ARIT-CBA-RA-0309-2020 Depuración de factura, el contribuyente no pudo demostrar el pago, la transferencia de domino ni la validez de la misma; por tanto, se ratificó la Resolución determinativa.

ARIT-CBA-RA-0309-2020

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ANTALAISALOAREATAN KONTRAKTAR MATERANENAHALIM SAID 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Resolución de Recurso de Alzada ARITCBARA 0309/2020 

Recurrente 

Universidad Privada de Ciencias Administrativas y Tecnológicas S.A., representada por Rene Francisco Polo Salinas... 

Administración recurrida 

Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por Marcelo Gonzales Yaksic. 

, – – – – Acto impugnado 

Determinativa 

No 

: . Resolución i 172039000188: 

Expediente No 

ARITCBA-0199/2020. 

Lugar y fecha 

Cochabamba, 16 de noviembre de 2020. 

VISTOŚ: ,’ 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-CBA/ITJ 0309/2020 de 16 de noviembre de 2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

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ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. La Resolución Determinativa N° 172039000188 de 10 de julio de 2020, que determinó de oficio, por conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones impositivas de la Universidad Privada de Ciencias Administrativas y Tecnológicas S.A., en la suma de UFVs 183 equivalente a Bs430, correspondientes al tributo omitido actualizado e intereses por el Impuesto al Valor Agregado del periodo fiscal septiembre 2017. Asimismo, atribuyó a la Universidad Privada de Ciencias Administrativas y Tecnológicas S.A., la conducta de 

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strada Gestión 

Julcauda Cortificado N 771/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Av. Oquendo N2381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012.www.ait.gob.boCochabamba, Bolivia 

omisión de pago del Impuesto al Valor Agregado, correspondiente al periodo septiembre de la gestión 2017, sancionando con la multa del 100% del tributo omitido, equivalente a UFVS 164, conforme disponen los artículos 165 de la Ley 2492 y 42 del Decreto Supremo 27310. Por otro lado, ratificó la multa por incumplimiento al deber formal del contribuyente, impuesta mediante Acta por Contravención Tributaria Vinculada al procedimiento de Determinación No 168748, por un importe de UFVS 600. Acto notificado mediante cédula al sujeto pasivo, el 30 de julio de 2020 (fojas 196-209 y 212 de antecedentes administrativos). 

TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA. 

II.1. Argumentos del Recurrente, Universidad Privada de Ciencias Administrativas y Tecnológicas S.A., representada por René Francisco Polo Salinas, conforme acreditó el Testimonio de Poder No 313/2012 de 1 de agosto de 2012 (fojas 19-24 del anexo al expediente administrativo), mediante memoriales de 18 de agosto y 1 de septiembre de 2020 (fojas 4751 y 54 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa No 172039000188 de 10 de julio de 2020, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, manifestando lo siguiente

Que, desde la fecha de notificación con la Orden de Verificación N° 18990208872, realizada el 16 de octubre de 2018, a la fecha de notificación con la vista de Cargo No 291939000282, el 5 de febrero de 2020, transcurrieron más de 15 meses, no obstante de que el parágrafo V del artículo 104 de la Ley 2492, establece que no deben transcurrir más de 12 meses, no existiendo ninguna solicitud de prórroga ni Resolución que la autorice. 

Manifestó que la etapa de liquidación preliminar habria precluído y que, por mandato del inciso d) del artículo 28 de la Ley 2341, uno de los elementos esenciales del acto administrativo es el procedimiento, que garantiza la efectividad de los derechos de los administrados; no obstante adujo, que ante las irregularidades verificadas, corresponde la aplicación del inciso c) del artículo 35 de la Ley 2341. 

Sostuvo que la Vista de Cargo es nula y que en aplicación de los principios tributarios de transparencia, certeza, congruencia y seguridad jurídica, la Administración Tributaria debió anular y dejar sin efecto la Orden de Verificación No 18990208872. Extendió señalando que la actividad administrativa debe regirse por el inciso c) del artículo 4 de la Ley 2341, 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

asegurando el cumplimiento del debido proceso; al respecto, citó los artículos 32 parágrafo 1, 34 del Decreto Supremo 27113 y 201 del Código Tributario Boliviano. 

Afirmó que la dosificación de la factura es un asunto que, no es responsabilidad del sujeto pasivo y que el control fiscal del cumplimiento de deberes materiales y formales corresponde a la Administración Tributaria, por mandato de los artículos 66 y 100 de la Ley 2492. Al efecto, cito como precedente administrativo la RRJ SGT/RJ 0221/2006. 

Señaló que presentó la factura original y que dicho documento demuestra la efectiva realización de la transacción al amparo del artículo 4 de la Ley 843, toda vez que, ante la ocurrencia del hecho generador, conforme a los fallos de la Autoridad de Impugnación Tributaria que recalcan que la factura es un documento que al presentarse en original prueba la materialización de la transacción comercial o de servicios, afirmó que, al contar con la factura original, acredito la compra de Tapiceros. 

Refirió que el proveedor, mediante nota indicó la realización del trabajo por el cual pago el importe de Bs2.800.- que fue realizada la mitad en efectivo y la otra en chèque. Añadió que, la factura observada corresponde a gastos de marketing destinados a la captación de nuevos estudiantes encontrándose vinculada a la fuente, puesto que afecta al resultado de la sociedad, permitiendo su crecimiento y expansión; en ese entendido señaló, que al ser pagado con recursos propios correctamente coạtabilizados, dichos elementos deben ser valorados en aplicación del artículo 81 de la Ley 2492. – – – 

– 

– 

– 

Observó que la Administración Tributaria anticipó criterio, prejuzgó y atentó contra el derecho a la presunción de inocencia, al calificar la conducta como omisión de pago en la Vista de Cargo, cuando es la Resolución Determinativa el documento que establecerá este hecho, transcurrido el plazo de descargo. 

En virtud de los argumentos, solicitó la revocatoria total de la Resolución Determinativa No 172039000188 de 10 de julio de 2020, declarando inexistente la deuda tributaria y reconociendo el crédito fiscal observado, en aplicación del principio de verdad material. 

