativa vigente al momento de la solicitud, que para el presente caso resulta el artículo 59 de la Ley 2492 modificado por la Ley 812, en cumplimiento a lo dispuesto en el parágrafo Il del artículo 164 de la Constitución Política del Estado; por tanto, sostuvo que como Administración Tributaria, tiene un plazo para el ejercicio de su facultad de determinación desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2020, sin considerar las causales de suspensión ocurridas como efecto de la notificación de la orden de fiscalización, la Resolución Determinativa y la interposición del Recurso de Alzada, consecuentemente refiere que dicha facultad no se encuentra prescrita de ningún modo 

Manifestó que, el sujeto pasivo interpuso Recurso de Alzada el 6 de febrero de 2017 y que los antecedentes administrativos fueron devueltos a la Administración Tributaria el 11 de abril de 2018, suspendiendo el término de prescripción por 1 año, 2 meses y 5 días. 

Afirmó que realizó un análisis pormenorizado, tanto de la documentación presentada por el sujeto pasivo, de la que se encontraba en su poder y la solicitada a terceros, por lo que desarrolló un trabajo minucioso y detallado de toda la información 

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recopilada, determinando los presupuestos tanto para la determinación de la base presunta como de la base cierta; análisis amparado legal, técnica y fácticamente, desarrollando para cada reparo una investigación fundamentada, cuyo resultado fue plasmado en cuadros que detallan el estudio realizado, además de brindar una explicación de toda la normativa aplicada a cada caso concreto; consecuentemente, manifestó que el trabajo desarrollado se encuentra debidamente fundamentado

Señaló que, la Administración Tributaria, dio cabal cumplimiento a la Resolución de Recurso Jerárquico AGITRJ 1782/2017; al proceder con la anulación del procedimiento de determinación, pero no así la tramitación del Recurso de Alzada que concluyó con la emisión de la citada Resolución de Recurso Jerárquico. 

Por lo expuesto, solicitó confirmar la Resolución Determinativa N° 171939000898 de 10 de diciembre de 2019, en todas sus partes.- –.. 

II.4. Apertura de término probatorio. : El 24 de enero de 2020, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Apertura Término de Prueba Expediente ARIT-CBA-0394/2019 dando apertura al término probatorio de 20 dias comunes y perentorios para ambas partes, en aplicación del artículo 218 inciso d) del Código Tributario Boliviano (fojas 87 del expediente administrativo). 

El 4 de febrero de 2020, la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales representada por Jaime Alejandro Pozo López, conforme acreditó la Resolución Administrativa de Presidencia No 032000000079 de 23 de enero de 2020 (fojas 89 del expediente administrativo), mediante memorial, se apersonó y ratificó la respuesta al Recurso de Alzada y la documentación adjunta al mismo en calidad de prueba preconstituida (fojas 90 del expediente administrativo). 

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11.5. Alegatos. El 21 de febrero de 2020, la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales presentó memorial de alegatos, reiterando los argumentos vertidos en el memorial de respuesta al Recurso de Alzada, referidos a los reparos establecidos sobre base presunta, la existencia de respaldos para el establecimiento de 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jacha kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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los reparos, la fundamentación legal de la determinación, la existencia de reparos sobre base cierta en compras observadas sin respaldo, la improcedencia de la prescripción solicitada, la fundamentación expuesta en el acto impugnado y el cumplimiento de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1782/2017 (fojas 94-98 del expediente administrativo). 

Por su parte, el recurrente dentro el plazo establecido en el parágrafo ll del artículo 210 del Código Tributario Boliviano, no presentó alegatos ante esta instancia recursiva

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA. 

El 4 de septiembre de 2015, la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Orden de Fiscalización No 00150FE00013, que comprendía la verificación de los hechos y/o elementos relacionados con el UE por la gestión concluida al 31 de diciembre de 2011. Acto notificado mediante cédula a Córdoba Pinto Mario, el 21 de septiembre de 2015 (fojas 3 y 15 de antecedentes administrativos)

El 5 de abril de 2016, la Administración Tributaria mediante CITE: SIN/GGCBBA/DF/NOT/00373/2016 comunicó al contribuyente la realización de una inspección ocular con el propósito de evidenciar fisicamente los activos fijos declarados (fojas 38 de antecedentes administrativos). 

El 9 de mayo de 2016, conforme a CITE: SIN/GGCBBA/DF/FE/NOT/00564/2016 el SIN solicitó al contribuyente, información respecto a las cuentas bancarias tanto de los ingresos como de egresos, además requirió la presentación de certificación y/o aclaración sobre la naturaleza de las mismas (origen y destino de los fondos, referente a las cuentas en el Banco BISA Cta. Cte. MN No 44722002-4, Cta. Cte. ME N° 44722-201-9, Cta. Cte. MN No 691240011, Cta. Cte. ME N° 69124-201-3, Cta. Cte. MN N° 44722-002-4, Cta. Cte. ME 44722201-9 y Cta. Cte. MN N° 69124001-1. Acto notificado mediante cédula, 13 de mayo de 2016 (fojas 39-50 de antecedentes administrativos). 

El 19 de septiembre de 2016, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo N° 29 00189-16, que liquido preliminarmente un reparo por Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas de Bs766.699.-, derivando en una deuda tributaria total de Bs2.077.936. 

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equivalentes a UFVs 965.893, que incluyó tributo omitido, intereses, sanción por la calificación de la conducta del contribuyente y multas por incumplimiento a deberes formales. Acto que fue notificado mediante cédula, el 18 de octubre de 2016 (fojas 2717 2763 y 2766 de antecedentes administrativos)

El 15 de septiembre de 2016, Mario Córdova Pinto mediante nota solicitó a la Administración Tributaria la devolución de los documentos entregados en las órdenes de Fiscalización Nos. 00150FE00013 y 00150FE00014 de 4 de septiembre de 2015; asimismo, refirió respecto a la ausencia de notificación del acto, que establezca la ampliación de la fecha de finalización de la fiscalización, argumentación que fue atendida por la Administración Tributaria mediante Proveido No 24-0088016 (fojas 2907-2908 de antecedentes administrativos). 

– – – — – ! El 7 de noviembre de 2016, el sujeto pasivo mediante nota al SIN, expuso que la documentación original recibida como devuelta, se encontraria incompleta; situación que requiere seà considerado como parte del expediente administrativo (fojas 2917-2918′de antecedentes administrativos). 

El 7 de-noviembre de 2016, Mario Córdova Pinto mediante nota solicitó aclaración y complementación del Proveido No 2400880-16 de 20 de septiembre de 2016, referido al tiempo suscitado hasta a la notificación de la Vista de Cargo 29-00189-16 y del acto administrativo, vinculado con la ampliación para la fiscalización desarrollada (fojas 2922 2923 de antecedentes administrativos). 

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El 21 de noviembre de 2016, la entidad fiscalizadora emitió el Proveido No 2401033-16 atendió el memorial de 7 de noviembre, señalando que fueron notificadas las vistas de Cargo Nos. 2900189-16 y 29-0018716; asimismo, señaló que se encuentran en la etapa de descargos previstas en el artículo 98 de la Ley 2492; y que la argumentación expuesta en dicho memorial sería atendida y valorada en la Resolución Determinativa conforme lo prevé el artículo 99 de la Ley 2492. Acto que fue notificado por cédula, el 29 de noviembre de 2016 (fojas 2926 y 2930 de antecedentes administrativos)

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El 10 de enero de 2017, la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa No 171739000010, que determinó las obligaciones impositivas del contribuyente Mario 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti ofomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Av. Oquendo N2 381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos:'(5914) 4140011 4140012 www.ait.gob.bo. Cochabamba, Bolivia 

Córdova Pinto, en la suma de UFVs 973.914 equivalentes a Bs2.118.058, que consolidó tributo omitido, intereses, sanción por omisión de pago y multa por incumplimiento a deberes formales, correspondiente al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas de la gestión concluida a diciembre de 2011; acto notificado mediante cédula a Córdoba Pinto Mario, el 16 de enero de 2017 (fojas 2982-3034 y 3039 de antecedentes administrativos). 

El 2 de mayo de 2017, ante el Recurso de Alzada interpuesto la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT CBA/RA 0200/2017, que anuló la Resolución Determinativa N° 171739000010 de 10 de enero de 2017, con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, hasta la Vista de Cargo N° 29-0018916 de 19 de septiembre de 2016, a efectos de que la Administración Tributaria pueda emitir nuevos actos debidamente fundamentados, conforme al parágrafo I del artículo 96 y parágrafo II del artículo 99 de la Ley 2492 y Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13 (Registro Público AIT)

El 18 de julio de 2017, la Autoridad General de Impugnación Tributaria, emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0915/2017, que anuló la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBARA 0200/2017 de 2 de mayo de 2017, con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la citada Resolución del Recurso de Alzada inclusive, a objeto que se emita una nueva Resolución en la que se pronuncie sobre todos los aspectos impugnados en el Recurso de Alzada (Registro Público AIT). 

El 22 de septiembre de 2017, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARITCBARA 0373/2017, disponiendo confirmar Resolución Determinativa N° 171739000010 de 10 de enero de 2017, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, no obstante, dicha resolución fue anulada el 19 de diciembre de 2017 por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, mediante la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1782/2017 de 19 de diciembre de 2017 (fojas 30463065 y 30673086 de antecedentes administrativo). 

El 19 de agosto de 2019, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo No 291939000189 que liquido preliminarmente un reparo por el Impuesto sobre las Utilidades, de las Empresas de UFVS 988.318, que incluyó tributo omitido, intereses, sanción por la 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

calificación de la conducta del contribuyente y multas por incumplimiento a deberes formales. Acto notificado mediante cédula, el 16 de octubre de 2019 (fojas 31533207 y 3212 de antecedentes administrativos), 

El 8 de noviembre de 2019, Mario Córdova Pinto presentó nota de descargo a la Vista de Cargo, solicitando la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria para determinar adeudos tributarios correspondientes al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas de la gestión con cierre a diciembre de 2011, argumentando la aplicación del término de 4 años establecido en el artículo 59 de la Ley 2492; asimismo, refirió como causal de suspensión de la prescripción la notificación de la Orden de Fiscalización (fojas 3228-3230 de antecedentes administrativos). 

