ARIT-CBA-RA-0308-2020 Devolución Indebida Anulada a favor del contribuyente, por presentarse incongruencias en la revisión del Crédito Fiscal (sujeto a revisión), además de incumplir con el Art 68 de la Ley 2492, vulnerando sus derechos del sujeto pasivo.

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0308/2020 

Recurrente 

Coronilla Sociedad Anónima Industrial y Comercial, representada por Martha Eugenia Wille Leyton. 

Administración recurrida 

Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por Marcelo Gonzales Yaksic. 

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Acto impugnado 

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–Resolución Administrativa, de Devolución 

Indebida Posterior No 212039000007. 

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Expediente No Lugar y fecha 

ARITCBA-0198/2020 Cochabamba, 16 de noviembre de 2020. 

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VISTOS: :

El Recurso de Alzada, el. Auto de Admisión, la contestación de la AdministraciónTributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-CBA/ITJ 0308/2020 de 16 de noviembre de 2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

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ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. La Resolución Administrativa de Devolución Indebida Posterior No 212039000007 de 16 de julio de 2020, que estableció como importe indebidamente devuelto a Coronilla Sociedad Anónima Industrial y Comercial, la suma de Bs 12.120, emergentes de las Ordenes de Verificación CEDEIM Posterior 19990200133 y 19990200134 de 5 de abril de 2019, por el Impuesto al Valor Agregado de los periodos fiscales abril y mayo de la gestión 2018. Acto notificado el 29 de julio de 2020 (fojas 4487-4507 y 4510 de antecedentes). 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburvisa tendodegua mbaeti ofomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Av. Oquendo N° 381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 41400114140012. www.ait.gob.boCochabamba, Bolivia 

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA. II.1. Argumentos del Recurrente. Coronilla Sociedad Anónima Industrial y Comercial representada por Martha Eugenia Wille Leytón, conforme acreditó el Testimonio Poder No 790/2012 de 11 de octubre de 2012 (fojas 24-32 del expediente administrativo), mediante memoriales presentados el 17 de agosto y 1 de septiembre de 2020 (fojas 170-215 y 218 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa de Devolución Indebida Posterior No 212039000007 de 16 de julio de 2020, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, manifestando lo siguiente: 

Que, la Administración Tributaria en el acto impugnado, observó y depuró notas fiscales de diferentes proveedores correspondientes a los períodos abril y mayo de 2018, bajo argumento de falta de presentación de documentación suficiente, que constituya en prueba clara, suficiente y fidedigna que demuestre la realización de la transacción cuando las compras corresponderían a la actividad de exportación que desarrolla Coronilla S.A., decisión que -a su parecer-responde a un accionar arbitrario y caprichoso, que carece de sustento 

Señaló que las facturas presentadas como respaldo a las Declaraciones Únicas de devolución impositiva ante la Administración Tributaria, corresponden a conceptos de actividades de producción, administración y comercialización de productos de exportación, motivo por el que la devolución impositiva solicitada se amparo en la Ley 1489, Decreto Supremo 25465 y la Ley 1963; en tal sentido, adujo que no existe causa, razón, motivo o circunstancia para la privación de lo establecido en la norma

Indicó que según el acto impugnado, las facturas observadas fueron declaradas y clasificadas como facturas tipo 1 para el mercado interno, tipo 4 para el mercado externo (exportaciones) y tipo 5 prorrateos para ambos mercados (Mixtas), aspecto que evidencia que la porción de estas facturas o crédito fiscal, que corresponde al mercado interno fue de manera objetiva, voluntaria y diferenciada como ordena la Ley y como fue expuesto en el formulario 210 de cada uno de los periodos observados. 

Manifestó que la entidad recaudadora, nunca observó la devolución impositiva solicitada por similares operaciones comerciales realizadas anteriormente por Coronilla S.A. con los 

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mismos proveedores y con la misma documentación presentada, por lo que adujo que las decisiones asumidas en la resolución impugnada, atentan contra anteriores actos administrativos, aspecto que acredita la carencia de sustento y criterio legal en la toma de las decisiones del sujeto activo, llegando a perjudicar a los contribuyentes. 

Expuso que el acto impugnado tiene carácter de malintencionado, pues las facturas observadas no se encuentran dentro del alcance de la revisión, consignado en la Orden de Verificación Externa detallada en dicho acto impugnado, que concretamente establece los períodos de abril y mayo de 2018; al efecto, manifestó que arbitrariamente y sin justificativo legal, la entidad recaudadora observó facturas de los periodos de abril a diciembre de 2017 y enero de 2018, vulnerando el derecho y garantía constitucional del debido proceso en sus vertientes de congruencia, motivación e igualdad de partes; así como el numeral 6 del artículo 68 de la Ley 2492. Reiteró que el SIN de forma arbitraria en el acto impugnado, observó otras facturas que se encuentran fuera del alcance de las revisiones dispuestas por la propia Administración Tributaria. 

Argumento en cuanto a las facturas N° 147 y 787 del proveedor FRENZEBOL S.R.L.; 1585 1672, 1697, 1711 y 1799 del proveedor SUMELEC S.R.L.; 166, 177 y 201 del proveedor Henry Román Ortuño; 151 y 157 del proveedor Carlos Alejandro Veizaga Vidal 156 y 160 del proveedor Luis Velásquez Navarro; 158 del proveedor Modesto Villarroel Balderrama; 159, 165 y 166 del proveedor Elvis Marcial Castro, Salcedo; 210 del proveedor Delia Mérida Almendras; 646 del proveedor ATIMEX BOLIVIA S.R.L.; que la Administración Tributaria sin fundamento legal ni consideración de la abundante prueba presentada, expuso que las referidas notas fiscales no se encuentran debidamente respaldadas con documentación suficiente y pertinente, que pruebe la realización de la transacción y su vinculación con las actividades grabadas. 

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Amplió señalando que, Coronilla S.A., es una empresa industrial de fabricación de productos alimenticios donde la utilización de maquinaria es constante y periódica, por lo que requiere contar de manera inmediata y urgente con repuestos, accesorios y otros insumos que aseguren la continuidad ininterrumpida de la cadena productiva, ante desperfectos no controlados por la empresa o por eventos fortuitos, los cuales requieren atención que se encuentran reflejada en los documentos administrativos de control de implementos al interior de la empresa, que conforme los lineamientos establecidos en los 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach‘a karnani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oromita mbaerepi Vas (Guaran) 

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criterios de contabilidad universalmente aceptados, cumplen con los requisitos y exigencias esenciales para su validez, por lo que manifestó que dichos documentos deben ser valorados por esta instancia de Alzada en el marco del principio de verdad material

Alegó que en tiempo oportuno, presentó libros contables y demás descargos administrativos ante la Administración Tributaria, para su verificación y valoración y que estos no cuentan con observación alguna por parte de GRACO, toda vez que exponen de manera precisa, clara y confiable todos los actos comerciales realizados, además de estar elaborados en cumplimiento de la Ley, evidenciando que las observaciones efectuadas por la Administración Tributaria no tienen asidero legal. Añadió que, la observación relacionada a la falta de presentación del Acta de recepción de materiales, detalle de ingresos y salidas -entre otros, no tiene sustento legal, puesto que estos no son obligados por Ley para presentar registros contables auxiliares. 

Precisó que la totalidad de las observaciones efectuadas la entidad recaudadora, tiene como base un supuesto error en la consignación de la fecha de ocurrido el suceso, la compra o adquisición del bien o servicio en el documento de control interno de la empresa con la denominación “SOLICITUD DE REPUESTOS MECÁNICOS – ELÉCTRICOS Y TRABAJOS EXTERNOS”, documento que en el caso de las facturas observadas, fue signado con una fecha posterior a la emisión de la factura, aspecto que demuestra que la observación no tiene respaldo alguno y no se encuentra enmarcada en normativa ni en la verdad material de los hechos; además aclaró que, la factura fue emitida a favor de Coronilla S.A., pagada mediante cheque a nombre del proveedor del bien o servicio, empleándose así la bancarización exigida por la Ley 2492 y efectivizándose la realización del negocio comercial, extremo que desvirtúa la observación respecto a la fecha de ocurrencia del hecho. 

