ARIT-CBA-RA-0303-202 Facilidades de Pago Incumplidas, siguiente mes de haber cancelado el contribuyente la última cuota, adquirió la calidad de Título de Ejecución Tributaria iniciando el plazo de la prescripción; por tanto, aplicando la normativa vigente a la fecha, las facultades del SIN ya estaban prescritas.

ARIT-CBA-RA-0303-2020

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0303/2020 

Recurrente 

Petrona Femández

Administración recurrida 

Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por Marcelo Gonzales Yaksic

Acto impugnad

No 

Resolución 232039000052. 

Administrativa 

Expediente No

ARIT-CBA-019772020

– 

Lugar y fecha 

Cochabamba, 5 de noviembre de 

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.. 

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VISTOS:

El Recurso de Alzada,’el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-CBAVIT

de 5 de noviembre de 2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

— . 

– 

ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. La Resolución Administrativa N° 232039000052 de 3 de julio de 2020, que rechazó la oposición de ejecución tributaria por prescripción. Asimismo, dispuso la prosecución de las acciones de cobro y aplicaciones de medidas coactivas tendientes a la recuperación del crédito fiscal en favor del fisco. Acto notificado de forma personal, el 27 de julio de 2020 (fojas 435-437 y 438 de antecedentes administrativos)

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1NO CINTRIANO 

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SIRII. 

TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA. 11.1. Argumentos del Recurrente. 

Patrona Fernández, mediante memorial presentado el 17 de agosto de 2020 (fojas 5558 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

YORO 

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de la Cated Certificado N 17

Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvísa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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Administrativa N° 232039000052 de 3 de julio de 2020, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, manifestando lo siguiente

Que, según el Proveido de inicio de Ejecución Tributaria, la deuda tributaria tuvo su origen en el incumplimiento del plan de pagos otorgado mediante Resolución Administrativa de Facilidades de Pago N° 20-00023-10 de 2 de febrero de 2010, concedido en vigencia de la Resolución Normativa de Directorio 10-0004-09; por lo que ante el incumplimiento del mismo, la entidad recaudadora debió actuar conforme el numeral Ill del artículo 17 de la citada RND. 

Señaló que, la Administración Tributaria pretende iniciar la ejecución tributaria 9 años después de declarar el incumplimiento de las facilidades de pago, por lo que en sujeción del articulo 5 del Decreto Supremo 27310, corresponde la prescripción de la facultad de ejecución tributaria respecto a la Resolución Administrativa de Facilidades de Pago N° 20 00023-10. 

Manifestó que, el PIET 331939001554, deviene del incumplimiento de la sexta cuota del plan de pagos otorgado mediante Resolución Administrativa N° 20-00023-10 y que debió cumplirse en agosto de 2010, razón por la cual, el citado acto llegó a constituirse en Título de Ejecución Tributaria, de modo que el cómputo de prescripción inició en septiembre de 2010 y concluyó en septiembre de 2014, conforme lo prevé el artículo 59 de la Ley 2492, sin modificaciones: por ello, afirmó que la facultad para ejecutar la deuda tributaria de la entidad recaudadora a la fecha de la emisión del referido PIET, se encontraba prescrita, resultando ilegal la notificación del mismo

Alegó que, la Administración Tributaria, nunca mencionó que declaró el plan de pagos incumplido, menos hizo referencia a lo establecido por el artículo 17 de la Resolución Normativa de Directorio 10-0004-09, pese a la existencia de una nota que cursa en antecedentes que demuestra que hasta ese momento se estaba cumpliendo con la norma vigente; en tal sentido, argumento que el incumplimiento del plan de pagos, cual fuera el motivo, no impedía realizar pagos por las deudas incluidas en el plan y que dichos pagos tampoco impedían que el ente recaudador cumpla lo dispuesto en la norma reglamentaria. 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Sustentó que el argumento del sujeto activo, respecto a que el hecho generador fue producido el 22 de agosto de 2012 con el último pago y que tal actuación interrumpió el término de la prescripción comenzando nuevamente este en septiembre de 2012, en vigencia de la Ley 291, resulta aberrante y alejado de la norma. 

Expuso que, la Administración Tributaria afirmó que el PIET 331939001554, notificado el 27 de noviembre de 2019, resultó ser el Título de Ejecución Tributaria; aseveración ernea, puesto que el Título de Ejecución es la Resolución Administrativa que concedió el Plan de Facilidades de Pago, conforme lo establecen los artículos 108, parágrafo 1 numeral 8 de la Ley 2492 y 5 de la Resolución Normativa de Directorio 10-0004-09. Agregó que la entidad recaudadora realizó un penoso análisis en cuanto a la aplicación del artículo 59 de la Ley 2492 modificado por la Ley 812, pretendiendo aplicar dicha Ley a deudas del 2007. 

Indicó que la parte resolutiva segunda del acto impugnado, estableció la prosecución de las acciones de cobro y aplicación de medidas coactivas tendientes a la recuperación del importe adeudado, pretendiendo cobrar deudas inexistentes; en tal sentido, expuso que todo el proceso tuvo origen en la Orden de Fiscalización Parcial N° 0008OFE0044, que derivó en la vista de Cargo N° 0173/2009, que estableció el tributo omitido del IVA e IT qe los periodos de enero a junio de 2007traducido en UFVs 232.289, monto que debe computarse y calcularse incluyendo todos los pagos realizados por dicho concepto. 

— 

Precisó que antes de la solicitud del plan de pagos, realizó pagos a la citada Orden de Fiscalización y Vista de Cargo sobre el IVA de los periodos de enero a junio de 2007 en un total de UFVs 140.315 equivalentes a Bs20.037. 

Agregó que a cuenta del plan de pagos, efectuó el pago al tributo omitido y omisión de pago de los periodos enero a junio de 2007 en un total de UFVS 393,945 equivalentes a B$97.528.- direccionados al Formulario 8009 y a la Resolución Administrativa de Facilidades, por lo que asintió que el total cancelado asciende a UFVs 534.260, lo que significa que a la fecha del último pago, el tributo omitido en UFVs determinado en la Vista de Cargo fue cancelado en su totalidad, correspondiendo el saldo o diferencia a intereses y multas, detalle necesario para la aplicación del numeral III del artículo 2 de la Ley 1105

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Argumento que, la Ley 1105 fue promulgada el 28 de septiembre de 2018, fecha en la que el tributo omitido en UFVs determinado en la vista de Cargo N° 0173/2009, se encontraba cancelado en su totalidad, esto considerando que ante la imputación de pagos, lo primero 

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II 

que llega a pagarse es el tributo omitido actualizado expresado en UFVs y por tanto quedó liberada de cualquier saldo por intereses u omisión de pago, lo cual nunca fue considerado 

ni aplicado por la Administración Tributaria. 

Por los fundamentos expuestos, solicitó la prescripción de la facultad de ejecución tributaria referida a la Resolución Administrativa N° 232039000052 de 3 de julio de 2020, disponiendo la revocatoria total del citado acto y la nulidad del PIET N° 331939001554 de 13 de noviembre de 2019. Asimismo, peticionó la declaración de la inexistencia de deuda por aplicación de la Ley 1105, dejando sin efecto cualquier acción de aplicación de medidas coactivas, en relación al segundo punto del resuelve del acto impugnado

II.2. Auto de Admisión. El 20 de agosto de 2020, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba emitió el Auto de Admisión del Expediente ARIT-CBA-0197/2020, correspondiente al Recurso de Alzada interpuesto por Petrona Fernández, contra la Resolución Administrativa N° 232039000052 de 3 de julio de 2020, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (fojas 59 del expediente administrativo)

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria. La Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por Marcelo Gonzales Yaksic, conforme acredito con la Resolución Administrativa de Presidencia No 032000000760 de 31 de agosto de 2020 (fojas 62 del expediente administrativo), por memorial presentado el 9 de septiembre de 2020 (fojas 6367 del expediente administrativo), respondió el Recurso de Alzada con los siguientes fundamentos: 

Expuso que la Sentencia Constitucional 1169/2016-S3 de 26 de octubre, versa sobre la prescripción de la facultad para determinar la deuda tributaria y falta de pronunciamiento sobre la prescripción en materia aduanera, hechos que demuestran que el caso analizado, no resulta análogo y vinculante; por lo que aseguró que el acto impugnado cuenta con la debida fundamentación y motivación respecto a la inaplicabilidad de la prescripción

… 

.. 

