ARIT-CBA-RA-0295-2020 Revocatoria Parcial con sanción al Incumplimiento al Deber Formal. Prescripción de facultades del SIN para sancionar la omisión de pago del sujeto pasivo y la actividad no declarada.

ARIT-CBA-RA-0295-2020

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBARA 0295/2020 

Recurrente 

Vidal Siles Escobar, representado por Marcelo Gonzales Yaksic. 

Administración recurrida 

Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, representado por Karina Paula Balderrama Espinoza. 

Acto impugnado 

: Resolución Determinativa **-? :171930000132 –— –

Expediente:No 

ARITCB. 

:ARITCBA0153/2019. . :: Cochabamba, 30 de octubre de 2020. 

Lugar.y fecha 

VISTOS: 1 – – 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el informe Técnico Jurídico ARIT-CBA/ITJ 0295/2020 de 30 de octubre de 2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. La Resolución Determinativa N° 171930000132 de 19 de marzo de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, que determinó de oficio las obligaciones impositivas del sujeto pasivo Siles Escobar Vidal, en la suma de UFVs 154.025 y UFVS 350.104, correspondientes al tributo omitido actualizado (IVA, IT e IUE), intereses y sanción por omisión de pago, por los periodos enero a diciembre de la gestión 2010, en aplicación de los artículos 47 (modificado por la Ley 812), 165 de la Ley 2492, 42 del Decreto Supremo 27310 y la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0025 10. Por otra parte, calificó la conducta del sujeto pasivo como omisión de pago por el 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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IVA, IT e IUE, aplicando un sanción equivalente al 100% del tributo omitido de conformidad a los artículos 165 de la Ley 2492, 42 del Decreto Supremo 27310 y la Resolución de Directorio N° 100032-16. Acto notificado mediante cédula a Siles Escobar Vidal, el 1 de abril de 2019 (fojas 65676651 y 6656 de antecedentes administrativos). 

TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA. 

II.1. Argumentos del Recurrente. Vidal Siles Escobar representado por Marcelo Gonzales Yaksic, conforme acredito con el Testimonio de Poder N° 343/2019 de 16 de abril de 2019 (fojas 88-90 del expediente administrativo) mediante memoriales presentados el 22 de abril y 15 de mayo de 2019 (fojas 91-95 y 98 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 171930000132 de 19 de marzo de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, manifestando lo 

siguiente: 

Que la Vista de Cargo liquido preliminarmente las bases imponibles del IVA, IT e IUE de forma irregular al trasgredir leyes tributarias, desconociendo la realidad material de los hechos; además que fue emitida extemporáneamente sin percatarse que el plazo de un año para concluir la fiscalización venció superabundantemente, asimismo, señaló que no fueron identificados los documentos que sustentan la base imponible, no existiendo los sustentos legales para los papeles de trabajo elaborados. 

Indicó que durante la sustanciación del proceso determinativo, llegó a materializarse la nulidad absoluta de los papeles de trabajo, ya que inicialmente fueron elaborados sobre la base de la documentación proporcionada por el recurrente y la información de la base de datos del SIRAT2; empero, durante el proceso y sin su conocimiento, la Administración Tributaria realizó cruces de información con la Aduana Nacional de Bolivia, Pil Andina SA, Cooperativa de Telecomunicaciones y Servicios Cochabamba Ltda., Sobodaycom, Fundempresa, Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba y ASFI, para la determinación de la base imponible, hecho irregular que vulneró el debido proceso, constituyéndose al efecto la causal de nulidad prevista por los artículos 3 y 36 de la Ley 2341. Citó los artículos 68 numerales 1), 6) y 8) de la Ley 2492 y 115 de la Constitución Política del Estado. 

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Argumento que la Resolución Determinativa impugnada, con un argumento ilegal e inconstitucional señaló que el artículo 104 de la Ley 2492 no recoge en su texto, un término de perentoria observancia que justifique la aplicación de la extinción de pleno derecho de la facultad para emitir la vista de Cargo; además refirió que éste último acto, no cumplió con los requisitos formales establecidos legalmente, encontrándose viciada de nulidad

Indicó que desde el 17 de abril de 2015 momento en que fue notificada la Orden de Verificación, transcurrieron 3 años y 8 meses, de esta manera adujo que la Administración Tributaria no concluyó su trabajo de fiscalización dentro el plazo de 12 meses, que establece la citada Ley; además que debió notificar la vista de Cargo en el término máximo de 5 días a partir de su emisión; por otra parte, refirió que debe considerarse que la Vista de Cargo se extingue de pleno derecho, sin necesidad de otro acto posterior por expiración del plazo, el cual es perentorio y de cumplimiento obligatorio, corresporidiendo por ello disponer la extinción de pleno derecho de la facultad para emitir la vista de Cargo, debiendo el ente recaudador, dictar una Resolución Determinativa que declare la inexistencia y la extinción de la deuda tributaria. En resguardo de sus argumentos, citó los artículos 4 de la Ley 2492, 57 inciso c), 62 inciso I) y 33 parágrafo II de la Ley 2341 

Afirmó que la Administración Tributaria determinó dos deudas tributarias sobre los mismos periodos y los mismos tributos, una sobre base cierta y otra sobre base presunta, aspecto que resulta ilegal, toda vez que la Ley 2492 no autoriza la posibilidad de establecer dos deudas sobre el mismo impuesto y sobre el mismo periodo, ya que la fiscalización se realiza sobre una base, ya sea cierta o presunta, pero nunca bajo las dos alternativas a la 

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Expuso que la Administración Tributaria, vulneró el debido proceso y el derecho a la defensa al determinar la deuda tributaria del IVA, IT e UE en base a la información proporcionada por el proveedor IASA, fundando sus cruces de información con la documentación física e informática, y los reportes del sistema SIRAT2; además argumento que la entidad recaudadora, no identificó de forma fehaciente, clara y adecuada la vinculación o las conexiones normales que deberían existir entre quienes compraron los productos facturados por el proveedor IASA y sus ventas a terceros; por lo que al determinar la deuda tributaria cometió un error vinculado con el proceso. Agregó que las 

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facturas emitidas por la empresa IASA fueron entregadas con conocimiento de causa a los beneficiarios, aspecto que fue reconocido y señalado en el acto impugnado

Refirió que la Administración Tributaria recurrida no identificó en el proceso de investigación todas las deducciones que establece la norma tributaria, sino que realizó una 

serie de instrucciones que no permitieron conocer la verdad material de cada una de las transacciones supuestamente realizadas al proveedor IASA; por ello, la entidad tributaria erróneamente utilizó el código de cliente que utilizaba para realizar sus operaciones con 

veedora, para deducir que con dicho código muchas personas se beneficiaron indebidamente de la provisión de mercaderías para tiendas de barrio y en centros de abasto sin emitir la correspondiente factura, ya sea por pertenecer a los regímenes especiales o negocios informales, aspecto que debería ser explicado por la empresa IASA. 

Puntualizó que la Administración Tributaria simplemente basó su entendimiento en información obtenida de terceros -en el caso presente IASA- con el fin de deducir la realización de ventas no facturadas, sin investigar a cada uno de los beneficiarios respecto a las facturas emitidas por la empresa proveedora o en su defecto, el aprovechamiento del crédito fiscal contenido en cada una de las facturas o la venta de los productos sin la correspondiente factura. 

Afirmó que la Administración Tributaria recurrida no consagró indicio o evidencia de que todas las facturas emitidas por la empresa proveedora IASA, fueron pagadas directamente por sus beneficiarios con dinero en efectivo o a través de cuentas bancarias, así como tampoco existe evidencia que los bienes comprados fueron colocados en su domicilio fiscal, extremos que se fundan en la información unilateral presentada por la empresa proveedora IASA, la cual no pudo rebatir o en su caso cuestionar su contenido, constituyéndose en una vulneración al derecho a la defensa como elemento del debido 

proceso

Sustentó que de la lectura de la Resolución Determinativa y Vista de Cargo, pudo identificar el cumplimiento de las previsiones para la nulidad establecidas en los artículos 96, parágrafo Ill de la Ley 2492, 18 del Decreto Supremo 27310 y 36 de la Ley 2341; i asimismo, mencionó que corresponde aplicar el artículo 10 parágrafo I de la Resolución 

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Normativa de Directorio N° 100017-13 concordante con el parágrafo III del artículo 80 de la referida Ley 2492. 

Sostuvo que corresponde anular el proceso determinativo hasta la Vista de Cargo, a efectos de que la Administración Tributaria emita nuevamente el acto, exponiendo la fundamentación respecto a las razones por las cuales fue determinada una deuda tributaria consolidando varias actividades económicas que no son parte del registro tributario, constituyéndose en un aspecto fundamental para que pueda asumir defensa. 

Señaló que la Administración Tributaria expuso en el acto impugnad 

igencia de la facultad de determinación la deuda tributaria de la gestión 201 ero, aplicó retroactivamente normas tributarias que fueron aprobadas con posterioridad al nacimiento del hecho generador de la referida gestión, debiendo considerar lo establecido en el artículo 59 de la Ley 2492, sin modificaciones, que determina que las acciones de la Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años; al efecto, precisó que el hecho generador del IVA contenida en las compras informadas por IASA de la gestión 2010 se produjo en vigencia de la Ley 2492, sin ninguna modificación; en ese sentido, expuso en cuadro que para el IVA e IT de los periodós enero a noviembre de 2010, el cómputo de la prescripción inició el 1 de enero 2011 y finalizó el 31 de diciembre de 2014; para el IVA e IT del periodo diciembre de 2010, así como el IVE de la gestión con cierre a diciembre de 2010, el cómputo inició el 1 de enero de 2012 y finalizó el 31 de diciembre de 2015. 

Reiteró que no corresponde la aplicación de las modificaciones realizadas al articulo 59 de la Ley 2492, mediante las Leyes 291, 317 y 812, debiendo prevalecer el principio de irretroactividad. Agregó que la Orden de Fiscalización No 14990100375 fue notificada cuando la facultad de fiscalizar de la Administración Tributaria se encontraba prescrita, no pudiendo ser considerada como causal de suspensión al plazo de la prescripción según lo previsto por el artículo 62 numeral 1 de la Ley 2492

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En petitorio, solicitó la revocatoria total de la Resolución Determinativa N° 171930000132, declarando la inexistencia de la deuda tributaria correspondiente al tributo omitido, intereses, sanción por omisión de pago (100%) del IVA, IT e UE, además de la multa por incumplimiento a deberes formales; así como también la declaratoria de extinción de la facultad de verificar y determinar la deuda tributaria por prescripción de los periodos de 

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enero a diciembre de la gestión 2010 respecto al IVA, IT e IUE; por último, peticionó la extinción de pleno derecho de la facultad para emitir la Vista de Cargo. 

11.2. Auto de Admisión, El 16 de mayo de 2019, ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Admisión EXPEDIENTE ARITCBA0153/2019, correspondiente al Recurso de Alzada interpuesto por Marcelo Gonzales Yaksic en representación de Vidal Siles Escobar, contra la Resolución Determinativa N° 171930000132 de 19 de marzo de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (fojas 99 del expediente administrativo). 