Agregó que la entidad recaudadora sin fundamento legal resto validez al informe de mantenimiento, que detalla y puntualiza el uso de repuestos y materiales por cada una de las facturas observadas que hace constar los ítems de la factura, referencia y/o descripción de los items y respaldo de las facturas; al efecto, aclaró que el bien, insumo, artículo o servicio adquirido, se encuentra relacionado a la actividad gravada y de exportación de Coronilla S.A.; al efecto, señaló que el referido informe fue elaborado a requerimiento de los funcionarios de la Administración Tributaria y que fue presentado el 2 de octubre de : 

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2019, empero que ahora la Administración pretende desconocer, bajo argumento irrisorio de que al momento de la compra o adquisición del bien o servicio, el informe se encontraba 

emitido. 

Extendió su reclamo indicando que, la observación de los funcionarios no tiene fundamento, puesto que podían efectuar visitas a sus instalaciones para verificar lo mencionado en el informe, documentos e inclusive debieron solicitar documentación a sus proveedores a través del acto administrativo denominado “CRUCE DE FACTURAS CON EL PROVEEDOR”, del cual nunca hicieron uso. Al punto, citó el numeral 3 y 6 del artículo 100 y artículo 76 de la Ley 2492, arguyendo que las facturas observadas se encuentran respaldadas y que los documentos de respaldo y cheques de pago demuestran la materialidad, relación de los gastos con su actividad y la efectiva materialización de los actos comerciales. 

Señaló que ante el requerimiento de la Administración Tributaria, presentó toda la documentación contable y de respaldo con la que cuenta Coronilla S.A., demostrando de forma fidedigna la existencia de la relacn comercial con sus proveedores, documentación que adujo que no fue valorada correctamente por la entidad recaudadora. 

Afirmó que las notas fiscales entregadas a Coronilla S.A. fueron pagadas efectivamente a los proveedores una vez realizada la transacción comercial, aspecto que denota que los cheques girados con fondos de su cuenta bancaria están vinculados a sus actividades comerciales sobre las que solicitó devolución impositiva; en tal sentido, afirmó que carecen de asidero legal y valor jurídico las depuraciones indebidamente efectuadas. Aclaró que la factura N° 646 de 26 de octubre de 2017, fue pagada de manera conjunta con la factura N° 385, por un total de Bs6.382.- mediante Cheque 10652 del Banco Ganadero, aspecto evidenciado del mayor auxiliar presentado como respaldo al pago realizado. 

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Aseguró que acredito cada relación comercial efectuada entre los proveedores y Coronilla S.A. para cada factura emitida, la efectiva realización de la transacción y el pago realizado al proveedor titular del NIT, quien recibió la satisfacción del pago por la factura y cuya actividad se encuentra intrínsecamente ligada a los productos y actividades de producción, administración, comercialización y exportación efectuadas por la empresa; por lo que en previsión de las Leyes 1489, 1963; Decreto Supremo 25465 y artículo 8 de la Ley 843, 

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Ssenada Gestión 

de la Calidad CertadN71114 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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afirmó la correspondencia la devolución del crédito fiscal, máxime si la entidad recaudadora valoró de manera incorrecta la documentación presentada. 

Expuso que la Administración Tributaria, desconoció que los proveedores de sus productos de exportación, hicieron la entrega de la correspondiente factura o nota fiscal expedida con todas las formalidades de Ley, luego de que las mismas fueron efectivamente pagadas, conforme acreditó con la presentación de abundante documentación contable. 

Hizo énfasis en que Coronilla S.A. siempre actuó de buena fe al pedir la devolución impositiva de CEDEIM’s de los periodos solicitados de acuerdo a Ley, cumpliendo con la presentación de las facturas correspondientes, que fueron debidamente pagadas con fondos propios a través de cheques emitidos a favor de los proveedores (propio nombre y NIT), no existiendo norma que impida beneficiarse de la devolución impositiva, más aún cuando fue utilizada la bancarización como medio idóneo para demostrar el método fehaciente de pago. 

Reiteró que los documentos contables y descargos presentados, no fueron correctamente valorados en previsión de la verdad material, puesto que a pesar del cumplimiento de las formalidades requeridas, fueron observados sin argumento de orden legal; al efecto, refirió que conforme al numeral 4 del artículo 14 de la Constitución Política del Estado, nadie está obligado a hacer algo que no está expresamente legislado por norma anterior

Precisó que-como contribuyente- lo único que hizo es efectuar el pago dentro los alcances del artículo 41 de la Resolución Normativa de Directorio 10-001607 y acotó que todos los insumos o compras que se encuentran consignadas en las facturas indebidamente observadas, corresponden a procesos productivos, empaque o embalaje de los productos exportados por Coronilla S.A., así como la administración y comercialización de éstos y por tanto aseguró que no transgredió lo establecido en la normativa tributaria vigente. 

Citó el artículo 66 de la Ley 2492, para argumentar que de la entidad recaudadora no valoró el hecho de que todos los pagos están efectivamente respaldados con cheques (medio fehaciente de pago controlado por la ASFI), aspecto que no resulta contrario a la normativa tributaria, menos a lo establecido por el numeral 1 del artículo 17 del Código de 

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Comercio y parágrafo IV del artículo 14 de la Constitución Política del Estado. Amplió señalando que, el sujeto activo no realizó una inspección in situ, situación que invalida la ilegal resolución impugnada y denota que la Administración Tributaria incumplió sus propias obligaciones previstas por los artículos 100 numerales 3 y 9, 101 numerales 1 y 2 de la Ley 2492 

Refirió que la Administración Tributaria realizó una indebida interpretación de la norma, puesto que todas las operaciones de producción, administración y comercialización de productos de exportación, se encuentran vinculadas con las actividades de exportación que efectuó Coronilla S.A. dentro la actividad de elaboración y producción de productos alimenticios para el mercado externo, por lo que la devolución de impuestos por exportaciones solicitada se encuentra amparada por la Ley

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Alegó que respaldo todas sus operaciones con pagos efectivamente realizados en efectivo (moneda nacional) y mediante cheques bancarios a los proveedores emisores de las facturas, con lo que fue cerrado el círculo comercial de la transacción realizada, cumpliendo de esta manera, con lo señalado en el numeral 1 del artículo 17 y numerales 4 y 5 del artículo 70 de la Ley 2492 y numeral 3 del Decreto Ley 14379

Indicó que la Administración Tributaria desconoció lo establecido por el artículo 8 de la Ley 2492 e inclusive equivocó el procedimiento efectuado en la emisión del acto impugnado, puesto que reviso facturas de periodos no comprendidos en las órdenes de verificación notificadas, ocasionando un grave daño económico a las actividades comerciales de exportación de la empresa. En respaldo de su argumento, citó el Auto Supremo 1010/2012 de 5 de abril, Sentencia Constitucional Plurinacional 1198/2014AAC, 0702/2011R y los artículos 3 y 5 de la Resolución de Directorio 100011-11

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Señaló que la Resolución Administrativa impugnada desconoció la verdad material, al restringir y distorsionar los hechos correspondientes a las transacciones comerciales efectivas, legales y debidamente cumplidas por Coronilla S.A., que derivó en la emisión de un pronunciamiento injusto que no corresponde a la realidad de los hechos ocurridos en todas las operaciones de producción, administración y comercialización de los productos de exportación, además de violentar los principios y valores de verdad material y de la prevalencia del derecho sustancial sobre el derecho formal consagrados en la 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jacha kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarans) 

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Constitución Política del Estado; citó además el inciso d) del artículo 4 de la Ley 2341, las Sentencias Constitucionales 1662/2012 de 1 de octubre, 0636/2012 de 23 de julio, 0144/2012 de 14 de mayo y 2769/2010-R de 10 de diciembre y la Sentencia 99/2017 de 20 de abril. 

Por los fundamentos expuestos, solicitó la revocatoria de la Resolución Administrativa de Devolución Indebida Posterior No 212039000007 de 16 de julio de 2020. 

11.2. Auto de Admisión. El 2 de septiembre de 2020, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba emitió el Auto de Admisión del Expediente ARIT-CBA0198/2020, correspondiente al Recurso de Alzada interpuesto contra la Resolución Administrativa de Devolución Indebida Posterior No 212039000007 de 16 de julio de 2020, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (fojas 219 del expediente administrativo), 

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria. La Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por Marcelo Gonzales Yaksic, conforme acredito con Resolución Administrativa de Presidencia No 032000000760 de 31 de agosto de 2020 (fojas 225 del expediente administrativo), por memorial presentado el 23 de septiembre de 2020 (fojas 226233 del expediente administrativo), respondió el Recurso de Alzada con los siguientes fundamentos

Citó los artículos 30 de la Resolución Normativa de Directorio 10-000403 de 11 de marzo de 2003 y 2 de la Resolución Normativa de Directorio 100021-05 de 3 de agosto de 2005, argumentado que contrariamente a lo expuesto por el sujeto pasivo, procedió a la revisión, verificación y análisis de facturas que se encontraban comprometidas en el crédito fiscal de los periodos sujetos a verificación, siendo el propio contribuyente quien incluyó dentro del crédito fiscal los periodos objeto de verificación abril y mayo de 2018, esto a través del formulario 1137; por lo que en función de sus facultades verificó la validez del crédito fiscal declarado en los formularios 210, advirtiendo de ello, que cumplió únicamente con la Ley, situación que advierte que el administrado desconoce los alcances de la verificación. 

