ARIT-CBA-RA-0311-2020 Sanción por contravenciones tributarias Ratificada. El Contribuyente no envío LCVs del periodo febrero a diciembre de la gestión 2011, el SIN le notificó por Edicto en la gestión 2015 (acto no impugnado) que adquirió la calidad de Título de Ejecución Tributaria (TET) dando inicio al cálculo de la prescripción del SIN, quedando totalmente vigentes las facultades del SIN en este caso.

ARIT-CBA-RA-0311-2020

AUTOAIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0311/2020 

Recurrente 

Elite Tu Revista S.R.L., representada por Daniela Carla Villena Martínez. 

Administración recurrida 

Gerencia Distrita! Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por Maria Elena Ramallo Zamora. 

Acto impugnado 

Auto Administrativo N° 542060000001. 

Expediente No 

-ARIT-TJA-0017/2020:-, 

– 

Lugar y fecha 

Cochabamba, 18 de noviembre de 2020. 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Adṁinistración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazó probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes’ en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-CBA/ITJ 0311/2020 de 18 de noviembre de 2020, emitido por… la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

UPPY 

ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. El Auto Administrativo N° 542060000001 de 9 de marzo de 2020, que resolvió declarar 

improcedente la oposición a la ejecución tributaria por prescripción de las acciones de la Administración Tributaria presentada por Daniela Carla Villena Martínez para: 1. Imponer Sanciones Administrativas por la contravención de incumplimiento al deber formal de presentar la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del software Da Vinci, Módulo – LCV en los periodos febrero a diciembre de la gestión 2011; y 2. Ejercer su facultad de ejecución tributaria de la Resolución Sancionatoria No 18-00118-2014. Acto notificado por cédula el 5 de agosto de 2020 a Daniela Carla Villena Martínez, en calidad de representante legal de la empresa Elite Tu Revista S.R.L., (fajas 94-97 y 101 de antecedentes administrativos). 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Av. Oquendo N° 381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012 www.ait.gob.bo.Cochabamba, Bolivia 

  1. 11

TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA. 11.1. Argumentos del Recurrente. Elite Tu Revista S.R.L., representada por Daniela Carla Villena Martínez, conforme acredito con Testimonio de Poder N° 0205/2020 de 8 de septiembre de 2020 (fojas 3233 del expediente administrativo), mediante memoriales presentados el 26 de agosto y 9 de septiembre de 2020 (fojas 1824 y 34 del expediente administrativo) interpuso Recurso de Alzada contra el Auto Administrativo N° 542060000001 de 9 de marzo de 2020, emitido por la Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales, manifestando lo siguiente

Que por nota del Banco Bisa, tomó conocimiento de la ejecución tributaria iniciada por la Administración Tributaria y en consecuencia, solicitó copia de los antecedentes, evidenciando que la notificación de ejecución tributaria iniciada dentro del procedimiento sancionador, fue realizada por edicto, vulnerando el derecho al debido proceso, a la defensa ylo acogerse a la regularización dispuesta en la Ley 1105 de 28 de septiembre de 2018 

Señaló que, mediante nota de 10 de febrero de 2020, presentó ante la Administración Tributaria oposición a la ejecución tributaria por prescripción respecto a la gestión 2011, en virtud al artículo 59 de la Ley 2492 sin las modificaciones establecidas en las Leyes 291 y 317, toda vez que, al haber sido promulgadas en la gestión 2012, no aplican en el presente caso, según lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley 2492, relativa a la retroactividad de las normas tributarias

Citó el artículo 5 del Decreto Supremo 27310, las Sentencias Constitucionales N° 39/2016 de 13 de mayo de 2016 y 47/2016 de 16 de junio de 2016, sosteniendo que las mismas tienen carácter vinculante y son de cumplimiento obligatorio, conforme dispone el artículo 203 de la Constitución Política del Estado Plurinacional. Agregó que, no tiene saldos disponibles en alguna entidad financiera y no cuenta con bienes, pues al no registrar movimiento de su actividad por bastante tiempo, solicitó la baja del NIT. 

