ARIT-CBA-RA-0299-2017 Resolución administrativa por devolución indebida de tributos correspondientes al IVA, para lo cual el SIN notificó al contribuyente la orden de verificación de CEDEIM, para los cuales se solicitó respaldos sin embargo el contribuyente no pudo demostrar la efectiva realización de las transacciones, ni la vinculación con la actividad y la falta de facturas originales, en consecuencia, la AIT confirmó la resolución

ARIT-CBA-RA-0299-2017

Cochabamba 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARITCBA/RA 0299/2017 

Recurrente 

ADM SAO SA., legalmente representada por Carlos Gerardo Pinto Montaño 

Recurrido 

: Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, legalmente representada por Carlos Eufronio Camacho Vega 

Expediente 

: ARIT-SCZ-0074/2017 

Acto Impugnado : Resolución Administrativa N° 21-0003016 de 23 de diciembre de 

2016 

Fecha 

: Cochabamba, 24 de julio de 2017 

VISTOS: El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT CBA/ITJ 0299/2017 de 24 de julio de 2017, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente

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RUBUTARIN 

  1. 1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO Resolución Administrativa N° 210003016 de 23 de diciembre de 2016, que estableció la diferencia entre el monto devuelto por concepto de Devolución Tributaria, respecto a la documentación presentada como respaldo a dicha Devolución Tributaria, del que resulta un importe indebidamente devuelto al contribuyente ADMSAO SA, de Bs6.332.989.- en el Impuesto al Valor Agregado IVA, de cuyo monto el sujeto pasivo realizó el pago de 082.760:- direccionado al tributo indebidamente devuelto, quedando el tributo por pagar de B$5.177.524.-, importe que a la fecha de emisión del acto impugnado asciende a UFV’s6.306.178.– equivalentes a Bs13.689.635.– correspondiente al tributo indebidamente devuelto y los intereses. Acto notificado por cédula, el 30 de diciembre de 2016 (fojas 1-47 del expediente administrativo). 

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  1. II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 1. Argumentos del recurrente ADMSAO SA., legalmente representada por Carlos Gerardo Pinto Montaño, conforme acreditan los Testimonios de Poder Nos. 1190/2015 y 1182/2013 (fojas 84-104 vta. del expediente administrativo), mediante memorial presentado el 24 de enero de 2017 (fojas IN 105124 vta. del expediente administrativo) interpuso Recurso de Alzada contra la NBP150 Resolución Administrativa N° 21-00030-16 de 23 de diciembre de 2016, emitida por la seu de tertible 

900

Cardad Certificado TEC- 

41 

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Tom 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua

Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales, 

manifestando lo siguiente: 

Que, existe la extinción de la obligación por prescripción de las facultades de la Administración Tributaria de revision, control, fiscalización y determinación, refiriendo los antecedentes y origen de la verificación, así también mencionó la aplicabilidad del artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) en razón a los periodos verificados, el artículo 60 de la misma Ley para el cómputo, aludiendo que los periodos diciembre 2006 y enero a noviembre 2007, se computan a partir del 1 de enero de 2008, concluyendo el 31 de junio de 2012 y el periodo diciembre 2007, se computa a partir del 1 de enero de 2009, concluyendo el 31 de junio de 2013, según interpretación de la Sentencia No 161/2016, razonamiento bajo el cual incluye los seis (6) meses de suspensión por la notificación de las ordenes de verificación; manifestó que las modificaciones posteriores a la Ley mediante la Leyes Nos. 291, 317 y 812 no son aplicables al presente caso citando las Sentencias Nos. 39, 47 y 52, el artículo 123 de la Constitución Política del Estado (CPE) y el artículo 150 de la Ley N° 2492 (CTB), resaltando que las modificaciones no pueden ser aplicadas de manera retroactiva, ejemplificó su postura con la Sentencia No 47

Expuso que, conforme a las Ordenes de Verificación 00100VE00831, 0008OVE0095, 0008OVE0314, 0008OVE0358, 000OVE0437, 0008OVE0586, 0008OVE0587, 0008OVE0588, 0008OVE0802 y 0008OVE085, el Departamento de Fiscalización de la Gerericia GRACO Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales procedió a verificar los documentos que respaldan su solicitud de Certificados de Devolución Impositiva (CEDEIM), mencionando que todas las facturas observadas cuentan con todo el respaldo documental suficiente y están vinculadas con la actividad gravada de la empresa, siendo que en algunos casos de forma directa y otros de forma indirecta

Mencionó que, los principales motivos de observación se circunscriben a los Códigos 2 y 3, refiriendo además que en lo que concieme al Código 1 (Ausencia de Factura Original) las mismas serán presentadas en el término probatorio, sobre el Código 2 (No Vinculadas a la Actividad Exportadora), adujo que se tratan de gastos indirectos que si están vinculados con la actividad exportadora de acuerdo al entendimiento expuesto por la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0052/2005. Por otro lado, hizo mención a los proveedores Margot Rosario Rojas Macobono, ADHOK SRL. y PIL ANDINA SA., la primera por: concepto de alimentación al personal que sostiene realizan tumos dentro la producción ininterrumpida de tres tumos de ocho (8) horas y que además de estar incluido en pliego petitorio anual del Sindicato, transacción de la que fue adjuntada en contrato de servicios, 

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NB-ISO 

9001 IBNORCA Sistema de Gestion 

de 4 Cald Catecado IEC-27414 

(AITL 

Cachabamba 

AUTORIDAD OE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

factura original y comprobante de egreso por el pago realizado por el banco y la planilla de salarios para poder verificar el servicio prestado a los empleados de la empresa, sustentando su argumento en las Resoluciones de Recurso Jerárquico SGT-RJ/0049/2005 y AGITRJ 1246/2014. En el caso de ADHOK SRL., explicó que se trata de una empresa que presta servicios de dotación de personal terciarizado que se ocupa en la planta industrial, centros de acopio, agencias de distribución y oficinas administrativas, transacción por la cual afirmó que se presentó la factura original, comprobante de egreso, certificación de pago realizada por el banco, contrato y la planilla de funcionarios que prestaron el servicio, asimismo, respecto a PIL ANDINA SA., proveedor del cual se observaron compras por subsidio de lactancia, dotación de leche al personal de la planta productiva acusándolos de gastos no vinculados, el recurrente se fundó en la Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar, Decreto Ley N° 16998 y la Resoluciones de Recurso Jerárquico AGITRJ 0182/2010 y AGIT-RJ 1246/2014. 

PUGNAS 

TRIBUTARIO 

BEWPUS 

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En referencia al Código 3 (Sin documentación suficiente de respaldo a la efectiva realización de la Transacción) y Código 4 (Sin respaldo del medio, fehaciente de pago), alude que las observaciones realizadas bajo los citados códigos representan más del 90% y afectan a las principales actividades que realiza la empresa ya que están referidas a la adquisición de grano y a los gastos por fletes del transporte de productos para la exportación por los medios fehacientes de pago y normativa aplicable, mencionó que, la Administración Tributaria no entiende que corresponden a compensaciones que se efectúan principalmente para la adquisición de granos de soya y girasol, haciendo notar que las transacciones observadas corresponden a periodos y gestiones anteriores a noviembre de 2010, acusando de incorrecto el justificativo normativo utilizado por dicha autoridad, en 

razón de que la norma citada es posterior a los hechos analizados, principalmente 

Henry. 

refiriéndose al monto mínimo establecido de Bs50.000.- a partir del cual todo pago por operaciones de compra y venta de bienes y servicios, debe estar respaldado con documento emitido por una entidad de intermediación financiera regulada por la ASFI, 

redundó en que dicha normativa fue emitida a finales del 2010 principios del 2011 y las Teresa Rosario 

transacciones efectuadas corresponden a las gestiones 2007/2008, evocando una vez más el artículo 123 de la Constitución Política del Estado (CPE) y el artículo 150 de la Ley N’ 2492 (CTB), así como la reglamentación referente a la devolución impositiva sin tomar en cuenta que las modificaciones fueron introducidas con la Ley No 062 y el Decreto Supremo N° 0772, y las gestiones observadas son anteriores al año 2010; desarrollo para una mejor comprensión de su argumento, los conceptos de medio de pago, dinero, fehaciente y fidedigno, hizo énfasis a los documentos que la Administración Tributaria desconoce por 

una “mala práctica”. 

Justicia tributaria para vivir bien 

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12 sora Rocha EvoBo 

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Mencionó que, la compensación es un modo de extinción de la obligación y ésta opera aún sin que los sujetos intervinientes hagan ninguna cosa para que despliegue su eficiencia y aun cuando para beneficiarse de la misma sea necesario oponer la respectiva excepción, indicando que los requisitos para realizarla son la fungibilidad de los objetos de las dos obligaciones, la homogeneidad de tales objetos y el carácter liquido y exigible de los créditos citando los artículos 351 numeral 4 y 363 del Código Civil (CC) y bajo el mismo razonamiento y aplicación del artículo 56 del citado cuerpo legal asemeja la compensación o conciliación como un medio fehaciente de pago y afirmó el cumplimiento del numeral 11 del artículo 66 de la Ley N° 2492 (CTB), sin modificaciones por tratarse de gestiones anteriores al año 2010. 

Manifestó -sobre la compra de grano de soya y girasol- que, la empresa participa en la actividad agrícola desde el principio del proceso (preparación de tierras, suministro de efectivo, suministrando agroquímicos para la fumigación y control de la planta, en la cosecha, transporte hasta los centros de acopio o planta industrial entre otras actividades) apoyando financieramente a los productores a fin de asegurar la producción del grano para la producción y abastecimiento de sus clientes internos y de exportación, detalló algunos otros pormenores y formalidades sobre las transacciones y la forma en que opera con los productores de materia prima, refutando las afirmaciones del SIN sobre que la operativa no se encuentra sustentada en documentación fehaciente. 

Adujó que, sobre el servicio de flete, su logística comercial está dividida en mercado interno y la exportación, lo que da origen a tres tipos de servicio sobre este último concepto, que es el transporte en camiones, transporte ferroviario y transporte fluvial, firmando un contrato anual y cancelando en función al volumen de la carga transportada realizando el pago mediante un cheque o transferencia bancaria, presentando al SIN la factura original, comprobante de egreso, la certificación del pago realizado por el banco, contrato firmado por el proveedor, guías de transporte o carta porte, documentos que acreditan la validez de las operaciones y desvirtuando las observaciones de la Administración Tributária. Sobre el tema, hizo alusión a la Nota con CITE: SIN/PE/GG/GJNT/DND/NOT/295/2012, mediante la cual el SIN afirma que la compensación es un medio de extinción de la obligación establecido en la normativa civil y que en dichos casos que no existe el pago de una suma de dinero, por lo cual, afirmó que no están comprendidas en la normativa referida a documento de pago, contraponiendo la misma con la verdad material de los hechos respaldada con la documentación presentada por la empresa, constatando que las transacciones observadas fueron efectivamente realizadas a efecto de computar como válido el crédito fiscal generado en una transacción. 

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NBISO 

9001, IBNORCA Sisteou de Gestion 

de la Caridad Certificado NEC 201

REC 

Cochabamba 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Por los argumentos expuestos, solicitó la revocatoria total de la Resolución Administrativa No 21-00030-16 de 23 de diciembre de 2016 dejando sin efecto legal la observación por el crédito fiscal supuestamente indebido. 

