ARIT-CBA-RA-0300-2020 Resolución Confirmatoria, observación de gastos y costos deducibles para el IUE. La empresa (SRL) realizó pagos de DUIs a través de una cuenta mancomunada de terceras personas (socios-esposos) y en su registro contable hizo figurar como pago en efectivo; sumado a esto, las compras superaron los Bs 50.000 estando sujetas a bancarización, teniendo necesariamente que figurar el nombre del sujeto pasivo.

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinaconat de Bolívia 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0300/2020 

Recurrente 

SPORT PLANET S.R.L., representado por 

Marco Antonio Becerra Oroza, 

Administración recurrida 

Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por Marcelo Gonzales Yaksic.. 

Acto impugnado 

Resolución 

Determinativa 

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  1. 1720390 – 

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Expediente No 

ARIT-CBA-0192/2020 

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Lugar y fech

Cochabamba, 30 de octubre de 2020. 

VISTOS: ‘ -. 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y · producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-CBA/ITJ 0300/2020 de 30 de octubre de 2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

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ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. La Resolución Determinativa N° 172039000158 de 17 de junio de 2020, que determinó sobre base cierta y base presunta, las obligaciones impositivas de Sport Planet SRL., en la suma de UFVs 250.865, correspondientes al tributo omitido actualizado e 

intereses, por el Impuesto sobre las Utilidades Empresariales de la gestión 2013; 

asimismo, calificó la conducta del sujeto pasivo como omisión de pago, aplicando una sanción equivalente al 100% sobre el tributo omitido, en un importe que alcanza a UFVS 190.790; adicionalmente, confirmó la multa por incumplimiento a deberes 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq karachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaranl) 

Av. Oquendo N° 381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012.- www.ait.gob.bo.Cochabamba, Bolivia 

formales, impuesta mediante Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas a Procedimiento de Determinación No 168946, por un importe de UFVs 3.000. Acto notificado mediante cédula el 26 de junio de 2020 (fojas 5216-5332 y 5333 de antecedentes administrativos). 

TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA, II. 1. Argumentos de la Recurrente. Sport Planet SRL., representado por Marco Antonio Becerra Oroza, conforme acredito el Testimonio de Poder No 394/2020 de 13 de agosto de 2020 (fojas 130131 del expediente administrativo), mediante notas presentadas el 29 de julio y 13 de agosto de 2020 (fojas 119 y 132-133 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 172039000158 de 17 de junio de 2020, manifestando lo siguiente: 

Denunció la nulidad del acto impugnado por vulneración al principio del debido proceso y los derechos a la defensa y a la petición, toda vez que la Administración Tributaria valoró la prueba de descargo fuera del contenido textual del acto impugnado que consta de 35 páginas, empero que derivó el análisis al anexo 1, cursante a partir de la página 36, sin señalar que este forma parte integrante e indisoluble de la Resolución Determinativa, haciendo uso del “asterisco” para derivar la valoración de descargos a un anexo, sin que la ley autorice realizar la valoración fuera del contenido textual de la Resolución Determinativa, máxime cuando el artículo 7.1 de la Resolución Normativa de Directorio 10-0032-16, establece que la Resolución Determinativa debe contener la relación de las pruebas de descargo, alegatos, documentación e información presentada por el sujeto pasivo y la valoración respectiva. 

Manifestó que, la referida Resolución Normativa de Directorio no autoriza la valoración de documentación en un documento anexo, siendo obligatoria su valoración en el texto principal. Precisó que, dicha omisión es verificable en los asteriscos de las ginas 24 y 26 del acto impugnado, derivando en la nulidad conforme a lo dispuesto en los artículos 99 de la Ley 2492 y 19 del Decreto Supremo 27310, por inexistencia de valoración en el texto del acto impugnado que refleja la fundamentación que sustenta la validez o invalidez de los descargos respecto a los 

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costos y gastos imputados a los resultados de la gestión, pese a que éstos tienen el respaldo documental necesario. 

Ahondo en la nulidad del acto impugnado, argumentando que la Administración Tributaria utilizó la modalidad de determinación sobre base cierta, bajo la aplicación de presunciones establecidas en el artículo 20 de la Ley 62 que modificó el numeral 11 del artículo 66 de la Ley 2492, siendo que, al existir-documentos que prueban la existencia de las transacciones para una determinación sobre base cierta, no correspondía la aplicación de presunciones, forma de determinación que se encuentra regulada por la Resolución Normativa de Directorio 10-0017-13. 

Refirió que, la Administración Tributaria incurrió en contradicción al reconocer con documentos, que quienes pagaron la compra de la mercancía, fueron los socios (Marco Antonio Becerra Oroza y Luz Rosmery Crespo) y no Sport Planet S.R.L. Y posteriormente depurar las compras por no cumplir el deber de bancarización establecido en la Resolución Normativa de Directorio 100011-11; cuando no se le permitió rectificar sus Estados Financieros para validar las compras realizadas con dineros de las cuentas bancarias personales de los socios y permitir que sean registradas como pasivos generados por préstamos de diñero, o en la cuenta de aportes por capitalizar; posibilidādes que coinciden con el principio de buena fe, puesto que la empresa y sus socios se acogieron al artículo 803 del Código de Comercio, que refiere la presunción de buena fe en todo contrato. 

Señaló que, para los préstamos de los socios a la propia empresa, no existen contratos escritos y que tampoco pueden ser redactados por la confianza comercial que existe hace varios años, por lo que hizo mención de la modalidad de contratación verbal, refrendada por las facturas de compras de los proveedores Paquete Calcados LTDA., Calzados Jacob S.A, y Verenna Artefactos de Couro LTDA., aspecto que se encuentra respaldado por el artículo 787 del Código de Comercio; precisó la ausencia de normativa que demande la existencia de contratos escritos y solemnes con los proveedores, y sostuvo que las transacciones celebradas por los socios (Marco Antonio Becerra Oroza y Luz Rosmery Crespo) en benéfico de su empresa Sport Planet S.R.L., son válidas

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mbur visa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarant) 

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Manifestó que, conforme al artículo 69 de la Ley 2492, corresponde presumir la buena fe respecto a que los sujetos pasivos cumplieron sus obligaciones tributarias, hasta que en un debido proceso determinativo, la Administración Tributaria pruebe lo contrario y que en el presente caso, a través de la documentación presentada (facturas de los proveedores, extractos bancarios, certificaciones de los proveedores, entre, otros), quedó demostrado que las operaciones bancarias de pago, realizadas por los socios, están plenamente vinculadas con las operaciones de compra de calzados durante la gestión 2013, quedando además claro, que sus proveedores recibieron los pagos en sus cuentas bancarias, en tal sentido, afirmó que conforme a la Resolución Normativa de Directorio 23-00031-14, la Administración Tributaria debió demostrar la inexistencia de las operaciones para el cómputo no solo del crédito fiscal, sino también del gasto. Por lo argumentado, concluyó que conforme al artículo 76 de la Ley 2492, los documentos presentados oportunamente ante la Administración Tributaria, prueban la existencia de las transacciones, así como el crédito fiscal a su favor. 

Señaló que, los socios de Sport Planet S.R.L. son esposos y que de conformidad al artículo 18 del Código de Comercio, ambos se consideran comerciantes; aspecto concordante con el artículo 144 del mismo Código, que permite la constitución de sociedades entre esposos y con terceros, como es el caso de Sport Planet S.R.L.; al efecto, aseguró que corresponde anular obrados. 

Refirió que, la solicitud de nulidad también se encuentra respaldada por lo dispuesto en el artículo 7 de la Resolución Normativa de Directorio 10-0011-11 (Tratamiento Tributario Liquidación de Impuestos y Transacciones inexistentes para el IVA) toda vez que, si la transacción es inexistente para el IVA Crédito, también lo debe ser para el IVA Débito; aspecto que demuestra el aprovechamiento indebido de la Administración Tributaria del cobro del IVA, a través de facturas de venta de productos, así como el perjuicio al contribuyente para aprovechar el crédito fiscal y el gasto. 

Por los argumentos expuestos, solicitó la anulación de la Resolución Determinativa No 172039000158 de 17 de junio de 2020, con reposición de obrados hasta la Orden de Verificación N° 17300200024 inclusive, a fin de que la Administración Tributaria emita una nueva orden de verificación considerando que Sport Planet S.R.L. es una sociedad 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

entre esposos bajo la normativa del Código de Comercio y que los prestamos realizados a la sociedad deben ser considerados como pasivo o aportes por capitalizar. 

Asimismo, replicó que, corresponde la nulidad del acto impugnado, por realizar la valoración de los descargos en un documento accesorio a la Resolución Determinativa y no como dispone el artículo 99 de la Ley 2492: 

11.2. Auto de Admisión. El 14 de agosto de 2020, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Admisión EXPEDIENTE ARIT-CBA-0192/2020, correspondiente al Recurso de Alzada interpuesto por Sport Planet S.R.L. representado por Marco Antonio Becerra Oroza, contra la Resolución Determinativa No 172039000158 de 17 de junio de 2020, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (fojas 134 del expediente administrativo). 

II.3. Respuesta de la Administración Tributaria. La Gerencia Grandes. Contribuyentes Cochabamba del Servicio de impuestos Nacionales, representada por Marcelo Gonzales Yaksic, conforme acredito mediante Resolución Administrativa de Presidencia No 032000000760’de 31 de agosto de 2020 (fojas 137 del expediente administrativo), por memorial presentado el 1 de septiembre de 2020 (fojas 138-149 del expediente administrativo), respondió al Recurso de Alzada con los siguientes fundamentos: 

Respecto a la vulneración al debido proceso, derecho a la defensa y a la petición, manifestó que de la verificación de los antecedentes administrativos, resalta la veracidad y legalidad del trabajo realizado, toda vez que el análisis de los descargos se encuentra inserto en la Resolución Determinativa, páginas 20 a 30, en cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo II, artículo 99 de la Ley 2492, articulo 19 del Decreto Supremo 27310 e inciso k), articulo 7 de la RND 10-0032-16, no siendo evidente la vulneración de principios ni de derechos, como alegó el sujeto pasivo. 