Refirió que recién el 5 de agosto de 2020, en el contenido del Auto Administrativo No 542060000001, obtuvo respuesta a la solicitud efectuada. Extrajo los párrafos segundo, tercero y cuarto de la página 3 del acto impugnado, a afectos de reclamar que la 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Administración Tributaria vulneró sus derechos a la defensa y a la seguridad jurídica, por haber notificado por edicto, sin cumplir ni agotar todos los medios para la notificación personal, sin considerar el artículo 39 de la Ley 2492 y responder sobre la prescripción en base a una norma no aplicable, contraviniendo lo establecido en los artículos 123 de la Constitución Política del Estad del Código Tributario Boliviano. 

Señaló que, el Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante las Sentencias Constitucionales 48/2010-S2 y 231/2017-S, dejó sin efecto las sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia, a través de las cuales se establecieron los criterios interpretativos sobre el computo de la prescripción; no obstante adujo, que si bien éste no se pronunció sobre el fondo de la prescripción, empero de alguna manera reveló su posición sobre el cómputo de la prescripción tributaria. 

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Manifesto que, las Resoluciones Jerárquicas que contemplan una línea interpretativa sobre el cómputo de la prescripción dentro de procesos sancionatorios, señalan que la ley aplicable es aquella vigente al inicio del cómputo de la prescripción, aún si de forma posterior el término para el computo hubiese sido modificado, bajo el entendió de que la nueva norma regula lo venidero y no así la comisión de contravenciones pasadas. AI efecto citó -las-Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0485/2017, 1459/2019, 1460/2019 y 1483/2019. 

Finalmente, refirió que la entidad recurrida en el acto impugnado, vulneró sus derechos a la defensa y seguridad jurídica, al realizar una interpretación inadecuada de la prescripción y la norma aplicable, sin considerar las Sentencias Constitucionales emitidas por el Tribunal Constitucional que tienen efecto vinculante y de aplicación obligatoria, ni las Resoluciones de Recurso Jerárquico, emitidas por la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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En petitorio, solicitó la revocatoria total del Auto Administrativo N° 542060000001 de 9 de marzo de 2020, por prescripción de las facultades de ejecución tributaria de la Resolución 

Sancionatoria No 18-00118-14. 

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II.2. Auto de Admisión. El 14 de septiembre de 2020, el Responsable de Recursos de Alzada de Tarija, dependiente de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach‘a karnani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

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Auto de Admisión EXPEDIENTE ARIT-TJA0017/2020 del Recurso de Alzada interpuesto por Elite Tu Revista S.R.L., representada por Daniela Carla Villena Martinez, contra el Auto Administrativo No 542060000001, emitido por la Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales (fojas 35 del expediente administrativo). 

II.3. Respuesta de la Administración Tributaria. La Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por Maria Elena Ramallo Zamora conforme acreditó con la Resolución Administrativa de Presidencia N° 032000000702 de 29 de julio de 2020 (fojas 38-39 del expediente administrativo), por memorial presentado el 30 de septiembre de 2020 (fojas 40-43 del expediente 

administrativo), respondió al Recurso de Alzada con los siguientes fundamentos: 

Que, la parte recurrente en nota presentada el 14 de febrero de 2020, planteó oposición a la ejecución tributaria por la prescripción de la facultad de ejecución tributaria para la gestión 2011, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 2492, sin las modificaciones de las Leyes 291 y 317, al ser promulgadas en la gestión 2012 y no aplicar en el marco del artículo 150 de la Ley 2492 y si bien el sujeto pasivo en su recurso no mencionó las facultades de imposición de sanciones, con la finalidad de demostrar que el acto impugnado cuenta con la debida fundamentación y que no vulneró ningún derecho, refirió que se remiten a las facultades analizadas en el Auto Administrativo (imposición y ejecución de sanciones Administrativas Tributarias). 

Indicó que, en relación a las facultades de imposición de sanciones de la Administración Tributaria, adecuó la conducta del sujeto pasivo a la contravención de incumplimiento al deber formal de presentar la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del software Da Vinci, Modulo – LCV, correspondiendo aplicar los artículos 59 y 60 de la Ley 2492, sin modificaciones. 