Manifestó que la contribuyente solicitó acogerse a un plan de facilidades de pago que comprendia la Vista de Cargo con CITE SINGDC/DF/FENC/0173/2009 de 15 de octubre 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

de 2009, solicitud aceptada por el SIN mediante la emisión de la Resolución Administrativa de Facilidades de Pago N° 20-00023-10 de 2 de febrero de 2010; empero que ante el incumplimiento de dicho plan de facilidades de pago el 23 de agosto de 2010, la entidad recaudadora emitió el PIET N° 331939001554 de 13 de noviembre de 2019, notificado el 27 de noviembre de 2019. 

Indicó que la Resolución Administrativa de Facilidades de Pago N° 20-00023-10 de 2 de febrero de 2010, llegó a constituirse en el nuevo Título de Ejecución Tributaria que comprende la Vista de Cargo con CITE: SIN/GDC/DF/FENC/0173/2009 de 15 de octubre de 2009, conforme lo prevé el parágrafo I del artículo 108 de la Ley 2492, motivo por el que no corresponde analizar el origen de las deudas determinadas como hechos generadores, debido a que estos fueron reemplazados como Titulos de Ejecución por la referida Resolución Administrativa

i- i:”_ Refirió que resulta falso el cómputo de la prescripción realizado por la sujeto pasivo en su recurso impugnatorio; en razón a que a través del cuadro expuesto afirmó que realizó pagos parciales anteriores a la notificación del PIET 331939001554 que fueron efectuados desde el 28 de septiembre de 2010 al 22 de agosto de 2012, hecho que originó la interrupción de la prescripción según lo establece el articulo 61 de la Ley 2492; en tal sentido, afirmó que en vigencia de la Ley 2492 (sin modificaciones), no llegó a materializarse la prescripción

Alegó que desde el 23 de agosto de 2010 hasta la promulgación y vigencia de la Ley 291, no transcurrieron 4 años y tampoco llegó a materializarse la prescripción; por lo que aduce que debe considerarse la imprescriptibilidad de la facultad de ejecutar la deuda tributaria de la Administración Tributaria prevista por el artículo 59 de la Ley 2492 modificada por la citada Ley 291, motivo por el que no corresponde realizar un análisis respecto a la facultad de ejecución de la Resolución Administrativa de Facilidades de Pago N° 20-00023-10. 

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Amplió señalando que como consecuencia de los pagos voluntarios realizados por la sujeto pasivo, el cómputo de la prescripción se reinició el 1 de septiembre de 2012 y que en consideración a la Ley 291, se tiene que la facultad de ejecución tributaria no prescribe, aspecto que hace inviable la prescripción solicitada por el contribuyente a tiempo de presentar su nota de 2 de diciembre de 2019; por lo que señala que la emisión y notificación 

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del PIET 331939001554, se encuentra plenamente amparada en la Ley 2492 y facultades del Servicios de Impuestos Nacionales. 

Señaló que el acto impugnado, expuso que el 23 de agosto de 2010 fue emitido el CITE: SIN GDC/DRGE/FAP/NOT/1413/2010 de incumplimiento de plan de pagos, el cual determinó el incumplimiento a la Facilidad de Pagos No 20-00023-10 en la sexta cuota; aspecto que denota que las expresiones de la parte recurrente carecen de veracidad, en cuanto a una falta de mención sobre que el plan de pagos se declaró incumplido. Asimismo, agregó que no corresponde realizar mención de la Resolución Normativa de Directorio N°10-0004-09 de 2 de abril de 2009, en razón de que fue abrogada por la disposición única de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-000115 de 28 de enero de 2015, 

Aseguró que todos los pagos realizados por el contribuyente antes de incumplirse la Resolución Administrativa de Facilidades de Pago N° 20-00023-10, tienen que entenderse como pagos dentro el plan de pagos y que los realizados posteriormente al 23 de agosto de 2010, no se encuentran englobados dentro la citada Resolución Administrativa, por lo que aduce que deben considerarse como reconocimientos expresos de la obligación tributaria pendiente con el Servicio de Impuestos Nacionales. 

Precisó que la deuda tributaria no estaría cancelada en su totalidad, por lo que la pretensión del recurrente de asumir que el tributo omitido se encuentra cancelado, carece de sustento legal y fáctico; en razón de que, verificados los antecedentes de pago y el sistema de imputación de pagos, fue constatado que no corresponde la liberación de intereses, debido a que la recurrente no pagó la totalidad del Tributo Omitido; por lo que manifiesta que no corresponde la aplicación de la Ley 1105. Agregó que, el sujeto pasivo en conocimiento del estado de su proceso, debió poner en conocimiento de la Administración Tributaria su intención de acogerse a la citada Ley 1105, lo cual no sucedió

Señaló que los argumentos expuestos en el Recurso de Alzada resultan confusos y oscuros, puesto que de forma inicial la recurrente expuso que para computarse la prescripción de la facultad de ejecución tributaria no debe aplicarse la Ley 812 para deudas de la gestión 2007 y contrariamente señala la aplicación de la Ley 1105 ante la inexistencia de deuda tributaria; aspectos que evidencia una falta de claridad en su petición y 

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fundamentos. Asimismo, acotó que las alegaciones contradictorias expuestas por la parte recurrente impedirían ingresar a la instancia de Alzada a analizar el fondo del recurso, toda vez que no quedó claro, si el sujeto pasivo reconoció la existencia de la deuda tributaria para aplicar la prescripción o si no existe deuda tributaria alguna, evidenciando una falta de fundamento de hecho y derecho en el apoyo del recurso impugnatorio, máxime si no fijó con precisión su petición conforme lo prevé el inciso e) del artículo 198 del Código Tributario Boliviano. 

Por los fundamentos expuestos, peticionó confirmar la Resolución Administrativa No 232039000052 de 3 de julio de 2020. 

II.4. Apertura de término probatorio. El 10 de septiembre de 2020, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba emitió el Auto de Apertura Término de Prueba Expediente ARITCBA 0197/2020, disponiendo dar inicio al término probatorio de veinte días comunes y perentorios para ambas partes, en aplicación de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 218 del Código Tributario Boliviano (fojas 68 del expediente administrativo). 

El 2 de octubre de 2020, la sujeto pasivo mediante memorial ratificó que la facultad del SIN para iniciar la acción de ejecución tributaria por el incumplimiento al plan de pagos prescribió superabundantemente a la fecha de emisión y notificación del PIET, mismo que fue emitido nueve (9) años después del incumplimiento. Asimismo, ratificó todas las boletas de pago que adjuntó y cursan en antecedentes que demuestran el pago de todo el impuesto omitido actualizado en UFVs a efectos de la aplicación de la Ley 1105 de 28 de septiembre de 2018 (fojas 70-77 de antecedentes administrativos). 