11.2. Auto de Admisión El 3 de mayo de 2017, ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Admisión EXPEDIENTE ARIT-SCZ-0074/2017, admitiendo el Recurso de Alzada interpuesto por Carlos Gerardo Pinto Montaño en representación de ADM-SAO SA, contra la Resolución Administrativa N° 21-00030-16 de 23 de diciembre de 2016, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (fojas 256 del expediente administrativo)

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente representada por Carlos Eufronio Camacho Vega, quien acredito personería conforme Resolución Administrativa de Presidencia No 031700000781 de 8 de mayo de 2017 (fojas 298-299 del expediente administrativo), por memorial presentado el 19 de mayo de 2017 (fojas 300-312 del expediente administrativo), respondió negativamente el Recurso de Alzada con los siguientes fundamentos

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Juan Jose e Espada Estuda Que, en principio la solicitud de prescripción invocada por el contribuyente no corresponde 

al carecer de respaldo legal, citando el precepto jurídico sobre “la ignorancia de la Ley no exime su cumplimiento ya que el sujeto pasivo debería tener conocimiento previo de sus obligaciones tributarias, citando las modificaciones que sufrió el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) por las Leyes Nos. 291 y 317 así como la Resolución de Recurso Jerárquico AGITRJ 1246/2013 como precedente administrativo a fin de fundamentar el periodo de prescripción de cinco (5) años, enfatizando que, la Devolución Impositiva se constituye en 

un procedimiento especial, y la solicitud del recurrente basando su análisis en el artículo 60 

Terasa de Rosario 

de la Ley N° 2492 (CTB), no es aplicable en el presente caso, por tratarse de una solicitud a Blur Rocham 

de devolución impositiva reglamentada conforme a procedimiento de restitución de lo indebidamente devuelto, sin que exista un vencimiento de pago, entonces el cómputo de la prescripción se inicia desde el momento que se produjo la devolución indebida, conforme lo establecido por el procedimiento para la devolución impositiva, correspondiendo desestimar lo argumentado por el recurrente; aclaró adicionalmente que, al tratarse de un procedimiento especial, el hecho generador de la obligación tributaria se considera ocurrido al momento en el que se realizó la circunstancia material, perfeccionándose a momento de 

la devolución de Certificados de Devolución Impositiva (CEDEIM), es decir, cuando el 

Justicia tributaria para vivir bien 

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DE

1998 

NB-150 

9001 IBNORCA Sisterra de Gestión 

de Caldad Carullicado NEC21414 

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contribuyente se benefició de la devolución comprometida conforme al artículo 47 de la Ley N° 2492 (CTB) y bajo el mismo razonamiento en el presente trámite el cómputo no puede iniciarse al siguiente año debiendo seguir el procedimiento especifico establecido en el artículo 125 y siguientes del citado cuerpo legal, afirmando que las acciones y/o facultades de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria por los periodos 2006 y 2007 no se encuentran prescritas, debido a que dichas facultades a la gestión 2016 prescribe a los diez (10) años conforme a las modificaciones previstas en el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB). 

Refirió que, respecto a la observación de la facturas con Código 1, se fundamenta en los artículos 8 de la Ley N° 843 y 8 del Decreto Supremo No 21530, concordante con el parágrafo I del artículo 41 de la Resolución Normativa de Directorio N° RND 10-001607, por lo que el contribuyente al no haber presentado las facturas, no son válidas para el cómputo del crédito fiscal, sustentándose además con el Auto Supremo N° 477 y resaltó que en el presente caso las facturas observadas no cumplen con los requisitos de validez y no pueden ser válidas como crédito fiscal por mandato expreso de la Resolución Administrativa No 05-0043-99 modificada por la Resolución Normativa de Directorio N° 05-0048-05, siendo que no basta la presentación de dichos documentos como señala el recurrente en su Recurso de Alzada, sino se deberá considerar si se presentaron en forma oportuna cuando dichos documentos fueron requeridos, afirmando que el contribuyente no presentó la totalidad de las facturas originales procedió a la depuración de las mismas correspondiendo confirmar este punto

Mencionó que, las facturas observadas bajo el Código 2, el contribuyente no realizó y menos demostró de qué manera se encuentran vinculados los gastos observados, limitándose a realizar una alegación por demás general, salando que son gastos indirectos necesarios para la actividad exportadora, siendo que en el caso de exportaciones se debe dar cumplimiento a los artículos 12 y 13 de la Ley N° 1489, modificados por los artículos 1 y 2 de la Ley N° 1963, tomando en cuenta además el artículo 3 del Decreto Supremo N° 25465 y el análisis de su vinculación o no se debe realizar en concordancia con los artículos 7 y 15 del Decreto Supremo N° 24051, tomando en cuenta que en cumplimiento del principio de neutralidad impositiva la devolución impositiva debe estar necesariamente vinculada con el costo de la mercadería exportada conforme lo dicta los artículos 8 y 11 de la Ley N° 843, citando como precedente administrativo la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0166/2013 y el Auto Supremo N° 136, ya que no solo basta cumplir las formalidad de consignar los datos del contribuyente en las facturas sin que correspondan a su realidad económica dada la actividad comercial que realiza, 

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NB-150 . 9001 

JBNORCA Sistema de Gestion 

de la Caldad Certificado N’EC27U14 

Cochabamba 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

distorsionando la misma ya que no presentó en ninguna instancia la estructura de costos del producto exportado y los gastos no vinculados no pueden ser sujetos a devolución impositiva. 

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Expuso que, en referencia a las observaciones a notas fiscales bajo los Códigos 3 y 4, en principio resalta el carácter de la obligación tributaria del contribuyente y la consecuente aplicación del artículo 14 de la Ley N° 2492 (CTB), respecto a que los contratos no son oponibles al Fisco y/o cambian sus obligaciones tributarias coño pretende hacer valer en contribuyente por la compra y venta de productos entre la empresa recurrente, los agricultores y los servicios de flete mencionados por este, siendo que las citadas observaciones surgen debido a que no se evidenció la efectiva realización de la transacción a través de los registros contables y documentación de respaldo suficiente, que permita demostrar y acreditar la ocurrencia del hecho generador, no habiéndose constatado el perfeccionamiento de las transacciones que declara haber realizado, además de que dichas transacciones no cuentan con los respectivos medios fehacientes de pago dado que los importes de las notas fiscales observadas son mayores a UFVs50.000.-, aludiendo que en las compras de granos de soya y girasol se evidencia una diferencia en los pagos efectuados en relación a las facturas, respaldando las mismas con facturas de venta de agroquímicos a su proveedor, sin que esta última se constituya en un medio fehaciente de pago, no correspondiendo la validez del pago. Respecto a Ferroviaria Oriental, sostuvo que en los comprobantes de egreso y de pago, si bien reflejan el número de factura pagada, existen facturas que no se encuentran detalladas en estos comprobantes, no correspondiendo la apropiación del crédito fiscal y menos su devolución impositiva, demostrándose que no se encuentran respaldados por documentación soporte, comercial, contable y financiera suficiente que evidencie la efectiva prestación del servicio, evocando los artículos 17, 70 de la Ley N° 2492 (CTB), articulos 36, 37, 40, 44, 62 del Decreto Ley N° 14379 Código de Comercio (C. Com.) y el artículo 20 del Decreto Supremo N° 25465. De la misma manera, con relación al Código 4, menciona que dicha observación además de estar respaldada con el artículo 37 del Decreto Supremo 27310 (RCTB) y modificada por el parágrafo ll del artículo 12 del Decreto Supremo N° 27874, condice con el criterio adoptado por la Autoridad General de Impugnación Tributaria que existe tres requisitos para la validez del crédito fiscal, concordante con los artículo 4 y 8 de la Ley N° 843, así como el numeral 11 del artículo 66 de la Ley N° 2492 (CTB) antes de su modificación. 

Juan Jose Ewa uada 

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REMPUGNAGE Teresa del Rosario 

  1. 2. Borrocha 

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Por todo lo señalado, solicitó confirmar la Resolución Administrativa N° 21-00030-16 de 23 de diciembre de 2016. 

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9001 IBNORC

Shitema de Geso

de calidad 

  • Certificado EC2741

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua

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11.4. Apertura del término probatorio y producción de prueba El 22 de mayo de 2017, ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Apertura Término de Prueba EXPEDIENTE ARIT-SCZ-0074/2017, disponiendo la apertura del término de prueba de 20 dias comunes y perentorios para ambas partes en aplicación del inciso d) del artículo 218 de la Ley N° 2492 (Título V CTB) (fojas 313 del expediente administrativo). 

11.4.1. Administración Tributaria Mediante memorial presentado el 2 de junio de 2017, Carlos Eufronio Camacho Vega se apersonó en representación legal de la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales, ratificando las pruebas acompañadas al memorial de respuesta del Recurso de Alzada, reiterando su petitorio de confirmar el acto impugnado (fojas 317 del expediente administrativo). 

11.4.2. Sujeto Pasivo El representante legal de ADM-SAO SA., mediante memorial presentado el 2 de junio de 2017, solicitaron ante ésta instancia la celebración de una audiencia de inspección ocular administrativa in situ a fin de generar prueba relacionada con los lugares, cosas y operaciones que fueron observadas e indebidamente sustentadas por el desconocimiento de sus operaciones, señalando como lugares el Almacén de Insumos Agrícolas, la Planta Industrial ADM-SAO SA. y el Centro de Acopio de Granos; solicitud que fue atendida por Proveído de 6 de junio de 2017, señalando la misma para el martes 13 de junio de 2017 (fojas 320-323 del expediente administrativo) y realizada conforme al Acta de Inspección Ocular, en la cual explica el funcionamiento de la planta y los suplementos indirectos que son necesarios para su funcionamiento, desarrollando la envergadura de sus operaciones a nivel nacional como lo referente a sus exportaciones y participación en mercados internacionales; mencionó también lo referente a los turnos dentro la planta de producción resaltando la alimentación que proporciona al personal; de la misma forma explicó el funcionamiento de la caja del Banco Bisa dentro de la planta y la metodologia de desembolsos a los productores que serán consolidados al final del día para un único desembolso y compensados al momento de la recepción de la producción de grano, transacciones que la Administración Tributaria observa en su verificación, haciendo alusión a otras observaciones como las de telefonía celular a tiempo de visitar otras instalaciones de la empresa como almacenes, centros de acopio de granos, donde replica la hermenéutica de su funcionamiento e interacción con los productores, que a su vez se convierten en proveedores, así como lo relacionado con el cuidado y prevención que ocupa a los dependientes por la naturaleza de sus actividades, a lo que acompaña las muestras 

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NB-ISO 

9001 IBNORCA Seu de Geston 

de la Child Certificado REC 27014 

Cochabamba 

  • AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

fotográficas de los aspectos referidos por el recurrente (fojas 352-380 vta. del expediente administrativo). 

Adicionalmente, por oficio presentado el 12 de junio de 2017, ADM-SAO SA. a través de su representante legal, ratificó y presentó pruebas, refutando en principio los argumentos expuestos por la Administración Tributaria en su memorial de responde al Recurso de Alzada, inicialmente referidos a la prescripción, citando las Sentencias presentadas como prueba y alisis de su aplicación conforme a precedentes administrativos citados, contraponiéndolos a lo afirmado por el SIN ya que a su entender, aurique se trate de un procedimiento especial, la devolución de impuestos del IVA se rige por las normas 

materiales contenidas en la propia Ley del IVA y por lo señalado en el artículo 126 de la Ley . N° 2492 (CTB). 

UFUGNA 

Igualmente hace mención que al no existir un periodo de prueba específicamente delimitado en sustanciación del procedimiento, la empresa recurrente puede presentar cualquier prueba en instancia de alzada, invocando el artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB) y el principio de verdad materiál, denunciando a su vez, que la mayoría de las observaciones realizadas por la Administración Tributaria surgen por el total desconocimiento de parte de los funcionarios de la actividad agroindustrial realizada, listando errores aritméticos identificados en el acto impugnado, reclamando la aplicación de presunción por la ausencia de fundamentación del cargo, limitando el derecho a la defensa al invertir la carga de la prueba y recalca que se trata del primer periodo de prueba habilitado dentro el procedimiento

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De la mima manera, continua refiriéndose al ciclo productivo e industrial de la empresa con las peculiaridades del rubro y la consecuente forma de trabajo adoptada con los productores y la mecánica de pago empleada, reclamando verificar la verdad material de las transacciones además de la Nota con CITE: SIN/PE/GG/GJNT/DNC/NOT/295/2012 refiriendo la respuesta a la consulta especifica realizada por la empresa sobre el tema

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Teresa del Rosario 18 Bolds social 

Así también, respecto a los fletes acusó la inexistencia de sustento fáctico de la depuración efectuada por la Administración Tributaria, aduciendo la habitualidad la utilización del servicio y la forma de trabajo con dicha ferroviaria utilizando en su caso notas de crédito comercial, acusando inconsistencia plena en la observación al validar algunas facturas del lote y depurando otras, siendo que responden al mismo concepto y bajo la misma documentación de respaldo, citando ejemplos objetivos al respecto. 

