ARIT-CBA-RA-0298-2017 Resolución administrativa que equivale a la diferencia que resultan con un importe indebidamente devuelto correspondientes al IVA, mediante verificación posterior de los CEDEIM, por las cuales el contribuyente no cuenta con documentaciones de respaldo y la ausencia de facturas que respaldan el crédito fiscal por lo que se mantiene la observación de la administración tributaria

ARIT-CBA-RA-0298-2017

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Cochabamba 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARITCBARA 0298/201

Recurrente 

: ADMSAO SA., legalmente representada por Carlos Gerardo 

Pinto Montañ

Recurrido 

: Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, legalmente representada por Carlos Eufronio Camacho Vega, 

Expediente ARIT-SCZ-0073/2017 Acto Impugnado : Resolución Administrativa N° 2100003516 de 27 de diciembre de 

2016 

Fecha 

: Cochabamba, 24 de julio de 2017 

VISTOS: El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT CBA/ITJ 0298/2017 de 24 de julio de 2017, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente

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  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO Resolución Administrativa N° 21-000035-16 de 27 de diciembre de 2016, que estableció la diferencia, entre el monto devuelto por concepto de Devolución Tributaria, respecto a la documentación presentada como respaldo al crédito fiscal devuelto y mantenimiento de valor restituido en dicha Devolución Tributaria, del que resulta un importe indebidamente devuelto al contribuyente ADM-SAO S.A. de Bs7.976.125.- equivalente a UFVs5.217.800. importe que a la fecha de emisión de la citada Resolución, ascendería a UFVs7.339.183. importe equivalente a Bs 16.068.884.- correspondiente al crédito fiscal indebidamente devuelto e intereses. Acto que fue notificado mediante cédula el 30 de diciembre de 2016 (fojas 1-53 del expediente administrativo y 44346-44399 de antecedentes administrativos). 

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  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 11.1. Argumentos del Recurrente. ADM-SAO S.A., legalmente representado por Carlos Gerardo Pinto Montaño, conforme acredita el Testimonio Poder N° 1190/2015 de 25 de septiembre de 2015 (fojas 87-94 del expediente administrativo), mediante memorial presentado el 24 de enero de 2017 (fojas 110-131 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa N° 21-00003516 de 27 de diciembre de 2016, emitida por la Gerencia 

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Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales, argumentando lo siguiente

Aplicación de la prescripción. Manifestó doctrina referida a la figura jurídica de la prescripción, haciendo alusión también al efecto de la suspensión e interrupción, aclarando que la Ley N° 2492 (CTB) se encontraría vigente a partir del 2 de agosto de 2003; por consiguiente, dicha normativa sería aplicable a los periodos referentes a la Solicitud de Devolución impositiva (SDI) presentada de acuerdo a la Declaración Jurada Única de Devolución Impositiva a las Exportaciones (DUDIE) con Nos. de Orden 7932224814, 7932291324, 7932292309, 7932295603, 7932295988, 7932310687, 7932312270, 7932328003 y 7932399800 correspondiente a los periodos abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2008 según las Ordenes de Verificación Posterior 0009OVE00158, 00090VE00289, 0009OVE00460, 0009OVE00461, 0009OVE00462, 0009OVE00530, 0009OVE00531, 0009OVE005329 y 0009OVE00149, correspondiendo invocar y aplicar el parágrafo | artículo 59 del mencionado cuerpo normativo, precisando que las facultades de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributo y determinar la deuda tributaria prescribiría a los 4 años. 

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Sostuvo que, de acuerdo al artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB), el término de la prescripción se computaria para los periodos fiscales: abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2008, a partir del 1 de enero de 2009 y para diciembre de 2008, se computaria a partir del 1 de enero de 2010; cómputo que manifestó se encontraría en la Sentencia No 161/2016 de la Sala Plená del Tribunal Supremo de Justicia, “aclarando que ésta debió decir Resolución Administrativa y no Resolución Determinativa; y 

que aun asi el efecto es el mismo 

Aclaró que, en el caso de una verificación de la Devolución Impositiva, el cómputo se iniciaría desde el primer dia del año siguiente al periodo fiscal de exportación, concluyendo que para los periodos fiscales de abril a noviembre de 2008, la prescripción se concretó, el 31 de junio de 2013, considerando los seis meses de suspensión por la notificación de la Orden de Verificación y para el caso de diciembre de 2008, hasta el 30 de junio de 2014

Por otro lado, mencionó el artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB) y lo referente a la interrupción en el cómputo de la prescripción; puntualizando que el listado de situaciones, no ocurrieron en el caso sujeto a análisis, puntualizando que la Resolución Administrativa 

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Cochabamba 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

fue notificada el 30 de diciembre de 2016, sin que exista además reconocimiento de la 

obligación o solicitud de facilidades de pago alguno

Prosiguiendo su exposición, señaló que el artículo 59 y siguientes de la Ley N° 2492 (CTB) fueron modificados por las Leyes Nos. 291, 317 y 812; destacando que dichas modificaciones se suscitaron de forma posterior a los periodos fiscales noviembre y diciembre de 2008, no siendo aplicables al presente caso; razonamiento establecido mediante tres Sentencia emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia: No 39 de 13 de mayo de 2016, No 47 de 16 de junio de 2016 y No 52 de 28 de junio de 2016. 

Indicó que, la prescripción como forma de extinción de la deuda tributaria, perteneceria al derecho tributario material y no formal, por tanto, las modificaciones aludidas en el párrafo anterior corresponden ser aplicadas para hechos venideros; y que conforme los artículos 123 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 150 de la Ley N° 2492 (CTB), no puede aplicarse de forma retroactiva las modificaciones aludidas respecto a cuando en realidad disponen términos de prescripción mayores que no benefician al contribuyente; insistiendo en la aplicación de la Sentencia No 47 de 16 de junio de 2016, para los periodos de julio a diciembre de 2008 y la aplicación de lo establecido en el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) sin modificación alguna. 

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Prescripción del Mantenimiento de Valor observado indebidamente restituido. Expone cuales son los periodos que estarían siendo objeto de observación por parte del SIN, referido al mantenimiento de valor restituido, coligiendo que la entidad revisora pretende efectuar una revisión del año 2002, situación que a la fecha se encontraria totalmente prescrito; aclaró que, el acto impugnado encierra observaciones de las gestiones 2005, 2007 y 2008, así como diferencias en cuanto el cálculo aritmético de la actualización de los saldos a favor declarados en su Formulario 210 de cada periodo sujeto a verificación, 

  • lo cual comprendería un cálculo del año 2002, totalmente prescrito; acotó que no obstante de que la documentación fue remitida en su momento podrá advertirse que dichos periodos fiscales, a la fecha no pueden ser objeto de verificación, puesto que la Administración perdió sus facultades de control, verificación y determinación

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Concluyó que, el acto impugnado incluyó periodos fiscales prescritos y vencidos por más de 4 años adicionales a la configuración de la prescripción; y que dicha figura no debe ser probada, sino simplemente expuesta y mostrada por el simple cómputo del transcurso del tiempo, reiterando que la prescripción se concreto, para los periodos de abril a noviembre de 2008 el 31 de junio de 2013 y para el periodo diciembre de 2008 el 31 de junio de 2014; 

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IBNORCA Sistema de Gestion 

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Justicia tributaria para vivir blen Jan mit’ayir jacha kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua} 

III 

por tanto, alegó que la Administración Tributaria considere la Resolución Administrativa 

impugnada como ejecutable, configuraría un agravio a su empresa, siendo su actuación revisora extemporánea; y para el mantenimiento de valor indebidamente devuelto -por las supuestas diferencias en cuanto al cálculo aritmético de la actualización considerando los saldos a favor declarados en sus formularios 210- también serían observaciones prescritas. 

Por lo expuesto, solicitó la revocatoria total de la Resolución Administrativa N° 21000035 16 (CITE: SIN/GGSCZDJCCIUTJ/RADI/000352016) en virtud que la pretensión de determinación de una presunta deuda tributaria, se encontraría prescrita. 

FACTURAS OBSERVADAS – CRÉDITO FISCAL DEPURADO RESPECTO AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA). Por otro lado, explicó que todas las facturas que componen las observaciones del SIN, contarían con todo el respaldo documentario suficiente para demostrar su vinculación con la actividad gravada de la empresa, algunos de forma directa y en otros casos de manera indirecta; sin embargo, aclaró que en el Recurso de Alzada se refirió a las transacciones más relevantes: 

Ausencia de la factura original. Puntualizó que, las facturas involucradas en ese detalle, corresponden a notas fiscales cuyos originales ya fueron presentados en la etapa administrativa y que a la fecha continúan en la búsqueda de las mismas, destacando que en término probatorio se presentarán los documentos que puedan recabar. 

No vinculadas a la actividad exportadora. Que, el Servicio de Impuestos Nacionales omitió considerar la existencia de gastos indirectos que son fundamentales para la actividad exportadora; y que de una forma anticipada no le permitió al SIN dimensionar esa necesidad, observando el total de dichos gastos; respaldando el mencionado entendimiento, con las Resoluciones de Recurso Jerárquico STGRJ/0052/2005 y STG-RJ/0109/2005; solicitando la revisión de la documentación de respaldo ofrecida y que en función a ello puedan validarse los gastos observados de forma incorrecta. 

De igual forma, destacó que en el análisis de las Resoluciones de Recursos Jerárquicos, fueron incluidos gastos indirectos, que serían necesarios para realizar las actividades de producción, comercialización y exportación de minerales. 

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Cochabamba 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Observaciones sin documentación suficiente de respaldo a la efectiva realización de la transacción y sin respaldo del medio fehaciente de pago. Con relación a las observaciones por la inexistencia de un medio fehaciente de pago y la normativa aplicable al caso de transacciones efectuadas por montos iguales o mayores a UFVs50.000.- y que las mismas no contarían con documentación de respaldo, sin considerar que dichas transacciones corresponden a compensaciones que se efectuaron principalmente para la adquisición de granos de soya y girasol. 

Arguyó que, las operaciones sujetas a verificación, corresponden a gestiones anteriores a noviembre del año 2010; en consecuencia, el justificativo normativo utilizado por la Administración Tributaria, no seria el correcto; señaló que, la observación de la entidad recurrida se sustentaría en el artículo 37 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) modificado por el parágrafo III del artículo 12 del Decreto Supremo N° 27874 y lo establecido en el artículo 66 numeral 11 de la Ley N° 2492 (CTB) modificado recién en noviembre del año 2010 por la Ley No 062 de 28 de noviembre de 2010. 

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Precisó que, el artículo 66 numeral 11 de la Ley N° 2492 (CTB) fue citado erróneamente por el SIN, no siendo aplicable al presente caso, pues la misma fue incorporada mediante la Ley No 062 de 28 de noviembre de 2010 y reglamentada recién en el año 2011 por la Disposición Final Cuarta del Decreto Supremo 772; en consecuencia, no puede aplicarse de manera retroactiva dicho referente normativo; enunciando lo que se entendería como medio fehaciente pago, siendo este, aquel que liquida una operación cierta. 

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Cuestionó que, a pesar de lo enunciado previamente la Administración recurrida presumiría la inexistencia de la transacción cuando no cursaría un cheque o un depósito bancario, aun cuando fuese presentado medios de pago, genuinos y legalmente establecidos, no siendo necesario un medio de pago emitido o reconocido por una entidad de intermediación financiera, hasta antes de las modificaciones efectuadas a la norma partir de la Ley N° 062. 

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En ese sentido, expone que la compensación es un modo de extinción de la obligación que incluso estaría reconocida en el numeral 4 articulo 351 del Código Civil y artículo 363 del mismo cuerpo legal; destacando que el artículo 56 de la Ley N° 2492 (CTB) reconoce la compensación o conciliación como un modo de extinción de obligaciones reciprocas, siendo así un medio fehaciente de pago y bastaría que ambos acreedores estén de acuerdo con dicha operación

NB-ISO 

9001 IBNORCA Sixtenu de Gestión 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quegua

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Por tanto, en virtud al artículo 66 numeral 11 de la Ley N° 2492 (CTB) sin modificaciones, aplicable a las gestiones anteriores a la 2010, un medio fehaciente de pago es cualquier documento establecido legalmente; como el caso de la compensación y que este sería su respectivo contrato; y que en ningún momento cursa la obligación que dicho medio deba ser un documento estrictamente emitido por una entidad bancaria. 

Compra de Grano de Soya y girasol (a distintos proveedores). La empresa recurrente, señaló que, parte de su actividad agrícola es la preparación de tierras y de otras labores inherentes, para garantizar a sus proveedores de materia prima, la obtención de una adecuada cosecha y con las exigencias necesarias para una producción satisfactoria, para lo cual debe efectuar, la erogación de fondos destinados a los mencionados proveedores de grano. 

Agregó que, los agricultores no tienen facilidad de acceso al crédito del sector financiero, por cuanto asume el carácter de garantes para la obtención de ciertos insumos, contrà un cargo en la cuenta corriente del agricultor, que sería dado de baja una vez que el agricultor ingrese el grano a la empresa y cierre el precio, puntualizando que por todo eso cursa la firma de un contrato por campaña en base al área de siembra que compromete el agricultor, estableciendo el porcentaje de financiamiento y el volumen de grano que debe entregar el agricultor, explicando la forma de entrega y almacenaje del grano adquirido, refiriéndose como ejemplo al proveedor GRANORTE SRL., aclarando que todos los documentos que respaldarían estas operaciones fueron presentados a la Administración Tributaria y que los mismos permitirían verificar la veracidad de la transacción

Servicio de Flete. Sostuvo que, utilizaría tres tipos de servicios, el transporte con camiones, el transporte ferroviario y el transporte fluvial a través de barcazas hasta llegar a los puertos del océano Atlántico, señalando que la empresa Ferroviaria Oriental SA. (FO) prestaría el servicio ferroviario desde su planta industrial en la ciudad de Santa Cruz hasta los almacenes en Puerto Suarez. Aclaró que, firma un contrato anual donde establecería un precio de USD por Tn, dependiendo del tipo de producto a trasladar, facturarido el proveedor en función al volumen conciliado de carga entregada en Puerto Suarez, haciendo referencia a un seguro que es contratado por el proveedor del servicio. 