El 19 de diciembre de 2019, la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Resolución Determinativa N° 171939000898, que resolvió determinar de oficio las obligaciones impositivas de Mario Córdova Pinto en un importe de UFVs 589.743, correspondientes al tributo omitido actualizado e intereses por el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas de la gestión con cierre a diciembre de 2011; asimişmo, calificó la conducta del sujeto pasivo como omisión de pago, aplicando una sanción equivalente al 100% del tributo omitido determinado y expresado en Unidades de Fomento de Vivienda de conformidad a lo dispuesto en los artículos 165 de la Ley 2492 y 42’del Decreto Supremo 27310. Acto notificado mediante cédula, el 19 de diciembre de 2019 (fojas 3288-3345 y 3348 de antecedentes administrativos). 

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El 12 de junio de 2020, ante el Recurso de Alzada interpuesto, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT CBARA 0092/2020, resolviendo revocar totalmente la Resolución Determinativa No 171939000898 de 10 de diciembre de 2019, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, al advertir que, la facultad de determinación de la Administración Tributaria respecto al IUE de la gestión con cierre a diciembre de 2011, prescribió antes de la emisión y notificación del acto impugnado (fojas 113-124 del expediente administrativo). 

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El 24 de septiembre de 2020, la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1318/2020 el 24 de septiembre de 2020, 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mbur visa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

  1. AV. Oquendo N°381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012 www.ait.gob.bo . Cochabamba, Bolivia 

resolviendo anular la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0092/2020 de 12 

de junio de 2020, con reposición hasta el vicio más antiguo, precisamente hasta la citada Resolución del Recurso de Alzada; a objeto de que dicha instancia emita una nueva Resolución, en la cual se pronuncie sobre todos los aspectos que se encuentran consignados en la Resolución de Recurso de Alzada (fojas 157165 del expediente administrativo). 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA. 

Conforme a lo establecido en el parágrafo del artículo 211 parágrafo del Código Tributario Boliviano, ésta instancia recursiva ingresará a resolver los reclamos efectuados por la parte recurrente, aclarando que, de la lectura del Recurso de Alzada, se advirtió que el sujeto pasivo planteó agravios tanto de forma como de fondo para el análisis técnico jurídico, siendo estos los siguientes: 1. Falta de fundamentación en el acto impugnado; 2. Configuración de ingresos no declarados; 3. Deducibilidad de los gastos; y 4. Prescripción. 

1.1. Cuestión previa. Con carácter previo, corresponde puntualizar que el presente Recurso de impugnación, en una anterior oportunidad mereció un pronunciamiento por parte de esta instancia de Alzada, concretamente a través de la emisión de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBARA 0092/2020 de 12 de junio de 2020, misma que dispuso revocar totalmente la Resolución Determinativa N° 171939000898 de 10 de diciembre de 2019, al ser evidente la configuración de la prescripción de las facultades de determinación de la Administración Tributaria respecto al UE de la gestión con cierre a diciembre de 2011; asimismo, en dicha Resolución se aclaró que al extinguirse por prescripción la obligación tributaria, por lógica consecuencia quedó extinguido el proceso determinativo; motivo por el cual, no correspondería efectuar mayor análisis respecto de los otros agravios planteados en el Recurso de Alzada. 

No obstante, la Administración Tributaria interpuso Recurso Jerárquico contra la referida Resolución de Recurso de Alzada ARITCBARA 0092/2020, motivo por el cual la Autoridad General de Impugnación Tributaria dictó la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1318/2020 el 24 de septiembre de 2020, dejando establecido que: xiïi. Conforme a lo expuesto, se evidencia que la instancia de Alzada (…) limitó su pronunciamiento a la prescripción de la facultad de determinación del SIN respecto al UE con cierre en la 

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gestión 2011; manifestando que al encontrarse prescrita la citada facultad ya no ameritaba efectuar el análisis sobre los demás puntos impugnados; de lo que se observa que la ARIT vulneró el Debido Proceso y el derecho a la Defensa establecido en los Artículos 115, Parágrafo II de la CPE y 68 Numeral 6 del CTB, puesto que no efectuó el análisis de todos los argumentos que enunció en la Resolución de Alzada” (fojas 164 vta. del expediente administrativo). 

De igual manera, la citada Resolución de Recurso Jerárquico continuo indicando: “xv. En ese entendido, la omisión de pronunciamiento de la ARIT de ningún modo puede sustentarse solamente con el análisis de la prescripción, máxime cando dicha omisión se constituye en un agravio más de los que se expuso en la Resolución de Recurso de Alzada y no asi el único; por lo que, dicha Resolución no cumplió lo establecido en el Artículo 211, Parágrafo I del Código Tributario Boliviano (CTB), toda vez que su decisión no resulta expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas, vulnerando los Articulos 115, Parágrafo ll de la CPE y 68, Numeral 6 del citado Código; ya que no emitió un pronunciamiento razonablemente fundado y motivado (...) xvii. Por todo lo expuesto (…) corresponde a esta instancia Jerárquica, anular la Resolución del Recurso de Alzada ARITCBARA 0092/2020, de 12 de junio de 2020, con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la citada Resolución del Recurso de Alzada, inclusive; a objeto de que la instancia de alzada emita una nueva resolución, en la cual se pronuncie sobre todos los aspectos que se encuentran consignados en la Resolución de Recurso de Alzada (…)(fojas 164165 del expediente administrativo)

Consecuentemente, esta instancia de Alzada en cumplimiento a lo expresamente dispuesto por la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1318/2020 el 24 de septiembre de 2020, efectuará un análisis de todos los aspectos planteados en el Recurso de Alzada, aclarando que la Autoridad General de Impugnación Tributaria no identificó la existencia de algún otro vicio de nulidad de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT CBARA O092;2020

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IV.2. Falta de fundamentación del acto impugnado. La parte recurrente manifestó que, en los reparos y en el contenido de respuesta a la solicitud de prescripción, la Resolución Determinativa impugnada carece de la debida fundamentación, elemento inherente a la garantía jurisdiccional del debido proceso, por lo 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach‘a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vao (Guarani) 

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que el sustento de los reparos resultaría incompleto e inconsistente, al no permitir conocer los hechos puntuales sujetos a observación para poder ser revisados a través de las instancias de impugnación correspondientes; añadió que la Resolución impugnada contiene imprecisiones y errores en la aplicación de la normativa legal, el cálculo de plazos, los actos y fechas, lesionando los derechos al debido proceso en su vertiente de fundamentación y congruencia y los derechos a la defensa, petición y el principio de seguridad jurídica

Especificó que el Servicio de Impuestos Nacionales se limitó a manifestar que realizó la determinación de ingresos percibidos no declarados, en base a depósitos en efectivo, transferencias de terceros y depósitos de cheques, limitándose a establecer una diferencia entre los ingresos percibidos mensualmente en las cuentas bancarias y los ingresos declarados tomando en cuenta el mayor; empero, que la Resolución impugnada no expuso, detalló, ni realizó investigación alguna que permita establecer de forma específica los movimientos en las cuentas no asociadas a la contabilidad, los productos o servicios objeto de venta, precio, comprador, cantidad y fecha; resultando una metodologia carente de criterio técnico e insuficiente, impidiendo identificar con precisión y en forma individual las transacciones observadas; aspectos que vulneraron el debido proceso y el derecho a la defensa señalados en los artículos 24 y 115 de la Constitución Política del Estado, así como el numeral 6 del artículo 68 de la Ley 2492

Por su parte, la Administración Tributaria argumentó que, efectuó un trabajo pormenorizado y detallado para la determinación de todos los reparos, haciendo uso de sus facultades de investigación, seguimiento y control a través de requerimientos al sujeto pasivo para que esclarezca la naturaleza de sus cuentas bancarias y sustente el origen de sus ingresos; empero, señaló que el sujeto pasivo no presentó la documentación requerida, no pudiendo observar que el SIN le imposibilitó ejercer su defensa; por lo que aseguró que no causó indefensión, pues el propio sujeto pasivo omitió presentar la documentación solicitada. 

Adicionalmente, señaló que realizó un análisis de los ingresos del sujeto pasivo, comparando los ingresos percibidos en sus cuentas bancarias con los ingresos declarados y expuestos en los Estados Financieros, obteniendo de ello una diferencia entre ambos como ingresos omitidos de Bs997.156,79; en tal sentido, aseguró que 

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no fue vulnerado el debido proceso y mucho menos generó indefensión en el contribuyente, por cuanto el mismo estuvo al tanto del proceso todo el tiempo. 

Expuestos los argumentos de las partes, es preciso citar que el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 2023/2010-R de 9 de noviembre -entre otras- señaló que: “La garantia del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió (…) Al contrario, cuando, aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que se ha ambado,-son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia”. 

En el ordenamiento jurídico, el artículo 99 de la Ley 2492 parágrafo Il señala que: “La Resolución determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos: lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa”. 

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Así también, el articulo 28 de la Ley 2341, dispone que: “Son elementos esenciales del acto administrativo los siguientes: a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente; b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

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el derecho aplicable; c) Objeto: El objeto debe ser cierto, licito y materialmente posible; d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento jurídico; e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso b) del presente artículo; y, 1) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico”. 

A su vez, el parágrafo II del artículo 36 de la citada Ley 2341, aplicable supletoriamente en materia tributaria, por disposición del artículo 201 del Código Tributario Boliviano, señala que el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

En el presente caso, de la compulsa de la Resolución Determinativa N° 171939000898, se tiene que la Administración Tributaria en su parte considerativa señaló que como resultado de la revisión, evaluación y valoración de la información presentada por el contribuyente, así como la documentación e información obtenida de terceros informantes y la que se encuentra en poder de la Administración Tributaria, comprobó que el sujeto pasivo en la determinación de la utilidad neta sujeta al IUE de la gestión concluida a diciembre de 2011, no consideró todos los ingresos e imputó como gastos y/o costos deducibles, partidas cuya deducción no admite la Ley 843 y el Decreto Supremo 24051; por otra parte, expuso que advirtió incumplimiento a deberes formales, por lo que labró las actas por contravenciones tributarias vinculadas al procedimiento de determinación N° 147775 y 147777 (fojas 3288 de antecedentes administrativos). 