NB ISO

9001 IBNORCA Sistema de Gestión 

de la calidad Certificado NEG77414 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)‘ 

Por otra parte, en relación al Código de observación 2 por facturas no vinculadas a la actividad exportadora, reclamó que el SIN ni plasma en ninguna parte del acto impugnado la norma específica que respalde la depuración identificando un error en la adecuación a la norma por insuficiencia, siendo que corresponderia establecer qué porcentaje de cada factura de gasto corresponde a qué tipo de mercando correspondiente a la Autoridad Tributaria correr con la carga de la prueba en ese caso, realizando una extensa y pormenorizada explicación sobre la forma y metodologia empleada en la adquisición y uso de los implementos, materiales y suministros que se aplican a necesidad o requerimiento de las distintas unidades que componen la industria, incluyendo dentro este acápite los proveedores Margot Rosario Rojas Macobono, ADHOK SRL. y PIL ANDINA SA. y lista además varias otras facturas bajo la misma observación; adicionalmente, reclamó por las facturas observadas con Código 1, 5 para finalmente hacer mención sobre la documentación relativa a la observación por restitución indebida de mantenimiento de valor y lista la documentación que acompañó al oficio de referencia, reiterando que no existe limitación dentro el procedimiento para la presentación de prueba y replica el petitorio inicialmente impetrado. Por otra parte, por Acta de Juramento de Prueba de Reciente Obtención de 19 de junio de 2017 procedió al juramento respectivo (fojas 382 del expediente administrativo). 

11.5. Alegatos 11.5.1. Administración Tributaria El 20 de junio de 2017, Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales presentó ante esta instancia alegatos en conclusión en los que en principio reiteró lo expuesto en su responde al Recurso de Alzada referente a la solicitud de prescripción, haciendo énfasis en que las actuaciones de su autoridad corresponden a un procedimiento especial como es la Devolución Impositiva y que la normativa aplicada, contempla las modificaciones insertadas por la Ley N° 291 y 317; de la misma manera redunda en la furidamentación de la depuración de las notas fiscales refiriéndose puntualmente a los Códigos 1, 2, 3, y 4, para finalmente refutar la prueba presentada por el sujeto pasivo, misma que comprende las Sentencias 39, 52 y 47 aludiendo que las mismas no son virculantes ni de cumplimiento, obligatorio, reiterando el petitorio impetrado (fojas 285292 vta. del expediente administrativo). 

11.5.2. Sujeto Pasivo El 4 de enero de 2016, el sujeto pasivo presentó alegatos haciendo una relación cronológica de los hechos, tal como fueron expuestos dentro el planteamiento de su Recurso de Alzada, refutando a la vez los argumentos plasmados por la Administracións 

NB-ISO 

9001 IBNORCA Sistema de Gesun 

de 4 Carded Cathcado HEC-2701

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Cochobamba 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Tributaria en su Responde; desarrollo también, ampliamente la normativa que fue mencionada dentro sus fundamentos de impugnación (fojas 7071 del expediente administrativo). 

Adicionalmente, debemos señalar que el 3 de julio de 2017, ADMSAO SA., dentro la realización de la audiencia de alegatos, la empresa recurrente replicó sus argumentos y fundamentos expuestos dentro del planteamiento original de su Recurso de Alzada, iniciando con su solicitud de prescripción, sosteniendo la configuración de dicha figura para las facultades de la Administración Tributaria de verificar y fiscalizar, aludiendo jurisprudencia de reciente emisión y vinculación; enfatizando la aplicación de la Ley N° 2492 (CTB), sin las modificaciones introducidas por leyes posteriores al hecho generador. Igualmente se refirió de manera genérica, a las observaciones y causas de las facturas, agrupándolas por los códigos de observación, asignados por la Administración Tributaria, haciendo énfasis y desarrollando las actividades de la empresa dentro los procesos, destacando las particularidades del rubro al que pertenecen y la hermenéutica operativa y administrativa que sigue con ‘sus proveedores/clientes debido a la naturaleza misma de sus actividades, haciendo mención también a errores que ellos habrían identificado en el entendimiento del SIN y correcta interpretación que se debería darse a los datos arializados, así como de los razonamientos puestos en consideración de la Autoridad Tributaria en los cuales la empresa recurrente basó la proyección de su documentación de respaldo a las transacciones ahora observadas (fojas 399-404 del expediente administrativo). 

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III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA El 18 de mayo de 2011, la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió las Ordenes de Verificación 0010OVE00831, 0008OVE0095, 0008OVE0314, 0008OVE0358, 0000VE0437, 0008OVE0586, 0008OVE0587, 0008OVE0588, 0008OVE0802 y 0008OVE085 contra ADM-SAO SA., con la finalidad de verificar los hechos y elementos e impuestos vinculados al Crédito Fiscal IVA, por los periodos de diciembre de 2006, así como lo periodos de enero a diciembre de 2007, misma que fueron notificadasel 23 de mayo de 2011 conjuntamente con el Requerimiento N° 00106320 y la Solicitud de Información Complementaria CITE: SIN/GGSC/DFNE/NOT/0237/2011 (fojas 3-12 y 1921 C1 de antecedentes administrativos). 

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Por memorial de 30 de mayo de 2011, Carlos Gerardo Pinto Montaño en representación de SAO-ADM SA., solicitó ampliación de plazo para la presentación de la documentación 

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Sistema de Gestio

de la calidad Cerufado EC27414 

requerida, misma que fue atendida por Proveído N° 24-01074-11 de 14 de julio de 2011 y puesta en conocimiento del impetrante el 1 de agosto de 2011 (fojas 23 y 27 C1 de antecedentes administrativos). Bajo el mismo sentido, el 1 de agosto de 2011, el representante legal de la empresa sujeta a verificación, reiteró su solicitud de ampliación de plazo para la presentación de la documentación requerida y consecuentemente atendida por Proveído N° 24-0144311 de 24 de agosto de 2011 y le otorga plazo al sujeto pasivo hasta el 29 de agosto de 2011 para la entrega de la documentación de referencia (fojas 29 y 37 C-1 de antecedentes administrativos)

Por Nota de 27 de octubre de 2011, con CITE: SIN/GGSCZ/DFNE/NOT/0884/2014, la Administración Tributaria requirió documentación referente al respaldo documentado del crédito fiscal vinculado a las exportaciones del periodo marzo 2007 y el detalle del crédito comprometido en el periodo que demuestre objetivamente el crédito comprometido en sus DDJJ Form. 1137 Declaración Única Devolución Impositiva a las Exportaciones según cuadro adjunto; debidamente firmada por el responsable (fojas 38-39 C1 de antecedentes administrativos). A su vez, el contribuyente, por memorial de 4 de noviembre de 2014, solicitó ampliación de plazo para cumplir con el requerimiento precedentemente citado, que fue atendido mediante Proveído No 24-002580-14 de 12 de noviembre de 2014 aceptando parcialmente su solicitud, otorgándole plazo hasta el 14 de noviembre de 2014 (fojas 41 y 44 C1 de antecedentės administrativos); cumpliendo la misma con memorial de 13 de noviembre de 2014 (fojas 46-48 C-1 de antecedentes administrativos)

El 23 de diciembre de 2016, la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Resolución Administrativa N° 2100030-16 de 23 de diciembre de 2016, que estableció la diferencia entre el monto devuelto por concepto de Devolución Tributaria, respecto a la documentación presentada como respaldo a dicha Devolución Tributaria, del que resulta un importe indebidamente devuelto al contribuyente ADM-SAO SA. de Bs6.332.989.– en el Impuesto al Valor Agregado IVA, de cuyo monto el sujeto pasivo realizó el pago de Bs1.082.760.– direccionado al tributo indebidamente devuelto, quedando el tributo por pagar de Bs5.177.524.-, importe que a la fecha de emisión del acto impugnado asciende a UFV’56.306.178.- equivalentes a Bs13.689.635. correspondiente al tributo indebidamente devuelto y los intereses. Acto notificado por cédula, el 30 de diciembre de 2016 (fojas 2107521122 C106 de antecedentes administrativos). 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

  1. IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA 1. Cuestión Previa Inicialmente, corresponde manifestar que en estricta aplicación del artículo 211 parágrafo 1 de la Ley N° 2492 (CTB), ésta instancia recursiva pronunciará una decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas tanto por la parte recurrente así como por la Administración recurrida, de acuerdo a los principios procesales precautelando el debido proceso y el derecho a la defensa de ambas partes. 

En ese sentido, corresponde referir que conforme al artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), el Recurso de Alzada deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado; de la misma manera, el inciso e) del artículo 198 del citado cuerpo legal taxativamente refiere respecto al contenido del Recurso: Los fundamentos de hecho y/o derecho, según sea el caso, en que se apoya la impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que 

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Bajo ese contexto, de la revisión del Recurso de Alzada interpuesto por ADM SAO SA., representado legalmente por Carlos Gerardo Pinto Montaño contra la Resolución Administrativa N° 21-00030-16 de 23 de diciembre de 2016, se advierte que puntualmente versa sobre: a) La extinción de la obligación por prescripción de la facultades de la Administración Tributaria de revision, control, fiscalización y determinación; b) Facturas observadas (crédito fiscal depurado) respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), disgregando las Observadas con: b.1) Código 1-Ausencia de Factura Original, sobre el cual solo manifiesta que su empresa continua en la búsqueda de las facturas originales, comprometiendo su presentación en la etapa probatoria, debiendo resaltar en este punto que no refiere ningún proveedor o factura en específico; b.2) Código 2-No Vinculadas a la Actividad Exportadora y dentro este subtítulo hizo mención especificamente a Margot Rosario Rojas Macobono, ADHOK SRL., y PIL ANDINA SA.; b.3) Código 3-Sin Documentación Suficiente de Respaldo a la Efectiva Realización de la Transacción y Código 4-Sin Respaldo del Medio Fehaciente de Pago, refiriéndose puntualmente sobre el último código citado aludiendo las compensaciones que se efectúan principalmente para la adquisición de granos de soya y girasol, mientras que el Código 3 se encuentra vinculado con el pago por concepto de fletes de transporte con la Ferroviaria Oriental SA. 

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Ahora bien, de la lectura del memorial presentado por el recurrente dentro del periodo probatorio, ADM-SAO SA., si bien refutó los argumentos de respuesta de la Administración 

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Tributaria y reiteró los precedentes jurídicos y constitucionales sobre los que apoya su solicitud de prescripción; se advierte que en el mencionado documento adicionó en su segundo numeral “LA NATURALEZA DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DURANTE EL PERIODO DE REVISIÓN”, acusando en principio la extemporaneidad de la aplicación de las facultades de revisión y verificación, así como la no limitación de presentación de pruebas de descargo, toda vez que dentro el procedimiento aplicado no fue contemplado dicho periodo, reclamando la aplicación de la presunción. 

Asimismo, en el numeral IV del oficio de referencia citó, la ratificación de prueba presentada y en el numeral V mencionó la presentación de prueba referida a las observaciones según los códigos 3, 4, 2 y 1; advirtiendo que a dicha lista, adicionó el Código 5, mismo que no fue objeto de agravio dentro el planteamiento del Recurso de Alzada; continuando con la lectura del mencionado memorial, la empresa recurrente desarrollo de manera general el proceso y la hermenéutica seguida para la adquisición y compensación de pagos al final de la cosecha y entrega de la materia prima a la industria, citando esquemáticamente solo un ejemplo y reclamando indefensión por falta de fundamento en la observación planteada por el Servicio de Impuestos Nacionales, el cual no fue incluido inicialmente en su memorial recursivo; posteriormente se refirió a los fletes, identificando la diferencia establecida dentro el pago de las facturas a Ferroviaria Oriental SA., aduciendo como origen la variación del tipo de cambio y explicando la metodología de trabajo que sigue con la citada empresa. 