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Manifestó que, el detalle especifico de ciertas facturas -no de los descargos en si correspondía ser extraido y mejor explicado en cuadros independientes, para 

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resguardar el derecho a un proceso justo y equitativo del sujeto pasivo, sin alejarse del documento principal; aclaró que al final de los cuadros de las páginas 24 y 26 del acto impugnado, cursa la referencia de la explicación detallada. Agregó que, el artículo 99 de la Ley 2492, establece los requisitos mínimos y sanciona la ausencia de alguno de ellos, empero que no sanciona la nulidad por el incremento de elementos en la Resolución Determinativa, que permiten exponer con mayor claridad las observaciones, no existiendo normativa específica respecto a la nulidad por exposición detallada de los descargos. 

Señaló que, corresponde considerar que en etapa de descargos, la parte ahora recurrente presentó gran cantidad de documentación que fue valorada individualmente y plasmada en el acto impugnado, cuyo detalle de transacciones se encuentra expuesta en el anexo, a fin de exponer la valoración con mayor claridad al 

sujeto pasivo, situación que cumplió su objetivo, puesto que la empresa recurrente ejerció su derecho a la defensa mediante la presente impugnación; en tal sentido, sintetizó que la existencia de anexos, detalla y justifica lo principal, porque ofrecen información adicional que contiene el documento principal y al efecto, al constar un texto en la Resolución Determinativa respecto a la valoración de los descargos de costos y gastos, no existe vulneración alguna de principios ni derechos del contribuyente. 

Refirió que, para la determinación sobre base cierta, recopiló información que le permitió conocer de forma indubitable las observaciones y la inapropiada imputación de gasto al UE, actividad respaldada en los papeles de trabajo que llevaron a las conclusiones y observaciones arribadas, tanto en la vista de Cargo como en la Resolución Determinativa; en consecuencia, aclaró que la presentación de argumentos o de documentación parcial, no implica la suspensión automática de las observaciones realizadas. 

Explicó que, para considerar plenamente válidos los registros, el sujeto pasivo debió acompañar además de la factura original, las órdenes de compras, solicitudes de servicio, Notas de Recepción, contratos de provisión de bienes, Kárdex, recibos, comprobantes de caja, papeletas de depósito o cualquier documentación que demuestre las transacciones o traspaso de dominio; extremo que en el presente cas

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no ocurrió, pues no fueron presentadas las facturas originales, comprobantes contables, hojas de cálculo auxiliares u otra documentación que acredite el pago; en consecuencia, adujo que el contribuyente no demostró la realización de las transacciones, ni su relación con las operaciones propias de la empresa, necesaria para la conservación de la fuente que los genera. 

Manifestó que, respecto al método de Base Presuntà, aplicó la técnica de compras no registradas establecida en el artículo 7 de la Resolución Normativa de Directorio 100017-13, utilizando la información magnética y física proporcionada por la Aduana Nacional, consistentes en Declaraciones Únicas de Importación que fueron comparadas con la información proporcionada por el sujeto pasivo, de donde identificó una DUI que no fue declarada y tampoco cuenta con documentación de respaldo que permita establecer si los recursos provenientes de dicha venta fue ingresada a su contabilidad y figure dentro del Estado de Resultados, presentándose las circunstancias descritas en el numeral 5 inciso a) del artículo 44 de la Ley 2492, que le permitió acreditar indirectamente la existencia de Ventas no declaradas.

Señaló que, conforme consta en el acto impugnado, en cada concepto observado cursa el cuadro de resumen de las cuentas observadas, estableciendo los gastos no deducibles al·luE y por ende, el sujeto pasivo, a momento de interponer el Recurso de Alzada tenia pleno conocimiento de las observaciones realizadas, lo que denota conocimiento de los gastos tomados como no deducibles y oportunidad de presentar documentación durante toda la determinación, por lo que afirmó que no existe agravio alguno respecto a la modalidad de determinación sobre base cierta en consideración a las presunciones del artículo 20 de la Ley 62. Agregó que, ante la inexistencia de elementos suficientes para la determinación sobre base cierta, correspondió la aplicación de la Resolución Normativa de Directorio 100017-13. 

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Refirió que la bancarización se encuentra vigente desde la gestión 2011 con la Ley 62 y Decreto Supremo 772, dejando establecido que toda compra y venta a partir de B$50.000, debe contar con un documento emitido por la entidad de intermediación financiera, debiendo entenderse que la Resolución Normativa de Directorio 100011 11, fue emitida sólo con fines aclaratorios y no reglamentarios; por tanto, señala que 

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conforme el marco legal citado, si la transacción no se encuentra bancarizada, debe ser tomada como inexistente para fines tributarios. 

Explicó que, de acuerdo a lo establecido por el artículo 36 del Código de Comercio, el sujeto pasivo debe llevar una contabilidad adecuada a su naturaleza comercial, hecho que Sport Planet S.R.L. no realizó, limitando su argumento a sostener que la Administración Tributaria no le habria permitido realizar ciertas transacciones o correcciones contables, cuando como sujeto activo, mediante información de terceros y la que recolectó, buscó obtener la documentación que acredite los extremos expuestos por el sujeto pasivo, Precisó que, es obligación del contribuyente la presentación y envío de los Estados Financieros, en el plazo de 120 dias posteriores al cierre de cada gestión, conforme dispone el artículo 39 del Decreto Supremo 24051 y de igual forma realizar los ajustes necesarios. Agregó que, verificó que los socios de la empresa también tenían sus empresas unipersonales a nombre de cada uno de ellos. 

Expresó que, la exigencia de presentación de contratos, se encuentra establecida en el artículo 1301 del Código Civil, respecto de la eficacia de un documento, que surte efectos frente a terceros (Administración Tributaria), solo desde la fecha de su reconocimiento de firmas, entendimiento recogido por el Tribunal Supremo de Justicia mediante el Auto Supremo N° 614/2015 de 3 de agosto; por tanto, refirió que el requerimiento de la Administración Tributaria, no responde a una formalidad, sino a una necesidad de que el sujeto pasivo respalde los hechos declarados, no existiendo argumento válido inherente al parentesco entre socios o confianza comercial, para suplir la validez y necesidad de un contrato que refrende las actuaciones y temporalidades comerciales. 

Extendió que, el artículo 69 de la Ley 2492, señalado por el sujeto pasivo, demuestra precisamente que en el proceso determinativo, la Administración Tributaria estableció que los documentos presentados no son suficientes y que las operaciones bancarias realizadas por los socios, no están plenamente vinculadas con las operaciones de calzados durante la gestión 2013; agregó que sus proveedores, no recibieron en sus respectivas cuentas bancarias los pagos por tales conceptos. 

Expuso que, según los artículos 47 de la Ley 843 y 8 del Decreto Supremo 24051, se considera como gasto deducible dentro del UE, cuando éste es acreditado y además es 

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demostrada la vinculación de un gasto con la actividad gravada, debiendo estar 

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respaldado con documentación original. Precisó que, el citado artículo 47 deber ser considerado dentro de la aplicación de los artículos 70 y 76 de la Ley 2492 y 36 del Código de Comercio, es decir; como obligación del sujeto pasivo, el acreditar documentalmente las transacciones declaradas como deducibles del UE. 

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Sostuvo que, la presentación de documentación sin los requisitos establecidos y la sola presentación de la factura original no acreditan la realización de la transacción, debiendo ser respaldada contablemente, lo cual también debe suscitarse respecto a la efectiva realización de transacción materialmente documentada; al efecto, afirmó que de conformidad al artículo 76 de la Ley 2492, los documentos presentados no prueban la existencia de tales transacciones ni el crédito fiscal a su favor. 

Sostuvo que, el sujeto pasivo no acredito correctamente los gastos imputados como deducibles, además de pretender omitir la normativa que dispone como requisito, demostrar con documentación original y pertinente la realización del gasto y la necesidad del mismo para el mantenimiento de la fuente o la obtención de utilidades, por lo que calificó como inaceptable aceptar respaldo contable legal de cualquier naturaleza en sustento de la pretensión, más aun cuando cursan transacciones que no observaron la normativa especial que las regula (bancarización); en consecuencia adujo, que no existe argumento que se contraponga a los fundamentos legales y façticos del acto impugnado, mucho menos que demuestren una equivocada apreciación y/o interpretación de la verificación realizada. 

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Manifestó que, las observaciones de costos por importaciones que fueron canceladas desde la cuenta No 390-1001862, bajo la titularidad de Marco Antonio Becerra Oroza y Luz Rosmery Crespo Rojas, corresponden a Declaraciones Únicas de Importación por compra de calzados, sobre las cuales el sujeto pasivo no demostró que le correspondan, tampoco que los gastos incumban a bienes adquiridos para coadyuvar en la generación de renta gravada, ya que durante el período fiscalizado, evidenció que Marco Antonio 

Becerra Oroza y Luz Rosmery Crespo Rojas, se encuentran registrados en el padrón de contribuyentes con Números de Identificación Tributaria propios y cuya actividad es la venta de calzados, lo que respalda lo observado a las DUIs, al no haber demostrado que 

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la titularidad del sujeto pasivo que actúa como comprador en la transacción, conforme fue detallado en la vista de Cargo. 