Puntualizó los documentos que fueron entregados a la Administración Tributaria, los mismos que desvirtuarían las observaciones del SIN, exponiendo un ejemplo de cómo procede el proveedor con la emisión de las correspondientes notas fiscales y el pago 

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de la calidad Ceruficado MEC-2014 

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Cochabamba 

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* AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

realizado por el servicio recibido, destacando que un pago puede agrupar varias facturas, por tanto, la depuración efectuada por la entidad recurrida resultaría improcedente.

Precedentes del Caso. Mencionó el criterio utilizado por la Autoridad de Impugnación Tributaria del Departamento de Santa Cruz en un caso anterior, establecido mediante la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZIRA 0012/2016 el cual contendría una correcta valoración de la prueba documental, que se sustenta en la identificación de la verdad material de los hechos, para establecer la efectiva realización de las operaciones y la existencia de un medio fehaciente de pago

Añadió que, conforme a la nota con Cite: SINPE/GG/ 

GJNT/DNC/NOT/295/2012 emitida 

por la Presidencia Ejecutiva del SIN en la vía informativa, señalaría la compensación como un medio de extinción de obligaciones y que al no existir el pago con dinero, no estaría comprendido en la normativa referida a documento de pago, a partir del cual la ARIT Santa Cruz logró establecer que, las transacciones observadas fueron debidamente realizadas, además de identificar la norma aplicable el año 2009, identificando lo establecido en el artículo 66 numeral 11) de la Ley N° 2492 (CTB) y artículo 37 del Decreto Supremo No 27310 (RCTB) con su respectiva modificación en el Decreto Supremo N° 27874. 

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De igual forma, hizo mención a la Resolución Jerárquica AGITRJ 0354/2016, mediante el. cual la Autoridad General de Impugnación Tributaria, revocó el criterio asumido por la ARIT Santa Cruz, empero el sujeto pasivo resaltó que el artículo 66 de la Ley N° 2492 (CTB) reconoceria como respaldo, cualquier otro medio fehaciente de pago establecido legalmente, sin limitarse solamente a los emitidos por las entidades baricarias, obligación que recién fue prevista con la Ley N° 062 el año 2010. 

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Por otra parte, en cuanto a la nota con CITE: SIN/PE/GG/GJNT/DNC/NOT/295/2016 emitida por la Presidencia del SIN, si bien refiere a una normativa distinta a la aplicable el año 2009, reforzaría el criterio asumido por la ARIT Santa Cruz, pues sostuvo que la compensación en un medio de extinción de obligaciones, distinto al pago en dinero físico, siendo dicha figura legal al estar reconocida en materia civil. 

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Concluyó su reclamo, señalando que existen todos los elementos necesarios para demostrar la verdadera existencia de la operación y que ignorarlos implicaría una violación del debido proceso en su elemento de derecho a la defensa contemplada en el artículo 180 

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de la calidad Certificado EC 1414 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aysmara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua

parágrafo I de la Constitución Política del Estado (CPE) y la Sentencia Constitucional No 1662/2012 

Facturas que no cumplen los aspectos formales de emisión. Manifestó que, con la prueba aportada a la entidad fiscalizadora, puede verificarse los datos observados de la factura referido a la ausencia del NIT de ADMSAO S.A. 

RESTITUCIÓN INDEBIDA POR CRÉDITO OBSERVADO. Irivocó lo referido por la Administración Tributaria, sobre depuración de crédito fiscal por lo que el mantenimiento de valor de dicho crédito constituye un concepto indebidamente restituido, no correspondiendo su devolución por los periodos abril, mayo, junio, agosto, octubre y noviembre de 2008, exponiendo el importe establecido al efecto. 

MANTENIMIENTO DE VALOR DEL SALDO DEL CRÉDITO FISCAL SIN RESPALDO FEHACIENTE. Identificó dos observaciones al crédito fiscal restituido, destacando primero el crédito por Restitución de Mantenimiento de Valor por Cedéim’s recibidos, los mismos que corresponderían a periodos que datan de las gestiones fiscales 2005, 2007 y 2008. 

Por otro lado, explicó que tiene formularios entregados por el SIN que señalarían: “Realizada la verificación del Formulario 143 y la información procesada en el Sistema de Devolución impositiva (SEV-CEDEIM) correspondiente al periodo de referencia (por ejemplo mayo de 2005) determina una diferencia a su favor de crédito fiscal el mismo que será restituido a su cuenta corriente; en ese sentido, para los periodos julio, agosto y septiembre de 2005, mayo a diciembre de 2007, enero, febrero y marzo de 2008, contaría con todos los Reportes de Restitución de Crédito fiscal y que fue incorporado a su Cuenta Corriente por el propio Servicio de Impuestos Nacionales, enervan el agravio pues la eritidad recaudadora desconoceria sus propios actuados

De forma posterior, destacó como segundo punto las diferericias en cuanto al cálculo aritmético de la actualización de los saldos a favor declarados en sus formularios 210 de cada periodo sujeto a verificación, que no contarían con justificación al respecto, que implicaría una revisión del año 2002 y que a la fecha se encontraría totalmente prescrita, es decir, de hace más de 15 años

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– Cochabamba 

Cochabamba 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL SIN. Manifestó que, toda la documentación presentada a la Administración Tributaria y la amplia explicación expuesta en el presente escrito, sostuvo que las observaciones efectuadas por la Administración Tributaria son improcedentes. 

Por lo expuesto, solicitó la revocatoria total de la Resolución Administrativa N° 21-000035 16 de 27 de diciembre de 2016, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales. 

II.2. Auto de Admisión. El 3 de mayo de 2017, ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Admisión EXPEDIENTE: ARITSCZ-0073/2017, admitiendo el Recurso de Alzada interpuesto por Carlos Gerardo Pinto Montaño en representación de ADM-SAO S.A., contra la Resolución Administrativa N° 21-00003516 de 27 de diciembre de 2016, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (fojas 259 del expediente administrativo)

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II.3. Respuesta de la Administración Tributaria. La Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente representada por Carlos Éufronio Camacho Vega, quien acredita personería conforme Resolución Administrativa de Presidencia No 031700000781 de 08 de mayo de 2017 (fojas 302 del expediente administrativo), por memorial presentado el 19 de mayo de 2017 (fojas 304317 del expediente administrativo), respondió negativamente el Recurso de Alzada con los siguientes fundamentos: 

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Sobre la prescripción. Que, las observaciones del contribuyente carecen de respaldo legal, sostenido que la ignorancia de la Ley no exime de su cumplimiento, más cuando el sujeto pasivo por las características que posee, debería tener previo conocimiento de las obligaciones tributarias; añadió que la prescripción es una figura que penaliza la inacción del ente acreedor del tributo y que, la normativa invocada por la empresa recurrente, fue modificada mediante la Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012 y posteriormente con la Ley N° 317 de 11 de diciembre de 2012, refiriendo como precedente a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1246/2013, careciendo de esta forma de asidero legal la prescripción reclamada por el contribuyente. 

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de la Caridad Certificado EC2014 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Maria tasaq kuraq kamachiq (Quechua

Puntualizó además que, el presente caso está referido a una Solicitud de Devolución Impositiva, procedimiento especial que estaría regulado por el Título II, Capítulo I, Sección VIII y Subsección III – Devolución Tributaria, artículos 126 y 128 de la Ley N° 2492 (CTB), que se inicia con la notificación de la Orden de Verificación y Requerimiento de Documentación, concluyendo con la emisión de una Resolución Administrativa cuyo objeto son las facturas que respaldarían un CEDEIM; en ese contexto, explicó que, el artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB) no es aplicable al caso que nos ocupa, cuya regularización normativa implicaría la Ley de Exportaciones N° 1489 así como el Decreto Supremo No 25465; resaltando que, se trata de una revisión producto de la atención de una solicitud realizada por el propio administrado; no existiendo de esta forma una fecha de vencimiento de pago para estos casos, siendo insostenible que el cómputo de la prescripción inicie el 1 de enero del año siguiente al periodo comprometido. 

Por lo descrito, señaló que, el cómputo de esta figura jurídica se iniciaría desde el momento de la devolución indebida conforme lo establecido por el procedimiento para la devolución impositiva; y que de acuerdo al artículo 47 de la Ley N° 2492 (CTB) fue considerado como tributo omitido, los montos indebidamente devueltos desde el momento que procedió la devolución impositiva, toda vez que el hecho generador de la obligación tributaria, se consideraría ocurrida en el momento de realizada la circunstancia material, es decir, que para el caso de los CEDEIM, éste se perfeccionó a momento de la devolución correspondiente. 

Por otra parte, en cuanto a la aplicación del artículo 150 de la Ley N° 2492 (CTB) reclamado por el exportador, sostuvo que el presente trámite responde a un procedimiento especial, teniendo un propio referente legal desde el artículo 125 y. siguientes de la Ley N° 2492 (CTB), debiendo de esta forma desestimar las intenciones de la empresa recurrente en cuanto a la configuración de la prescripción. 

En consecuencia, refiriéndose a las modificaciones del régimen de prescripción suscitado mediante las Leyes Nos. 291 y 317 y lo previsto en las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1444/2013 y AGIT-RJ 0957/2015, concluyó que sus facultades como Administración Tributaria por los periodos 2008, no se encontrarian prescritas. .

Sobre las facturas observadas. Ausencia de la factura original

Destacó la necesidad de contar con la factura original como requisito para la validez del crédito fiscal IVA, enunciando para ello el Auto Supremo N° 477 de 22 de noviembre de 

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de la Calidad Cerificado KĘG27414 

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Cochabamba 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

2012, añadiendo también como sustento legal, la Resolución Administrativa N° 05-0043-99 modificada por la Resolución Normativa de Directorio No RND 050048-05, artículo 8 de la Ley N° 843 y Decreto Supremo No 21530, así como el artículo 41 parágrafo, I de la Resolución Normativa de Directorio N° RND 10-0016-07; no siendo suficiente referirse a su presentación, sino demostrar el cumplimiento de los requisitos previstos en la normativa tributaria vigente; y que al no existir ese hecho procedió la depuración de dichas notas fiscales. 

No vinculadas a la actividad exportadora. Que, el sujeto pasivo solo escribió su percepción respecto a las observaciones formuladas, sin explicar de qué manera se encuentran vinculados los gastos observados, limitándose a señalar que los mismos serían gastos indirectos necesarios para la actividad exportadora; aclarando que, el Estado debería devolver el IVA incorporado en los costos y gastos incurridos para ello. 

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Puntualizó que, de acuerdo al artículo 3 del Decreto Supremo N° 25465, la determinación del crédito fiscal para exportaciones, debe realizarse bajo las mismas normas que rigen a los sujetos pasivos que realizan actividades en el mercado interno, es decir, lo señalado en el artículo 8 de la Ley N° 843 y artículo 8 del Decreto Supremo N° 21530, así como lo previsto en los artículos 7 y 15 del Decreto Supremo N° 24051, destacando la obligación de demostrar la vinculación con las operaciones gravadas del sujeto pasivo, en especial con el costo de las mercaderías exportadas en el marco de lo dispuesto en la Ley N° 1489, refiriéndose a la Resolución del Recursó Jerárquico AGIT-RJ 0166/2013 y Auto Supremo N° 136. 

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Posteriormente, hizo referencia a los gastos cuestionados y por los cuales el contribuyente no demostró su relación directa con l’a operación gravada, destacando que, los mismos por su descripción no existiría dicha relación; y que lo alegado por el importador que son gastos indirectos no cumpliría el requisito previsto por el Auto Supremo N° 136, no correspondiendo a la realidad económica del administrado, no pudiendo registrar dichos gastos a favor del contribuyente porque las facturas simplemente contienen los datos de este; pues más allá de ello, esos gastos deben ser propios y referidos a la actividad gravada; asimismo, señaló que, el importador no presentó la respectiva estructura de costos del producto exportado. 

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  1. II) 

Explicó que, el Estado Plurinacional de Bolivia, no podria solventar los gastos no vinculados a la actividad exportadora, más cuando la Administración Tributaria realizó el control, revisión y verificación acorde a todas las normas relativas a la devolución impositiva. 

Sin documentación suficiente de respaldo a la efectiva realización de la transacción y ausencia de respaldo de medio fehaciente de pago. Que, la obligación tributaria es un vínculo de carácter personal, tal como establece el artículo 14 de la Ley | 

CTB), señaló que, los contratos suscritos entre particulares no son oponibles al Fisco, razonamiento con el cual abordó los contratos firmados por el contribuyente con los agricultores y servicios de flete; destacando que, la observación surgiría por no evidenciar la efectiva realización de la transacción a través de los registros contables y documentación de respaldo suficientes, sin lograr evidenciar el perfeccionamiento de las transacciones, además de no contar con los respectivos medios fehacientes de pago, dado que los importes de las notas fiscales observadas son mayores a las UFV’s50.000

Ahora bien, por la compra de soya y girasol, sostuvo que, la diferencia en los pagos en relación a las facturas de acuerdo a documentación presentada, se encontraria respaldada únicamente con facturas de venta de agroquímicos a su proveedor, no pudiendo considerarse la misma como un medio fehaciente de pago, pero sí se incluyeron los pagos realizados por el contribuyente mediante cheques; y que en el caso específico de Ferroviaria Oriental en los comprobantes de Egreso y de Pago, si bien reflejan el número de factura pagada, existen notas fiscales que no se encuentran detalladas en estos comprobantes, no correspondiendo la apropiación del crédito fiscal y menos su devolución impositiva. 

Igualmente, destacó las obligaciones que pesan sobre el contribuyente, en cuanto al respaldo de las operaciones desarrolladas, previstas en el artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), Decreto Ley N° 14379 (C. Com.) así como el artículo 20 del Decreto Supremo No 25465. 

Por otro lado, en cuanto a las observaciones con Código 4, facturas no válidas para el beneficio del crédito fiscal emitidas por importes superiores a UFV’s50.000, sostuvo que, no se encontrarian respaldados con el medio fehaciente respectivo, incumpliendo así lo establecido en el artículo 37 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) modificado por el L parágrafo lll artículo 12 del Decreto Supremo N° 27874. 