Adicionalmente, en referencia al Código 2, recién en su memorial de descargos menciona que la Administración Tributaria no plasmó en ninguna parte de la Resolución impugnada, la norma específica que respaldaría la depuración efectuada, existiendo un error de adecuación a la norma por insuficiencia, añadiendo que, tampoco estableceria el porcentaje del crédito fiscal correspondiente al mercado intemo y externo y la proporcionalidad para cada uno de ellos

Por otro lado, la empresa recurrente desarrolló en su memorial de prueba, la metodología de adquisición almacenaje y disposición de los diferentes insumos en las distintas dependencias de la empresa, listando varias facturas observadas, explicando el justificativo de cada uno de los importes erogados; debiendo destacar que dichos aspectos no fueron mencionados ni planteados dentro la argumentación del Recurso de Alzada. Asimismo, en la última parte del oficio analizado, hizo mención a las facturas observadas con el Código 1, listando facturas cuyos originales afirma, recientemente fueron encontrados, presentándolas como prueba de reciente obtención, solicitando juramento a tal efecto; concluyó con la exposición del Código 5 y la documentación relativa a la observación por Step 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Restitución Indebida de Mantenimiento de Valor, aspectos que no fueron mencionados dentro los argumentos y fundamento del presente recurso administrativo

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Tal como se mencionó al inicio del presente análisis, ésta instancia en estricta aplicación del artículo 211 parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB), no puede pronunciarse sobre aspectos que no fueron contemplados en el Recurso de Alzada formulado, toda vez que, ia 

Administración Tributaria basó sus argumentos y fundamentos de defensa sobre lo – expuesto por el sujeto pasivo en su memorial recursivo, extremo que de su consentimiento 

significaría la franca vulneración al debido proceso y el derecho a la defensa de la parte recurrida, así como el principio de congruencia que debe ser directriz de esta instancia recursiva; entendimiento que condice con la Sentencia Constitucional No-0731/2014, de 10 de abril de 2014, en los fundamentos jurídicos del fallo, Punto III.2.2 establece: “Entre los elementos integradores del debido proceso, es posible identificar el principio de congruencia. Al respecto, el Diccionario de la Real Academia Española, entiende a la congruencia como: “1. f. Conveniencia, coherencia, relación lógica. 2. f. Der. Conformidad entre los pronunciamientos del fallo y las pretensiones de las partes formuladas en el juicio”... En el marco de la premisa anterior y, desde una óptica doctrinal, la congruencia de las resoluciones judiciales amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta, impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, el principio de congruencia se constituye en una prohibición para que el juzgador considere aspectos ajenos a la controversia; es decir, cuestiones que no fueron identificados por las partes como puntos de discusión o consideración; y, segundo, la congruencia interna, referida a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella debe existir un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.”; por lo queen apego al mencionado principio, esta instancia recursiva se ve imposibilitada de admitir los nuevos puntos de impugnación detallados precedentemente, motivo por el cual no se puede emitir criterio técnico jurídico al respecto, por haber sido planteados de manera posterior, es decir, que el periodo de cada fase procesal, se debe circunscribir para el fin que fue determinado, en ese sentido no se enmarca en lo previsto por los artículos 143 y 211, parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB). 

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IV.2. Sobre la Prescripción Sobre el punto, ADMSAO SA., sostiene que existe la extinción de la obligación por prescripción de las facultades de la Administración Tributaria de revisión, control, fiscalización y determinación, refiriendo como inicio del cómputo de la misma los periodos verificados, reclamando la aplicación del artículo 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB) sin modificación, exponiendo que los periodos diciembre 2006 y enero a noviembre/2007, se computan a partir del 1 de enero de 2008, concluyendo el 31 de junio de 2012; y el periodo diciembre 2007, se computa a partir del 1 de enero de 2009, concluyendo el 31 de junio de 2013, según interpretación de la Sentencia No 161/2016, razonamiento bajo el cual incluye los seis (6) meses de suspensión por la notificación de las ordenes de verificación y resaltando que las modificaciones posteriores a la norma legal, mediante la Leyes Nos. 291, 317 y 812 no son aplicables al presente caso conforme el artículo 123 de la Constitución Política del Estado (CPE) y el artículo 150 de la Ley N° 2492 (CTB), resaltando que las modificaciones no pueden ser aplicadas de manera retroactiva. 

Por su parte, la Administración Tributaria aduce que, la solicitud de prescripción invocada por el contribuyente no corresponde al carecer de respaldo legal, citando las modificaciones que sufrió el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) por las Leyes Nos. 291 y 317 así como la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1246/2013 como precedente administrativo a fin de fundamentar el periodo de prescripción, enfatizando que la Devolución Impositiva se constituiría en un procedimiento especial por tratarse de una solicitud de devolución impositiva reglamentada conforme a procedimiento de restitución de lo indebidamente devuelto sin que exista un vencimiento de pago; iniciando el cómputo de la prescripción recién desde el momento que se produjo la devolución indebida; aclarando que el hecho generador de la obligación tributaria se considera ocurrido, a momento en el que se haya realizado la circunstancia material, perfeccionándose con los Certificados de Devolución Impositiva (CEDEJM), es decir, cuando el contribuyente se beneficio de la devolución comprometida, afirmando que las acciones y/o facultades de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria por los periodos 2006 y 2007 prescribirían a los diez (10) años conforme a las modificaciones previstas en el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), prescribiendo en la gestión 2016

Al respecto, la doctrina entiende a la prescripción como: “a caducidad de los derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos legales para su posible ejercicio”, asimismo, debe tomarse en cuenta que la prescripción responde a los principios de certeza 

y seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento juridico (OSSORIO, Manuel. 

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Sistema de Gestión 

de la Calidad Certificado “EC-2741

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales. Pág. 601) (GARCIA VIZCAINO, Catalina, Derecho Tributario. Tomo I)

De igual forma, José María Marn señala que: “La prescripción es generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla” (MARTIN, José María. Derecho Tributario General. 28 edición, Pág. 189). Asimismo, el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual establece que la prescripción de las obligaciones no reclamadas durante cierto tiempo por el acreedor o incumplidas por el deudor frente a la ignorancia o pasividad prolongadas del titular del crédito, tomándose las obligaciones inexigibles, por la prescripción de acciones que se produce (CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 24a edición, pág. 376). 

En ese sentido, se establece que la Administración Tributaria tiene plazo, según normativa legal, para hacer valer sus derechos y que vencido dicho término se extingue la facultad de la Administración para ejercer dichas acciones; para ello deben concurrir dos elementos, uno objetivo que es el transcurso del tiempo y otro subjetivo que es la inacción del titular del derecho. 

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De igual manera, corresponde considerar que la Devolución Tributaria, se encuentra regulada como un procedimiento especial en la Ley N° 2492 (CTB), cuyos artículos 125 al 128, establecen que la Administración Tributaria, es competente para revisar y evaluar los documentos pertinentes que sustentan la solicitud de devolución impositiva, revisión que no es excluyente de sus facultades de verificación, fiscalización e investigación; asimismo, cuando la Administración Tributaria hubiera comprobado que la devolución autorizada fue indebida emitirá una Resolución Administrativa que consigne el monto indebidamente devuelto. 

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En ese entendido, se hace evidente que el inicio del cómputo de la prescripción no puede equipararse al perfeccionamiento del hecho generador del IVA de las transacciones observadas que fueron verificadas a fin de determinar la correspondencia de un impuesto solicitado por el ahora recurrente en calidad de Devolución Impositiva, resaltando el carácter especial del procedimiento que la misma empresa ADMSAO S.A. reconoce y menciona dentro su Recurso de Alzada, ya que el punto de inflexión se produce cuando el sujeto pasivo se beneficia del crédito fiscal, siendo que previo al mismo, la Administración 

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Justicia tributaria para vivir bien Jari mit’ayir jach’a kamani (Ayrtara) Maria tasaq kuraq kamachiq(Quechua) 

Tributaria no puede realizar la revisión de los documentos y transacciones con las que la empresa recurrente respaldo la solicitud de devolución impositiva; en otras palabras, la ahora parte recurrente, por propio interés y voluntad presentó ante la Administración Tributaria su Solicitud de Devolución Impositiva, misma que según procedimiento, solo a partir del día siguiente posterior a su efectivizarían mediante CEDEIM’s está sujeta a revisión en base a la documentación con la que el mencionado sujeto pasivo formuló sus pretensiones, siendo en ese punto, que posterior a su devolución y beneficio recién el SIN quedó habilitado para efectuar la revisión efectiva de los respaldos y determinar si existe o concurre alguna diferencia y se considere indebidamente devuelta, por lo que dicho momento se constituye en el tiempo o momento para considerarlo como inicio del cómputo del término de prescripción ya que -insistimos- no se trata de una revisión de oficio ni ordinaria 

Por otra parte, cabe señalar que el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), dispone que las acciones de la Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda tributaria; 3. Imponer sanciones administrativas y 4. Ejercer su facultad de Ejecución Tributaria. Sin embargo, a través de las Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de la Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012, se modificaron los artículos 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB), de la siguiente manera: “. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. El período de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias, cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. (…)., y “1. Excepto en el Numeral 3, Parágrafo I, del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. Il. En el supuesto 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria

Posteriormente, la Ley N° 317, de 11 de diciembre de 2012, mediante su Disposición Derogatoria Primera, establece: Se deroga el último párrafo del Parágrafo I del Artículo 59 de la Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 291, de 22 de septiembre da 2012″. En tanto, que 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

a través de la Disposición Adicional Décimo Segunda, modifica el artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB), por el siguiente texto: ). Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo I del Articulo anterior, el término de la prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. II. En el supuesto 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria

De la misma forma, el 30 de junio de 2016, fue promulgada la Ley N° 812, misma que en el parágrafo II de su artículo 2 introduce una nueva modificación a los parágrafos I y Il del artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) que textualmente reproduce: ). Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los ocho (8) años, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas.; consecuentemente, en aplicación del artículo 123 de la Constitución Política del Estado (CPE) que refiere: “La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y de los trabajadores en materia penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos señalados por la Constitución.”, aspecto que condice con el artículo 150 de la Ley No 2492 (CTB), el cual menciona: “Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas: 0 términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable.” 

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Bajo el contexto normativo, previamente señalado, corresponde a ésta instancia recursiva, por mandato constitucional aplicar la normativa, en este caso, la más benigna para la empresa recurrente; por lo que, en el análisis del periodo de prescripción se aplicará los ocho (8) años dispuestos en la última modificación al Código Tributario y no asi los diez (10) años, previstos en las modificaciones realizadas mediante la Ley N° 291, haciéndose evidente que esta instancia recursiva, justamente en resguardo, aplicación y estricto cumplimiento del artículo 150 de la Ley N° 2492 (CTB) y el artículo 123 de la Constitución Politica del Estado (CPE) aplicara las modificaciones introducidas por la Ley N° 812, al ser más beneficiosas para el contribuyente en términos del plazo de la prescripción reclamada. 

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En este entendido, destacar que la Autoridad de Impugnación Tributaria como entidad administrativa encargada de impartir justicia tributaria, por disposición del artículo 197 de l

Ley N° 2492 (CTB), no es competente para realizar el control de constitucionalidad de las 

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JBNORCA Sistema de Gestión 

de calidad Certificado NÉCztend 

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normas vigentes, correspondiendo aplicar las mismas, toda vez que por imperio de lo establecido en el artículo 5 de la Ley N° 027, de 6 de julio de 2010, se presume la constitucionalidad de toda Ley, Decreto, Resolución y actos de los Órganos del Estado en todos sus niveles, 

Consecuentemente, de la revisión de antecedentes, evidenciamos que la empresa ahora recurrerite solicitó Devolución Impositiva por los periodos diciembre/2006, enero/2007, febrero/2007, marzo/2007, abril/2007, mayo/2007, junio/2007, julio/2007, agosto/2007, septiembre/2007, octubre/2007, noviembre 2007 y diciembre/2007, misma que fue atendida y efectivizada el 12 de marzo de 2007, 30 de julio de 2007, 13 de agosto de 2007, 31 de agosto de 2007, 3 de septiembre de 2007, 14 de noviembre de 2007, 16 de noviembre de 2007, 26 de noviembre de 2007, 23 de enero de 2008, 10 de marzo de 2008, 13 de marzo de 2008, 28 de abril de 2008 y 8 de mayo de 2008 respectivamente, iniciando el cómputo de la prescripción al día siguiente al que se produjo la devolución; y siendo que la Resolución Administrativa N° 21-00030-16 de 23 de diciembre de 2016, fue notificada el 30 de diciembre de 2016, se tiene que la Administración Tributaria, de conformidad a los artículos 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB), el primero modificado por la Ley N° 812 y las Leyes Nos. 291 y 317, ejerció sus facultades de verificación y determinación de la deuda tributaria por el importe indebidamente devuelto, dentro del plazo dispuesto para el efecto, es decir, antes de que sus facultades para: “9. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, y 2. Determinar la deuda tributario, prescriban. 