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De esta manera, se advierte que la deuda tributaria determinada a través del acto impugnado, emerge como consecuencia de tres conceptos observados: 1. Ingresos no declarados percibidos en cuentas bancarias no registradas contablemente; 2. Gastos imputados que no cumplen las condiciones necesarias para ser considerados deducibles; y 3. Multas por incumplimientos a deberes formales; motivo por el cual, en consideración a lo agraviado por el sujeto pasivo, corresponde verificar y analizar el contenido del acto impugnado a efecto de corroborar o desestimar la ausencia de una debida fundamentación en el reparo. 

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Dicho lo anterior, con relación a los ingresos no declarados percibidos en cuentas bancarias no registradas contablemente, la Resolución Determinativa N° 171939000898 en el acapite OBSERVACIONES QUE DIERON ORIGEN A LA VISTA DE CARGOefectuó una descripción de los antecedentes del proceso, identificando los requerimientos de documentación realizados al sujeto pasivo y su respuesta formulada ante el ente recaudador, asimismo, efectuó una descripción de los requerimientos de información y documentación efectuados a entidades privadas y públicas, añadiendo también los argumentos de respuesta a los mismos (fojas 32893295 de antecedentes administrativos)

Posteriormente, el acto impugnado en su acápite “IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS (IUE)”, citó in extenso lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 2492 y los artículos 4, 5, 6 y 8 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10 0017-13, señalando la aplicación del método de determinación sobre base.presunta por ingresos percibidos en cuentas bancarias; asimismo, en el punto “1.1 Otros ingresos percibidos (depósitos) en Cuentas Bancarias N° 44722002-4 MN y N° 44722-00201-9 ME del Banco BISA S.A. a nombre del contribuyente, no registrados contablemente y sin documentación de respaldo”, indicó que de la Revisión de los Estados Financieros, evidenció que el sujeto pasivo no registró ni declaró contablemente la cuenta de activo “Bancos”, toda vez que el registro de sus movimientos de efectivo, fueron realizados a través de la cuenta Caja Moneda Nacional. 

  1. I

Es así que la Administración Tributaria, en uso de sus facultades requirió infomación a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, respecto a la existencia de cuentas bancarias a nombre del sujeto pasivo, ante dicho requerimiento el Banco Bisa S.A. informó la existencia de 2 cuentas bancarias a nombre de Mario Cordova Pinto y 3 cuentas bancarias a nombre de Peca Gas Envasadora de GLP, proporcionando además documentación relacionada a los ingresos y egresos de las cuentas bancarias (depósitos en cuenta, copias de cheques, transferencias bancarias, formulario PCC001, etc.), evidenciando ingresos por venta de GLP y retiros por concepto de transferencias a la cuenta del único proveedor de GLP Peca Gas (fojas 3298-3300 de antecedentes administrativos). 

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De forma seguida, el acto impugnado mediante el cuadro “INGRESOS PERCIBIDOS EN CUENTAS BANCARIAS GESTIÓN 2011″ consignó los importes totales mensuales, 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jacha kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní

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correspondientes a los ingresos percibidos en las cuentas bancarias 44722-002-4 y 44722-201-9, aclarando que la determinación de cada importe mensual, fue realizado en función a los extractos bancarios proporcionados por la Entidad Financiera, sin considerar los créditos y/o abonos por concepto de traspaso entre cuentas y otros, considerando los depósitos en efectivo, transferencias de terceros y depósitos de cheques. 

Asimismo, precisó que de acuerdo a los Estados Financieros, el sujeto pasivo no expone cuentas de activo exigible que demuestren que los ingresos percibidos correspondan a ingresos generados en meses y/o gestiones anteriores; adicionalmente, puntualizó que el detalle de las acreditaciones realizadas a cada una de las cuentas banc

en los papeles de trabajo (ingresos efectivamente percibidos en cuentas bancarias, no registrados contablemente) y extractos bancarios que forman parte del cuerpo de antecedentes administrativos (fojas 3301 de antecedentes administrativos)

Posteriormente, la Administración Tributaria en el acto impugnado afirmó que en consideración a que el sujeto pasivo no presentó documentación contable que demuestre el movimiento económico-financiero para el análisis de los ingresos, realizó la comparación de los ingresos percibidos en las cuentas bancarias de forma mensual, contra los ingresos declarados y expuestos en los Estados Financieros que coinciden con las ventas mensuales declaradas en el formulario 200, tomando el importe mayor como una diferencia por ingresos omitidos; al efecto, expuso en el cuadro “DETERMINACIÓN DE INGRESOS PERCIBIDOS Y OMITIDOS” la comparación efectuada la determinación del importe observado por concepto de ingresos no declarados (fojas 3301 de antecedentes administrativos). 

Entonces, la descripción efectuada en rrafos precedentes permite advertir que contrariamente a lo señalado por el sujeto pasivo, la Administración Tributaria en el acto impugnado señaló las actuaciones realizadas, identificó la información y documentación utilizada para establecer la existencia de ingresos no declarados, cuantificó el importe observado aclarando la forma en que fue obtenido y además, refirió la aplicación del método de determinación sobre base presunta, citando la normativa aplicable al efecto

Adicionalmente, en cuanto al sustento de utilización del método de determinación sobre base presunta, la Administración Tributaria presumió que los ingresos que figuran en las 

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cuentas bancarias del recurrente que no fueron registradas contablemente, corresponden a ingresos por actividades gravadas, tomando como base la información y documentación presentada por el Banco Bisa S.A., siendo que de manera más específica, el acto 

impugnado refirió la utilización de los extractos bancarios; por ende, el sujeto pasivo, no puede desconocer el origen de los importes determinados por el ente recaudador, ni las operaciones bancarias que fueron consideradas como ingresos por la Administración Tributaria, por cuanto la información de respaldo fue de total conocimiento del recurrente; situación que evidencia la existencia de fundamentación respecto al origen y forma de determinación del importe correspondiente a ingresos no declarados de cuentas bancarias no registradas en la contabilidad del sujeto pasivo. 

Asimismo, resulta necesario destacar la importancia del método de determinación empleado por el Servicio de Impuestos Nacionales para el establecimiento de ingresos no declarados, por cuanto al aplicar base presunta, resulta aceptable que la Administración Tributaria presuma que todos los ingresos en sus cuentas bancarias, provengan de la realización de su actividad comercial, por cuanto el acto impugnado de forma clara hizo referencia en base a la documentación presentada por la entidad financiera, que resultó evidente la vinculación de las cuentas bancarias con el desarrollo de su actividad gravada, de esta manera la comparación de los ingresos de las cuentas bancarias con los ingresos expuestos en sus Declaraciones Juradas, se encuentra técnicamente sustentada, precisamente porque en base a dicho procedimiento, puede establecer y cuantificar la existencia de ingresos que no fueron declarados al Servicio de Impuestos Nacionales

Por lo argumentado, corresponde desestimar el reclamo planteado por el recurrente, respecto al empleo de una metodología sin fundamento y carente de un criterio técnico e insuficiente, siendo que el sujeto pasivo si consideraba incorrecta la presunción, debió desvirtuaria de conformidad a lo dispuesto en el parágrafo II del artículo 80 de la Ley 2492

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Por otra parte, con relación a la observación referida a la existencia de Gastos imputados 

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que no cumplen las condiciones necesarias para ser considerados deducibles, cabe indicar que el acto impugnado en el punto IV.1.2.1 Gastos Imputados a los resultados de la gestión 2011, sin documentación de respaldo”, sostuvo que la Administración Tributaria clasificó las facturas presentadas según concepto detallado en cada documento, para posteriormente comparar los totales clasificados con los saldos expuestos en el 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mourvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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Estado de Resultados, obteniendo una diferencia que no se encontraría respaldada por documento alguno; es decir, factura, recibo, compra con retención u otro, exponiendo tales extremos en el “CUADRO RESUMEN DE GASTOS”, adicionalmente, para la cuenta compras, el ente recaudador señaló que si bien no fue presentada la información contable, contó con las facturas de compra de GLP de la empresa Peca Gas, quien presentó facturas de ventas y recibos de caja emitidos a Mario Córdova Pinto; además que los reportes presentados a la ANH de las ventas realizadas, coinciden con la información de compras reportada por la ANH, resultando dicha información coincidente en cantidades comercializadas, empero no en importes cancelados; siendo que para la factura No 6743 y el recibo de caja N° 1790, el sujeto pasivo declaró un importe mayor en el Libro de Compras, como respaldo legal citó lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 843; artículos 6, 7 y 8 del Decreto Supremo 24051; articulo 70 de la Ley 2492; y artículos 36, 37 y 44 del Decreto Ley 14379 (fojas 3303 de antecedentes administrativos). 

A continuación, la Administración Tributaria en el punto “V.1.2.2 Gastos imputados a los resultados sin documentación de respaldo suficiente, que demuestre de forma fehaciente e irrefutable la realización de la transacción y/o su vinculación con la actividad gravada, y el cumplimiento de la condición de ser un gasto necesario para la obtención y conservación de la fuente generadora de ingresos, puntualizó que el sujeto pasivo no presento registros contables que permitan verificar la apropiación contable a cuentas de gastos de los importes reflejados en las facturas presentadas, no evidenciándose vinculación de los gastos con la actividad gravada; expresó que tampoco fueron presentados medios probatorios de pago que evidencien de manera contundente el pago efectivo al proveedor por el bien y/o servicio recibido, ni documentación adicional que pruebe de forma fehaciente la realización de las transacciones y por ende, cumplan la condición de ser gastos necesarios para la obtención y conservación de la fuente (fojas 3305 de antecedentes administrativos). 