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Cochabamba 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Añadió los criterios que fueron adoptados por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, para el beneficio del crédito fiscal resaltando lo referido a la efectiva realización de la transacción, y que por tanto, deberían contar con los medios fehacientes que respalden el pago realizado. Además señaló que, la empresa recurrente incumplió lo previsto en el numeral 11 artículo 66 de la Ley N° 2492 (CTB), invocando además, lo establecido en el Auto Supremo N° 293/2013 referente a la obligación de la presentación de los medios fehacientes de pago. 

De la observación contenida en el Código 5. Cuestionó la existencia de facturas que no contienen el NIT. del contribuyente, aspecto que vulneraría el parágrafo I y Il artículo 41 de la Resolución Normativa de Directorio No RND 10-001607, razón por lo cual las mencionadas notas fiscales no pueden considerarse en el cómputo del crédito fiscal

De lo observado al mantenimiento de valor del saldo del crédito fiscal sin respaldo 

fehaciente. Que la actualización de los saldos declarados por el contribuyente en el Formulario 210, por los periodos de alcance y detallados, no cuentan con ninguna justificación, por ello el artículo 9 el Decreto Supremo No 21530, establece que los importes objeto de actualización serán los saldos a favor que se determinen en las Declaraciones Juradas del Formulario 

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mencionado, situación que no fue evidenciada en el presente caso

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Asimismo, considerando lo previsto en el artículo 126 parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB), sostuvo que la observación referida al mantenimiento de valor, deviene de observaciones puntuales de gestiones anteriores y comprometidas por el contribuyente, debido al crédito comprometido por el sujeto pasivo en su Solicitud de Devolución Impositiva (SDI) de los periodos mayo, junio y julio de 2008, reiterando la ausencia por parte del sujeto pasivo, de la prueba que aclare la procedencia de los importes del mantenimiento de valor comprometidos en su Solicitud, tal como lo exige el artículo 76 del cuerpo legal referido al inicio del presente párrafo. 

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Conclusión. Sostuvo que, la modificación surgida por la Ley N° 291, estableció que el término de prescripción sea ampliado de forma tácita a 10 años, lo cual no fue considerado por el contribuyente; mencionó que, de acuerdo al artículo 47 de la Ley N° 2492 (CTB), los montos indebidamente devueltos serán considerados como tributo omitido, destacando que para el caso en particular no existe un vencimiento de pago, no pudiendo iniciarse el sistema de Gestion 

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cómputo de una supuesta prescripción, debiendo tomarse en cuenta la fecha en la cual el SIN procesó la Solicitud de Devolución Impositiva, para el término de la mencionada figura jurídica. 

Reiteró que, de acuerdo a la Ley N° 1489 los gastos y costos para la devolución impositiva deben estar vinculados necesariamente al costo de las mercaderías exportadas; y que en el caso en particular las facturas presentadas por el sujeto pasivo no se encuentran respaldadas con documentación suficiente, que sustente la efectiva realización de la transacción, destacarido la obligación de tener una contabilidad tal como exigen los artículos 36, 37 y 40 del Código de Comercio. 

Señaló que, la Devolución Impositiva respondería a un procedimiento especial no existiendo cargos preliminares, pues corresponde al contribuyente involucrado conocer el estado de la tramitación desde un principio, es decir, desde la notificación de la Orden de Verificación, 

Por último, arguyó que procedimentalmente no podría revisarse y menos evaluarse el mantenimiento de valor como un elemento sujeto a la devolución impositiva, dado que la Ley N° 2492 (CTB), en su artículo 126 reglamenta el procedimiento a seguir a efectos de una Devolución Impositiva, en la cual no se evidenciaría al Mantenimiento de Valor como un componente de la devolución. 

Por los fundamentos expuestos, solicito confirmar la Resolución Administrativa N° 21 000035-16 de 27 de diciembre de 2016: 

II.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba. El 22 de mayo de 2017, ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Apertura Término de Prueba EXPEDIENTE: ARIT-SCZ-0073/2017, disponiendo la apertura del término de prueba de 20 días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del iriciso d) del artículo 218 de la Ley N° 2492 (CTB) (fojas 318 del expediente administrativo). 

II.4.1. Administración Tributaria. Mediante memorial presentado el 2 de junio de 2017, Carlos Eufronio Camacho Vega se apersonó en representación legal de la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales, ratificando las pruebas acompañadas al memorial de respuesta del recurso de alzada, reiterando su petitorio de confirmar el acto impugnado (fojas 322 del expediente administrativo). 

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Cochabamba 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

  1. 4.2. Prueba Sujeto Pasivo. El 2 de junio de 2017, la empresa recurrente, mediante memorial, sostuvo la necesidad de generar prueba a partir de una inspección ocular, para evidenciar Almacén de Insumos Agrícolas (Fertilizantes y Herbicidas), reiterando el tratamiento asumido con sus proveedores de soya y girasol, siendo indispensable verificar la existencia de estas entregas de insumos; igualmente la visita de la Planta Industrial ADM- SAO S.A., con el propósito de demostrar el proceso de adquisición de grano, así como el proceso de acondicionamiento del grano, producción, el procesamiento de los datos y el registro de las transacciones en el sistema informático y por último la inspección en el Centro de Acopio de Granos, con la intención de desvirtuar la depuración de las facturas por proveedores de materia prima y demostrar la existencia de otros ambientes necesarios para el funcionamiento de sus recintos (fojas 325327 del expediente administrativo). Por lo que ésta instancia recursiva, mediante Proveído de 6 de junio de 2017, señaló Audiencia de Inspección Ocular, para el día martes 13 de junio de 2017 a horas 09:00 (fojas 328 del expediente administrativo). 

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El 12 de junio de 2017, conforme memorial la ADM-SAO S.A., solicitó día y hora para juramento de prueba de reciente obtención además de señalar precedentes como prueba que avalarían su solicitud de prescripción, refiriéndose a diferentes Sentencias vinculadas al término y cómputo de dicha figura juridica, invocándose además lo salado en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ0064/2015 que consideró en el caso de devolución impositiva, el inicio del cómputo de la prescripción desde el momento que fue comprometido el crédito fiscal

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Por otro lado, manifestó que al no existir un periodo de descargo, puede presentar ante ésta instancia recursiva toda la documentación probatoria necesaria para desestimar las estimaciones del SIN; no obstante, para evitar observación alguna solicitó la celebración de audiencia para toma de juramento de reciente obtención. 

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Reiteró que, las depuraciones realizadas por el SIN, se sustentarían en el desconocimiento de la actividad agroindustrial, refiriéndose a errores contenidos en el acto impugnado así como inconsistencias al momento de establecer las observaciones. 

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Por otra parte, manifestó que existiría una equivocada utilización de la terminologia sobre la 

presunción; y que las conclusiones arribadas por el ente fiscalizador son fruto de la inducción que no demuestran la existencia y fundamentación del cargo. 

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Asimismo, ratificó en calidad de prueba toda la documentación presentada durante el periodo de revisión y análisis ante GRACO Santa Cruz, precisando que las carpetas que hacen el presente caso, fueron ordenadas en virtud al código de observación, por su importancia y relevancia, destacando la incongruencia entre los códigos 2 y 3, situación que le generaría confusión e indefensión a momento de organizar la prueba para refutar los cargos formulados, contraviniendo de esta forma lo señalado en el inciso j) artículo 8 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0032-16 de 27 de noviembre de 2016. 

Prosiguió su exposición con la explicación de la prueba presentada referida a proveedores de soya y girasol, desglosando la forma como fue adquirida la materia prima, forma de trabajo que aleresponde al principio de verdad material y realidad económica, reconocida y aceptada por sus proveedores. Explicó su percepción de lo que implicaría un medio fehaciente de pago, reiterando lo señalado en su Recurso de Alza, sobre la compensación o conciliación de deudas como una forma de extinción de las mismas, citando ejemplos como el caso del proveedor Agripac Boliviana Cia. Ltda., además de mencionar los documentos de respaldo intervinientes al efecto. 

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De igual forma, procedió con la explicación del gasto por flete, salando que los códigos de observación 3 y 4 utilizados por el SIN, resultarían inconsistentes en cuanto a la descripción; aclarando que por el citado servicio podría cancelarse con un sólo cheque varias facturas o varias facturas con varios cheques, existiendo también la compensación con notas de crédito comercial otorgadas por el mismo proveedor, para luego efectuar una explicación individual para las facturas Nos. 1932, 1952, 2248, 45,928, 930, 931 y. 932 entre otras correspondiente al proveedor Ferroviaria Oriental S.A., así como el proveedor Empresa de Transporte Nacional e internacional, solicitando con todo ello, dejar sin efecto las observaciones formuladas por el SIN

Asimismo, en cuanto a las observaciones de las facturas no vinculadas a la actividad 

exportadora, en la parte final del cuadro, en la descripción de los código de depuración, este señalaría transacción no realizada efectivamente, no existiendo certeza sobre la verdadera observación del SIN. 

Por otra parte, cuestionó la fundamentación normativa, pues esta sería general en función al criterio discrecional del fiscalizador, considerando que realizaría actividades tanto en el mercando interno como externo y que de acuerdo al artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB) la carga de la prueba, también sería una obligación para la Administración Tributaria, n

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

pudiendo limitarse a señalar “gastos sin documentación que demuestre su vinculación con la actividad exportadora

Señaló que, resultaría ilógico que para cada compra tenga que adjuntar documentación adicional que la vincule con la actividad exportadora, más cuando son gastos que coadyuvan en un solo proceso y por eso no consideró el 100% de la factura, sino solamente la proporción respectiva, destacando la inexistencia de una normativa específica que permita la clasificación de los gastos relacionados con la actividad exportadora. Por otro lado, explicó la magnitud de las instalaciones, señalando el gasto incurrido para el mantenimiento de dichas instalaciones, refacciones, cambios y otros requerimientos, detallando el ciclo de adquisiciones de insumos, activos o servicios requeridos, efectuando además un detalle de las facturas observadas como no vinculadas con la actividad exportadora, explicando su uso y relación con la citada actividad sujeta a devolución, reiterando la necesidad de contar con gastos indirectos para asegurar la misma. 

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Manifestó que, la intervención del SIN no solamente se limitaría a la revisión de las facturas referidas a la Solicitud de Devolución Impositiva, sino al total de la facturas incluidas en la Declaración Jurada del mes, listando en ese sentido, notas fiscales que al decir del contribuyente, están relacionados con el crédito fiscal del mercado intemo, y que no debieron ser observadas en el presente caso

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Por otro lado, alegó que fueron acompañados certificaciones de varios de sus proveedores de grano, afirmando que lo adquirido por la empresa recurrente durante las gestiones 2006, 2007, 2008 y 2009, fueron cancelados en su integridad y que la modalidad de pago fue en efectivo, entrega de insumos o con pagos a terceros y por instrucción de cada proveedor. 

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En cuanto a la documentación, relativa a la observación por restitución indebida de mantenimiento de valor, por los periodos julio, agosto y septiembre de 2005, mayo a diciembre de 2007 así como de enero a marzo de 2008; puntualizando que para el periodo julio a septiembre de 2005, solicitó devolución impositiva previa la realización de una revisión (Fiscalización-Previa), no existiendo una restitución de mantenimiento de valor del crédito fiscal observado en la mencionada fiscalización, debido a que el citado crédito fiscal fue depurado antes de la emisión de los valores (CEDEM), adjuntando al efecto la Resolución Administrativa GGSC/DJCC N° 077/2008.

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Ahora bien, para el cao del CEDEM para los periodos mayo a diciembre de 2007, sostuvo que si bien, su solicitud fue sustentada bajo la modalidad de “Fiscalización Posterior”, el SIN 

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Sistema de Gestión 

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no podría observar una indebida restitución de mantenimiento de valor, toda vez que la Resolución Administrativa N 00030/2016 emitida por la entidad recurrida, no es exigible, puesto que el mencionado acto se encontraría impugnado con el expediente ARIT-SCZ 0074/2017, por tanto, señaló que la Administración Tributaria estaría actuando de forma abusiva; situación similar sucedería con la Resolución Administrativa N° 21-00014-12 correspondiente a los periodos enero a marzo de 2008, caso que se encontraria en una demanda Contencioso Administrativa. 

Por último, mencionó que los importes de restitución de mantenimiento de valor, serían aquellos que instruye el SIN a través del formulario de Restitución Crédito Comprometido”, conjuntamente a la entrega de valores CEDEIM, siendo la propia Administración Tributaria quien Indujera a error, ya que en base a los datos de sistema informáticos, dicha entidad emitiría los formularios correspondientes

Asimismo, destacó que el 19 de junio de 2017, efectuó el Juramento de Prueba de Reciente Obtención Carlos Gerardo Pinto Montaño en representación de ADMSAO S.A., relacionado con la prueba acompañada al memorial de 17 de junio de 2017, tal como se advertiría en el Acta emitida al efecto (fojas 386 del expediente administrativo)

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, II. 4.3. Inspección Ocular. 

El 13 de junio de 2017, en instalaciones de la empresa recurrente ADM-SAO S.A., con la participación de esta ARIT Cochabamba y la ausencia de los funcionarios de la Administración Tributaria, fue desarrollada la inspección ocular solicitada por el sujeto pasivo, para demostrar de forma tangible, la materialización de los gastos cuestionados por el SIN y que los mismos tendrían relación con la actividad desarrollada; en ese sentido, expuso los diferentes ambientes en los cuales llevaría a cabo su proceso productivo y de almacenaje. Asimismo fue visitado el comedor del personal, arguyendo que dicho gasto es cubierto en su totalidad por el administrado, situación que se repetiría en sus centros de acopio. 

Precisó la forma en la que trabajan con sus proveedores agricultores y el Banco BISA, destacando que por los insumos adquiridos tienen como respaldo el pago realizado en efectivo así como en insumos agrícolas; añadió una explicación sobre la venta de insumos a los agricultores, acotando que por dicha acción emitiría la factura correspondiente y registraría dicho despacho en la cuenta corriente del proveedor, explicando que esas operaciones así como los pagos recibidos, son controlados mediante un sistema 

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Cochabamba 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

informático; aspectos que mencionó fueron expuestos de forma puntual en el presente Recurso de Alzada

Asimismo, sustentó el uso de telefonía móvil, arguyendo que dicho medio se constituye en la base de comunicaciones y medio para mantener en línea toda su información; de igual forma, en cuanto al mantenimiento de su flota de vehículos, destacando el uso que darían a dichos activos

Posteriormente fue visitado el depósito ubicado en el manzano PI-40 en el cual se realizaría la entrega de los insumos agroquímicos, así como el almacén de distribución de despacho de productos agroquímicos como fertilizantes, semillas entre otros, además de explicar la forma de facturación de dichos productos junto la salida de ese material. 