El 6 de octubre de 2020, la Administración Tributaria recurrida, ratificó inextenso los argumentos planteados en su memorial de respuesta al Recurso de Alzada, así como de la prueba adjunta (fojas 80 del expediente administrativo)

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Caridad AT HOA TEATTHCATION 

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SANAC 

11.5. Alegatos. El 19 de octubre de 2020, la Administración Tributaria presentó alegatos reiterando de forma sucinta sus argumentos respecto a la inaplicabilidad de la Sentencia Constitucional N° 1169/2016-S3 de 26 de octubre, por no ser análoga al caso; la falta 

uto EN 

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Sistima de Gestion 

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de veracidad del argumento del sujeto pasivo respecto a la falta de aplicación de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0004-09; los efectos jurídicos de los pagos parciales y el reconocimiento expreso de la obligación tributaria; la aplicación de la Ley 1105; la oscuridad y la existencia de contradicción en los argumentos del recurso impugnatorio, peticionando al efecto, la confirmatoria del acto impugnado (fojas 83-84 del expediente administrativo). 

El 26 de octubre de 2020, Petrona Fernández presentó alegatos reiterando los argumentos expuestos en su Recurso de Alzada, relacionados a la prescripción de la facultad de ejecución de la Administración Tributaria y la aplicación de la Ley 1105 por haber cubierto el tributo omitido actualizado (fojas 8788 del expediente administrativo). 

ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

El 17 de abril de 2008, la Administración Tributaria emitió la Orden de Fiscalización No 0008OFE0044 (Form. 7504) a efecto de verificar el Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a la Transferencia de los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de la gestión 2007, del contribuyente Petrona Fernández. Acto notificado de forma personal, el 24 de abril de 2008 (fojas 2 de antecedentes administrativos). 

El 15 de octubre de 2009, emitió la Vista de Cargo N° SIN/GDC/DF/FENC/0173/2009, que liquido de manera preliminar la deuda tributaria en UFVS 439.907 equivalentes a Bs675.451, correspondiente al Tributo Omitido, intereses y sanción por concepto del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Transacciones, así como la Multa por Incumplimiento a Deberes Formales. Acto notificado de forma personal la sujeto pasivo, el 20 de octubre de 2009 (fojas 215-217 y 217 vta. de antecedentes administrativos). 

El 15 de enero de 2010, Petrona Fernández se apersonó ante la Administración Tributaria a objeto de suscribir el Formulario 8009 con Número de Orden 300113 de solicitud de facilidades de pago, por el monto total de deuda tributaria de B$343.578 abonando al efecto, la garantía de Bs73.010 (fojas 209 de antecedentes administrativos)

El 2 de febrero de 2010, la Administración Tributaria emitió la Resolución Administrativa de Facilidades de Pago 20-00023-10, que resolvió aceptar el Plan de Facilidades de Pago 

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para la cancelación de la Vista de Cargo N° SIN/GDC/DF/FENC/0173/2009 de 15 de octubre de 2009, respecto al IVA e IT de los periodos de enero a junio de 2007. Acto notificado en Secretaría el 10 de febrero de 2010 (fojas 229-231 y 231 vta. de antecedentes administrativos)

El 23 de agosto de 2010, emitió el CITE SIN/GDC/DGREFAP/NOT/1413/2010, señalando que la facilidad de pago otorgada a Petrona Fernández, mediante Resolución Administrativa N° 20-0002310 de 2 de febrero de 2010, fue incumplida, ante la falta de pago de la sexta cuota, que debió ser efectiva el 30 de julio de 2010, aduciendo al efecto, la procedencia de la ejecución tributaria de la Resolución Administrativa, en previsión del parágrafol del artículo 108 de la Ley 2492 (fojas 238-239 de antecedentes adřinistrativos). 

– 

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– 

El 13 de noviembre de 2019, emitió el Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria No 331939001554, la cual expuso al contribuyente que estando fime.y constituida en Título de Ejecución Tributaria la Resolución Administrativa de Facilidades de Pago N° 20-00023 10 de 2’de febrero de 2010, por la suma liquida y exigible de UFVS 31.958, dará inicio a la ejecucióntributaria del mencionado título al tercer día de su legal notificación. Acto notificado personalmente al sujeto pasivo, el 27 de noviembre de 2019 (fojas 426428 de antecedentes administrativos). 

El 2 de diciembre de 2019, Petrona Fernández se apersonó ante la entidad recaudadora solicitando, se deje sin efecto el PIET por prescripción de la facultad de ejecución tributaria conforme el articulo 59 de la Ley 2492, toda vez que hubiese transcurrido más de nueve años desde la fecha de incumplimiento del plan de pagos otorgado con la Resolución Administrativa de Facilidades de Pago N° 2000023-10 de 2 de febrero de 2010; además que, el sujeto activo debió actuar según lo dispuesto por el parágrafo Ill del artículo 17 de la Resolución Normativa de Directorio 10-0004-09 (fojas 429-430 de antecedentes administrativos). 

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calidad SENGA CIRÇALIOR 

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El 3 de julio de 2020, la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba emitió la Resolución Administrativa N° 232039000052 de 3 de julio de 2020, que rechazó la oposición de ejecución tributaria por prescripción planteada por Petrona Fernández. Asimismo, asimismo dispuso la prosecución de las acciones de cobro y aplicaciones de medidas coactivas tendientes a la recuperación del crédito fiscal en favor del fisco 

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Stormde Gestio

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CatticadaN771/14 

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adeudados por la referida contribuyente. Acto notificado de forma personal, el 27 de julio de 2020 (fojas 435-437 y 438 de antecedentes administrativos). 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

Conforme lo establece el parágrafo I del artículo 211 del Código Tributario Boliviano, esta instancia recursiva ingresará a resolver los reclamos efectuados por la parte recurrente, advirtiendo los siguientes agravios 1. Aplicación de la Ley 1105 por pago del tributo omitido; y 2. Prescripción de la facultad de ejecución tributaria. 

Por su parte, la Administración Tributaria al momento de responder al presente Recurso de Alzada, entre otros argumentos cuestionó la admisión del mismo, motivo por el cual de forma previa es necesario analizar dicha observación. 

IV.1. Admisión del Recurso Alzada. La Administración Tributaria indicó que, los argumentos expuestos en el Recurso de Alzada resultan confusos y oscuros, puesto que de forma inicial la recurrente expuso que para computarse la prescripción de la facultad de ejecución tributaria no debe aplicarse la Ley 812 para deudas de la gestión 2007 y contrariamente señala la aplicación de la Ley 1105 ante la inexistencia de deuda tributaria; aspectos que advierten una falta de claridad en su petición y fundamentos. 