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria. La Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales representada por Karina Paula Balderrama Espinoza, conforme acreditó la Resolución Administrativa de Presidencia No 031700001415 de 29 de septiembre de 2017 (fojas 106107 del expediente administrativo), por memorial presentado el 6 de junio de 2019 (foja 108122 del expediente administrativo), respondió al Recurso de Alzada con los siguientes argumentos: 

Que en relación a la nulidad de los papeles de trabajo que dieron origen al acto 

impugnado, sostuvo que la determinación sobre base cierta, puede ser aplicada por la Administración Tributaria –aún sin la colaboración del contribuyente- en mérito a la documentación e información proporcionada por terceros y obtenida en los sistemas que tiene la entidad tributaria; por ello, afirmó que cuenta con información que permitió conocer de forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo

Asimismo, refirió que en cuanto a la base presunta, ésta tiene su sustento en mérito a los hechos y circunstancias que por su vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitieron deducir la exigencia y cuantía de la obligación; por lo que asintió que lo reclamado por el recurrente no tiene sustento legal ni de hecho, máxime al advertir que el sujeto pasivo formó parte activa, asumió la oportunidad de desvirtuar el cargo y expresar una incorrecta utilización del método de 

determinación; empero, produjo su propia indefensión al no aportar las pruebas 

necesarias que hagan valer y sean atenientes para sus descargos. 

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Agregó que la Administración Tributaria, en función de los artículos 100 y 104 de la Ley 2492 y el alcance de la Orden de Fiscalización, tenía la facultad de revisar las obligaciones impositivas del contribuyente, correspondiente al IVA, IT e UE y todas sus actividades económicas ejercidas, incluso las que no hubieran sido registradas en el padrón de contribuyentes y que en razón a los hechos, elementos obtenidos y la actitud evasora del sujeto pasivo, procedió a determinar los reparos en favor del fisco sobre base cierta y presunta; en ese sentido, indicó que cumplió con lo establecido en los artículos 74, numeral 1, 99 parágrafo II la Ley 2492 y 28 de la Ley 2341, por lo que manifiesta que no vulneró el debido proceso, en relación a la fundamentación, motivación e incongruencia como alega el recurrente: 

Manifestó respecto a las consideraciones de derecho y hecho que fundamentó la base cierta aplicada, que de la revisión de los antecedentes administrativos, conforme la información proporcionada por el contribuyente consistênté en DDJJ Form. 200IVA, DDJJ Form. 400 IT, Libros de Compras IVA, Libro de Ventas IVA de la gestión 2010, facturas de’ compra,” recibos de talonarios de alquiler, estados financieros de la mencionada gestión, información de terceros y la documentación en poder de la entidad tributaria, determinó las obligaciones tributarias del contribuyente sobre base cierta conforme lo prevé el artículo 43 de la Ley 2492. 

Alegó que a objeto de contar con elementos que permitan deducir la existencia de los hechos imponibles, solicito documentación e información a la Aduana Nacional de Bolivia, Pil Andina SA, ELFEC SA, Cooperativa de Telecomunicaciones y Servicios Cochabamba Ltda., Sobodaycom, Fundempresa, Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba y ASFI, advirtiendo ingresos omitidos por concepto de alquileres de bienes raíces propios facturados y no declarados por el contribuyente durante los periodos de enero a diciembre de la gestión 2010. 

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Añadió que verificado el Crédito Fiscal del IVA, advirtió que el sujeto pasivo no presentó el total de las facturas de compras originales, determinándose una diferencia entre la DDJJ (Form. 200 IVA) y las facturas de compras originales presentadas; además, precisó que el contribuyente declaró facturas de compras no respaldadas por documento original y que no se encuentran vinculadas con la actividad gravada, facturas de servicios de luz, agua y telecomunicaciones que no corresponden a los domicilios fiscales que generaron ingresos facturados por alquileres durante la 

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gestión 2010, facturas de compras con nombre y NIT de otro contribuyente, facturas declaradas en un periodo que no corresponde y facturas de compras duplicadas; por lo que afirmó que los ingresos omitidos por alquileres facturados y no declarados correspondientes a los periodos septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2010, sustentan la determinación de reparos a favor del Fisco por el IVA e IT, 

Refirió que respecto al IVE, procedió a la revisión de los ingresos y a la deducibilidad de los gastos a efecto de determinar su naturaleza, validez y consideración dentro de 

los rubros de gastos e ingresos emergentes de las transacciones realizadas por el 

contribuyente en la gestión 2010, debido a una incorrecta declaración de ingresos del sujeto pasivo, así como llegó a determinar gastos que no se encuentran vinculados a su actividad gravada; en ese entendido, afirmó que reconstruyó el Estado de Resultados Ajustado impositivamente sobre base cierta de la gestión 2010. 

Alegó en cuanto a las consideraciones de derecho y hecho que fundamentan la base presunta aplicada, que la Administración Tributaria evidenció que el sujeto pasivo adicionalmente a su actividad de alquileres percibió otros ingresos por la distribución masiva de productos de Industria de Aceite SA, procediéndose a determinar las obligaciones tributarias relativas al IVA, IT e UE sobre base presunta en aplicación de los artículos 43, 44, 45 de la Ley 2492 y 9 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13 

Sostuvo que el recurrente omitió registrar sus ingresos por distribución de productos de Industrias de Aceite SA, resultando evidente que el ente recaudador agotó los medios de información sin obtener los elementos que permitan conocer de forma directa e indubitable los componentes de la obligación tributaria, de esta manera al desconocer el momento del perfeccionamiento del hecho generador, aplicó el método de determinación sobre base presunta, estableciendo que todo lo que compró para terceros fue distribuido en el mismo periodo. 

Manifestó que solicitó al sujeto pasivo documentación e información mediante nota de requerimiento CITE: SIN/GDCBBA/DF/G1/FE/NOT/00308/2015 y el Requerimiento F-4003 No 130902; empero, el mismo no presentó lo requerido; por lo que mediante Nota de 20 de marzo de 2015, solicitó a IASA información documentada de todas las facturas de ventas realizadas al código de cliente No 44998 y 1879723, 

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correspondiente a los periodos de enero a diciembre de 2008, 2009 y 2011, además de documentación de respaldo como contratos o registros de cliente, ordenes de entrega de los productos, copia de las facturas emitidas, documentos de pago recibidos de su cliente, lugar donde fueron entregados los productos y lista de precios sugeridos para la venta de todos los productos de la empresa de la gestión 2010. Añadió que su solicitud fue atendida por IASA mediante Nota de 28 de abril de 2015. 

Señaló que las facturas de ventas emitidas en la gestión 2010, consignan el código de cliente N° 4498 y 1879723, que corresponden al recurrente; por ello, el volumen de compras efectuadas por cuenta de terceros que fueron distribuidos por Vidal Siles Escobar, llegó a constituirse en retribuciones que resultan ingresos omitidos no facturados ni declarados del sujeto pasivo. 

Indicó en cuanto a la extinción de la facultad de la Administración Tributaria para emitir la Vista de Cargo, que la Ley 2492 no contempla la caducidad o perdida de las facultades de la Administración Tributaria para determinar obligaciones tributarias; empero, sostuvo que la Ley 2341 llega a establecer lo invocado respecto al instituto de la caducidad; empero, no podría ser aplicable dicha Ley y su Decreto Reglamentario al no existir indefension ni vulneración al debido proceso. Al efecto, citó los artículos 74, 104, 201 de la Ley 2492, 33 de la Ley 2341 y las Resoluciones de Recurso Jerárquico STG/RJ/0339/2006 y AGIT-RJ 1059/2015.’ 

– 

– 

Refirió que si bien el artículo 33 de la Ley 2341 prevé que la notificación del acto deberá ser realizada en el plazo máximo de 5 dias a partir de la fecha de su emisión, la normativa tributaria no estableció de forma expresa que las notificaciones fuera de dicho plazo, deben ser sancionadas con la anulabilidad; además, que a partir de la notificación de la Vista de Cargo, el sujeto pasivo contó con un plazo para presentar descargos e incluso interponer el recurso que la ley establece, por lo que no se materializó la indefensión del sujeto pasivo como sustento de alguna nulidad o 

anulabilidad. 

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Respecto a la prescripción, explicó que este rige al momento de emitir la Resolución Determinativa, que el artículo 59 de la ley 2492 modificado establece un término de prescripción de 8 años, iniciando el primer día hábil del año siguiente a la fecha de 

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vencimiento de pago, por lo que la Administración Tributaria hizo uso de sus facultades y prerrogativas, determinando sobre base presunta y cierta reparos a favor del fisco, por ingresos omitidos y no declarados, por la venta de productos adquiridos en los periodos comprendidos dentro la gestión 2010

Señaló que aplicando la Ley 291 modificada por la Ley 317, para los periodos objeto de revisión, la facultad del SIN no prescribió, así como aplicando la Ley 812, tomando en cuenta lo dispuesto en el parágrafo I del artículo 62 de la Ley 2492; por ello, afirmo que hizo uso de sus facultades y prerrogativas establecidas por Ley, llegando a determinar la deuda tributaria antes que se configure el instituto de la prescripción

En petitorio, solicito confirmar la Resolución Determinativa N° 171930000132 de 19 de marzo de 2019. 

11.4. Apertura de término probatorio

El 7 de junio de 2019, ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Apertura Término de Prueba Expediente ARIT-CBA0153/2019 disponiendo la apertura del término probatorio de 20 días comunes y perentorios para ambas partes, en aplicación del articulo 218 inciso d) del Código Tributario Boliviano (fojas 124 de expediente administrativo). 

El 28 de junio de 2019, la Administración Tributaria representada por Karina Paula Balderrama Espinoza, mediante memorial ratificó todas sus pruebas consistentes en los antecedentes administrativos presentados; asimismo, señaló que la parte recurrente carece de prueba para demostrar sus afirmaciones (fojas 126 del expediente administrativo). 

El 2 de julio de 2019, Marcelo Gonzales Yaksic en representación de Vidal Siles Escobar ratificó las pruebas documentales acompañadas al Recurso de Alzada y los antecedentes administrativos presentados por la Administración Tributaria (fojas 129 del expediente administrativo). 

11.5. Alegatos. El 22 de julio de 2019, la Administración Tributaria solicitó a ésta instancia recursiva, señalar día y hora para la presentación de alegatos orales, motivo por el cual 

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mediante Proveido de 24 de julio de 2019, fue señalada la audiencia de alegatos orales para el 29 de julio de 2019 (fajas 132133 del expediente administrativo). 

De esta manera, el 29 de julio de 2019 se instaló la audiencia de alegatos orales, oportunidad en la que la Administración Tributaria señaló que tiene las facultades de solicitar la información cuando de alguna manera, no tuvo conocimiento de un hecho tributario; que el hecho de no ser notificado con la documentación obtenida de terceros, no invalida ni es causal de nulidad, más aun considerando que el sujeto pasivo no solicitó fotocopias de todas las actuaciones y la Vista de Cargo refleja los cruces de información realizados; que el incumplimiento del plazo establecido en el parágrafo V del artículo 104 de la Ley 2492, no seria causal.de nulidad y menos es causal de caducidad de las facultades, que la Resolución Determinativa fue notificada en vigencia de la Ley 812, por lo tanto la facultad para determinar.y administrar no prescribió.

– 

Señaló que el contribuyente, no presentó documentación que desvirtúe los cargos; que la solicitud de información a terceros sirvió como respaldo para la depuración y validación de las facturas de compra; que fue agotada las instancias para la obtención de información, al realizar la consulta al proveedor y al contribuyente; que el proveedor afirmó que el sujeto pasivo fue cliente intermediario; que Siles Escobar Vidal’entregaba los productos al consumidor final y por esa distribución, IASA te otorgaba un descuento del 4:5% en productos nacionales y 1.5% en productos importados; que fue aplicada la técnica establecida en el inciso b) del artículo 7 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13, gravando el ingreso sobre el porcentaje de descuento. 