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Expuso que producto del análisis de la documentación presentada por el contribuyente, la información obtenida de terceros informantes y la cursante en su poder, advirtió que el contribuyente no demostró la materialización de las transacciones y vinculación con la actividad de exportación. Añadió que el recurrente, confesó no contar con el Acta de recepción de materiales, detalle de ingresos y salidas, resultando por ello correcta la observación ante la falta de documentación que pruebe el ingreso de los productos y por ende, la transferencia de dominio como elemento transcendental para probar la materialización de la transacción y vinculación con la actividad exportadora. 

Manifestó que la observación referida a la falta de presentación de documentación como ser Acta de recepción de materiales, detalle de ingresos y salidas, entre otros; está sustentada legalmente, debido a que dicha documentación debió ser presentada para demostrar la validez del crédito fiscal, empero que no existe certeza del elemento “transferencia de dominio”, su egreso y- utilización en las diferentes áreas que se relacionan con la actividad de exportación, así como la identificación del área solicitante; no pudiendo suplir la normativa tributaria con normativa comercial, conforme establece el artículo 15 de la Ley 2492. 

Indicó que la presentación de documentación por parte del contribuyente, no se halla limitada a la documentación solicitada por el SIN en los requerimientos y Anexos al requerimiento de las ordenes de verificación, sino que también se encuentra abierta a presentar cualquier otra documentación que sustente la materialización de las transacciones y la respectiva vinculación con la actividad de exportación, en cumplimiento de los numerales 4 y 5 del artículo 70 de la Ley 2492; en tal sentido, asintió que el administrado no puede pretender que la documentación obligatoria por el Código de Comercio, levante la observación del crédito fiscal. En resguardo de su argumento, citó la Resolución Jerárquica AGITRJ 0068/2015

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Señaló que el recurrente admitió que la solicitud de repuestos mecánicos – eléctricos y trabajos externos, data de una fecha posterior a la adquisición de los productos, motivo que evidencia una incongruencia en las fechas de adquisición de dichos bienes e imposibilita determinar la fecha de ocurrencia del hecho generador y la materialización de las transacciones, por lo que resultó improcedente la devolución del crédito fiscal. 

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Amplió señalando que, ante la falta de respaldo documental y técnico que avale la urgencia por el tipo de compras, la petición del recurrente de otorgar validez a sus pretensiones sin demostrar la veracidad de las mismas mediante documentación y normativa que avale tales condiciones especiales; en tal sentido expuso, que demostró que el sujeto pasivo admitió la falta de valor probatorio de los Informes de Mantenimiento, debido a que refiere que no fueron desarrollados con la finalidad de respaldar procesos suscitados el 2017, privándoles del valor probatorio para demostrar la materialización de las transacciones y su vinculación con la actividad de exportación

Precisó con relación a la falta de valor legal del documento, que la normativa civil establece que al no poseer el documento público o privado las formalidades de reconocimiento de firmas, este no puede generar efectos jurídicos ante un tercero como el SIN, pues no es oponible a terceros, conforme lo establece el artículo 1301 del Código Civil, así como el Auto Supremo N° 614/2015 de 3 de agosto de 2015. Agregó que, la observación a la falta de validez probatoria de los informes de mantenimiento, deviene del hecho de que estos fueron elaborados por el propio contribuyente con fecha posterior al acaecimiento del 

hecho generador, no revistiendo la calidad de documentos fehacientes que prueben la veracidad de las transacciones observadas, además de no reflejar la realidad económica 

y verdad material de los hechos generadores, demostrando al efecto, la intención de simular un hecho generador inexistente conforme el artículo 8 de la Ley 2492. 

Aclaró que ejerció las facultades de investigación establecida en los artículos 66 y 100 de la Ley 2492, toda vez que procedió a solicitar información mediante requerimientos y Anexos a los requerimientos adjuntos a las Ordenes de Verificación- y que en búsqueda de la verdad material, verificó su sistema informático a objeto de confrontar la información presentada por el proveedor con sus ventas reportadas, realizando el respectivo cruce de facturas, de cuyo análisis determinó observaciones; en tal sentido, afirmó que el argumento del recurrente carece de veracidad. 

Refirió que el SIN no se halla obligado a realizar inspección en las instalaciones del contribuyente, siendo esta una facultad voluntaria que en el caso presente resulta innecesaria ante la contundente inexistencia de prueba que demuestre la materialización de las transacciones y vinculación con la actividad de exportación; por ello, asintió que el recurrente no puede pretender trasladar la carga de la prueba a la entidad recaudadora, bajo pretexto de que no se agotaron las facultades de investigación

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Precisó con relación a que la documentación fue presentada en otros casos y que ésta no mereció observación, que no se puede considerar la misma de forma integra, puesto que los libros contables, respaldos contables, documentación presentada y valorada, no es la misma; más aún, cuando las observaciones efectuadas denotan la deficiencia de la documentación acompañada por el sujeto pasivo dentro el procedimiento de verificación de CEDEIM, realizada y reflejada en el acto impugnado

Manifestó que la vulneración al principio de legalidad, resulta falsa y alejada de la realidad de los hechos, puesto que en todo momento dio cumplimiento a la normativa tributaria para valorar la documentación, sustentando las observaciones realizadas a las facturas depuradas y reclasificadas

Acotó que no es evidente el rechazo de presentación de prueba, toda vez que el sujeto pasivo pudo presentar en cualquier momento del proceso de verificación externa CEDEIM, documentación adicional que hubiese sido valorada en su pertinencia conforme dispone el artículo: 81 de la Ley 2492; por lo que no resultan aplicables las Sentencias Constitucionales referidas por el recurrente, al versar sobre la afectación del debido proceso y derecho a la defensa, que no fueron vulnerados y menos limitados, pues las actuaciones de la Administración Tributaria se ciñeron al cumplimiento puntual de las normas tributarias

Agregó que, el administrado vanamente pretende eludir su responsabilidad de presentar documentación que sustente sus afirmaciones, además de querer trasladar la carga de la prueba al ente recaudador. 

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Argumento que emitió el acto impugnado, respetando los derechos del contribuyente, puesto que en cumplimiento del principio de verdad material, valoró la documentación presentada por el contribuyente, estableciendo que no presentó documentación que demuestre la materialización de las transacción y vinculación con la actividad de exportación, aspecto que evidenció que las transacciones son inexistentes y que no pueden generar crédito fiscal que avale la solicitud de devolución impositiva, en tal sentido, aseveró que la Resolución motivo de impugnación expresó de manera fundamentada, motivada y congruente su fundamento técnico y jurídico, explicando las razones por las cuales depuró el crédito fiscal; además de aclarar que con su notificación, fue otorgado un plazo para su impugnación, garantizando el derecho a la defensa. 

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de la Calde Certificado N 77114 

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Citó el Auto Supremo 136 de 8 de abril de 2013 y la Sentencia 512/2015 de 7 de diciembre, manifestando que la presentación de documentación no constituye en aceptación automática por parte del SIN bajo excusa de verdad material, esto en razón de que existe una gran diferencia entre la aplicación del principio de verdad material y que la prueba no sea conducente a los fines que busca el contribuyente, por lo que no es posible confundir ambos extremos con la finalidad de lograr sus pretensiones, añadió que el citado principio no puede estar por encima de otros principios como el de legalidad. 