Argumentó que, el artículo 66 de la Ley 2492 modificado por el artículo 20 de la Ley 62; artículo 37 del Decreto Supremo 772 y la Resolución Normativa de Directorio 10-001-11, establecen que las transacciones mayores a Bs50.000, deben estar respaldadas con medios de pago fehacientes emitidos por una entidad financiera regulada por la ASFI y que la titularidad de la cuenta debe pertenecer a las personas que intervienen en las 

sacciones, aspecto que no fue demostrado por el sujeto pasivo. Puntualizó que, la 

obligación tributaria constituye en un vinculo de carácter personal, conforme dispone el artículo 13 de la Ley 2492, por lo que los pagos debieron ser realizados por la empresa recurrente y no por Luz Rosmery Crespo Rojas y Marco Antonio Becerra Oroza. 

Replicó que, los pagos de las DUIS 2013721C-4035, 2013721c-4538 y 2013721C-4601, fueron realizados tanto por la empresa recurrente, como por la cuenta mancomunada correspondiente a Marco Antonio Becerra Oroza y Luz Rosmery Crespo Rojas, estos últimos que cuentan con Números de Identificación Tributaria, activos en el periodo sujeto a verificación y con la actividad de venta de calzados. Sostuvo que el sujeto pasivo, no demostró que dichas transacciones fueron pagadas con recursos propios, haciendo del argumento referido a que las citadas personas sean esposos o que el Código de Comercio permite una relación comercial como tales, no tenga relación alguna con los hechos del presente caso. 

Señaló que, conforme a los artículo 41, 46 y 47 de la Ley 843, la vinculación económica y/o comercial que puede existir entre los sujetos que participan en una transacción-venta no es condicionante para la configuración o no del hecho imponible, siempre y cuando la onerosidad quede demostrada a través de un medio fehaciente de pago y la transmisión de dominio se encuentra respaldada mediante documentación contable, factura o documento equivalente, inventarios u otros, que permitan corroborar la efectiva realización de la transacción y no una simulación de acto jurídico con el único fin de reducir la carga fiscal, situación ante la cual correspondería aplicar lo establecido por el parágrafo il del artículo 8 de la Ley 2492

Citó los artículos 8 del Decreto Supremo 24051; 70 numerales 4 y 5, 76, 69 de la Ley 2492; 25, 36 y 44 del Código de Comercio, sosteniendo que independientemente de que gastos 

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fuesen asumidos por el contribuyente, para fines tributarios del IUE, éstos deben cumplir con la condición de ser propios, necesarios y estar vinculados con la actividad gravada de la empresa y en ese sentido, mal podria el sujeto pasivo referir el articulo 7 Resolución Normativa de Directorio 10-0011-11, para pretender invalidar el débito y manifestar que se le permita aprovechar el crédito fiscal y el gasto. 

Citó las Sentencias Constitucionales 0536/2014 de 10 de marzo y 0731/2010-R de 26 de julio; y los Autos Supremos 89/2014 de 30 de abril de 2014 y 94/2012 de 26 de abril de 2012, señalando que la nulidad es procedente cuando el vicio se encuentra expresamente sancionado como nulidad, particularmente cuando dicho vicio afecte el derecho a la defensa, aspecto que no sucedió en el presente caso, pues no contravino disposición legal alguna y notificó al sujeto pasivo con todos los actos emitidos. 

Por los argumentos expuestos, solicitó confirmar en todas sus partes la Resolución Determinativa N° 172039000158 de 17 de junio de 2020. 

II.4. Apertura de término probatorio. El 2 de septiembre de 2020, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba; emitió el Auto de Apertura Término de Prueba EXPEDIENTE ARIT CBA-0192/2020, disponiendo dar inicio al término de prueba de 20 dias comunes y perentorios para ambas partes, en aplicación del inciso d) artículo 218 del Código Tributario Boliviano (fojas 150 del expediente administrativo). 

El 8 de septiembre de 2020, la Administración Tributaria, mediante memorial ratificó en calidad de prueba todos los argumentos expuestos en el memorial de respuesta al 

Recurso de Alzada, así como la documentación que adjunto al mismo (fojas 152 del 

expediente administrativo). 

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El 22 de septiembre de 2020, la parte recurrente, mediante memorial ratifico todos los argumentos, fundamentos, hechos y normativa referidos en el memorial de Recurso de Alzada y ratificó como prueba, todos los elementos que cursan en antecedentes administrativos, señalando como parte de su fundamento, los principios establecidos en el articulo 4 de la Ley 2341 (fojas 155 del expediente administrativo). 

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11.5. Alegatos. El 24 de septiembre de 2020, la Administración Tributaria presentó memorial de alegatos, reiterando los argumentos expuestos en el memorial de respuesta al Recurso de Alzada, reiterando que resguardó el derecho al debido proceso del sujeto pasivo, aclarando al final de los cuadros del acto impugnado la referencia de donde encontraría la explicación detallada; que sustentó la aplicación de los métodos de determinación, con la correcta aplicación de la base cierta y presunta; finalmente, reiteró los argumentos referentes a la falta de documentación de respaldo que acredite la vinculación de los gastos realizados y la necesidad de demostrar la efectiva realización de una transacción; así como su solicitud de confirmatoria del acto impugnado (fojas 158-162 de expediente administrativo). 

Dentro el plazo establecido en el parágrafo II del artículo 210 del Código Tributario Boliviano, la parte recurrente no presentó alegatos escritos ni orales. 

III. 

ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA. El 31 de octubre de 2018, la Administración Tributaria emitió la Orden de Verificación No 17300200024 a efecto de verificar todos los hechos y elementos relacionados al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (UE) de la gestión 2013, de Sport Planet S.R.L. Acto notificado de manera personal a la prenombrada, el 27 de diciembre de 2018 (fojas 7 de antecedentes administrativos). 

El 11 de diciembre de 2018, emitió el Requerimiento Form. 4003 N° 00150420, solicitando al sujeto pasivo documentación de la gestión 2013 (enero a diciembre) consistente en: Declaraciones Juradas del IVA, RC-IVA, IT, IUE y Formulario 605 presentación de EEFF o Memorial Anual, Formulario 605 digitalizado, Libro de Compras y Ventas IVA, notas fiscales de respaldo al debido y crédito fiscal IVA, Extractos Bancarios, Planilla de sueldos, planilla tributaria y cotizaciones sociales, formulario 110 RC-IVA con las notas fiscales de los dependientes, Comprobantes de Ingresos y Egresos con respaldo, Estados Financieros de las gestiones 2012 y 2013, Dictamen y Estados Financieros de auditoria gestión 2013, plan código de cuentas contables, Libros de Contabilidad (Diario, Mayor), Kárdex e inventarios (fojas 8 de antecedentes administrativos). 

Asimismo, mediante anexo adjunto al Requerimiento Form. 4003, N°00150420, la entidad recurrida solicitó a la parte ahora recurrente: Certificado de inscripción al Padrón Nacional 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

de Contribuyentes de la Administración Tributaria; Registro de Comercio de Bolivia actual Fundempresa, Escritura de Constitución; Autorización para llevar Registros Contables Computarizados -si corresponde- Desglose a nivel de cuenta y registro contable de los importes correspondientes a los conceptos señalados según Estado de Resultados; Libro Mayor; Balance de Comprobación de Sumas y Saldos; Detalle de Cuentas por Cobrar; Detalle que respalde los bienes del activo fijo y documentación de respaldo que acredite el derecho propietario; Detalle que respalde la depreciación de los bienes del activo fijo y política contable de la depreciación; Medios Fehacientes de Pago/Cobro de todas aquellas Transacciones y/o contratos -compras o ventas- cuyos importes superaron el monto de Bs50.000.-, sus respectivos registros auxiliares y constancia de bancarización; Planillas de Sueldos y Salarios Visados por el Ministerio de Trabajo, Planillas Impositivas y Detalle resumen mensual del personal, Cotizaciones Sociales presentadas a las AFP’s y Caja Nacional de Salud; Detalle resumen mensual del personal dependiente (fojas 9’10 de 

antecedentes administrativos). 

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Extendió detallando: Hoja de cálculo de respaldo a la aplicación de la norma contable N° 3y6 en la elaboración de los Estados Financieros de la Gestión fiscalizada; Detalle de las cuentas bancarias registradas a nombre de Sport Planet S.R.L. y otras que registren las operaciones propias de la empresa; Cuadro detallado de Cuentas por Pagar y documentación de respaldo; Contratos suscritos con sus principales proveedores de bienes ylo servicios vigentes durante la gestión fiscalizada; Contratos suscritos por la venta de bienes y/o servicios vigentes durante la gestión fiscalizada; Cuadro detallado que respalde las ventas de los bienes comercializados y resumen mensual de ventas; Contratos de alquiler de inmuebles; Pólizas de Seguros y condiciones particulares; Detalle de Importaciones realizadas en la gestión comprendida entre enero a diciembre de 2013; Desglose de los componentes de la cuenta Costo de Ventas, con sus respectivos respaldos; Hoja de Costos de todas las Importaciones de Mercaderías, Activos otros, durante la gestión fiscalizada, con la documentación de respaldo; Registros Contables (Comprobantes de Ingreso, Traspaso y Egreso, entre otros) debidamente respaldados; Detalle de los productos en tránsito; Inventario detallado al 31 de diciembre de 2012 y 2013; Kárdex fisico y valorado de la gestion comprendida entre junio a diciembre de 2012 y enero a diciembre de 2013; Orden, guía y/o autorización de ingreso y salida de los productos durante la gestión fiscalizada; Políticas comerciales de precios aplicadas o utilizadas durante la gestión fiscalizada; Lista de Precios de venta (Catálogos) por tipo d

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Calidad AFNQI CEATIPICATION 

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Sistem de Gestion 

de lact CertificadN771/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachig (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti ofomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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producto, vigente en la gestión fiscalizada. Acto notificado el 27 de diciembre de 2018 (fojas 8, 1011 de antecedentes administrativos). 