Extendió explicando que, para los periodos febrero a noviembre de 2011, el cómputo inició el 1 de enero de 2012 y concluía el 31 de diciembre de 2015 y para el período diciembre de 2011, inició el 1 de enero de 2013 y finalizó el 31 de diciembre de 2016, empero, aduce que toda vez que la Resolución Sancionatoria N° 180018-2014, fue notificada el 28 de diciembre de 2015, dicha actuación interrumpió el cómputo de la prescripción, conforme disponen los artículos 61 y 154 de la Ley 2492. 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Con relación a la facultad de ejecución, precisó que, la Resolución Sancionatoria No 18-00118-2014, fue notificada el 28 de septiembre de 2015 y adquirió la calidad de título de ejecución tributaria el 20 de octubre de 2015, en plena vigencia de la Ley 291, que modificó el artículo 60 de la Ley 2492, momento en el cual podía aplicar las medidas de ejecución tributaria. Por tanto, el cómputo de 5 años para la prescripción de la facultad de ejecución, inició el 20 de octubre de 2015 y concluiría el 20 de octubre de 2020. Agregó que, al momento de la oposición a la ejecución tributaria ante la Administración Tributaria, así como a la presentación del recurso de Alzada, sus facultades para ejecutar la Resolución Sancionatoria se encontraban vigentes. 

Sostuvo que sus facultades para imponer y ejecutar sanciones administrativas se encuentran vigentes, conforme los artículos 59, 60 (modificados por la Ley 291), 61 y 109 de la Ley 2492. Señaló que, el Tribunal Constitucional estableció que la Ley procesali aplicable es la vigente al momento de realizar el acto-procesal y citó las Sentencias Constitucionales 280/2001-R, 979/2002-R, 1427/2003-R, 0386/2004-R y 1055/2006-R. 

Replicó que, la sanción impuesta por contravención tributaria mediante Resolución Sancionatoria N° 18-00118-2014, constituyó en Titulo de Ejecución Tributaria el 20 de octubre de 2015, conforme dispone el artículo 108 de la Ley 2492, por tanto asintió que a la fecha de promulgación de la Ley 291, el ejercicio de la facultad de ejecución de la contravención tributaria, aún no había iniciado. Añadió que la solicitud de prescripción planteada por el sujeto pasivo también fue realizada en vigencia de la Ley 291, no existiendo una mala aplicación de la normativa o aplicación retroactiva, conforme los artículos 123 la Constitución Política del Estado y artículos 3 y 150 de la Ley 2492. 

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Explicó que, la Ley 291 no remite su aplicación a periodos específicos, hechos generadores u otro parámetro que condicione el momento de su aplicación, entendiendo que el régimen de prescripción, debe aplicarse a partir de su vigencia. Citó la disposición transitoria Primera del Decreto Supremo N° 27310, y sostuvo que los procedimientos administrativos iniciados con posterioridad a la vigencia de la Ley 291, deben ser tramitados conforme la misma, como en el presente caso. 

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Av. Oquendo N° 381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012 • www.ait.gob.bo-Cochabamba, Bolivia 

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Citó las Sentencias Constitucionales 0012/2019-92 y 1169/2016-53, sosteniendo que en el acto impugnado consideró el parágrafo III del artículo 60 de la Ley 2492, así como el parágrafo III del artículo 59 y parágrafo IV del artículo 154 de la citada Ley, modificados por la Ley 291, reiterando que aplicó la norma vigente en el momento en que la Resolución Sancionatoria N° 1800118-2014 adquirió la calidad de título de ejecución tributaria. 

Señaló que, las Sentencias Constitucionales y Resoluciones Jerárquicas referidas por la parte recurrente, en su mayoría versan sobre la Ley aplicable con relación a la imposición de sanciones o determinación de la Administración Tributaria, más no con relación a la ejecución tributaria de las sanciones por contravenciones y que dichos precedentes refuerzan la aplicación de la norma vigente a momento del inicio del cómputo del plazo de prescripción

Refirió respecto a la vulneración del derecho a la defensa a consecuencia de las notificaciones realizadas mediante edictos, que constituye en una situación que no fue expuesta como agravio ante la Administración Tributaria en la nota de 14 de febrero de 2020, sino que fue plateada únicamente como un hecho, sin realizar solicitud de nulidad, refiriendo únicamente la oposición a la ejecución tributaria por prescripción; por lo que al no haber formado parte del análisis del Auto Administrativo, no corresponde a la instancia de Alzada considerar dicho reclamo, en virtud al principio de congruencia, como elemento del debido proceso. 