En respuesta, la parte recurrente sostuvo que el ente recaudador centró la determinación exclusivamente en un documento emitido por Industrias de Aceite SA; que si existió el rédito por el descuento la tributación, debería ser sobre el margen y no sobre el total de la operación, por lo que no corresponde considerarlo como un intermediario; señaló que no fue investigado como fue que llegaba con su camión a Industrias de Aceite SA para recoger lo que tenía que entregar a sus clientes

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Señaló que la Administración Tributaria pretende soslayar la perentoriedad de los plazos, establecida en el artículo 4 de la Ley 2492; que existe desigualdad al señalar 

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que los plazos son perentorios para el sujeto pasivo pero no para el ente fiscal; que corresponde remitirse a la Ley de Procedimiento Administrativo respecto a la obligación de cumplir los plazos; que para el análisis de la prescripción el SIN aplicó una Ley que fue aprobada de forma posterior al hecho generador, no pudiendo ser aplicada de forma retroactiva. 

De igual manera, la Administración Tributaria manifestó que la indefensión debe ser tomada en un concepto absoluto, es decir debe existir un total impedimento para poder asumir los derechos; que al existir la posibilidad de descargo, no existe indefensión; que respecto al plazo dispuesto en el artículo 104, la Autoridad de Impugnación Tributaria a través de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

1059/2015 y la Autoridad Judicial a través de la Sentencia 2016 ratificó la postura de 

la Administración Tributaria; que la actividad de vinculación comercial con IASA no fue registrada en el padrón de contribuyentes, por lo tanto la ampliación del plazo de prescripción puede darse. 

Finalmente, la parte recurrente puntualizó que se estarían negando derechos que están consolidados en Sentencias del Tribunal Supremo de Justicia respecto a la prescripción; que no fue investigado el reporte de ingreso y salida de camiones, los carguios, los destinos de las mercaderías; que registró las actividades que el desarrollaba y estaba siendo objeto de fiscalización (fojas 136-140 del expediente administrativo). 

Dentro el plazo establecido en el artículo 210 parágrafo II del Código Tributario Boliviano, la parte recurrente no presentó alegatos escritos ante ésta instancia recursiva, 

III

ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA. 

El 23 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria emitió la Orden de 

Fiscalización N° 14990100375, comunicando a Vidal Siles Escobar que será sujeto de un proceso de determinación con el objeto de establecer el correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias correspondiente a los impuestos IVA, IT e IUE de los periodos de enero a diciembre de la gestión 2010. Acto notificado personalmente al sujeto pasivo, el 17 de abril de 2015 (fojas 9 de antecedentes administrativos). 

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TIL 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

El 20 de abril de 2018, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: SIN/GDCBBA/DF/P-FE/INF/1250/2018, concluyendo que de la normativa descrita y la interpretación realizada por la Autoridad de Impugnación Tributaria, por las características especiales del proceso de Fiscalización, es necesario la autorización del método para estimar la base presunta establecida en el artículo 7 inciso d) de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13, con la finalidad de establecer una postura técnica como legal, toda vez que pretende.considerar como un ingreso presunto, los importes percibidos por el descuento efectuado por la empresa Industrias de Aceite SA en calidad de retribución por distribución y/o intermediación (fojas 6223-6279 de antecedentes administrativos). 

El 17 de mayo de 2018, la Gerencia Nacional de Fiscalización del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la nota CITE: SIN/GF/DNCCINOT/00658/2018 señalando que la Gerencia Distrital Cochabamba propone la técnica de determinación del adeudo sobre base presunta en base a los importes calculados como descuentos realizados al contribuyente por la distribución de productos en la gestión 2010, descuentos que constituirían ingresos y/o retribuciones por la distribución realizada; por lo que aprobó la técnica descrita en el informe CITE: SINIGDCBBA/DF/P-FE/INF/1250/2018, en tanto là determinación sea respaldada con documentación que permita demostrar la correcta aplicación de dicha técnica (fojas 6366-6367 de antecedentes administrativos). 

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El 23 de noviembre de 2018, la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Vista de Cargo N° 291830000659, calificando preliminarmente la conducta del sujeto pasivo como omisión de pago, liquidando la deuda tributaria establecida sobre base cierta y presunta del IVA, IT e IUE correspondiente a los periodos enero a diciembre de 2010 en un total de UFVs497.441. Acto notificado mediante cédula al sujeto pasivo el 28 de diciembre de 2018 (fojas 6461-6522 y 6523 de antecedentes administrativos). 

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Hans Paul et Aran:car Mejia 

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El 28 de enero de 2019, el sujeto pasivo presentó nota de descargo a la vista de Cargo ofreciendo argumentos de descargo referidos a que no identificó de manera fehaciente, clara y adecuada la vinculación o las conexiones de las transacciones, que no fue cumplido con las atribuciones de investigación; que de manera unilateral emitió requerimiento a IASA sin notificarle también a su persona, que de acuerdo a la Ley 2492 

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9001 IBNORCA 

Sistema de Gestion 

de la Calidad CertificadoN77171

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Av. Oquendo N°381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012. www.ait.gob.bo. Cochabamba, Bolivia 

se produjo la prescripción de las acciones de la Administración Tributaria habiéndose extinguido la facultad administrativa para Determinar y liquidar la obligación Tributaria ; y que corresponde la nulidad de la Vista de Cargo (fojas 6531-6533 de antecedentes administrativos). 

El 19 de marzo de 2019, el Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Resolución Determinativa N° 171930000132, determinando de oficio las obligaciones impositivas del sujeto pasivo Siles Escobar Vidal, en la suma de UFV8154.025 y UFVS350.104, correspondientes al tributo omitido actualizado (IVA, IT e IUE), intereses y sanción por omisión de pago, por los periodos enero a diciembre de la gestión 2010, en aplicación de los artículos 47 (modificado por la Ley 812) y 165 de la Ley 2492, así como el articulo 42 del Decreto Supremo 27310 y la Resolución Normativa de Directorio N° 10-002510. Por otra parte, calificó la conducta del sujeto pasivo como omisión de pago por el IVA, IT e IUE, aplicando un sanción equivalente al 100% del tributo omitido de conformidad a los artículos 165 de la Ley 2492, 42 del Decreto Supremo 27310 y la Resolución de Directorio N° 10003216 (fojas 65676651 de antecedentes administrativos). 

El 5 de agosto de 2019, ante la interposición del Recurso de Alzada por parte de Vidal Siles Escobar, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARITCBARA 0264/2019, resolviendo anular la Resolución Determinativa No 171930000132 de 19 de marzo de 2019 emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales hasta el vicio más antiguo, esto hasta la Vista de Cargo N° 291830000659 de 23 de noviembre de 2018 (fojas 166191 vta. del expediente administrativo). 

El 18 de noviembre de 2019 la Autoridad General de Impugnación Tributaria, emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1258/2019 ante el Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerente Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales contra el Recurso de Alzada ARITCBARA 0264/2019, mediante la cual resolvió anular la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBARA 0264/2019 de 5 de agosto de 2019, 

con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la citada Resolución de Alzada, 

inclusive, debiendo la ARIT Cochabamba emitir una nueva Resolución en la que se 

pronuncie todos los agravios expuestos por Vidal Siles Escobar en su Recurso de Alzada (fojas 279-299 de expediente administrativo)

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AUTORIDAD DE INPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional do Bolívia 

El 27 de enero de 2020, ante el Recurso de Alzada interpuesto por Vidal Siles Escobar esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBARA 0015/2020, resolviendo revocar totalmente la Resolución Determinativa N° 171930000132 de 19 de marzo de 2019 emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, declarando prescritas las facultades de determinación relativas al IVA, IT de enero a diciembre e IUE de la gestión 2010 (fojas 346-379 del expediente administrativo). 

El 17 de agosto de 2020, ante el Recurso jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1051/2020, 

de enero de 2020, con reposición hasta el vicio más antiguo, precisamente hasta la citada Resolución de Alzada, a objeto de la emisión de una nueva resolución debidamente fundamentada que se pronuncie sobre todos los aspectos planteados en el Recurso de Alzada y considerando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1258/2019 de 18 de noviembre de 2019 (fojas 418-428 de expediente administrativo). 

– 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA. 

Conforme a lo expuesto en el artículo 211 parágrafo I del Código Tributário Boliviano, ésta instancia recursiva para el análisis técnico jurídico, ingresará a resolver los reclamos efectuados por la parte recurrente relacionados con: 1) El control cruzado realizado y nulidad de los papeles de trabajo; 2) La extinción de la facultad para emitir la Vista de Cargo, por incumplir los plazos establecidos en artículo 104 de la Ley 2492; 3) La falta de atención a los descargos presentados; 4) La aplicación de los métodos de determinación de Base Cierta y Base Presunta, en el mismo proceso de determinación; 5) Inexistente fundamentación para la atribución de ingresos no declarados; y 6) La prescripción de las facultades de la Administración Tributaria. 

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IV.1. Con relación al cruce de información y nulidad de los papeles de trabajo. En el Recurso de Alzada, el sujeto pasivo sostuvo que durante la sustanciación del proceso determinativo se materializó la nulidad absoluta de los papeles de trabajo, ya que inicialmente fueron elaborados sobre la base de la documentación proporcionada por el recurrente y la información de la base de datos del SIRAT2, empero durante el proceso y 

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de la CertificadoN771714 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oflomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Av. Oquendo Ne381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012 – www.ait.gob.bo. Cochabamba, Bolivia 

sin su conocimiento, la Administración Tributaria realizó cruces de información con la Aduana Nacional de Bolivia, Pil Andina SA, Cooperativa de Telecomunicaciones y Servicios Cochabamba Ltda., Sobodaycom, Fundempresa, Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba y ASFI, para la determinación de la base imponible, hecho irregular que vulneró el debido proceso, constituyéndose la causal de nulidad prevista por los artículos 3 y 36 de la Ley 2341. Al respecto, citó los artículos 115 de la Constitución Política del Estado y 68, numerales 1), 6) y 8) de la Ley 2492

Por su parte, la Administración Tributaria recurrida en respuesta al agravio planteado por el administrado, expuso que la determinación sobre base cierta, puede ser aplicada por la Administración Tributaria aún sin la colaboración del contribuyente- en mérito a la documentación e información proporcionada por terceros y obtenida en los sistemas que tiene la entidad tributaria; por ello, afirmó que cuenta con información que permitió conocer de forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo

Asimismo, refirió que, en cuanto a la base presunta, esta tiene su sustento en mérito a los hechos y circunstancias que por su vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitieron deducir la exigencia y cuantía de la obligación, por lo que asintió que lo reclamado por el recurrente no tiene sustento legal ni de hecho, máxime al advertir que el sujeto pasivo formó parte activa y asumió la oportunidad de desvirtuar el cargo y expresar una incorrecta utilización del método de determinación, empero produjo su indefensión al no aportar las pruebas necesarias que hagan valer y sean atenientes 

para sus descargos. 

Al respecto, de forma inicial corresponde indicar que el artículo 66, numeral 1 de la Ley 2492, refiere que: La Administración Tributaria tiene las siguientes facultades específicas: 1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación 8(…)”. 

Además, dentro las facultades de la Administración Tributaria, se tiene que el numeral 1) del artículo 100 de la mencionada Ley 2492 señala que: Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios”. 

Por otro lado; el parágrafol del artículo 96 de la Ley 2492 establece: . La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado”. 

De igual forma, el artículo 98 de la Ley 2492 sostiene que: “Una vez notificada la vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para formular y presentar los descargos que estime convenientes”. 