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II.2. Auto de Admisión. El 2 de septiembre de 2020, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Admisión EXPEDIENTE ARIT-CBA-0199/2020, 

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Condad CertadN771/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach‘a kemani (Aymara) Mana tasaq kuraq karachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaranl) 

Av. Oquendo N 381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012.www.ait.gob.bo. Cochabamba, Bolivia 

TL 

correspondiente al Recurso de Alzada interpuesto por la Universidad Privada de Ciencias Administrativas y Tecnológicas S.A., representada por Rene Francisco Polo Salinas, contra la Resolución Determinativa No 172039000188 de 10 de julio de 2020, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (fojas 55 del expediente administrativo)

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria. La Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por Marcelo Gonzales Yaksic, conforme acreditó la Resolución Administrativa de Presidencia No 032000000760 de 31 de agosto de 2020 (fojas 58 del expediente administrativo), por memorial presentado el 23 de septiembre de 2020 (fojas 59-63 del expediente administrativo), respondió el Recurso de Alzada con los siguientes fundamentos: 

Que, según el parágrafo V del artículo 104 de la Ley 2492, los doce meses referidos comprenden desde la notificación con la Orden de Fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo y no así hasta su notificación, por cuanto manifestó que habiendo notificado al sujeto pasivo con la Orden de Verificación N° 18990208872 el 16 de octubre de 2018 y emitido la Vista de Cargo N° 291939000282 el 14 de octubre de 2019, cumplió con los doce meses previstos por la norma. Añadió que para que proceda la nulidad, por el principio de especificidad, ésta debe encontrarse expresamente dispuesta en la norma

Afirmó que la vista de Cargo N° 291939000282 cumplió los requisitos establecidos por la normativa, no correspondiendo su nulidad. Extendió refiriendo que los procedimientos tributarios se rigen en base al Código Tributario Boliviano y sus normas reglamentarias; por tanto afirmó, que la analogia solamente es admitida para llenar vacíos legales, y ante el procedimiento legal establecido, no corresponde la aplicación de otra normativa. 

Manifestó que observó que la factura 48 no se encuentra dosificada por la Administración 

Tributaria, conforme lo señalan los artículos 77 de la Ley 2492 y 7 del Decreto Supremo 27310, además de lo estipulado en el inciso 2) del artículo 54 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0021-16, añadió que la dosificación es un requisito para que la factura se considere válida y que la eficacia probatoria de la factura depende también del cumplimiento de los requisitos formales de validez y autenticidad, previstas en la normativa reglamentaria, 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Señaló que la Resolución Jerárquica STG/RJ 0221/2006, no es aplicable al presente caso, al referir errores de imprenta, empero que fue demostrado que la factura cumplía con la efectiva realización de la transacción, lo que no ocurrió con la factura No 48. Reiteró que las facturas deben cumplir con los dos requisitos indispensables para la apropiación del crédito fiscal, mismos que se encuentran desarrollados en los artículos 4 y 8 de la Ley 843, 8 del Decreto Supremo 21530 y numerales 4 y 5 del artículo 70 de la Ley 2492. 

Afirmó que la certificación de 7 de junio de 2020, emitida por el proveedor Miguel Angel Vargas Roffe, presentada como descargo a la vista de Cargo, no constituye en prueba suficiente debido a que no adjunta al mismo el cheque como respaldo de la transacción; no pudiendo verificarse el pago al proveedor y con relación al pago en efectivo, el proveedor no adjuntó el talonario de venta del periodo o la factura objeto de transacción, misma que fue solicitada mediante Requerimiento No 150405 de 21 de noviembre de 2018, empero no fue presentada. Reiteró que el sujeto pasivo tiene el deber de respaldar documentalmente la realización de sus transacciones demostrando la participación entre el vendedor, el comprador y el objeto y la relación entre sí. Al efecto, citó las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0460/2018-S1 de 4 de septiembre, 1321/2016-S2 de 16 de septiembre’y 99/2017 de 20 de abril. 

Manifestó que la eficacia probatoria de la factura dependerá del cumplimiento de los requisitos de validez y autenticidad, que deben ser corroborados por los órganos de control del Servicio de Impuestos Nacionales o por otro ente público, mediante la recolección de pruebas fácticas que permitan evidenciar la efectiva realización de la transacción. Agregó que en aplicación de lo establecido por el artículo 76 de la Ley 2492, la carga de la prueba le pertenece a quien pretende hacer valer sus derechos y según el artículo 70 del mismo cuerpo legal, es obligación del sujeto pasivo respaldar sus actividades y operaciones gravadas, demostrando la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le correspondan, dando cumplimiento a los deberes formales y materiales de la obligación tributaria; en ese sentido, señaló el artículo 36 del Código de Comercio y numeral 1 del 

artículo 17 del Código Tributario Boliviano. 

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Por lo expuesto, solicitó confirmar la Resolución Determinativa N° 172039000188 de 10 de julio de 2020. 

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de la ciudad CertificadN771/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach‘a karnani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaranl) 

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11.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba. El 24 de septiembre de 2020, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Apertura Término de Prueba EXPEDIENTE ARIT CBA-0199/2020, disponiendo el inicio del término probatorio de veinte días comunes y perentorios para ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 218 del Código Tributario Boliviano (fojas 64 del expediente administrativo). 

El 9 de octubre de 2020, la parte recurrente presentó memorial por el cual ratificó y propuso en calidad de prueba la documentación y los argumentos expuestos en el Recurso de Alzada, así como los antecedentes adjuntos por la Administración Tributaria (fojas 66 del expediente administrativo)

El 19 de octubre de 2020, Marcelo Gonzales Yaksic como Gerente GRACO Cochabamba a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales, presentó ante esta instancia de Alzada, memorial por el cual ratifica la respuesta al Recurso de Alzada, así como la documentación adjunta al mismo (fojas 69 del expediente administrativo). 

11.5. Alegatos. El 9 de noviembre de 2020, Marcelo Gonzales Yaksic, como Gerente GRACO Cochabamba a.i. del Servicio de Impuestos Nacional, presentó ante esta instancia recursiva alegatos en conclusiones, reiterando los argumentos expuestos en el memorial de respuesta de la Administración Tributaria al presente Recurso de Alzada, así como la petición de confirmar el acto impugnando (fojas 7273 del expediente administrativo). 