De forma complementaria, la entidad recaudadora manifestó que, el sujeto pasivo pretendió respaldar parte de los gastos de operación, a través del documento “Caja. Egresos, empero que éste, no específica el número de factura pagada, la cuenta contable de gasto, la identidad de la persona o empresa que recibe el pago, no constituyendo en prueba indubitable de la realización de la transacción; añadió que el documento “Acta de Registros Contables, donde el Notario de Fe Pública certificó la autenticidad de los 

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registros contables (caja egresos), pretende reemplazar el Libro Diario, apartándose totalmente de la normativa señalada por el Código de Comercio que regula la actividad comercial (fojas 3305 de antecedentes administrativos)

Seguidamente, el acto impugnado expuso las observaciones a las cuentas de gasto (Gastos Generales, Material de Escritorio, Combustible y Lubricante, Seguros y Mantenimiento y Relación de Edificaciones), extrañando para las referidas cuentas, documentación contable que acredite la efectiva realización del gasto y el cumplimiento de la condición de ser necesario para la obtención de la utilidad gravada y la conservación de la fuente que la genera; de forma complementaria, para la cuenta Material de Escritorio, señaló que los Estados Financieros, no registran cuentas de personal, para la cuenta Combustible y Lubricante sostuvo que los vales de consumo y facturas detallan vehículos con placas que no pertenecen al sujeto pasivo, además que el combustible es asumido por los choferes de los camiones; para la cuenta Seguros manifestó que la cobertura de los segựros incluyen vehiculos que no forman parte de los activos fijos; y para la cuenta Mantenimiento y Reparación de Edificaciones, refirió que los Estados Financieros no exponen la cuenta edificaciones, obras en construcción ni la cuenta alquileres; en respaldo de lo descrito, como sustento jurídico citó los artículos 70 y 76 de la Ley 2492, artículos 46 y 47 de la Ley 843, artículos 6, 7, 8, 12, 13, 14, 34 y 38 del Decreto Supremo 24051 (fojas 3307-3335 de antecedentes administrativos). 

Lo expuesto en párrafos previos permitió advertir que, la Administración Tributaria, fundamentó la observación de las cuentas de gasto, identificando transacciones que, no pueden ser consideradas como deducibles para efectos del IVE, los motivos fácticos y legales que sustentan la observación y la decisión del ente recaudador, cuantificando los gastos observados y exponiendo su incidencia en la determinación de la utilidad imponible

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Finalmente, con relación a la multa por incumplimiento a deberes formales, el acto impugnado sostuvo que, fueron labradas dos actas por contravenciones tributarias, las cuales fueron incluidas dentro de la Deuda Tributaria de conformidad a lo dispuesto en el artículo 169 de la Ley 2492 y el inciso c) del artículo 21 del Decreto Supremo 27310; de forma seguida expuso en el “CUADRO RESUMEN DE INCUMPLIMIENTOS A DEBERES FORMALES“, el número de acta, la fecha de emisión, la contravención 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarans) 

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III IIIII 

incurrida, la norma infringida, la norma que establece la sanción y el importe de la multa (fojas 3336 de antecedentes administrativos). 

En consecuencia, resultó cierto que la Administración Tributaria, expuso en sus fundamentos el origen de la contravención tributaria y la normativa que sustenta la aplicación de la sanción, el tipo contravencional incurrido y el importe de la sanción, 

asegurando con ello el conocimiento efectivo por parte del sujeto pasivo de todos los elementos que componen la sanción impuesta. 

Ahora bien, el sujeto pasivo también agravió que la Resolución impugnada contiene imprecisiones y errores en la aplicación de la normativa legal, el cálculo de plazos, los actos y fechas, aspectos que lesionaron los derechos al debido proceso, en su elemento de fundamentación y congruencia, derecho a la defensa, a la petición y el principio de seguridad jurídica; no obstante, incumbe aclarar que dicho argumento resultó genérico, por cuanto el recurrente no señaló concretamente cuál sería la imprecisión y/o el error cometido, a efectos de poder ser analizado por esta instancia recursiva, lo que impide que se ingrese a verificar dichos aspectos debido a la imprecisión de lo agraviado

En consecuencia, lo analizado hasta este punto permitió advertir que de forma contraria a lo agraviado por la parte recurrente, el acto impugnado cumplió con los incisos b) y e) del artículo 28 de la Ley 2341, referidos a causa y fundamento, así como el parágrafo II del artículo 99 de la Ley 2492, al contar con los fundamentos de hecho y derecho en los que se basó la determinación, motivo por el cual no llegaron a configurarse las condiciones previstas por el parágrafo II del artículo 36 de la Ley 2341, no correspondiendo por ello, la anulación del proceso, al no evidenciarse el vicio de nulidad denunciado por el administrado. 

IV.3. Configuración de ingresos no declarados. La parte recurrente observó que para la determinación de ingresos percibidos y omitidos en cuentas bancarias no declaradas ni registradas, la Administración Tributaria señaló considerar los depósitos, transferencias de terceros y depósitos de cheques, indicando que correspondió ajustar dichos ingresos en la determinación de la base imponible para el IVE de la gestión 2011; empero que las personas naturales pueden mantener cuentas propias, cuyos depósitos no necesariamente implican la existencia de ingresos 

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alcanzados por el UE, por lo que, aseguró que los movimientos personales en cuentas particulares, no requieren ser registrados, documentados ni justificados contablemente. 

Agregó que, llevar una contabilidad en base a caja o efectivo y no registrar la cuenta “Bancos, responde al hecho de que, al ser una persona natural, constituye en empresa unipersonal y puede mantener cuentas propias, y que no podría considerarse un tipo societario, criterio respaldado y analizado en las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0401/2013 y AGITRJ 2115/2013; de esta manera, reclamó que el Servicio de Impuestos Nacionales aplicó incorrectamente el criterio y circunstancia como justificativo legal para aplicar la base presunta, cuando una persona natural registrada como empresa unipersonal, no tiene la obligación de registrar ni respaldar movimientos de sus cuentas personales en su contabilidad, debido a que tal acción distorsionaría el principio de realidad económica y de ente reconocidos por la norma tributaria. -‘. 

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En contraposición, la Administración Tributaria indicó que del análisis de los Estados Financieros, evidenció que el sujeto pasivo no registró ni declaró contablemente la cuenta de activo “Bancos” y que registró sus movimientos de efectivo a través de la cuenta “Caja Moneda Nacional, por lo que a efectos de determinar el origen y destino de los ingresos, solicitó documentación de respaldo que no fueron presentados por el sujeto pasivo; expuso que a consecuencia de dicho, incumplimiento, requirió información documentada a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, respecto a las cuentas de caja de ahorro, cuentas corrientes, boletas de garantia, transferencias entre otros- a nombre del sujeto pasivo; por lo que, en respuesta, el Banco BISA SA., remitió documentación relacionada a los ingresos y egresos registrados en las cuentas bancarias 447722002-4 y 44722-2019, que demostraron la existencia de ingresos percibidos por la venta de GLP y retiros por concepto de transferencias a la cuenta 069124-001-1 de propiedad de Peca Gas (único proveedor de GLP del sujeto pasivo). 

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Con relación al argumento fundado en que la empresa tiene la calidad de unipersonal y no necesita reflejar en su contabilidad la cuenta bancos, manifestó que tal aseveración carece de veracidad y resulta contraria a la normativa tributaria; puesto que comprobó la existencia de ingresos percibidos que no fueron declarados por el sujeto pasivo y que no fueron considerados en la determinación de la base imponible 

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stema de Gestion 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jacha kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oflomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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del IUE; de esta manera, en consideración a que las cuentas bancarias señaladas por el sujeto pasivo se encuentran relacionadas con la actividad gravada, señala que debieron ser declaradas y registradas contablemente en los Estados Financieros, por 

lo que en una correcta aplicación de los artículos 42, 46, 47 de la Ley 843, y 4, 6 y 7 del Decreto Supremo 24051, correspondió ajustar sus ingresos en la determinación de la base imponible del IUE de la gestión 2011. 

Expuestas las pretensiones de la partes procesales, cabe precisar que sobre los métodos de determinación, Fonrouge enseña: “Hay determinación con base cierta cuando la administración fiscal dispone de todos los antecedentes relacionados con el presupuesto de hecho, no sólo en cuanto a su efectividad, sino a la magnitud económica de las circunstancias comprendidas en el; en una palabra, cuando el fisco conoce con certeza el hecho y valores imponibles”. Respecto a los elementos informativos indica que: “pueden haberte llegado por conducto del propio deudor o del responsable (declaración jurada) o de terceros (declaración jurada o simple información), o bien por acción directa de la administración (investigación y fiscalización) y, por supuesto, deben permitir la apreciación directa y cierta de la materia imponible: de lo contrario, la determinación sería presuntiva

El citado autor añade: Si la autoridad administrativa no ha podido obtener los antecedentes necesarios para la determinación cierta, entonces puede efectuarse por presunciones o indicios, es lo que se conoce como determinación con base presunta.” Añade que en las suposiciones: “...) la autoridad debe recurrir al conjunto de hechos o circunstancias que, por su vinculación o conexión normal con los (...) previstos legalmente como presupuesto material del tributo, permiten inducir en el caso particular la existencia y monto de la obligación., asimismo, indica que: Los promedios y coeficientes generales que aplique no pueden ser fijados arbitrariamente o tomados al azar, sino que deben elaborarse sobre la base de la actividad del contribuyente o, por lo menos, adaptarse a las caracteristicas y circunstancias de la explotación que se trate o según experiencia estadística recogida en actividades de la misma naturaleza” (FONROUGE, Giuliani Carlos M. Derecho Financiero. 5a Edición. Volumen 1. Buenos AiresArgentina. Ediciones Depalma”. 1993. Págs. 507510). 

En cuanto a la determinación de la base imponible, el artículo 42 de la Ley 2492 establece que la base imponible o gravable es la unidad de medida, valor o magnitud, obtenidos de 

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acuerdo a las normas legales respectivas, sobre la cual se aplica la alicuota para determinar el tributo a pagar. 

Por su parte, el artículo 43 de la Ley 2492, dispone que la base imponible podrá determinarse sobre Base Cierta, tomando en cuenta los documentos e información que permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo; sobre Base Presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que por su vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación permitan deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando concurra alguna de las circunstancias reguladas en el artículo siguiente y por último cuando la Ley encomienda la determinación al sujeto activo prescindiendo parcial o totalmente del sujeto pasivo, ésta deberá practicarse sobre base cierta y sólo podrá realizarse la determinación sobre base presunta de acuerdo a lo establecido en el artículo siguiente, según corresponda... ‘ 

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Por otra parte, el numeral 1 del inciso b) del artículo 8 de la Resolución Normativa de 

19 10-0017-13, establece: “Las técnicas establecidas a continuación se podrán aplicar de acuerdo a las circunstancias que amerite el caso: (…) b) Técnica Relación Ingreso:- Gasto Para aplicar esta técnica deberá efectuarse un análisis de los datos proporcionados por el contribuyente u obtenidos directamente por la Administración Tributaria, aplicando lo siguiente: 1. Cuantificar los ingresos registrados a favor del contribuyente que se reflejen en extractos del sistema financiero (extractos bancarios, de tarjetas de débito o de crédito y otros) que estén a nombre del contribuyente fiscalizado o de terceros vinculados con éste. Se considerarán las cuentas que hayan sido utilizadas para las transacciones del giro comercial del contribuyente”. 