Agregó que las alegaciones contradictorias expuestas por la parte recurrente impedirían ingresar a analizar el fondo del recurso, toda vez que no quedo claro, si el sujeto pasivo reconoció la existencia de la deuda tributaria para aplicar la prescripción, o si no existe deuda tributaria alguna, evidenciando una falta de fundamento de hecho y derecho en el que se apoya el Recurso de Alzada, máxime si no fijó con precisión su petición conforme lo prevé el inciso e) del artículo 198 del Código Tributario Boliviano

Expuesto el argumento del sujeto activo, corresponde indicar que el parágrafo I del artículo 198 del Código Tributario Boliviano, respecto a la forma interposición de los recursos, dispone que: “9. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, debiendo contener: a) Señalamiento especifico del recurso administrativo y de la autoridad ante la que se lo interpone. b) Nombre o razón social y domicilio del recurrente o de su representante legal con mandato legal expreso, acompañando el poder de representación que corresponda conforme a Ley y los 

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documentos respaldatorios de la personería del recurrente. c) Indicación de la autoridad que dictó el acto contra el que se recurre y el ejemplar original, copia o fotocopia del documento que contiene dicho acto. d) Detalle de los montos impugnados por tributo y por período o fecha, según corresponda, así como la discriminación de los componentes de la deuda tributaria consignados en el acto contra el que se recurre. e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide. 7) En el Recurso Jerárquico, señalar el domicilio para que se practique la notificación con la Resolución que lo resuelva. g) Lugar, fecha y fima del recurrente

El citado artículo en su parágrafo III, establece lo siguiente: “La omisión de cualquiera de los requisitos señalados en el presente Artículo o si el recurso fuese insuficiente ù oscuro determinará que la autoridad actuante, dentro del mismo plazo señalado en el parágrafo precedente, disponga su subsanación o’aclaración en el término improrrogable de cinco (5) dias, computables a partir de la notificación con la observación, que se realizará en Secretaria de la Superintendencia Tributaria General ó Regional Intendencia Departamental respectiva. Si el recurrente no subsanara la omisión u oscuridad dentro de dicho plazo, se declarará el rechazo del recurso. Siendo subsanada la’ omisión ‘u observación, se aplicará lo previsto en el parágrafo II de este Artículo”. 

De la compulsa del expediente administrativo, pudo advertirse que Petrona Fernández se apersonó ante esta instancia de Alzada el 17 de agosto de 2020, a objeto de presentar Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa N° 232039000052 de 3 de julio de 2020, exponiendo una descripción de los antecedentes del caso, así como los agravios ocasionados por el proceso desarrollado, argumentando de forma inicial que, la facilidad de pago otorgada mediante Resolución Administrativa N° 20-00023-10 fue incumplida y llegó a constituirse en Título de Ejecución Tributaria, cuyo cómputo de prescripción inició en septiembre de 2010 y concluyó en septiembre de 2014, conforme lo prevé el artículo 59 de la Ley 2492. Asimismo, indicó que la facultad para ejecutar la deuda tributaria de la entidad recaudadora a la fecha de la emisión del referido PIET, ya se encontraba prescrita, resultando ilegal la notificación del mismo. 

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También, argumentó que la parte resolutiva segunda del acto impugnado estableció la prosecución de las acciones de cobro y aplicación de medidas coactivas tendientes a la 

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recuperación del crédito fiscal, hecho que evidenció que el fisco pretende cobrar deudas inexistentes; puesto que, de forma anterior a la solicitud de plan de pagos y posterior al mismo, realizó pagos que ascienden a un total de UFVs 534.260, lo que significa que a la fecha del último pago, el tributo omitido en UFVs determinado en la vista de Cargo fue cancelado en su totalidad, correspondiendo el saldo o diferencia a intereses y multas, detalle necesario para la aplicación del numeral III del artículo 2 de la Ley 1105, por lo que señala que quedó liberado de cualquier saldo por intereses u omisión de pago, lo cual nunca fue considerado ni aplicado por la Administración Tributaria. 

La descripción realizada en párrafos previos, permitió advertir que la parte recurrente dejó claro que el acto administrativo emitido por el plan de facilidades de pago, debe ser considerado como Título de Ejecución Tributaria; asimismo, señaló cuál resulta ser la norma para el cómputo de la prescripción y manifiesto también respecto a la posibilidad de aplicación de la Ley 1105, ante el pago total del tributo omitido determinado por la Vista de Cargo N° SIN/GDC/DF/FENC/0173/2009 de 15 de octubre de 2009; extremo que contrario a lo argüido por la entidad recaudadora, denota que cada uno de los reclamos del administrado, resultan ser claros, e independientes, y que fueron interpuestos como un medio de defensa ante la determinación arriba por el sujeto activo en la resolución impugnada. 

De forma complementaria, cabe señalar que el hecho de que la recurrente exponga como agravios, la configuración de la prescripción de la facultad de ejecución y por otro lado la extinción de la obligación por aplicación de la Ley 1105, no resulta ser un aspecto oscuro o contradictorio, por cuanto dichas situaciones como se señaló precedentemente resultan 

aspectos independientes que de ninguna manera se contradicen

Bajo el contexto descrito precedentemente, cabe aclarar al ente recaudador que, la interposición del presente Recurso de Alzada, responde a la impugnación contra la Resolución Administrativa (acto impugnado), aspecto que denota el ejercicio del derecho del sujeto pasivo de impugnación previsto por el parágrafo II del artículo 180 de la Constitución Política del Estado, motivo por el cual la Administración Tributaria no puede pretender limitar la defensa del sujeto pasivo, argumentando la existencia de oscuridad o contradicción en los fundamentos de hecho y derecho plasmados en el recurso impugnatorio; máxime si tales aspectos ya fueron objeto de análisis por parte de esta instancia de Alzada, y previa revisión de los preceptos establecidos en el artículo 198 del

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Código Tributario Boliviano, emitió el Auto de Admisión de 20 de agosto de 2020 (fojas 59 de antecedentes administrativos). 

Adicionalmente, cabe indicar que conforme a lo dispuesto en el parágrafo I del artículo 211 del Código Tributario Boliviano, ésta instancia recursiva tiene el deber de emitir un pronunciamiento preciso y puntual de todas las cuestiones planteadas en el Recurso de Alzada, sobre los aspectos de fondo reclamados por el recurrente, ello en resguardo del debido proceso estipulado por el parágrafo II del artículo 115 de la Constitución Política del 

Estado. 

Consecuentemente, lo expuesto precedentemente permite advertir que el Recurso de Alzada interpuesto por Petrona Fernández cumplió con lo establecido en el inciso e) del parágrafo 1 del artículo 198 del Código Tributario Boliviano, no siendo confuso ù oscuro como alegó la Administración Tributaria, siendo que el ente fiscal comprendió todos los aspectos agraviados por la sujeto pasivo y la intensión de la impugnación, prueba de ello se tiene que en su memorial de respuesta al recurso, expuso contestaciones a los argumentos de la parte recurrente, correspondiendo en consecuencia desestimar lo señalado por el Servicio de impuestos Nacionales, siendo correcta la Admisión del presente recurso. 

Aclarado lo anterior, de acuerdo a los principios procesales y en resguardo del debido proceso y el derecho a la defensa de ambas partes, esta instancia recursiva procederá con el análisis de los agravios planteado por la parte recurrente, para determinar lo que en derecho corresponda. 

IV.2. Aplicación de la Ley 1105 por pago del tributo omitido. La parte recurrente, agravió que la parte resolutiva segunda del acto impugnado, estableció la prosecución de las acciones de cobro y aplicación de medidas coactivas tendientes a la recuperación del crédito fiscal, hecho que evidenció que la Administración Tributaria pretende cobrar deudas inexistentes; precisó que previo a la solicitud del plan de pagos, realizó pagos a la Orden de Fiscalización y Vista de Cargo sobre el IVA de los periodos de enero a junio de 2007 en un total de UFVS 140.315 equivalentes a Bs20.037. 

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Asimismo, refirió que a cuenta del plan de pagos, efectuó el pago al tributo omitido y omisión de pago de los periodos de enero a junio de 2007 en un total de UFVS 393,945 

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direccionados al Formulario 8009 y a la Resolución Administrativa de Facilidades de Pago, por lo que asintió que, el total cancelado asciende a UFVs 534.260, lo que significa que a la fecha del último pago, el tributo omitido en UFVs determinado en la vista de Cargo, fue cancelado en su totalidad, correspondiendo el saldo o diferencia a intereses y multas, detalle necesario para la aplicación del numeral III del artículo 2 de la Ley 1105

Finalmente, argumento que la Ley 1105 fue promulgada el 28 de septiembre de 2018, fecha en la que el tributo omitido en UFVs determinado en la vista de Cargo N° 0173/2009, ya se encontraba cancelado en su totalidad, esto considerando que ante la imputación de pagos, lo primero que llega a pagarse es el tributo omitido actualizado expresado en UFVs y por tanto quedó liberado de cualquier saldo por intereses u omisión de pago, lo cual nunca fue considerado ni aplicado por la Administración Tributaria. 