Por el contrario, dentro el plazo establecido en el parágrafo II del artículo 210 del Código Tributario Boliviano, la parte recurrente no presentó alegatos. 

III

ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA. El 16 de julio de 2018, la Administración Tributaria emitió la Orden de Verificación No 18990208872, comunicando al sujeto pasivo, el inicio del procedimiento de determinación, según Operativo Específico Crédito Fiscal, cuyo alcance comprende la verificación de todos los hechos y/o actos relacionados con el crédito fiscal IVA, correspondiente a los periodos observados, según detalle de diferencias adjunto: febrero, marzo, abril, mayo, junio y septiembre de la gestión 2017, emplazando a la 

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BALATORIEMARILAOMOIANA RESTORE MAGRANA ALIHATSAKOMILA 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

presentación de documentación en el plazo de 10 dias. Acto notificado el 16 de octubre de 2018 (fojas 714 de antecedentes administrativos). 

El 31 de octubre de 2018, el sujeto pasivo presentó parcialmente la documentación requerida, según consta en el Acta de Recepción de Documentación (fojas 15 de antecedentes administrativos). 

El 14 de octubre de 2019, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo No 291939000282 (CITE: SIN/GGCBBA/DF/UVENC/00034/2019), que estableció reparos procedentes de observaciones en el importe correspondiente a 

a! Valor Agregado derivado de la verificación del crédito fiscal, ante la existencia de operaciones que no cuentan con documentación de respaldo suficiente que respalde la realización de las transacciones ni su vinculación con la actividad gravada, ajustando la base imponible de dicho impuesto en el periodo septiembre 2017; determinó un importe total observado de Bs2.800.-, un impuesto omitido de Bs364. Así también, consignó una liquidación previa, configurando previamente la contravención de Omisión de Pago; asimismo, otorgó al sujeto pasivo el plazo de treinta (30) días calendario e improrrogables para formular descargos. Acto notificado al representante René Francisco Polo Salinas, el 5 de febrero de 2020 (fojas 158-164 y 169 de antecedentes administrativos). 

El 4 de marzo de 2020, el sujeto pasivo presentó memorial de descargo a la vista de Cargo exponiendo que desde la fecha de notificación de la Orden de Fiscalización No 18990208872 hasta la notificación de la Vista de Cargo, transcurrieron más de 15 meses, encontrándose precluida la etapa de liquidación preliminar, y ante el incumplimiento del procedimiento, elemento esencial del acto administrativo, solicitó declarar nula la Vista de Cargo

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Asimismo, alegó que la AT anticipo criterio respecto a la calificación de la conducta del sujeto pasivo, cuando es la Resolución Determinativa la que establece la existencia de la multa por omisión de pago; afectando su derecho a la presunción de inocencia. Agregó que la factura es un documento que al presentarse en original, es suficiente prueba de la materialización de una transacción comercial o de servicios y que ante la presentación de la factura original, la nota del proveedor y el uso en el marketing de la producto adquirido, 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onorita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Av. Oquendo N2 381 entre Venezuela y Ecuador; Zona Central Norte Teléfonos: (5914)4140011 4140012 www.ait.gob.bo. Cochabamba, Bolivia 

no corresponde la depuración del crédito fiscal (fojas 178-182 de antecedentes administrativos). 

El 10 de julio de 2020, la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa No 172039000188, que determinó de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones impositivas de la Universidad Privada de Ciencias Administrativas y Tecnológicas S.A., en la suma de UFVS 183 equivalentes a Bs430.– correspondientes al tributo omitido actualizado e intereses por el IVA del periodo fiscal septiembre 2017. Asimismo, le atribuyó la conducta de omisión de pago del IVA, correspondiente al periodo septiembre de la gestión 2017, sancionando con la multa del 100% del tributo omitido, equivalentes a UFVS 164, conforme disponen los artículos 165 de la Ley 2492 y 42 del Decreto Supremo 27310. Por otro lado, ratificó la multa por incumplimiento al deber formal del contribuyente, impuesta mediante Acta por Contravención Tributaria Vinculada al procedimiento de Determinación N° 168748, por un importe de UFVs 600. Acto notificado al sujeto pasivo, el 30 de julio de 2020 (fojas 196-209 y 212 de antecedentes administrativos). 

FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA. Conforme lo establece el artículo 211 parágrafo I del Código Tributario Boliviano, esta instancia recursiva, ingresará a resolver los reclamos planteados por la Universidad Privada de Ciencias Administrativas y Tecnológicas S.A., representada por René Francisco Polo Salinas, correspondiendo aclarar que la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable; al efecto, fueron identificados los siguientes agravios: 1. Nulidad de la Vista de Cargo y 2. Cumplimiento de los requisitos exigidos para la validez del Crédito Fiscal. 

IV.1. Nulidad de la Vista de Cargo. La parte recurrente señaló que desde la fecha de notificación con la Orden de Verificación N° 18990208872, hasta la notificación con la vista de Cargo N° 291939000282, transcurrieron más de 15 meses, incumpliéndose con lo dispuesto por el parágrafo V del artículo 104 de la Ley 2492, viciando de nulidad la Vista de Cargo. Asimismo, observó que la Administración Tributaria al calificar la conducta como omisión de pago en la Vista de Cargo, anticipó criterio, prejuzgó y atentó contra el principio del Debido Proceso y el derecho a la presunción de inocencia. 

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En respuesta, la Administración Tributaria señaló que cumplió con la previsión del plazo de doce meses desde la notificación de la Orden de Fiscalización hasta la e Vista de Cargo; además, alegó que para la procedencia de la nulidad, debe encontrarse expresamente dispuesta en la norma, asimismo, sustentó que la Vista de Cargo No 291939000282, cumplió los requisitos establecidos por la normativa para su emisión. 

Expuestas las pretensiones las partes, es preciso remitirse a la normativa tributaria que precisamente en el artículo 96 de la Ley 2492, señala: “. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado (…) II. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según corresponda”. 

El artículo 104 parágrafo V de la Ley 2492, prevé que desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no podrán transcurrir más de doce (12) meses; sin embargo, cuando la situación amerite un plazo más extenso, previa solicitud fundada, la máxima autoridad ejecutiva de la Administración Tributaria podrá autorizar una prórroga hasta por seis (6) meses más. 