El 14 de marzo de 2019, emitió el Requerimiento Form, 4003 N 00150453, mediante el cual, reiteró la presentación de la documentación detallada en el anexo al Requerimiento Form. 4003 N° 00150453: Acto notificado el 25 de marzo de 2019 (fojas 2225 y 29 de antecedentes administrativos). 

El 17 de abril de 2019, la Administración Tributaria labró el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N° 00168946, por falta de entrega de información y documentación requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación. Toda vez que, no presentó la documentación requerida mediante anexo al Requerimiento Form. 4003 N° 150453; y sancionó a Sport Planet S.R.L., con UFV$ 3.000 

(fojas 33 de antecedentes administrativos), 

El 24 de diciembre de 2019, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo No 

291939000335, que liquido de manera preliminar la deuda tributaria en UFVs 368.265

equivalente a Bs29.844.-, correspondiente al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas omitido actualizado, interés, multa por incumplimiento a deberes formales y sanción por la calificación preliminar de la conducta. Acto notificado mediante cédula el 23 de enero de 2020 (fojas 2475-2499 y 2502 de antecedentes administrativos). 

El 2 de marzo de 2020, el sujeto pasivo presentó memorial de descargo a la Vista de Cargo, señalando que, mediante acta de enero de 2013, determinó que todas las operaciones sean realizadas mediante la cuenta mancomunada No 390-1001862 del Banco Nacional de Bolivia de Marco Antonio Becerra Oroza y Luz Rosmery Crespo Rojas, razón por la cual, las pólizas fueron canceladas mediante la citada cuenta bancaria y que la documentación adjunta en calidad de descargo, demuestra el movimiento económico de los gastos de administración y comercialización y desvirtúa la existencia a la observación de la Administración Tributaria (fojas 2514-2516 de antecedentes administrativos)

El 17 de junio de 2020, la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa 

No 172039000158, que determinó sobre base cierta y base presunta, las obligaciones 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

impositivas del contribuyente Sport Planet S.R.L., en la suma de UFVs 250.865, correspondientes al tributo omitido actualizado e intereses; por el IUE, de la gestión 2013. Adicionalmente, calificó la conducta de la sujeto pasivo como omisión de pago, aplicando una sanción equivalente al 100% sobre el tributo omitido, importe que alcanza a UFVs 190.790 y confirmó la multa por incumplimiento a deberes formales, impuesta mediante Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas a Procedimiento de Determinación No 168946, por un importe de UFVS 3.000. Acto notificado por cédula, el 26 de junio de 2020 (fojas 5216-5332 y 5333 de antecedentes administrativos). 

  1. IV

FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA. Conforme lo establecido en el parágrafo | del artículo 211 del Código Tributario Boliviano, ésta instancia recursiva ingresará a resolver los reclamos, planteados por Sport Planet S.R.L. en su Recurso de Alzada, dentro de los cuales planteó para el análisis técnico jurídico los siguientes aspectos: 1. Vicios de nulidad en la Resolución Determinativa; 2. Validez de las Transacciones. 

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Antes, de ingresar al análisis técnico jurídico, corresponde dejar en manifiesto que, conforme a lo detallado en el párrafo anterior, pudo evidenciarse que la parte recurrente planteó aspectos tanto de forma como de fondo; no obstante de ello, en el petitorio de su Recurso de Alzada solicitó la nulidad del’acto impugnado; por lo que, de acuerdo a los principios procesales y en resguardo del debido proceso y el derecho a la defensa de ambas partes, esta instancia recursiva, inicialmente ingresará al análisis de los aspectos de forma reclamados y en caso de no ser evidentes, corresponderá la evaluación de los aspectos de fondo para determinar lo que en derecho corresponda. 

IV.1. Vicios de nulidad en la Resolución Determinativa. La parte recurrente denunció la nulidad del acto impugnado por vulneración del debido 

proceso, los derechos a la defensa y a la petición, a consecuencia de que la Administración Tributaria valoró la prueba de descargo fuera del contenido textual del acto impugnado, que derivó su análisis al anexo 1 cursante a partir de la página 36, sin señalar que el anexo forma parte integrante e indisoluble de la Resolución Determinativa, haciendo uso del “asterisco” para derivar la valoración de descargos a 

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un anexo, sin que la ley autorice realizar la valoración fuera del contenido textual de 

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de la Calidad CertificadoN7714 

Justicia tributaria para vivir bien Jan Mit’ayir jach‘a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaranl) 

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la Resolución Determinativa. Al respecto, citó el parágrafo I del artículo 7 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0032-16. 

Sostuvo que, dicha omisión es verificable en los asteriscos de las páginas 24 y 26 del acto impugnado, viciándolo de nulidad conforme disponen los artículos 99 de la Ley 2492 y 19 del Decreto Supremo 27310, por no existir en el texto del acto impugnado la fundamentación que sustente la validez o invalidez de los descargos respecto a los costos y gastos imputados a los resultados de la gestión, cuando existe el respaldo documental necesario. Hizo hincapié en que corresponde la nulidad del acto impugnado, por realizar la valoración de los descargos en un documento accesorio a la Resolución Determinativa y no como dispone el artículo 99 de la Ley 2492. 

ICCE 

Por su parte, la Administración Tributaria sostuvo que resulta verificable la veracidad y legalidad del trabajo realizado sobre el análisis de los descargos, inserto en las 

páginas 20 a 30 de la Resolución Determinativa, cumpliendo así con lo dispuesto en los artículos 99 parágrafo II de la Ley 2492, 19 del Decreto Supremo 27310 y 7 inciso k) de la Resolución Normativa de Directorio 10-0032-16. 

Manifestó que, el detalle especifico de ciertas facturas, no de los descargos en sí, correspondía ser extraído y mejor explicado en cuadros independientes, para asi resguardar el derecho a un proceso justo y equitativo del sujeto pasivo y al efecto, sin alejarse del documento principal, aclaró al final de los cuadros de las páginas 24 y 26, la referencia de dónde se encontraria la explicación detallada, Agregó que, el artículo 99 de la Ley 2492, establece los requisitos mínimos y sanciona la ausencia de alguno de ellos, pero no sanciona con nulidad, por aumentar mayores elementos en la Resolución Determinativa que permita exponer con mayor claridad las observaciones. 

Expuestas las posiciones de las partes, cabe citar los parágrafos I y Il del artículo 115 de la Constitución Política del Estado, que establecen que toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legitimos, y que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

En la normativa tributaria, se tiene que los numerales 2 y 7 del artículo 68 de la Ley 2492 disponen como derechos del sujeto pasivo -entre otros- “2. A que la Administración 

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Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones reglamentarias, dentro de los plazos establecidos (…) 7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución”. 

Sobre la Resolución Determinativa, el parágrafo ll del artículo 99 de la Ley 2492 establece que: “Il. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa”. 

Por otra parte, el parágrafo II del artículo 36 de la Ley 2341, aplicable supletoriamente por disposición de los artículos 74 numeral 1 y 201 del Código Tributario Boliviano, señala que el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. Asimismo, el artículo 55 del Decreto Supremo 27113, prevé que es procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público 

Expuesto el marco normativo inherente al caso, corresponde remitirse al contenido del acto impugnado a fin de corroborar o desvirtuar el reclamo planteado por el sujeto pasivo, respecto a que dicho acto vulneró su derecho a la defensa y petición por comunicar la valoración de los descargos -presentados a la Vista de Cargo-, fuera de su contenido. 

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En ese contexto, de la lectura a la Resolución Determinativa N° 172039000158 se tiene que la entidad recurrida, bajo el titulo “VALORACIÓN Y EVALUACIÓN A DESCARGOS PRESENTADOS POR EL CONTRIBUYENTE SEGUIDO DE LA POSICIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA“, luego de exponer los argumentos de descargo vertidos por el sujeto pasivo y la posición asumida como Administración Tributaria, así 

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como detallar el cuadro de valoración de descargos y composición del Libro Mayor, sostuvo que: “Del precedente cuadro se advierte que el contribuyente no descargó el importe observado en la vista de Cargo correspondiente a las DUI’s Nros. 2013721C4035, 2013721C4538 y 2013721C4601, ni el importe de Bs522.991,04, (...)“. Continuo detallando el costo de Ventas, bajo la relación Inventario Inicial + Compras – Inventario Final, señalando que por efecto de la presentación de descargo a la vista de Cargo, conoció las transacciones que componen la cuenta “Costo de Ventas, servicios y comisiones” asi como los saldos iniciales y finales de los inventarios (páginas 20-23 del acto impugnado). 

Sobre los Gastos de Administración, extrajo la observación arribada en la vista de Cargo, el argumento de descargo presentado por el sujeto pasivo y el análisis realizado respecto 

a las cuentas que componen dichos Gastos de Administración (Sueldos y Salarios, Cargas Sociales, Segundo Aguinaldos y otros gastos de administración). Precisamente sobre los “demás Gastos de Administración“, señaló: “(…) el contribuyente ha presentado factura Original registros contables como ser Libro Diario, Libro Mayor, Comprobante de Diario, y Egreso, Recibos de Egreso entre otros; mismos que fueron analizados en cada transacción registrada como gasto apropiado a cada cuenta contable, conforme lo establecido en la vista de Cargo; el detalle de la valoración de descargo, así como los importes ratificados, se encuentran descritos en el anexo 1 del presente documento (…)(el subrayado es nuestro) (paginas 24 del acto impugnado). 

De la misma forma, detalló las observaciones arribadas sobre determinados Gastos de Administración, para después, mediante cuadro exponer las cuentas de Gastos de Administración, el saldo expuesto en el Estado de Resultados, el importe observado, importe descargado e importe ratificado. Al pie del referido cuadro, señaló: “El detalle de la composición de la cuenta así como la valoración de descargo por cada transacción, se encuentran descritas en el anexo 1 del presente documento”; y mostró el análisis realizado sobre la cuenta “Depreciación del Activo Fijo“, (paginas 24-25 del acto impugnado). 