Ahora bien, en referencia a la aplicación de las Sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia, entre las que la parte recurrente menciona las Nos. 39, 47 y 52, si bien fueron emitidas por el Órgano Judicial que realiza el control jurisdiccional, éstas no se constituyen en fuente del Derecho Tributario para gozar de un carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio para la Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT), conforme determina el artículo 5 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que corresponde desestimar lo planteado por ADM-SAO SA., toda vez que en estricto cumplimiento del artículo 15 de la Ley N° 254 (Código Procesal Constitucional), sólo las Resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional constituyen jurisprudencia de carácter vinculante para los 

Organos del poder público, legisladores, autoridades, tribunales v particulares

Por otro lado, en cuanto a la Sentencia No 161/2016 de 21 de abril de 2016 invocada por el contribuyente al señalar que, el inicio del cómputo de prescripción de los periodos abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2008

y cow, se hubieran suscitado el 1 de enero de 2009 y 1 de enero de 2010 respectivamente, 

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9001 TENORCA 

Siton de Gestio

de la calidad Catificado EC1740

Cochabamba 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

debemos destacar que la mencionada Sentencia fue emitida por el Tribunal Supremo para un caso en particular; la cual, de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo anterior, no puede considerarse como vinculante, debiendo desestimar lo argüido por el contribuyente para su 

aplicación en el presente caso. 

En consecuencia, al quedar establecido, conforme a los artículos 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB), que las acciones de la Administración Tributaria, para determinar la deuda tributaria del monto indebidamente devuelto, no se encuentran prescritas; razonamiento que condice con el expuesto en la Resolución de Recurso Jerárquico AGITRJ 0354/2016, que prevalece incluso en consideración al Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0064/2015 citado por el recurrente dentro la audiencia de alegatos en conclusiones, ya que el primero, además de ser más reciente está directamente vinculado con el presente caso al tratarse de ADMSAO SA., por lo que corresponde a ésta instancia de alzada, continuar con el análisis de los demás agravios. 

IV.3. Sobre las observaciones con Código 1 (Ausencia de Factura Original) Sobre la observación correspondiente al Código 1, ADM-SAO SA., manifestó que todas las facturas observadas cuentan con todo el respaldo documental suficiente y comprometió su presentación dentro el periodo probatorio habilitado en la presente instancia. 

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Al respecto, la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales, sobre la depuración con el Código de referencia, fundamenta su actuación en los artículos 8 de la Ley N° 843 y 8 del Decreto Supremo N° 21530, concordante con el parágrafo del artículo 41 de la Resolución Normativa de Directorio N° | precisando que contribuyente al no haber presentado las facturas, no son válidas para el cómputo del crédito fiscal, advirtiendo que no basta la presentación de dichos documentos dentro el Recurso de Alzada, sino debería considerar si fueron presentados en forma oportuna cuando dichos documentos fueron requeridos

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En ese contexto, el artículo 8 de la Ley N° 843 y del Decreto Supremo N° 21530, consideran DER_*

válido todo crédito fiscal que se hubiese facturado o cargado mediante documentación equivalente en el periodo que se liquida, en la medida en que el gasto (compra) se vincule a la actividad gravada, debiendo todas las Notas Fiscales consignar fecha, lugar, apellido o razón social del contribuyente y NIT; condiciones imprescindibles para el cómputo del crédito fiscal por parte del comprador por mandato del artículo 41 de la Resolución Normativa de Directorio No RND 10-0016-07; fundamentación complementada 

por la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ 0127/2005 entre otras, que establece la sa 

Justicla tributaria para vivir bien 

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9001 IBNORCA State G65

du Caldad tortilado KEC 2T4

validez de todo crédito fiscal siempre y cuando cumpla con: a) la existencia de factura original; b) que la transacción se encuentre vinculada con la operación gravada; y c) que esta transacción haya sido efectivamente realizada, en ese mismo contexto las Resoluciones STG-RJ/0064/2005, AGIT-RJ 0232/2009, AGIT-RJ0341/2009, AGIT-RJ 0429/2010 y AGIT-RJ 0007/2011 –entre otras- establecieron también la existencia de los tres requisitos citados

Siendo que, el inciso a) del artículo 4 de la Ley N° 843 (TO) establece que en el caso de ventas, sean éstas al contado o al crédito, el hecho imponible se perfeccionará en el momento de la entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de 

dominio, la cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura

nota fiscal o documento equivalente. Adicionalmente, es menester traer a colación el artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB) que dispone que, en los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales, quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. 

Bajo este enfoque normativo, debemos indicar que el sujeto pasivo conforme a las Actas de Recepción de Documentación cursantes a fojas 7982 C1 de antecedentes administrativos, presentó a la Administración Tributaria la documentación correspondiente a los periodo diciembre 2006-diciembre 2007, entre la que se lista: 1) DD.JJ. F200 y F-400; 2) 13 Libros de Ventas; 3) 13 Libros de Compras; 4) 36 Carpetas de Facturas; 5) Extractos Bancarios (Bancos Bisa, Unión); 6) Estados Financieros 2006, 2007; 7) 13 Libros Mayores; 8) 25 Carpetas de SDI Pólizas y Documentos de Transporte; 9) Autorización de Sustancias Controladas; 10) Modificación a Estatutos de la Sociedad; 11) Documentos de respaldo de Ingresos y Exportaciones; 12) Listado de Activos Fijos. Además de la documentación entregada por requerimiento expreso, mismas que se realizaron el 29 de agosto de 2011 y 14 de octubre de 2011, mediante las cuales se adicionan: 1) 43 Notas Fiscales; 2) 4 Pólizas; 3) 5 Fotocopias de Notas Fiscales; 4) 10 Fotocopias de Contratos de Transporte; 5) 12 Carpetas de Medios de Pago de Compras y 6) Certificación de Cheques no encontrados en BCP; 7) Cheques legalizados por Bancos BCP, BISA y Unión 

Por otra parte, es importante aclarar que, la parte recurrente presentó a la Autoridad Tributaria tanto facturas originales como fotocopias, sin que ésta identifique ausencia u omisión de la presentación de algún documento, empero de la lectura del acto impugnado, puntualmente el Papel de Trabajo “FACTURAS DEPURADAS DE LOS PERIODOS DICIEMBRE/2006, ENERO A DICIEMBRE/2007(fojas 735 del acto impugnado y 7-35 del expediente administrativo) lista detalladamente las transacciones que no cuentan con la 

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de la Calidad Ctrificado IEC27414 

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factura, nota fiscal o documento equivalente en original, enfatizando que la eficacia probatoria de la factura depende del cumplimiento de los requisitos de validez y autenticidad que se disponga en la normativa; toda vez que, una factura es un documento que prueba el hecho generador relacionado con un débito o crédito fiscal; y la tenencia del documento original, se constituye en un elemento fundamental probatorio de la veracidad de la transacción, siri, que esto signifique relegar los otros dos requisitos establecidos por la doctrina que sumados dan certeza plena de su ocu 

Asimismo, es imperante redundar en lo expuesto en acápites precedentes respecto al carácter especial de la verificación, ya que como fue explicado precedentemente, la Administración Tributaria recién queda habilitada para efectuar la revisión del crédito fiscal solicitado en calidad de Devolución Impositiva, al día siguiente que la misma se efectivizo; consiguientemente, resulta más que lógico considerar que ADM-SAO S.A., al solicitar y consolidar sus créditos fiscales que consideraba correspondían su devolución, tendría que haber agrupado toda la documentación necesaria para determinar la cuantía exacta de la solicitud realizada al Servicio de Impuestos Nacionales por el concepto de referencia, en virtud a la obligación prevista en los numerales 4 y 5 artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), siendo esencial contar con la totalidad de los documentos originales en los que sustento su solicitud de devolución impositiva, ya que la misma de ninguna manera puede ser fraguada o especulada, debiendo más bien responder y basarse en documentación real y fidedigna desde todo punto de vista, conforme lo prevé el artículo 76 y 81 de la Ley N° 2492 (CTB), 

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En ese entendido, como se expuso en la parte inicial del presente análisis, la prueba presentada por el ahora recurrente ante esta instancia, en principio debe cumplir imprescindiblemente lo establecido en el artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), en lo que refiere a la pertinencia y oportunidad de la misma, más cuando fue requerida por la Administración Tributaria durante el proceso de verificación; comprobando además que la empresa recurrente tampoco dejó constancia expresa de su existencia y compromiso de presentación; pues este hecho no puede considerarse como cumplido con la simple enunciación sobre la aparente existencia de las citadas notas fiscales; y como fue mencionado en parágrafos previos, los originales de las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, se constituyen en la base y fundamento para determinar la cuantía de la solicitud de devolución impositiva; siendo contradictorio que ADM-SAO SA., no haya ofrecido esos documentos básicos, siendo que por su recurrencia en este tipo de operaciones tributarias, ésta consiente que son susceptibles a revisión. 

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de la Cuidad Certificado WTEC-1701

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua

Consecuentemente, la observación de las facturas detalladas dentro el acto impugnado, que de manera parcial son adjuntadas por el recurrente en ésta instancia recursiva, conforme los numerales 4 y 5 artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), dicha documentación debía encontrarse en poder del contribuyente y ser debidamente ofrecida a la entidad fiscalizadora, al momento de solicitar la devolución impositiva correspondiente; siendo insustentable pretender que las mismas ahora sean prueba de reciente obtención, toda vez que dicha acción, demostraría que el sujeto pasivo carecía de los mencionados momento de formalizar la devolución cuestionada, incumpliendo lo previsto en el artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), en cuanto a la condición de pertinencia de la prueba; motivo por el cual ésta instancia de alzada se encuentra impedida para levantar la observación formulada por la Administración Tributaria, razonamiento congruente con lo expuesto en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0354/2016. 

IV.3. Sobre las observaciones con Código 2 (No Vinculadas a la Actividad Exportadora) ADM-SAO SA. al respecto menciona que los gastos observados en por el SIN bajo éste código, se tratarían de gastos indirectos que están vinculados a la actividad exportadora, aludiendo que los mismos son necesarios para dicha actividad, citando que algunos fueron mencionados y otros no pero constan en el cuadro de observaciones; aduciendo también que conforme precedentes administrativos, tanto el SIN cómo la Autoridad de Impugnación Tributaria, admitirían que los gastos indirectos, son necesarios para lograr la exportación y por lo tanto válidos; mencionado como los proveedores más significativos, el caso de Margot Rosario Rojas Macobono, ADHOK SRL. Y PIL ANDINA SA. 