– 

De igual forma, el inciso c) del artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo dispone: “La actividad administrativa se regirá por los siguientes principios: c) Principio de sometimiento pleno a la ley, asegurando a los administrados el debido proceso”: asimismo, el inciso c) del parágrafo I del artículo 35 de la Ley 2341, señala: “Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes: Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total o absolutamente del procedimiento legalmente establecido (...)”. 

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Ahora bien, de la revisión de los antecedentes administrativos se advierte que la Administración Tributaria, el 16 de julio de 2018 emitió la Orden de Verificación N° 18990208872, comunicando a la Universidad Privada de Ciencias Administrativas y 18990200 

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Tecnológicas S.A., que será sujeto de un proceso de determinación con el objeto de verificar los hechos y/o elementos relacionados con el Crédito Fiscal IVA correspondiente a los periodos observados febrero, marzo, abril, mayo, junio y septiembre 2017, emplazando a la presentación de documentación en el plazo de 10 as; seguidamente notificó por cédula a René Francisco Polo Salinas, en representación del sujeto pasivo, el 16 de octubre de 2018 (fojas 7 y 14 de antecedentes administrativos)

Posteriormente, a la conclusión del trabajo de campo, el 14 de octubre de 2019, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo N° 291939000282, calificando preliminarmente la conducta del sujeto pasivo como omisión de pago, liquidando la deuda tributaria establecida sobre base cierta del IVA correspondiente al periodo septiembre de 2017 en un total de UFVs 942, notificando a la sujeto pasivo el 5 de febrero de 2020 (fojas 158-164 y 169 de antecedentes administrativos). 

Lo expuesto en párrafos previos, permite constatar que desde el inicio del proceso determinativo con la notificación de la Orden de Verificación el 16 de octubre de 2018, hasta la conclusión del trabajo de campo con la emisión de la Vista de Cargo No 291939000282, el 14 de octubre de 2019, no trascurrieron más de los doce (12) meses dispuestos en el parágrafo V del artículo 104 de la Ley 2492; por ello, corresponde hacer notar que en aplicación del Principio de sometimiento pleno a la Ley, dispuesto por el inciso c) del artículo 4 de la Ley 2341, la Administración Tributaria desarrolló sus actuaciones dentro del plazo estipulado en el artículo 104 del Código Tributario, toda vez que éste refiere expresamente que el plazo dispuesto de doce meses, comprende desde el inicio del proceso determinativo (notificación con la orden de verificación), hasta la emisión de la Vista de Cargo y no así hasta su notificación, como equivocadamente alega la parte recurrente

Por otra parte, en cuanto al argumento expresado por el sujeto pasivo en el memorial de Recurso de Alzada, respecto al desconocimiento del debido proceso y el derecho a la presunción de inocencia, que causaria la nulidad de la Vista de Cargo, al haber sido dictada prescindiendo absolutamente del procedimiento legalmente establecido, en virtud del inciso c) del parágrafo I del artículo 35 de la Ley 2341, corresponde aclarar que el 

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procedimiento para la emisión de la Vista de Cargo se encuentra normado en el artículo 96 y parágrafos IV y V del artículo 104 de la Ley 2492. 

En ese entendido, conforme lo desarrollado en párrafos previos, se infiere que la Vista de Cargo N° 291939000282, que concluyó el proceso de verificación iniciado con la notificación de la Orden de Verificación No 18990208872, fue emitida dentro del plazo conforme dispone el parágrafo V del artículo 104 de la Ley 2492, por lo que de manera errónea el sujeto pasivo planteó la preclusión. 

En ese sentido, el citado acto deviene de la verificación de las DDJJ presentadas por la Universidad Privada de Ciencias Administrativas y Tecnológicas S.A. correspondiente al IVA de los periodos fiscales febrero, marzo, abril, mayo, junio y septiembre de la gestión 2017, presentadas ante la Administración Tributaria, la cual fijó la base imponible sobre base cierta y en el acápite “1. Resultados de la verificación”, expuso los hechos, actos, datos y elementos valorados, para posteriormente concluir con las observaciones establecidas, y liquidar de manera previa del tributo adeudado, de acuerdo a lo previsto en el artículo 96 parágrafo 1 de la Ley 2492 (fojas 158-164 de antecedentes administrativos). En este contexto, se evidencia que la Administración Tributaria al emitir la vista de Cargo N° 291939000282, observó el procedimiento y los requisitos esenciales exigidos por el Código Tributario Boliviano. 

En cuanto a la observación de la parte recurrente, concerniente a la anticipación de criterio al calificar en la vista de Cargo la conducta del sujeto pasivo como omisión de pago, cuando es la Resolución Determinativa el acto que la establece; al respecto, de la compulsa de la Vista de Cargo N° 291939000282 se colige que ésta señala: “Toda vez que los reparos corresponden a observaciones efectuadas en el Impuesto al Valor Agregado derivado de la verificación del crédito fiscal, que no fueron oportunamente pagados o rectificados por el contribuyente Universidad Privada de Ciencias Administrativas y Tecnológicas S.A. con NIT 1007943025, al evidenciarse que declaró facturas, de las cuales no demostró la procedencia y cuantía de los créditos fiscales utilizados y al no haber desvirtuado las observaciones, éstos hechos configuran indicios de la contravención tributaria de Omisión de Pago, correspondiendo una sanción preliminar del 100% sobre el Tributo Omitido Actualizado en UFVs calculado a la 

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fecha de vencimiento por periodo fiscal, conforme a lo previsto en el Artículo 165 de la Ley N° 2492 CTB” (fojas 163 de antecedentes) (énfasis añadido). 

En ese sentido, se tiene que la Vista de Cargo N° 291939000282 a tiempo de exponer la liquidación previa del tributo adeudado, refirió la existencia de tributo omitido correspondiente al Impuesto al Valor Agregado del periodo septiembre de 2017, lo que significaría el indicio de la comisión de la contravención de omisión de pago, posibilitando a que el sujeto pasivo presente descargos en el plazo de treinta dias, conforme lo dispone el artículo 98 de la Ley 2492, en ese sentido, siendo que la Administración Tributaria señala la configuración de solo indicios, se evidencia que la Administración Tributaria no estableció en el Acto la existencia de la comisión de contravención de Omisión de Pago, como mal concibe la parte recurrente, tampoco se advierte que haya efectuado un prejuzgamiento ante la posibilidad de presentación de descargos; en consecuencia, corresponde desestimar el agravio. 