Continuando la lectura del acto impugnado, se tiene que la entidad recurrida, plasmó los argumentos arribados sobre los “GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN”, señalando que: “1…) el contribuyente ha presentado factura Original registros contables como ser Libro 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bollvia 

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Diario, Libro Mayor, Comprobante de Diario, y Egreso, Recibos de Egreso entre otros; mismos que fueron analizados en cada transacción registrada como gasto apropiado a cada cuenta contable, conforme lo establecido en la vista de Cargo; el detalle de la valoración de descargo, acomo los importes ratificados, se encuentran descritos en el anexo 1 del presente documento (...) documentos que no permiten demostrar que los gastos correspondan a gastos necesario para la obtención de la utilidad gravada y la conservación de la fuente que las genera, el detalle del análisis de la documentación presentada por cada una de las transacciones se detalla en el anexo 1 del presente documento, y el resumen de los importes descargados, así como ratificados, por tipo de cuenta, se presenta a continuación” (el subrayado es nuestro) (página 25 del acto impugnado). 

De la misma forma, sobre los Gastos de Comercialización inherentes a publicidad y propaganda, envios y encomiendas, acondicionamiento local, gastos de importación, otros gastos de comercialización, comisión por ventas, gastos de embalajė, alquileres y comisiones bancarias; la entidad recurrida, plasmo diferentes cuadros, mostrando el saldo expuesto en el Estado de Resultados, importe observado, importe descargado e importe ratificado, para después, al pie de los referidos cuadros; señalar: *El detalle de la composición de la cuenta así como la valoración de descargo por cada transacción, se encuentran descritas en el anexo 1 del presente documento(página 26 del acto impugnado). 

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La entidad recurrida, prosiguió con la exposición de los argumentos respecto a la cuenta AJUSTE POR INFLACIÓN Y TENENCIA DE BIENES”, replicó que: “(…) la valoración a la documentación presentada en calidad de descargo como los comprobantes de Egreso y su documentación adjunta, se encuentra detalla en cada una de las transacciones descritas en el anexo 1 de la presente Resoluciónse refirió al Libro Diario, Libro Mayor y extractos bancario; para después citar la normativa inherente al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas y exponer mediante cuadro el resumen de la cuentas descargadas y ratificadas (el subrayado es nuestro) (página 2729 del acto impugnado)

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Asimismo, en las páginas 36117 del acto impugnado, cursa el Anexo 1denominado 

Costos y Gastos imputados a resultados de la gestión, sin documentación de respaldo suficiente que demuestre la efectiva materialización de las transacciones y/o 

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su vinculación con las operaciones propias del contribuyente, que detalla, entre otros datos, el número y cuenta contable, fecha de registro, número de comprobante contable, datos de la facturas (número de la factura, NIT, concepto, etc.), importe de la factura, la “Valoración de Descargos, conclusión para el (UE, importe descargado, importe ratificado y comentario. Anexo que también expone importes totales por cuentas de GASTOS DE LIMPIEZA”, IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS”, “GASTOS DE TELECOMUNICACIONES, “GASTOS GENERALES”, “GASTOS LEGALES Y JUDICIALES, “MANTENIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS”, “MATERIAL DE ESCRITORIO”, “INTERESES Y ACCESORIOS, entre otros conceptos. 

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Expuesto el contenido del acto impugnado, inherente a la “VALORACIÓN Y EVALUACIÓN A DESCARGOS PRESENTADOS POR EL CONTRIBUYENTE SEGUIDO DE LA POSICIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, es evidente que la entidad recurrida, puso en conocimiento del sujeto pasivo la labor realizada sobre los descargos presentados por el mismo mediante memorial de 29 de febrero de 2020, toda vez que, plasmó los argumentos planteados, así como el análisis realizado sobre los mismos, además de mostrar mediante cuadros los importes descargos y confirmados, en virtud a la documentación remitida por la empresa. 

Cabe señalar también que, si bien la entidad recurrida a lo largo del análisis de los descargos remitidos por el sujeto pasivo, señaló que el detalle de la valoración de descargo, así como los importes ratificados (...) se encuentran descritos en el anexo 1 (...), o en su caso (…) el detalle del análisis de las documentación presentada por cada una de las transacciones se detalla en el anexo 1 (…)” (páginas 24-27 del acto impugnado); se tiene que el prenombrado Anexo 1 formó parte de la Resolución Determinativa No 17203900158 impugnada; asimismo, es preciso hacer notar que el sujeto accedió al conocimiento de dicho Anexo 1, prueba de ello es que el acto impugnado presentado ante esta instancia de alzada, adjunta el referido anexo (fojas 1-117 de expediente administrativo)

En consecuencia, la parte recurrente, mal podria alegar vulneración al derecho a la defensa, bajo el argumento de que la Resolución Determinativa N° 17203900158 impugnada, refiere un Anexo 1” que debió formar parte integrante del mismo, toda vez que, se advirtió que el prenombrado anexo si forma parte del acto impugnado que consta de 117 páginas (incluido el Anexo 1) y la entidad recurrida, también dejó sentado en el 

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acto impugnado, que el detalle de la valoración, seria expuesta en el prenombrado “Anexo 

1“. 

Por tanto, toda vez que, el sujeto pasivo conoció a cabalidad la labor realizada por la Administración Tributaria sobre los descargos presentados a la vista de Cargo, tanto en las páginas 20-29 del acto impugnado como en el Anexo 1, cursante en las páginas 36 117 del mismo acto, es evidente que la Resolución Determinativa impugnada cumplió su finalidad, por lo que no es evidente la vulneración al derecho a la defensa alegada por la parte recurrente, mucho menos la inexistencia de la fundamentación que sustente la validez o invalidez del descargo respecto a los costos y gastos imputados a la gestión, cuando el sujeto pasivo reconoció que la entidad recurrida valoró los descargos presentados al manifestar en el Recurso de Alzada que: “(…) la Administración Tributaria ha valorado las pruebas de descargo presentadas (…)“(…) por realizar la valoración de los descargos en un documento accesorio (...)“(el subrayado es nuestro) (fojas 132 y:133 vta. de expediente administrativo). 

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Por otro lado, sobre el argumento del sujeto pasivo, respecto a que fue vulnerado sú derecho a la petición, para lo cual citó los artículos 24, 115 parágrafo II, 117 parágrafo I de la Constitución Política del Estado, 68 numerales 2, 6 y 7 de la Ley 2492; es importante señalar que, de la lectura integra al Recuso de Alzada interpuesto, la parte recurrente no señaló, mucho menos desarrolló la petición y/o solicitud, presentada ante la Administración Tributaria, que no fue atendida por dicha administración y que le causó agravio, por lo que, ante dicha omisión, no fue advertida la vulneración a la petición, por lo que no corresponde emitir mayor pronunciamiento. 

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En consecuencia, conforme los argumentos desglosados ampliamente, no es evidente que la Administración Tributaria en la emisión de la Resolución Determinativa impugnada hubiese vulnerado el derecho al debido proceso en su vertiente derecho a la defensa derecho a la petición del sujeto pasivo, dispuesto en los parágrafos I y Il del artículo 115 de la Constitución Política del Estado, menos incumplido el parágrafo II del artículo 99 de la Ley 2492, esto al evidenciar que el sujeto pasivo accedió y conoció a cabalidad el análisis realizado por la entidad recurrida, respecto a los descargos presentados a las Vista de Cargo y al efecto, no concurren los vicios de nulidad en la Resolución Determinativa N° 172039000158, de acuerdo al parágrafo II del artículo 36 de la Ley 2341, 

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de la Cated Certificado N 771/14 

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normativa que establece que el defecto de forma solo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin. 

IV.2. Validez de las Transacciones. El sujeto pasivo señaló que, para los préstamos de los socios a la propia empresa, no existen contratos escritos, los cuales tampoco pueden ser redactados por los proveedores, por la confianza comercial que existe durante años; tratándose el presente caso de modalidad de contratación verbal, que se encuentra refrendada por las facturas de compras de los proveedores Paquete Calcados LTDA., Calzados Jacob S.A, y Verenna Artefactos de Couro LTDA., adió que las transacciones celebradas por los socios Marco Antonio Becerra Oroza y Luz Rosmery Crespo en benéfico de su propia empresa Sport Planet S.R.L., son válidas. 

Señaló que, a través de la documentación presentada -facturas de los proveedores, extractos bancarios, certificaciones de proveedores, entre otros-, demostró que las operaciones bancarias de pago realizadas por los socios, están plenamente vinculadas con las operaciones de compra de calzados en la gestión 2013 y que sus proveedores recibieron los pagos en sus cuentas bancarias, motivo por el cual, de conformidad a la Resolución Normativa de Directorio 23-00031-14, la Administración Tributaria debió demostrar no solo la inexistencia de las operaciones para el cómputo del crédito fiscal, sino también para el gasto. Por lo cual sostuvo que, conforme al articulo 76 de la Ley 2492, los documentos que presentó oportunamente ante la Administración Tributaria, prueban la existencia de tales transacciones, así como el crédito fiscal a su favor, 

Por su parte, la Administración Tributaria señaló que, es obligación del sujeto pasivo la presentación y envió de los Estados Financieros, en el plazo de 120 dias posteriores al cierre de cada gestión, conforme dispone el artículo 39 del Decreto Supremo 24051, y realizar los ajustes necesarios, por lo que mal puede algar que, como Administración Tributaria, no le habría permitido realizar ciertas transacciones. 

Extendió sosteniendo que, los documentos presentados no son suficientes y que las operaciones bancarias realizadas por los socios, no están plenamente vinculadas con las operaciones de calzados durante la gestión 2013, además de que sus proveedores, no recibieron en sus respectivas cuentas bancarias, los pagos por tales conceptos. 