En contrapartida, la Administración Tributaria expuso que la deuda tributaria no está cancelada en su totalidad, por lo que la pretensión del recurrente de asumir que el tributo omitido se encuentra cancelado, carece de sustento legal y fáctico; esto en razón de que, verificados los antecedentes de pago y el sistema de imputación de pagos constató que no corresponde la liberación de intereses, debido a que la recurrente no pagó la totalidad del tributo omitido; por lo que aseguró que no corresponde la aplicación de la Ley 1105. Agregó que la sujeto pasivo- en comprensión del estado de su proceso, debió poner en conocimiento de la Administración Tributaria su intención de acogerse a la citada ley 1105, lo cual afirmó que no sucedió. 

Expuestas las pretensiones de las partes procesales, corresponde señalar que en relación a la exigencia del principio de congruencia en las Resoluciones de Alzada, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0593/2012 de 20 de julio, manifestó: “(…) toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo (...) Ricer puntualiza que: “La congruencia exige solamente correlación entre la decisión y los términos en que quedo oportunamente planteada la litis, comprende los siguientes aspectos: a) Resolución de todas las pretensiones oportunamente deducidas. b) Resolución nada más que de las pretensiones ejercitadas, o sea prohibido resolver pretensiones no ejercitadas. c) Aplicación de estas reglas a las cuestiones : 

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introducidas al debate por el demandado, ósea resolución de todas las cuestiones planteadas por el mismo y nada más que ellas” (Ricer, Abraham, “La congruencia en el proceso civil”, Revista de Estudios Procesales, No.5, pág. 15/26). 

Asimismo, cabe citar el parágrafo I del artículo 197 del Código Tributario Boliviano, señala el alcance de la competencia de la Superintendencia Tributaria (ahora Autoridad de Impugnación Tributaria), de la siguiente forma: “Los actos definitivos de alcance particular que se pretende impugnar mediante el Recurso de Alzada, deben haber sido emitidos por una entidad pública que cumple funciones de Administración Tributaria relativas a cualquier tributo nacional, departamental, municipal o universitario, sea impuesto, tasa, patente municipal o contribución especial, excepto las de seguridad social (…)”. 

Ahora bien, de la compulsa de los antecedentes administrativos se advierte de fojas 429 430, que cursa la nota de 2 de diciembre de 2019, presentada por la sujeto pasivo ante la Administración Tributaria, exponiendo lo siguiente: “4…) los pagos realizados en vigencia de la R.A. de Facilidades solo alcanzaron a cubrir hasta el periodo 02/2007, es decir que dicho plan de facilidades fue incumplido en el mes de agosto de 2010. Señor Gerente, a la fecha de la emisión del PIET señalado HẠN TRANSCURRIDO MAS DE NUEVE (9) AÑOS desde la fecha de incumplimiento del plan de pagos otorgado contra la R.A. FAP No. 20 00023-10,”10 cual implica que la facultad de ejecución tributaria de GRACO YA HA PRESCRITO” (fojas 429 de antecedentes administrativos). 

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La citada nota, continuó señalando: “(…) la supuesta deuda tributaria se hubiese originado en el incumplimiento del plan de pagos otorgado mediante Resolución Administrativa de Facilidades de Pago Nro. 20-00023-10 de fecha 02 de febrero de 2010 (…) dicho plan se otorgó en vigencia de la R.N.D. Nro. 10.0004.09 de 2 de abril de 2009 (...) Por tanto, si la Administración Tributaria estableció que se incumplió el plan de facilidades de pago, tenía que actuar conforme lo establecia el mismo artículo, en su numeral III (…) En consecuencia pido a su Autoridad se declare prescrita la facultada de ejecución tributaria respecto especificamente a la Resolución Administrativa de Facilidades de Pago Nro. 20-00023-10 (…)” (fojas 429 de antecedentes administrativos). 

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Finalmente, la referida nota, sostuvo que en aplicación de la Sentencia Constitucional Plurinacional 1169/2016-S3 de 26 de octubre, considerando que la Resolución 

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Administrativa de Facilidades de Pago, se constituyó en Título de Ejecución Tributaria al haberse incumplido en agosto de 2010, el cómputo de la prescripción inició en septiembre de 2010 y concluyó en septiembre de 2014; por lo tanto la emisión como la notificación del PIET resultan ilegales por haberse realizado fuera de tiempo (fojas 429-430 de antecedentes administrativos). 

Continuando, con la revisión de obrados del caso, pudo advertirse que la Resolución Administrativa impugnada, en sus Considerandosly II, precisó los argumentos expuestos por la contribuyente Petrona Fernández mediante Nota de 2 de diciembre de 2019 (señalados precedentemente). De forma posterior, señaló que: “La contribuyente hasta el 22/08/2012 continuó realizando pagos a la facilidad de pagos incumplido reconociendo con este acto tácitamente la existencia de la deuda tributaria, al haberse producido el hecho generador (...) Al realizar el último pago en el mes de agosto de 2012 se interrumpe el término de prescripción volviendo nuevamente a computarse a partir del mes siguiente, es decir septiembre de 2012, momento en el cual entro en vigencia la Ley 291 de fecha 22 de septiembre de 2012 (…) queda perfectamente claro que la facultad de ejecución tributaria no puede prescribir (…)” (fojas 436-437 de antecedentes administrativos). 

Seguidamente, el referido acto impugnado señaló: “…) la ejecución tributaria se inicia con la notificación del titulo de ejecución tributaria (…) Proveido de inicio de Ejecución Tributaria (PIET) No 331939001554 de 13/11/2019 (…) en el momento de la notificación del PIET se encontraba vigente la modificación al Art. 59 de la Ley 2492 por la Ley 812 (…) POR TANTO (…) PRIMERO: RECHAZAR la oposición a la ejecución tributaria por PRESCRIPCIÓN planteada por el contribuyente FERNANDEZ PETRONA (...)” (fojas 437 de antecedentes administrativos). 

Bajo el contexto descrito en párrafos precedentes, queda en evidencia que la parte recurrente en conocimiento pleno de la ejecución iniciada por la Administración Tributaria mediante el PIET 331939001554 notificado el 27 de noviembre de 2019, se apersonó ante la entidad recaudadora a objeto de presentar la nota de 2 de diciembre de 2019 solicitando únicamente la prescripción de la facultad de ejecución al amparo del articulo 59 de la Ley 2492; pues de la revisión exhaustiva de la citada nota, no pudo advertirse argumento respecto a los pagos direccionados según el sujeto pasivo al Formulario 8009 y la Resolución Administrativa de Facilidades de pago, menos 

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alegación alguna sobre la aplicación de la Ley 1105 ante el pago total del tributo omitido y liberación de intereses y omisión de pago, como ahora expone la administrada en su Recurso de Alzada y en su memorial presentado en término probatorio, reclamo que valga aclarar, la Administración Tributaria recién tuvo conocimiento una vez notificado con la impugnación realizada por Petrona Fernández. 