Ahora bien, de forma inicial corresponde aclarar al recurrente que si bien los Papeles de Trabajo forman parte del proceso de fiscalización efectuado por el Servicio de Impuestos Nacionales; los mismos no se constituyen en actos administrativos que produzcan efecto juridico en los sujetos pasivos; toda vez que éstos se constituyen en documeňtos auxiliares del proceso, que ayudan al fiscalizador a consolidar información sobre la labor investigativa desarrollada y el análisis de los datos obtenidos de distintas fuentes, para posteriormente obtener los resultados de la determinación, que son plasmados en la vista de Cargo. 

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En coʻsecuencia, la forma en que fueron obtenidos y realizados los papeles de Trabajo, no podría desembocar en la nulidad de los mismos, por cuanto esta documentación. resulta ser auxiliar al contenido del acto administrativo (Vista de Cargo y Resolución Determinativa), constituyéndose en actuaciones internas e inherentes a las actividades operativas efectuadas por los fiscalizadores dentro del proceso determinativo, revistiendo un carácter informativo y no declarativo de la obligación tributaria, consecuentemente no corresponde verificar la nulidad de los papeles de trabajo, denunciada por la parte 

recurrente. 

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Sin perjuicio a lo señalado precedentemente, corresponde indicar que, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 66 y 100 de la Ley 2492, la Administración Tributaria, posee amplias facultades de control, comprobación, verificación, fiscalización, investigación y determinación de tributos entre otras-, las cuales pueden ser ejercidas para la sustanciación de procesos determinativos y sancionadores a objeto de poder obtener todos los datos, hechos y elementos que respalden los cargos atribuidos, mismos que de 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onorita mbaerepi Vae (Guaraní) 

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conformidad al artículo 96 de la citada Ley, deben ser puestos a conocimiento de los 

sujetos pasivos por intermedio de la Vista de Cargo, para que en ejercicio del derecho a la defensa puedan ser objetados o descargados. 

Bajo ese entendido, corresponde aclarar a la parte recurrente que la validez de la documentación e información obtenida de terceros y utilizada por la Administración Tributaria en la determinación, no se encuentra condicionada a que de forma previa o 

simultánea, que deba ser notificado el sujeto pasivo con la realización y el resultado de dichos cruces de información, esto bajo el entendido de que conforme a lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley 2492, la Vista de Cargo se constituye en el acto que no solo comunica los cargos atribuidos preliminarmente por el ente recaudador, sino que también pone en conocimiento del sujeto pasivo, los actos, datos, hechos y elementos que los respaldan (entre ellos, los cruces de información realizados); sin perjuicio de que el sujeto pasivo tenga acceso a los actuados y la documentación, conforme establece el artículo 68 numeral 6) de la Ley 2492, 

Consecuentemente, a objeto de corroborar si la Administración Tributaria puso en conocimiento del sujeto pasivo, los cruces de información realizados sobre los cuales fundó la determinación, y de esta manera no causar indefensión al sujeto pasivo, otorgándole la posibilidad de objetar o rebatir los mismos durante el término establecido en el artículo 98 de la Ley 2492, corresponde contrastar los antecedentes administrativos con el contenido de la Vista de Cargo, advirtiendo de forma inicial que la Administración Tributaria efectuó los siguientes cruces de información: 

Conforme nota CITE: SIN/GDCBBA/DF/OFE/NOT/03581/2015 de 14 de julio de 2015 solicitó a la Cooperativa de Telecomunicaciones y Servicios Cochabamba Ltda., información referida al nombre, dirección, domicilio y tipologia registrada para las líneas telefónicas N° 4502117, 4501669, 4562878, 4501903, 4501878, 4501877, 4225679, 4227641, 4502176, 4556399, 4556402, 4227064, 4227063,4556406, 4556405, 4560878, 4501846, 4501845, 4227068, 4227066, 4501669, 4227065, 4556418, 4556403, 4250822 y 4541142; en respuesta, la citada empresa emitió la certificación de 30 de julio de 2015, consignando los aspectos solicitados (fojas 646-648 de antecedentes administrativos). 

Mediante nota CITE: SIN/GDCBBA/DF/FE/NOT/01223/2015 de 26 de febrero de 2015 la x. 

Administración Tributaria solicitó a la Aduana Nacional información sobre si Vidal Sites 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Escobar efectuó importaciones durante las gestiones 2008, 2009, 2010 y 2011 remitiendo la documentación necesaria en caso de corresponder; en respuesta, la Aduana Nacional mediante nota de AN-GRCGR No 37/2015 de 2 de marzo de 2015 señaló que de la revisión de su base de datos, no advirtió de importaciones a nombre de Siles Escobar Vidal durante las citadas gestiones (fojas 1599-1601 de antecedentes administrativos). 

Asimismo, con nota CITE: SIN/GDCBBA/DFNE/NOT/01368/2015 de 10 de marzo de 2015, el Servicio de Impuestos Nacionales solicitó a la empresa Pil Andina SA información documentada relacionada con el recurrente y referida a contratos y/o registro de cliente, ordenes de entrega de productos, facturas emitidas, documentos de pago recibidos de su cliente, lugar donde fueron entregados los productos facturados, lista de precios sugeridos para la venta y otra documentación que considere pertinente; en respuesta, la citada empresa señaló que Vidal Siles Escobar no fue su cliente, por lo que no existiria la documentación ylo información requerida (fojas 1602-1604 de: antecedentes administrativos). 

Por nota CITE: SIN/GGCBBA/DFNI/NOT/3582/2015 de 15 de julio de 2015, el ente recurrido solicitó a la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba SA, certificación del registro correspondiente a los medidores de energía eléctrica N° 9951916, 1703167, 3034061, 5203898, 96617505 y 5034081, motivo por el cual la citada empresa emitió el certificado Cite: G.G. – A.L. 1045 de 7 de agosto de 2015 consignando la dirección de los medidores No 9951916, 1703167, 5203898, 96617505 y 5034081 señalando que los mismos, se encuentran registrados a nombre de Vidal Sites Escobar, de igual manera afirmó que no encontró ningún medidor con los N 3034061 y 5203898 (fojas 1605-1606 de antecedentes administrativos). 

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Por otro lado, según nota CITE: SIN/GDCBBA/DF/G2/FE/NOT/03807/2015 de 29 de julio de 2015, la Administración Tributaria, solicitó a la Sociedad Boliviana de Autores y Compositores de Música SOBODAYCOM, información documentada referida al salón de fiestas California correspondiente a las gestiones 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, respecto al listado de todos los eventos autorizados, copias empresa de las facturas emitidas por eventos realizados en el salón de fiestas, copia de las autorizaciones de ejecución pública de obras musicales a eventos realizados y otra documentación que considere pertinente; como respuesta, la citada sociedad presentó la nota SOBO 

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CBBA/EXT/182/2015 de 10 de noviembre de 2015, señalando la presentación de las copias impresas de las facturas emitidas, aclarando además que, no tiene copia de las autorizaciones de ejecución pública (fojas 1618-1620 de antecedentes administrativos). 

Conforme nota CITE: SIN/GDCBBA/DF/G2FE/NOT/05134/2015 de 30 de octubre de 2015, la Administración Tributaria solicitó a FUNDEMPRESA información general, legal y financiera, además de la matrícula de comercio actualizada de Siles Escobar Vidal; obteniendo como respuesta la nota CTA-JOCB0486/15 de 5 de noviembre de 2015, a través de la cual FUNDEMPRESA remitió la información de la carpeta comercial de la empresa Salón de Fiestas “Californiacon matricula de comercio N° 173541 (fojas 1640 

1641 de antecedentes administrativos). 

Por otra parte, en virtud a la nota CITE: SIN/GDCBBA/DF/FE/NOT/3817/2015 de 29 de julio de 2015, el Servicio de Impuestos Nacionales solicitó al Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba información documentada respecto a siete inmuebles, obteniendo como respuesta la nota SG. 711 de 28 de septiembre de 2015 a través de la cual presentó el informe CITE EXT DPMT N° 2895/2015, señalando que, para los inmuebles solicitados, no se encontró registro de documento ambiental, asimismo identificó a los propietarios (1644-1648 de antecedentes administrativos). 

Mediante Nota CITE: SIN/GDCBBA/DF/FE/NOT/01151/2015 de 5 de febrero de 2016, la Administración Tributaria solicitó a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 

(ASFI) información relacionada a estados bancarios de cajas de ahorro, cuentas 

corrientes, depósitos a plazo fijo, pagos al exterior y otras operaciones bancarias, asi como desglose de cada transacción efectuada con documentos de respaldo; obteniendo como respuesta notas emitidas por las distintas entidades financieras, señalando que la citada persona no cuenta con registros en dichas entidades, no obstante el Banco Unión SA informó mediante nota A.L.C. No 185/2015 que Siles Escobar Vidal es titular de depósitos a plazo fijo; asimismo, a fojas 1831 a 2100 de antecedentes administrativos, se advierte extractos bancarios de las cuentas bancarias Nos. 3041-016470, 3051071791, 3051 144110 y 3051-200158 correspondientes al Banco Ganadero SA y documentación de respaldo a los movimientos bancarios en dichas cuentas. 

Según notas CITE SIN/GDCBBA/DF/FE/NOT/00348/2014, SIN/GDCBBA/DF/G3/FE /NOT/3733/2015. SIN/GDCBBA/DF/G3/NOT/1894/2016, SIN/GDCBBA/DF/P. 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinadonal de Bolivia 

FE/NOT/779 /2018 el ente recaudador solicitó a Industrias de Aceite SA información y documentación relacionada a las transacciones efectuadas utilizando el código de cliente asignado a Vidal Sites Escobar, además de informar y certificar el tipo de relación existente y las particularidades de las transacciones; en respuesta, Industrias de Aceite SA presentó las notas de 19 de mayo de 2014,3 de marzo de 2015, 18 de septiembre de 2015, 27 de septiembre de 2016 y 10 de mayo de 2018 (fojas 2105, 2108, 2296,2297, 2299, 2301, 2311 y 2321 de antecedentes administrativos). 

De acuerdo al Requerimiento No 00130910 de 15 de agosto de 2016, la Administración Tributaria solicitó información y documentación a la empresa Industrial y Comercial Norte SA respecto a las facturas emitidas por Industrias de Aceite SA, en respuesta la citada empresa presentó nota de 19 de agosto de 2016 y 14 de octubre de 2016 argumentando que se percató de un problema de manipulación indebida por parte de un ex trabajador, extraviándose documentación entre los cuales supone que_ estarían las facturas requeridas (fajas 2333-2353 de antecedentes administrativos). 

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Mediante Requerimiento No 00130913’el ente recaudador solicitó a Chávez Siles Benedicto Ramiro, información y documentación relacionada a las compras efectuadas al proveedor Industrias de Aceite SA, en respuesta la citada persona presentó nota de 27 de octubre de 2016 señalando que las compras fueron realizadas al contado y canceladas a Vidal Siles con código de cliente No 44998, asimismo acompañó la vista de Cargo No SINGDCBBA/DFNC/00340/2015 y la Resolución Determinativa N° 17-00805-14 (fojas 2354-2380 de antecedentes administrativos). 

Conforme Requerimiento No 00130908 de 15 de agosto de 2016, la Administración Tributaria solicitó a Herbas Aranibar Donato Raúl, información y documentación referida a compras facturadas por el proveedor Industrias de Aceite SA; en respuesta, la citada persona presennota de 7 de octubre de 2016 señalando que no realizó las transacciones requeridas (fojas 2382-2389 de antecedentes administrativos). 