IV.2. Cumplimiento de los requisitos exigidos para la validez del Crédito Fiscal. 

La parte recurrente afirmó que, la dosificación de la factura, no es responsabilidad del sujeto pasivo, sino de la Administración Tributaria y que presentó la factura original que demuestra la efectiva realización de la transacción; así como la nota del proveedor que indica la realización del trabajo por el cual pagó el importe de Bs2.800; alegó también que la factura observada responde a gastos de marketing, encontrándose vinculada a la fuente, pagada con recursos propios y correctamente contabilizada. 

Al contrario, la Administración Tributaria manifestó que la factura 48 no se encuentra dosificada, incumpliendo el requisito para que la misma sea considerada válida, además que la eficacia probatoria de la factura depende también del cumplimiento de los requisitos formales de validez y autenticidad previstas en la normativa reglamentaria. Afirmó también que, la certificación emitida por el proveedor Miguel Ángel Vargas Roffe, no constituye en prueba suficiente, debido a que no adjunto prueba que acredite el pago, y que el sujeto pasivo tiene el deber de respaldar documentalmente la realización de sus transacciones. 

Manifestó que la eficacia probatoria de la factura dependerá del cumplimiento de los requisitos de validez y autenticidad, que debe ser corroborada por los órganos de control 

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del Servicio de Impuestos Nacionales u otro ente público, a través de la recopilación de pruebas fácticas que permitan evidenciar la efectiva realización de la transacción. 

Al respecto, es preciso citar la doctrina sobre crédito fiscal que enseña: “El cómputo de Crédito Fiscal es procedente sólo cuando respecto de las compras o importaciones definitivas de bienes, locaciones y prestaciones de servicios gravadas, se hubiera perfeccionado el hecho imponible para el vendedor, importador o prestador de servicios (...)(Villegas, Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, 8va. Edición. Buenos AiresArgentina: Editorial “Astrea, 2003, Pág. 802). 

Por otra parte, la doctrina tributaria señala: “Los principios generales del derecho tributario nos permiten concluir que la deducción de un gasto en el impuesto a las ganancias y/o el cómputo de un crédito fiscal en el IVA está condicionado a la existencia real de una operación que en principio se encuentre respaldada por un documento debidamente emitido, correspondiendo al responsable que pretende hacer valer los mismos la prueba de dicha existencia cuando ello esté en duda y sea requerido de manera fundada por el Fisco (…). Para ello no alcanza con cumplir con las formalidades que requieren las normas, requisito necesario pero no suficiente, sino que cuando ello sea necesario deberá probar que la operación existió, pudiendo recurrirse a cualquier medio de prueba procesal (libros contables, inventarios, que la operación se ha pagado y a quién, particularmente si se utilizan medios de pago requeridos, como cheque propio transferencias bancarias de los que queda constancia en registros de terceros) (...) En definitiva demostrar la veracidad de la operación” (FENOCHIETTO, Ricardo, El Impuesto al Valor Agregado, 2da. Edición. Buenos Aires-Argentina: Editorial “La Ley”, 2007. Págs. 629-630) (las negrillas son añadidas)

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El citado autor continúa: Si bien en el caso de los bienes (…) en principio la emisión de la Factura produce el perfeccionamiento del hecho imponible, luego (…) tal perfeccionamiento se producirá en tanto medie la efectiva existencia de los bienes y éstos se hayan puesto a disposición del comprador. Consecuentemente (…) si los bienes no existen y no fueran puestos a disposición del comprador, no existe posibilidad del cómputo alguno”. También enseña respecto a la depuración del crédito fiscal que el objetivo perseguido: “(...) he sido evitar que una determinada cantidad de 

operaciones consumidas (…) sean deducidas en la liquidación por la misma, por el sólo 87 

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hecho de haber sido Facturadas a su nombre. De no ser a, el organismo fiscalizador debería analizar una por una esas operaciones, para determinar si se encuentran vinculadas a operaciones gravadas, o si en realidad fueron hechas por un consumidor final(FENOCHIETTO, Ricardo, El Impuesto al Valor Agregado, 2da. Edición. Buenos Aires-Argentina: Editorial “La Ley”, 2007. Págs. 601 y 631) (las negrillas son añadidas). 

La doctrina también indica: (...) transferencia se emplea como sinónimo de enajenación, la que implica una obligación con prestación de dar con carácter definitivo, y no en el sentido de entrega en uso o en usufructo, u otras modalidades que importen obligaciones con prestaciones de dar con carácter temporal (…) la entrega (venta) de bienes corporales (muebles) presupone siempre la transferencia del derecho de propiedad (transmisión del poder de disposición) (...)” (BRAVO CUCCI, Jorge, Teoría sobre la imposición al Valor Agregado Edición 2018, Lima – Perú: Palestra Editores, Pág. 49 y 53-54) (las negrillas son añadidas). 

Asimismo, corresponde señalar que, la Autoridad General de Impugnación Tributaria, estableció en las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1979/2013, AGITRJ 1384/2014, AGIT-RJ 49/2016, AGIT-RJ 388/2016 y AGIT-RJ 75/2017 entre otras-, que en los casos de crédito fiscal depurado al surgir una duda razonable respecto de su validez, la misma puede ser despejada o confirmada, mediante el análisis de las pruebas aportadas, que permitan verificar a satisfacción los siguientes requisitos: 1) Emisión de la factura, según el artículo 4 de la Ley 843; 2) Que la compra se encuentre vinculada con la actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen, según el articulo 8 de la citada Ley y; 3) Que la transacción haya sido efectivamente realizada, aspecto a demostrarse en cumplimiento del artículo 70, numerales 4 y 5 del Código Tributario Boliviano, caso en el cual corresponderá el cómputo del crédito fiscal, de manera que, no exista perjuicio fiscal

Por su parte, los numerales 4 y 5 del artículo 70 de la Ley 2492, establece la obligación que tiene el sujeto pasivo de demostrar la procedencia y cuantia de sus créditos impositivos, así como respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos ylo instrumentos públicos; resultando claro que, con el fin de probar la efectiva realización de la transacción y su vinculación con la actividad gravada, por la cual reclama el crédito fiscal 

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observado, debe aportar medios de pago y documentación contable y financiera que permitan a la Administración Tributaria comprobar que la operación de compra-venta se materializó. 

