ARIT-CBA-RA-0304-2021 Resolución Administrativa de devolución indebida posterior, por ufvs indebidamente devueltos por valores cedeim por impuesto al valor agregado en donde presuntamente la administración tributaria presumió la existencia de facturas no validas para el computo del crédito fiscal, el contribuyente alego la apropiación del crédito fiscal fue realizada sobre base cierta, además de no cumplirse los términos en la fiscalización, por tanto la Autoridad de impugnación tributaria concluyo que por fechas el servicio de impuestos nacionales no contaba con la facultada de verificar y determinar la deuda tributaria y emitir sanciones, revocando la resolución

ARIT-CBA-RA-0294-2021

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBARA 0304/2021 

Recurrente 

TANNERY AMÉRICA S.A., representada por Luis Fernando Pérez Alborta

Administración recurrida 

Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba dél Servicio de Impuestos Nacionales, representada por Rosmery Villacorta Guzmán. 

Acto impugnado 

Resolución Administrativa de Devolución Indebida Posterior N° 212139000011. 

Expediente N° 

ARITCBA-0177/2021. 

Lugar y fecha 

Cochabamba, 12 de octubre de 2021. 

VISTOS: El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración 

Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-CBAVITJ 0304/2021 de 11 de octubre de 2021, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional: v todo cuanto se tuvo presente. 

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  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO La Resolución Administrativa de Devolución Indebida Posterior N° 212139000011 de 25 de junio de 2021, que estableció como importe indebidamente devuelto a TANNERY AMÉRICA S.A., la suma de UFVs 146.780, por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y mantenimiento de valor restituido automáticamente, que fue 

indebidamente devuelto mediante valores CEDEIMs, correspondiente al periodo abril KOE INPUGNACK, 2012, importe que debe ser restituido a favor del Fisco. Al efecto, conminó al pago de Ilse Raúl Einh la deuda tributaria de UFVs 196.259, monto que comprende el importe indebidamente la Rivas Remachože dovutta 

acho devuelto del IVA actualizado e intereses del periodo señalado. Adicionalmente, VoBo LPEN VOER instruyó el inicio del procedimiento sancionador contra la empresa, emergente de la 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Av. Oquendo N° 381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012• www.ait.gob.bo.Cochabamba, Bolivia 

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obtención indebida de Valores Fiscales IVA por el importe de UFVs 146.780, por concepto de contravención de Omisión de Pago. Acto notificado mediante cédula al representante legal de la nombrada empresa, el 6 de julio de 2021 (fojas 1852-1869 y 1872 de antecedentes administrativos). 

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA II.1. Argumentos del Recurrente TANNERY AMÉRICA S.A., representada por Luis Fernando Pérez Alborta, conforme acreditó con Testimonio de Poder N° 398/2011 de 20 de noviembre de 2019, emitido por Notaría de Fe Pública No 9 de Cochabamba (fojas 42-45 del expediente administrativo), mediante nota presentada el 23 de julio de 2021 (fojas 46-67 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa de Devolución Indebida Posterior No 212139000011 de 25 de junio de 

2021, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales, manifestando lo siguiente: 

Que la Resolución impugnada omitió incorporar en su contenido una adecuada fundamentación de los motivos de depuración de las facturas de compra en las cuales fue pagado el IVA, debiendo ser devueltas por el principio de neutralidad impositiva. Precisó que dicha falta de sustento técnico jurídico, responde a la inexistencia de establecimiento de los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la depuración de las facturas, limitándose el acto a salar genéricamente la invalidez de las facturas por no contar con documentación de 

emuestre la efectiva realización de las transacciones, por inexistencia 

de medios fehacientes de pago, por tratarse de servicios de transporte internacional gravada a tasa cero al IVA y por no demostrar la realización de la transacción con los proveedores del exterior y/o incorporación a la actividad gravada. 

Sostuvo que a su entender, los conceptos observados resultan generales y no explican el motivo por el cual no fue considerado el crédito fiscal; en tal sentido, afirmó que el acto impugnado incumple los requisitos contemplados en la Ley 2341, generando un vicio de nulidad que limitó su defensa, por desconocimiento de la manera de cuantificación y obtención de datos de la equivocada determinación. 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Refirió el inciso a) del artículo 35 de la Ley 2341, denunciando que la Resolución impugnada omitió contemplar adecuadamente el método de la base imponible, aspecto fundamental para garantizar el debido proceso y la defensa del sujeto pasivo. Hizo mención a los incisos b) y e) del artículo 28 de la Ley 2341 y artículo 29 del Decreto Supremo 27113, para señalar que el citado acto indicó que la base imponible 

fue realizada sobre base cierta, empero que presumió situaciones que denotan la aplicación de base presunta, vulnerando la normativa expuesta en cuanto a la causa y motivación del acto. 

Amplió el reclamo refiriendo que la Administración Tributaria presumió la existencia 

de facturas no lidas para el cómputo del Crédito Fiscal IVA, por supuesta insuficiencia documental; por presunta inexistencia de medios fehacientes de pago y demostración de realización de la transacción, su materialización e incorporación con la actividad gravada; sin considerar la verdad material, puesto que en ningún momento revisó de manera adecuada, la documentación contable y presumió diversos factores que dieron origen a obligaciones carentes de una adecuada fundamentación. 

Observó que el Servicio de Impuestos Nacionales, de forma injustificada dejó de considerar las notas fiscales que generaron Crédito Fiscal debidamente cancelado, derivando en una equivocada determinación que cuantificó un importe que no corresponde a la realidad. Respecto a la observación de inexistencia de documentación de respaldo que demuestre la efectiva realización de la transacción, sostuvo que la empresa presentó los documentos contables y demás prueba de los gastos efectuados y debidamente vinculados con la actividad exportadora, siendo equivocada y subjetiva la observación, que además no se encuentra demostrada por la citada entidad. 

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Sobre la observación de inexistencia de medios fehacientes de pago y demostración de la realización de la transacción, cuestionó que el SIN desprovisto de respaldo técnico legal, observó la compra de bienes, señalando de manera equivocada que las notas fiscales no generan crédito fiscal, sin considerar que los comprobantes contables justifican los gastos realizados; de esta manera, adujo que las observaciones resultarían subjetivas y en ningún caso, fue realizada una adecuad

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valoración de la documentación presentada, menos fue ejercida la facultad de fiscalización y búsqueda de la verdad material de los hechos. 