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Por otro lado, en atención a Requerimiento No 00130906 de 15 de agosto de 2016, el Servicio de Impuestos Nacionales solicitó a la Estación de Servicio Cochabamba SRL, información y documentación relacionada a las compras facturadas por el proveedor Industrias de Aceite SA, en respuesta la citada estación de servicio presentó nota el 14 de 

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la calidad CorttiedoN77174 

Justicta tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamạchiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oromita mbaerepi Vae (Guarani) 

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IND TILL 

octubre de 2016 manifestando que las facturas requeridas no se encontrarían en su poder debido a que no existiria registro de compras con esos números de facturas, por lo que no figuran en su contabilidad (fojas 23942398 de antecedentes administrativos)

Según Requerimiento No 00130912 de 15 de agosto de 2016, la Administración Tributaria solicitó a la empresa La Estancia SRL, información y documentación relacionada a compras facturadas por el proveedor Industrias de Aceite SA, en respuesta Marcia Cecilia Ballivian de Benítez presentó memorial el 13 de septiembre de 2016, argumentando que, de conformidad al artículo 52 del Código de Comercio, desechó la documentación anterior a la gestión 2010, además que, las facultades del ente recaudador para exigir la presentación de documentación prescribieron (fojas 24062417 de antecedentes 

administrativos). 

Mediante Requerimiento No 00130916 de 15 de agosto de 2016, el ente recaudador solicitó a Mercado Ovando Sandra información y documentación respecto a las compras efectuadas del proveedor Industrias de Aceite SA; no obstante, no se advierte respuesta alguna (fojas 2418-2421 de antecedentes administrativos)

Ahora bien, conforme Requerimiento No 00130905 de 15 de agosto de 2016, el ente recurrido solicitó al Restaurant Casa de Campo SRL, información y documentación que respalden los pagos efectuados por las compras efectuadas del proveedor Industrias de Aceite SA, en respuesta la citada empresa presentó nota el 13 de septiembre de 2016, manifestando que, no resultaría posible atender al requerimiento debido a que, no se encontraría en archivos en atención a lo establecido en el numeral 8 del artículo 70 de la Ley 2492 y por configurarse la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos (fojas 2422-2430 de antecedentes administrativos). 

Asimismo, en atención al Requerimiento No 00130904 de 15 de agosto de 2016, la Administración Tributaria solicitó a Andrew Cardozo Sergio Dodson, información y documentación que respalden los pagos realizados por las compras efectuadas del proveedor Industrias de Aceite SA, en respuesta la citada persona presentó antecedentes de los procesos de verificación N° 30150V100016 y 30140V100155 (fojas 24312455 de antecedentes administrativos). 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

De acuerdo a Requerimiento No 00130917 de 15 de agosto de 2016, el Servicio de Impuestos Nacionales solicitó a Servicios en Gastronomia SRL, información y documentación de respaldo a los pagos realizados por las compras efectuadas del proveedor Industrias de Aceite SA, en respuesta la citada empresa presentó nota el 13 de septiembre de 2016, manifestando que no resultaría posible atender al requerimiento debido a que no se encontraria en archivos en atención a lo establecido en el numeral 8 del artículo 70 de la Ley 2492 y por configurarse la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos (fojas 2456-2466 de antecedentes administrativos). 

Mediante Requerimiento No 00130903 de 15 de agosto de 2016, el ente recaudador solicitó a Confitería Eli’s Ltda. Información y documentación de respaldo a los pagos realizados por las compras efectuadas del proveedor Industrias de Aceite SA; en respuesta, la citada empresa presentó fotocopias de facturas de compras y el Libro de compras, IA el 16 de septiembre de 2016 (fojas 2467-3071 de antecedentes administrativos). 

A través del Requerimiento N°,00130907 de 15 de agosto de 2016, la Administración Tributaria solicitó documentación a Saavedra Castelo Gastón; en respuesta, la citada persona presentó Declaraciones Juradas, Libros de Compras,, Notas Fiscales, Comprobantes de Egreso y nota aclaratoria, señalando la existencia de facturas que no fueron tomadas en cuenta para el crédito fiscal y no se encuentran en los archivos de la empresa (fojas 3075-3179 de antecedentes administrativos)

De igual forma, con Requerimiento No 00130914 de 15 de agosto de 2016, el ente recaudador solicitó a Rivera Moya Ricardo información y documentación que respalde los pagos realizados por las compras efectuadas del proveedor Industrias de Aceite SA, en respuesta la citada persona presentó facturas, comprobantes de egreso, libros de compras y nota aclaratoria señalando que las facturas requeridas fueron canceladas en efectivo (fojas 31803312 de antecedentes administrativos). 

afao ISO 9001 

Calidad E GESTITK4040 

ZG Hans Saul

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Según Requerimiento No 00130911 de 15 de agosto 2016, la Administración recurrida solicitó a Chávez Clavijo Isabel Alejandra información y documentación que respalde los pagos realizados por las compras efectuadas del proveedor Industrias de Aceite SA, en 

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NB/ISO 

9001 IANORCA 

Sistema de Gestio

de la calidad Catificador 77114 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaranf) 

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respuesta la citada persona presentó nota señalando que las facturas fueron canceladas en efectivo a Vidal Siles, presentando al efecto copias de las facturas, comprobantes de egreso y libros de compras IVA (fojas 3574-3770 de antecedentes administrativos)

Conforme Requerimiento N° 00130915 de 15 de agosto de 2016, el Servicio de Impuestos Nacionales solicitó a Chávez Soto Roberto Carlos información y documentación de respaldo a los pagos realizados por las compras efectuadas del proveedor Industrias de Aceite SA, en respuesta la citada persona presentó nota señalando que las facturas requeridas fueron canceladas en efectivo a Vidal Siles, acompañando copia de las facturas y de la Vista de Cargo N° SIN/GDCBBA/DF/G3/INC/00167/2015 (fojas 3771 3865 de antecedentes administrativos). 

Ahora bien, de la compulsa de la Vista de Cargo N° 291830000659 de 23 de noviembre de 2018, se advierte que la Administración Tributaria a efecto de establecer la base imponible utilizando el método de determinación sobre base cierta, en el acápite HECHOS, ACTOS, DATOS, ELEMENTOS Y VALORACIONES DE FUNDAMENTO A LAS OBSERVACIONES (BASE CIERTA)” señaló que, con el objeto de contar con elementos que permitan deducir la existencia de los hechos imponibles, solicito documentación e información a terceros, identificando de forma precisa las solicitudes efectuadas a la Aduana Nacional, Pil Andina SA, Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba SA, Cooperativa de Telecomunicaciones y Servicios Cochabamba Ltda., Sobodaycom, Fundempresa, Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba y Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, describiendo además el resultado de las solicitudes (fojas 64636465 de antecedentes administrativos)

De la misma manera, la Administración Tributaria en el citado acto a efecto de establecer la base imponible aplicando el método de determinación sobre base presunta- en el acápite “HECHOS, ACTOS, DATOS, ELEMENTOS Y VALORACIONES DE FUNDAMENTO A LAS OBSERVACIONES (BASE PRESUNTA), señaló que solicito documentación e información al sujeto pasivo y al proveedor Industrias de Aceite SA, identificando de forma precisa las notas y los requerimientos efectuados, así como el resultado de dichas actuaciones, describiendo la información obtenida y relacionada con las transacciones efectuadas con el código de cliente asignado al recurrente; asimismo, mencionó que el citado proveedor presentó copia de las facturas, comprobantes 

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INITI 

AIT

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

contables, planillas de cobranza, recibos por los depósitos bancarios (fojas 6477-6480 de antecedentes administrativos). 

Seguidamente, la Administración Tributaria expuso en el cuadro “CRUCE DE INFORMACIÓN A TERCEROS” el detalle de los requerimientos de información y documentación realizados a los clientes de Industrias de Aceite SA, así como a los que el 

Chávez Siles Benedicto Ramiro, Herbas Aranibar Donato Raúl, Estación de Servicio 

Campo SRL, Andrew Cardozo Sergio Dodson, Servicios en Gastronomia SRL, Confiteria Elis Ltda., Saavedra Castelo Gastón, Rivera Moya Ricardo, Chávez Clavijo Isabel Alejandra y Chávez Soto Roberto Carlos, consignando la cantidad de facturas cruzadas y el resultado obtenido (fojas 6481 de antecedentes administrativos). 

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III 

Asimismo, se advierte que el ente recaudador en la vista de Cargo N° 291830000659 expuso el cuadro “DETALLE DE INGRESOS POR RETRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DISTRIBUIDOS – DEL PROVEEDOR INDUSTRIAS DE ACEITE S.A.”, estableciendo el importe correspondiente a ingresos por distribución sobre el cual aplicó las alicuotas del IVA, IT ė. JUE a objeto de obtener la base imponible determinada sobre base presunta (fojás 6484-6516 de antecedentes administrativos). 

De esta manera, del análisis del contenido de la Vista de Cargo N° 291830000659 de 28 de diciembre de 2018, se pudo advertir que la Administración Tributaria comunicó y expuso todos los cruces de información que fueron realizados e identificó los elementos de prueba que obtuvo de dichos cruces y que fueron utilizados en la determinación, a fin de que el sujeto pasivo tenga la oportunidad de objetar o rebatir los mismos en aplicación de su derecho a la defensa; toda vez que la Vista de Cargo constituyó en acto preliminar que es susceptible a modificaciones, dependiendo y en relación a los descargos presentados por el sujeto pasivo. 

afao iso 900

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34 

En consecuencia, no se advirtió vulneración del derecho al debido proceso que alega el recurrente, por cuanto el mismo tuvo conocimiento formal de la documentación presentada por terceros a través del contenido y los cargos que expone la Vista Cargo referida previamente, la cual una vez notificada, en uso de sus derechos, el sujeto pasivo 

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IBNORCA 

Sistema de Gestión 

de la calidad Cauficador 7114 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

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1TTIT 

objeto mediante nota de descargo de 28 de enero de 2019 (fojas 65316533 de antecedentes administrativos); denotando con ello, pleno conocimiento respecto a todos los reparos tributarios formulados en su contra por parte de la Administración Tributaria, emergente de la información y documentación obtenida de terceros. 

A lo señalado, corresponde agregar que en resguardo de lo dispuesto por el artículo 68, numeral 6 de la Ley 2492, el sujeto pasivo tenia el derecho al libre acceso a las actuaciones y la documentación que respaldaron los cargos atribuidos, sin embargo, el mismo no demostró que la Administración Tributaria le haya restringido tal acceso a las actuaciones, conforme establece el artículo 76 de la Ley 2492; por consiguiente, corresponde desestimar el agravio planteado por no tener un fundamento legal y de hecho válido. 

1.2. Sobre la extinción de la facultad para emitir la Vista de Cargo. La parte recurrente reclamó que el SIN, violentando las leyes tributarias, emitió y notificó la Vista de Cargo extemporáneamente, no llegando a percatarse que el plazo para concluir la fiscalización resulta de un año; por lo que dicho término venció superabundantemente, 

toda vez que desde el 17 de abril de 2015 momento en que fue notificada la Orden de 

Verificación, transcurrieron 3 años y 8 meses, de esta manera la Administración Tributaria no concluyó su trabajo de fiscalización en el plazo de 12 meses que establece la citada Ley; además que debió notificar la Vista de Cargo dentro el plazo máximo de 5 días a partir de su emisión. 