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Manifestó que, las observaciones de costos por importaciones que fueron cancelados desde la cuenta No 390-1001862 bajo la titularidad de Marco Antonio Becerra Oroza y Luz Rosmery Crespo Rojas, corresponden a Declaraciones Únicas de Importación por compra de calzados, sobre las cuales, el sujeto pasivo no demostró que le correspondan, tampoco que los gastos incumban a bienes adquiridos para coadyuvar en la generación de renta gravada; pués durante el periodo fiscalizado, evidenció que Marco Antonio Becerra Oroza y Luz Rosmery Crespo Rojas, se encuentran registrados en el padrón de contribuyentes, con Números de Identificación Tributaria propios y cuya actividad es la venta de calzados, to que respalda lo observado a las DUls, al no haber demostrado que la titularidad del sujeto pasivo que actúa como comprador en la transacción de compra, conforme fue detallado en la vista de Cargo. 

Precisó que el artículo 66 de la Ley 2492, modificada por el artículo 20 de la Ley 62; àrticulo 37 del Decreto Supremos 772; y la Resolución Normativa de Directorio 10-001-11, establecen que las transacciones mayores a Bs50.000.– deben estar respaldadas con medios de pago fehacientes emitidos por la entidad financiera, regulada por la ASFI y que la titularidad de la cuenta debe pertenecer a las personas que intervienen en las transacciones, aspecto que en el presente caso no fue demostrado por el sujeto pasivo ya que no aclaró la titularidad de quien actúa como comprador en la transacción. Puntualizó que; la obligación tributaria constituye en vínculo de carácter personal, conforme dispone el artículo, 13 de la Ley 2492, por lo que adujo que los pagos debieron ser realizados por la empresa ahora recurrente y no por Luz Rosmery Crespo Rojas y Marco Antonio Becerra Oroza

  1. KY. – 

Replicó que, los pagos de las DUIS 2013/7210-4035, 2013/721/C-4538 y 2013/721/C 4601, fueron realizados tanto por la empresa recurrente, como por la cuenta mancomunada correspondiente a Marco Antonio Becerra Oroza y Luz Rosmery Crespo Rojas; en tal sentido, sostuvo que el sujeto pasivo, no demostró que dichas transacciones fueron pagadas con recursos propios y que el argumento de la parte recurrente, respecto a que las citadas personas sean esposos o que el Código de Comercio les permita una relación comercial como tales, no tiene relación alguna con los hechos del presente caso

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Al respecto, citar que la doctrina entiende por prueba: “(…) al conjunto de actuaciones que dentro de un juicio, cualquiera sea su indole, se encaminan a demostrar la verdad o la 

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Stoma de Gestión 

de la Calad Certificador 71/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oftomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus respectivas pretensiones litigiosas. Algunas legislaciones determinan el valor de ciertas pruebas, al cual se tiene que atener el juzgador, pero lo más corriente y lo más aceptable es que, la valoración de las pruebas sea efectuada por el Juez con arreglo a su libre apreciación; un medio de prueba es aquel que permite aportar al expediente datos que resultan documentos que están en poder de las partes o de terceros” (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Ossorio, Nueva Edición 2006, Editorial Heliasta, Pág. 817). 

En relación al Impuesto sobre la Utilidades de las Empresas, la Ley 843 en su artículo 47 señala: “La utilidad neta imponible será la resultante de deducir de la utilidad bruta (ingresos menos gastos de venta) los gastos necesarios para su obtención y conservación de la fuente. De tal modo que, a los fines de la determinación de la utilidad neta sujeta a impuesto, como principio general, se admitirán como deducibles todos aquellos gastos que cumplan la condición de ser necesarios para la obtención de la utilidad gravada y la conservación de la fuente que la genera, incluyendo los aportes obligatorios a organismos reguladores – supervisores, las previsiones para beneficios sociales y los tributos nacionales y municipales que el reglamento disponga como pertinentes (…)“. 

A su vez, el artículo 7 del Decreto Supremo 24051 dispone: “Para establecer la Utilidad Neta sujeta al impuesto, se restará de la Utilidad Bruta (ingresos menos costo de los bienes vendidos y servicios prestados) los gastos necesarios para obtenerla y, en su caso, para mantener y conservar la fuente, cuya deducción admite la Ley y este Reglamento”. 

De manera más especifica, en relación al concepto de “Gastos necesarios” señalados en los artículos citados en el párrafo precedente, corresponde indicar que los articulos 8 y 35 del Decreto Supremo 24051; explican que dicho concepto abarca a todos aquellos gastos realizados, a condición de estar vinculados con la actividad gravada y contar con respaldados documentales originales; además que los registros contables de las empresas deben ser elaborados de acuerdo a las normas contenidas en el Código de Comercio y los Estados Financieros deben ser elaborados de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

77 

Asimismo, el artículo 20 de la Ley 62 establece: “Se modifica el Numeral 11 del Artículo 66 de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, por el siguiente 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

texto: “11. Aplicar los montos mínimos establecidos mediante Decreto Supremo a partir de los cuales los pagos por la adquisición y venta de bienes y servicios deban ser respaldados por los contribuyentes y/o responsables a través de documentos reconocidos por el sistema bancario y de intermediación financiera regulada por la Autoridad de Supervisión Financiera (ASF). La falta de respaldo mediante la documentación emitida por las referidas entidades, hará presumir la inexistencia de la transacción para fines de liquidación de impuestos (..)”(las negrillas son nuestras). 

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En ese sentido, la Disposición Final Cuarta del Decreto Supremo 772, señala: “De conformidad al Articulo 20 de la Ley No 062, que modifica el numeral 11 del Artículo 66 de la Ley N° 2492 (…), se reemplaza el Artículo 37 del Decreto Supremo N° 27310 de 9 de enero de 2004, modificado por el Parágrafo Ill del Artículo 12 del Decreto Supremo No 27874, de 26 de noviembre de 2004, con el siguiente texto: “Se establece el monto minimo de Bs50.000 (.) a partir del cual todo pago por operaciones de compra y venta de bienes y servicios, debe estar respaldado con documento emitido por una entidad de intermediación financiera regulada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI. La obligación de respaldar el pago con la documentación emitida por entidades de intermediación financiera, debe ser por el valor total de cada transacción, independientemente a que sea al contado,’ al crédito o se realice mediante“pagos, parciales, de acuerdo al reglamento que establezca el Servicio de impuestos Nacionales y la Aduana Nacional, en el ámbito de sus atribuciones” (las negrillas son nuestras). “ – 

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Es así que, la Resolución Normativa de Directorio 10-0011-11, emitida por la Administración Tributaria, en su artículo 3, respecto a las definiciones, dispone: “(...) c) Cuenta. Contrato con una entidad de intermediación financiera, cuya titularidad debe corresponder obligatoriamente a los sujetos pasivos titulares del mero de Identificación Tributaria (NIT), que participan en las Transacciones, excepto en cheques ajenos” (el subrayado es nuestro). 

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De la misma forma, el articulo 7 (Tratamiento tributario – Liquidación de Impuestos). De la citada RND, señala: “Se aclara el tratamiento tributario para las transacciones por 

montos iguales o mayores a Bs50.000.- (Cincuenta Mil 00/100 Bolivianos) no respaldadas asigut con Documentos de Pago y la presunción de su inexistencia, de acuerdo a lo siguiente: 

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dbcode Certido N77114 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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(…) II. (Transacciones inexistentes para el (UE). Como efecto y aplicación de la regla general, todas las transacciones por concepto de compras no respaldadas con un Documento de Pago, serán consideradas como no deducibles para la liquidación del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, aún si las mismas cuenten con las respectivas facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, retenciones locales y/o retenciones a beneficiarios del exterior. Por lo señalado en el párrafo precedente, los pagos efectuados a personas naturales por la prestación de servicios y/o compra de bienes sin factura, nota fiscal o documento equivalente, así como pagos, acreditaciones o remisiones a beneficiarios del exterior, deben contar necesariamente con el respaldo del Documento de Pago y el Formulario de pago del impuesto retenido”

De la normativa expuesta en párrafos previos, permite advertir la existencia de tres condiciones que deben cumplir los costos y gastos para ser considerados necesarios para la conservación de la fuente y en consecuencia deducibles a efectos de determinación del IUE, siendo estos: 1. Que los gastos hayan sido efectivamente realizados; 2. Que los gastos se encuentren vinculados con la actividad gravada; y 3. Que se encuentren respaldados con documentos originales; asimismo, sobre transacciones por importes mayores a Bs50.000.– cursa normativa especifica, que dispone el respaldo al pago, mediante documentación emitida por una entidad de intermediación financiera, regulada por la ASFI; condiciones cuyo cumplimiento debe demostrarse a través de documentación original que acredite la realización de las transacciones, conforme establece el artículo 76 de la Ley 2492, el cual establece que en los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos

Además de lo señalado, corresponde indicar que los numerales 4 y 5 del artículo 70 de la Ley 2492, constituyen como obligaciones tributarias del sujeto pasivo: 4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas respectivas. 5. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le correspondan, aunque los mismos se refieran a periodos fiscales prescritos. Sin embargo, en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar deudas tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado”. 

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Expuesta la posición de las partes, así como la normativa inherente y los requisitos formales que debe cumplir el sujeto pasivo a efectos de respaldar documentalmente los gastos y costos para su deducción en la liquidación del IVE; inicialmente es necesario precisar que la parte recurrente, en el Recurso de Alzada, alegó que las transacciones con los proveedores Paquete Calcados LTDA., Calzados Jacob S.A, y Verenna Artefactos de Couro LTDA., cuyos pagos fueron realizados mediante las cuentas personales mancomunadas de los socios Marco Antonio Becerra Oroza y Luz Rosmery Crespo son válidas y están plenamente vinculadas con las operaciones de compra de calzados durante la gestión 2013. 