Por los fundamentos expuestos, solicitó confirmar el Auto Administrativo No 542060000001 de 9 de marzo de 2020

11.4. Apertura de término probatorio. El 1 de octubre de 2020, el Responsable de Recursos de Alzada de Tarija, dependiente de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Apertura Término de Prueba EXPEDIENTE ARIT-TJA-0017/2020, disponiendo la apertura del término de prueba de 20 días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del inciso d) artículo 218 del Código Tributario Boliviano (fojas 44 del expediente administrativo)

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AUTORIDAD DE IMPUIGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinaclonal de Bolivia 

El 13 de octubre de 2020, Maria Elena Ramallo Zamora, en representación de la Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales, presentó memorial ratificando la prueba acompañada al memorial de respuesta al Recurso de Alzada (fojas 46 del expediente administrativo). 

11.5. Alegatos. El 4 de noviembre de 2020, la Administración Tributaria presentó memorial de alegatos, señalando que la parte recurrente, durante la etapa probatoria, no logró demostrar los supuestos agravios manifestados en el Recurso de Alzada; también reiteró los argumentos expuestos en el memorial de respuesta al recurso respecto a que el acto impugnado cuenta con la debida fundamentación; con relación a que las facultades de imposición de sanciones y ejecución tributaria de la Resolución Sancionatorią N° 18 00118-2014, se encuentran vigentes, en virtud a la Ley 2492 modificada por la Ley 291; respecto de que las sentencias y Resoluciones Jerárquicas citadas por la parte recurrente, no versan sobre la facultad de ejecución de las sanciones por contravenciones tributàrias y refuerzan la posición de la Administración Tributaria; y con relación a que en la nota de solicitud de prescripción de la ejecución tributara, presentada por el sujeto paşivo el 14 de febrero de 2020 ante el SIN, la notificación realizada por Edicto, sólo fue expuesta como un hecho y no solicitó nulidad alguna. Por otro lado, replicó su solicitud de confimatoria del acto impugnado (fojas 53-55 de expediente administrativo). 

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Dentro el plazo establecido en el parágrafo II del artículo 210 del Código Tributario Boliviano, no existió la presentación ante esta instancia recursiva de alegatos por parte de la empresa recurrente. 

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III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA. 

El 14 de febrero de 2020, el sujeto pasivo presentó nota a la Administración Tributaria, mediante la cual, después de citar el artículo 109 de la Ley 2492, planteó prescripción de la facultad de ejecución tributaria de la Administración Tributaria, respecto a la gestión 2011, en virtud de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 2492, sin modificaciones de las Leyes 291 y 317. Asimismo, citó el artículo 5 del Decreto Supremo N° 27310 y las Sentencias Constitucionales N° 39/2016 de 13 de mayo de 

2016 y 47/2016 de 16 de junio de 2016, para sostener que las referidas sentencias, tristisk

tienen carácter vincular cumplimiento obligatorio, de acuerdo a lo establecido 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq karachiq (Quechua) Mburvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Av. Oquendo N 381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011.-4140012www.ait.gob.boCochabamba, Bolivia 

en el artículo 203 de la Constitución Política del Estado (fojas 85-86 de antecedentes administrativos). 

El 9 de marzo de 2020, la Administración Tributaria emitió el Auto Administrativo No 542060000001, que resolvió declarar improcedente la oposición a la ejecución tributaria por prescripción de las acciones de la Administración Tributaria para: 1. Imponer Sanciones Administrativas por la contravención de incumplimiento al deber formal de presentar la información del Libro de Compras y Ventas IVA a través del software Da Vinci, Modulo – LCV en los periodos febrero a diciembre de la gestión 2011; y 2. Ejercer su facultad de ejecución tributaria de la Resolución Sancionatoria citada. Acto notificado por cédula el 5 de agosto de 2020, a Daniela Carla Villena Martínez representante legal de Elite Tu Revista S.R.L. (fojas 94-97 y 101 de antecedentes administrativos). 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA. 