Por otra parte, refirió que debe considerarse que la Vista de Cargo se extingue de pleno derecho sin necesidad de otro acto posterior por expiración del plazo, el cual es perentorio y de cumplimiento obligatorio; correspondiendo por lo tanto, disponer la extinción de pleno derecho de la facultad para emitir la Vista de Cargo, debiendo el ente recaudador dictar una Resolución Determinativa que declare la inexistencia y la extinción de la deuda 

tributaria. 

el 

– 

En contraposición, la Administración Tributaria manifestó que la Ley 2492 no contempla la caducidad o pérdida de las facultades de la Administración Tributaria para determinar obligaciones tributarias; y que si bien la Ley 2341 llega a establecer lo 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolívia 

invocado respecto al instituto de la caducidad; no podría ser aplicable dicha Ley y su Decreto Reglamentario al no existir indefensión ni vulneración al debido proceso

Asimismo, añadió que el artículo 33 de la Ley 2341, prevé que la notificación del acto deberá ser realizado en el plazo máximo de 5 días a partir de la fecha de su emisión, empero la normativa tributaria no estableció de forma expresa que las notificaciones practicadas fuera de dicho plazo, deban ser sancionadas con la anulabilidad; además en consideración de que a partir de la notificación de la Vista de Cargo, el sujeto pasivo contó con un plazo para presentar descargos e incluso interponer el recurso que la Ley establece, por lo que no se materializó la indefensión alegada por el sujeto pasivo como sustento de nulidad, 

Expuestas las pretensiones de ambas partes procesales, cabe precisar que en teñas de nulidad debe considerarse el principio de especificidad, el cual según la Sentencia Constitucional Plurinacional No. 022/2015-82 de 16 de enero, sostiene que: “(..) “los presupuestos o antecedentes necesarios para que opere la nulidad procesal son: a) Principio de especificidad o legalidad, referida a que el acto procesal se haya realizado en violación de prescripciones legales, sancionadas con nulidad, es decir, que no basta que la ley prescriba una determinada formalidad para que su omisión o defecto origine la nulidad del acto o procedimiento, por cuanto ella debe ser expresa, especifica, porque ningún trámite o acto judicial será declarado nulo si la nulidad no está expresamente determinada por la ley, en otros términos ‘No hay nulidad, sin ley especifica que la establezca‘ (Eduardo Couture, ‘Fundamentos de Derecho Procesal Civil’ p. 386) (…)”. 

afao 

Asimismo, la doctrina administrativa considera que en general: “Los vicios determinan las consecuencias que ocasionan, conforme a un criterio cualitativo, de práctica jurisprudencial y política juridica; así a menor grado del vicio, el acto puede ser válido o anulable; por el contrario si el vicio es grave o muy grave, el acto será nulo y sólo en casos de grosera violación del derecho o falta de seriedad, será inexistente” (GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo 3, p. XI-40). Asimismo, Manuel Ossorio en el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Pág. 90, considera anulable: “La condición de los actos o negocios jurídicos que pueden ser declarados nulos e ineficaces por existir en su constitución un vicio o defecto capaz de producir tal resultado, los actos anulables son válidos mientras no se declare su nulidad

iso 900

Calidad LENO CIEN KAN 

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9001 IBNORCA Esterne de Gestió

do Cadad Certificador 771/1

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq karachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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ITUDI

Por otra parte, la normativa tributaria precisamente el artículo 96 de la Ley 2492, señala que: “. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, 

según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado (…) Il. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según corresponda”. 

De igual forma, el artículo 98 del citado cuerpo legal previamente, respecto a los descargos, dispone: “Una vez notificada la vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para formulary presentar los descargos que estime convenientes (...)”. 

También el artículo 104 de la Ley 2492, en su parágrafo V, prevé que desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no podrán transcurrir más de doce (12) meses; sin embargo, cuando la situación amerite un plazo más extenso, previa solicitud fundada, la máxima autoridad ejecutiva de la Administración Tributaria podrá autorizar una prórroga hasta por seis (6) meses más

De igual forma, la Ley de Procedimiento Administrativo 2341, en el parágrafo Ill del artículo 36 aplicable en materia tributaria conforme los artículos 74 y 201 del Código Tributario Boliviano, establece claramente que: La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo”. 

Ahora bien, de la revisión de antecedentes administrativos se advierte que la Administración Tributaria emitió la Orden de Fiscalización No 14990100375 el 23 de diciembre de 2014 con alcance todos los hechos y/o elementos correspondientes al IVA, IT e UE de los periodos enero a diciembre de la gestión 2010, acto que fue notificado el 17 de abril de 2015 dando inicio al proceso determinativo (fojas 9 de antecedentes 

administrativos). 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Posteriormente, a la conclusión del trabajo de campo, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo N° 291830000659 el 23 de noviembre de 2018, calificando preliminarmente la conducta del sujeto pasivo como omisión de pago, liquidando la deuda tributaria establecida sobre base cierta del IVA, IT e UE correspondiente a los periodos enero a diciembre de 2010 en UFV 151.835; asimismo, sobre base presunta del IVA, IT e JUE de los citados periodos en UFV 345. 107. Acto notificado personalmente al sujeto pasivo, el 28 de diciembre de 2018 (fojas 6461-6523 de antecedentes administrativos). 

Lo expuesto en párrafos previos, permite advertir que, conforme lo argumentado por la parte recurrente, desde el inicio del proceso determinativo con la notificación de la Orden de Fiscalización el 17 de abril de 2015, hasta la conclusión del trabajo de campo con la emisión de la Vista de Cargo N° 291830000659 el 23 de noviembre de 2018, trascurrió más de los doce meses dispuestos en el parágrafo V del artículo 104 de la Ley 2492; no obstante, corresponde señalar que el citado artículo no sanciona el incumplimiento del plazo de doce meses con la nulidad del proceso y mucho menos dispone la caducidad de las facultades de determinación de la Administración Tributaria. 

Asimismo, resulta menester aclarar a la parte recurrente que en el presente caso no corresponde aplicar lo dispuesto en el inciso c) del artículo 57 del Decreto Supremo 27113 al ser una disposición referida a la expiración del plazo para el cumplimiento del objeto del acto administrativo, situación totalmente distinta al incumplimiento del plazo establecido para la emisión de la Vista de Cargo, la cual surte efectos jurídicos sobre el sujeto pasivo, una vez notificada, toda vez que apertura un plazo de descargo de 30 días conforme a lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley 2492, no advirtiendo afectación alguna al derecho a la defensa por dicho aspecto. 

afao 150 9001 

Calidad 

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Adicionalmente, cabe señalar que la Ley 2341 invocada por el propio sujeto pasivo en su Recurso de Alzada, dispone de forma expresa en el parágrafo Ill de su artículo 36, que la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas, sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo, por lo que de conformidad al artículo citado y al razonamiento expuesto en la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 022/2015-S2 de 16 de enero, respecto al principio de especificidad o legalidad, no corresponde el agravio invocado por el sujeto 

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9001 IBNORCA Sclera de Gestion Certie 11

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit&yir jach’a kamani (Aymara) Mana taşaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarant) 

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Por otro lado, en relación a lo argumentado por el recurrente, respecto a que la notificación de la Vista de Cargo N° 291830000659, debió ser realizada en el plazo máximo de cinco (5) dias a partir de su fecha de emisión; corresponde señalar, que de la compulsa de los antecedentes administrativos, se advierte que la Administración Tributaria emitió la citada Vista de Cargo el 23 de noviembre de 2018; asimismo, se constató que dicho acto administrativo, fue notificado de forma personal el 28 de diciembre de 2018, sobrepasando el término de 5 días alegados por el sujeto pasivo

No obstante, resulta necesario manifestar que el plazo alegado por la parte recurrente, se encuentra dispuesto en el parágrafo III del artículo 33 de la Ley 2341; empero es importante aclarar que en materia tributaria, el proceso de notificación se encuentra regulado en los artículos 83 al 91 de la Ley 2492, los cuales no establecen especificamente un término perentorio para dicha acción y menos que justifique la nulidad por notificación extemporánea de actos administrativos, así como tampoco escontemplada la pérdida de la facultad de la Administración Tributaria para determinar deuda tributaria, calificar la conducta del contribuyente y sancionaria por las contravenciones cometidas, por este hecho; corresponde aclarar, que si bien la Ley 2341, es de aplicación supletoria, tal normativa tampoco prevé la nulidad por la situación reclamada. 

En cuanto a las Resoluciones de Recurso Jerárquico STG/RJ/0339/2006 y AGIT-RJ 1059/2015, que fueron señaladas por la Administración Tributaria en sustento de sus argumentos -en relación al punto en particular- señalar de forma puntual que dicho contenido fue analizado y considerado por esta instancia recursiva al momento de emitir el presente criterio técnico-jurídico; pues ambos precedentes doctrinarios tributarios presentan el mismo entendimiento relacionados a la no correspondencia de la nulidad de actos administrativos emitidos extemporáneamente por no estar contemplado en las disposiciones tributarias. 

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En ese contexto, por los argumentos expuestos y si n necesidad de ingresar a un mayor análisis, al no encontrarse sustentado en derecho lo agraviado por la parte recurrente y de conformidad al principio de especificidad, se infiere que no tiene mérito el agravio invocado por Vidal Siles Escobar en cuanto a este aspecto. 

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AI

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

IV.3. Sobre la falta de atención a los descargos presentados. 

La parte recurrente señaló que ofreció descargos a la Vista de Cargo, los cuales, no fueron 

atendidos por la Administración Tributaria recurrida, procediendo a la emisión de la Resolución Determinativa N° 171930000132 de 19 de marzo de 2019. 

Por su parte, la Administración Tributaria afirmó que el sujeto pasivo presentó el 20 de enero de 2019, descargos a la vista de Cargo solicitando su anulación y la declaratoria de prescripción de la deuda tributaria; siendo analizados y valorados, considerándolos como no válidos conforme se colige el Informe de conclusiones CITE; SIN/GDCBBA/DJCC/TJ/INF/119/2019. 

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Al respecto, con referencia a la valoración de la prueba, la Sentencia Constitucional No 0871/2010, de 10 de agosto de 2010, señala que es: “ (...) imperante además precisar que toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso, debe contener los siguientes aspectos a saber: (…) d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico’ a cada uno de ellos de forma motivada (…)”. 

También resulta importante señalar que el artículo 115 de la Constitución Política del Estado, dispone que: “9. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legitimos. II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. Asimismo, el artículo 117 de la referida Constitución Política del Estado establece que: “9. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oida y juzgada previamente en un debido proceso“, asimismo, el parágrafo I del artículo 119 del mismo cuerpo legal, señala que las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que les asistan. 

afaq ISO 9001 Catfda: 

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En ese marco normativo constitucional, precautelando el derecho al debido proceso con el que cuenta el recurrente, en el ámbito tributario, los derechos del sujeto pasivo están 

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NB/ISO 

9001 IBNORCA 

Stema de Gestió

dalad Certificat71/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

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reconocidos en los numerales 2, 6 y 7 del artículo 68 de la Ley 2492, que establecen que el sujeto pasivo tiene derecho que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones reglamentarias, dentro de los plazos establecidos; al debido proceso, fomular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

La normativa expuesta precedentemente, permite colegir que es deber de la Administración Tributaria efectuar una valoración y análisis de todos los argumentos y documentos que fueron presentados por el sujeto pasivo durante la sustanciación del procedimiento determinativo, efectuando un pronunciamiento debidamente fundamentado, ya sea positivo o negativo respecto a las pretensiones, alegaciones y solicitudes del administrado, aspecto que será verificado en el presente acápite en relación a lo argumentado por la parte recurrente. 