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Calidad 

En el presente caso, de la compulsa de los antecedentes administrativos pudo advertirse que la Administración Tributaria el 17 de septiembre de 2015, presentó nota CITE: SIN/GGCBBA/DF/FE/NOT/01014/2015 ante la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, requiriendo información y documentación de operaciones registradas en Entidades Financieras a nombre de Mario Córdova Pinto, así como de cuentas mancomunadas; en respuesta, el Banco Bisa S.A. informó mediante Certificación GOP/BO/10036/2015 que el sujeto pasivo registra las Cuentas Corrientes 44722-002-4, 44722-201-9, 69124-001-1, 69124-202-1 y 69124-201-3, adjuntando los extractos de los periodos solicitados por la Administración Tributaria, así como las papeletas de depósito 

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en efectivo por montos mayores o iguales a USD 10.000 o su equivalente en bolivianos (fojas 2398-2399 y 24602461 de antecedentes administrativos). 

Posteriormente, la Administración Tributaria de forma más específica y mediante nota CITE: SIN/GGCBBA/DF/NOT/00452/2016, solicitó al Banco Bisa S.A., a través de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, información documentada que respalde las operaciones registradas en las cuentas bancarias 44722-0024, 69124-0011, 69124 201-3, considerando papeletas de depósito y/o Formulario de origen y destino de fondos (PCC-01), con las respectivas aclaraciones de la persona que intervino en la transacción y cualquier otra documentación que respalde las operaciones de ingresos; para dicho cometido, el ente recaudador expuso mediante cuadros, las transacciones por las cuales solicitó información documentada (fojas 2516-2520 de antecedentes administrativos). 

En respuesta, el Banco Bisa S.A. emitió la Certificación GOP/BO/4361/2016 el 10 de junio de 2016, detallando las transacciones solicitadas de los ingresos y egresos registrados en las cuentas corrientes de Mario Córdova Pinto y Peca Gas Envasadora de GLP, aclarando que adjuntó los respaldos correspondientes y que las operaciones realizadas via banca por internet no cuentan con respaldo físico (fojas 2524-2532 de antecedentes administrativos)

Prosiguiendo con la compulsa de los antecedentes administrativos, del análisis de la documentación remitida por el Banco Bisa S.A., se advierte que las cuentas 44722-002-4 y 44722-201-9 registradas a nombre de Mario Córdova Pinto, presentan ingresos y salidas de fondos por la compra y venta de GLP, concepto que corresponde a la actividad por la cual el sujeto pasivo resulta responsable del gravamen (fojas 78187 de antecedentes administrativos), motivo por el cual no resulta evidente lo afirmado por la parte recurrente, respecto a que las cuentas bancarias observadas, corresponderían a cuentas personales; toda vez que, en las mismas’incumben a su actividad, adicionalmente se advierte que los Estados Financieros de la gestión fiscal con cierre al 31 de diciembre de 2011, en el rubro Activo, grupo Activo Circulante, no expone la utilización de la cuenta bancos (fojas 2855 de antecedentes administrativos). 

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De esta manera, lo expuesto en párrafos previos permite advertir que, el sujeto pasivo, para la realización de su actividad gravada, utilizó cuentas bancarias que, no se 

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encuentran registradas contablemente, situación que conforme a lo establecido por el numeral 1 del inciso b) del artículo 8 de la RND 10001713, permite presumir que, todos los ingresos en las referidas cuentas bancarias, corresponden al desarrollo de la actividad gravada; a su vez, los ingresos percibidos en las cuentas bancarias del recurrente, al resultar mayores a los consignados en las Declaraciones Juradas como ventas de los periodos, permiten establecer la existencia de ingresos que no fueron reportados al Servicio de Impuestos Nacionales, que por gica consecuencia, afectaron la determinación de la utilidad imponible

Por lo que, cabe indicar que, de conformidad a lo dispuesto en el parágrafo II del artículo 80 de la Ley 2492, en las presunciones legales que admiten prueba en contrario, quien se beneficie con ellas, deberá probar el hecho conocido del cual resulte o se deduzca la aplicación de la presunción; asimismo, quien pretenda desvirtuar la presunción deberá aportar la prueba correspondiente, situación que no aconteció en el presente caso, por cuanto el sujeto pasivo, no presentó prueba alguria o documentación que desvirtue la atribución de ingresos no declarados, siendo que la presunción aplicada por el Servicio de Impuestos Nacionales, tiene su sustento’en la utilización de las cuentas bancarias para el desarrollo de las actividades comerciales. 

— 

Entonces, el escenario descrito hasta este punto, permite evidenciar que existió por parte de la Administración Tributaria, una correcta aplicación del método de determinación sobre base presunta, por cuanto los antecedentes administrativos demuestran que, el Servicio de Impuestos Nacionales, evidenció la existencia de ingresos no declarados en mérito a hechos y circunstancias que por su vinculación o conexión normal con la generación de utilidades permitió deducir y cuantificar un importe de ingresos que afectó la utilidad imponible de la gestión; consecuentemente, corresponde desestimar lo argumentado por la parte recurrente al respecto, siendo que no desestimó la presunción aplicada por el ente recurrido. 

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Finalmente, en relación a las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGITRJ 0401/2013 y AGIT-RJ 2115/2013, corresponde señalar que los citados precedentes no resultan aplicables al presente caso, por cuanto del análisis de su contenido se advierte que la Autoridad de Impugnación Tributaria revocó la determinación de ingresos no declarados producto de los ingresos consignados en cuentas bancarias, en el entendido de que la 

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Administración Tributaria no demostró que las referidas cuentas bancarias se encuentren vinculadas a la actividad gravada, situación que difiere del presente caso, por cuanto la información y documentación presentada por el Banco Bisa S.A. acredita la utilización de las cuentas bancarias para la realización de la actividad gravada, cumpliéndose lo establecido en el numeral 1 del inciso b) del artículo 8 de la RND 10-0017-13, resultando correcta la determinación realizada por el ente recaudador

IV.4. Deducibilidad de los gastos. La parte recurrente manifestó que, sobre la cuenta compras, el SIN saló contradictoriamente que fueron presentadas facturas de compra de GLP a la empresa PECA GAS y que a su vez dicha empresa presentó facturas de venta y los recibos de caja que confirman el pago emitido; asimismo, indicó que las compras observadas cuentan con la factura original, la copia del emisor, los recibos de pago y cumplen el principio de causalidad, al tener como objeto la generación de rentas gravadas y/o el mantenimiento de la fuente, por lo que de conformidad a lo dispuesto en los artículos 47 de la Ley 843 y 7 del Decreto Supremo 24051, son deducibles a efectos del cálculo de la base imponible del IUE. 

Acotó que el SIN desconoció el principio de realidad económica y el artículo 8 del Decreto Supremo 24051, al no considerar que cumplió con la exigencia de contar con documentación original de respaldo y que la demás normativa señalada como incumplida, resulta de forma y no de fondo; siendo que los artículos 47 de la Ley 843, así como los artículos 7 y 8 del Decreto Supremo 24051 no establecen que la falta de presentación de registros contables, invalida la condición de deducible, máxime en consideración a que el principio de realidad económica evidencia que los gastos son indispensables para la actividad. 

Por su parte, la Administración Tributaria puntualizó que ante el incumplimiento del sujeto pasivo de presentar la documentación solicitada, clasificó las facturas presentadas, según el concepto detallado en cada una de ellas, para posteriormente comparar los totales clasificados con los saldos expuestos en el Estado de Resultados, obteniendo una diferencia que no se encuentra respaldada por documento alguno; es decir, factura, recibo, compra con retención u otro; por lo que 

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señala que el sujeto pasivo no presentó documentación que permita demostrar que los gastos realizados estén vinculados con la actividad gravada

Puntualizó que, el sujeto pasivo, incumplió lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 70 de la Ley 2492, y artículos 36, 37 y 44 del Código de Comercio, además del artículo 35 del Decreto Supremo 24051, referido a los registros y operaciones contables, debido a que verificados los gastos declarados y la exposición de los mismos en el Estado de Resultados; este pretendió respaldar los gastos a través del documento “Caja Egresos”; sin embargo, recalcó que dicho documento no identificó el número de factura, la cuenta contable de gasto, ni la identidad de la persona o empresa que recibió el pago, por lo que no constituye de ninguna manera, en prueba indubitable de la realización de la transacción; añadió que el sujeto pasivo presentó el acta de registros contables” pretendiendo reemplazar el Libro Diario, apartándose del Código de Comércio; consecuentemente, aseguró que no fueron presentados registros contables que permitan verificar la apropiación contable a cuentas de gastos de los importes reflejados en las facturas presentadas, por lo que no evidenció la vinculación de los gastos a la actividad gravada, desconociendo el destino y/o aplicación del bien adquirido o servicio percibido, además de omitir la presentación de medios probatorios de pago que evidencien de manera contundente el pago efectivo al proveedor. – 

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Al respecto, cabe citar que la doctrina entiende por prueba: “(...) al conjunto de actuaciones que dentro de un juicio, cualquiera sea su indole, se encaminan a demostrar la verdad o 

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la falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus 

respectivas pretensiones litigiosas. Algunas legislaciones determinan el valor de ciertas pruebas, al cual se tiene que atener el juzgador, pero lo más corriente y lo más aceptable es que, la valoración de las pruebas sea efectuada por el Juez con arreglo a su libre apreciación; un medio de prueba es aquel que permite aportar al expediente datos que resultan documentos que están en poder de las partes o de terceros(Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Ossorio. Nueva Edición. 2006. Editorial 

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En relación al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, la Ley 843 en su artículo 47 señala: La utilidad neta imponible será la resultante de deducir de la utilidad bruta (ingresos menos gastos de venta) los gastos necesarios para su obtención y conservación 