Lo referido previamente, resulta de vital importancia, puesto que esta instancia de Alzada se constituye en revisora de los actos administrativos definitivos emitidos por las Administraciones Tributarias, y su pronunciamiento debe estarenmarcado en los aspectos que resolvió el acto definitivo de carácter particular, en virtud al principio de congruencia; en ese entendido, siendo que la Resolución Administrativa No 232039000052 (acto impugnado) única y exclusivamente resolvió la prescripción de la facultad de ejecución de la Administración Tributaria y no así sobre la aplicación de la Ley 1105 ante pagos realizados por el sujeto pasivo, esta instancia recursiva se encuentra impedida de emitir algún criterio técnicojurídico respecto al reclamo, en particular, puesto que lo contrario significaría pronunciarse sobre situaciones no cuestionadas ante la entidad recaudadora recurrida y por consiguiente coartar el derecho del sujeto activo a emitir un pronunciamiento expreso en resguardo de sus interesés. — 

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A ello, debe sumarse el hecho de que toda resolución por principio general, debe sujetarse a los aspectos controvertidos y discutidos en este caso- ante la Administración Tributaria, toda vez que dentro los parámetros del principio de congruencia, exige que la resolución sea judicial o administrativa, el juzgador se encuentra prohibido de resolver pretensiones no ejercitadas en etapa previa a la impugnación, tal cual lo dispone la jurisprudencia de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0593/2012 de 20 de julio (expuesta en párrafos precedentes); en tal sentido, no corresponde a esta instancia administrativa emitir criterio respecto al punto en particular, por los argumento ut supra expuestos. 

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IV.3. Prescripción de la facultad de ejecución tributaria. La parte recurrente expuso que, según el PIET la deuda tributaria tuvo su origen en el incumplimiento del plan de pagos otorgado mediante Resolución Administrativa de Facilidades de Pago N° 20-00023-10 de 2 de febrero de 2010, concedido en vigencia de 

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la Resolución Normativa de Directorio 10000409 de 2 de abril de 2009; por lo que, ante el incumplimiento del mismo, la entidad recaudadora debió actuar conforme el numeral III del artículo 17 de la citada normativa. Agregó que la Administración Tributaria pretendió iniciar la ejecución tributaria 9 años después de declarar el incumplimiento, por lo que en sujeción del artículo 5 del Decreto Supremo 27310, planteó la correspondencia de prescripción de la facultad de ejecución tributaria, respecto a la Resolución Administrativa de Facilidades de Pago N° 20-00023-10. 

Amplió manifestando que, el PIET N° 331939001554 deviene del incumplimiento de la sexta cuota del plan de pagos otorgado mediante Resolución Administrativa N° 20-00023 10 y que debió cumplirse en agosto de 2010, razón por la cual, el citado acto llegó a constituirse en Título de Ejecución Tributaria, cuyo cómputo de prescripción inició en septiembre de 2010 y concluyó en septiembre de 2014, conforme lo prevé el articulo 59 de la Ley 2492 sin modificaciones; por ello, afirmó que la facultad para ejecutar la deuda tributaria de la entidad recaudadora a la fecha de la emisión del referido PIET, se encontraba prescrita, resultando ilegal la notificación del mismo. 

Alegó que la Administración Tributaria, nunca mencionó que declaro el plan de pagos incumplido, menos hizo referencia a lo establecido por el artículo 17 de la Resolución Normativa de Directorio 10-0004-09; en tal sentido, acotó que el incumplimiento del plan de facilidades, cual fuera el motivo, no impedía que pudiese hacer pagos por las deudas incluidas en el plan y que esos pagos tampoco impedían que el ente recaudador cumpla lo dispuesto por la norma reglamentaria. Sustento que el argumento del sujeto activo, respecto a que el hecho generador fue producido el 22 de agosto de 2012 con el último pago y que tal actuación interrumpió el término de la prescripción comenzando nuevamente a computarse en septiembre de 2012, en vigencia de la Ley 291, resulta aberrante y alejado de la norma

Finalmente, expuso que la Administración Tributaria, afirmó que el PIET N° 331939001554 notificado el 27 de noviembre de 2019, resultó ser el Título de Ejecución Tributaria; empero aseguró que tal aspecto es erróneo, puesto que el Título de Ejecución es la Resolución Administrativa que concedió el Plan de Facilidades de Pago conforme lo establece el numeral 8 del parágrafo I del artículo 108 de la Ley 2492 y el artículo 5 de la Resolución Normativa de Directorio 10-0004-09. Agregó, que la entidad recaudadora realizó un 

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penoso análisis, pues señaló la aplicación del artículo 59 de la Ley 2492 modificado por la Ley 812, pretendiendo aplicar dicha Ley a deudas de 2007

En contrapartida, la Administración Tributaria manifestó que la Sentencia Constitucional 1169/2016S3 de 26 de octubre, versa sobre la prescripción de la facultad para determinar 

la deuda tributaria y falta de pronunciamiento sobre la prescripción en materia aduanera, hechos que demuestran que el caso analizado referido, no resulta análogo y vinculante al 

caso. 

Manifestó que la contribuyente solicitó acogerse a un plan de facilidades de pago que comprendía la Vista de Cargo con CITE SIN/GDC/DF/FENC/0173/2009 de 15 de octubre de 2009, solicitud aceptada mediante Resolución Administrativa de Facilidades de Pago N° 20-00023-10 de 2 de febrero de 2010; empero, ante el incumplimiento de dicho plan de facilidades de pago, el 23 de agosto de 2010, la entidad recaudadora emitió el PIET 331939001554 notificado el 27 de noviembre de 2019, en previsión de la Ley 2492 y facultades del Servicios de Impuestos Nacionales. 

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Indicó que la Resolución Administrativa de Facilidades de Pago N° 20-00023-10 de 2 de febrero de 2010, llegó a constituirse en el nuevo Título de Ejecución Tributária (TET). conforme prevé el parágrafo I del artículo 108 de la Ley 2492 y al efecto refirió que el cómputo de la prescripción realizada por el sujeto pasivo en su recurso impugnatorio resultó falso, en razón de que a través del cuadro” expuesto afirmó que realizó pagos parciales anteriores a la notificación del PIET N 331939001554 que fueron efectuados desde el 28 de septiembre de 2010 al 22 de agosto de 2012, hecho que originó la interrupción de la prescripción según lo establece el artículo 61 de la Ley 2492; en tal sentido, afirmó que en vigencia de la Ley 2492 (sin modificaciones), no llegó a materializarse la prescripción. 

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Alegó que desde el 23 de agosto de 2010, hasta la promulgación y entrada en vigencia realizadas por la Ley 291, no transcurrieron 4 años y tampoco llegó a materializarse la prescripción; por lo que debe considerarse la imprescriptibilidad de la facultad de ejecutar la deuda tributaria de la Administración Tributaria prevista por el artículo 59 de la Ley 2492 

modificada por la citada Ley 291, motivo por el que señala no corresponde realizar un sunto 

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Señaló que, el acto impugnado, expuso que el 23 de agosto de 2010, se emitió el CITE SIN GDC/DRGEFAP/NOT/1413/2010 de incumplimiento de plan de pagos, el cual determinó el incumplimiento a la Facilidad de Pagos No 20-00023-10 a la sexta cuota; aspecto que denota que las expresiones de la parte recurrente carecen de veracidad en cuanto al reclamo sobre falta de mención sobre que el plan de pagos se declaró incumplido. Agregó que no corresponde realizar ninguna mención a la Resolución Normativa de Directorio 10-000409 de 2 de abril de 2009, en razón de que fue abrogada por la disposición única de la Resolución Normativa de Directorio 10-00115 de 28 de enero de 2015. 