Bajo ese entendido, de la compulsa de los antecedentes administrativos se advierte que la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Vista de Cargo N° 291830000659 el 23 de noviembre de 2018, calificando preliminarmente la conducta del sujeto pasivo como omisión de pago, liquidando la deuda tributaria establecida sobre base cierta del IVA, IT e IUE correspondiente a los periodos enero a diciembre de 2010 en UFV8151.835, asimismo, sobre base presunta del IVA, IT e UE de los citados periodos en UFVs345.107. Acto notificado personalmente al sujeto pasivo, el 28 de diciembre de 2018 (fojas 6461-6523 de antecedentes administrativos)

Asimismo, a fojas 6531 a 6533 de antecedentes administrativos se advierte que ante la notificación de la Vista de Cargo N° 291830000659, el sujeto pasivo presentó nota de descargo el 28 de enero de 2019, ofreciendo como descargo los siguientes argumentos

Que, la Administración Tributaria no identificó de manera fehaciente, clara y adecuada la vinculación o las conexiones que deberían existir entre quienes compraron los productos debidamente facturados por el proveedor IASA y sus correspondientes ventas a terceros, por lo que al determinar la deuda tributaria, cometió un error vinculado con el proceso, siendo que las facturas fueron emitidas con conocimiento de 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

causa de los beneficiarios; de igual manera el SIN, no identifico todas las deducciones que establece la normativa tributaria, realizando una serie de instrucciones que no permitieron conocer de manera clara y contundente la verdad material de las transacciones con IASA, por lo que mal pudo utilizar únicamente el código de cliente

Concluyó que la entidad recaudadora no cumplió con sus atribuciones de investigación; pues, no preguntó a cada uno de los beneficiarios de las facturas emitidas por IASA, así como tampoco investigó el aprovechamiento del crédito fiscal de cada una de las facturas. Añadió que el SIN de manera unilateral emitió requerimiento a IASA sin notificarle también a su persona, aspecto que vulneró el debido proceso y derecho a la defensa; además precisó la existencia de vicios de nulidad en la vista de Cargo previstos por el articulo 36 de la Ley 2341

  • Que, de acuerdo a la Ley 2492 se produjo la prescripción de las acciones de la 

Administración Tributaria respecto a los hechos generadores acontecidos en la gestion 2010, además que las modificaciones al artículo 59 del Código Tributario Boliviano, efectuadas por las Leyes 291 y 317 no pueden aplicarse en cumplimiento a los artículos 123 de la Constitución Politica del Estado, 150 de la Ley 2492 y 11 del Decreto Supremo 27874. Agregó que la Orden de Fiscalización fue notificada después de que la facultad para fiscalizar prescribió, por lo que no podría considerársela como causal de suspensión al plazo de la prescripción. 

– 

  • Que, corresponde la nulidad de la Vista de Cargo a efectos de que la Administración 

Tributaria emita una nueva Vista de Cargo en la que exponga la fundamentación del acto, toda vez que al no conocer las caracteristicas sobre los pagos y las personas que se beneficiaron de las facturas, fue afectado el derecho a la defensa

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Que, la Gerencia de Servicios de Impuestos Nacionales no concluyó su trabajo de fiscalización dentro del plazo de 12 meses establecido en el parágrafo V del articulo 104 de la Ley 2492; y que si fue emitida la vista de Cargo, debió ser notificada dentro del plazo máximo de 5 días posteriores a su emisión; debiendo considerar que el acto administrativo se extingue de pleno derecho por expiración del plazo para el cumplimiento de su objeto, que los plazos relativos a normas tributarias son perentorios y que la autoridad administrativa tiene el deber de cumplir los plazos

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

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Finalmente, a la conclusión del proceso determinativo, la Administración Tributaria recurrida emitió la Resolución Determinativa N° 171930000132 de 19 de marzo de 2019, cuyo Considerando II, señaló que el contribuyente presentó alegatos a manera de descargos a la Vista de Cargo N° 291830000659, por lo que a efecto de realizar la valoración de la nota, la Administración Tributaria expuso: “Entonces la falta de mecanismos para conocer de forma indubitable los elementos de la obligación tributaria, y siendo que la norma prevé y justifica el conocimiento razonable de sus obligaciones tributarias, esta Administración Tributaria en estricta observancia del principio de legalidad que encausa el principio de legitimidad ha procedido a determinar la base imponible sobre BASE PRESUNTA. Que por lo expuesto siendo que al NO aportar información documental fidedigna respecto a la determinación, cuando en reiteradas ocasiones se requirió información como consta en el expediente administrativo (…) limitándose solo a presentar alegatos como respuestas con respecto a estas solicitudes concernientes a la determinación sobre base presunta, mediante las cuales solo refiere no poseer la documentación solicitadatampoco presenta documentación (...)” (fojas 6638 de antecedentes administrativos). 

Continuo señalando que: “(…) asimismo el trabajo realizado respecto a los cruces de información a través de requerimiento (F. 4003) a las personas a las que se consignó las facturas, cancelaron el efectivo al proveedor Sr. Siles Escobar Vidal los importes de las transacciones realizadas evidenciándose el pago efectuado por los mismos lo que concluye que efectivamente el Sr. Siles Vidal distribuyo estos productos, asimismo como mal refiere el contribuyente solo se tomó el código cliente (N° 44998) y la otra llevan el código cliente No (1879723) para la determinación, cabe resaltar que fueron varios elementos que interrelacionados nos permiten llegar a esta conclusión; como que verificadas que todas las facturas registran su código cliente y al respecto I.A.S.A. mediante respuesta a solicitud nos comunica que el Sr. Siles Escobar Vidal era cliente de la empresa y que “no prestaba servicios ni de transporte ni de comisionista en las gestiones anteriormente mencionadas, solo sería cliente de la empresa, al cual por los volúmenes de compra que realizaba se le hacían descuentos del 4,5% en productos propios y 7.5% en productos importados (…)” (fojas 6639 de antecedentes administrativos). 

La merituada Resolución Determinativa prosiguió señalando: “De todo lo expuesto se 

evidencia que el contribuyente no cumple con la aportación de pruebas sino solo se limita 

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a observar e increpar las acciones de las Administración Tributaria por lo que obstaculiza y dilata el trabajo de la Administración Tributaria (…) Que la información y documentación presentada por l.A.S.A (…) representan prueba fehaciente, y con respecto a que no se le habría notificado la obtención de esta información, no existe en el expediente ni el presente descargo evidencia de haber solicitado documento alguno, en pos de interesarse o verificar el proceso y por ende ejercer su derecho al debido proceso (…)“, asimismo, refirió en relación al aprovechamiento del crédito fiscal por parte de las personas que emitieron las facturas, que solo corresponde a la Administración Tributaria establecer los procesos que considere oportunos, además que los vicios de nulidad invocados por el recurrente no resultan procedentes por no haber indicado la lesión de su interés jurídico (fojas 6839 6640 de antecedentes administrativos). 

Por otra parte, la Resolución Determinativa motivo de impugnación, en relación a la extinción de la facultad de administrativa para determinar la obligación tributaria por prescripción, citó doctrina y normativa respecto al instituto jurídico de la prescripción, concluyendo: “…) se evidencia que en la gestión fiscal por el que se solicitó la prescripción correspondiente al 2010, cuyo ciclo de prescripción aún no se encontraba cerrado, a momento de las modificaciones realizadas al artículo 59 de la Ley 2492, estableciendo que las Acciones de esta Administración Tributaria para determinar deuda tributaria no se encontraban prescritas, asimismo la Ley. 812 de 01/07/2016, modificó (en beneficio del sujeto pasivo), el artículo 59° de la Ley 2492, siendo que por imperio del artículo 150° del mismo cuerpo legal, de aplicación en el presente caso. Por cuanto esta Administración Tributaria No puede apartarse del principio de legalidad y ante la promulgación y puesta en vigencia de la modificación respecto al régimen de prescripción, es su deber dar estricta observancia (…) De lo expresado precedentemente se establece que para el caso en cuestión no procede la solicitud de prescripción puesto que la misma no ha operado, teniendo plena competencia y legalidad (...)” (fojas 6642-6644 de antecedentes administrativos). 

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Asimismo, respecto a la extinción de la facultad administrativa para emitir la Vista de Cargo, expuso: “(…) que el artículo 104° establece la posibilidad de una prórroga de seis meses adicionales, esto implica que el espíritu de la norma es conceder más tiempo para que se efectué un trabajo minucioso a fin de que cumpla con su objetivo, sin que ello implique perentoriedad de la facultad de la Administración Tributaria en su labor 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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determinativa, por lo que no podríamos emplear supletoriamente lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo y su Decreto Reglamentario, ya que como indicamos el hecho no causaria indefensión ni violaria el debido proceso y que su incumplimiento solo acarrearia consecuencias adversas hacia la Administración Tributaria”. 

De forma seguida, el acto impugnado manifestó: “(...) el Código Tributario Boliviano (CTB), no recoge en su texto, un término perentorio que justifique la aplicación de la nulidad por 

emisión extemporánea de actos administrativos por lo que la emisión de la Vista de Cargo N° 291830000659, de 23 de noviembre de 2018, fuera de plazo previsto en el Artículo 104, Parágrafo V del citado Código, no se constituye en un vicio de nulidad (…)“. Asimismo en respaldo citó los precedentes tributarios contenidos en las Resoluciones de Recurso Jerárquico STG-RJ/0339/2006 de 13 de noviembre de 2006 y AGIT-RJ 1059/2015 de 23 de junio de 2015, precisando que: “(…) sólo da lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo (...); finalizando, con relación al petitorio de la siguiente manera; “Los descargos presentados como alegatos en fecha 28 de enero de 2019, se consideran insuficientes para desvirtuar o dejar sin efecto la duda establecida en la Vista de Cargo 291830000659 de fecha 23 de noviembre de 2018, por lo que su petitorio del archivo de obrados y la declaración de extensión de la Obligación Tributaria 

por prescripción o que se dicte una Resolución Determinativa que declare la inexistencia 

de la deuda tributaria, no procede (...)”(fojas 6646-6847 de antecedentes administrativos). 

Ahora bien, del contraste de los argumentos ofrecidos como descargo por el sujeto pasivo a la Vista de Cargo N° 291830000659 de 23 de noviembre de 2018 a través de su nota de 28 de enero de 2019 y el contenido de la Resolución Determinativa impugnada, resulta evidente que el Servicio de Impuestos Nacionales atendió los descargos presentados por el sujeto pasivo, efectuando una explicación y fundamentación respecto a las razones por las que no resultarían suficientes cada uno de dichos argumentos planteados para desvirtuar los cargos establecidos en la citada Vista de Cargo por parte de la entidad 

recaudadora. 

Por otra parte, en lo que respecta a lo señalado, a fojas 6532 vta., de antecedentes administrativos, Vidal Siles Escobar en su nota de descargo a la vista de Cargo, identifico las razones por las cuales, el SIN determinó una deuda tributaria consolidando varias actividades económicas que no resultarían parte del registro tributario, cabe señalar que 

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dicho aspecto fue objeto de análisis por la Autoridad General de Impugnación Tributaria en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1258/2019 de 18 de noviembre de 2019, misma que dentro su apartado “WV.4.1.1. Sobre la valoración de los descargosexpresamente sostuvo: viii. Por lo señalado es evidente que el Sujeto Pasivo, en el descargo a la vista de Cargo, no solicitó a la Administración Tributaria la emisión de pronunciamiento expreso sobre las razones por las cuales fue determinada una deuda tributaria consolidando varias actividades económicas que no son parte del registro tributario; en todo caso, pidió la nulidad de la Vista de Cargo aduciendo vulneración de sus derechos al Debido Proceso y a la Defensa debido a que no identificó de manera fehaciente, clara y adecuada la vinculación o las conexiones normales que deberian existir entre quienes compraron los productos debidamente facturado 

tas a terceros; y que el nuevo acto exponga la fundamentación extrañada (…) no obstante, al haber señalado la Administración Tributaria que era inviable la nulidad solicitada, no existió un nuevo acto en el que se aborde la temática observada en este punto> (fojas 291-291vta. del expediente administrativo). 