Conforme a lo establecido en el parágrafo I del artículo 211 del Código Tributario Boliviano, esta instancia recursiva ingresará a resolver los reclamos y solicitudes planteados por Daniela Carla Villena Martínez, en representación de la empresa Elite tu Revista S.R.L., dentro de los cuales plantes para el análisis técnico jurídico los siguientes aspectos: 1. Notificación por edicto de la ejecución tributaria; y 2. Prescripción de la facultad de ejecución tributaria. 

IV.1. Notificación por edicto. De la lectura del Recurso de Alzada, se tiene que el sujeto pasivo, señaló entre sus argumentos que la notificación de la ejecución tributaria iniciada dentro del procedimiento sancionador, fue realizada por edicto, vulnerado el derecho al debido proceso, a la defensa ylo a acogerse a la regularización en el pago de deudas y multas, dispuesto en la Ley 1105 de 28 de septiembre de 2018. 

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Al respecto, inicialmente cabe señalar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 198 del Código Tributario Boliviano, uno de los requisitos establecidos para la formulación del Recurso de Alzada, es el planteamiento de los agravios causados por el acto impugnado, aspecto que denota el carácter de revisor de actos administrativos del que se encuentra envestida la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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Por tanto, dentro de dicho marco normativo, es necesario precisar que, los actos 

administrativos inherentes al proceso sancionador que derivaron en la ejecución 

tributaria (Resolución Sancionatoria y/o Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria) 

que, -conforme refiere el sujeto pasivo-, habrían sido notificados por edicto, no puede 

ser objeto de impugnación del presente Recurso de Alzada, toda vez que la presente impugnación recae exclusivamente en el Auto-Administrativo N° 542060000001 de 9 de marzo de 2020, conforme consta “AUTO DE ADMISIÓN EXPEDIENTE ARIT TJA-0017/2020” de 14 de septiembre de 2020 y el acto adjunto al Recurso de Alzada (fojas 2-5 y 35 del expediente administrativo), que resolvió únicamente con relación a la prescripción solicitada por el sujeto pasivo ante la Administración Tributaria. En ese entendido, esta instancia recursiva se ve impedida de resolver cuestionamientos o aspectos inherentes a actos administrativos distintos al acto objeto de impugnación, debiendo circunscribirse el presente análisis, únicamente sobre la prescripción de la facultad de ejecución de la Resolución Sancionatoria N° 18-00118-2014, planteada por el sujeto pasivo y resuelta por el acto impugnado. 

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1.2. Prescripción de la facultad de ejecución tributaria de la Administración Tributaria. El sujeto pasivo señaló que, presentó oposición a la ejecución tributaria por prescripción respecto a la gestión 2011, conforme dispone en el artículo: 59 de la Ley 2492, sin las modificaciones establecidas en las Leyes 291 y 317, promulgadas en la gestión 2012, que al haber sido promulgadas en la gestión 2012, no son aplicables en el marco de lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley 2492, relativa a la retroactividad. 

Señaló que la entidad recurrida, vulneró sus derechos a la defensa y seguridad jurídica, al 

realizar una interpretación inadecuada de la prescripción y norma aplicable, sin considerar las Sentencias Constitucionales emitidas por el Tribunal Constitucional, que tienen efecto vinculante y de aplicación obligatoria, ni las Resoluciones de Recurso Jerárquico, emitidas con la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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Citó el artículo 5 del Decreto Supremo 27310, las Sentencias Constitucionales N° 39/2016 de 13 de mayo de 2016 y 47/2016 de 16 de junio de 2016, sosteniendo que las mismas tienen carácter vinculante y son de cumplimiento obligatorio, conforme dispone el artículo 203 de la Constitución Política del Estado Plurinacional. Asimismo, refirió las Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ 0485/2017, 1459/2019, 1460/2019 y 1483/2019. 