En cuanto al Centro de Acopio de Granos, resaltó su lejanía de la ciudad y la necesidad de armar campamentos para que sus trabajadores, contratados por zafras, presten servicios las 24 horas del día, requiriendo además de baños y otros suministros, tanto para los trabajadores como para el manteniendo de maquinarias y equipos (fojas 356-385 del expediente administrativo). 

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11,5. Alegatos. 18.5.1. Administración Tributaria, Por memorial de 20 de junio de 2017, la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales, presentó ante esta instancia, alegatos en conclusión en los que en principio reiteró lo expuesto en su responde al Recurso de Alzada referente a la solicitud de prescripción; señalando que las actuaciones de su autoridad, corresponden a un procedimiento especial como es la Devolución Impositiva y que la normativa aplicada, contempla las modificaciones insertadas por la Ley N° 291 y 317; de la misma manera redunda en la fundamentación de la depuración de las notas fiscales refiriéndose puntualmente a los Códigos 1, 2, 3, y 4, para finalmente refutar la prueba presentada por el sujeto pasivo, misma que comprende las Sentencias 39, 52 y 47 aludiendo que las mismas no son vinculantes ni de cumplimiento obligatorio, reiterando el petitorio impetrado (fojas 

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11.5.2. Sujeto Pasivo. Adicionalmente, el 3 de julio de 2017, ADMSAO SA., dentro la realización de la audiencia 

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de alegatos orales, la empresa recurrente replicó sus argumentos y fundamentos expuesto

dentro del planteamiento original de su Recurso de Alzada, iniciando con su solicitud de 

Justicia tributaria para vivir bien 

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prescripción, sosteniendo la configuración de dicha figura para las facultades de la Administración Tributaria de verificar y fiscalizar, aludiendo jurisprudencia de reciente emisión y vinculación; enfatizando la aplicación de la Ley N° 2492 (CTB), sin las modificaciones introducidas por leyes posteriores al hecho generador. Igualmente se refirió de manera genérica, a las observaciones y causas de depuración de las facturas, agrupándolas por los códigos de observación, asignados por la Administración Tributaria, haciendo énfasis y desarrollando las actividades de la empresa dentro los procesos, destacando las particularidades del rubro al que pertenecen y la hermenéutica operativa y administrativa que sigue con sus proveedores/clientes debido a la naturaleza misma de sus actividades, mencionando también los errores que identificarori en el entendimiento del SIN y correcta interpretación que se debería darse a los datos analizados, así como de los razonamientos puestos en consideración de la Autoridad Tributaria, en los cuales la empresa recurrente basó la proyección de su documentación de respaldo a las transacciones ahora observadas (fojas 406-411 del expediente administrativo).. 

– 111. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA. 

EI 08 de febrero de 2013, la Administración Tributaria notificó por cédula a la empresa recurrente nueve Órdenes de Verificación de 30 de enero de 2013 correspondientes a la verificación de los hechos elementos e impuestos vinculados al Crédito Fiscal comprometido en el periodo de verificación de las formalidades del Gravamen Arancelario (GA) conforme al siguiente detalle: 

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PERIODO VERIFICADO 

Abril 2008 Mayo 2008 Junio 2008 

Julio 2008 Agosto 2008 Septiembre 2008 

Octubre 2008 Noviembre 2008 Diciembre 2008 

Por otro lado, mediante Requerimiento No 00117211 y CITE: SIN/GGSCZ/DFNE/NOT/0048/2013 de 06 de febrero de 2013 la Administración Tributaria requirió a la empresa recurrerite documentación complementaria, la cual debió ser presentada al departamento de fiscalización en fecha 20 de febrero de 2013. (fojas 15-17 EN C-1 de antecedentes administrativos)

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

El 27 de febrero de 2013, el contribuyente mediante memoriales presentó parte de la documentación requerida por el SIN, solicitando a dicha instancia una ampliación en el plazo acordado para el ofrecimiento de los documentos faltantes, petición que fue atendida mediante Proveido No 24-000485-13, cuyo contenido fue motivo de un memorial por parte de la empresa recurrente, solicitando la reconsideración de dicha ampliación, siendo respondida favorablemente por el SIN con una nueva ampliación; periodo en el cual, el sujeto pasivo fue ofreciendo una variedad de documentos, tal como constan en las Acta de Recepción de Documentos emitidas al efecto (fojas 31-33y 39-40 de antecedentes administrativos)

Asimismo, la Administración Tributaria emitió varias notas solicitando mayor documentación al contribuyente, las mismas que fueron atendidas, conforme se expone en el siguiente cuadro

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De igual forma, durante los meses de diciembre 2013, enero, febrero y marzo de 2014, la empresa recurrente ofreció documentación en atención a la documentación solicitada por el Servicio de Impuestos Nacionales (fojas 196200 C1 de antecedentes administrativos y 201-242 C-2 de antecedentes administrativos). 

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El 27 de diciembre de 2016, la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Resolución Administrativa N° 21-00003516, que resolvió establecer la diferencia existente, entre el monto devuelto por concepto de Devolución Tributaria, respecto a la documentación presentada como respaldo a dicha Devolución Tributaria, del que resulta un importe indebidamente devuelto de Bs7.976,125.- por Impuesto al Valor Agregado IVA, equivalente a UFV8 5.217.800.-; estableciendo una deuda tributaria de UFVs 7.399.183.– correspondiente al tributo indebidamente devuelto y los intereses. Acto notificado por cédula el 30 de diciembre de 2016 (fojas 44346-44399 de antecedentes administrativos). 

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  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA. IV.1. Cuestión Previa. Inicialmente, corresponde manifestar que en estricta aplicación del artículo 211 parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB), ésta instancia recursiva pronunciará una decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas tanto por la parte recurrente así como por la Administración Tributaria recurrida, de acuerdo a los principios procesales precautelando el debido proceso y el derecho a la defensa de ambas partes. 

En ese sentido, corresponde referir que conforme el último párrafo del artículo 143 de la Ley No 2492 (CTB), el Recurso de Alzada deberá interponerse dentro del plazo ‘perentorio de veinte (20) días improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado; de la misma manera, el inciso e) del artículo 198 del citado cuerpo legal taxativamente refiere respecto al contenido del Recurso: “Los fundamentos de hecho ylo derecho, según sea el caso, en que se apoya la impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que pide”. 

Bajo ese contexto, de la revisión del Recurso de Alzada interpuesto por ADM SAO SA., representado legalmente por Carlos Gerardo Pinto contra la Resolución Administrativa No 21-000035-16 de 27 de diciembre de 2016 se advierte que puntualmente versa sobre: a) La extinción de la obligación por prescripción de la facultades de la Administración Tributaria de revisión, control, fiscalización y determinación; b) Facturas observadas (crédito fiscal depurado) respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), disgregando las Observadas con: Código 1 – Ausencia de Factura Original, sobre el cual sólo manifiesta que su empresa continua en la búsqueda de las facturas originales, comprometiendo su presentación en la etapa probatoria, debiendo resaltar en este punto que no refiere ningún proveedor o factura en especifico; Código 2-No Vinculadas a la Actividad Exportadora sin hacer mención a un gasto o proveedor específico; Código 3-Sin Documentación Suficiente de Respaldo a la Efectiva Realización de la Transacción y Código 4Sin Respaldo del Medio Fehaciente de Pago, refiriéndose puntualmente sobre el último código citado aludiendo las compensaciones que se efectúan principalmente para la adquisición de granos de soya y girasol, mientras que el Código 3 se encuentra vinculado con el pago por concepto de fletes de transporte con la Ferroviaria Oriental SA y compra de grano de soya y girasol a distintos proveedores. 

Ahora bien, de la lectura del memorial, presentado por el recurrente dentro del periodo 

  • probatorio, ADM-SAO SA., si bien refutó los argumentos de respuesta de la Administración se 

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del Caldad Certificado MEC77444 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Tributaria y reiteró los precedentes jurídicos y constitucionales sobre los que apoya su solicitud de prescripción; en el mencionado documento adicionó en su segundo numeral “LA NATURALEZA DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DURANTE EL PERIODO DE REVISIÓN, acusando en principio la extemporaneidad de la aplicación de las facultades de revisión y verificación, así como la no limitación de presentación de pruebas de descargo, toda vez que dentro. el procedimiento aplicado no fue contemplado dicho periodo, reclamando la aplicación de la presunción 

Asimismo, en el numeral IV del oficio de referencia citó la ratificación de prueba presentada y en el numeral V mencionó la presentación de prueba referida a las observaciones de las cuales manaron las observaciones de la Administración Tributaria, continuando con la lectura del mencionado memorial, la empresa recurrente desarrolla de manera general el proceso y la hermenéutica seguida para la adquisición y compensación de pagos al final de la cosecha y entrega de la materia prima a la industria, citando esquemáticamente solo un ejemplo y reclamando indefensión por falta de fundamento en la observación planteada por el Servicio de Impuestos Nacionales, el cual no fue incluido en su memorial recursivo; posteriormente se refirió a los fletes, identificando la diferencia establecida dentro el pago de las facturas a Ferroviaria Oriental SA., aduciendo como origen la variación del tipo de cambio y explicando la metodología de trabajo que sigue con la citada empresa. 

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Adicionalmente, en referencia al Código 2, recién en su memorial de descargos mencionó que la Administración Tributaria no plasmo en ninguna parte de la Resolución impugnada, 

específica que respaldaria la depuración efectuada, existiendo un error de adecuación a la norma por insuficiencia, añadió que, tampoco establecería el porcentaje del crédito fiscal correspondiente al mercado interno y extemo y la proporcionalidad para cada uno de ellos. 

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Por otro lado, la empresa recurrente desarrolló en su memorial de prueba, la metodología de adquisición almacenaje y disposición de los diferentes insumos en las distintas dependencias de la empresa, listando varias facturas observadas, explicando el justificativo de cada uno de los – importes erogados; debiendo destacar que dichos no fueron mencionados inicialmente dentro del planteamiento del Recurso de Alzada. 

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Asimismo, en el oficio analizado, la empresa recurrente hizo mención a las facturas observadas por no estar vinculadas con la actividad exportadora, señalando que las mismas estarían relacionadas con el mercado intemo y que jamás debieron ser depuradas 

porque no formarían parte del objeto de la fiscalización, aspecto que no formó parte del Sistema de Gelida 

Justicia tributaria para vivir bien 

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reclamo en su memorial recursivo, además de reiterar inconsistencias que comprometieron el entendimiento del acto impugnado y el correspondiente derecho a la defensa

Tal como se mencionó al inicio del presente análisis, ésta instancia en estricta aplicación del artículo 211 parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB), no puede pronunciarse sobre aspectos que no fueron contemplados en el Recurso de Alzada formulado, toda vez que la Administración Tributaria basó sus argumentos y fundamentos de defensa sobre lo expuesto por el sujeto pasivo en su memorial recursivo; extremo que de su consentimiento significaría la franca vulneración al debido proceso y el derecho a la defensa de la parte recurrida, así como el principio de congruencia que debe ser directriz de esta instancia recursiva; entendimiento que condice con la Sentencia Constitucional No 1312/2003R, de 9 de septiembre de 2003, en los fundamentos jurídicos del fallo, Punto III.2 establece: Que, a fin de resolver la problemática planteada, resulta menester referimos a los alcances del... Principio de Congruencia, que cobra relevancia en cualquier naturaleza del proceso (…) ello supone necesariamente que la acusación ha de ser precisa y clara respecto del hecho y delito por el que se formula y la sentencia ha de ser congruente con tal acusación sin Introducir ningún elemento nuevo del que no hubiera existido antes de la posibilidad de defenderse”. 

Asimismo, la Sentencia Constitucional N° 0471/2005R, de 28 de abril de 2005 en el punto 

... !![:1., sala que, la doctrina jurisprudencial si bien ha sido expresada en cuanto al Principio de Congruencia con referencia a los procesos penales, es también válida para los procesos administrativos, puesto que estos forman parte de la potestad sancionadora del Estado a las personas. De igual forma, la Sentencia Constitucional N° 0731/2014, de 10 de abril de 2014, en los fundamentos jurídicos del fallo, Punto 111.2.2 establece: “Entre los elementos integradores del debido proceso, es posible identificar el principio de congruencia. Al respecto, el Diccionario de la Real Academia Española, entiende a la congruencia como: “1. f. Conveniencia; coherencia, relación lógica. 2. f. Der. Conformidad entre los pronunciamientos del fallo y las pretensiones de las partes formuladas en el juicio... En el márco de la premisa anterior y, desde una óptica doctrinal, la congruencia de las resoluciones judiciales amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa: la cual se debe entender, como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta, impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, el principio de congruencia se constituye en una prohibición para que el juzgador considere aspectos ajenos a la controversia; es decir, cuestiones que no fueron identificados por las partes como puntos de discusión o sistema de los 

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9001 IBNORCA Sistema de Gestion 

olacaida Certificado EC77441

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consideración; y, segundo, la congruencia interna, referida a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella debe existir un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.” 

En este entendido, en apego al mencionado principio de congruencia, esta instancia recursiva se ve imposibilitada de admitir los nuevos puntos de impugnación detallados precedentemente, que fueron planteados de manera posterior al Recurso de Alzada, motivo por el cual no se puede emitir criterio técnico jurídico al respecto, por no enmarcarse en lo previsto por los artículos 143 y 211, parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB). 