El artículo 76 de la Ley 2492, establece que, en los procedimientos tributarios administrativos quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos; el parágrafo I del artículo 77 del mismo cuerpo legal, dispone que en los procedimientos tributarios pueden invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho. 

Por su parte, el artículo 2 de la Ley 843 señala: “A los fines de esta ley se considera venta toda transferencia a título oneroso que importe la transmisión del dominio de cosas muebles (venta, permuta, dación de pago expropiación, adjudicación por disolución de sociedades y cualquier otro acto que conduzca al mismo fin) (..)”. Así también inciso a) del artículo 8 de la Ley 843, prevé que el Crédito Fiscal IVA resulta de aplicar la alícuota correspondiente, sobre el monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el gravamen, que los hubiesen facturado o cargado mediante documentación equivalente en el periodo fiscal que se liquida. Sólo darán lugar al cómputo de crédito fiscal, las compras, adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen”

Del mismo modo, el artículo 8 del Decreto Supremo 21530, establece que: El crédito fiscal computable a que se refiere el Artículo 8 inciso a) de la Ley N° 843 es aquel originado en las compras, adquisiciones, contrataciones o importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad sujeta al tributo”. 

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Ahora bien, de la revisión del acto impugnado se advierte que, la observación de la Administración Tributaria respecto a la factura verificada, radica en : Como resultado de la revisión, valoración y evaluación de la documentación presentada por el contribuyente, la información generada a tras del Sistema Integrado de Recaudación para la Administración Tributaria (SIRAT2), la Base de Datos del Sistema GAUSS y SFVSistema 

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de Facturación Virtual, se evidenció que las facturas sujetas a revisión no se encuentran dosificadas por la Administración Tributaria, toda vez que el número de autorización no fue habilitado, según consta en los reportes de Consultas de Dosificación generado a través de la Base de Datos del Sistema GAUSS Y SVE Sistema de Facturación Virtual; situación que es observada por la Administración Tributaria toda vez que las facturas o notas fiscales que generen crédito Fiscal serán válidas siempre que las mismas cumplan con los requisitos mínimos de validez, condición que no es cumplida en el presente caso”. 

Seguidamente afirmo: Se identificó la factura No 48 de fecha 11/09/2017 emitida por Miguel Ángel Vargas Arce con NIT 5263323014; empero, esta no cuenta con la debida dosificación autorizada por la Administración Tributaria (rango autorizado, fecha limite de emisión); asimismo, verificada la información de las ventas Informadas por sus proveedores a tras del LCV Da Vinci, se evidencia que el proveedor no declara venta alguna a nombre de UNIVERSIDAD PRIVADA DE CIENCIAS ADM. TEC. S.A. con NIT 1007943025; considerando además, que el contribuyente se limita a presentar comprobante contable No E1709009 de fecha 11/09/2017 en el que se evidencia el registro con abono a la cuenta Caja MN- Caja MN por Bs1.400,00 y Bancos MN – Banco Nacional de Bolivia MN 3000108455 por un importe de Bs 1.400,00 que refiere al cheque N° 6465890 mismo que no fue presentado a la Administración Tributaria, de igual manera, adjunta comprobante del pago consignando la fecha 12/09/2017 por el mismo importe, que a su vez cuenta con fimas sin identificación de las partes intervinientes adjuntando fotocopia de C.1. 851757. Respecto a la realización del costo o gasto la transacción se encuentra registrada con cargo a la cuenta GASTOS POR SERVICIOS DE EDUCACION – Gastos de Marketing, el contribuyente presenta en respaldo a esta transacción contrato de prestación de servicios eventuales SN de fecha 01/09/2017 estableciendo por objeto la compra de 1000 lapiceros con logotipo de UCATEC el mencionado contrato carece de identificación de la parte del Proveedor ya que cuenta simplemente con firma y sello de Observa adicionalmente el contribuyente adjunta fotografia de lapicero

Continuó: “Por otro lado, el contribuyente no presenta documentación en la que se evidencie la transferencia de dominio o conclusión del servicio, de igual forma en respaldo a la vinculación con la actividad gravada por el contribuyente no se identifica a 

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través de documentación contundente el uso y destino del artículo (Lapiceros) ya que si es considerado como obsequios esta no tendría documentación que respalde la restitución del crédito fiscal conforme establece el segundo párrafo del Art. 8 de la Ley 843 (...)(fojas 198 de antecedentes administrativos) (Resaltado añadido). 

IV.2.1. Periodo septiembre 2017 (factura 48). La entidad recurrida en la Resolución impugnada, sostuvo respecto a la factura 48 lo siguiente: “El contribuyente no presentó documentación de sustento que respalde y demuestre la transferencia de dominio, la aplicación de los gastos en bienes que coadyuven en la generación de sus ingresos gravados, la materialización de la transacción a través de documentación contable y financiera (...)” Asimismo no demostró la materialidad de sus transacciones ylo vinculación de los gastos efectuados en algún trabajo o politica de marketing que relacione con las actividades u operaciones gravadas (...) y en caso de ser obsequios no presenta documentación en la que se evidencia la Restitución de Crédito Fiscal. Por otro lado, es preciso señalar que en fecha 11/01/2019 se realizó la solicitud de documentación al proveedor mediante requerimiento (...) la cual no fue presentada Es importante mencionar que la factura observada no se encuentra Dosificada por la Administración Tributaria Por tanto el contribuyente no ha demostrado con documentación suficiente y contundente la realización de la transacción y/o la vinculación del gasto con la actividad gravada” (fojas 1991 de antecedentes administrativos).’ 