Con relación a la depuración de facturas por servicio de transporte internacional de carga gravada con tasa cero IVA, indicó que el mismo es necesario para la exportación de productos, resultando equivocas las observaciones del SIN, puesto que no todas las notas fiscales presentadas responden a tasa cero, existiendo un grupo de facturas con IVA respectivamente pagado por la empresa, correspondiendo su devolución. 

Afirmó que la observación de insuficiencia de documentación que demuestre la efectiva realización y materialización de la transacción con proveedores del exterior y/o forma de incorporación a su actividad gravada, responde a una observación formal que omitió la revisión adecuada de la documentación presentada y que refiere a compras dentro el mercado interno, siendo que la Declaración Única de Importación es el documento que genera el Crédito Fiscal, por los productos importados; además que no comercializa productos en mercado interno. Al efecto, manifestó que no existe fundamento en el rechazo de las DUIs, correspondiendo su validación. 

Expuso que la calificación de contravención por Omisión de Pago es equivocada, injusta y arbitraria, porque la empresa cumplió adecuadamente las obligaciones impositivas, por cuanto adujo que no corresponde la calificación de la mencionada 

conducta. 

Citó doctrina relativa al instituto de prescripción e indicó que la Administración Tributaria procedió con un trabajo de verificación y determinación de una supuesta devolución indebida, cuando transcurrieron más de 9 años de haberse generado la solicitud de devolución impositiva, viéndose superados los 4 años establecidos en Ley para el ejercicio de la facultad de verificación, determinación, sanción y cobro, operándose la prescripción extintiva de las citadas facultades; cito como sustento el .contenido de la Sentencia 52 de 28 de junio de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, para hacer hincapié en que la Administración Tributaria no puede pretender el cobro de una supuesta devolución indebida y corresponde la 

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declaración de prescripción de las facultades de verificación, determinación, sanción y cobro del SIN. 

En virtud de los argumentos descritos, solicitó la revocatoria total de la Resolución Administrativa de Devolución Indebida Posterior N° 212139000011 de 25 de junio de 2021 o en su caso, anular obrados hasta el vicio más antiguo. 

II.2. Auto de Admisión El 29 de julio de 2021, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Admisión EXPEDIENTE ARIT-CBA-0177/2021, correspondiente al Recurso de Alzada interpuesto por TANNERY AMÉRICA S.A., representada por Luis Fernando Pérez Alborta, contra la Resolución Administrativa de Devolución Indebida Posterior No 212139000011 de 25 de junio de 2021, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (fojas 68 del expediente administrativo). 

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por Rosmery Villacorta Guzmán, conforme acredito con Resolución Administrativa de Presidencia No 032000001055 de 16 de noviembre de 2020 (fojas 7172 del expediente administrativo), por memorial presentado el 18 de agosto de 2021 (fojas 73-80 del expediente administrativo), respondió al Recurso de Alzada con los siguientes fundamentos: 

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Que la Resolución impugnada cuenta con el suficiente sustento legal y técnico para respaldar las observaciones realizadas que generaron un importe indebidamen devuelto de Bs295.922.- al probar que la documentación adjunta a la solicitud de devolución impositiva, no respalda el cumplimiento de los requisitos de validez del Crédito Fiscal, siendo falsa la existencia de vicios de nulidad por falta de 

fundamentación, máxime si el recurrente no explicó la inadecuada fundamentación, DE IMPUGNACION/ demostrando que la nulidad solicitada no tiene motivo. Raúl Eind Rivas Lamacho 

VoBo Citó el Auto Supremo 053 de 29 de abril, para reafirmar que los vicios denunciados 

son inexistentes y la nulidad que el recurrente pretende, no obedece a los principios 

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de especificidad, protección y convalidación; demostrando además contradicción al 

extrañar una adecuada fundamentación del acto impugnado y posteriormente denunciar falta de fundamentación. 

Expuso que a fojas 3 a 15 del acto impugnado, valoró detalladamente la documentación presentada por el sujeto pasivo, la información que se encuentra en su poder y la recabada de terceros informantes, de las cuales emergieron observaciones al Crédito Fiscal comprometido sujeto a devolución, que sustentan la procedencia de los reparos determinados, no siendo evidente, que éstas tengan carácter general y no expliquen el motivo de la depuración

Afirmó que no limitó el derecho a la defensa de la empresa recurrente, puesto que el acto impugnado no se encuentra viciado de nulidad por falta de fundamentación, en virtud de que las observaciones están respaldadas con un análisis técnico legal y la valoración de toda la documentación presentada, cumpliendo con los requisitos de fundamentación, motivación y congruencia que garantizaron el debido proceso y el derecho a la defensa del recurrente. 

Citó el artículo 43 de la Ley 2492, para indicar que tuvo conocimiento sobre base cierta de las transacciones realizadas por el sujeto pasivo, aspecto que señaló, fue corroborado por la solicitud de documentación de respaldo a las compras imputadas como Crédito Fiscal sujeto a devolución y de cuyo análisis, emergieron las observaciones plasmadas en la Resolución Administrativa. Así también afirmó que la 

base presunta alegada, no puede suplir la inexistencia de documentación que respalde el Crédito Fiscal solicitado por el contribuyente, toda vez que el recurrente no demostró el cumplimiento de los 3 requisitos de validez del Crédito Fiscal 

expuestos en la línea doctrinal de la Autoridad General de Impugnación Tributaria. 

Observó que la empresa recurrente pretende trasladar la carga de la prueba al SIN, eludiendo su responsabilidad de presentar documentación que sustente sus pretensiones; siendo que en búsqueda de la verdad material, solicitó documentación al sujeto pasivo, revisó la información cursante en sus sistemas y la proporcionada por terceros informantes; por lo que en uso de sus facultades y ante la inexistencia de sustento legal y documental, procedió a determinar reparos; hechos que prueban 

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que la verificación fue realizada sobre documentos e informaciones que permiten conocer en forma directa e indubitable, los hechos generadores del tributo. 

Argumento que el sujeto pasivo no explicó la forma en que la documentación adjunta a su solicitud demostró la materialización de las transacciones y la vinculación con la actividad exportadora, sino que de forma contraria, de la valoración de los documentos presentados, quedó en evidencia, que si bien las facturas observadas fueron registradas en Comprobantes de. Diario, Egreso y Caja, no identifican los documentos que las respalden, por lo que no permiten verificar la naturaleza de la 

transacción. 