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de la fuente. De tal modo que, a los fines de la determinación de la utilidad neta sujeta a impuesto, como principio general, se admitirán como deducibles todos aquellos gastos que cumplan la condición de ser necesarios para la obtención de la utilidad gravada y la conservación de la fuente que la genera, incluyendo los aportes obligatorios a organismos reguladores – supervisores, las previsiones para beneficios sociales y los tributos nacionales y municipales que el reglamento disponga como pertinentes (…)

A su vez, el artículo 7 del Decreto Supremo 24051, dispone lo siguiente: Para establecer la Utilidad Neta sujeta al impuesto, se restará de la Utilidad Bruta (ingresos menos costo de los bienes vendidos y servicios prestados) los gastos necesarios para obtenerla y, en su caso, para mantener y conservar la fuente, cuya deducción admite la Ley y este Reglamento

De igual forma, en relación al concepto de Gastos necesarios” señalados en los artículos citados en el párrafo precedente, corresponde indicar que los artículos 8 y 35 del Decreto Supremo 24051; explican que dicho concepto abarca a todos aquellos gastos realizados, a condición de estar vinculados con la actividad gravada y contar con respaldados documentales originales; además que los registros contables de las empresas deben ser elaborados de acuerdo a las normas contenidas en el Código de Comercio y los Estados Financieros deben ser elaborados de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

La normativa expuesta en párrafos previos, permite advertir la existencia de tres condiciones que deben cumplir los costos y gastos para ser considerados necesarios para la conservación de la fuente y en consecuencia deducibles a efectos de determinación del JUE, siendo estos: 1. Que los gastos hayan sido efectivamente realizados; 2. Que los gastos se encuentren vinculados con la actividad gravada; y 3. Que se encuentren respaldados con documentos originales; condiciones cuyo cumplimiento debe demostrarse a tras de documentación original que acredite la realización de las transacciones, conforme dispone el artículo 76 de la Ley 2492, el cual establece que en los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. 

Además de lo señalado, corresponde indicar que los numerales 4 y 5 del artículo 70 de la Ley 2492, constituyen como obligaciones tributarias del sujeto pasivo: 4. Respaldar las 

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actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas respectivas. 5. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le correspondan, aunque los mismos se refieran a periodos fiscales prescritos. Sin embargo, en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar deudas tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado”. 

En el presente caso, de la compulsa de la Resolución Determinativa impugnada, pudo advertirse que en relación a la cuenta de gasto “Compras”, la Administración Tributaria señaló: “(…) si bien el contribuyente no presentó información contable, se tienen las facturas de compra de GLP de 10 kilos de la empresa PECA GAS de propiedad de Pascuala Cruz de Córdova, quien a la vez según información solicitada por fiscalización presentó las facturas de ventas y recibos de caja emitidos a Mario Córdova Pinto, además de los reportes mensuales presentados a la ANH de las ventas realizadas a sus clientes, (entre los que se incluye al señor Mario Córdova Pinto) estos datos coinciden con la información de compras reportada por la ANH, en esta información no se identificaron diferencias en las cantidades comercializadas, pero si en el total de los importės cancelados por Bs4.681,59 (diferencia identificada entre la factura Nro. 6743 y recibo de Caja 1790 la misma que registra un monto de Bs34.071,94 y el contribuyente registra en şu libro de compras el monto de Bs39.451,72). La diferencia de Bs4.681,59 se expone en el cuadro resumen de gastos sin documentación de respaldo” (fojas 3303 de antecedentes administrativos). 

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De esta manera, la descripción realizada en el párrafo precedente evidencia que contrariamente a lo señalado por el sujeto pasivo en su Recurso de Alzada, la Administración Tributaria si bien señaló la ausencia de documentación contable que respalde las transacciones correspondientes a la cuenta de gasto “compras”; sin embargo, validó las compras de GLP de 10 kilos como gastos deducibles, toda vez que realizada una solicitud de información y documentación al proveedor, logró obtener las facturas de compra y el respaldo al pago de las mismas; situación que permite colegir que el ente recaudador precisamente en aplicación del principio de realidad económica y considerando que las compras son necesarias para la generación de ingresos, valido los gastos por dicho concepto. 

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Sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo que antecede, resulta necesario aclarar que el importe reparado correspondiente a la cuenta de gasto “Compras, deviene de la observación de la Administración Tributaria, referida a un importe considerado en demasía por el sujeto pasivo, por cuanto para la factura No 6743 que consigna un importe de Bs34.071,94, el sujeto pasivo declaró en su Libro de Compras IVA del periodo septiembre de 2011 un importe de Bs39.451,72; aspecto que es evidente de la compulsa de los antecedentes administrativos a fojas 288 y 1847, que al efecto la parte recurrente- no presentó documentación que justifique o respalde dicha diferencia, 

Finalmente, con relación a la ausencia de registros contables como forma de respaldo para considerar un gasto deducible, es menester aclarar a la parte recurrente que conforme establecen los artículos 47 de la Ley 843 y 7 del Decreto Supremo 24051, la utilidad neta imponible sobre la cual se aplica la alícuota del IUE, es el resultado de deducir de la utilidad bruta (ingresos menos gastos de venta), los gastos necesarios para la obtención de la utilidad gravada y la conservación de la fuente que la genera; situación que permite comprender con claridad, la necesidad de contar con la contabilidad del negocio para poder obtener la base imponible del IVE, motivo por el cual la parte recurrente no puede pretender desconocer la obligación dispuesta en los numerales 4 y 5 del artículo 70 de la Ley 2492, más aun considerando que a partir de los registros contables, se puede establecer la utilidad neta imponible, motivo por el cual corresponde desestimar lo argumentado respecto del punto en particular. 

IV.5. Prescripción. Mario Córdova Pinto en su Recurso de Alzada agravió la prescripción de la facultad de determinación de la Administración Tributaria relacionada al IUE de la gestión con cierre a diciembre de 2011, manifestando que la Sentencia Constitucional Plurinacional 1169/2016-S3 de 26 de octubre, estableció que la norma aplicable al plazo de prescripción debe ser aquella vigente al momento del inicio del cómputo del plazo de prescripción, siendo para el presente caso la Ley 2492 sin modificaciones; aspecto ratificado en aplicación analógica de lo establecido en la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo 27310

Asimismo, manifestó que la Administración Tributaria pretendió desconocer el efecto de la Resolución emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria que dispuso anular todos los actuados hasta la Vista de Cargo; empero, no exceptuó la tramitación de los 

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AIT

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

los recursos; por otra parte, acotó que lo establecido por el SIN vulneró el principio de irretroactividad de la Ley, regulado por el artículo 123 de la Constitución Política del Estado, por lo que la interpretación del artículo 59 de la Ley 2492 efectuada por el ente recaudador, resultó errónea

Por su parte, la Administración Tributaria sostuvo que, dio una respuesta fundamentada de la prescripción solicitada, en base al análisis de los descargos ofrecidos, aplicando la normativa y rechazando la prescripción mediante los fundamentos expuestos a fojas 50 a 53 de la Resolución Determinativa impugnada; asimismo, refirió que para el cómputo de la prescripción, el término de 4 años fue suspendido por la notificación de la Orden de Fiscalización y al estar vigentes las Leyes 291, 317 y 812 su aplicación sobre derechos no perfeccionados resulta imperativa; por lo que, afirmó que la aplicación de dichas leyes resulta correcta y no vulneró o afectó derecho alguno. 

– 

– 

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Adicionalmente, el ente recaudador señaló que, para interpretar la prescripción, corresponde aplicar la normativa vigente en el momento de solicitud, y que para el presente,caso resulta aplicable el artículo 59 de la Ley 2492 modificado por la Ley 812, ‘en cumplimiento a lo dispuesto en el parágrafo il del artículo 164 de la Constitución Política del Estado, teniendo por ello un plazo para el ejercicio de su facultad de determinación reclamado por el administrado, desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2020, sin considerar las causales de suspensión ocurridas como efecto de la notificación de la Orden de Fiscalización, la Resolución Determinativa y la interposición del Recurso de Alzada; consecuentemente, afirque dicha facultad no se encuentra prescrita. 

– 

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De esta manera, lo expuesto hasta este punto permite colegir que el objeto de controversia, radica en dilucidar la configuración de la prescripción de la facultad de determinación de la Administración Tributaria en relación al UE de la gestión con cierre a diciembre de 2011; bajo ese entendido, y considerando que de forma previa a establecer el cómputo de prescripción, es necesario identificar la normativa a ser aplicada en el presente análisis, toda vez que la parte recurrente argumentó la aplicación del artículo 59 de la Ley 2492 sin modificaciones; y en contraposición la Administración recurrida refirió la aplicación de las modificaciones realizadas a través 

de las Leyes Nos. 291, 317 y 812; entonces corresponde efectuar previamente un ME

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9001 IBNORCA SuteradeGodin 

dalad CortadN717

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Av. Oquendo N°381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914)41400114140012 www.ait.gob.bo.Cochabamba, Bolivia 

IN 

pronunciamiento respecto a los nuevos entendimientos constitucionales sobre la prescripción 

Bajo ese entendido, corresponde señalar que, para el presente caso, esta instancia de Alzada, en resguardo del principio de seguridad jurídica consagrada en la Constitución Política del Estado, concluye que, el instituto jurídico de la prescripción, debe entenderse conforme los entendimientos desarrollados por el intérprete de la Constitución Política del Estado; que es el Tribunal Constitucional Plurinacional, debiendo tener presente que, sus fallos emitidos, en sus decisiones y sentencias, son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio conforme dispone el artículo 203 de la Constitución Politica del Estado, y que, no solo generan la obligatoriedad a las partes intervinientes, sino que también, pueden constituir precedentes orientadores que generan derecho de origen jurisprudencial, debido a que, dichas sentencias, efectúan una interpretación, integración e interrelación de las normas vigentes. 

También es necesario aclarar que, el precedente vinculante de un fallo constitucional, no constituye la conclusión arribada del caso concreto, sino la parte de la ratio decidendi del fallo donde se efectúa el análisis e interpretación del hecho fáctico normado, conforme lo dispone la Sentencia Constitucional 846/2012 de 20 de agosto, misma que a la letra señala: “Entonces, es posible afirmar que es vinculante el precedente constitucional contenido en la ratio decidendi. Es decir, en la ratio decidendi se encuentra el precedente constitucional. El precedente constitucional es vinculante siempre que exista un supuesto fáctico análogo (AC 004/2005-ECA y SC 186/2005-R)”. 