Señaló que procedió a depurar el crédito fiscal obtenido mediante facturas, en virtud a que las mismas no cumplen los 3 requisitos de validez del crédito fiscal de tener la factura original o documento equivalente, que la transacción haya sido realizada y que se encuentra vinculada a la actividad grabada, toda vez que valorada la documentación pudo constatarse que el administrado no presentó documentación que acredite la procedencia del crédito fiscal, al no haber demostrado la materialización de la transacción y vinculación con la actividad de exportación, a través del elemento de transferencia de dominio y uso o aplicación de los bienes adquiridos

Amplió indicando que no resultó suficiente demostrar el elemento de onerosidad de la transacción, al resultar uno de los elementos para demostrar la materialización de la transacción, siendo insuficiente el respaldo legal, fáctico y documental de las transacciones que fueron comprometidas para el crédito fiscal solicitado y debidamente devuelto

Expuso que no fue hallado un razonamiento técnico jurídico realizado por el sujeto pasivo 

que haga vinculante o aplicable la normativa, las Resoluciones Jerárquicas y Sentencias Constitucionales invocadas; no siendo suficiente precisar precedentes sin explicar las circunstancias que las vinculan analógicamente con el presente caso, motivo por el cual no pueden ser aplicables; omisión que no puede ser subsanada por la instancia de Alzada. 

Observó la existencia de oscuridad, contradicción e imprecisión en el Recurso de Alzada, puesto que el recurrente peticionó la revocatoria del acto impugnado y la emisión de una nueva resolución en la que proceda la devolución total de valores solicitados -forma-, evidenciando confusión y oscuridad en el recurso, debido a la falta de claridad en fundamento de hecho y derecho, más específicamente en la petición, aspecto que justifica el rechazo del recurso; añadió que, al no fijar adecuadamente la controversia Thema 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional do Bolivia 

dedidendum resultaron afectados los derechos del SIN, por no poder asumir defensa coherente por la imprecisión de la petición del recurrente. 

Manifestó que la prueba presentada por el recurrente, debe ser desestimada por la instancia de Alzada, en consideración a que no merece ser valorada por incumplimiento de la previsión del artículo 81 de la Ley 2492, debiendo considerar también que, la prueba ya fue valorada y que respecto a la adicional, ésta no fue presentada al momento de realizarse la verificación externa CEDEIM. 

Puntualizó que el recurrente no presentó impugnación contra las observaciones 1 y 2 de la Resolución Administrativa de Devolución Indebida Posterior N° 212 

aspecto que debe considerarse como una aceptación tácita respecto a la validez del crédito fiscal reclasificado al mercado mixto y mercado intemo. 

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Adujo que el contribuyente, procedió, a cancelar parcialmente el adeudo tributario emergente de las observaciones 1 y 2 del acto impugnado, motivo por el cual solicitó que el pago de parcial de la deuda tributaria, sea entendido como una aceptación de la deuda tributaria por conceptos que fueron pagados y no impugnadoś

En petitorio, solicitó confirmar la Resolución Administrativa de Devolución Indebida Posterior No 212039000007 de 16 de julio de 2020

11.4. Apertura de término probatorio. El 24 de septiembre de 2020, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba emitió el Auto de Apertura Término de Prueba Expediente ARITCBA 

poniendo dar inicio al término probatorio de veinte días comunes y perentorios para ambas partes, en aplicación de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 218 del Código Tributario Boliviano (fojas 234 del expediente administrativo). 

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El 19 de octubre de 2020, la Administración Tributaria recurrida, ratificó inextenso los argumentos planteados en su memorial de respuesta al Recurso de Alzada, así como de la prueba adjunta (fojas 236 del expediente administrativo). 

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Dentro el plazo establecido en parágrafo II del artículo 210 del Código Tributario Boliviano, la parte recurrente no presentó prueba ante esta instancia recursiva. 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a karani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

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11.5. Alegatos. El 9 de noviembre de 2011, la Administración Tributaria presentó memorial de alegatos, señalando: que del análisis de los artículos 30 de la RND 10-0004-03 y 2 de la RND 10-0021-05, resultó evidente que no fue vulnerado el debido proceso, motivación, congruencia e igualdad de las partes, que el recurrente reconoció que no posee acta de recepción ni detalle de ingresos y salidas, como también admitió la falta de valor probatorio de los informes de mantenimiento y que la solicitud de repuestos mecánicos, eléctricos y trabajos externos, data de una fecha posterior a la adquisición, por lo que la presentación de la factura y los pagos no son suficientes para validar el crédito fiscal; que ejerció las facultades de investigación, solicitando mediante requerimiento y analizando el sistema informático (cruce de facturas); que no pueden ser aplicables al presente caso, ordenes de verificación anteriores. 

Continuo señalando que cumplió la normativa sustantiva y adjetiva, sustentando legalmente la depuración y reclasificación de las facturas; que no fue rechazada prueba alguna; que cumpliendo el principio de verdad material fue valorada adecuadamente la documentación, evidenciando que no fueron cumplidos los requisitos de validez del crédito fiscal; que el sujeto pasivo no argumentó la aplicación de las sentencias invocadas; que el Recurso de Alzada resultó oscuro, contradictorio e impreciso; que objeta la documentación acompañada al memorial de interp y que la reclasificación del crédito fiscal al mercado mixto e interno, fue aceptado tácitamente por el recurrente (fojas 239-241 del expediente administrativo). 

Por otra parte, el sujeto pasivo no presentó alegatos dentro el plazo establecido en el parágrafo ll del artículo 210 del Código Tributario Boliviano. 

ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA. El 5 de abril de 2019, la Administración Tributaria emitió las Ordenes de Verificación No 19990200133 y 19990200134 a efecto de realizar la verificación posterior del importe solicitado correspondiente al IVA, ICE y formalidades del GA de los periodos abril y mayo de 2018. Actos notificados al representante de Coronilla Sociedad Anónima Industrial y Comercial SA., el 22 de abril de 2019 (fojas 7 y 11 de antecedentes administrativos). 

El 5 de abril de 2017, emitió los Requerimientos No 150498 y 150499, solicitando al sujeto pasivo documentación correspondiente a los periodos abril y mayo de 2018, asimismo 

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mediante anexo adjunto a cada uno de los requerimientos amplió la solicitud de documentación (fojas 8-10 y 12-14 de antecedentes administrativos). 

El 31 de diciembre de 2019, emitió el Informe SINGGCBBA/DF/INF/02360/2019, concluyendo que como resultado de la verificación posterior CEDEIM realizada a través de las Ordenes de Verificación No 19990200133 y 19990200134, determinó un importe indebidamente devuelto por concepto del Impuesto al Valor Agregado y un importe por concepto de mantenimiento de valor restituido automáticamente correspondiente al IVA de lo indebidamente devuelto, por lo que recomendó remitir los antecedentes al Departamento Técnico Juridico y de Cobranza Coactiva para su proceso de acuerdo al artículo 13 de la RND 10-0032-16 (fojas 4378-4400 de antecedentes administrativos). 

El 16 de julio de 2020, la Gerencia GRACO del Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Resolución Administrativa de Devolución Indebida Posterior No 212039000007 de 16 de julio de 2020, que estableció como importe indebidamente devuelto a Coronilla Sociedad Anónima Industrial y Comercial, la suma de Bs12.120, emergentes de las Ordenes de Verificación CEDEIM Posterior 19990200133 y 19990200134 de 5 de abril de 2019. por el Impuesto al Valor Agregado de los periodos fiscales abril y mayo de la gestión 2018. Acto notificado, el 29 de julio de 2020 (fojas 4487-4507 y 4510 de antecedentes administrativos). 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA. .. 

Conforme establece el artículo 211 parágrafo 1 del Código Tributario Boliviano, esta instancia recursiva ingresará a resolver los reclamos efectuados por la parte recurrente, advirtiendo los siguientes: 1. Falta de ejercicio de las facultades de investigación y control; 2. Incongruencia y falta de fundamentación en el acto impugnado; y 3. Validez del crédito fiscal. 

Por su parte, la Administración Tributaria cuestionó la admisión del Recurso de Alzada, bajo el sustento de oscuridad, contradicción e imprecisión en el petitorio, motivo por el cual corresponde analizar, dicha situación para determinar lo que en derecho corresponda. 

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IV.1. Admisión del Recurso de Alzada. La Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales observó la existencia de oscuridad, contradicción e imprecisión en el Recurso de Alzada, 

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puesto que el recurrente peticionó la revocatoria del acto impugnado y la emisión de una nueva resolución en la que proceda la devolución total de valores solicitados -forma-, evidenciando confusión y oscuridad en el recurso, debido a la falta de claridad en fundamento de hecho y derecho, más específicamente en la petición, aspecto que justifica el rechazo del recurso; en tal sentido, reclamó que resultaron afectados los derechos del SIN, al no poder asumir una defensa coherente por la imprecisión de la petición del recurrente. 