Indicó que el comprobante de Diario registra la transacción con abono a las cuentas “102602 Servicio de Impuestos Nacionales/Crédito Fiscal por Regularizar”, sin adjuntar las conciliaciones entre cuentas u otro elemento probatorio qu 

ovatorio que permita verificar el pago al proveedor; a su vez el Comprobante de Egreso registra la salida de dinero, pero no cuenta con documentación de respaldo que permita verificar de forma contundente y fehaciente el pago al proveedor; por otra parte, los comprobantes contables registran las compras a cuentas de resultado, sin presentar registros y/o documentos de respaldo suficientes que permitan verificar que el servicio prestado sea para el uso y/o aplicación en bienes propios de la empresa, así como establecer la forma de su incorporación al costo del producto exportado. 

Objetó que la empresa recurrente pretende validar el Crédito Fiscal solo con la presentación de comprobantes contables, soslayando el hecho de que dicha validación pasa por el cumplimiento de tres requisitos, que en el presente caso no pudieron ser acreditados por la empresa recurrente, toda vez que no cumplió con el deber de demostrar los hechos constitutivos de los derechos que pretendía, correspondiendo confirmar el acto impugnado. 

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Puntualizó que lo argumentado por el recurrente no cuenta con sustento técnico legal, no señala la forma en que las observaciones efectuadas por el SIN serian subjetivas, tampoco detalla la documentación presentada y cómo la misma desvirtuaría lo observado, siendo que por el contrario, el acto impugnado cuenta con la fundamentación y correcta valoración de los documentos que cursan en antecedentes 

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administrativos; además que para las facturas por concepto de servicio de transporte de personal, no presentó el contrato suscrito con el proveedor que establezca el precio y las condiciones del servicio percibido, también los cheques fueron emitidos a una tercera persona; de la misma manera, para las facturas de servicio de transporte de productos, el sujeto pasivo únicamente presentó la factura; asimismo el pago fue realizado a una tercera persona. 

Manifestó que la parte recurrente también confesó que solicitó devolución de Crédito Fiscal de facturas por servicios de transporte de carga internacional que fueron emitidas con tasa cero en IVA, no existiendo sustento para la validación de dicho crédito impositivo. 

Aclaró que las facultades que ejerce la Aduana Nacional, no privan al SIN de ejercer las facultades de control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación, por cuanto de la revisión de las DUIS 2012/301/C-12967 y 20121711/C-15232, evidenció que fueron asignadas a canal verde, lo que significa que no fueron objeto de revisión documental por parte de la Aduana, aspecto que no puede ser entendido como el cumplimiento de la verificación por dicha entidad, máxime si la misma no verifica el cumplimiento de los requisitos para la validez del Crédito Fiscal; en tal sentido, saló que la empresa recurrente pretende hacer incurrir en error al manifestar que el SIN debe aceptar el Crédito Fiscal de una importación verificada por la Aduana Nacional. 

Señaló que la parte recurrente no indicó que documentación no fue revisada adecuadamente, ni demostró documentalmente los productos adquiridos que fueron 

incorporados en el proceso de producción para exportación, por lo que no existe sustento de la arbitrariedad reclamada. 

Acotó que el Recurso de Alzada se sustenta en presunciones, debido a que no indica la documentación que no fue revisada adecuadamente, tampoco demuestra con documentación, que los productos importados se incorporaron en el proceso de producción para la exportación; por lo que lo alegado carece de sustento legal y fáctico, correspondiendo desestimar las pretensiones del recurrente y confirmar los reparos y el importe indebidamente devuelto determinado en el acto impugnado. 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Afirmó que quedó probada la procedencia de la tipificación de la conducta como omisión de pago, debido a que al beneficiarse de la devolución de créditos fiscales 

que no le correspondía, realizó un pago menor del IVA que debió pagarse en el periodo sujeto a verificación, motivo por el cual corresponde el pago de los tributos omitidos y los demás componentes de la deuda tributaria, ente ellos, la sanción por omisión de pago

Arguyó que debe considerarse que el cobro de los valores CEDEIMs el 12 de enero de 2015 y la restitución automática del mantenimiento de valor del Crédito Fiscal comprometido en la cuenta de la empresa recurrente, interrumpieron el cómputo de prescripción bajo la figura de reconocimiento tácito de la existencia de obligación tributaria pendiente con el SIN, correspondiendo la restitución del cómputo desde el 1 de febrero de 2015. Agregó que el 7 de abril de 2017, el sujeto pasivo fue notificado con la Orden de Verificación N° 15990200147, suspendiendo el transcurso de la prescripción por 6 meses. Agregó que en el desarrollo de la prescripción entraron en vigencia las Leyes 291, 317 y 812 que derogaron toda normativa contraria, por lo que, hasta la interposición del Recurso de Alzada el 23 de julio de 2021, no operó la prescripción de la facultad de determinación, ya que no trascurrieron los 8 años previstos en la Ley 2492 en actual vigencia. 

Indicó que la Resolución impugnada fue emitida dentro del plazo, resultando inaplicable la solicitud de prescripción, debido a que en aplicación estricta de la Ley 2492 en actual vigencia y ante la interrupción del instituto jurídico analizado por parte del sujeto pasivo al cobrar los valores CEDEIM, así como la suspensión de la prescripción por la notificación de la Orden de Verificación y la interposición del Recurso de Alzada, arguyó que entraron en vigencia las Leyes 291, 317 y 812 modificando la Ley 2492, resultando falso que el periodo abril de 2012 se encuentra prescrito. 

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Sostuvo que al momento de la solicitud de prescripción, ya se encontraban vigentes las modificaciones realizadas por las Leyes 291, 317 y 812 a la Ley 2492 que modificaron el cómputo de la prescripción en 8 años, por lo que no corresponde aplicar un término de 4 años establecido en la Ley 2492 sin modificaciones; adicionalmente el sujeto pasivo pretende desconocer la suspensión de la prescripción 

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acontecida con la notificación de la Orden de Verificación y la interrupción con la entrega de los valores CEDEIM, sin sustentar legalmente su pretensión, toda vez que no refiere la normativa que le otorga la facultad de ignorar la interrupción y la suspensión del instituto jurídico analizado, reconocidas por los artículos 61 y 62 de la Ley 2492; debiendo considerar que de acuerdo a la teoría de los derechos adquiridos, el derecho no perfeccionado es susceptible de afectación por una modificación legal. 

Refirió que la Sentencia 52 de 28 de junio de 2016, sustento del Recurso de Alzada, analizó la prescripción del IPBI de la gestión 2008, tratándose de materia municipal que no incorporó la entrada en vigencia de la Ley 812; por lo que afirmó, que no es aplicable en la presente causa. Por otra parte, indicó que la parte recurrente no 

presentó impugnación contra la determinación del Crédito fiscal insuficiente expuesta en la Resolución impugnada y al no ser objeto de reclamo sostuvo que no corresponde su análisis. 