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Por su parte, la Administración Tributaria señaló que la Resolución Sancionatoria No 18-00118-2014, fue notificada el 28 de septiembre de 2015 y adquirió la calidad de Título de Ejecución Tributaria el 20 de octubre de 2015, momento en el cual pudo aplicar las medidas de ejecución tributaria y en plena vigencia de la Ley 291, que modificó el artículo 60 de la Ley 2492; por lo que afirmó que el computo de 5 años para la prescripción de la facultad de ejecución, inició el 20 de octubre de 2015 y concluiría el 20 de octubre de 2020. 

Al respecto, de forma inicial resulta necesario efectuar algunas consideraciones sobre el análisis de la prescripción en materia tributaria; en ese entendido, cabe señalar que la prescripción resulta: “(...) una categoria general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace(García Novoa Cesar, Presidente del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario ILAT. Memoria III Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario 2010); y al decir de este autor. su fundamento radica en la seguridad jurídica, pues las pretensiones deben ejercitarse en un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto de derecho quede indefinidamente a merced de la actuación de otro”. 

En esa línea, el citado instituto de la prescripción es una categoría juridica por la que, se le atribuye la función de ser una causa extintiva de la obligación tributaria, que es necesaria para el orden social, que responde a los principios constitucionales de certeza y seguridad jurídica praescriptio, patrona generis humani” (La prescripción, patrona del género humano); puesto que: El fundamento del instituto de la prescripción estriba en evitar la inseguridad que trae aparejada el transcurso del tiempo sin el ejercicio de un derecho. En otros términos, su objeto es evitar la falta de certeza en las relaciones juridicas, producto de la inactividad de un sujeto titular de un derecho” (Buitrago Ignacio Josué, Presidente del Tribunal Fiscal de la Nación Argentina. Memoria IV Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario 2011); por cuanto se debe entender que la praescriptio introducta est odio negligentiae, non favore praescribentis” (La prescripción se introdujo más bien en contra de la negligencia que en favor de quien prescribe). 

Bajo el escenario descrito y en resguardo del principio de seguridad jurídica consagrado en la Constitución Política del Estado, se concluye que, el instituto jurídico de la prescripción debe entenderse de acuerdo al entendimiento desarrollado por el intérprete de la Constitución Política del Estado; razón por la que, en aras de hacer justicia tributaria, 

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se concibe la prescripción como instituto jurídico de extinción de obligaciones en materia tributaria y se aplica por la negligencia de la Administración Tributaria en ejercer sus facultades dentro el término establecido en la normativa tributaria, no operando de oficio. 

Al efecto, sobre el instituto jurídico que nos ocupa y en consideración a la existencia de controversia en relación a la normativa a ser aplicada en el análisis de prescripción, cabe indicar que la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 1.169/2016-S3 de 26 de octubre de 2016, en su punto III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO” efectuó el siguiente entendimiento en relación al momento que debe computarse la prescripción: Concordante con el precedente constitucional esta Sala considera que la irretroactividad de la ley al constituir una garantía a favor del ciudadano y no del Estado, impide también, que una norma reciente pueda afectar a plazos de prescripción que empezaron a computarse en vigencia de una norma anterior, pues ello significaría desconocer el principio de irretroactividad de la ley y consentir una aplicación retroactiva, pues a los actos que se produjeron en un determinado tiempo, corresponde se aplique la normativa legal vigente en ese momento, lo contrario significaria contrariar el mandato constitucional de la irretroactividad como garantia a favor del ciudadano, desconocer el orden público, la seguinidad y estabilidad jurídica”

La citada Sentencia Constitucional Plurinacional, continuo, sosteniệndo en el acápite respecto del plazo de prescripción y la forma de aplicación en el tiempo: “Sobre la forma en que debe computarse el plazo de prescripción de acuerdo a la doctrina, por regla general es a partir del momento en que objetivamente la pretensión puede ejercitarse (...). y posteriormente concluyó: Es decir, que la norma aplicable al plazo de prescripción debe ser aquella vigente al momento del inicio del cómputo del plazo de prescripción y no la nueva que modificó el plazo, sin que ese criterio ponga en duda la constitucionalidad de las Leyes 291 y 317, criterio que es compartido por esta Sala, pues tratándose de una interpretación de legalidad corresponde que la Autoridad Tributaria, determine que norma debe aplicarse al caso concreto, tomando en cuenta como escala interpretativa el art. 123 de la CPE, que en definitiva en el Estado Constitucional orienta la actividad de todos los órganos de poder” (las negrillas son añadidas). 