Al respecto, el parágrafo I del artículo 198 del Código Tributario Boliviano dispone lo siguiente: “. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, debiendo contener: a) Señalamiento especifico del recurso administrativo y de la autoridad ante la que se lo interpone. b) Nombre o razón social y domicilio del recurrente o de su representante legal con mandato legal expreso, acompañando el poder de representación que corresponda conforme a Ley y los documentos respaldatorios de la personería del recurrente. c) Indicación de la autoridad que dictó el acto contra el que se recurre y el ejemplar original, copia o fotocopia del documento que contiene dicho acto. d) Detalle de los montos impugnados por tributo y por período o fecha, según corresponda, así como la discriminación de los componentes de la deuda tributaria consignados en el acto contra el que se recurre. e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide. f) En el Recurso jerárquico, señalar el domicilio para que se practique la notificación con la Resolución que lo resuelva. g) Lugar, fecha y firma del recurrente

Asimismo, en su parágrafo lll establece: “La omisión de cualquiera de los requisitos señalados en el presente Articulo o si el recurso fuese insuficiente u oscuro determinará que la autoridad actuante, dentro del mismo plazo señalado en el parágrafo precedente, disponga su subsanacn o aclaración en el término improrrogable de cinco (5) días, computables a partir de la notificación con la observación, que se realizará en Secretaria de la Superintendencia Tributaria General o Regional o Intendencia Departamental respectiva. Si el recurrente no subsanara la omisión u oscuridad dentro de dicho plazo, se declarará el rechazo del recurso

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Siendo subsanada la omisión u observación, se aplicará lo previsto en el parágrafo // de este Articulo”. 

En el presente caso, de la compulsa del expediente administrativo, se advierte que Coronilla Sociedad Anónima Industrial y Comercial se apersonó ante esta instancia de alzada el 17 de agosto de 2020 a objeto de interponer Recurso de Alzada, exponiendo en el contenido de su memorial, los fundamentos del recurso, señalando agravios tanto de forma como de fondo orientados a cuestionar el proceso determinativo que finalizó con la emisión de la Resolución Administrativa de Devolución Indebida Posterior No 212039000007 de 16 de julio de 2020, siendo estos: 1. Falta de ejercicio de las facultades de investigación y control; 2. Incongruencia y falta de fundamentación en el acto impugnado; y 3. Validez del crédito fiscal. 

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En petitorio la empresa recurrente solicito: “(…) resuelva REVOCANDO la Resolución Administrativa de Devolución Indebida No. 212039000007 de fecha 16 de julio de 2020 (...) declarandola nula, sin efecto y valor legal alguno de manera discrecional e indebida al no haberse adecuado a la revisión efectuada a las normas constitucionales, legales, tributarias y administrativa vigentes en el Estado y las pruebas presentadas por esta parte y haberse cumplido con la derecho al debido proceso y el principio de verdad material y en ese sentido disponga que el SIN GRACO pronuncie nueva resolución en la que se proceda a la devolución total de los valores solicitados (…)” (fojas 215 del expediente administrativo). 

Entonces, de la descripción realizada en párrafos previos, permite advertir que la parte recurrente cumplió lo establecido en el inciso e) del parágrafo I del artículo 198 del Código Tributario Boliviano, al exponer lo peticionado con el Recurso de Alzada interpuesto, en cuanto a su solicitud de revocatoria del acto impugnado y si bien, de forma seguida solicitó que se disponga la emisión de una nueva resolución; es preciso hacer notar que dicho aspecto responde a la existencia de reclamos y agravios tanto de forma como de fondo, no pudiendo el ente recaudador desconocer dicho aspecto. 

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Ahora bien, resultó evidente que lo señalado en el párrafo precedente, fue comprendido por la Administración Tributaria a cabalidad, prueba de ello se tiene que, en el memorial de respuesta al Recurso de Alzada, efectuó un análisis y respuesta a 

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todos los agravios planteados por el sujeto pasivo y en tal sentido, no puede argumentar la existencia de oscuridad en el Recurso y que por dicho aspecto, no pudo asumir una defensa coherente, siendo que el contenido de su respuesta, acredito que comprendió a cabalidad los agravios planteados por el sujeto pasivo, evidenciando con ello el ejercicio pleno de su derecho a la defensa

Adicionalmente, si bien el petitorio del Recurso de Alzada expone una solicitud de revocatoria y anulación del acto impugnado; empero, dicha situación, no invalida los agravios expuestos en el Recurso de Alzada, siendo que los mismos se encuentran claramente expuestos y no presentan contradicciones ni oscuridad alguna, motivo por el cual, no fue afectado el derecho a la defensa de la Administración Tributaria. 

Por lo expuesto, no corresponde lo argumentado por la Administración Tributaria, respecto a la improcedencia del presente Recurso de Alzada, por cuanto el mismo debe ser analizado en su integridad y no solo limitarse al petitorio que se encuentra expuesto en razón a la existencia de situaciones de fondo y forma que fueron traídas 

al análisis; consecuentemente, es correcta la Admisión del presente recurso. 

Aclarado lo anterior, en resguardo del debido proceso y el derecho a la defensa de ambas partes, esta instancia recursiva procederá al análisis de los vicios procesales denunciados por la parte recurrente, y en caso de no ser evidentes, incumbirá la evaluación de los aspectos de fondo, para determinar lo que en derecho corresponda. 

IV.2. Falta de ejercicio de las facultades de investigación y control. La parte recurrente señaló que, la observación de los funcionarios del SIN carecen de fundamento, puesto que pudieron realizar visitas a sus instalaciones para verificar lo mencionado en el informe e inclusive debieron solicitar documentación a sus proveedores a través del acto administrativo denominado “CRUCE DE FACTURAS CON EL PROVEEDOR”, del cual nunca hicieron uso; por lo que afirmó que el sujeto activo, al no realizar una inspección in situ, invalidó la resolución impugnada por incumplimiento a las obligaciones previstas por los artículos 100 num. 3 y 9 y 101 num. 1 y 2 de la Ley 2492. 

Añadió que la Sentencia 99/2017 de 20 de abril, determina que la Administración Tributaria, si consideraba que la efectiva transacción ameritaba más documental, ésta 

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debió ser solicitada con arreglo al artículo 100 de la Ley 2492, lo que no ocurrió en el presente caso. 

Por su parte, la Administración Tributaria sostuvo que dio cumplimiento a las facultades de investigación establecidas en los artículos 66 y 100 de la Ley 2492, toda vez que procedió a solicitar información mediante requerimientos y anexos adjuntos a las Ordenes de Verificación y que en búsqueda de la verdad material, verificó su sistema informático a objeto de verificar la información presentada por el proveedor con sus ventas reportadas, realizando el respectivo cruce de facturas, de cuyo análisis generó observaciones; en tal sentido, afirmó que el argumento del recurrente carece de veracidad. 

Afirmó además que, no se halla obligado a realizar inspecciones en instalaciones del contribuyente, siendo esta una facultad voluntaria que en el caso presente resulta innecesaria ante la contundente inexistencia de prueba que demuestre la materialización de las transacciones y vinculación con la actividad de exportación; por ello, asintió que el recurrente, no puede pretender trasladar la carga de la prueba a la entidad recaudadora, bajo pretexto de que no se agotaron las facultades de investigación. 

Al respecto, corresponde señalar que, el artículo 5 de la Ley 2492, sostiene que: 1. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación normativa: 1. La Constitución Politica del Estado; 2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo; 3. El presente Código Tributario; 4. Las Leyes; 5. Los Decretos Supremos; 6. Resoluciones Supremas y 7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación establecidos en este Código. También constituyen fuente del Derecho Tributario las Ordenanzas Municipales de tasas y patentes, aprobadas por el Honorable Senado Nacional, en el ámbito de su jurisdicción y competencia. II. Tendrán carácter supletorio a este Código, cuando exista vacío en el mismo, los principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular

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Por otro lado, el artículo 128 de la Ley 2492, dispone: Cuando la Administración Tributaria hubiera comprobado que la devolución autorizada fue indebida o se originó en documentos falsos o que reflejen hechos inexistentes, emitirá una Resolución 

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Administrativa consignando el monto indebidamente devuelto expresado en Unidades de Fomento de la Vivienda, cuyo cálculo se realizará desde el día en que se produjo la devolución indebida, para que en el término de veinte (20) dias, computables a partir de su notificación, el sujeto pasivo o tercero responsable pague o interponga los recursos establecidos en el presente Código, sin perjuicio que la Administración Tributaria ejercite las actuaciones necesarias para el procesamiento por el ilícito correspondiente”

Además, el artículo 76 del Código Tributario Boliviano establece que en los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Finalmente, el parágrafo II del artículo 13 de la Resolución Normativa de Directorio 10 0032-16, señala que: “Jl. Si durante la verificación previa o posterior de una Solicitud de Devolución impositiva, se establece que el monto de la solicitud no se encuentra técnica, contable y legalmente respaldada con documentación suficiente, el Departamento de Fiscalización emitirá un informe de Conclusiones determinando la inexistencia o existencia parcial del monto sujeto a la devolución impositiva para verificaciones previas o el monto justificado para la devolución de impuestos así como el monto indebidamente devuelto para verificaciones posteriores (…)“. 