Ahora bien, según la observación plasmada previamente, se concluye que la Administración Tributaria observó respecto a la factura 48, que el sujeto pasivo no presentó documentación que evidencie la transferencia de dominio, ni la vinculación del gasto observado en la actividad gravada, agregando que tampoco presentó documentación que acredite la restitución del crédito fiscal y que no cuenta con la debida dosificación autorizada por la Administración Tributaria. 

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En ese entendido, compulsados los antecedentes, se verifica que cursa la factura 48 emitida por el proveedor Miguel Ángel Vargas Arce, el 11 de septiembre de 2017, a favor de “Universidad Privada de Ciencias Adm. y Tec. S.A.” NIT 1007943025 según detalle 1000 “Bolígrafos d’ logotipo a 1 colorpor el importe total de Bs2.800 (fojas 82 de antecedentes administrativos). 

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Asimismo, se evidencia: 1) El Comprobante Contable E1709009 Asiento de Egreso de 18 de 11 de septiembre de 2017, que registra al Debe, la cuenta “GASTOS POR SERVICIOS DE EDUCACIÓN – Gastos Marketing”, F-48 MIGUEL ANGEL VARGAS ARCE – Para contabilizar del 11/09/2017, según docum” y al Haber, la cuenta “CAJAS MN – Caja MN“Para contabilizar el 11/09/2017, según documentación adjunta”, y “BANCOS MN- Banco Nacional de Bolivia MIN 3000108455“Según Ch-6465890 F-48 MIGUEL ANGEL VARGAS ARCEPara contabilizar del 11/09” 2) El Comprobante de Pago de 12 de septiembre de 2017, que registra “Motivo de Gasto: Saldo 1000 lapiceros“, “Deuda Original: 2800 Total pagado: 1400, Saldo Actual: 0“. 3) Contrato de Prestación de Servicios Eventuales y 4) Estado de Cuenta 300-108455 de titularidad del sujeto pasivo (fojas 88-91 de antecedentes administrativos). 

Bajo este entendido, si bien el sujeto pasivo acompañó la factura 48 emitida por el proveedor Miguel Ángel Vargas Arce, por el importe total de Bs2.800 (fojas 82 de antecedentes administrativos) y el comprobante Contable E-1709009 de 11 de septiembre de 2017 suma B$2.800, importe que, según registro del referido comprobante, fue cancelado por Caja MIN Bs1.400 y Bancos M/N por Bs1.400; sin embargo, valorada la documentación adjunta como respaldo a la misma, no se evidencia documentación que permita corroborar el pago del importe signado en la factura observada, toda vez que el Comprobante de Pago de fojas 89 de antecedentes administrativos, no refiere ningún dato que permita relacionarlo con el Comprobante Contable E-1709009; asimismo, de manera contradictoria señala como motivo del gasto “Saldo 1000 lapiceroscuando dicha cantidad es el total de la mercancía, además que el cheque 6465890 emitido según la factura 48 de Miguel Angel Vargas Arce, y cobrado por el importe de Bs1.400 según extracto bancario, no guarda relación con el importe de Bs2.800 de la nota fiscal analizada. 

Asimismo, corresponde señalar que, la nota presentada por el proveedor, en la que refiere la recepción del importe total de la transacción objeto de análisis (fojas 181 de antecedentes administrativos), no se encuentra respaldada con documentación adicional que permita acreditar el extremo afirmado, no existiendo constancia documental de la participación del proveedor en la entrega de la mercancía, o recepción del cheque aludido como medio de pago de la transacción, inconsistencia que se ahonda ante el incumplimiento del proveedor de presentación de las facturas o documento equivalente por las ventas realizadas a “Universidad Privada de Ciencias Adm. y Tec. S.A.y medios 

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probatorios de pago (fotocopia de cheques, papeleta de giros y/o transferencia, Depósitos Bancarios, entre otros), que demuestren los pagos realizados por su cliente, correspondiente a la factura 48, solicitados según Anexo a Requerimiento F-4003 No 00150405, notificado personalmente a Miguel Ángel Vargas Arce, el 11 de enero de 2019 (fojas 93-94 de antecedentes administrativos). 

En ese entendido, se debe considerar que el artículo 2 de la Ley 843, para los fines de la determinación del IVA, considera venta a toda transferencia a título oneroso que importe la transmisión del dominio de cosas muebles o la prestación de servicios; premisa concordante con la exigencia de los requisitos establecidos para el beneficio del crédito fiscal, tal como resulta la existencia de onerosidad; es decir, la necesidad de demostrar el pago efectivo a través de la prueba documental exigida por los artículos 70 numeral 4 y 76 de la Ley 2492 

Por el análisis desarrollado hasta este punto, sobre el cumplimiento del requisito del efectivo pago de la transacción, que implica demostrar la onerosidad de la compra; si bien se advierte que el sujeto pasivo presentó, la factura y registro contable; corresponde aclarar que los mismos por si solos no constituyen prueba suficiente que permita evidenciar la efectiva realización de la transacción con el emisor de la nota fiscal depurada, toda vez que el sujeto pasivo, no acredito documentalmente los pagos al proveedor, que estén relacionados con la compra de 1000 bolígrafos con logotipo, según la factura observada; destacando que el sujeto pasivo en su calidad de beneficiario del derecho, que ahora es observado por la entidad recurrida, tenía la obligación de demostrar los hechos constitutivos del mismo; lo cual no fue advertido durante la revisión de la factura 48 emitida por Miguel Angel Vargas Arce y la documentación presentada; razón por la cual, se mantiene la depuración efectuada por el Servicio de Impuestos Nacionales. 