En ese contexto, de la lectura del acto impugnado, se tiene que la entidad recurrida observó cuentas de: Costo (específicamente las DUIS 2013/721/C-4035, 2013/721/C 4538 y 2013/721/C-4601 y el importe de Bs522.991,04), Gastos de Administración (sueldos y salarios, cargas sociales, gastos de limpieza, depreciaciones, gastos generales, entre otros), Gastos de Comercialización (publicidad y propaganda, envíos y encomiendas, acondicionador de Local, alquileres, etc.), Gastos Financieros y Ajustes por Inflación y Tenencia de Bienes (páginas 513 y 22-23 del acto impugnado); y toda vez que, únicamente las DUIS 2013/721/C-4035, 2013/721/C-4538 y 2013/721/C-4601, que forman parte de los costos de Venta, fueron observadas por la Administración Tributaria, bajo los conceptos ahora reclamados por el sujeto pasivopago realizado a través de una cuenta bancaria personal de los socios-, el presente análisis técnico-jurídico se circunscribirá exclusivamente en las citadas DUIS, a fin de corroborar o desvirtuar la observación arribada por la entidad recurrida. 

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En ese entendido, se tiene que la entidad recurrida invalidó el costo de venta de las DUIS 2013/721/C-4035, 2013/721/C-4538 y 2013/721/C-4601, debido a que los pagos fueron realizados, por el sujeto pasivo mediante la cuenta 390-1074134 y también a través de la cuenta mancomunada No 3901001862, cuyos titulares son Marco Antonio Becerra Oroza y Luz Rosmery Crespo; asimismo, precisó que las citadas personas, cuentan con Números de Identificación Tributaria, con la actividad económica de venta de calzados. Por lo que sostuvo que no fue posible determinar la realización de las transacciones entre el proveedor de origen y Sport Planet S.R.L., tampoco la vinculación con su actividad gravada y que el medio de pago no se encuentra 

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de la Calidad Certificado N771/14 

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bancarizado al tratarse de transacciones mayores a Bs50.000 (páginas 6, 7 21 y 22 del acto impugnado)

Respecto a la bancarización, la entidad recurrida manifestó que, toda vez que las DUIS 2013/721/C-4035, 2013/721/C-4538 y 2013/721/C-4601, no fueron pagadas con recursos de la empresa, el sujeto pasivo contravino la Resolución Normativa de Directorio 10-0011 11. Para después, en el título VALORACIÓN Y EVALUACIÓN A DESCARGOS PRESENTADOS POR EL CONTRIBUYENTE SEGUIDO DE LA POSICIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIAsalar: “(…) las transacciones por importes mayores a Bs50,000.– cuyos pagos fueron realizados través de cuentas mancomunadas de los socios de la empresa (...) corresponden a Declaraciones Unicas de Importación por compra de calzados, por las cuales no se demuestra que estas transacciones correspondan al contribuyente SPORT PLANET va que las pólizas no fueron pagadas con recursos de la empresa por lo que no se demuestra que las mismas correspondan a bienes adquiridos para coadyuvar en la generación de renta gravada del contribuyente (…)” (el subrayado es nuestro) (páginas 6 y 22 del acto impugnado)

Ahora bien, de la compulsa de los antecedentes administrativos, se tiene la DUI 2013/721/C-4035 de 24 de mayo de 2013, por concepto de CALZADOS PARA SEÑORAS DE CUERO VACUNO” por un valor FOB de $us 34.350,50, acompañada de la documentación soporte de la importación (Factura comercial, Carta Porte, Parte de Recepción, Certificado o Documento de Entidades, entre otros) detallada en su Página de Documentos Adicionales (fojas 864903 de antecedentes administrativos), entre las cuales, cursa el Swift bancario Nro. 0316010353, que refiere la remesa de $us 11.500.- a “PAQUETA CALCADOS LTDA“, y como ordenante figura “MARCO A BECERRA O. y el Swift bancario Nro. 0316042483 sobre la transferencia de $us25.699.- de “SPORT PLANET SRL, también a “CALZADOS JACOB SA” (fojas 887888 de antecedentes administrativos). 

Asimismo, para la DUI 2013/721/C4035 el sujeto pasivo presentó el comprobante de Egreso EG13050022 de 27 de mayo de 2013, que registra la cuenta de costo Costo por venta, servicios y Comisiones, contra la cuenta de activo “Caja Moneda Nacional”, documento contable que también adjunta parte de la documentación soporte de la referida DUI, detallada en el párrafo previo (Swift bancario Nro. Nro. 0316010353, Invoice, Packing 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

List, Carta de Porte internacional por Carretera, Parte de Recepción de Mercancías y MIC BR) (fojas 3666, 3684-3696 de antecedentes administrativos). 

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Para la DUI 2013/721/C-4538 de 11 de junio de 2013, por concepto de BOTAS PARA HOMBRE” por un valor FOB de $us20.380,50, cursa la documentación soporte de importación (Factura Comercial, Carta Porte, Parte de Recepción, Certificado o Documento de Entidades, entre otros), conforme es detallada en la página de documentos adicionales de la citada DUI (fojas 904-946 de antecedentes administrativos), cuyo, Swift bancario Nro. 0316025183, refiere la remesa de $us10.000.- a favor de “CALZADOS JACOB SA”; y como ordenante figura “MARCO A BECERRA O”, y el Swift bancario Nro. 0316042233 que plasma la transferencia de $us 10.380.- por parte de “SPORT PLANET SRL”, también a CALZADOS JACOB SA” (fojas 924-925, de antecedentes administrativos). 

*** De la misńa forma, la DUI 2013/721/C-4601 de 12 de junio de 2013, por concepto de “ZAPATOS PARA HOMBREpor un valor FOB de $us21.820,66, es acompañada de la su documentación soporte (Factura comercial, Carta Porte, Parte de Recepción, Certificado o Documento de Entidades, entre otros), según es detallada en la página de documentos adicionales (fojas 947-984 de antecedentes administrativos), entre los cuales, cursa el Swift bancario Nro.0316026063, que refiere la remesa de $us 10.000.- a favor de “VERÉNNA ARTEFACTOS DE COURO LTDA”, y ‘como ordenante figura “MARCO A BECERRA OROZA”, asimismo, se tiene el Swift bancario Nro. 0316046873 por la transferencia de $us 11.707.- por parte de “SPORT PLANET SRL“, también a “VERENNA ARTEFACTOS DE COURO LTDA” (fojas 975-976 de antecedentes administrativos). 

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Continuando con la revisión de los antecedentes administrativos, se advierte que, para la DUIS 2013/721/C-4538 y 2013/721/C-4601, el sujeto pasivo presentó el Comprobante de Egreso EG-13060013 de 14 de junio de 2013, que registra, entre otras, la cuenta de costo “Costo por venta, servicios y Comisiones, contra la cuenta de activo “Caja Moneda Nacional”, documento contable que también adjunta las citadas DUIS, Swift bancarios, Factura Comercial, Recibo de Egreso y Facturas Nos. 12319, 12320 y 12321 (fojas 3849 3870 de antecedentes administrativos). 

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De la misma forma, en antecedentes administrativos cursa la información remitida por el Banco Nacional de Bolivia, donde se evidencia que las transferencias realizadas según 

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dalawad Cedicado N 771/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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Swift bancarios Nros. 0316010353, 0316025183 y 0316026063, para las DUIS 2013/721/C-4035, 2013/721/C-4538 y 2013/721/C-4601, respectivamente, corresponden a operaciones desarrolladas a través de la cuenta bancaria No 3901001862 del Banco Central de Bolivia, perteneciente a Marco Antonio Becerra Oroza y Luz Rosmery Crespo, conforme consta el Extracto bancario de la referida cuenta bancaria, las Solicitudes de Transferencia de Fondos al Exterior y Formularios de Transferencia de Fondos al Exterior (fojas 439, 442, 443, 446, 447, 450, 451, 887, 924 y 975 de antecedentes administrativos). 

Expuesta la documentación cursante para las DUIS 2013/721/C-4035, 2013/721/C-4538 y 2013/721/C-4601, es evidente que las mismas además de estar acompañadas de la documentación soporte de la importación, fueron registradas en los comprobantes contables presentados por el sujeto pasivo, y conforme constan los Swift bancarios, fueron pagadas mediante transferencias bancarias, empero, únicamente una parte de dicho pago salió de las arcas del sujeto pasivo, toda vez que también fueron pagadas mediante la cuenta personal mancomunada No 390-1001862, cuyos titulares son Marco Antonio Becerra Oroza y Luz Rosmery Crespo. 

Precisar también, que las citadas DUIS 2013/721/C-4035, 2013/721/C-4538 y 2013/721/C 4601, corresponden a transacciones por importes mayores a Bs50,000; operaciones que cuentan con normas específicas que las regulan, es decir, el numeral 11 del artículo 66 de la Ley 2492, modificado por el artículo 20 de la Ley 62, y el articulo 37 del Decreto Supremo 27310 reemplazado por la Disposición Final Cuarta del Decreto Supremo N° 772 y la Resolución Normativa de Directorio 10-0011-11, que establecen la obligatoriedad de respaldar dichas transacciones, con medios fehacientes de pago emitidos por una entidad de intermediación financiera regulada por la ASFI. 

Asimismo, inciso b) del artículo 3 de la Resolución Normativa de Directorio 10-0011-11, realiza la siguiente definición: Cuenta. Contrato con una entidad de intermediación 

financiera, cuya titularidad debe corresponder obligatoriamente a los sujetos 

pasivos titulares del Número de Identificación Tributaria (NIT), que participan en 

las Transacciones, excepto en cheques ajenos(el resaltado es nuestro). Es decir, deja sentado que, las cuentas que vayan a intervenir en las transacciones por importes 

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mayores a Bs50.000.-, deben necesariamente pertenecer al sujeto pasivo, en el presente caso a Sport Planet S.R.L. 