Finalmente, aseguró que todos los pagos realizados por la contribuyente antes de incumplirse la Resolución Administrativa de Facilidades de Pago N° 2000023-10, tienen que entenderse como pagos dentro el plan de facilidades y que los pagos realizados posteriormente al 23 de agosto de 2010, no se encuentran englobados dentro la citada Resolución Administrativa, debiendo considerarse como reconocimientos expresos de la obligación tributaria pendiente con el Servicio de Impuestos Nacionales

Expuestas las pretensiones de las partes procesales y en relación al análisis de la prescripción de la facultad de ejecución de la Administración Tributaria, cabe indicar que de la lectura del acto impugnado y el memorial de respuesta al Recurso de Alzada, se advierte que el ente recaudador refirió la aplicación de las modificaciones realizadas al artículo 59 de la Ley 2492 a través de la Ley 291, por cuanto señaló que dicha facultad resultaría imprescriptible; motivo por el cual, de forma inicial es necesario establecer y comprender la naturaleza de la facultad de ejecución, esto a efecto de establecer la normativa a ser aplicada para efectuar el cómputo de la prescripción

Bajo ese entendido, corresponde indicar que respecto a la facultad de ejecución, la doctrina señala: “(…) la ejecutoriedad y la ejecutividad actúan en dos planos distintos: la primera hace a las facultades que tiene la Administración para el cumplimiento del acto administrativo, sin intervención judicial, utilizando excepcionalmente la coacción; la ejecutividad en cambio se refiere al título del acto en el plano procesal, siendo ejecutivo conforme a todo nuestro ordenamiento jurídico procesal-aquel acto que, dictado con todos los recaudos que prescriben las normas legales, desencadena la pretensión procesal de utilizar el proceso de ejecución (...) (CASSAGNE, Juan Carlos. (2017). 

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Derecho Administrativo. Tomo I. Perú: Palestra Editores. Pág. 786). De esta manera, puede advertirse que la ejecución tributaria, constituye una facultad propia y exclusiva de la Administración Tributaria, constituyéndose en el único acreedor de la deuda tributaria contenida en los títulos listados en el articulo 108 de la Ley 2492. 

Ahora bien, es necesario indicar que conceptualmente los actos administrativos, revisten del carácter de ejecutividad y ejecutoriedad, entendiéndose ambos conceptos como propios del ejercicio y potestad de la administración pública; sin embargo, los mismos difieren en relación a su fin y tratamiento, por cuanto la ejecutividad del acto es entendido como la eficacia del mismo y la finalidad por la cual fue concebido, dicho de otra manera, la ejecutividad hace referencia a al ejercicio de las acciones necesarias y fácultadas por norma para lograr el fin deseado; en cambio, la ejecutoriedad del acto constituye la posibilidad coercitiva de hacer valer y cumplir lo establecido o determinado en el acto emitido, situación que acontece una vez que el acto adquiere la calidad firme ylo ejecutoriado, al ser esta la única condición requerida para la ejecución.

De esta manera, el instituto de la prescripción de la facultad de ejecución, se encuentra ligado a la ejecutoriedad del acto administrativo y no a la ejecutividad, motivo por el cual, a efecto de establecer el término de prescripción, debe tenerse claramente identificado el momento en que el acto adquiere dicha condición y la Administración Tributaria puede ejercer sus acciones a fin de recuperar el adeudo tributario; a su vez, resulta imprescindible para el análisis, destacar que la posibilidad de ejecutar el acto, deviene del acaecimiento de situaciones fácticas y legales que establecen el carácter de firmeza, y no dependen o requieren la notificación de una intimación de pago previa, dado que el único acreedor posible de la deuda tributaria es el Estado a través de las Administraciones Tributarias. 

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Ahora bien, en relación a la normativa a ser aplicada para el análisis de la prescripción de la facultad de ejecución, cabe indicar que el Tribunal Constitucional Plurinacional en la Sentencia Constitucional Plurinacional 1169/2016-S3 de 26 de octubre, en su punto “II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO, efectuó el siguiente entendimiento “Ahora bien, sobre qué norma debe ser aplicada para el cómputo del plazo para la prescripción, si la norma vigente al momento de que inició ese cómputo o la norma vigente al momento en que puede hacerse valer la prescripción, el ordenamiento jurídico nacional así como el art. 1568 del CC al referirse sobre el término de prescripción que empezó a computarse en 

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G Calded adoN 771/4 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oromita mbaerepl Vae (Guarani) 

Av. Oquendo N° 381 entre Venezuela y Ecuador Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012. www.ait.gob.bo.Cochabamba, Bolivia 

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vigencia del “Código derogado” señala (…) criterio del que puede desprenderse, que por regla general la norma vigente al momento del inicio del cómputo del plazo de prescripción, es la norma con la cual debe realizarse el mismo, aun si de manera posterior a dicho plazo hubiere sido cambiado, pues se entiende que la nueva norma regula para lo venidero y no para hechos pasados (…)

Precedente de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio de conformidad a lo dispuesto por el artículo 203 de la Constitución Política del Estado y parágrafo ll del artículo 15 del Código Procesal Constitucional que enseñan que las razones jurídicas de la decisión, en las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional constituyen jurisprudencia y tienen carácter vinculante para los Órganos del poder público, legisladores, autoridades, tribunales y particulares. Razonamiento concordante con lo expuesto en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0255/2019-S2 de 21 de mayo, que establece: “(…) razonablemente no se justifica la falta de consideración del citado fallo constitucional en la Resolución del presente caso, más aún cuando sus fundamentos justamente contienen un detallado desarrollo sobre la irretroactividad de la ley y la forma de aplicación del plazo de prescripción en el tiempo”. 

Consecuentemente, la Sentencia Constitucional Plurinacional señalada precedentemente, permite comprender que la normativa aplicable para el análisis de la prescripción de la facultad de ejecución de la Administración Tributaria, la cual corresponde a la que se encontraba vigente al inicio de la facultad, para dicho cometido es necesario puntualizar si bien el parágrafo II del articulo 60 de la Ley 2492, establece como inicio del término de prescripción, la notificación del título de ejecución tributaria, no obstante, en el presente caso la facultad de ejecución analizada deriva de un acto que constituye de forma automática en título de ejecución tributaria y no depende ni condiciona la existencia de actuación previa alguna, motivo por el cual debe comprenderse que el término de prescripción inició en el momento que la deuda tributaria pudo ser cobrada por la Administración Tributaria, es decir cuando se cumplió con la única condicionante para la ejecutoriedad de la deuda. 

Por lo señalado hasta este punto, corresponde manifestar que de la compulsa de los antecedentes administrativos pudo advertirse que el sujeto pasivo solicitó ante la Administración Tributaria plan de facilidades de pago por la deuda tributaria contenida en 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurnaclonal de Bolivia 

la Vista de Cargo N° SIN/GDC/DF/FENC/0173/2009 de 15 de octubre de 2009, mediante Formulario 8009 con número de orden 300113 de 15 de enero de 2010, motivo por el cual el ente fiscal emitió la Resolución Administrativa N° 20-00023-10, resolviendo aceptar la solicitud en 36 cuotas; asimismo, el citado acto aclaró que conforme a lo establecido en el numeral 8 parágrafo I del artículo 108 de la Ley 2492, numeral III del artículo 24 del Decreto Supremo 27310 y artículos 5 y 17 de la Resolución Normativa de Directorio 10-0004-09, ante el incumplimiento del Plan de Facilidades de Pago, procedería la ejecución de la Resolución Administrativa de Aceptación (fojas 230-231 de antecedentes administrativos). 