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Consecuentemente, en observancia de lo dispuesto por la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 1169/2019S2 desglosada en párrafos previos, misma que abarca el 

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análisis de la prescripción de la facultad de ejecución de las sanciones impuestas por la Administración Tributaria, corresponde concluir que la norma aplicable para el análisis de la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria en etapa de ejecución, debe ser aquella vigente al momento del inicio del cómputo del plazo de prescripción. 

Ahora bien, en cuanto al momento del inicio del cómputo de la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para ejecutar la sanción impuesta a través de la Resolución Sancionatoria No 18-00118-2014, cabe citar el parágrafo Ill del artículo 60 de la Ley 2492 dispone: (…) III. En el supuesto del parágrafo Ill del Artículo anterior, el término se computará desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria”. 

En ese sentido, en consideración a que en el presente caso, la Resolución Sancionatoria N° 18-00118-2014, que resolvió sancionar a Elite tu Revista S.R.L. con el pago de la multa de Bs26.035.por el incumplimiento a Deberes Formales (fojas 1417 de antecedentes administrativos), fue notificada por edicto, el 28 de septiembre de 2015, al no existir recurso de impugnación en su contra dentro de los veinte días establecidos en el artículo 143 del Código Tributario Boliviano, se tiene que la misma adquirió la calidad de Título de Ejecución Tributaria el 20 de octubre de 2015 conforme el artículo 108 parágrafo I numeral 1 de la Ley 2492, al no existir recurso de impugnación en su contra -dentro de los veinte días establecidos en el artículo 143 del Código Tributario Boliviano-, iniciando desde ese momento el cómputo de prescripción, conforme establece el parágrafo III del artículo 60 de la Ley 2492; teniéndose que en dicho momento se encontraba vigente la Ley 2492, con las modificaciones realizadas mediante la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012. 

De esta manera, aclarada la normativa a ser aplicada en el presente análisis, corresponde precisar que, a través de la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, fue modificado el artículo 59 de la Ley 2492 (CTB), quedando redactado de la siguiente manera: “Il. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los cinco (5) años

Por tanto, considerando lo dispuesto en la normativa citada en el párrafo precedente, y teniendo presente que la Resolución Sancionatoria N° 18-00118-2014 de 11 d

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noviembre de 2014, adquirió la calidad de Titulo de Ejecución Tributaria el 20 de octubre de 2015, el término de la prescripción de 5 años de la facultad de la Administración Tributaria para ejecutar la sanción atribuida en la referida resolución, inició el 20 de octubre de 2015 y habría finalizado el 20 de octubre de 2020. 

Sin embargo, respecto a la existencia de causales de suspensión e interrupción del cómputo de la prescripción, es importante señalar que el Servicio de Impuestos Nacionales en el Auto Administrativo impugnado y en el memorial de respuesta al Recurso de Alzada, no argumentó la concurrencia de actos que interrumpan ylo suspendan el cómputo del instituto analizado. No obstante, cabe precisar que, el parágrafo II del artículo 62 de la Ley 2492, dispone que, el curso de la prescripción se suspende con: “Il. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo”. | 

Por tanto, toda vez que en el presente caso existe la interposición de Recurso de Alzada realizada por parte del sujeto pasivo, mediante notas de 26 de agosto y 9 de septiembre de 2020, producto de las cuales esta instancia de Alzada emitió el AUTO DE ADMISION EXPEDIENTE ARIT-TJA-0017/2020″, de 14 de septiembre de 2020 (fojas 18-24, 34 y 35 de expediente administrativo), de conformidad a la normativa precedentemente citada, el computo de la prescripción de la facultad de ejecución de las contravenciones tributarias (Incumplimiento de Deberes Formales) contenidas en la Resolución Sancionatoria N° 18-00118-2014 de 11 de noviembre de 2014, se encuentra suspendida, hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo, por lo que, el instituto de la prescripción de la facultad de ejecución de la entidad recurrida respecto a la citada Resolución Sancionatoria, al encontrarse suspendido, no llegó a configurarse. 