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Por otra parte, respecto a la transmisión de dominio y vinculación del gasto observado en la actividad gravada, en cumplimiento del inciso a) del artículo 8 de la Ley 843 y artículo 8 del Decreto Supremo 21530, cabe señalar que, si bien la parte recurrente refirió que la factura observada corresponde a gastos de marketing, y la compra de la mercancía se encuentra enfocada a la captación de nuevos estudiantes; sin embargo, no adjunto documentación que permita evidenciar el destino de los gastos observados en la actividad del sujeto pasivo, tal como: solicitud de compra de bolígrafos para actividad de marketing

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conformidad de recepción de lo adquirido del proveedor o plan de distribución en actividades de marketing, u otros; en consecuencia, la ausencia de dicha documentación imposibilita emitir afirmación sobre la afectación de la operación analizada en el ciclo operativo y contable de la empresa recurrente; es decir, la disposición en la actividad gravada desarrollada por el sujeto pasivo, como referencia para acreditar el requisito de vinculación observado por la Administración Tributaria, de una adquisición efectivamente realizada por el contribuyente y en el marco de lo exigido por el artículo 70 numerales 4 y 5 de la Ley 2492; correspondiendo confirmar el reparo

Por otra parte, en relación a que la factura observada, no cuenta con la debida dosificación autorizada por la Administración Tributaria, cabe aclarar que en virtud al numeral 1 del artículo 66 de la Ley 2492, el ente fiscalizador cuenta con la facultad de control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación, pudiendo establecer la validez de las facturas declaradas por los contribuyentes, dicho control es realizado a través de cruces de información con los proveedores; en el presente caso, la factura declarada por el sujeto pasivo fue verificada por la Administración Tributaria con la información que cuenta en su base de datos, de donde obtuvo el reporte de “Consultas de Dosificación

estableciendo de la misma que dicha factura, no fue dosificada por la Administración 

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Bajo ese contexto, la Administración Tributaria -en base al reporte emitido por el sistema GAUSS (fojas 84 de antecedentes administrativos)- verificó que la factura 48, emitida por el proveedor Miguel Angel Vargas Arce, no cuenta con número de autorización para su activación y emisión, hecho que incumple lo dispuesto el numeral 2, parágrafol del artículo 54 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-002116, que establece como requisito indispensable para la validez del crédito fiscal, que la nota fiscal, debe estar debidamente dosificada por la Administración Tributaria; por tanto, en el presente caso, la factura considerada por el sujeto pasivo como respaldo del crédito fiscal pretendido, se evidencia que no fue dosificada, autorizada, ni activada por el ente fiscalizador. 

Cabe también señalar que, si bien el comprador, no está obligado a efectuar una verificación de la situación fiscal de su proveedor; toda vez que la emisión de las facturas o notas fiscales constituye en responsabilidad de quien las emite -proveedor-, no es menos cierto que ante las observaciones efectuadas por la Administración Tributaria 

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concerniente a la validez del crédito fiscal, el sujeto pasivo quien pretende la apropiación de crédito fiscal, es el indicado para aportar los elementos, que de manera contundente desvirtúen la pretensión de la Administración Tributaria, recayendo sobre éste el onus probandi, conforme dispone el artículo 76, invocando todos los medios de prueba conforme el parágrafo I del artículo 77 de la Ley 2492. 

En ese contexto, resulta evidente que, con relación a la factura 48, el sujeto pasivo, al no demostrar documentalmente la realización de la transacción y la aplicación de los gastos objeto de esta en la generación de los ingresos, imposibilitó la certeza del merecimiento del crédito fiscal atribuido, incertidumbre que se ahonda ante la falta de autorización de emisión por la Administración Tributaria de la nota fiscal y la falta de presentación de documentación por parte del proveedor ante la notificación del Requerimiento No 150405 (fojas 93 de antecedentes administrativos)..…. . 

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Por lo expuesto, si bien se tiene que el sujeto pasivo presentó la factura observada y alegó contar con los registros contables suficientes, no obstante la documentación presentada no se constituye en prueba suficiente que permita evidenciar, el merecimiento del crédito fiscal pretendido, al no demostrar la efectiva disposición de fondos a favor del emisor de la nota fiscal, como condición necesaria para sustentar la efectiva realización de la transacción y la consecuente aplicación de los insumos adquiridos en la actividad gravada de la empresa Universidad Privada de Ciencias Administrativas y Tecnológicas S.A.; máxime si como se tiene establecido respecto a la carga de la prueba al affimanti incumbit probatio. 

Con relación al precedente administrativo emitido por la Autoridad de Impugnación Tributaria (Resolución de Recurso Jerárquico SGT.RJ 0221/2006), es evidente que, en el presente caso, además de la falta de dosificación, el sujeto pasivo, no acredito la materialidad de la transacción, transmisión de dominio ni vinculación del gasto en la actividad gravada y en consecuencia, no concurrieron las mismas circunstancias; en ese sentido, el referido precedente, no expone un análisis que se ajuste a los presupuestos analizados en el presente caso, respecto a la validez del crédito fiscal; por lo que, no corresponde emitir mayor pronunciamiento al respecto. 

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Asimismo, corresponde aclarar que, la restitución del crédito fiscal, expuesto en el acto impugnado, según el artículo 8 de la Ley 843, responde al destino de bienes, obras, 

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locaciones o prestaciones gravadas, que, al ser donadas, no ocasionen débito fiscal, situación que no acontece en el presente caso al tratarse de gasto (compra de bolígrafos) que no es objeto de la actividad del sujeto pasivo, no ocasionando débito fiscal, en cuya consecuencia no corresponde su restitución. 

En suma, de la revisión y análisis de los antecedentes y compulsados los argumentos vertidos, se establece la inexistencia de prueba documental por parte del recurrente, que desestime la decisión adoptada por la Administración Tributaria, conforme establece el artículo 76 de la Ley 2492; correspondiendo a esta instancia recursiva, confirmar la Resolución Determinativa N° 172039000188 de 10 de julio de 2020, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, manteniendo la depuración del crédito fiscal. 

POR TANTO: 

El suscrito Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley 2492 y artículo 141 del Decreto Supremo 29894 de 7 de febrero de 2009

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 172039000188 de 10 de julio de 2020, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, ante la inexistencia de prueba que permita evidenciar el merecimiento del crédito fiscal pretendido por el sujeto pasivo, no existiendo evidencia de la efectiva disposición de fondos a favor del emisor de las notas observadas y la subsecuente aplicación de los insumos adquiridos en la actividad gravada desarrollada por el mismo; sea de conformidad con el inciso b) parágrafo I del artículo 212 del Código 

Tributario Boliviano. 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario Boliviano, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

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TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 y sea con nota de atención

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 de la Ley 2492, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 dias computables a partir de su notificación. 

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Eric Austerto Rojas Urquiza 

DIRECTOR EJECUTIVO REGIONAL fall: DIRECCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chilen 

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