Por tanto, al ser evidente que las DUIS 2013/721/C-4035, 2013/721/C-4538 y 2013/721/C-4601, no fueron pagadas en su integridad mediante erogaciones de las arcas de la empresa ahora recurrente, las transacciones realizada por las citadas DUIs, no pueden ser consideradas para fines de liquidación del impuesto objeto de verificación (IUE), al incumplir lo dispuesto en los artículos 20 de la Ley 62; 37 del Decreto Supremo 27310 reemplazado por la Disposición Final Cuarta del Decreto Supremo N° 772 y la Resolución Normativa de Directorio 10-0011-11, que establece que las transacciones cuyos importes sean mayores a Bs50.000.- deben ser bancarizados y la titularidad de la cuenta debe necesariamente pertenecer al sujeto pasivo que participa en la transacción. 

A lo expuesto, se suma el hecho de que, para las DUIS 2013/721/C-4035, 2013/721/C 4538 y 2013/721/C-4601, conforme fue detallado en párrafos previos, únicamente cursa la documentación soporte de la importación (Factura comercial, Carta Porte, Parte de Recepción, Certificado o Documento de Entidades, entre otros) y los comprobantes contables que registran la cuenta de costo contra la cuenta de activo (caja), documentos que por sí solos no aportan elementos de prueba que permita corroborar que las operaciones según las prenombradas DUls, cumplan la condición de ser necesarias para la obtención de la utilidad gravada y la conservación de la fuente que la genera, a fin de que sean deducibles para la determinación del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas

Por tanto, al ser evidente que el sujeto pasivo, respecto al pago de las DUIS 2013/721/C 4035, 2013/721/C-4538 y 2013/721/C-4601 objeto de observación no realizó el pago conforme dispone la normativa especifica, y tampoco presentó documentación de respaldo alguna que permita evidenciar la vinculación de las operaciones según las citadas DUIs, con su actividad gravada, en consecuencia corresponde confirmar la observación arribada por la Administración Tributaria. 

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Por otro lado, sobre el argumento del sujeto pasivo inherente a que la cuenta mancomunada No 390-1001862, corresponde a Marco Antonio Becerra Oroza y Luz Rosmery Crespo, y al ser estos socios de la empresa, las transacciones serían 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaranl) 

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válidas, además de no requerir la suscripción de contratos escritos; incumbe precisar que, conforme dispone el artículo 13 de la Ley 2492, la obligación tributaria, constituye un vínculo de carácter personal; por tanto, las operaciones que la parte recurrente pretende considerar como deducibles en la determinación del impuesto (UE) del que es sujeto pasivo, deben corresponder, en su integridad a hechos realizados por el administrado y no por terceros, además de encontrarse reflejados en sus registros contables; aspecto que en el presente caso no aconteció, toda vez que, la contabilidad cursante en antecedentes administrativos, expone una erogación mediante la cuenta 

de activo disponible “Caja Moneda Nacional”, cuando las DUIs objeto de observación, adjunta transferencias bancarias, que evidencian pagos por parte de terceros, y el sujeto pasivo, en el Recurso de Alzada, pretende sostener que corresponden a préstamos, inconsistencias que no hacen más que confirmar la observación arribada por la entidad recurrida. 

Sobre el argumento del sujeto pasivo inherente a que existiria una contradicción, en la observación de la entidad recurrida, quien reconoció con documentos, que quienes pagaron la compra de la mercancía, fueron los socios Marco Antonio Becerra Oroza y Luz Rosmery Crespo y no Sport Planet S.R.L.; empero, depuró las compras por no cumplir el deber de bancarización, establecido en la Resolución Normativa de Directorio 10-0011 

  1. Es importante dejar sentado que, conforme fue desarrollado en párrafos previos, sobre las transacciones mayores a Bs50.000.- como es en el presente caso, existe normativa específica vigente que las regula (artículo 20 de la Ley 62, Disposición Final Cuarta del 

Decreto Supremo 772 y la Resolución Normativa de Directorio 10-0011-11), marco legal que dispone que los pagos sobre dichas transacciones, deben ser a través de entidades financieras reguladas por la ASFI y que la titularidad de las cuentas que intervienen, deben corresponder a quienes intervienen en dichas transacciones, aspecto que no aconteció en el presente caso, toda vez que -valga la redundancia, las DUIS 2013/721/C-4035, 2013/721/C-4538 y 2013/721/C-4601, cuentan con trasferencias bancarias de la cuenta personal mancomunada entre Marco Antonio Becerra Oroza y Luz Rosmery Crespo; siendo inexistente la contradicción aludida por la parte recurrente. 

Ahora bien, respecto a que la Administración Tributaria habría utilizado la modalidad de determinación sobre base cierta, empero aplicado las presunciones establecidas en el artículo 20 de la Ley 62; cabe aclarar al sujeto pasivo que las transacciones observadas 

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incumben a operaciones por importes mayores a Bs50.000.- que cuentan con un marco legal especifico que las regula, misma que fue aplicada por la Administración Tributaria a momento de sostener las observaciones en el acto impugnado y por tanto, el sujeto pasivo no puede pretender desconocer lo dispuesto por Ley, para sostener que la determinación fue sobre presunciones, cuando la documentación soporte remitida para las transacciones objeto de observación, no se acomodan a lo dispuesto en la normativa vigente (bancarización a través de cuentas propias del sujeto pasivo que interviene en las operaciones)

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Asimismo, el sujeto pasivo mal puede alegar que la Administración Tributaria no le permitió rectificar sus Estados Financieros, para validar las compras realizadas con dineros de las cuentas bancarias personales de los socios -Marco Antonio Becerra Oroza y Luz Rosmery Crespo- a fin de que sean registradas como pasivos o en la cuenta de aportes por capitalizar, cuando los registros contables, Comprobante de Egreso EG-13050022 y EG-13060013 (fojas 3666 y 3846 de antecedentesadministrativos), registran las DUIS 2013/721/C-4035, 2013/721/C-4538 y 2013/721/C-4601 objeto de observación, contra las cuentas de activo disponible Caja Moneda Nacional“, es decir no registra ningún tipo de obligación (pasivo) con terceros. 

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A lo expuesto, se suma el hecho de que, la empresa recurrente, tampoco presentó documento probatorio alguno que evidencie un ajuste contable respaldado ylo actualizaciones en la Escritura de Constitución de la empresa, que permitañ evidenciar el argumento expuesto en el Recurso de Alzada -aportes por capitalizar-, limitándose a sostener que la entidad recurrida no le permitió realizar ajustes, cuando tampoco se advierte solicitud alguna de rectificación de Declaraciones Juradas, presentada ante la Administración Tributaria; por lo que corresponde desestimar lo aludido por la parte recurrente. 

afag 

150 9001 

Gildad VXOR CERTIFICATIO

Aranibar Mejia 

VOB

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De la misma forma, sobre los argumentos del sujeto pasivo, respecto a que las transacciones serian válidas para el crédito fiscal, y en caso de ser declaradas como transacciones inexistentes para el IVA Crédito, también lo debe ser para el IVA Débito; es importarte señalar que el proceso de determinación iniciado en contra del sujeto pasivo mediante Orden e Verificación No 17300200024, que concluyó con la emisión y notificación del acto ahora impugnado, tiene como alcance el Impuesto sobre las 

DER 

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NB/150 

9001 LENORCA Sistem de ceri

de la Cated Certificador 771/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepl Vae (Guarani) 

Av. Oquendo N° 381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012. www.ait.gob.bo. Cochabamba, Bolivia 

1111 

Utilidades de las Empresas (UE) de la gestión 2013, conforme claramente deja sentado la citada Orden de Verificación en sus puntos “3. MODALIDAD” y “4. ALCANCE, (fojas 7 de antecedentes administrativos); por lo que no corresponde a esta instancia de Alzada, emitir pronunciamiento alguno sobre impuestos que no formaron parte del alcance de la verificación. 

En consecuencia, por el análisis técnicojurídico expuesto, al no ser evidentes los vicios de nulidad alegados por la parte recurrente, respecto la vulneración al debido proceso y derecho a la defensa; y corroborar las observaciones arribadas por la entidad recurrida, inherentes a las DUIS 2013/721/C-4035, 2013/721/C-4538 y 2013/721/C-4601 que fueron incluidas por el sujeto pasivo al Costo de Ventas, al margen de lo establecido en la normativa; corresponde confirmar la Resolución Determinativa N° 172039000158 de 17 de junio de 2020, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales. 

POR TANTO: 

El suscrito Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley 2492 y artículo 141 del Decreto Supremo 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa 172039000158 de 17 de junio de 2020, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, al no ser evidentes los reclamos planteados por el sujeto pasivo; sea de conformidad con el inciso b) parágrafo I del artículo 212 del Código Tributario 

Boliviano. 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario Boliviano, será de cumplimiento obligatorio para la Administración Tributaria recurrida y la parte 

recurrente

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LILIT 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 y sea con nota de atención

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 de la Ley 2492, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 dias computables a partir de su notificación 

Registrese, notifiquese y cúmplase

Eric Ausberto Rojas Urquiza 

DIRECTOR EJECUTIVO REGIONAL 

DIRECCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Autoridad Regional de lmpugnación Tributaria Coba

WICKA 

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Aranbar Mei 

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ISO 9001 

Calidad 

NON CINHNGANOK 

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ONE 

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NBASO 

9001 IBNORCA Sistema de Gestió

de la Calidad Certificador 771/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit ayir jacha kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Av. Oquendo N 381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012 www.ait.gob.bo. Cochabamba, Bolivia