Por lo expuesto, solicitó confirmar la Resolución Administrativa de Devolución Indebida Posterior N° 212139000011 de 25 de junio de 2021. 

II.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba El 19 de agosto de 2021, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Apertura Término de Prueba EXPEDIENTE ARIT CBA0177/2021, disponiendo iniciar el término probatorio de 20 días comunes y perentorios para ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 218 del Código Tributario Boliviano (fojas 81 del expediente administrativo). 

El 9 de septiembre de 2021, Rosmery Villacorta Guzmán en representación de la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, presentó memorial ante esta instancia recursiva, a objeto de ratificar el memorial de respuesta al Recurso de Alzada y la documentación acompañada en 

calidad de prueba pre constituida (fojas 83 del expediente administrativo). 

El 9 de septiembre de 2021, el representante de la empresa TANNERY AMÉRICA S.A., ratificó en calidad de prueba toda la documentación presentada ante la

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Administración Tributaria y aquella acompañada al Recurso de Alzada (fojas 86 del expediente administrativo). 

11.5. Alegatos El 28 de septiembre de 2021, la parte recurrente mediante memorial, formuló alegatos reiterando la omisión incurrida del acto impugnado, no habiendo realizado adecuada fundamentación de los motivos de la depuración del Crédito Fiscal; hizo hincapié asimismo en que el acto impugnado no realizo una adecuada determinación del método utilizado para la determinación de tributos. Manifestó también la improcedencia de los reparos establecidos por una supuesta devolución indebida, añadiendo los aspectos de la improcedencia de la multa por la contravención tributaria de omisión de pago, reiterando los aspectos sostenidos sobre la prescripción formulada. Por ultimo reitero su solicitud de declaratoria de revocatoria total de la Resolución recurrida (fojas 89-96 de antecedentes administrativos)

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El 4 de octubre de 2021, la Administración Tributaria presentó memorial de alegatos, señalando que demostró que resulta falso la falta de fundamentación agraviada; que de conformidad al Auto Supremo N° 053 y la Sentencia Constitucional N° 731/2010 R, la nulidad planteada no obedece a los principios de especificidad, protección y convalidación; que el Recurso de Alzada resulta contradictorio, debido a que refiere » que el acto impugnado no tiene una adecuada fundamentación para posteriormente indicar una falta de fundamentación; que el SIN valoró la documentación presentada, la información en su poder y la recabada de terceros; que existió conocimiento sobre base cierta de las transacciones realizadas; que en busca de la verdad material, fue solicitada documentación; que el sujeto pasivo no explicó la forma en que la documentación adjunta a la solicitud, demuestra la materialización y vinculación de la transacción, siendo que la documentación contable no identifica sus respaldos, no presenta registros ylo documentos suficientes

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De forma complementaria explicó que el pago de las facturas fue realizado a una tercera persona; que la Ley 3249 establece que la actividad de transporte internacional está sujeto a tasa cero en el IVA; que someterse al despacho aduanero y recibir el levante no implica que la Aduana Nacional verificó los requisitos de validez del crédito fiscal; que corresponde la tipificación de la conducta como omisión de 

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II 

pago; que el cobro de valores CEDEIM y la restitución automática del mantenimiento de valor, interrumpieron el cómputo de la prescripción, al reconocer la existencia de una obligación pendiente con el SIN; que la notificación con la Orden de Verificación, 

suspendió el cómputo de la prescripción por seis meses, que en el transcurso de la prescripción, entraron en vigencia las Leyes 291, 317 y 812, por lo que resultaría falso que el periodo sujeto a verificación se encontré prescrito; y que el recurrente no impugnó la determinación del crédito fiscal insuficiente, consecuentemente no amerita analizar dicho aspecto al ser aceptado tácitamente por el sujeto pasivo (fojas 

99-101 del expediente administrativo). 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA El 28 de diciembre de 2016, la Administración Tributaria emitió Orden de Verificación N° 15990200147 a efecto de realizar la verificación posterior del importe solicitado por la empresa TANNERY AMÉRICA S.A., correspondiente al IVA, ICE y formalidades del GA del periodo abril de 2012. Acto notificado al representante de la nombrada empresa, el 7 de abril de 2017 (fojas 4 de antecedentes administrativos). 

El 5 de abril 2017, el Servicio de Impuestos Nacionales emitió el Requerimiento No 128202, solicitando al sujeto pasivo documentación correspondiente al periodo abril 2012; asimismo, mediante anexo adjunto, amplió la solicitud de documentación. Acto notificado el 7 de abril de 2017 (fojas 5-7 de antecedentes administrativos). 

El 27 de abril de 2017, el representante legal de la empresa TANNERY AMÉRICA S.A., mediante nota presentó parcialmente la documentación requerida por la Administración Tributaria; presentación ampliada mediante nota de 18 de julio de 2019 (fojas 23-25 y 30-31 de antecedentes administrativos). 

El 31 de diciembre de 2019, el Servicio de Impuestos Nacionales emitió el Informe CITE: SIN/GGCBBA/DF/UVE/INF/00242/2019, concluyendo que como resultado de la Verificación Posterior CEDEIM realizada a través de la Orden de Verificación No 

15990200147, determinó un importe indebidamente devuelto por concepto del 

Impuesto al Valor Agregado y un importe por concepto de Mantenimiento de Valor restituido automáticamente correspondiente al Crédito Fiscal IVA de lo indebidamente devuelto; por lo que recomendó la emisión de la Resolución Administrativa conforme 

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a lo previsto en el artículo 128 de la Ley 2492 concordante con el artículo 13 de la Resolución Normativa de Directorio 10-0032-16 (fojas 1824-1842 de antecedentes administrativos). 

El 25 de junio de 2021, la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Resolución Administrativa de Devolución Indebida Posterior N° 212139000011, que estableció como importe indebidamente devuelto a TANNERY AMÉRICA S.A., la suma de UFVs 148.780, por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y mantenimiento de valor restituido automáticamente, que fue 

debidamente devuelto mediante valores CEDEIMs, correspondiente al periodo abril 2012, importe que debe ser restituido a favor del Fisco. Al efecto, conminó al pago de la deuda tributaria de UFVs 196.259, monto que comprende el importe indebidamente devuelto del IVA actualizado e intereses del periodo señalado. Adicionalmente, instruyó el inicio del procedimiento sancionador contra la empresa, emergente de la obtención indebida de Valores Fiscales IVA por el importe de UFVs 146.780, por concepto de contravención de Omisión de Pago. Acto notificado mediante cédula al representante legal de la nombrada empresa, el 6 de julio de 2021 (fojas 18521869 y 1872 de antecedentes administrativos). 