En ese entendido, es menester traer a colación, el entendimiento expuesto por el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0255/2019-$2 de 21 de mayo, mediante la cual, establece el carácter vinculante, de aplicación directa y obligatoria de las Sentencias Constitucionales puntualizando que: “(...) no deviene de la solicitud o no que haga el administrado de aplicar algún fallo constitucional de manera específica; sino que, como se tiene dicho, deviene de un mandato constitucional, que en virtud del carácter normativo de nuestra Norma 

Suprema es de aplicación directa y obligatoria

– 

– 

1

Para el presente caso, corresponde aclarar y establecer que, la consideración de la parte vinculante de los fallos constitucionales, se aboca exclusivamente al análisis concerniente 

” 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

a la correcta aplicación de una determinada norma, respecto al instituto de la prescripción; es decir, se examinará la temporalidad de la norma bajo el principio de 

legalidad e irretroactividad de la ley. 

Así, el entendimiento de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0255/2019-S2 de 21 de mayo, resulta esencial para el análisis del presente Recurso de Alzada, por cuanto, establece la aplicación directa y obligatoria de las Sentencias Constitucionales que deviene de un mandato constitucional, aspecto fundamental que, no puede ser soslayado por esta instancia recursiva al momento de administrar, justicia tributaria, existiendo por ende, la obligación y deber de considerar la ratio decidendi inmersa en ella, como fundamento esencial para dilucidar la controversia respecto a la normativa a ser aplicada para el cómputo de la prescripción, por cuanto, la razón y sustento de su consideración para el presente caso, radica en la necesidad de tomar en cuenta el precedente vinculante de la Sentencia Constitucional Plurinacional-1-169/201 de octubre, referido al carácter irretroactivo de la ley y la forma de aplicación del plazo de prescripción en el tiempo; reiterando que, ésta instancia de alzada, no pude dejar de lado el entendimiento efectuado por el Tribunal Constitucional Plurinacional en la citada sentencia, máxime si la controversia generada en el presente caso, es decir, la irretroactividad de las Leyes 291, 317 y 812, resulta ser análoga. 

De esta manera, resulta pertinente señalar que, a efectos de resolver la controversia generada en el presente proceso recursivo e identificada en párrafos previos, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0269/2019-S2 de 24 de mayo, en su punto “II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO”, efectuó el siguiente entendimiento respecto de la aplicación de la norma al instituto de la prescripción señalando que: “L…) ésta debió ser resuelta conforme y de acuerdo a la normativa vigente al momento del hecho generador del adeudo tributario; en este entendido, y al no haberse observado estos dos transcendentales aspectos, queda claro que se lesionó la garana de la irretroactividad de ley. En efecto, si consideramos que (...) se refieren a adeudos tributarios (…) respecto al periodo fiscal diciembre 2009, el cómputo de la prescripción debió realizarse en base y de acuerdo a los arts. 59 y 60 del CTB antes de su reforma por las Leyes 291 y 317 de septiembre y diciembre de 2012, respectivamente, y la Ley 812 de julio de 2016, ya que las mismas fueron promulgadas de manera posterior al hecho generador (...)”. 

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9001 IBNORCA Sistima de Gestion CercadoN77144 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach‘a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq karnachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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La referida Sentencia Constitucional Plurinacional, continuó sosteniendo lo siguiente: En este contexto la prescripción sometida a análisis, tuvo necesariamente que considerar la normativa vigente al periodo fiscalizado y en consecuencia, determinar si ésta operó o no, en función a los plazos y mecanismos de cómputo estipulados en dicha normativa; pues, no resulta constitucionalmente aceptable que se pretenda la aplicación retroactiva de normas tributarias posteriores al hecho generador del adeudo tributario, máxime, si éstas no resultan más favorables (...)

Consecuentemente, es necesario aclarar que, el precedente vinculante de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0269/2019-S2 de 24 de mayo desglosada en párrafos previos- determinó que, el instituto de la prescripción, debe ser resuelto conforme y de acuerdo a la normativa vigente al momento del hecho generador del adeudo tributario, bajo la premisa de aplicar la norma sustantiva vigente al momento del acaecimiento del mismo, rigiendo la regla del tempus comissi delicti, que responde a los principios de equidad e igualdad en las relaciones jurídicas, y a la superación de situaciones abiertamente discriminatorias y lesivas del principio de justicia, consagrado en nuestro ordenamiento jurídico, por cuya consecuencia, se encuentra prohibida la aplicación retroactiva y retrospectiva de normas que regulan dicho instituto, con la excepción por supuesto- establecida en el artículo 150 de la Ley 2492, referida al establecimiento de términos de prescripción más breves. 

Bajo dicha premisa, resulta equivoco e inaceptable el uso retroactivo de normas tributarias posteriores al hecho generador; es decir, no corresponde considerar normativa ulterior pues, se afectarian derechos constitucionales del sujeto pasivo; por lo que, en consideración a que, dicho precedente constitucional, deja establecido la aplicación inequívoca de una determinada norma, ese mismo entendimiento, sirve para resolver el comienzo del plazo para el cómputo de la prescripción que versa sobre la determinación de la deuda tributaria; por cuya consecuencia, siendo que los hechos fácticos resueltos en esta última aludida Sentencia Constitucional Plurinacional, resultan ser análogos al analizado en el presente caso; se tiene que, los fundamentos y entendimientos de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0269/2019S2 de 24 de mayo, son de aplicación vinculante al presente caso por mandato constitucional, conforme lo señalan los artículos 203 de la Constitución Política del Estado y 15 parágrafo li del Código Procesal 

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ANETARIURITANIA IRAN IRAILAKUMUO 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Constitucional, concordante con la Sentencia Constitucional Plurinacional 0255/2019-S2 de 21 de mayo

Entonces, los fundamentos supra señalados, permiten ratificar nuestra posición asumida respecto al instituto de la prescripción, mismo que fue modulado y reconducido estableciendo que, la normativa aplicable a dicho instituto, es la vigente al momento del hecho generador; es decir, cuando se establece la relación jurídico tributaria entre el sujeto pasivo y la Administración Tributaria, vínculo de cacter personal conforme establece el artículo 13 de la Ley 2492 cuyo perfeccionamiento, permite el surgimiento de la obligación tributaria pertinente; concluyendo que, la prescripción, como instituto jurídico de extinción de obligaciones en materia tributaria, no es de oficio y se aplica por la negligencia de la Administración Tributaria en ejercer sus facultades dentro el término establecido en la normativa tributaria; y que más allá del tiempo trascurrido para dilucidarse la configuración del instituto jurídico, la aplicación normativa y el término del mismo, mantiene su vinculación con el momento del perfeccionamiento del hecho gravable. į 

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A mayor abundamiento, es preciso puntualizar que, las normas sustantivas o materiales son aquellas que, no dependen de otra disposición legal para cumplir su objetivo, pudiendo ser de dos tipos: la que determina derechos y garantías y por otro, las que determinan conductas que deben ser observadas, y la razón radica en su importància de establecer derechos y garantías, por lo que, en resguardo a la seguridad jurídica, no es posible aplicar normas que, no existian en el momento de cometerse el hecho. 

En ese sentido, la irretroactividad de las disposiciones legales en general es parte del principio de legalidad y es que, no se puede pedir el cumplimiento de disposición legal alguna, en tanto, no se encuentre legalmente en vigencia en ese momento, intelecto que va relacionado con la teoría de los hechos cumplidos que establece que, cada norma jurídica debe aplicarse a los hechos que ocurran durante su vigencia, materializando así la seguridad jurídica

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De esta manera, para el análisis de la prescripción de la facultad de determinación de la deuda tributaria e imposición de sanciones por omisión de pago de la Administración Tributaria respecto al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas de la gestión con 

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9001 IBNORCA Sistema de Gestió

ocidad CeritadN7714

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

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cierre a diciembre de 2011, no corresponde se apliquen las modificaciones realizadas al instituto de la prescripción establecido en la Ley 2492, a través de la Leyes 291, 317 y 812, toda vez que éstas últimas, no estuvieron vigentes al momento del nacimiento del hecho generador

No obstante, en relación a la facultad de la Administración Tributaria para imponer sanciones por incumplimiento a deberes formales, corresponde indicar que, de la compulsa de los antecedentes administrativos, se tiene que el ente recaudador, impuso dos multas por no entregar la información y documentación requerida por la Administración Tributaria dentro del proceso determinativo, contravención que fue cometida el 29 de abril de 2015 y 10 de noviembre de 2015, en vigencia de las Leyes 291 y 317, correspondiendo la aplicación de las mismas

IV.5.1. Prescripción de la facultad de determinación de la deuda tributaria e imposición de sanciones por omisión de pago del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas de la gestión con cierre a diciembre de 2011 según la Ley 2492. A objeto de analizar la prescripción de la facultad de determinación de la deuda tributaria e imposición de sanciones por omisión de pago del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de la gestión con cierre a diciembre de 2011, corresponde puntualizar que el artículo 59 de la Ley 2492, señala que: l. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 1. Controlar, investigar, verifica, comprobar y fiscalizar tributos 2. Determinar la deuda Tributaria 3. Imponer sanciones Administrativas 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria (...)

En cuanto a la forma de cómputo del término de la prescripción, el artículo 60 de la Ley 2492, expone lo siguiente: “2. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior el término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. Il. En el supuesto 4 del parágrafo / del Artículo anterior el término se computará desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria (…)

En ese sentido, el cómputo de la prescripción de la facultad de determinación e imposición de sanción por omisión de pago, respecto del QUE de la gestión con cierre a diciembre de 2011, de conformidad a los artículos 59 y 60 parágrafo 1 de la Ley 2492, comienza a 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

partir del 1 de enero del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo 

de pago, teniendo en cuenta que la prescripción opera a los cuatro años; por consiguiente, el cómputo de la prescripción queda configurada de la siguiente manera: 

Impuesto 

Gestión, E 

Vencimiento 

de Pago 

Inicio de la : prescripción 

: Ley aplicable 

Término de la prescripción 

Fin de la prescripción 

-. 