De esta manera y conforme a la normativa expuesta precedentemente, pudo advertirse que, los procesos de devolución impositiva poseen un procedimiento especifico, el cual difiere de los procesos de fiscalización o verificación de oficio, toda vez que si bien la Administración Tributaria posee amplias facultades conforme lo prevén los artículo 66 y 100 de la Ley 2492; no obstante, por disposición del artículo 128 de la Ley 2492 y el parágrafo 11 del artículo 13 de la Resolución Normativa de Directorio 10-003216, el procedimiento de devolución impositiva se limita a la revisión y evaluación de los documentos que sustentan la solicitud de devolución tributaria, para posteriormente emitir una decisión objetiva al respecto mediante una Resolución Administrativa que establezca el valor sujeto a devolución. 

De esta manera, el proceso determinativo generado a consecuencia de una solicitud de devolución impositiva, implica un pronunciamiento por parte de la Administración Tributaria 

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un pronunciamiento respecto al valor probatorio de la documentación acompañada por el sujeto pasivo como respaldo a su solicitud y no emerge como consecuencia del ejercicio de su facultad de investigación, aspecto que permite colegir que la ausencia de controles cruzados o inspecciones in situ que señala la recurrente, no llegaría a invalidar el proceso ni lo vician de nulidad, por cuanto al ser un procedimiento especial sustanciado a instancia del sujeto pasivo, es éste quien tiene la obligación de acompañar todos los documentos de respaldo que sustentan su pretensión. 

Consecuentemente, el sujeto pasivo, no puede argumentar indefensión ni vulneración al debido proceso, sustentado en que la Administración Tributaria, no requirió documentación adicional de respaldo, toda vez que en sujeción al principio de legalidad, la Administración Tributaria no puede apartarse del procedimiento establecido para la verificación de devoluciones impositivas, y debe centrarse en el mismo, correspondiendo al sujeto pasivo en todo caso, adecuar su accionar al procedimiento que conlleva la presentación de toda la documentación de respaldo, hasta antes de la emisión de la Resolución Administrativa que concluya el proceso de verificación, por lo que no corresponde lo agraviado al respecto. 

Adicionalmente, corresponde indicar que, conforme al artículo 76 de la Ley 2492, el sujeto pasivo debió presentar y/o ofrecer toda la prueba que considere respaldo a su solicitud de devolución impositiva, encontrándose entre ellas, la petición de una inspección in situ ahora extrañada, motivo por el cual concierne desestimar lo argumentado por la parte recurrente, máxime si la empresa recurrente no señaló de qué forma una inspección acreditaria la materialización de las transacciones y su vinculación con la actividad gravada; añadir a ello que, de la compulsa de los antecedentes administrativos, llegó a advertirse que el ente fiscalizador solicitó documentación al sujeto pasivo mediante Requerimientos No 00150498 y 00150499 sus anexos adjunto, demostrando con ello, el ejercicio de su facultad de investigación, motivo por el cual concierne desestimar lo argumentado por la parte recurrente (fojas 8-10 y 12-14 de antecedentes administrativos). 

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Respecto a la Sentencia 99/2017 de 20 de abril, invocada por la recurrente, corresponde aclarar que, las Sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia, no se encuentran consideradas como fuente normativa de derecho tributario, de acuerdo a lo previsto por el artículo 5 de la Ley 2492, sino que, son precedentes jurisdiccionales que construyen la 

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jurisprudencia boliviana en distintos ámbitos; que no tiene un carácter vinculante obligatorio, por ello no corresponde su análisis al caso, teniendo en cuenta que el proceso determinativo generado a consecuencia de una solicitud de devolución impositiva, no emerge como consecuencia del ejercicio de su facultad de investigación; al ser un procedimiento especial sustanciado a instancia del sujeto pasivo, quien como se refirió precedentemente, tiene la obligación de acompañar todos los documentos de respaldo que sustentan su pretensión. 

Por otra parte, corresponde señalar que Coronilla Sociedad Anónima Industrial y Comercial argumentó que la entidad recaudadora, nunca observó la devolución impositiva solicitada por similares operaciones comerciales realizadas anteriormente con los mismos proveedores y con la misma documentación presentada, por lo que las decisiones asumidas en la resolución impugnada, atentan directamente contra anteriores actos administrativos, hecho que acreditaria que el sujeto activo carece de sustento y criterio legal en la toma de sus decisiones, perjudicando a los contribuyentes con criterios sin sustento realizados en desmedro de los contribuyentes

Al respecto, la Administración Tributaria puntualizó que la documentación señalada en el párrafo precedente, no puede ser considerada de forma integra, puesto que los libros contables, respaldos contables y documentación presentada y valorada en otros procesos determinativos, no es la misma; más aún, cuando las observaciones denotan la deficiencia de la documentación acompañada por el sujeto pasivo dentro el procedimiento de verificación de CEDEIM, realizada y reflejada en el acto impugnado

Entonces, al respecto cabe indicar que, los procesos determinativos y de verificación, sustanciados por la Administración Tributaria gozan de independencia entre sí, esto debido a que, en cada uno de ellos, el ente recaudador debe analizar hechos fácticos y documentación propia del trámite que por sus características difieren, y si bien pueden ser procesos semejantes a otros sustanciados de forma anterior, empero, dicha situación no implica que la Administración Tributaria tenga la obligación de arribar a la misma conclusión o decisión, pues cada proceso es particular y contiene diferentes connotaciones, por cuanto para procesos de verificación de devoluciones impositivas en los que se analiza el crédito fiscal IVA, todas las transacciones deben encontrarse respaldadas con documentación que permita advertir el cumplimiento de los requisitos 

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para poder beneficiarse con el crédito fiscal y en su caso la devolución impositiva 

correspondiente. 

Por ello el sujeto pasivo, no puede argumentar que al existir procesos de verificación anteriores en los cuales la Administración Tributaria, no observó notas fiscales del mismo proveedor, no tenga la obligación de respaldar de forma documentada el cumplimiento de los requisitos necesarios para la validez del crédito fiscal, debiendo reiterar que este tipo de procesos exige la revisión documental de cada transacción, no pudiendo desconocer lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 2492; por lo que, corresponde desestimar lo argumentado al respecto. 

IV.3. Incongruencia y falta de fundamentación en el acto impugnado. La empresa recurrente observó una errónea interpretación de la Ley’y valoración de la prueba por parte de la Administración Tributaria al momento de realizar las observaciones por los tres conceptos, toda vez que las facturas no corresponden al alcance de la revisión, pues el alcance de la revisión establecida en la Orden de Verificación Externa detallada en e‘ acto impugnado, contempla los periodos abril y mayo de 2018; empero arbitrariamente y sin justificativo alguno, los funcionarios de la entidad recaudadora realizaron observaciones a las facturas de los periodos de abril, mayo, junio, septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2017 y enero de 2018, vulnerando de esta menara el derecho y garantia constitucional del debido proceso en sus vertientes de congruencia, motivación e igualdad de partes; así como el numeral 6 del artículo 68 de la Ley 2492. 

Hizo hincapié en que la parte recurrida, de forma arbitraria observó facturas emitidas para periodos distintos de los establecidos en las órdenes de Verificación 19990200133 y 19990200134, que fueron presentadas a requerimiento verbal de los funcionarios de la Administración Tributaria y que bajo ningún concepto se encuentran alcanzadas por el referido acto. 

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Indicó que la Administración Tributaria desconoció lo establecido en el artículo 8 de la Ley 2492 e inclusive equivocó el procedimiento efectuado en la emisión del acto impugnado, puesto que procedió a revisar facturas de otros periodos no comprendidos en las órdenes de verificación, ocasionando un daño económico a las actividades comerciales de 

exportación. 