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IV.2. Sobre la Prescripción. Sobre el punto, ADMSAO SA., sostiene que existe la extinción de la obligación por prescripción de las facultades de la Administración Tributaria de revisión, control, fiscalización y determinación, refiriendo como inicio del cómputo de la misma los periodos verificados, reclamando la aplicación del artículo 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB) sin modificación, exponiendo que los periodos de abril a noviembre de 2008 se computan a partir del 1 de enero de 2009 concluyendo el 31 de junio de 2013; y el periodo diciembre 2008 se computa a partir del 1 de enero de 2010 concluyendo el 31 de junio de 2014, según interpretación de la Sentencia No 161/2016, razonamiento bajo el cual incluye los 

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seis (6) meses de suspensión por la notificación de las ordenes de verificaci 

que las modificaciones posteriores a la norma legal, mediante la Leyes Nos. 291, 317 y 812 no son aplicables al presente caso conforme el artículo 123 de la Constitución Política del Estado (CPE) y el artículo 150 de la Ley N° 2492 (CTB), resaltando que las modificaciones no pueden ser aplicadas de manera retroactiva. 

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Por su parte, la Administración Tributaria aduce que, la solicitud de prescripción invocada 

por el contribuyente no corresponde al carecer de respaldo legal, citando las modificaciones e Teresa del Rosage 

que sufrió el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) por las Leyes Nos. 291 y 317 así como la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1246/2013 como precedente administrativo a fin de fundamentar el periodo de prescripción, enfatizando que la Devolución Impositiva se constituiría en un procedimiento especial por tratarse de una solicitud de devolución impositiva reglamentada conforme a procedimiento de restitución de lo indebidamente devuelto sin que exista un vencimiento de pago; iniciando el cómputo de la prescripció

IBNORCA recién desde el momento que se produjo la devolución indebida; aclarando que el hecho sisteme de sortida 

Justicia tributaria para vivir bier

Página 25 de 48 Jari mit’ayir jach’a kamari (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

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generador de la obligación tributaria se considera ocurrido, a momento en el que se haya realizado la circunstancia material, perfeccionándose con los Certificados de Devolución Impositiva (CEDEIM), es decir, cuando el contribuyente se beneficio de la devolución comprometida; afirmando que las acciones y/o facultades de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria por los periodos 2006 y 2007 prescribirían a los diez (10) años conforme a las modificaciones previstas en el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), prescribiendo en la gestión 2016, extendiéndose dichas acciones por los periodos mencionados en el párrafo anterior de la gestión 2008.

Al respecto, la doctrina entiende a la prescripción como: “la caducidad de los derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos legales para su posible ejercicio”, asimismo, debe tomarse en cuenta que la prescripción responde a los principios de certeza y seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento jurídico (Ossorio, Manuel. Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales. Pág. ‘601) (García Vizcaíno, Catalina. Derecho Tributario. Tomo I). 

De igual forma; José María Martín señala que: “La prescripción es generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquéllais (MARTIN José Maria, Derecho Tributario General, 28 edición, Pág. 189). Asimismo, el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual estab 

édico de Derecho Usual establece que la prescripción de las obligaciones no reclamadas durante cierto tiempo por el acreedor o incumplidas por el deudor frente a la ignorancia o pasividad prolongadas del titular del crédito, tomándose las obligaciones inexigibles, por la prescripción de acciones que se produce (CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 24a edición, pág. 376). 

En ese sentido, se establece que la Administración Tributaria tiene plazo, según normativa legal, para hacer valer sus derechos y que vencido dicho término se extingue la facultad de la Administración para ejercer dichas acciones; para ello deben concurrir dos elementos, uno objetivo que es el transcurso del tiempo y otro subjetivo que es la inacción del titular del derecho

De igual manera, corresponde considerar que la Devolución Tributaria, se encuentra regulada como un procedimiento especial en la Ley N° 2492 (CTB), cuyos artículos 125 al 128, establecen que la Administración Tributaria, es competente para revisar y evaluar los siete de 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

documentos pertinentes que sustentan la solicitud de devolución impositiva, revisión que no es excluyente de sus facultades de verificación, fiscalización e investigación; asimismo, cuando la Administración Tributaria hubiera comprobado que la devolución autorizada fue indebida, emitirá una Resolución Administrativa que consigne el monto indebidamente devuelto

En ese entendido, se hace evidente que el inicio del cómputo de la prescripción no puede equipararse al perfeccionamiento del hecho generador del IVA de las transacciones observadas que fueron verificadas a fin de determinar la correspondencia de un impuesto solicitado por el ahora recurrente en calidad de Devolución Impositiva, resaltando el carácter especial del procedimiento que la misma empresa ADM-SAO SA. reconoce y menciona. dentro su Recurso de Alzada, ya que el punto de inflexión se produce cuando el sujeto pasivo se beneficia del crédito fiscal, siendo que previo al mismo, la Administración Tributaria no puede realizar la revisión de los documentos y transacciones con las que la empresa recurrente respaldo la solicitud de devolución impositiva; en otras ahora parte recurrente, por propio interés y voluntad presentó ante la Administración Tributaria su Solicitud de Devolución Impositiva, misma que según procedimiento, solo a. partir del día siguiente posterior a su efectivización mediante CEDEIM’s está sujeta a 

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revisión en base a la documentación con la que el mencionado sujeto pasivo formuló sus 

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pretensiones, siendo en ese punto, que posterior a su devolución y beneficio recién el SIN 

bilitado para efectuar la revisión efectiva de los respaldos y determinar si existe o coricurre alguna diferencia y se considere indebidamente devuelta, por lo que dicho momento se constituye en el tiempo o momento para considerarlo como inicio del cómputo del término de prescripción ya que -insistimos- no se trata de una revisión de oficio ni ordinaria. 

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Por otra parte, cabe señalar que el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), dispone que las acciones de la Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda tributaria; 3. 

Imponer sanciones administrativas y 4. Ejercer su facultad de Ejecución Tributaria. Sin Teresa del Rosario 

embargo, a través de las, Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de la Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012, se modificaron los artículos 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB), de la siguiente manera: “%. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, 

verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer Sistema de Gestión 

Justicia tributaria para vivir bien 

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sanciones administrativas. El período de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias, cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. (...)., y “%. Excepto en el Numeral 3, Parágrafo I, del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. II. En el supuesto 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria”. 

Posteriormente, la Ley N° 317, de 11 de diciembre de 2012, mediante su Disposición Derogatoria Primera, establece: “Se deroga el último párrafo del Parágrafo I del Artículo 59 de la Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 291, de 22 de septiembre da 2012″. En tanto, que a través de la Disposición Adicional Décimo Segunda, modifica el artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB), por el siguiente texto: ). Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. Il. En el supuesto 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se computará desde el primer dia del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria”. 

De la misma forma, el 30 de junio de 2016, fue promulgada la Ley N° 812, misma que en el parágrafo II de su artículo 2 introduce una nueva modificación a los parágrafos I y II del artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) que textualmente reproduce: 1. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los ocho (8) años, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas.“; consecuentemente, en aplicación del artículo 123 de la Constitución Política del Estado (CPE) que refiere: “La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos señalados por la Constitución.”; aspecto que condice con el artículo 150 de la Ley No 2492 (CTB), el cual señala: Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable.” 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Bajo el contexto normativo explicado previamente, corresponde a ésta instancia recursiva, por mandato constitucional aplicar la normativa, en este caso, la más benigna para la empresa recurrente; por lo que, en el análisis del periodo de prescripción se aplicará los ocho (8) años dispuestos en la última modificación al Código Tributario y no así los diez (10) años, previstos en las modificaciones realizadas mediante la Ley N° 291, haciéndose evidente que esta instancia recursiva, justamente en resguardo, aplicación y estricto cumplimiento del artículo 150 de la Ley N° 2492 (CTB) y el artículo 123 de la Constitución Política del Estado (CPE) aplicará las modificaciones introducidas por la Ley N° 812, al ser más beneficiosas para el contribuyente en términos del plazo de la prescripción reclamada. 

En este entendido, destacar que la Autoridad de Impugnación Tributaria como entidad administrativa encargada de impartir justicia tributaria, por disposición del artículo 197 de la Ley N° 2492 (CTB), no es competente para realizar el control de constitucionalidad de las normas vigentes, correspondiendo aplicar la ley vigente, toda vez que por imperio de lo establecido en el artículo 5 de la Ley N° 027, de 6 de julio de 2010, se presume la constitucionalidad de toda Ley, Decreto, Resolución y actos de los órganos del Estado en todos sus niveles. 

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Consecuentemente, de la revisión de antecedentes, evidenciamos que la empresa ahora recurrente solicitó Devolución Impositiva por los periodos abril/2008, mayo/2008, junio/2008, julio/2008, agosto/2008, septiembre 2008, octubre/2008, noviembre/2008 y diciembre/2008, misma que fue atendida y efectivizada el 12 de marzo de 2009, 06 de mayo de 2009, 29 de julio de 2009, 29 de julio de 2009, 29 de julio de 2009, 3 de septiembre de 2009, 3 de septiembre de 2009, 3 de septiembre de 2009 y 11 de marzo de 2010, respectivamente (fojas 296-300 de antecedentes administrativos), iniciando el cómputo de la prescripción al día siguiente al que se produjo la devolución; y siendo que la Resolución Administrativa No 21-000035-16 de 27 de diciembre de 2016, fue notificada el 30 de diciembre de 2016, se tiene que la Administración Tributaria, de conformidad a los artículos 59 y 60 de la Ley N° 2492(CTB), el primero modificado por la Ley N° 812 y las Leyes Nos. 291 y 317, ejerció sus facultades de verificación y determinación de la deuda tributaria por el importe indebidamente devuelto, dentro del plazo dispuesto para el efecto, es decir, antes de que sus facultades para: “1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, y 2. Determinar la deuda tributario, prescriban. 

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Ahora bien, en referencia a la aplicación de las Sertencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia, de las cuales, la parte recurrente menciona las Nos. 39, 47 y 52, 

señalar que, si bien fueron emitidas por el Órgano Judicial encargada del control sistemes 

Justicia tributaria para vivir bien 

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jurisdiccional, éstas no se constituyen en fuente del Derecho Tributario para gozar de un carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio para la Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT), conforme determina el artículo 5 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que corresponde desestimar lo planteado por ADM-SAO SA., toda vez que en estricto cumplimiento del artículo 15 parágrafo II de la Ley N° 254 (Código Procesal Constitucional). sólo las Resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional constituyen jurisprudencia de carácter vinculante para los órganos del poder público, legisladores, autoridades, tribunales y particulares. 

Por otro lado, en cuanto a la Sentencia No 161/2016 de 21 de abril de 2016 invocada por el contribuyente al señalar que, el inicio del computo de prescripción de los periodos abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2008, se hubieran suscitado el 1 de enero de 2009 y 1 de enero de 2010 respectivamente, debemos destacar que la mencionada Sentencia fue emitida por el Tribunal Supremo para un caso en particular; la cual, de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo anterior, no puede considerarse como vinculante, debiendo desestimar lo argüido por el contribuyente para su aplicación en el presente caso. 

En consecuencia, al quedar establecido, conforme a los artículos 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB), que las acciones de la Administración Tributaria, para determinar la deuda tributaria del monto indebidamente devuelto, no se encuentran prescritas; razonamiento que condice con el expuesto en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0354/2016 y 0245/2017 que prevalece incluso en consideración a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0064/2015 citado por el recurrente dentro la audiencia de alegatos en conclusiones, ya que el primero, además de ser más reciente está directamente vinculado con el presente caso al tratarse de ADM-SAO SA., correspondiendo a ésta instancia de alzada, continuar con el análisis de los demás agravios. 

Por otra parte, el contribuyente sostuvo que la Administración Tributaria pretende efectuar una revisión del año 2002, toda vez que dicha entidad identificó diferencias en cuanto al cálculo aritmético de la actualización, considerando los saldos a favor, declarados en sus Form. 210, que no contarían con justificación alguna; debiendo señalar que conforme fue expuesto a lo largo del presente, la devolución impositiva responde a un procedimiento especial previsto en los artículos 125 y 126 de la Ley N° 2492 (CTB), lo que implicaría que el beneficio emergente del crédito fiscal y desde luego su mantenimi 

Iono si mantenimiento de valor, que fueron comprometidos para una devolución por la actividad exportadora desarrollada por el impetrante, se materializa cuando la Administración Tributaria otorga dicha devolución, 

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momento a partir del cual puede ejercer sus facultades investigativas y de control previstas en los artículos 66 y 100 de la Ley N° 2492 (CTB), razonamiento que fue utilizado para 

vigencia de las acciones revisoras realizadas por la entidad recurrida; asimismo, debemos destacar que la empresa recurrente tampoco preciso, de que forma el SIN, pretendería cobrarle un mantenimiento de valor correspondiente a la gestión 2002, más cuando en los cuadros expuestos en el acto impugnado, solo cursan ajustes por restitución de mantenimiento de valor, referidas a las gestiones 2005, 2007 y 2008; en consecuencia el reclamo del contribuyente, carece del sustento técnico que demuestre, que las diferencias identificadas por el SIN, formarían parte de la devolución impositiva. 

IV.3. Sobre las observaciones con Código 1 (Ausencia de Factura Original). Sobre la observación correspondiente al Código 1, ADMSAO SA., manifestó que todas las facturas observadas cuentan con todo el respaldo documental suficiente y comprometió su presentación dentro el periodo probatorio habilitado en la presente instancia. 

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Al respecto, la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales, sobre la depuración con el Código de referencia, fundamenta su actuación en los artículos 8 de la Ley N° 843 y 8 del Decreto Supremo No 21530, concordante con el parágrafo ! del artículo 41 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-001607, precisando que contribuyente al no haber presentado las facturas, no son válidas para el cómputo del crédito fiscal, advirtiendo que no basta la presentación de dichos documentos dentro el Recurso de Alzada, sino debería considerar si fueron presentados en forma oportuna cuando dichos documentos fueron requeridos. 

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En ese contexto, el artículo 8 de la Ley N° 843 y del Decreto Supremo No 21530, consideran válido todo crédito fiscal que se hubiese facturado o cargado mediante documentación equivalente en el periodo que se liquida, en la medida en que el gasto (compra) se vincule a la actividad gravada, debiendo todas las Notas Fiscales consignar fecha, lugar, apellido o razón social del contribuyente y NIT; condiciones imprescindibles para el cómputo del crédito fiscal por parte del comprador por mandato del artículo 41 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07; fundamentación complementada por la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ 0127/2005 entre otras, que establece la validez de todo crédito fiscal siempre y cuando cumpla con: a) la existencia de factura original; b) que la transacción se encuentre vinculada con la operación gravada; y c) que esta transacción haya sido efectivamente realizada, en ese mismo contexto las Resoluciones STG-RJ/0064/2005, AGIT-RJ 0232/2009, AGIT-RJ 0341/2009, AGIT-RJ 0429/2010 y AGITNedoso RJ 0007/2011 -entre otras– establecieron también la existencia de los tres requisitos citados. 