Sobre el punto, la Administración Tributaria alegó que el contribuyente no realizó y menos demostró de qué manera se encuentran vinculados los gastos observados con su actividad exportadora, limitándose a realizar una alegación general, salando que son gastos indirectos necesarios para dicha actividad, debiendo analizarse su vinculación en apego a la normativa nacional. Precisó que tomando en cuenta, el cumplimiento del principio de neutralidad impositiva, la devolución cuestionada debe estar necesariamente vinculada con el costo de la mercadería exportada, más cuando no presentó en ninguna instancia, la estructura de costos del producto exportado y los gastos no vinculados, no pudiendo en consecuencia ser sujetos a devolución impositiva

Ahora bien, el artículo 125 de la Ley N° 2492 (CTB), conceptualiza la devolución impositiva como el acto en virtud del cual el Estado por mandato de la Ley, restituye en forma parcial o total impuestos efectivamente pagados a determinados sujetos pasivos o terceros 

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Cochabamba 

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responsables que cumplan con las condiciones establecidas en la Ley, estableciendo su forma, requisitos y plazos, 

Asimismo, el artículo 3 del Decreto Supremo N° 25465, establece que el crédito fiscal IVA correspondiente a los costos y gastos por concepto de importaciones definitivas o compras de bienes en el mercado interno, incluyendo bienes de capital, activos fijos, contratos de obras o prestación de servicios vinculados a la actividad exportadora, será reintegrado conforme a las normas del artículo 11 de la Ley N° 843 (TO)

Por otra parte, destacar que en el contexto que se va desarrollando el proceso de devolución impositiva, corresponde al contribuyente ofrecer las pruebas y lineamientos pertinentes para demostrar que los tributos sujetos a devolución, fueron determinados enmarcándose a la normativa tributaria vigente; en ese entendido, la carga de la prueba recae sobre el solicitante de ese derecho, tal como establece el artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB); debiendo ofrecer por lo tanto, no solamente argumentación referida a la correcta aplicación de las disposiciones emitidas al efecto, sino también el sustento documental que las respalde, tal como sucede en el caso de las compras y gastos que desde el punto de vista de la empresa recurrente, tiene su incidencia tanto en el mercado interno como en las exportaciones desarrolladas y por las cuales formalizó la devolución impositiva correspondiente. 

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Al respecto, con relación a la prueba la doctrina la considera como: “Conjunto de actuaciones que dentro de un juicio, cualquiera que sea su indole, se encamina a demostrar la verdad de los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus respectivas pretensiones litigiosas (...), es toda razón o argumento para demostrar la verdad o falsedad en cualquier esfera y asunto” (OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Buenos Aires – Argentina. Editorial Heliasta. 1978. Pág. 787 

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Asimismo, el. numeral 7 artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que dentro de los derechos del sujeto pasivo, se encuentran el derecho a formular y aportar todo tipo de pruebas y alegatos, en la forma y plazos previstos, que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente resolución, en la misma linea el artículo 81 de la citada Ley, determina que las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica, siendo admisibles sólo aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las pruebas que fueran ofrecidas fuera de 

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de la Calidad Certificado EC-17014 

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Justiciatributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua

plazo, pudiendo ser presentadas con juramento de reciente obtención, aquellas respecto a las cuales el sujeto pasivo, pruebe que la omisión no fue por causa propia

En ese contexto, debemos tomar en cuenta, que en el presente trámite, al regirse a un procedimiento especial como es la Solicitud de Devolución Impositiva (SDI), que al ser solicitada por el sujeto pasivo, debió estar acompañada de la respectiva documentación; destacando nuevamente lo previsto en los numerales 4 y 5 artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), ya que en el presente caso la carga de la prueba recae en el sujeto pasivo, quien conocía de las obligaciones previstas en la normativa tributaria vigente al momento de solicitar la devolución caminada, por lo que el hecho de existir observaciones por parte del Servicio de Impuesto Nacionales sobre la vinculación de ciertos gastos con la actividad exportadora, se encuentra sustentado en el cumplimiento del artículo 7 (CTB); es decir, considera el onus probandi” (carga de la prueba) que recae sobre ADM SAO S.A.; por consiguiente, quien debe aportar la prueba, es el beneficiario y peticionante de la devolución impositiva, pudiendo invocar para ello todos los medios admitidos en derecho. 

Conforme a lo expuesto previamente, el contribuyente debió ofrecer todos los elementos de 

convicción necesarios, para establecer la incidencia de los gastos observados por la Administración Tributaria, en las exportaciones desarrolladas y por las cuales planteó la devolución impositiva respectiva; lo que significa que debió exponer de maniera sustentada, la incidencia de dichos gastos en la composición del costo de la mercancía exportada; aspecto omitido en la prueba que sustenta la devolución impositiva analizada, pues tampoco advertimos, que el impetrante haya ofrecido una Estructura de Costos del Producto Terminado dispuesto para la venta en el mercado extranjero o una explicación conforme a los costos e insumos que componen el proceso productivo y. de comercialización; limitando de esa forma, que terceros como el SIN o esta instancia recursiva, tengan una comprensión cabal y precisa sobre lo reclamado en el presente Recurso de Alzada, pues para evitar la discrecionalidad al momento de establecer la vinculatoriedad de un gasto en el costo de la mercadería exportada, resulta necesario coriocer el análisis técnico utilizado por el contribuyente para determinar, como punto de inicio, la razonabilidad del mismo y a partir del cual, establecer la procedencia o improcedencia de los gastos efectuados con la actividad exportadora. 

En consecuencia, la falericia descrita con anterioridad, limita la formulación de un criterio sobre la vinculatoriedad de uri determinado gasto con la actividad exportadora, más cuando el mismo debe ser elevado por uriente ajeno a la operativa desarrollada por el 

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de la Cuidad Codexo TEG27U1

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contribuyente, tal como sucede con el Servicio de Impuestos Nacionales o la actual instancia de alzada; contraviniendo de esta forma lo señalado en el artículo 76 y parágrafo Il artículo 80 de la Ley N° 2492 (CTB); pues como se explicó a lo largo del presente, quien pretende hacer valer un derecho, debe probar los hechos constitutivos de los mismos, y esa acción no se cumple simplemente con argumentaciones, sino con explicaciones documentalmente sustentadas y técnicamente probadas. 

Por último, en cuanto a las Resoluciones de Recurso Jerárquico STG-RJ/0052/2005 y STG RJ/0109/2005 entre otras invocadas por el sujeto pasivo (fojas 115 del expediente administrativo); señalar que si bien en dichos actos, existe un reconocimiento de la existencia de ciertos gastos que formarían parte del costo de operación y el costo total de producción dentro la actividad minera, debemos destacar que ésta instancia desconoce cuáles eran las características del proceso llevado a cabo y por los cuales fueron emitidos 

las mencionadas Resoluciones de Recurso Jerárquico, más cuando el mismo está referido 

en algunos casos contribuyentes que pertenecen a un área productiva diferente a la del sujeto pasivo

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En ese entendido, debemos señalar que en el caso de la Resolución de Recurso Jerárquico SGT-RJ/0049/2005, si bien el mismo está referido a una empresa (CARGILL BOLIVIA S.A.) dedicada al mismo rubro que el recurrente, destacar que el análisis y decisión aludida por el administrado, se sostiene en la prueba documental ofrecida por el impetrantė, destacado entre ellos el Plan de Cuentas y la cuenta de Costos Operativos, así como la solicitud de compra de víveres, Orden de Pago debidamente autorizados, Comprobantes de Egresos y fotocopia del cheque bancario (fojas 116 vta. del expediente administrativo); documentos que en ningún momento fueron referidos por la ADMSAO S.A. y que desde luego, hayan permitido demostrar la vinculación e incidencia de los gastos referidos al recurso humano con la actividad exportadora, debiendo enfatizar que el nudo central de la impugnación, está en establecer, la relación de dichos gastos con los costos de la mercadería de exportación; y de esa forma comprobar si el monto sujeto a devolución cumple con la normativa dispuesta al efecto. 

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Bajo el mismo enfoque, corresponde efectuar el análisis de la Resolución de Recurso Jerárquico AGITRJ 1246/2014, la misma que en el subtítulo IV.4.6. Factura de servicio de comedor, parágrafo v, concluyó “…siendo un beneficio directo al personal, esta compra se encuentra vinculada con la actividad gravada..., enfatizando que en ningún momento, la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, efectuó una valoración sobre la vinculatoriedad de los gastos enviados con la actividad exportadora del administrado; 

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9001 BYORC

Slende Gatis 

dal Code Cerrlicado NEC 1444 

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siendo evidente que el caso traido a colación por ADM-SAO S.A. comprende un objeto de análisis diferente a una solicitud de devolución impositiva, que como se explicó a lo largo del presente, la misma implica un procedimiento particular y un análisis peculiar enmarcado en normativa específica; por consiguiente, no puede considerarse la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1246/2014 como un precedente válidos para el caso de autos

Ahora bien, el sujeto pasivo también enunció las Resoluciones de Recurso Jerárquico Nos. AGIT-RJ 0182/2010 y AGITRJ 1246/2014, (fojas 117117 vta. del expediente administrativo), referidos a la validez de los gastos por subsidio; empero nuevamente debemos señalar que el análisis del presente Recurso de Alzada, se centra en establecer la vinculación, el impacto y la correspondencia de dichos gastos, en la devolución impositiva solicitada por el exportador, análisis que no fue desarrollado en las Resoluciones de Recurso Jerárquico citadas previamente. 

Por consiguiente, el análisis alegado por la empresa recurrente y vertido en las Resoluciones de Recurso Jerárquico invocadas, no puede ser considerados como sustento para demostrar que los gastos observados por la entidad fiscalizadora, tendrían relación con su actividad exportadora, debiendo ser rechazadas en el marco del artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), debiendo enfatizar que la discusión no se centra en establecer la validez del crédito fiscal en sí, sino en establecer su vinculación con la actividad gravada. 

IV.4. Sobre las Observaciones con Código 3 (Sin Documentación Suficiente de Respaldo a la Efectiva Realización de la Transacción) y Código 4 (Sin respaldo del Medio Fehaciente de Pago) 

En este punto, la empresa recurrente agravia que las observaciones bajo los citados códigos recaen sobre las principales actividades que realiza la empresa ya que están referidas a la adquisición de grano y a los gastos por fletes del transporte de productos para la exportación; y que la Administración Tributaria no entendería que las mismas, corresponder a compensaciones que se efectúan principalmente para la adquisición de granos de soya y girasol, siendo que para el análisis de las transacciones se aplica incorrectamente el justificativo normativo utilizado; en ese sentido, explicó la metodología de las compensaciones que practica con sus proveedores, respaldándose en el Código Civil y la Ley N° 2492 (CTB), además de la consulta especifica que realizó al Servicio de Impuestos Nacioriales sobre dicha práctica, respaldando eso, con la verdad material de los hechos y la documeritación presentada por la empresa, constatando que las trarışacciones observadas fueron efectivamente realizadas a efecto de computar como válido el crédito fiscal generado en una transacción. 

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.9001 IBNORCA Si de Gestion 

de la Calidad Certificado EC 201

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

En oposición, el Servicio de Impuestos Nacionales sostuvo que en aplicación del artículo 14 de la Ley N° 2492 (CTB) respecto a que los contratos no son oponibles al Fisco ylo cambian sus obligaciones tributarias, aludiendo que las citadas observaciones surgen debido a que no se evidenció la efectiva realización de la transacción a través de los registros contables y documentación de respaldo suficiente, que permita demostrar y acreditar la ocurrencia del hecho generador, no habiéndose constatado el perfeccionamiento de las transacciones que declara haber realizado, mencionando además que dichas transacciones no cuentan con los respectivos medios fehacientes de pago dado que los importes de las notas fiscales observadas son mayores a UFV’s50.000.-, sin que los documentos con los que respaldarla su compensación se constituyan en un medio fehaciente de pago, no correspondiendo la validez del pago. 

Respecto a Ferroviaria Oriental, indica que en los comprobantes de egreso y de pago, si bien reflejan el número de factura pagada, existen facturas que no se encuentran detalladas en estos comprobantes, no correspondiendo la apropiación del crédito fiscal y menos su devolución impositiva, demostrándose que no se encuentran respaldados por documentación soporte, comercial, contable y financiera suficiente que evidencie la efectiva prestación del servicio. 

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Al respecto, en la normativa nacional en la que se encuentra la Ley N° 1489, los artículos 12 y 13 modificados por disposición de los artículos 1 y 2 de la Ley N° 1963 señalan que en cumplimiento del principio de neutralidad impositiva, los exportadores de mercancías, recibirán la devolución de impuestos internos y aranceles; y que a fin de evitar la exportación de componentes impositivos, se devolverá un monto igual al Impuesto al Valor Agregado (IVA) pagado, incorporado en los costos y gastos vinculados a la actividad exportadora aplicada sobre el valor FOB de exportación. 