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Por su parte, la Administración Tributaria citó el artículo 30 de la Resolución Normativa de Directorio 100004-03 de 11 de marzo de 2003 y artículo 2 de la Resolución Normativa de Directorio 10-0021-05 de 3 de agosto de 2005, argumentando que contrario a lo expuesto por el sujeto pasivo, procedió a la revisión, verificación y análisis de facturas que se encontraban comprometidas en el crédito fiscal de los periodos sujetos a verificación, siendo el propio contribuyente quien incluyó dentro del crédito fiscal los periodos objeto de verificación -abril y mayo de 2018- a través del formulario 1137; por lo que en función de sus facultades verificó la validez del crédito fiscal declarado en los formularios 210, advirtiendo de ello, que cumplió únicamente con la Ley, situación que demuestra que el administrado desconoce los alcances de la verificación. 

Expuestos los argumentos de las partes, es necesario señalar que, la Sentencia 

Constitucional 2023/2010-R de 9 de noviembre -entre otras- señaló que: “la garantía del 

debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisn del juzgador lea y comprende la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolverlos hechos juzgados sino de la forma en que se decidió (...) Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que se ha arribado, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia”. 

A su vez, la Sentencia Constitucional Plurinacional 1193/2014 de 10 de junio, respecto a la congruencia, establece: (…) la congruencia como un elemento que configura el debido – proceso (…) en definitiva marca el desarrollo del proceso para poder llegar a la sentencia, estableciendo un limite al poder discrecional del juzgador. A través de este principio se 

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obtiene la concordancia entre el petitum de las partes y la decisión asumida por el juez o tribunal; quedando entendido que los mismos no pueden modificar el petitorio ni los hechos planteados en la demanda. En ese sentido, el juez o tribunal no podrá (…) arribar a una conclusión de que fueron vulnerados otros preceptos por los cuales no se dio inicio al proceso en curso, aquello indudablemente significaría vulneración del principio de congruencia y atentatorio contra el debido proceso y el derecho a la defensa, por cuanto efectivamente se deja en indefensión al procesado quien no podrá asumir la misma de una manera efectiva, alterando inclusive la producción de la prueba de descargo“. 

Asimismo es importante señalar que, el artículo 115 de la Constitución Política del Estado, dispone que: “9. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los.jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. Il. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”. De igual manera, el artículo 117, de la referida Constitución Politica del Estado, establece que: “1. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oida y juzgada previamente en un debido proceso”. 

En ese marco normativo constitucional y precautelando el derecho a la defensa con el que cuenta el recurrente, en el ámbito tributario, los principios y garantías constitucionales se encuentran reconocidos por los numerales 6 y 7 del artículo 68 de la Ley N 2492, los cuales establecen que el sujeto pasivo tiene derecho al debido proceso, formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán 

ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

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LEHDE CEATIFKATION 

En el ordenamiento jurídico administrativo boliviano, se tiene que, el artículo 28 de la Ley 2341, aplicable en virtud del artículo 201 del Código Tributario Boliviano, dispone que: “Son elementos esenciales del acto administrativo los siguientes: a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente; b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; c) Objeto: El objeto debe ser cierto, licito y materialmente posible; d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento jurídico; e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, 

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expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso b) del presente artículo; y, f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico”. 

De igual manera, el artículo 8 de la Resolución Normativa de Directorio 10-0032-16 estableció: “La Resolución Administrativa como mínimo contendrá: (...) En verificación posterior: a) Número de la Resolución Administrativa. b) Lugar y fecha de emisión. c) Nombre o razón social del sujeto pasivo. d) Número de Identificación Tributaria. e) Número de Orden de Verificación. f) Alcance del proceso de verificación posterior (contendrá los hechos, elementos e impuestos de los periodos fiscales sujetos a verificación). g) Monto solicitado en bolivianos conforme a normativa vigente. h) Monto sujeto a devolución en bolivianos conforme a normativa y procedimiento vigente, cuando corresponda”. 

Continúa: “7) Observaciones que dieron origen al monto indebidamente devuelto, de forma fundamentada y concreta, cuando corresponda. j) Monto indebidamente devuelto expresado en UFV más intereses, cuando corresponda. k) Monto por mantenimiento de valor restituido automáticamente correspondiente al crédito fiscal comprometido y observado en la verificación de devolución impositiva de acuerdo a la normativa vigente, cuando corresponda. 1) Cuando se establezcan indicios de contravenciones o delitos tributarios se dispondrá su procesamiento de acuerdo al procedimiento aplicable. m) Plazos y recursos que tiene el sujeto pasivo para impugnar la Resolución Administrativa y el anuncio del inicio de la ejecución tributaria vencido dicho plazo. Aclarando que la presentación de recursos no inhibe que la Administración Tributaria proceda a la ejecución de las garantías ofrecidas. n) Fima y sello del Gerente Distrital o GRACO

A su vez, el parágrafo 11 del artículo 36 de la Ley 2341, también aplicable supletoriamente en materia tributaria, por disposición del artículo 201 del Código Tributario Boliviano, señala que el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados

Ahora bien, en consideración a que la empresa recurrente agravió expresamente que la Administración Tributaria en el acto impugnado observó notas fiscales correspondientes a periodos distintos a los establecidos en las Ordenes de Verificación, de forma arbitraria y 

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sin justificativo alguno, vulnerando el derecho y garantía constitucional del debido proceso en sus vertientes de congruencia, motivación e igualdad de partes, así como el numeral 6 

del artículo 68 de la Ley 2492; corresponde efectuar el análisis del contenido de la 

Resolución Administrativa de Devolución Indebida Posterior N° 212039000007 de 16 de 

julio de 2020; al ser el acto administrativo a través del cual el ente recaudador comunicó la decisión asumida en relación a la solicitud de devolución impositiva, debiendo contener al efecto una explicación respecto al alcance del proceso y los motivos por los cuales fue establecido un importe indebidamente devuelto. 

Bajo ese entendido, de la compulsa de la Resolución Administrativa de Devolución Indebida Posterior No 212039000007 de 16 de julio de 2020, pudo advertirse que la Administración Tributaria en la parte considerativa del acto, señaló: “Que, la verificación comprende la revisión del IVA – Crédito Fiscal vinculado a exportaciones, solicitadas en Devolución impositiva (SDI) por el contribuyente (…) de las notas fiscales declaradas en la Declaración Jurada del Impuesto al Valor Agregado Exportadores Formulario 210 correspondiente a los periodos fiscales abril y mayo de la gestión 2018, con el objeto de establecer el cumplimiento de la normativa vigente relacionada a la Devolución impositiva (…). Que, el contribuyente (…) presenta a la Gerencia GRACO Cochabamba del Servicio-de impuestos Nacionales, la Solicitud de Devolución impositiva (SDI) mediante Foñm. 1137, 1133 y 1132, correspondiente a los periodos abril y mayo de la gestión 2018, por un importe total de Bs650.140.- por concepto de impuesto al Valor Agregado (IVA) y Gravamen Arancelario (GA), bajo la modalidad CEDEIM’S POSTERIOR (…)” (fojas 4487 de antecedentes administrativos). 

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Asimismo, el citado acto impugnado prosiguió señalando en el acápite en el acápite “1. Facturas Parcialmente válidas (PV) para Crédito Fiscal IVA, por no contar con documentación de respaldo que demuestre su aplicación exclusiva en su actividad exportadora; empero presenta documentación de respaldo suficiente de respaldo a su actividad (Reclasificada de Tipo 4 a tipo 5)” manifestó: “Del análisis y valoración efectuadas a las notas fiscales presentadas por el contribuyente de los periodos fiscales abril y mayo de 2018, y de la documentación proporcionada como respaldo a estas notas fiscales se identificaron facturas (…) sobre las cuales el contribuyente no presenta documentación de respaldo suficiente que demuestre su vinculación exclusiva a 

su actividad exportadora. Compras sobre las cuales el contribuyente no acredita con 

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documentación suficiente que dichos gastos forman parte del costo exclusivo del producto exportado (…) sin embargo, estas notas fiscales si bien no se encuentran vinculadas netamente con los costos y/o gastos de exportación forman proporcionalmente de estos; por lo que se determina reclasificarlas a mercado mixto (...)” (fojas 4491 de antecedentes administrativos). 

De forma seguida, la Resolución impugnada en el “CUADRO RESUMEN DE ANALISIS DE FACTURAS SUJETAS A REVISION OBSERVADAS”, expuso el detalle de notas fiscales sobre las cuales reclasificó de tipo 4 a tipo 5, identificando además el importe observado, figurando en dicho cuadro notas fiscales correspondientes a periodos abril, mayo, junio, septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2017 y enero de 2018 (fojas 

4491-4496 de antecedentes administrativos). 