Lo señalado precedentemente, cobra relevancia en el presente caso, por cuanto se debe tener presente que la Resolución Administrativa de concesión de facilidades de pago, llegó a sustituir al acto administrativo que la originó, constituyéndose este en el nuevo Título de Ejecución Tributaria sobre el cual, la Administración Tributaria ejercerá su facultad de 

cobro

En ese entendido, en el presente caso la Resolución Administrativa N° 20-00001210’se constituyó en el nuevo título de ejecución tributaria, en el momento en que fue incumplido el plan de facilidades de pago; para ello, es necesario señalar que el parágrafo I del artículo 17 de la Resolución Normativa de Directorio 10-0004-09 establece que las facilidades de pago se consideran incumplidas por: 1. Falta de pago de cualquiera de las cuotas; 2. Pago fuera de plazo o pago en defecto de cualquiera de las cuotas, cuando sobrepasen los días de tolerancia acumulados en toda la vigencia de la facilidad; y 3. Pago en defecto en una o varias cuotas mayor al 5% del monto total de la facilidad de pago, una vez finalizada la 

misma. 

En tal sentido, respecto al incumplimiento del plan de facilidades de pago, la compulsa de los antecedentes administrativos permitió advertir que a fojas 328-298, cursa el CITE: SIN/GDC/DGRE/FAP/NOT/1413/2010 de 23 de agosto de 2010, mediante el cual la Administración Tributaria estableció el incumplimiento por parte del sujeto pasivo respecto a la cuota No 6, que debió ser efectiva al 30 de julio de 2010, sobrepasando los días de tolerancia admitidos para tal fin; asimismo, expuso a través de un Cuadro con la denominación “PAGOS EFECTUADOSel detalle de cuotas y pagos efectuados por Petrona Fernández, advirtiendo del mismo el incumplimiento de la cuota N 6. 

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Del cuadro señalado, resultó evidente que la cuota No 6 debió ser cancelada en fecha límite de pago hasta el 31 de julio de 2010, habiendo hecho uso hasta la mencionada cuota de 

5, dias de tolerancia, quedando 13 dias de la señalada tolerancia para que el sujeto pasivo 

pueda diferir el pago de las cuotas restantes, motivo por el cual y realizada la operación aritmética de adición, se tiene que la cuota No 6 debió ser pagada hasta el 18 de agosto de 2010 (fojas 238-239 de antecedentes administrativos)

En base a lo expuesto, se advierte que el incumplimiento al Plan de Facilidades de Pago se configuró al día siguiente del vencimiento de pago de la cuota N° 6; es decir, el 19.de agosto de 2010, fecha en la cual la Resolución Administrativa N° 20-00023-10, adquirió la calidad de Título de Ejecución Tributaria, encontrándose la Administración Tributaria desde ese momento habilitada para ejercer su facultad de ejecución, por lo que para el análisis de la prescripción de la facultad de ejecución de la deuda tributaria, corresponde aplicar la Ley 2492 sin las modificaciones realizadas a través de la Ley 291, por cuanto ésta última no estuvo vigente al inicio del ejercicio de la citada facultad, correspondiendo al efecto desestimar lo pretendido por el ente recaudador, en cuanto a la imprescriptibilidad de la ejecución tributaria, disposición que fue incluida precisamente a través de la Ley 291 en la gestión 2012 

En ese sentido, el artículo 59 de la Ley 2492, señala que: “1. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 1. Controlar, investigar, verifica, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda Tributaria. 3. Imponer sanciones Administrativas. 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda (…)

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Asimismo, es necesario aclarar que, el cómputo del término de prescripción de 4 años establecido en el artículo 59 de la Ley 2492 sin modificaciones, inició el 19 de agosto de 2010 y finalizó el 19 de agosto de 2014; no obstante, de la compulsa de antecedentes administrativos, se advirtió que, el sujeto pasivo, efectuó pagos direccionados al Plan de Facilidades de Pago de forma posterior al incumplimiento del mismo, constituyéndose estos en causales de interrupción del cómputo de la prescripción, por constituir reconocimientos de la deuda tributaria, conforme lo prevé el inciso b) del artículo 61 de la Ley 2492, 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinaconal de Bolivia 

Es así que, verificados los antecedentes administrativos del caso, pudo advertirse que, la parte recurrente, realizó pagos el 28 de septiembre, 10 de noviembre, 3 y 23 de diciembre de 2010, 4 de febrero, 30 de marzo, 30 de abril, 3 de junio, 30 de junio, 29 de julio, 1 de septiembre, 30 de septiembre, 30 de octubre y 31 de diciembre de 2011, 31 de enero, 12 de abril y 22 de agosto de 2012, evidenciando que los pagos realizados, fueron interrumpiendo el cómputo de prescripción, sin permitir que esta se configure (fojas 342 358 de antecedentes administrativos). 

Ahora bien, como última causal de interrupción del cómputo de la prescripción se advierte el pago efectuado el 22 de agosto de 2012, reiniciando con ello èl.cómputo de la prescripción conforme establece el último párrafo del artículo 61 de la Ley 2492, siendo el primer día hábil del mes siguiente el 3 de septiembre de 2012 y finalizó el 3 de septiembre de 2016, motivo por el cual, la facultad de ejecución de la Administración Tributaria, se encuentra prescrita

BU 

Por otra parte, en cuanto al argumento de la parte recurrente respecto a que la Administración Tributaria, nunca mencionó que declaró el plan de pagos incumplido, además de que no actuó conforme el numeral III del artículo 17 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0004-09; corresponde señalar que cursa a fojas 238 de antecedentes administrativos, el CITE SIN/GDC/DRGE/FAP/NOT/1413/2010 de 23 de agosto de 2010, que expuso el incumplimiento del plan de pagos en su sexta cuota que debió ser efectiva hasta el 30 de julio de 2010, acto administrativo que resultó base para la emisión y notificación del PIET 331939001554 de 13 de noviembre de 2019, denotando por ello, que el referido PIET no podría ser considerado como ilegal; en tal sentido, corresponde desestimar los argumentos de la parte recurrente por carecer de veracidad. 

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En suma, del análisis de los argumentos de las partes procesales del presente Recurso de 

Alzada y de la compulsa de los antecedentes administrativos, se tiene que la facultad de la Administración Tributaria de Ejecución Tributaria relativas a la deuda tributaria consignada en la Resolución Administrativa de Facilidades de Pago 20-0023-10 de 2 de febrero de 2010 y en el Proveido de Inicio N° 331939001554 de 13 de noviembre de 2019, se encuentran prescritas; consecuentemente, corresponde revocar totalmente la Resolución Administrativa N° 232039000052 de 3 de julio de 2020, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, declarando prescritas las facultades de ejecución de la Administración Tributaria. 

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ATAVIMAI BIUROPAEA SALVADOR DALAM BA HASAGARDOAKO SVET 

POR TANTO: 

El suscrito Director Ejecutivo a.i, de la Autoridad Regional de impugnación Tributaria Cochabamba, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley 2492 y artículo 141 del Decreto Supremo 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE 

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Administrativa N° 232039000052 de 3 de julio de 2020, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, al encontrarse prescrita la acción de ejercer la facultad de ejecución tributaria del Título de Ejecución Tributaria contenido en la Resolución Administrativa de Facilidades de Pago 2000023-10 de 2 de febrero de 2010; sea de conformidad con lo dispuesto en inciso a), parágrafo 1, articulo 212 del Código Tributario Boliviano. 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario Boliviano, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 de la Ley 2492, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 dias computables a partir de su notificación. 

Registrese, notifiquese y cúmplase

Matte 

AIWHILE Eric Aysberto Rojas Urquiz

DIRECTOR EJECUTIVO REGIONAL 

DIRECCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Autoridad Regional de impugnación Tributaria China 

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