  1. 4

.. 

– 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA En consideración a lo dispuesto en el parágrafo I del artículo 211 del Código Tributario Boliviano, corresponde enfatizar que la empresa TANNERY AMÉRICA S.A., planteó ante esta instancia recursiva, argumentos de forma y fondo contra la Resolución Administrativa de Devolución Indebida Posterior; en lo que respecta a los aspectos formales del citado acto, fueron identificados los siguientes reclamos: 1. Falta de fundamentación en la depuración de las facturas observadas y 2. Inexistencia de causa y motivación en la aplicación de Base Cierta. En cuanto al fondo de la determinación, la empresa recurrente argumentó: 3. La documentación presentada desvirtúa las observaciones y en consecuencia no corresponde la sanción por Omisión de Pago; y 4. Prescripción de las facultades de verificación, determinación e imposición de sanciones de la Administración Tributaria. 

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Lo expuesto precedentemente, deja en evidencia que la parte recurrente trajo a colación para el análisis técnico jurídico, aspectos de forma y fondo enfocados al acto 

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administrativo impugnado; destacando por su importancia el análisis de la prescripción, aspecto relevante en el presente Recurso de Alzada por la consecuencia que generaría su configuración, esto en consideración a que conforme a la “Sección VII: FORMAS DE EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN” del Capítulo III del Título I de la Ley 2492, la prescripción constituye una forma de extinción de la obligación tributaria y su configuración deriva en que el objeto del proceso también quede extinguido; por ello, si bien es oportuno que de forma inicial se proceda con la atención y análisis de los vicios procesales denunciados, no es menos cierto, que una eventual decisión de anulación fundada en presuntos vicios de forma en el acto objeto de impugnación, 

derivaría únicamente en la dilación de evaluación de la configuración de la prescripción y por ende una lesión a la garantía del debido proceso. 

Al efecto, cabe tener presente la Sentencia Constitucional Plurinacional 1131/2015 S1 de 6 de noviembre, que dispuso: “En su análisis, las autoridades demandadas, 

debieron tener presente que los errores e inobservancias del procedimiento, serán 

calificados como lesivos al debido proceso y, consiguientemente anulables, sólo en aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, de manera tal que de no haberse producido dicho defecto el resultado sería otro; pues no tendría 

sentido jurídico alguno anular los actos procesales y disponer se subsanen los defectos procedimentales en los que habría incurrido, cuando al final de ellos se arribara a los mismos resultados a los que ya se arribó mediante el acto, pues en éste último caso se produciría un resultado adverso al sentido y esencia de la garantía del debido proceso, ya que simplemente demoraría la sustanciación del proceso judicial para llegar a un mismo resultado. Es así que, surge la obligación de demostrar objetivamente la vulneración de derechos fundamentales para disponerse la nulidad de actos procesales, pues exacerbar privilegios o garantías constitucionales en una incorrecta aplicación, daña el supremo interés u orden público afectando la seguridad del cuerpo social”. (El resaltado es propio). 

Adicionalmente es pertinente citar la Sentencia Constitucional Plurinacional 0185/2014-S3 de 24 de noviembre de 2014, que indicó: “Respecto a la interrelación de los principios descritos, la SC 0178/2011-R de 11 de marzo, refirió: “Los principios de economía procesal y celeridad se encuentran intimamente relacionados, pues,

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través del primero se busca la celeridad en la solución de los litigios para impartir pronta y cumplida justicia. En ese sentido, la SC 0400/2005-R de 19 de abril, señaló que el ...principio de economía procesal que tiene como objeto evitar que el trabajo del juez se vea duplicado y que el proceso sea más rápido, consiste, principalmente, en conseguir el mayor resultado con el mínimo de actividad de la administración de justicia. Con la aplicación de este principio, se busca la celeridad en la solución de los litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia…‘ En el mismo sentido se pronunció, la SC 0803/2005-R de 19 de julio”. (El resaltado es propio). 

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  1. 4

” 

En ese orden de ideas, esta instancia recursiva advirtió que el periodo abril de 2012, verificado dentro de un procedimiento de devolución impositiva, genera la posibilidad de que las facultades de la Administración Tributaria para verificar e imponer sanciones pudieran encontrarse prescritas; por cuya consecuencia, con carácter previo al análisis de los aspectos de forma denunciados, en estricta aplicación del principio de economía, simplicidad y celeridad, previsto en el inciso k) artículo 4 de la Ley 2341, aplicable en materia tributaria conforme el artículo 201 del Código Tributario Boliviano, así como la amplia jurisprudencia referida a la garantía del plazo razonable en materia administrativa, en razón de que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantias dentro de un plazo razonable, expuesta en la Sentencias Constitucional Plurinacional 0116/2020-S4 de 17 de julio y considerando además el precedente tributario contenido en la Resolución de Recurso Jerárquico AGITRJ 0511/2012 de 09 de julio de 2012, merecerá en principio el análisis del instituto de la prescripción incoada y en caso de no haberse configurado para el presente caso, corresponderá la revisión de los vicios procesales denunciados; reiterando, siempre con el objeto de evitar dilaciones innecesarias. 

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Asimismo y con el propósito de dejar sentado la relevancia de atender el reclamo sobre prescripción de forma previa a los agravios formulados por la parte recurrente identificados en párrafos anteriores; resulta pertinente hacer alusión también a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0035/2016 de 18 de enero de 2016, que a la letra señaló: De lo expuesto, se evidencia que pese a que el contribuyente en su Recurso de Alzada, planteó expresamente la prescripción (…) sin considerar que de verificarse que operó la prescripción, conforme al Principio de Economía, Simplicidad 

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Raúl Estar Rivas Camacho 

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y Celeridad, contemplado en el Artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA) -aplicable en virtud al Artículo 74, Numeral 1 de la Ley N° 2492 (CTB)-, la instancia de Alzada debió haberse pronunciado sobre prescripción, ya que de verificarse ésta, sería innecesario retrotraer actuados hasta la Administración Tributaria pues la deuda tributaria determinada estaría extinguida (...)” 