De la misma manera, el Servicio de Impuestos Nacionales a través del acápite: 2. Facturas No Válidas (NV) para Crédito Fiscal IVA, por no contar con documentación de respaldo que demuestre su aplicación en su actividad exportadora; empero presenta documentación de respaldo suficiente de respaldo a su actividad (Reclasificada de Tipo 5 

a tipo 1)” del acto impugnado puntualizó: Del análisis y valoración de las notas fiscales 

presentadas por el contribuyente de los periodos fiscales abril y mayo de 2018, y de la documentación proporcionada como respaldo a estas notas fiscales, se identificaron facturas (…) sobre las cuales el contribuyente no ha presentado documentación suficiente que demuestre su forma de incorporación en costos y/o gastos relacionados a su actividad de exportación“, de forma seguida el acto consignó en cuadro, el detalle de notas fiscales observadas por dicho concepto, figurando en el mismo facturas de los periodos septiembre y diciembre de 2017 (fojas 4496-4497 de antecedentes administrativos)

Finalmente, en su acápite “3. Facturas No Válidas (NV) para crédito fiscal, por no contar con documentación de respaldo suficiente que demuestre la efectiva realización de la transacción y/o vinculación con la actividad gravada (Facturas depuradas)” sostuvo: “Del análisis y revisión a la documentación presentada por el contribuyente como respaldo alle crédito fiscal contenido en las facturas que respaldan la devolución impositiva, se identificaron facturas por compra de bienes ylo adquisición de servicios, que no se encuentran debidamente respaldados con documentación suficiente y pertinente que pruebe de forma consistente la realización de la transacción y su vinculación las 

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actividades gravadas (...)”, de forma seguida, el ente recaudador expuso en el “CUADRO RESUMEN DE ANALISIS DE FACTURAS SUJETAS A REVISION OBSERVADAS” el detalle de notas fiscales observadas por dicho concepto, figurando facturas correspondientes a los periodos agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017 (fojas 4498-4503 de antecedentes administrativos). 

La descripción realizada en párrafos previos, permite advertir que la Administración Tributaria en el acto impugnado, de forma inicial delimitó el alcance de la revisión a efectuarse, señalando que el mismo comprende las notas fiscales, contenidas en la Declaración Jurada del Impuesto al Valor Agregado-Exportadores Formulario 210 correspondiente a los periodos abril y mayo de 2018; asimismo, al momento de exponer el resultado de la revisión del crédito fiscal sujeto a control, el ente fiscal señaló que la revisión abarcó las notas fiscales de los periodos fiscales abril y mayo de 2018. 

No obstante, la Administración Tributaria al momento de exponer mediante un cuadro el desglose de notas fiscales correspondientes a las observaciones 1, 2 y 3, consignó notas fiscales de periodos distintos de los periodos -abril, mayo, junio, septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2017 y enero de 2018. a los señalados como alcance de la revisión en el mismo acto administrativo,’ sin desarrollar o explicar la razón de incluir en el análisis del crédito fiscal, dichos periodos anteriores. 

Lo expuesto en el párrafo precedente, corrobora la evidente existencia de incongruencia alegada por la parte recurrente y la falta de una justificación y motivación por parte de la Administración Tributaria, por cuanto no se advierte una explicación de las razones o motivos por las cuales la entidad recaudadora recurrida, pese señalar que la revisión abarcó las notas fiscales de periodos específicos, observó el crédito fiscal de compras de periodos anteriores; aspecto que indiscutiblemente afectó la fundamentación y motivación del acto impugnado, generando incertidumbre en el sujeto pasivo respecto a los periodos revisados, 

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Ahora bien, es menester indicar que lo anteriormente señalado cobra relevancia para la resolución del Recurso de Alzada, por cuanto se debe tener presente que el proceso impugnado, constituye un procedimiento determinativo especial que concluye con una respuesta a la solicitud de devolución impositiva del sujeto pasivo, y como tal, deb

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contener un análisis debidamente fundamentado y motivado de la aceptación o rechazo a lo incoado, aspecto que en el presente caso no ocurrió

Por otra parte, corresponde señalar que, si bien la Administración Tributaria, en su memorial de respuesta al Recurso de Alzada manifestó que procedió a la revisión, verificación y análisis de facturas que se encontraban comprometidas en el crédito fiscal de los periodos sujetos a verificación, siendo el propio contribuyente quien incluyó dentro del crédito fiscal los periodos de objeto de verificación -abril y mayo de 2018-, esto a través del formulario 1137; no obstante, dicha situación no se encuentra motivada en el acto impugnado, aspecto que desde luego como se refirió precedentemente generó incertidumbre en el sujeto pasivo, quien expresamente cuestionó que el ente recaudador observó notas fiscales de periodos distintos, sin exponer justificativo alguno. 

De esta manera, lo argumentado por la Administración Tributaria en etapa de impugnación, no suple la fundamentación que debió contener el acto impugnado, esto a efecto de dar a conocer al recurrente de manera clara, motivada y fundamentada, el establecimiento del importe indebidamente devuelto que debe ser restituido, a efecto de garantizar al sujeto pasivo la comprensión de que en el presente caso, la determinación no se salió del alcance de la solicitud de devolución impositiva

A consecuencia de lo ampliamente desarrollado hasta este punto, resultó evidente la falta de fundamentación en al que incurrió la Administración Tributaria, situación que vició de nulidad la Resolución impugnada, por vulneración del debido proceso en su vertiente de fundamentación establecido como derecho en el numeral 6 del artículo 68 de la Ley 2492; impidiéndole además el cumplimiento su finalidad de dar a conocer de forma adecuada y debidamente fundamentada, la existencia de un tributo indebidamente devuelto; resultando evidente el incumplimiento de lo dispuesto en los incisos b) y e) del artículo 28 de la Ley 2341 referidos a la causa y fundamento del acto administrativo, artículo que resulta aplicable en materia tributaria conforme el artículo 201 del Código Tributario Boliviano. Agregar que dicho aspecto, vulneró el requisito establecido en el inciso i) del artículo 8 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0032-16, al no existir congruencia en el acto impugnado respecto a las notas fiscales objeto de revisión y las observadas que dieron lugar al importe indebidamente devuelto, implicando con ello, la ausencia de una debida y suficiente explicación sobre las observaciones que dieron origen 

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al monto indebidamente devuelto, razón por la que, ésta instancia recursiva, se encuentra impedida de analizar los aspectos de fondo planteados en el Recurso de Alzada. 

En suma, del análisis de lo argumentado por las partes procesales en la presente impugnación y la compulsa de los antecedentes administrativos del proceso determinativo sustanciado, se tiene que dicha entidad tributaria vulneró el debido proceso en su vertiente de fundamentación y el derecho a la defensa del sujeto pasivo establecidos en el parágrafo Il del artículo 115, parágrafo 1 del artículo 117 de la Constitución Política el Estado y numerales 6 y 7 del artículo 68 de la Ley 2492, resultando evidente que el proceso se encuentra viciado de nulidad por inexistencia de fundamentación para cumplir su finalidad; consecuentemente, de conformidad al parágrafo II del artículo 36 de la Ley 2341, aplicable en materia tributaria en virtud del artículo 201 del Código Tributario Boliviano; corresponde anular la Resolución Administrativa de Devolución Indebida Posterior No 212039000007 de 16 de julio de 2020, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, a efecto de que la citada administración emita una nueva Resolución debidamente fundamentada y congruente.’ 

Lucy MST 

ALEGA 

POR TANTO 

El suścrito Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley 2492 y artículo 141 del Decreto Supremo 29894 de 7 de febrero de 2009

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RESUELVE PRIMERO: ANULAR la Resolución Administrativa de Devolución Indebida Posterior No 212039000007 de 16 de julio de 2020, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, por falta de fundamentación para cumplir su finalidad y congruencia en el acto impugnado respecto a las notas fiscales objeto de revisión y las observadas que dieron lugar al importe indebidamente devuelto; debiendo la citada administración emitir una nueva Resolución fundamentada y congruente, en base al análisis técnico jurídico desglosado precedentemente; sea de conformidad con artículo 212 parágrafo I inciso c) del Código Tributario Boliviano. 

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SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario Boliviano, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 y sea con nota de atención

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 de la Ley 2492, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computables a partir de su notificación. 

Registrese, notifiquese y cúmplase, 

ha Eric Ausberto Rojás Urquiza 

DIRECTOR EJECUTIVO REGIONAL 

DIRECCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cbba. 

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