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Por otro lado, es necesario aclarar a la parte recurrente que, respecto a las Sentencias Nos. 39/2016 de 13 de mayo de 2016 y 47/2016 de junio de 2016, emitidas por el Tribunal 

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Supremo de Justicia, las mismas fueron dejadas sin efecto por el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, mediante las Sentencias Constitucionales Nos. 0231/2017-S3, de 24 de marzo de 2017 y 0048/2017-S2, de 6 de febrero de 2017; lo que significa que su 

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entendimiento jurídico fue dejado sin efecto en su plenitud, impidiendo su aplicación en el ámbito jurídico boliviano; por ello, no pueden ser utilizadas como precedentes jurisprudenciales. 

De la misma forma, cabe señalar que, las Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ 0485/2017, 1459/2019, 1460/2019 y 1483/2019, citadas por la parte recurrente, versan sobre la ejecución de deudas autodeterminadas en Declaraciones Juradas y no pagadas (AGIT RJ 0485/2017) y la facultad de imposición de sanciones (AGITRJ 1459/2019, 1460/2019 y 1483/2019); toda vez que, el presente caso incumbe al análisis de la facultad de ejecución de sanciones, facultad que conforme disponen el parágrafo Ill del artículo 59 y parágrafo III del artículo 60 de la Ley 2492, contemplan un análisis y cómputo distinto a las facultades analizadas en las referidas Resoluciones Jerárquicas (ejecución de deudas autodeterminadas e imposición de sanciones); por tanto, éstas no pueden ser consideradas como doctrina tributaria vinculante. 

Por todo lo expuesto, conforme al análisis realizado con base en los antecedentes administrativos, corresponde a esta instancia recursiva confirmar el Auto Administrativo No 542060000001 de 9 de marzo de 2020, emitido por la Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales, declarando vigente la facultad de ejecución de las contravenciones tributarias (Incumplimiento de Deberes Formales) establecidas en la Resolución Sancionatoria No 1800118-2014 de 11 de noviembre de 2014, al no haber trascurtido el plazo dispuesto en el parágrafo Ill del artículo 59 de la Ley 2492, modificado por la Ley 291, en consideración al efecto suspensivo del cómputo de la prescripción, dispuesto en el parágrafo II del artículo 62 de la Ley 2492

POR TANTO: 

El suscrito Director Ejecutivo a.i, de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato del artículo 132 e inciso a) del artículo 140 de la Ley 2492 y artículo 141 del Decreto Supremo 29894 de 7 de febrero de 2009

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR el Auto Administrativo No 542060000001 de 9 de marzo de 2020, emitido por la Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales, 

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declarando vigente la facultad de ejecución de las contravenciones tributarias (Incumplimiento de Deberes Formales) establecidas en la Resolución Sancionatoria No 18001182014 de 11 de noviembre de 2014, al no haber trascurrido el plazo dispuesto en el parágrafo III del artículo 59 de la Ley 2492, modificado por la Ley 291, en consideración al efecto suspensivo del cómputo de la prescripción, dispuesto en el parágrafo II del artículo 62 de la Ley 2492; sea de conformidad con el inciso b) parágrafo I del artículo 212 del Código Tributario Boliviano

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario Boliviano, sede cumplimiento obligatorio para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

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TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al inciso c) del artículo 140 de la Ley 2492 y sea con nota de atención.

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 de la Ley 2492, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computables a partir de su notificación

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Lazos atranda 

Registrese, notifiquese y cúmplase. 

SIR 

Eric Aysberto Rojas Urquiza 

DIRECTOR EJECUTIVO REGIONAL 

DIRECCION BÍECUTIVA REGIONAL Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Coba. 

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