IV.1. Prescripción de las facultades de verificación, determinación e imposición de sanciones de la Administración Tributaria La empresa TANNERY AMÉRICA S.A., argumentó que la Administración Tributaria procedió con un trabajo de verificación y determinación de una supuesta devolución indebida, cuando transcurrieron más de 9 años de haberse generado la solicitud de devolución impositiva, viéndose superados los 4 años establecidos en Ley para el ejercicio de la facultad de verificación, determinación, sanción y cobro; operando la prescripción extintiva de las citadas facultades. Citó como sustento el contenido de la Sentencia 52 de 28 de junio de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, para denotar que la Administración Tributaria no puede pretender el cobro de una supuesta devolución indebida y corresponde la declaración de prescripción de las facultades de verificación, determinación, sanción y cobro del SIN. 

A contrario sensu, la Administración Tributaria recurrida respondió señalando que el cobro de los valores CEDEIMs el 12 de enero de 2015 y la restitución automática del mantenimiento de valor del Crédito Fiscal comprometido, interrumpieron el cómputo de prescripción bajo la figura de reconocimiento tácito de la existencia de obligación tributaria pendiente con el SIN; además que el 7 de abril de 2017, el sujeto pasivo fue notificado con la Orden de Verificación No 15990200147, suspendiendo el transcurso de la prescripción por 6 meses. 

.

Sostuvo que al momento de la solicitud de prescripción, ya se encontraban vigentes las Leyes 291, 317 y 812 que modificaron la Ley 2492 en cuanto al cómputo del referido instituto en 8 años; por lo que no corresponde aplicar el término de 4 años establecido en la Ley 2492 sin modificaciones, debiendo considerar que de acuerdo a la teoría de los derechos adquiridos, el derecho no perfeccionado es susceptible de afectación por una modificación legal. Adicionalmente, refirió que la Sentencia 52 de 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

28 de junio de 2016, analizó la prescripción del IPBI de la gestión 2008, tratándose de materia municipal que no incorporó la entrada en vigencia de la Ley 812, por lo que afirmó que no es aplicable en la presente causa. 

Expuestas las posiciones de las partes procesales, en principio, cabe citar la doctrina que entiende a la prescripción como: La caducidad de los derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos legales para su posible ejercicio“; asimismo, debe tomarse en cuenta que la prescripción responde a los principios de certeza y seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento jurídico (Ossorio, Manuel. Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales. Pág. 601) (García Vizcaino. Catalina. Derecho Tributario. Tomo I). 

José María Martin señala que: “La prescripción es generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla(MARTIN José María, Derecho Tributario General, 28 edición, Pág. 189). Asimismo, el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual establece que la prescripción de las obligaciones no reclamadas durante cierto tiempo por el acreedor o incumplidas por el deudor frente a la ignorancia o pasividad prolongadas del titular del crédito, tomándose las obligaciones inexigibles, por la prescripción de acciones que se produce (CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 24a edición. pág. 376). 

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De lo referido, incumbe encaminar la forma de análisis que realizará esta instancia recursiva para resolver la prescripción invocada; por cuanto, del memorial de respuesta al Recurso de Alzada, pudo advertirse que la Administración Tributaria, sustentó su argumento de rechazo a lo siguiente: 1) La aplicación de las 

modificaciones al Código Tributario Boliviano instituidas por las Leyes 291, 317 y 812

vulla y 2) La interrupción del cómputo de la prescripción bajo la figura de reconocimiento Raúl Eids Rivas Camachos 

tácito de la existencia de obligación tributaria en virtud del cobro de los valores 

CEDEIMs y la restitución automática del mantenimiento de valor del Crédito Fiscal EUR

comprometido. 

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Conforme a lo precisado con anterioridad, permite evidenciar que la resolución de la presente causa, involucra dejar establecido, no solo el cómputo del término de prescripción de las facultades del ente recaudador, sino también, exige que de forma previa se dilucide la normativa a ser aplicada para efectuar dicho 

cómputo, al existir una discordancia esgrimida por las partes procesales respecto a la irretroactividad de la norma; debiendo dejar sentado, que la finalidad de los recursos administrativos, entre ellos el presente Recurso de Alzada, tal como prevé el numeral 1 del artículo 200 del Código Tributario Boliviano, comprende el establecimiento de la verdad material sobre los hechos y en el caso que nos ocupa, implica el establecimiento del marco normativo correcto para el análisis del instituto jurídico reclamado por la empresa recurrente. 

De esta manera, aclarada la forma de análisis del presente Recurso de Alzada, resulta necesario explicar que la Constitución Política del Estado, es la norma jurídica suprema positiva que rige al Estado boliviano, de cumplimiento inexcusable y obligatorio, estableciendo en su Título IV, las garantias jurisdiccionales y acciones de defensa en favor de todas las personas, señalando de forma expresa en su artículo 123, que: La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y de los trabajadores, en materia penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos señalados por la Constitución”. 

Bajo ese entendido, se tiene que la irretroactividad de la Ley, se encuentra consagrada como una garantía constitucional en favor de los ciudadanos, que responde precisamente, no solo a la necesidad de otorgar seguridad jurídica al administrado en su relación jurídica con el Estado, sino que también tiene la finalidad de otorgar estabilidad al ordenamiento jurídico; es decir, promover la certeza y confianza en las personas, quienes conocedoras de las disposiciones, adecuan sus acciones a los derechos y deberes que tienen con el Estado. Por tanto, lo dispuesto en el artículo 123 de la Constitución Política del Estado, reviste de importancia y trascendencia a las actuaciones que realiza el Estado a través de 

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III II 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

sus distintas entidades (entre las que se encuentran las Administraciones Tributarias); pues debe tenerse presente, que la irretroactividad de la Ley -como se indicó constituye una garantía constitucional otorgada exclusivamente en favor de las personas. 

A ello, debe sumarse que en el ámbito tributario, el artículo 150 de la Ley 2492, sala que las normas tributarias, no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable. 

También la Autoridad General de Impugnación Tributaria, a través de las Resoluciones de Recursos Jerárquicos AGIT-RJ 0308/2021 y AGIT-RJ 0210/2021 – entre otras– estableció que el Tribunal Constitucional Plurinacional en virtud de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0012/2019-S2, fundamentalmente determinó tres aspectos respecto al instituto de la prescripción, siendo estos: “1) (…) al pronunciarse (el Tribunal Constitucional Plurinacional) sobre la irretroactividad de la Ley y el plazo de prescripción y la forma de aplicación de dicho instituto en el tiempo, estableció los criterios vinculantes al efecto; 2) (…) la norma vigente al momento del inicio del cómputo del plazo de prescripción, es la norma con la que debe efectuarse el mismo, aun si de forma posterior dicho plazo hubiera cambiado pues se entiende que la nueva norma regula para lo venidero y no para hechos pasados; 3) (…) una norma reciente no puede afectar a plazos de prescripción que empezaron a computarse en vigencia de una norma anterior”. 