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de hud Certificado NEC2741

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

Siendo que, el inciso a) del artículo 4 de la Ley N° 843 (TO) establece que en el caso de ventas, sean éstas al contado o al crédito, el hecho imponible se perfeccionará en el momento de la entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la cual deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente. Adicionalmente, es menester traer a colación el artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB) que dispone que, en los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales, quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. 

Bajo este enfoque normativo, debemos indicar que el sujeto pasivo conforme a las Actas de Recepción de Documentación cursantes a fojaş 25 y 281287 de antecedentes administrativos, fue presentando la documentación requerida por el Servicio de Impuestos. Nacionales, aclarando que la parte recurrente presentó a la Autoridad Tributaria tanto facturas originales como fotocopias, sin que ésta identifique ausencia u omisión de la presentación de algún documento, empero de la lectura del acto impugnado, puntualmente el Papel de Trabajo DETALLE DE LAS FACTURAS OBSERVADAS Y COMPROMETIDAS EN LOS PERIODOS ABRIL A DICIEMBRE DE 2088” (fojas 7-35 del acto impugnado y 7-35 del expediente administrativo) lista detalladamente las transacciones . quë no cuentan con la factura, nota fiscal o documento equivalente en original, enfatizando que la eficacia probatorla de la factura depende del cumplimiento de los requisitos de validez y autenticidad que se disponga en la normativa, resoluciones administrativas; toda vez, que una factura es un documento que prueba el hecho generador relacionado con un débito o crédito fiscal; y la tenencia del documento original, se constituye en un elemento fundamental probatorio de la veracidad de la transacción, sin que esto signifique relegar los otros dos requisitos establecidos por la doctrina que sumados dan certeza plena de su ocurrencia. 

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Asimismo, debemos redundar en lo expuesto en acápites precedentes, respecto al carácter especial de la verificación, ya que como fue explicado precedentemente, la Administración Tributaria recién queda habilitada para efectuar la revisión del crédito fiscal solicitado en calidad de Devolución Impositiva, al día siguiente que la misma se efectivizo; consiguientemente, resulta más que lógico considerar que ADM-SAO S.A., al solicitar y consolidar sus créditos fiscales que consideraba correspondían su devolución, tendría que haber agrupado toda la documentación necesaria para determinar la cuantía exacta de la solicitud realizada al Servicio de Impuestos Nacionales por el concepto de referencia, en virtud a la obligación prevista en los numerales 4 y 5 artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), siendo esencial contar con la totalidad de los documentos originales en los que sustentó su

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9001 IBNORCA Slateria de Gestion 

db Calidad Certificado NEC 2701

Cochabamba 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

solicitud de devolución impositiva, ya que la misma de ninguna manera puede ser fraguada o especulada, debiendo más bien responder y basarse en documentación real y fidedigna desde todo punto de vista, conforme lo prevé el artículo 76 y 81 de la renombrada Ley 2492 (CTB). 

En ese entendido, como se expuso en la parte inicial del presente análisis, la prueba presentada por el ahora recurrente, ante esta instancia, de principio debe cumplir imprescindiblemente lo establecido en el artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), en lo que refiere a la pertinencia y oportunidad de la misma, más cuando fue requerida por la Administración Tributaria durante el proceso de verificación; comprobando además que la empresa recurrente tampoco dejó constancia expresa de su existencia y compromiso de presentación; pues este hecho no puede considerarse como cumplido con la simple enunciación sobre la aparente existencia de las citadas notas fiscales; y como fue mencionado en parágrafos previos, los originales de las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, se constituyen en la base y fundamento para determinar la cuantía de la solicitud de devolución impositiva; siendo contradictorio que ADM-SAO SA., no haya ofrecido esos documentos básicos, siendo que por su recurrencia en este tipo de operaciones tributarias, esta consiente que son susceptibles a revisión; consecuentemente, la observación de las facturas detalladas dentro el acto impugnado, que de manera parcial son adjuntadas por el recurrente en ésta instancia recursiva, y tampoco ofrecerlas bajo Juramento de Pruebas de Recierite Obtención, pues conforme los numerales 4 y 5. artículo. 70 de la Ley N° 2492 (CTB), dicha documentación debía encontrarse en poder del contribuyente y ser debidamente ofrecida a la entidad fiscalizadora, al momento de solicitar la devolución impositiva correspondiente; siendo insustentable pretender que las mismas ahora sean prueba de reciente obtención, toda vez que dicha acción, demostraria que el sujeto pasivo carecía de los mencionados respaldos al momento de formalizar la devolución cuestionada, incumpliendo lo previsto en el artículo 81 de la Ley 2492 (CTB), en cuanto a la condición de pertinencia de la prueba; motivo por el cual ésta instancia de alzada se encuentra impedida para levantar la observación formulada por la Administración razonamiento congruente con lo expuesto en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

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1.4. Sobre las observaciones con Código 2 (No Vinculadas a la Actividad Exportadora). El contribuyente, señaló que la Administración Tributaria omitió considerar la existencia de gastos indirectos fundamentales para la actividad exportadora, invocando al efecto, las Resoluciones de Recurso Jerárquico STG-RJ/0052/2005 y STG-RJ/0109/2005; solicitando 

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9001 IBNORCA Sistema de Gestion 

de boulded Certificado IEC-2741

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jacha kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua

POWON 

la revisión de la de la documentación de respaldo ofrecida para validar los gastos observados de forma incorrecta. De igual forma, citó a la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/00582/2005, destacando que en dicho acto fueron incluidos gastos indirectos, necesarios para realizar actividades de producción, comercialización y exportación de minérales. 

Por su parte, el SIN, señaló que el administrado no efectuó una explicación de cómo los gastos depurados, se relacionarían con la actividad exportadora; añadiendo que su revisión debé efectuarse bajo las mismas normas que rigen para los sujetos pasivos que realizan actividades en el mercado intemo; es decir, lo señalado en el artículo 8 de la Ley N° 843 (TO) y artículo 8 del Decreto Supremo N° 21530, así como lo previsto en los artículos 7 y 15 del Decreto Supremo N° 24051. Manifestó que lo alegado por el contribuyente no cumpliría el requisito previsto en el Auto Supremo N° 136, insistiendo que los gastos deben ser propios y referidos a la actividad gravada, destacando en la ausencia de la estructura de costos del producto exportado

Ahora bien, el artículo 125 de la Ley N° 2492 (CTB), conceptualiza la devolución impositiva como el acto en virtud del cual el Estado por mandato de la Ley, restituye en forma parcial o total impuestos efectivamente pagados, a determinados sujetos pasivos. O terceros responsables que cumplan con las condiciones establecidas en la Ley, estableciendo su forma, requisitos y plazos

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Asimismo, el artículo 3 del Decreto Supremo N° 25465, establece que el crédito fiscal IVA correspondiente a los costos y gastos por concepto de importaciones definitivas o compras de bienes en el mercado intemo, incluyendo bienes de capital, activos fijos, contratos de obras o prestación de servicios vinculados a la actividad exportadora, será reintegrado conforme a las normas del artículo 11 de la Ley N° 843 (TO)

Por otra parte, destacar que en el contexto que se va desarrollando el proceso de devolución impositiva, corresponde al contribuyente ofrecer las pruebas y lineamientos pertinentes para demostrar que los tributos sujetos a devolución, fueron determinados enmarcándose a la normativa tributaria vigente; en ese entendido, la carga de la prueba recae sobre el solicitante de ese derecho, tal como establece el artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB); debiendo ofrecer por lo tanto, no solamente argumentación referida a la correcta aplicación de las disposiciones emitidas al efecto, sino también el sustento documental que las respalde, tal como sucede en el caso de las compras y gastos que · desde el punto de vista de la empresa recurrente, tiene su incidencia tanto en el mercado Salerno de Gesida 

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NB-ISO 

9001 IBNORCA 

Contificado NEC-2741

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Cochabamba 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

intemo como en las exportaciones desarrolladas y por las cuales formalizó la devolución 

impositiva correspondiente. 

Al respecto con relación a la prueba, la doctrina la considera como: “Conjunto de actuaciones que dentro de un juicio, cualquiera que sea su indole, se encamina a demostrar la verdad de los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus respectivas pretensiones litigiosas (…), es toda razón o argumento para demostrar la verdad o falsedad en cualquier esfera y asunto” (OSSORIO, Manuel Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Buenos Aires – Argentina. Editorial Heliasta. 1978. Pág: 787 788). 

De igual manera, el numeral 7 artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que dentro de los derechos del sujeto pasivo, se encuentran el derecho a formular y aportar todo tipo de pruebas y alegatos, en la forma y plazos previstos, que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente resolución, en la misma línea el · artículo 81 de la citada Ley, determina que las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica, siendo admisibles sólo aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo, pudiendo ser presentadas con juramento de reciente obtención, aquellas respecto a las cuales el sujeto pasivo, pruebe que la omisión no fue por causa propia. 

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En ese contexto, debemos tomar en cuenta, que en el presente trámite, al regirse a un procedimiento especial como es la Solicitud de Devolución Impositiva (SDI), que al ser solicitada por el sujeto pasivo, debió estar acompañada de la respectiva documentación; destacando nuevamente lo previsto en los numerales 4 y 5 artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), ya que en el presente caso la carga de la prueba recae en el sujeto pasivo, quien conocía de las obligaciones previstas en la normativa tributaria vigente al momento de solicitar la devolución caminada, por lo que el hecho de existir observaciones por parte del Servicio de Impuesto Nacionales sobre la vinculación de ciertos gastos con la actividad exportadora, se encuentra sustentado en el cumplimiento del artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB); es decir, considera el “onus probandi” (carga de la prueba) que recae sobre ADM SAO S.A., por consiguiente, quien debe aportar la prueba, es el beneficiario y peticionante de la devolución impositiva, pudiendo invocar para ello todos los medios admitidos en derecho. 

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Conforme a lo expuesto previamente, el contribuyente debió ofrecer todos los elementos de sodio convicción necesarios, para establecer la incidencia de los gastos observados por la siseu de Gitation 

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9001 IBNORCA Sisene de Gestio

de la Calidad Certificado NEC1741

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

Administración Tributaria, en las exportaciones desarrolladas y por las cuales planteó la devolución impositiva respectiva; lo que significa que debió exponer de manera sustentada, la incidencia de dichos gastos en la composición del costo de la mercancía exportada; aspecto omitido en la prueba que sustenta la devolución impositiva analizada, pues tampoco advertimos, que el impetrante haya ofrecido una – Estructura de Costos del Producto Terminado dispuesto para la venta en el mercado extranjero que permita identificar el razonamiento utilizado para el establecimiento del costo del producto elaborado y exportado; a pesar que la entidad fiscalizadora mediante CITE: SIN/GGSCZ/DFNE/NOT/0048/2013, solicitó dicha información; o en su caso una explicación precisa y técnica sobre los costos e insumos que componen el proceso productivo y de comercialización; limitando de esa forma, que terceros como el SIN o esta instancia recursiva, tengan una comprensión cabal y precisa sobre lo reclamado en el presente Recurso de Alzada, pues para evitar la discrecionalidad al momento de establecer la vinculatoriedad de un gasto en el costo de la mercadería exportada, resulta necesario conocer el análisis técnico utilizado por el contribuyente para determinar, como punto de inicio, la razonabilidad del mismo y a partir del cual, establecer la procedencia o improcedencia de los gastos efectuados con la actividad exportadora. 

En consecuencia, la falencia descrita con anterioridad, limita la formulación de un criterio sobre la vinculatoriedad de un determinado gasto con la actividad exportadora, más cuando el mismo debe ser elevado por un ente ajeno a la operativa desarrollada por el contribuyente, tal como sucede con el Servicio de Impuestos Nacionales o la actual instancia de alzada; contraviniendo de esta forma lo señalado en el artículo 76 y parágrafo II artículo 80 de la Ley N° 2492 (CTB); pues como se explicó a lo largo del presente, quien pretende hacer valer un derecho, debe probar los hechos constitutivos de los mismos, y esa acción no se cumple simplemente con argumentaciones, sino con explicaciones documentalmente sustentadas y técnicamente probadas. 

Por último, en cuanto a las Resoluciones de Recurso Jerárquico STG-RJ/0052/2005 y STG RJ/0109/2005 invocadas por el sujeto pasivo (fojas 121 vta. – 122 del expediente administrativo); señalar que si bien en dichos actos, existe un reconocimiento de la existencia de ciertos gastos que formarían parte del costo de operación y el costo total de producción dentro la actividad minera, debemos destacar que ésta instancia desconoce cuáles eran las características del proceso llevado a cabo y por los cuales fueron emitidos las mencionadas Resoluciones de Recurso Jerárquico, más cuando el mismo está referido en algunos casos a contribuyentes que perteneces a un área productiva diferente a la del sujeto pasivo, en consecuencia, el análisis alegado por la empresa recurrente y vertido en short 

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  1. 9001. IBNORCA Sila de Gestión 

de la Caridad Certificado N°EC-27414 

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Cochabamba 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

las Resoluciones de Recurso Jerárquico invocadas, no puede ser considerado como sustento para demostrar que los gastos observados por la entidad fiscalizadora, tendrían relación con su actividad exportadora, debiendo ser rechazadas en el marco del artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), debiendo enfatizar que la discusión no se centra en establecer la validez del crédito fiscal en , sino en establecer su vinculación con la actividad exportadora. 