IUE 

con cierre a diciembre de 

2011 

Abril de 2012 

01-01-2013 

2492 

4 anos 

31-12-2016 

Del cuadro expuesto precedente, se establece que el cómputo de la prescripción de cuatro años para que la Administración Tributaria ejerza su facultad de determinación e imposición de sanción por omisión de pago relacionada al (UE de la gestión con cierre a diciembre de 2011, inició el 1 de enero de 2013 y concluyó el 31 de diciembre de 2016. Ahora bien, con relación a las causales de interrupción previstas por el artículo 61 de la Ley 2492, para la referida gestión, es preciso señalar que, de la compulsa de los antecedentes administrativos, no se advierte la configuración de causales de interrupción del cómputo de la prescripción. 

Respecto a las causales de suspensión del cómputo de la prescripción el artículo 62 de la Ley 2492, establece “El curso de la prescripción se suspende !l. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del Contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo”, al respecto cabe manifestar que, verificados los antecedentes administrativos del caso, pudo evidenciarse la existencia de la Orden de Fiscalización No 00150FE00013, que fue notificada al sujeto pasivo mediante cédula el 21 de septiembre de 2015 (fojas 3 de antecedentes administrativos); por consiguiente, dicho acto administrativo suspendió el cómputo de la prescripción por el lapso de seis (6) meses, conforme establece el parágrafo I del artículo 62 de la Ley 2492. 

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Adicionalmente, corresponde salar que, de la compulsa de los antecedentes 

administrativos y conforme a lo señalado por el sujeto pasivo y la Administración Beton Tributaria, también fue advertido que de forma anterior, Mario Córdova Pinto impugno Bu 3 

el presente proceso determinativo, a través de la interposición de un Recurso de 

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9001 IBNORCA Sistema de Gestio

la Gaided CattedoN771/14 

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Alzada el 6 de febrero de 2017, fecha que fue reconocida de forma expresa por el ente recurrido y ratificada en el sistema informático de la Autoridad de Impugnación Tributaria; derivando en la emisión de la Resolución de Recurso Jerárquico AGITRJ 1782/2017 de 19 de diciembre de 2017. 

De esta manera, corresponde señalar que conforme a lo dispuesto en el parágrafo II del artículo 62 de la Ley 2492, la impugnación sustanciada de forma anterior en contra del presente proceso determinativo, suspendió el cómputo de la prescripción desde la interposición del Recurso de Alzada el 6 de febrero de 2017, hasta la recepción formal del expediente administrativo por parte del Servicio de Impuestos Nacionales, a efecto de dar cumplimiento lo dispuesto en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1782/2017 de 19 de diciembre de 2017; de esta manera tomando en cuenta que conforme al sello de recepción de la nota AGIT-SC-DEV 1681/2018, la devolución de los antecedentes administrativos se materializó el 11 de abril de 2018, en tal sentido, se infiere que el cómputo de la prescripción de las facultades del ente recaudador, entre ellas la de determinación, estuvo suspendido por 429 días. 

Consecuentemente el cómputo de la prescripción, considerando las causales de suspensión señaladas precedentemente, quedó configurado de la siguiente manera

Impuesto 

Gestión 

Inicio de la prescripción 

Término de la prescripción 

Suspensión de Suspensión de la prescripción la prescripción 

porla 

por la notificación de interposición 

la Orden de de recursos de Fiscalización impugnación 

Fin de la prescripción 

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con cierre a diciembre de 

2011 

01-01-2013 

4 años 

6 meses 

429 días 

02-09-2018 

Del cuadro expuesto, se tiene que, el cómputo de la prescripción de la facultad de determinación e imposición de sanción por omisión de pago, respecto del IVE de la gestión con cierre a diciembre de 2011, considerando las causales de suspensión establecidas en el artículo 62 de la Ley 2492, finalizó el 2 de septiembre de 2018; consecuentemente, se advirtió que las facultades del Servicio de Impuestos Nacionales prescribieron antes de la emisión de la Resolución Determinativa No 171939000898, y su consiguiente notificación que data del 19 de diciembre de 2019. 

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IV.5.2. Prescripción de la facultad de imposición de sanciones por incumplimiento a Deberes Formales según las Leyes 291 y 317. En relación a la facultad de imposición de sanciones relativas al Incumplimiento a Deberes Formales por la falta de entrega de la información y documentación requerida por la Administración Tributaria, corresponde indicar que la Disposición Adicional Quinta de Ley 291 de 22 de septiembre de 2012 y la Disposición Derogatoria Primera de la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, modificaron el artículo 59 del Código Tributario Boliviano, estableciendo en el parágrafo I que: “Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los 4 años en la gestión 2012, cinco años en la gestión 2013, seis años en la gestión 2014, siete años en la gestión 2015, ocho años en la gestión 2016, nueve años en la gestión 2017 y 10 años a partir de la gestión 2018, tanto para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la Deuda Tributaria; 3. Imponer sanciones administrativas”. –– . . . . 

A su vez, la Ley 317 a través de la Disposición Adicional Décimo Segunda, dispuso que: “Se modifican los Parágrafos I y Il del Artículo 60 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, ‘Código Tributario Boliviano, modificados por la Disposición Adicional Sexta de la Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012, por el siguiente texto: “Artículo 60. (CÓMPUTO). 1. Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo / del Artículo anterior, el témino de la prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. II. En el supuesto 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde el primer dia del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria”. 

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Ahora bien, de la compulsa de los antecedentes administrativos se tiene que la Administración Tributaria al inicio del proceso determinativo labró inicialmente el Requerimiento de Documentación No 127903 (Form. 4003) el 15 de septiembre de 2015, solicitando al sujeto pasivo documentación e información relativa al alcance de la determinación, estableciendo al efecto un plazo para su presentación, mismo que feneció el 28 de abril de 2015, y toda vez que el sujeto pasivo no presentó la documentación requerida, la contravención tributaria por dicho incumplimiento al deber formal por la entrega parcial de la información y documentación requerida por el ente recaudador dentro del proceso determinativo, se configuró el 29 de abril de 2015 (fojas 4 de antecedentes administrativos). 

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Av. Oquendo NP 381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012. www.ait.gob.boCochabamba, Bolivia 

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La Administración Tributaria de forma posterior fabró el Requerimiento de Documentación No 127932 (Form. 4003) el 22 de octubre de 2015, solicitando al sujeto pasivo documentación e información relativa al alcance de la determinación, estableciendo al efecto un plazo para su presentación, mismo que feneció el 9 de noviembre de 2015, y toda vez que el sujeto pasivo no presentó la documentación requerida, la contravención tributaria por dicho incumplimiento al deber formal por la entrega parcial de la información y documentación requerida por el ente recaudador dentro del proceso determinativo, se configuró el 10 de noviembre de 2015 (fojas 24 de antecedentes administrativos). 

De esta manera, en consideración a lo expuesto en el párrafo precedente, así como la normativa trascrita, se tiene que, el cómputo de la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para imponer la sanción por el incumplimiento a Deberes formales por la falta de entrega de la información y documentación requerida dentro del proceso determinativo, quedaría configurada de la siguiente manera

Contravención 

*Fecha de comisión de la contravención 

Ley Aplicable 

Término de inicio de la prescripción , : Prescripción 

1 Fin de la 

Prescripción 

Entrega parcial de la 

información y documentación requerida por la 

Administración Tributaria dentro de proceso determinativo 

29 de abril y 10 de noviembre de 

2015 

Ley 291 y 

317 

7 anos 

01/01/2016 

31/12/2022 

Lo expuesto en el cuadro precedente, evidencia que el término de prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para imponer sanciones por el Incumplimiento al Deber Formal por falta de entrega de la documentación solicitada mediante Requerimientos de Documentación No 127903 y 127932 (Form. 4003), finalizaría el 31 de diciembre de 2022; de esta manera, en consideración a que dicha facultad fue ejercida por el ente recaudador a través de la Resolución Determinativa impugnada, misma que fue notificada mediante cédula el 19 de diciembre de 2019, se tiene que, la sanción analizada fue impuesta al sujeto pasivo antes de configurarse la prescripción

En suma, del análisis de los antecedentes administrativos, los actos emitidos por la Administración Tributaria y el análisis desarrollado en la Resolución de Recurso Jerárquico 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinaconal de Bolivia 

AGIT-RJ 1318/2020 el 24 de septiembre de 2020, se advierte que, el proceso determinativo sustanciado por dicha entidad, no incurrió en los vicios de nulidad agraviados por el sujeto pasivo en su Recurso de Alzada, resultando correcta la determinación efectuada por el ente recaudador; adicionalmente, resultó evidente que, la 

facultad de determinación de la deuda tributaria e imposición de sanciones por omiso de pago relativas al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas de la gestión con cierre a diciembre de 2011, ya se encontraban prescritas antes de la notificación con el acto impugnado; no obstante, la facultad de la Administración recurrida para imponer la sanción por el incumplimiento a deberes formales, fue ejercida antes de configurarse la prescripción 

Consecuentemente, corresponde a ésta instancia recursiva revocar parcialmente la Resolución Determinativa N° 171939000898 de 10 de diciembre de 2019 emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, dejando sin efecto la deuda tributaria (tributo omitido actualizado, intereses y sanción: por omisión de pago) determinada por concepto del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (UE) de la gestión con cierre a diciembre de 2011 por configurarse la prescripción y manteniendo firme y subsistente la multa por incumplimiento a deberes formales.- .. 

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El suscrito Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley 2492 y artículo 141 del Decreto Supremo 29894 de 7 de febrero de 2009. 

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RESUELVE PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa No 171939000898 de 10 de diciembre de 2019, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, dejando sin efecto la deuda tributaria (tributo omitido actualizado, intereses y sanción por omisión de pago) determinada por concepto del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de la gestión con cierre a diciembre de 2011, por configurarse la prescripción, y manteniendo 

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firme y subsistente la multa por incumplimiento a deberes formales; sea de conformidad con el artículo 212 parágrafo I inciso a) y parágrafo II del Código Tributario Boliviano. 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario Boliviano, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 de la Ley 2492, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computables a partir de su notificación. 

Regístrese, notifiquese y cúmplase. 

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EricAusberto Rytas Urquiza 

DIRECTOR EJECUTIVO REGIONAL 

DIRECCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cbba. 

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