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Aita CBSA 

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Asimismo, las referidas Resoluciones de Recurso Jerárquico establecieron como precedente que: “conforme lo establecido por el TCP (…) la Ley aplicable es aquella vigente a momento del inicio del cómputo de prescripción, aun si de forma posterior dicho plazo hubiera sido cambiado, pues se entiende que la nueva norma 

regula para lo venidero y no para la comisión de contravenciones (hechos) COE INFÜGhiacios pasados”. 

Raúl Eizare Rivas Qmacho 

VoBo De esta manera, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0012/2019-S2 resulta 

aplicable, al ser evidente su analogía con el caso objeto de Recurso de Alzada, por 

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cuanto al igual que en la presente impugnación, el referido fallo realizó un análisis de la aplicación de la norma en el tiempo, dejando claramente establecido que para el análisis de la prescripción, no es posible aplicar las modificaciones realizadas al artículo 59 de la Ley 2492 de forma retroactiva, de modo tal que la norma a ser utilizada en el cómputo del instituto analizado, es aquella vigente al inicio del término de la prescripción. 

Adicionalmente, corresponde aclarar a la Administración Tributaria que en cumplimiento al principio de sometimiento pleno a la Ley, debe considerar lo dispuesto en los artículos 123 de la Constitución Política del Estado y 150 de la Ley 2492, no siendo admisible la aplicación retroactiva de las normas, conforme a lo ampliamente analizado hasta este punto y en cumplimiento estricto del entendimiento desarrollado en la ratio decidendi de la citada Sentencia Constitucional Plurinacional 0012/2019 S2. 

De forma complementaria, indicar que la Administración Tributaria argumentó la aplicación de las modificaciones realizadas al Código Tributario Boliviano, a través de la Leyes 291, 317 y 812, afirmando que el derecho no perfeccionado es susceptible de afectación por una modificación legal; extremo que responde a la doctrina de los derechos adquiridos y expectativos, que no puede ser aplicable al presente caso, por cuanto una doctrina o teoría no puede contraponerse a lo dispuesto en los artículos 123 de la Constitución Política del Estado y 150 de la Ley 2492, que establecen de forma clara y contundente la imposibilidad de aplicar una norma de reciente entrada en vigencia a hechos pasados; no resultando admisible la modificación de un término de prescripción que inició con un marco normativo establecido, aún si este no concluyó; no pudiendo la Administración Tributaria pretender aplicar a criterio propio, las modificaciones realizadas al artículo 59 de la Ley 2492, cuando las mismas se sujetan a la garantía de la irretroactividad de la norma

Por otra parte, resulta necesario señalar que la aplicación retroactiva de la norma es admisible solo en los casos establecidos en los artículos 123 de la Constitución Política del Estado y 150 de la Ley 2492, además cuando norman hechos meramente procedimentales y no sustantivos como es la prescripción; adicionalmente, la irretroactividad de las disposiciones legales en general es parte del principio de 

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legalidad y es que no se puede pedir el cumplimiento de disposición legal alguna, en tanto, no se encuentre legalmente en vigencia; aspecto que fue ampliamente desarrollado de forma precedente. 

Ahora bien, a efecto de establecer la normativa a ser aplicada para el análisis de la prescripción en el presente recurso administrativo, resulta necesario considerar de forma previa, el artículo 60 de la Ley 2492 que establece, que el cómputo de la prescripción de las facultades para verificar, determinar deuda tributaria e imponer sanciones administrativas, inicia el primer día del año siguiente del vencimiento de pago y de la comisión de la contravención, sin que medie excepción alguna en virtud al carácter de la verificación que pueda desarrollar la entidad recurrida, en el caso que nos ocupa una “Verificación Posterior CEDEIMs”. 

De esta manera, en el presente caso, para el impuesto IVA del periodo abril de 2012, cuyo vencimiento de pago se produjo en la misma gestión 2012, el cómputo de la prescripción de las facultades para verificar, determinar deuda tributaria e imponer sanciones administrativas inició el 1 de enero de 2013; razonamiento concordante con lo expuesto en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0156/2021 de 1 de febrero de 2021; en cuyo apartado xxi, consideró para el cómputo de la prescripción requerida, el vencimiento de los periodos incluidos en el alcance de la verificación llevada a cabo por el Servicio de Impuestos Nacionales. 

Por lo expuesto, se infiere que en el presente caso, corresponde aplicar para el periodo abril de la gestión 2012, las modificaciones al Código Tributario Boliviano establecidas en las Leyes 291 y 317, toda vez que éstas se encontraban en vigencia al momento del inicio del cómputo de prescripción del citado periodo; análisis que tiene concordancia con las Resoluciones de Recursos Jerárquicos mencionadas en párrafos anteriores; por lo que el argumento de la Administración Tributaria en cuanto a la aplicación retroactiva de la Ley 812, carece de asidero legal. 

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He Asimismo, es necesario hacer notar que a través de las Disposiciones Adicionales Raúl Einarh Rivas demacho Quinta y Sexta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, fueron modificados los 

artículos 59 y 60 de la Ley 2492, quedando redactados de la siguiente manera: “). Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la 

D.E.RU 

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gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaría. 3. Imponer sanciones administrativas. El período de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias, cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año” (El resaltado es añadido). 

Posteriormente, la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, mediante su Disposición Derogatoria Primera, estableció: “Se deroga el último párrafo del Parágrafo I, del Artículo 59 de la Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 291, de 22 de septiembre de 2012”. En tanto, que a través de la Disposición Adicional Décimo Segunda, modificó el artículo 60 de la Ley 2492, por el siguiente texto: “). Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo I del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo (...)” (el resaltado es añadido). 

En ese entendido, manteniendo el orden progresivo para el cómputo de prescripción de las facultades de verificación, determinación e imposición de sanciones administrativas del sujeto activo, referidas al IVA del periodo abril de 2012; y tomando en cuenta que la fecha de vencimiento de pago de la obligación analizada se produjo en la misma gestión 2012, el artículo 59 de la Ley 2492 modificados por las Leyes 291 y 317, estableció que las acciones de la entidad recaudadora prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012; análisis concordante con lo establecido en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0308/2021 de 1 de marzo de 2021; por cuanto el cómputo de prescripción para las referidas gestiones, 

quedó configurado de la siguiente manera: 

Periodo IVA 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Lo expuesto en el cuadro precedente, permite advertir que el término de prescripción para las facultades de verificación, determinación e imposición de sanciones administrativas del Servicio de Impuestos Nacionales, relativa al IVA del periodo abril 2012, inició el 1 de enero de 2013 y concluyó el 31 de diciembre de 2016. 