1.5. Sobre las Observaciones con Código 3 (Sin Documentación Suficiente de Respaldo a la Efectiva Realización de la Transacción) y Código 4 (Sin respaldo del Medio Fehaciente de Pago). Arguyó que la operaciones sujetas a verificación, corresponden a gestiones anteriores a noviembre del año 2010, en consecuencia, el justificativo nomativo utilizado por la Administración Tributaria, no sería el correcto; señaló que la observación de la entidad recurrida se sustentaría en el artículo 37 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) modificado por el parágrafo III del artículo. 12 del Decreto Supremo N° 27874 y lo establecido en el numeral 11) artículo 66 de la Ley N° 2492 (CTB) modificado recién en noviembre del año 2010 por la Ley N° 062 de 28 de noviembre de 2010; en consecuencia el numeral 11) artículo 66 de la Ley N° 2492 (CTB) fue citado erróneamente por el SIN, no siendo aplicable al presente caso, pues la misma fue incorporada mediante la Ley No 062 de 28 de noviembre de 2010 y reglamentada recién en el año 2011 por la Disposición Final Cuarta del Decreto Supremo N° 772

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Cuestionó que, la Administración recurrida presume la inexistencia de la transacción, aun cuando fuese presentado medios de pago, genuinos y legalmente establecidos, no siendo necesario un medio de pago emitido o reconocido por una entidad de intermediación financiera, hasta antes de las modificaciones efectuadas a la norma partir de la Ley No 062; señalando que la compensación, es un modo de extinción de la obligación que incluso estaría reconocida en el numeral 4 artículo 351 del Código Civil y artículo 363 del mismo cuerpo legal; destacando que el artículo 56 de la Ley N° 2492 (CTB) reconoce la compensación o conciliación como un modo de extinción de obligaciones reciprocas, siendo así un medio fehaciente de pago y bastaria que ambos acreedores estén de acuerdo con dicha operación 

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Sobre lo reclamado por el contribuyente, la administración sostuvo por la compra de soya y girasol, que no puede considerarse la factura de venta de agroquímicos a su proveedor, como un medio fehaciente de pago; destacando que consideró los pagos realizados por el 

contribuyente mediante cheques, y que en el caso específico de Ferroviaria Oriental en los si 

Justicia tributaria para vivir bien 

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9001 BROKCA Sistema de Gatos 

dbcnded Certificado REC 2014 

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Comprobantes de Egreso y de Pago, si bien reflejan el número de factura pagada, existen notas fiscales que no se encuentran detalladas en estos comprobantes, no correspondiendo la apropiación del crédito fiscal y menos su devolución impositiva, destacando las obligaciones previstas en el artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB) y Decreto Ley N° 14379 (CCOM) y el incumplimiento al numeral 11 artículo 66 de la Ley N° 2492 (CTB). 

Al respecto, en la normativa nacional en la que se encuentra la Ley N° 1489, los artículos 12 y 13 modificados por disposición de los artículos 1 y 2 de la Ley N° 1963 señalan que en cumplimiento del principio de neutralidad impositiva, los exportadores de mercancías, recibirán la devolución de impuestos intemos y aranceles; y que a fin de evitar la exportación de componentes impositivos, se devolverá un monto igual al Impuesto al Valor Agregado (IVA) pagado, incorporado en los costos y gastos vinculados a la actividad exportadora aplicada sobre el valor FOB de exportación. 

Del mismo modo, el parágrafo III, artículo 12 del Decreto Supremo N° 27874, que modifica el artículo 37 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), dispone que: “cuando se solicite devolución impositiva, las compras por importes mayores a 50.000 UFV, deberán ser respaldadas por los sujetos pasivos y/o terceros responsables a través de medios fehacientes de pago para que la Administración Tributaria reconozca el cdito correspondiente”. 

Por otra parte, los numerales 4 y 5 del artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB) establecen como obligación del sujeto pasivo respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, facturas notas fiscales, así como otros documentos ylo instrumentos públicos, conforme lo establezcan las disposiciones normativas respectivas y demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le correspondan. Asimismo, el articulo 76 de la citada norma, establece que quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos.

Asimismo, el Código de Comercio en el artículo 36 (C. Com.) dispone la obligación de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia y organización de la empresa, sobre una base uniforme que permita demostrar la situación de sus negocios, el artículo 37 indica que debe llevar obligatoriamente los Libros Diario, Mayor y de Inventarios y Balances y otros que estime conveniente, el artículo 44 sostiene que en el Libro Diario se registran día a día y en orden progresivo las transacciones, utilizando las cuentas contables deudoras o 

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9001 IBNORCA Shtema de Gestión 

de la Caldad Certificado NTEC2701

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

acreedoras y se trasladarán al Libro Mayor en el mismo orden, considerando las cuentas afectadas. 

Respecto a la validez del Crédito Fiscal, la Autoridad General de Impugnación Tributaria estableció como precedente en las Resoluciones STG-RJ/0064/2005, AGIT-RJ 0232/2009, AGIT-RJ 0341/2009, AGIT-RJ 0429/2010 y AGIT-RJ 0007/2011 -entre otras- que existen tres requisitos que deben ser cumplidos para que un contribuyente se beneficie con el Crédito Fiscal IVA, producto de las transacciones que declara, estos requisitos son: 1) La 

emisión de la factura original; 2) Que la compra se encuentre vinculada con la actividad gravada, y 3) Que la transacción haya sido efectivamente realizada. 

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De igual forma, el artículo 3 del Decreto Supremo N° 25465 dispone que el Crédito Fiscal IVA correspondiente a los costos y gastos por importaciones definitivas o compras de bienes en el mercado interno, incluyendo bienes de capital, activos fijos, contratos de obras o prestación de servicios vinculados a la actividad exportadora, será reintegrado conforme al artículo 11 de la Ley N° 843 (TO). La determinación del Crédito Fiscal para las exportaciones, se realizará bajo las mismas normas que rigen para los Sujetos Pasivos que realizan operaciones en el mercado interno, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley N° 843 (TO). Como los exportadores no generan, o generan parcialmente Débito Fiscal por operaciones gravadas, después de restar éste del Crédito Fiscal, el excedente de crédito que resultare en el período fiscal respectivo, será devuelto hasta un monto máximo igual a la alicuota del IVA, 

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En ese contexto, sobre la depuración de facturas por falta de medios fehacientes de pago, señalar que la devolución impositiva por importes mayores a Bs50.000.- deben estar respaldadas debidamente, mediante documentos bancarios o cualquier medio que aporte certeza respecto a la transferencia efectiva de dominio de los productos y/o servicios adquiridos, conforme establecen los artículos 66, numeral 11 de la Ley N° 2492 (CTB); 12, parágrafo III del Decreto Supremo N° 27874, que modifica el artículo 37 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB); con el objetivo de validar la realización efectiva de la transacción; dejando sentado además que el sujeto pasivo está obligado a respaldar sus actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme establece el artículo 70, numeral 4 de la Ley N° 2492 (CTB). 

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9001 IBNORCA 

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Ahora bien, de la revisión de antecedentes administrativos y del expediente, se tiene que el 

8 de febrero de 2013, la Administración Tributaria notificó a Barron Zankiz Mario Hernán y Sherg 

Ceruricado k EC-27414 Justicia tributaria para vivir bieri 

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Pinto Montaño Carlos Gerardo en representación de ADM-SAO S.A., con las órdenes de Verificación – CEDEIM (Verificación Posterior CEDEIM) 00090VE00158, 00090VE00289, 0009OVE00460, 0009OVE00461, 00090VE00462, 00090VE00530, 0009OVE00531, 0009OVE00532, 0010OVE00149, a fin de verificar el Crédito Fiscal comprometido en los periodos abril 2008, mayo 2008, junio 2008, julio 2008, agosto 2008, septiembre 2008, octubre 2008, noviembre 2008 y diciembre 2008; asimismo, mediante Requerimiento No 00117211 solicitó la presentación de documentación referida a la devolución impositiva así como el respaldo al crédito fiscal declarado y comprometido para la citada devolución; adjuntando al efecto además la Nota con CITE: SIN GGSCZ/DFNE/NOT/0048/2013 (Solicitud de información complementaria a Requerimiento F-4003 N° 117211); acto con el cual el SIN solicitó de forma expresa los “Medios fehacientes de pago de las facturas de compra mayores a UFV 50.000 (...) y detalle de los mismos, en medio físico y magnético…con los documentos de respaldo al pago; cheque certificado por el banco anverso y reverso (originales), mayores analíticos por proveedor, comprobantes de traspaso de cuentas, comprobante de egreso, comprobante de depósito, comprobantes de pago, extractos bancarios, facturas, y cualquier otra documentación que respalde las transacciones realizadas...” (fojas 6-22 de antecedentes administrativos). 

En este punto, podemos advertir que la entidad recurrida, no limitó su solicitud sobre medios fehacientes de pago, simplemente a documentación relacionada con entidades financieras y bancarias; más al contrario, dejó establecido la necesidad de contar con documentación adicional como la contable y otras administrativas, que permitan demostrar, por un lado la efectiva realización y pago de las transacciones y por otro, el cumplimiento de la normativa emitida al efecto, la misma que fue enunciada en parágrafos previos. 

En ese sentido, la Administración Tributaria al momento de emitir la Resolución Administrativa impugnada, depura facturas de compras, bajo el código de observación 4, bajo el siguiente enunciado SIN RESPALDO DEL MEDIO FEHACIENTE TRANSACCIONES MAYORES A UFVs 50,000.(fojas 45 del expediente administrativo), señalando que ...evidencia que la diferencia en los pagos efectuados en relación a las facturas de acuerdo a la documentación presentada por el contribuyente, la respalda únicamente con facturas de venta de agroquímicos a su proveedor. Esta factura de venta no se constituye en un medio fehaciente de pago, por lo que no corresponde la validez de esta forma de pago; sin embargo a fin de no desconocer los pagos realizados por el contribuyente efectuado mediante cheques, estos serán considerados en forma cronológicas de acuerdo a las fechas de emisión de cada factura declarada, además en el caso específico de Ferroviaria Oriental en los comprobantes de Egreso y de Pago, si biens 

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Cudad Certificada NEC-27410 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

reflejan el número de factura pagada, existen facturas que no se encuentran detalladas en estos comprobantes, en consecuencia no corresponde la apropiación el crédito fiscal y menos a aún su devolución impositiva.” 

Conforme a lo expuesto previamente, la Administración Tributaria destacó la inexistencia exclusiva de un medio de pago propiamente dicho, que demuestre la disposición de fondos y la entrega de los mismos al proveedor del servicio contratado o bien adquirido, de acuerdo al detalle de la factura declarada por el sujeto pasivo y cuestionada por la Administración Tributaria; es decir, que la entidad revisora estableció conforme a dicha observación, la inexistencia de prueba documental -ajena a la factura o nota fiscal- que demuestre la efectiva realización de la transacción entre ello el pago realizado, tomando en cuenta que dicho concepto se constituye en una parte vital de toda transacción, en especial al momento de efectuar el análisis del Impuesto al Valor Agregado (IVA), como resultaría en el presente caso, en virtud a lo establecido el artículo 2 de la Ley N° 843 (TO). 

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En ese entendido, el artículo 2 de la Ley N° 843 (TO), en la definición de “venta”, incorpora tres condiciones para la materialización del hecho imponible del IVA, tales como: 1) La onerosidad; 2) La transmisión de dominio de la cosa mueble; y 3) Los sujetos intervinientes. En cuanto a la onerosidad, ésta queda demostrada a través del medio de pago (cheques, tarjetas de crédito u otros medios fehacientes de pago como los registros contables que respalden el ciclo contable); en tanto que la transmisión de dominio debe respaldarse mediante documentación contable como la Factura original, Comprobantes de Egreso. o de Pago, Inventarios u otros documentos contables y/o financieros, que permitan demostrar la efectiva realización de la transacción y no una simulación del acto jurídico, con el único fin de reducir la carga fiscal, pues de lo contrario se estaría frente a una simulación del negocio, situación ante la cual correspondería la aplicación del parágrafo II, articulo 8 de la Ley N° 2492 (CTB), es decir, tomar la realidad de los hechos. 

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Por otra parte, en cuanto a la compensación argüida en el presente Recurso de Alzada, es importante señalar que la Autoridad de Impugnación Tributaria mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0354/2016 señaló: “...que al tratarse de una solicitud de devolución impositiva por el periodo fiscal abril de 2009, la misma se nige por los artículos 125 a 128 de la Ley N° 2492 (CTB), cuerpo nomativo en cuyo Artículo 66, Numeral 11, se establece de forma expresa, la obligación de respaldar con documentos bancarios como Cheques, Tarjetas de Crédito u Otros Medios Fehacientes de Pago, las compras relacionadas con devoluciones impositivas, cuya cuantla sea igual o mayor a 50.000 UFVs, 

como fuera establecido mediante el Artículo 37 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) 

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modificado por el Artículo 12 del Decreto Supremo N° 27874, siendo evidente que la 

Compensación de deudas de acuerdo a condiciones contractuales sujetas a las normas del Código Civil, no constituyen documentos bancarios ni pueden considerarse como Medios Fehacientes de Pago, no siendo aplicables al presente caso las disposiciones del Código Civil en relación a las normas de extinción de deudas, en atención a lo dispuesto por el Numeral 1, del Artículo 74 de la Ley N° 2492 (CTB), por existir normas expresas que regulan la forma de respaldar las compras por importes iguales o superiores a 50.000 UFV relacionadas con Solicitudes de Devolución Impositiva, para su validación correspondiente.” 

Señalar que, la explicación desglosada con anterioridad, deja plenamente identificada la obligación del sujeto pasivo, para poder respaldar sus operaciones conforme prevé la normativa emitida al efecto, en este caso la Ley N° 2492 (CTB) y sus Decretos Reglamentarios, más allá de la documentación emergente de relaciones contractuales y mercantiles, reguladas por disposiciones de orden civil y comercial, las mismas que al no encontrarse debidamente reconocidas y enmarcadas en materia impositiva, no tienen efecto en la relación jurídico tributaria suscitada entre el sujeto pasivo y el Estado éste último representado por la entidad recurrida; pues no debemos olvidar que la aplicación supletoria de otras disposiciones, como la civil, solamente procede en procesos tributarios jurisdiccionales y no asi en procesos tributarios administrativos, como es el caso de autos, ya que la normativa solamente permite la aplicación supletoria en caso de vacío de la Ley N° 2341 (LPA), tal como prevén los artículos 74 y 201 de la Ley N° 2492 (CTB); por consiguiente, resulta totalmente pertinente, la exigencia del SIN en cuanto el cumplimento de lo señalado en el artículo 37 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) modificado por el artículo 12 del Decreto Supremo N° 27874

En este sentido, conforme lo agraviado por el contribuyente en cuanto a la aplicación de la Ley No 062 y Decreto Supremo N° 0772, se debe señalar que, la referida normativa no formó parte de la fundamentación del acto impugnado; en consecuencia, el reclamo de la empresa recurrente, sobre la aplicación retroactiva, referente a que el justificativo normativo utilizado por la Administración Tributaria no sería el correcto, respecto al momento de los periodos observado y la vigencia de la normativa, debe ser desestimado, al no ajustarse con lo evidenciado al revisar la Resolución Administrativa N° 21000035-16 de 27 de diciembre de 2016. 