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Del mismo modo, el parágrafo III, artículo 12 del Decreto Supremo N° 27874, que modificó el artículo 37 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), dispone que: “cuando se solicite devolución impositiva, las compras por importes mayores a 50.000 UFV, deberán ser respaldadas por los sujetos pasivos y/o terceros responsables a través de medios fehacientes de pago para que la Administración Tributaria reconozca el crédito 

correspondiente”, 

Por otra parte, los numerales 4 y 5 del artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB) establecen como obligación del sujeto pasivo respaldar las actividades y operacio nes gravadas, mediante 

libros, registros generales y especiales, facturas notas fiscales, así como otros documentos 

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9001 JBNORCA 

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ylo instrumentos públicos, conforme lo establezcan las disposiciones normativas respectivas y demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le correspondan. Asimismo, el artículo 76 de la citada norma, establece que quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. 

Asimismo, el Código de Comercio en el artículo 36 dispone la obligación de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia y organización de la empresa, sobre una base uniforme que permita demostrar la situación de sus negocios, el artículo 37 indica que debe llevar obligatoriamente los Libros Diario, Mayor y de Inventarios y Balances y otros que estime conveniente, el artículo 44 sostiene que en el Libro Diario se registran día a día y en orden progresivo las transacciones, utilizando las cuentas contables deudoras o acreedoras y se trasladarán al Libro Mayor en el mismo orden, considerando las cuentas afectadas. 

Respecto a la validez del Crédito Fiscal, la Autoridad General de Impugnación Tributaria estableció como precedente en las Resoluciones STG-RJ/0064/2005, AGIT-RJ 0232/2009, AGIT-RJ 0341/2009, AGITRJ 0429/2010 Y AGIT-RJ 0007/2011 -entre otras- que existen tres requisitos que deben ser cumplidos para que un contribuyente se beneficie con el Crédito Fiscal IV A, producto de las transacciones que declara, estos requisitos son: 1) La emisión de la factura original; 2) Que la compra se encuentre vinculada con la actividad gravada, y 3) Que la transacción haya sido efectivamente realizada

De igual forma, el artículo 3 del Decreto Supremo N° 25465 dispone que el Crédito Fiscal IVA correspondiente a los costos y gastos por importaciones definitivas o compras de bienes en el mercado interno, incluyendo bienes de capital, activos fijos, contratos de obras o prestación de servicios vinculados a la actividad exportadora, será reintegrado conforme al artículo 11 de la Ley N° 843 (TO). La determinación del Crédito Fiscal para las exportaciones, se realizará bajo las mismas normas que rigen para los Sujetos Pasivos que realizan operaciones en el mercado interno, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley N° 843 (TO). Como los exportadores no generan, o generan parcialmente Débito Fiscal por operaciones gravadas, después de restar éste del Crédito Fiscal, el excedente de crédito que resultare en el período fiscal respectivo, será devuelto hasta un monto máximo igual a la alícuota del IVA. 

En ese contexto, sobre la depuración de facturas por falta de medios fehacientes de pago, señalar que la devolución impositiva por importes mayores a Bs50.000.- deben estar respaldadas debidamente, mediante documentos bancarios o cualquier medio que aporte 

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de la Cuidad Catifeada NEC 2016 

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Cochobamba 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

certeza respecto a la transferencia efectiva de dominio de los productos y/o servicios adquiridos, conforme establecen los artículos 66, numeral 11 de la Ley N° 2492 (CTB); 12, parágrafo III del Decreto Supremo N° 27874, que modifica el artículo 37 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB); con el objetivo de validar la realización efectiva de la transacción, dejando sentado además que el sujeto pasivo está obligado a respaldar sus actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme establece el artículo 70, numeral 4 de la Ley N° 2492 (CTB)

Ahora bien, de la revisión de antecedentes administrativos y del expediente, se tiene que el 23 de mayo de 2011, la Administración Tributaria notificó a Carlos Pinto Montaño en representación de ADM-SAO S.A., con las órdenes de Verificación – CEDEIM (Verificación Posterior CEDEIM) 00100VE00831, 0008OVE0095, 0008OVE0314, 0008OVE0358, 0008OVE0437, 0008OVE0586, 0008OVE0587, 0008OVE0588, 0008OVE0802 y 0008OVE0805, a fin de verificar el Crédito Fiscal comprometido en los periodos diciembre 2006, enero, febrero; marzo y abril de 2007, mayo 2007, junio 2007, julio 2007, agosto 2007, septiembre 2007, octubre 2007, noviembre 2007 y diciembre 2007; asimismo, mediante Requerimiento No 00106320 solicitó la presentación de documentación referida a la devolución impositiva así como el respaldo al crédito fiscal declarado y comprometido para la citada devolución; adjuntando al efecto además la Nota con CITE: SIN/GGSC/DFNE/NOT/0237/2011 (Solicitud de información complementaria a Requerimiento F-4003 No 106320); acto con el cual el SIN solicitó de forma expresa los “Medio fehacientes de pago de las facturas de compra mayores a UFV 50.000...y detalle de los mismos, en medio físico y magnético...con los documentos de respaldo al pago; cheque certificado por el banco anverso y reverso (originales), mayores analíticos por proveedor, comprobantes de traspaso de cuentas, comprobante de egreso, comprobante de depósito, comprobantes de pago, extractos bancarios, facturas, y cualquier otra documentación que respalde las transacciones realizadas…“. (fojas 3-20 de antecedentes administrativos). 

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En este punto, podemos advertir que la entidad recurrida, no limitó su solicitud sobre medios fehacientes de pago, simplemente a documentación relacionada con entidades financieras y bancarias; por el contrario, dejó establecido la necesidad de contar con documentación adicional como la contable y otras administrativas, que permitan demostrar, por un lado la efectiva realización y pago de las transacciones y por otro, el cumplimiento de la normativa emitida al efecto, la misma que fue enunciada en parágrafos previos. 

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Justicia tributaria para vivir bien Jar mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua

En ese sentido, la Administración Tributaria al momento de emitir la Resolución Administrativa impugnada, depuró facturas de compras, bajo el código de observación 4, bajo el siguiente enunciado SIN RESPALDO DEL MEDIO FEHACIENTE – TRANSACCIONES MAYORES A UFVs 50,000.” (fojas 38 del expediente administrativo), señalando que “...evidencia que la diferencia en los pagos efectuados en relación a las facturas de acuerdo a la documentación presentada por el contribuyente, la respalda únicamente con facturas de venta de agroquímicos a su proveedor. Esta factura de venta no se constituye en un medio fehaciente de pago, por lo que no corresponde la validez de esta forma de pago; sin embargo a fin de no desconocer los pagos realizados por el contribuyente efectuado mediante cheques, estos serán considerados en forma cronológicas de acuerdo a las fechas de emisión de cada factura declarada, además en el caso específico de Ferroviaria Oriental en los comprobantes de Egreso y de Pago, si bien reflejan el número de factura pagada, existen facturas que no se encuentran detalladas en estos comprobantes, en consecuencia no corresponde la apropiación el crédito fiscal y menos a aún su devolución impositiva.” 

Conforme a lo expuesto previamente, la Administración Tributaria destacó la inexistencia 

exclusiva de un medio de pago propiamente dicho, que demuestre la disposición de fondos y la entrega de los mismos al proveedor del servicio coritratado o bien adquirido, de acuerdo al detalle de la factura declarada por el sujeto pasivo y cuestionada por la Administración Tributaria; es decir, que la entidad revisora estableció conforme a dicha observación, la inexistencia de prueba documental -ajena a la factura o nota fiscal- que demuestre la efectiva realización de la transacción entre ello el pago realizado, tomando en cuenta que dicho concepto se constituye en una parte vital de toda transacción, en especial al momento de efectuar el análisis del Impuesto al Valor Agregado (IVA), como resultaría en el presente caso, en virtud a lo establecido el artículo 2 de la Ley N° 843 (TO). 

En ese entendido, el artículo 2 de la Ley N° 843 (TO), en la definición de “venta”, incorpora tres condiciones para la materialización del hecho imponible del IVA, tales como: 1) La onerosidad; 2) La transmisión de dominio de la cosa mueble; y 3) Los sujetos intervinientes. En cuanto a la onerosidad, ésta queda demostrada a través del medio de pago (cheques, tarjetas de crédito u otros medios fehacientes de pago como los registros contables que respalden el ciclo contable); en tanto que la transmisión de dominio debe respaldarse mediante documentación contable como la Factura original, Comprobantes de Egreso o de Pago, Inventarios u otros documentos contables y/o financieros, que permitan demostrar la efectiva realización de la transacción y no una simulación del acto jurídico, con el único fin de reducir la carga fiscal, pues de lo contrano se estaría frente a una simulación del 

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Cochabamba 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

negocio, situación ante la cual correspondería la aplicación del parágrafo II, artículo 8 de la Ley N° 2492 (CTB), es decir, tomar la realidad de los hechos. 

Por otra parte, en cuanto a la compensación argüida en el presente Recurso de Alzada, es importante señalar que la Autoridad de Impugnación Tributaria mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0354/2016 señaló: “...que al tratarse de una solicitud de devolución impositiva por el periodo fiscal abril de 2009, la misma se rige por los artículos 125 a 128 de la Ley N° 2492 (CTB), cuerpo normativo en cuyo Articulo 66, Numeral 11, se establece de forma expresa, la obligación de respaldar con documentos bancarios como Cheques, Tarjetas de Crédito u Otros Medios Fehacientes de Pago, las compras relacionadas con devoluciones impositivas, cuya cuantía sea igual o mayor a 50.000 UFVS, como fuera establecido mediante el Artículo 37 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) modificado por el Artículo 12 del Decreto Supremo N° 27874, siendo evidente que la Compensación de deudas de acuerdo a condiciones contractuales sujetas a las normas del Código Civil, no constituyen documentos bancarios ni pueden considerarse como Medios Fehacientes de Pago, no siendo aplicables al presente caso las disposiciones del Código Civil en relación a las normas de extinción de deudas, en atención a lo dispuesto por el Numeral 1, del Artículo 74 de la Ley 2492 (CTB), por existir normas expresas que regulan la forma de respaldar las compras por importes iguales o superiores a 50.000 UFV relacionadas con Solicitudes de Devolución Impositiva, para su validación correspondiente.” 

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Señalar que, la explicación desglosada con anterioridad, deja plenamente identificada la obligación del sujeto pasivo, para poder respaldar sus operaciones conforme prevé la normativa emitida al efecto, en este caso la Ley N° 2492 (CTB) y sus Decretos Reglamentarios, más allá de la documentación emergente, de relaciones contractuales y mercantiles, reguladas por disposiciones de orden civil y comercial, las mismas que al no encontrarse debidamente reconocidas y enmarcadas en materia impositiva, no tienen efecto en la relación jurídico tributaria suscitada entre el sujeto pasivo y el Estado éste último representado por la entidad recurrida; pues no debemos olvidar que la aplicación 

supletoria de otras disposiciones, como la civil, solamente procede en procesos tributarios 

  • jurisdiccionales y no asi-en procesos tributarios administrativos, como es el caso de autos, 

ya que la normativa solamente permite la aplicación supletoria en caso de vacio de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo, tal como prevén los artículos 74 y 201 de la Ley N° 2492 (CTB); por consiguiente, resulta totalmente pertinente, la exigencia del SIN en cuanto el cumplimento de lo señalado en el artículo 37 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) modificado por el artículo 12 del Decreto Supremo N° 27874. 

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En este sentido, conforme lo agraviado por el contribuyente en cuanto a la aplicación de la Ley No 062 y Decreto Supremo N° 0772, se debe señalar que, la referida normativa no formó parte de la fundamentación del acto impugnado; en consecuencia, el reclamo de la empresa recurrente sobre la aplicación retroactiva, referente a que el justificativo normativo utilizado por la Administración Tributaria no seria el correcto respecto al momento de los periodos observados y la vigencia normativa, debe ser desestimado, al no ajustarse con lo evidenciado al revisar la Resolución Administrativa N° 21-00030-16 de 23 de diciembre de 2016. 