Ahora bien, la entidad recurrida en los argumentos de respuesta al Recurso de Alzada, sostuvo como causal de interrupción de la figura jurídica analizada, el cobro de los valores CEDEIMs de 12 de enero de 2015, bajo la figura de reconocimiento tácito de la existencia de obligación tributaria pendiente con el SIN; al respecto, corresponde dejar establecido que conforme a lo expresamente dispuesto en el artículo 61 de la Ley 2492, entre las causales de interrupción del cómputo de prescripción, efectivamente está considerado el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo. 

No obstante, el cobro de valores CEDEIMs referido previamente por la entidad recurrida, no puede ser considerado como un reconocimiento tácito de la obligación tributária; porque hasta ese momento no existió obligación que pueda ser reconocida por parte de la empresa recurrente, debiendo destacar que en virtud del artículo 128 de la Ley 2492, en el caso de “Restitución de lo Indebidamente Devuelto”, es la Administración Tributaria que al evidenciar una devolución indebida o carente de documentación de respaldo, debe establecer el monto indebidamente devuelto mediante la emisión de una Resolución Administrativa; hecho que aconteció en el proceso objeto de revisión, recién el 25 de junio de 2021; por lo expuesto, queda establecida la inexistencia de los efectos interruptivos mencionados en el memorial 

de respuesta al Recurso de Alzada. 

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Por otra parte, la Administración Tributaria refirió como efecto suspensivo (6 meses) Fiyanda del cómputo de la prescripción, la notificación con la Orden de Verificación N° 

15990200147 de 28 de diciembre de 2016; cabe indicar que el curso de la 

prescripción será suspendido por las acciones dispuestas en el parágrafo I del artículo PALUCHT 

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62 de la Ley 2492, encontrándose únicamente la notificación del inicio de fiscalización 

2 de Raul pacholOrden de Fiscalización) y no asi con la notificación de la Orden de Verificación; en VoBo si considerando además que el legislador en atención al alcance integral y la 

complejidad de los procesos de fiscalización establece un lapso de seis (6) meses de 

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2 D.E.R. 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Av. Oquendo N° 381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012• www.ait.gob.boCochabamba, Bolivia 

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suspensión en el cómputo de prescripción, una vez notificado el sujeto pasivo con el inicio del proceso de fiscalización para que se efectúe el mismo; por lo que, no es aplicable a los procesos de verificación dentro de un procedimiento de devolución 

impositiva. 

El razonamiento expuesto precedentemente, resulta concordante con lo señalado por la Autoridad General de Impugnación Tributaria en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0080/2021 de 11 de enero de 2021, que a la letra sostuvo: “xvii. Cabe señalar además que, en una interpretación lógica y sistémica del Artículo 62, Parágrafo I del CTB, respecto al alcance de los procesos de fiscalización y verificación que marca su diferencia, se llega a una interpretación estricta de dicha normativa; vale decir, que la causal de suspensión del término de prescripción está integramente 

referida a la notificación con la Orden de Fiscalización, pues el legislador, en atención al alcance integral y complejidad de los procesos de fiscalización, estableció un lapso de seis (6) meses de suspensión en el cómputo de prescripción, una vez notificado el 

Contribuyente con el inicio del proceso de fiscalización para que se efectué el mismo; por lo que, no es aplicable a los procesos de verificación por ser puntuales y específicos”. 

Ahora bien, con relación a la Sentencia 52 de 28 de junio de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, corresponde manifestar 

puntualmente, que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 2492, las Sentencias emanadas por dicho Tribunal, no constituyen en fuentes de derecho tributario, aspecto que impide su consideración en el presente análisis. 

De todo lo analizado, corresponde hacer notar que de acuerdo a los antecedentes 

administrativos de la presente causa, se tiene que la Resolución Administrativa de Devolución Indebida Posterior No 212139000011, notificada el 6 de julio de 2021 

(fojas 1852-1869 y 1872 de antecedentes administrativos), conforme fue expuesto en el Recurso de Alzada, fue puesta a conocimiento formal de la empresa TANNERY AMÉRICA S.A., cuando las facultades de verificación, determinación de deuda tributaria para el IVA del periodo abril 2012, se encontraba prescrita al 31 de diciembre de 2016; razonamiento y conclusión que se funda estrictamente en el criterio asumido por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, concretamente 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

en el precedente tributario contenido en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0156/2021 de 1 de febrero de 2021. 

Asimismo, es importante hacer hincapié que el análisis de los aspectos de forma denunciados, relacionados a la falta de fundamentación, motivación y causa en el acto administrativo impugnado; y de fondo, relativo a la validez del Crédito Fiscal IVA objeto de devolución, carece de relevancia, al advertir la configuración de la prescripción de 

  • las facultades de la Administración Tributaria para verificar, determinar deuda tributaria 

e imponer sanciones administrativas; consecuentemente, aún fuesen evidentes los reclamos de forma y fondo planteados por la empresa recurrente, no corresponde ingresar a su análisis, puesto que dicha acción implicaría una dilación injustificada del proceso, cuando en el fondo, el Servicio de Impuestos Nacionales, después del 31 de diciembre de 2016, por configuración de la prescripción impositiva, no contaba con la facultad para verificar, determinar deuda tributaria e imponer sanciones respecto del IVA periodo abril de 2012

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Por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia de Alzada, revocar totalmente la Resolución Administrativa de Devolución Indebida Posterior No 212139000011 de 25 de junio de 2021, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, al encontrarse prescritas las facultades de verificación, determinación e imposición de sanciones administrativas, respecto del IVA del periodo abril 

gestión 2012 ! 

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El suscrito Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y artículo 141 del Decreto Supremo N° 29894 de 7 de febrero de 2009. 

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PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Administrativa de Devolución Raúl Einet Indebida Posterior N° 212139000011 de 25 de junio de 2021, emitida por la Gerencia voBo B’ Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, a

encontrarse prescritas las facultades de verificación, determinación e imposición de 

Rivas machos 

D.E.RO 

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sanciones administrativas, respecto del IVA del periodo abril de la gestión 2012; sea de conformidad al inciso a) parágrafo I del artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario Boliviano (CTB), será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley N° 2492 (CTB) y sea con nota de atención

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 de la Ley N° 2492 (CTB), el plazo para la 

interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computables a partir de su notificación. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

Raúl Einar Rivas Camacht DIRECTOR EJECUTIVO REGIONAL DIRECCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Autoridad Recional de Impugnación Tributaria Cuba 

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