Ahora bien, dentro del Recurso de Alzada elevado por el contribuyente sobre la compra de soya y girasol (a distintos proveedores), es preciso destacar que la explicación elaborada por el administrado también estuvo referida, a su relación con los agricultores, que ofrecen 

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de Calidad Catificado MEC2414 

Cochabambo 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

al exportador recurrente los productos de su cosecha a cambio de facilidades en cuanto a materia prima e insumos, operación por la cual efectuaría una conciliación para el pago del remanente a favor del proveedor o el registro a una cuenta por cobrar a favor de ADM-SAO S.A. 

Conforme al escenario descrito, el contribuyente hace referencia a una forma de trabajo, que si bien tiene su incidencia en el ámbito civil y comercial, no existe un nexo que permita sustentar el cumplimiento de lo definido en el artículo 37 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) modificado por el artículo 12 del Decreto Supremo N° 27874, más cuando cursan contratos como en el caso de la empresa AGRO-BERLÍN Y AGRIPAC BOLIVIANA CIA. LTDA, (fojas 70927093 de antecedentes administrativos) entre otros- en los cuales la formas de pago estipulados y reconocidos en dichos contratos, fue anticipos en efectivo por la compra de grano; pero en ningún momento hacen referencia pagos en especie; es decir, a la entrega de materiales o insumos como anticipo de pago o en su caso, que dicha acción este sujeto a una compensación o conciliación; aspecto que fue identificado como una observación por parte de la Administración Tributaria y considerado al momento de establecer los reparos, pues para el caso del proveedor referido con anterioridad, la entidad revisora efectuó una discriminación de la parte pagada eri efectivo, la cual fue considerada como válida, reconociendo el beneficio del crédito fiscal IVA correspondiente, advirtiendo la falencia de documentos que demuestren de forma fehaciente el pago por la compra de 

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grano. 

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Ahora bien, también fueron identificados Formularios referidos a “COMPRA FUTURO DE GRANO – SOLICITUD DE REFORMULACIÓN”, cuya compensación aludida, no se encuentra expuesta tampoco en las mencionadas notas fiscales; o cursaría documentos que demuestre la aceptación por parte del proveedor de la compensación o imputación argüida, por la venta de dichos insumos y la compra de materia prima comercializada por los agricultores; en consecuencia, la figura aducida por la empresa recurrente no se sostiene en prueba documental evidente, aportada por el contribuyente durante el proceso de verificación llevado a cabo por la Administración Tributaria; observaciones que resultan reiterativas al momento de valorar la documentación ofrecida por el contribuyente referidas a esta observación, tal como se puede advertir en obrados del presente caso. 

DER 13 

Por otra parte, también comprobamos inconsistencia en los medios de pago ofrecidos por el contribuyente, que también formarían parte del sustento para establecer el reparo por parte de la Administración Tributaria y que comprende la emisión de cheques sin la identificación del beneficiario; careciendo además de respaldo documental que demuestre, la aceptación se reference 

Página 43 de 48 Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

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de la calidad Cmificado XTEC 27474 

por parte del proveedor, de que el pago efectuado con dicho cheque le corresponde; o en su caso, la ausencia del documento bancario tal como podemos evidenciar en el Papel de Trabajo elaborado por el Servicio de Impuestos Nacionales “VERIFICACIÓN DE MEDIOS FEHACIENTES DE PAGO CORRESPONDIENTES AL PROVEEDOR DANILO PATRIOTA” (fojas 7649-7658 de antecedentes administrativos) o al efectuar el análisis del proveedor AGROPECUARIA EL RODEO S.R.L. (fojas 7348-7352 de antecedentes 

administrativos). 

De igual forma, comprobamos que cursan facturas emitidas por el sujeto pasivo, referidas a la venta de insumos agrícolas a favor de sus proveedores, tal como pasa por ejemplo con los proveedores Agropecuaria Del Sol Foods S.A. y Agropecuaria Garza Blanca SRL entre otros (fojas 7341-7347 y 7367-7375 de antecedentes administrativos), cuya compensación aludida, tampoco es referida en las notas fiscales identificadas; o cursaría documentos que demuestren aceptación de la compensación por la venta de dichos insumos y la compra de materia prima comercializada por los agricultores, tal como el administrado pretende que sea considerado; en consecuencia, la figura aducida por la empresa recurrente no se sostiene en prueba documental evidente (fojas 694111085 de antecedentes administrativos); razón por la cual se mantiene inalterable las observaciones formuladas al efecto, replicándose dicha conclusión para todos los proveedores inmersos en este código de observación. 

Por otra parte, al revisar las facturas emitidas por ADM-SAO S.A. y presentadas como medios de pago y respaldo de la compensación realizada, advertimos que en dichos documentos cursa la siguiente Nota: “Esta factura se considera pagada únicamente contra la presentación del Comprobante Oficial de la Empresa”, tal como sucede para el caso de los proveedores Agropecuaria Garza Blanca S.R.L. y Ernesto Suarez Roca entre otros (fojas 7367-7375 y 8306-8340 de antecedentes administrativos); coligiendo que si la propia factura emitida por el proveedor, necesita de un respaldo para demostrar su cancelación. que valga la aclaración tampoco fue identificado en obrados del caso- mal podría considerarse como un medio de pago de las transacciones desarrolladas con sus proveedores de grano o materia prima, permaneciendo la necesidad de contar con otros elementos de prueba que demuestren fehacientemente el pago efectuado por las adquisiciones desarrolladas y desde luego, la efectiva realización de la transacción

De igual modo, en este punto resulta importante destacar que el contribuyente no ofrecoposición en cuanto a la valoración de la Administración Tributaria de los documentos 

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de la Caldad Calificado NEC27414 

bancarios, que hayan sido presentados para respaldar sus operaciones, en consecuencia

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Cachabamba 

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ésta instancia en virtud del parágrafo | artículo 211 de la Ley N° 2492 (CTB); no emitirá pronunciamiento alguno sobre la posición adoptada por la entidad recurrida en cuanto a estos documentos, más cuando revisados los Papeles de Trabajo referido a los Medios Fehacientes de Pago, el SIN efectuó una validación parcial y en otras total de las facturas que poseían los correspondientes respaldos bancarios tales como cheques, debidamente certificados por las entidades financieras intervinientes; siendo importante añadir, que tampoco las observaciones de la entidad fiscalizadora, se sustentarían en inconsistencias suscitadas en los registros contables del contribuyente o en sus Libros Contables. 

No obstante, a lo referido con anterioridad, es importante mencionar que más allá de existir un registro contable sobre la venta realizada de insumos por parte de ADMSAO S.A. a sus agricultores, la observación radica en la validez de dicha venta como una forma de pago fehaciente, que rio genere incertidumbre sobre la efectiva realización de la transacción; es decir, desvirtuar la posibilidad de la realización de un simulacro de operación, más cuando a decir de la propia empresa recurrente, existe una relación financiera y operativa intrínseca e indivisible con el proveedor de materia prima, mediante el cual garantizaría el desarrollo 

normal de las operaciones del agricultor; lo que puede afectar la independencia de las 

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transacciones sujetas a verificación, por la subvención financiera y apoyo que recibe el agricultor emisor de las facturas cuestionadas por la Administración Tributaria, quedando en evidencia, la importancia de la prueba que pueda ser ofrecida por el contribuyente tal como establece el parágrafo Il artículo 80 de la Ley N° 2492 (CTB). 

1878) 

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Por otro lado, en cuanto a los servicios de flete las facturas emitidas por Ferroviaria Orierital S.A., debemos precisar que entre la documentación precisada por el contribuyente (fojas 84408772 de antecedentes administrativos), no existe un detalle o una explicación que permita establecer la relación entre dichas notas fiscales y los cheques emitidos por el administrado; es decir, que si bien el sujeto pasivo explicó en su memorial recursivo que 

  • muchas de las facturas correspondientes al servicio de flete, previsto por el proveedor referido al inicio del presente párrafo, fueron cubiertos con un sólo cheque o que un cheque comprende el pago de una determinada factura, dicha situación, no puede ser evidenciada en la documentación presentada a la Administración Tributaria, más cuando cursan Comprobarites de Egreso, como es el caso del sigrado con el N° 340060 de 01 de octubre de 2008 (fojas 8689 de antecedentes administrativos), en el cual no se identifica que factura está sierido pagada o el motivo para la disminución del pasivo acreditado contablemente; debiendo puntualizar que en el coricepto o glosa del mencionado comprobante contable, e! contribuyente hacen referencia a CxP seguidamente de uria numeración, sin existir uri mayor desglose de las operaciones que están siendo objeto de contabilización; y que si s 

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obtained Certificado EC1701

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bien el sujeto pasivo también acompañó el Reporte de Cuenta por Pagar N° 484 de 23 de septiembre de 2008 (fojas 8690 de antecedentes administrativos), en el cual se encuentra referida la factura No 1587 (FO: 1587), logramos advertir un desglose de treinta y tres (33) Cartas Portes, el cual al ser comparado con el detalle de la factura No 1587, advertimos inconsistencia, pues ésta última, solamente expone seis (6) Cartas Portes; lo cual desde luego, resta credibilidad al argumento sostenido por el contribuyente; comprobando así que las notas fiscales en cuestión, carecen de un sustento (contable y operativo) idóneo y corigruente que demuestre el cumplimiento de lo señalado en los numerales 4 y 5 artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB); siendo evidente que la simple argumentación no aporta elementos de convicción fidedignos, que sostenga el efectivo pago al proveedor del servicio y desde luego, la realización de la operación analizada; entendimiento que también puede advertirse en el pronunciamiento formulado por la Autoridad General de Impugnación Tributaria mediante la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0354/2016. 

Por último, sobre la consulta atendida por la Administración Tributaria mediante Nota con CITE: SINPE/GG/GJNT/DNC/NOT/295/2012, en cuanto a la compensación realizada por la empresa recurrente, precisar que si bien dicha figura es aceptada como un medio para extinguir una obligación determinada, la misma debe poseer toda la documentación que demuestre su procedencia e indefectible realización, evitando la existencia de inconsistencia e incongruencia, pues al ser una figura que expone la aceptación de partes, los elementos ofrecidos como prueba deben exponer abierta y expresamente dicho hecho; condiciones que no fueron demostradas en el presente caso por parte del contribuyente; además de cursar la obligación prevista en el artículo 12 del Decreto Supremo N° 27874, que modifica el artículo 37 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB); razón por la cual el reclamo del sujeto pasivo carece del sustento y prueba necesaria exigida en el artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB)

Adicionalmente, en referencia a la inspección ocular llevada a cabo el 13 de junio de 2017, corresponde aclarar que si bien el mencionado acto unificaba los Recursos de Alzada Nos. ARIT-SCZ0073/2017 y ARIT-SCZ-0074/2017, los aspectos planteados dentro del presente caso en específico no desvirtúan o aportan elementos con los que se diluciden los agravios planteados por ADM-SAO SA., toda vez que, los reclamos y observaciones se refieren a cuestiones analizadas dentro del presente informe sin que la inspección modifique el criterio o apreciación sobre los tópicos tratados, no mereciendo mayor pronunciamiento por parte de ésta autoridad. 

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Cochabamba 

  • AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Por todo lo expuesto, corresponde a ésta instancia de alzada, mantener la observación formulada por la Administración Tributaria en cuanto a la ausencia de medios fehacientes de pago, enmarcado a lo previsto en el parágrafo III, artículo 12 del Decreto Supremo No 27874, que modifica el artículo 37 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), así como lo previsto en los numerales 4 y 5 artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB) y los artículos 76 y parágrafo l artículo 80 de la citada norma legal, quedando subsistente la obligación tributaria determinada por el concepto analizado

En suma, conforme se tiene del análisis realizado, la revisión y verificación de los antecedentes administrativos, la Resolución Determinativa contiene los fundamentos de derecho que justifican los reparos expuestos en el mencionado acto referido al IVA, descartando la existencia de prueba documental, conforme establece el artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), que pueda suprimir las observaciones arribadas por el Servicio de Impuestos Nacionales así como la deuda tributaria establecida; toda vez que, el recurrente no demostró que las obligaciones tributarias identificadas por la entidad recaudadora carezcan de fundamentación normativa y fáctica isobre las transacciones observadas; siendo procedente los reparas, atribados porHa entidad fiscalizadora en el proceso de verificación posterior CEDEIM; y en consecuencia, corresponde a ésta instancia recursiva, confirmar la Resolución Administrativa N° 21-000035-16 de 27 de diciembre de 2016, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales. 

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POR TANTO: La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Cochabamba, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los articulos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

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Teresa del Rosario 

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Administrativa N° 2100003516 de 27 de diciembre de 2016, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales; sea de conformidad con el inciso b) parágrafo I del artículo 212 de la Ley 2492 (Título V CTB)

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SEGUNDO; La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana taşaq kuraq kamachiq(Quechua

establece el artículo 199 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB), será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al articulo 140 inciso c) de la Ley 2492 (CTB) y sea con nota de atención

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 de la Ley N° 2492 (CTB), el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente Resolución de Recurso de Alzada es de 20 días computables a partir de su notificación

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

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Teresa del Rosario Borda Rocksts DIRECTORA EJECUTIVA REGIONA

DRECCIONEECUTIVA REGIONAL Autoridad Regional de impusein Tretoria Chhe 

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9001 IBNORCA Sistema de Garud

de la Cards Certificado rec2014 

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