Ahora bien, dentro del Recurso de Alzada elevado por el contribuyente sobre la compra de soya y girasol (a distintos proveedores), es preciso destacar que la explicación elaborada por el administrado también estuvo referida, a su relación con los agricultores, que ofrecen al exportador recurrente los productos de su cosecha a cambio de facilidades en cuanto a materia prima e insumos, operación por la cual efectuaría una conciliación para el pago del remanente a favor del proveedor o el registro a una cuenta por cobrar a favor de ADMSAO 

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Conforme al escenario descrito, el contribuyente hace referencia a una forma de trabajo, que si bien tiene su incidencia en el ámbito civil y comercial, no existe un nexo que permita sustentar el cumplimiento de lo definido en el artículo 37 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) modificado por el artículo 12 del Decreto Supremo N° 27874, más cuando cursan contratos –como en el caso de la empresa AGRO-BERLÍN entre otrosen los cuales solamente dentro las formas de pago solo se contrataron anticipos en efectivo por la compra de grano; sin embargo, en ningún momento hacen referencia pagos en especie o la entrega de materiales o insumos como anticipo de pago o en su caso, que dicha este sujeto a una compensación o conciliación; aspecto que fue identificado como una observación por parte de la Administración Tributaria y considerado al momento de establecer los reparos, pues para el caso del proveedor referido con anterioridad, la entidad revisora efectuó una discriminación de la parte pagada en efectivo, la cual fue considerada como válida, reconociendo el beneficio del crédito fiscal IVA correspondiente, advirtiendo la falencia de documentos que demuestren de forma fehaciente el pago por la compra de grano. 

Ahora bien, también fueron identificados Formularios referidos en los cuales el contribuyente, efectuó una programación de los insumos que serían entregados al proveedor agrícola, documento que de una simple inspección, podemos corroborar, que muchos de ellos no cuentan con la firma del Agricultor Solicitante, además que tal acto 

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tampoco hace alusión a la compensación de la entrega de dichos insumos con el pago que vaya a efectuar ADM-SAO S.A. por la materia prima adquirida a dichos proveedores. 

Por otra parte, también comprobamos inconsistencia en los medios de pago ofrecidos por el contribuyente, que también formarían parte del sustento para establecer el reparo por parte de la Administración Tributaria y que comprende la emisión de cheques sin la identificación del beneficiario; careciendo además de respaldo documental que demuestre, la aceptación por parte del proveedor, de que el pago efectuado con dicho cheque le corresponde; o en su caso, un reporte contable que sustente la pertenencia del pago expuesto en el cheque mencionado, tal como sucede con el proveedor AGROSAM PAZ S.R.L. (fojas 10250-10251 de antecedentes administrativos). 

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De igual forma, comprobamos que cursan facturas emitidas por el sujeto pasivo, referidas a la venta de insumos agrícolas a favor de sus proveedores, tal como pasa con el proveedor Arlindo Pontremolez Varalta y BARGO SRL (fojas 10447-10434 y 10533-10536 de antecedentes administrativos), cuya compensación aludida, tampoco es referida en las notas fiscales identificadas; o cursaría documentos que demuestren aceptación de la compensación por la venta de dichos insumos y la compra de materia prima comercializada por los agricultores, tal como el administrado pretende que sea considerado; en consecuencia, la figura aducida por la empresa recurrente no se sostiene en prueba documental evidente (fojas 9483-15901 de antecedentes administrativos); razón por la cual se mantiene inalterable las observaciones formuladas al efecto, replicándose dicha conclusión para todos los proveedores inmersos en éste código de observación. 

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Por otra parte, al revisar las facturas emitidas por ADM-SAO S.A. y presentadas como medios de pago y respaldo de la compensación realizada, advertimos que en dichos documentos cursa la siguiente Nota: “Esta factura se considera pagada únicamente contra a presentación del Comprobante Oficial de la Empresa”, tal como sucede para el caso de los proveedores. Desarrollos Agrícolas S.A. DESA entre otros (fojas 10951-10981 de antecedentes administrativos); coligiendo que si la propia factura emitida por el proveedor, necesita de un respaldo para demostrar su cancelación -que valga la aclaración tampoco fue identificado en obrados del caso- mal podría considerarse como un medio de pago de las transacciones desarrolladas con sus proveedores de grano o materia prima, permaneciendo la necesidad de contar con otros elementos de prueba que demuestren fehacientemente el pago efectuado por las adquisiciones desarrolladas y desde luego, la efectiva realización de la transacción. 

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De igual modo, en este punto resulta importante destacar que el contribuyente rio ofreció oposición en cuanto a la valoración de la Administración Tributaria de los documentos baricarios, que hayan sido presentados para respaldar sus operaciores; en consecuencia, ésta instancia en virtud del parágrafo | artículo 211 de la Ley N° 2492 (CTB); no emitirá 

guno sobre la posición adoptada por la entidad recurrida en cuanto a estos documentos, más cuando revisados los Papeles de Trabajo referido a los Medios Fehacientes de Pago, el SIN efectuó una validación parcial y en otras total de las facturas que poseían los correspondierites respaldos baricarios tales como cheques, debidamente certificados por las entidades financieras interviriientes; siendo importante añadir, que tampoco las observaciones de la entidad fiscalizadora, se sustentarían en inconsistencias suscitadas en los registros contables del contribuyente o en sus Libros Contables. 

No obstante, a lo referido cori anterioridad, es importante mencionar que más allá de existir un registro contable sobre la venta realizada de irisumos por parte de ADM-SAO S.A. a sus agricultores, la observación radica en la validez de dicha venta como una forma de pago fehaciente, que rio genere incertidumbre sobre la efectiva realización de la transaccióni; es decir, desvirtuar la posibilidad de la realización de un simulacro de operación, más cuando a decir de la propia empresa recurrente, existe una relación financiera y operativa intrinseca e indivisible con el proveedor de materia prima, mediante el cual garantizaría el desarrollo normal de las operaciones del agricultor; lo que puede afectar la independencia de las transacciones sujetas a verificación, por la subvencióri firianciera y apoyo que recibe el agricultor emisor de las facturas cuestionadas por la Administración Tributaria, quedando en evidencia, la importancia de la prueba que pueda ser ofrecida por el contribuyente tal como establece el parágrafo Il artículo 80 de la Ley N° 2492 (CTB)

Por otra parte, tambiéri logramos comprobar que el sujeto pasivo, ofreció Reportes de su Sistema, como “Detalle de Insumos al 30/06/2011″ de los agricultores y proveedores de materia, por las Campañia desarrolladas para sus diferentes cultivos (maíz, girasol y soya), exponiendo movimiento de insumos por proveedor, tal como sucede para el caso de la empresa AGROP. NUEVO AMANECER AGRONUEVA SRL y el proveedor Arlindo Pontremolez Varalta (fojas 10121-10122 y 10464 de antecedentes administrativos); empero esa documentación no avala, que la informacióri registrada en dichos reportes haya sido convenida y aceptada por el emisor de la nota fiscal depurada; falencia que se viene advirtierido a lo largo del presente análisis y que se constituyó en pilar para que el SIN pueda estructurar sus observaciones, más cuando rio existe un documento que sustente la voluntad por la compensación aludida por el sujeto pasivo

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Por otro lado, en cuanto a las facturas emitidas por Ferroviaria Oriental S.A., debemos precisar que entre la documentación precisada por el contribuyente (fojas 11878-12537 de antecedentes administrativos), no existe un detalle o una explicación que permita establecer la relación entre dichas notas fiscales y los cheques emitidos por el administrado; es decir, que si bien el sujeto pasivo explicó en su memorial recursivo que muchas de las facturas correspondientes al servicio de flete, previsto por el proveedor referido al inicio del presente párrafo, fueron cubiertos con un sólo cheque o que un cheque comprende el pago de una determinada factura. 

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Señalar que la situación enunciada previamente, no puede ser evidenciada en la documentación presentada a la Administración Tributaria, más cuando cursan Comprobantes de Egreso, como es el caso del signado con el N° 310347 de 07 de febrero de 2007 (fojas 12102 de antecedentes administrativos), en el cual no se identifica que factura está siendo pagada o el motivo para la disminución del pasivo acreditado contablemente; debiendo puntualizar que en el concepto o glosa del mencionado comprobante contable, el contribuyente hacen referencia a CxP seguidamente de una numeración, sin existir una mayor desglose de las operaciones que están siendo objeto de contabilización; y que si bien el sujeto pasivo también acompañó el Reporte de Cuenta por Pagar No 49 de 06 de febrero de 2007 (fojas 12103 de antecedentes administrativos), en el cual se encuentra referida la factura N° 7303 (FO: 7303), logramos advertir un desglose de veinte (20) Cartas Portes, el cual al ser comparado con el detalle de la factura N° 7313, advertimos inconsistencia, pues esta última, solamente expone cuatro (4) Cartas Portes; lo cual desde luego, resta credibilidad al argumento sostenido por el contribuyente; comprobando así que las notas fiscales en cuestión, carecen de un sustento (contable y operativo) idóneo y congruente que demuestre el cumplimiento de lo señalado en los numerales 4 y 5 artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB); siendo evidente que la simple argumentación no aporta elementos de convicción fidedignos, que sostenga el efectivo pago al proveedor del servicio y desde luego, la realización de la operación analizada. 

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Por último, sobre la consulta atendida por la Administración Tributaria mediante Nota con CITE: SINPE/GG/GINT/DNC/NOT/295/2012, en cuanto a la compensación realizada por la empresa recurrente, precisar que si bien dicha figura es aceptada como un medio para extinguir una obligación determinada, la misma debe poseer toda la documentación que demuestre su procedencia e indefectible realización, evitando la existencia de inconsistencia e incongruencia, pues al ser una figura que expone la aceptación de partes, los elementos ofrecidos como prueba deben exponer abierta y expresamente dicho hecho; 

condiciones que no fueron demostradas en el presente caso por parte del contribuyente; 

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además de cursar la obligación prevista en el artículo 12 del Decreto Supremo N° 27874, que modifica el artículo 37 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB); razón por la cual el reclamo del sujeto pasivo carece del sustento y prueba necesaria exigida en el artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB). 

Adicionalmente, en referencia a la inspección ocular llevada a cabo el 13 de junio de 2017, corresponde aclarar que si bien el mencionado acto unificaba los recursos de Alzada Nos. ARIT-SCZ0073/2017 Y ARIT-SCZ0074/2017, los aspectos plantados dentro del presente caso en específico no desvirtúan o aportan elementos con los que se diluciden los agravios planteados por ADM-SAO SA., toda vez que los reclamos y observaciones se refieren a cuestiones analizadas dentro del presente informe sin que la inspección modifique el criterio o apreciación sobre los tópicos tratados, no mereciendo mayor pronunciamiento de esta autoridad. 

Por todo lo expuesto, corresponde a ésta instancia de alzada, mantener la observación formulada por la Administración Tributaria en cuanto a la ausencia de medios fehacientes de pago, enmarcado a lo previsto en el parágrafo III, artículo 12 del Decreto Supremo N° 27874, que modifica el artículo 37 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), así como lo previsto en los numerales 4 y 5 artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB) y los artículos 76 y parágrafo I artículo 80 de la citada norma legal, quedando subsistente la obligación tributaria determinada por el concepto analizado; en consecuencia, corresponde a ésta instancia recursiva confirmar la Resolución Administrativa N° 21-0003016 de 23 de diciembre de 2016, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales

POR TANTO: La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Cochabamba, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Administrativa N° 2100030-16 de 23 de diciembre de 2016, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales; sea de conformidad con el inciso b) parágrafo I del artículo 212 de la LM Ley N° 2492 (Título V CTB). 

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Cochabamba 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 de la Ley No 3092 (Título V del CTB), será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente

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TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley N° 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

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CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 de la Ley N° 2492 (CTB), el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente Resolución de Recurso de Alzada es de 20 días computables a partir de su notificación. 

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  • Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

Teresa del Rosario Borda Rocha DIRECTORA EJECUTIVA REGIONAL 

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