Entonces, lo expuesto previamente permite colegir que, lo alegado por el recurrente en su nota de descargo a la vista de Cargo, referido a la identificación de las razones por las cuales el SIN determinó una deuda tributaria consolidando varias actividades económicas que‘ no resultarían parte del registro tributario, constituye en un aspecto que no puede ser considerado como un descargo propiamente dicho, por cuanto el mismo fue planteado en ei entendido de que si correspondiese la nulidad del proceso, la Administración Tributaria al momento de reponer obrados, debería explicar dicha situación

Consecuentemente, se infiere que el Servicio de Impuestos Nacionales cumplió lo dispuesto en los numerales 2, 6 y 7 del artículo 68 de la Ley 2492 al resolver en el acto impugnado, todos los aspectos planteados como descargo a la Vista de Cargo, quedando evidenciado la no existencia de vulneración al debido proceso y derecho a la defensa establecidos en los artículos 115 parágrafo ll y 117 parágrafo I de la Constitución Política del Estado, aspecto que permite advertir que la Resolución Determinativa impugnada dio cumplimiento a lo dispuesto por el parágrafo II del artículo 99 de la Ley 2492, referido al requisito de fundamentos de hecho y derecho; por consiguiente, corresponde desestimar 

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lo agraviado al respecto

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IV.4. Con relación al Método de determinación aplicado. La parte recurrente sostuvo que el SIN determinó dos deudas tributarias sobre los mismos periodos y los mismos tributos, una sobre base cierta y otra sobre base presunta, aspecto que resulta ilegal, toda vez que la Ley 2492 no autoriza la posibilidad de establecer dos deudas sobre el mismo impuesto y sobre el mismo periodo, ya que la fiscalización se realiza sobre una base, ya sea cierta o presunta, pero nunca bajo las dos alternativas a la 

vez

Por su parte, la Administración Tributaria argumento que contó con información que por una parte permitió conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo y por otra sobre base presunta en mérito a los hechos y circunstancias que por su vinculación o conexión normal con el hecho generador, permitieron deducir la existencia y cuantía de la obligación, por lo que lo argumentado con relación a la determinación sobre base cierta y presunta no tiene sustento legal ni de hecho. 

Al respecto, cabe precisar que sobre los métodos de determinación, Fonrouge enseña: “Hay determinación con base cierta cuando la administración fiscal dispone de todos los antecedentes relacionados con el presupuesto de hecho, no sólo en cuanto a su efectividad, sino a la magnitud económica de las circunstancias comprendidas en él; en una palabra, cuando el fisco conoce con certeza el hecho y valores imponibles“. Respecto a los elementos informativos indica que: pueden haberle llegado por conducto del propio deudor o del responsable (declaración jurada) o de terceros (declaración jurada o 

simple información), o bien por acción directa de la administración investigación y 

fiscalización) y, por supuesto, deben permitir la apreciación directa y cierta de la materia imponible: de lo contrario, la determinación sería presuntiva

El citado autor ade: Si la autoridad administrativa no ha podido obtener los antecedentes necesarios para la determinación cierta, entonces puede efectuarse por presunciones o indicios, es lo que se conoce como determinación con base presunta.” Añade que en las suposiciones: (…) la autoridad debe recurrir al conjunto de hechos o circunstancias que, por su vinculación o conexión normal con los (…), previstos legalmente como presupuesto material del tributo, permiten inducir en el caso particular la existencia y monto de la obligación., asimismo, indica que: “Los promedios y coeficientes generales ·-, que aplique no pueden ser fijados arbitrariamente o tomados al azar, sino que deben 

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elaborarse sobre la base de la actividad del contribuyente o, por lo menos, adaptarse a las características y circunstancias de la explotación que se trate o según experiencia estadística recogida en actividades de la misma naturaleza” (FONROUGE, Giuliani Carlos M., Derecho Financiero, 5a Edición, Volumen 1, Buenos Aires-Argentina: Ediciones “Depalma, 1993. Págs. 507510)

En cuanto a la determinación de la base imponible, el artículo 42 de la Ley 2492, establece que la base imponible o gravable es la unidad de medida, valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, sobre la cual se aplica la alicuota para determinar el tributo a pagar. 

Asimismo, el artículo 43 de la Ley 2492 dispone que la base imponible podrá determinarse sobre Base Cierta, tomando en cuenta los documentos e información que permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo; sobre Base Presunta, en mérito’ a los hechos y circunstancias que por su vinculación o conexion normal con el hecho generador de la obligación permitan deducir la existencia y cuantia de la obligación cuando concurra alguna de las circunstancias reguladas en el artículo siguiente y por último cuando la Ley encomienda la determinación al sujeto activo prescindiendo parcial o totalmente del sujeto pasivo, ésta deberá practicarse sobre base cierta y sólo podrá realizarse la determinación sobre base presunta de acuerdo a lo establecido en el artículo siguiente, según corresponda. 

A su vez, el artículo 93 de la Ley 2492, señala: ). La determinación practicada por la Administración Tributaria podrá ser total o parcial. En ningún caso podrá repetirse el objeto de la fiscalización ya practicada, salvo cuando el contribuyente o tercero responsable hubiera ocultado dolosamente información vinculada a hechos gravados.” (el subrayado es nuestro)

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De forma complementaria, el artículo 30 del Decreto Supremo 27310 respecto a la restricción a las facultades de control, verificación, investigación y fiscalización de la Administración tributaria, señala: A los efectos de lo dispuesto por el Parágrafo ll del Artículo 93° de la Ley 2492, la Administración Tributaria podrá efectuar el proceso de determinación de impuestos, hechos, transacciones económicas y elementos que no hubiesen sido afectados dentro del alcance de un proceso de determinación

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verificación anterior, salvo cuando el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera ocultado dolosamente información vinculada a hechos gravados”. 

En ese contexto, de la compulsa de los antecedentes administrativos, se corrobora que la Administración Tributaria con el objeto de determinar las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, emitió la Orden de Fiscalización No 14990100375 el 23 de diciembre de 2014, señalando como alcance del proceso determinativo, la revisión y verificación de la totalidad de los hechos y/o elementos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA). Impuesto a las Transacciones IT e Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE); por los períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2010. Acto notificado de manera personal a Vidal Siles Escobar, el 17 de abril de 2015 (fojas 9 de antecedentes administrativos). 

Asimismo, a la finalización del trabajo de campo inherente al alcance del proceso determinativo, la Administración Tributaria emitió de la Vista de Cargo N° 291830000659 de 23 de noviembre de 2018 y de forma posterior la Resolución Determinativa No 171930000132 de 19 de marzo de 2019, actos administrativos que fueron notificados al sujeto pasivo el 28 de diciembre de 2018 y 1 de abril de 2019, respectivamente, determinando las obligaciones tributarias al sujeto pasivo, por concepto de IVA, IT e UE, de los periodos fiscales enero a diciembre de 2011 en UFV8154.025 sobre Base Cierta y UFVs350.104 sobre Base Presunta; aspecto que a entender del sujeto pasivo resultaria ilegal, al aplicar los dos métodos de determinación de la base imponible de forma simultánea y al establecer dos deudas tributarias sobre los mismo impuestos y periodos. 

No obstante, inicialmente corresponde señalar que conforme a lo dispuesto en los artículos 66 y 100 de la Ley 2492, la Administración Tributaria cuenta con amplias facultades a objeto de determinar las obligaciones tributarias de los sujetos pasivo; para lo cual en los parágrafos lyll del artículo 43 de la Ley 2492, establece la existencia de dos métodos de determinación que pueden ser aplicados por el ente recaudador en la determinación de la base imponible (sobre base cierta y sobre base presunta). 

Ahora bien, resulta importante analizar y comprender el alcance de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 2492, en el entendido de que dicha disposición no condiciona ni.. establece que la aplicación de un método de determinación, excluya o impida el empleo ?. 

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del otro, más aun considerando que la sustanciación de un proceso determinativo que abarca la revisión de más de un impuesto y un periodo fiscal, implica la existencia de observaciones que pueden derivar en la configuración de más de una base imponible. 

El razonamiento expuesto precedentemente, se encuentra ratificado en los artículos 6 y 7 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0032-16, cuerpo normativo que se constituye en fuente del derecho tributario al amparo de lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley 2492; y que respecto al procedimiento de determinación, establece que en caso de que la determinación de la base imponible sea sobre base cierta y presunta, la exposición de la liquidación deberá efectuarse por separado; sit ue permite 

colegir la posibilidad de aplicar ambos métodos en un mismo proceso de determinación, máxime si se considera que la utilización de los dos métodos de determinación no genera 

agravio alguno al recurrente. 

.- – — – – — – – – , 

– 

Consecuentemente, se concluye que no existe prohibición expresa para que la Administración Tributaria determine las obligaciones del sujeto pasivo, utilizando los métodos de base cierta y base presunta en un mismo proceso determinativo; criterio coincidente con el análisis realizado por la Autoridad General de Impugnación en la Resolución de Recuro Jerárquico AGIT-RJ-0015-2014, señalando: “1. Concluyendo respecto a la nulidad del procedimiento, por haber utilizado la Administración Tributaria los dos métodos de determinación de la base imponible que la misma aplicó de manera conjunta los métodos de determinación sobre base cierta y base presunta en la determinación efectuada, sin que esto represente algún tipo de infracción o violación a algún precepto legal puesto que estos métodos no son antagónicos ni excluyentes entre sí y si bien se aplicó ambos métodos dentro una misma Orden de Fiscalización, se identifican claramente los periodos en los que cada uno de ellos fue aplicado, por lo que no encontró vicio al respecto“, por lo que corresponde desestimar lo agraviado al respecto. 

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Ahora bien, de la compulsa del acto impugnado, se advierte que la Administración Tributaria, señaló que procedió a la determinación de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo correspondientes al IVA, IT e UE de los periodos enero a diciembre de la gestión 2010 sobre BASE CIERTA de acuerdo al parágrafo del artículo 43 de la Ley 2492, respecto a ingresos facturados no declarados, compras no válidas para crédito fiscal IVA y gastos no deducibles (fojas 6580-6582 de antecedentes 

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administrativos); asimismo, refirió que la determinación fue realizada en virtud al alcance de la Orden de Fiscalización N° 14990100375, la valoración de la documentación presentada por el contribuyente, la información obtenida de terceros e información cursante en su poder (fojas 6567 de antecedentes administrativos). 

De la misma manera, con relación a la determinación de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo correspondientes al IVA, IT e IUE de los periodos enero a diciembre de la gestión 2010 sobre BASE PRESUNTA, la entidad recurrida manifestó en el acto impugnado que, al haber evidenciado que el sujeto pasivo adicionalmente a la actividad de alquileres, percibió otros ingresos por la distribución masiva de productos de industrias de Aceite SA, en virtud a la información que cursa en el Sistema Integrado de Recaudación para la Administración Tributaria – SIRAT 2, la información proporcionada por el sujeto pasivo y por terceros, procedió a determinar las obligaciones tributarias de Vidal Siles Escobar, sobre base presunta, conforme establecen parágrafo !! del artículo 43, numerales 3, 4 y 6, del artículo 44 parágrafo I numeral es 1 y 2 articulo 45 de la Ley 2492 y lo señalado en el inciso b) del artículo 9 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13 (páginas 6567 y 6629-6631 de antecedentes administrativos)

Lo expuesto en párrafos previos, permite advertir que contrariamente a lo alegado por la parte recurrente, la Administración Tributaria dentro del proceso de fiscalización, estableció la existencia de tributo omitido determinado IVA, IT e UE sobre base cierta y sobre base presunta, identificando para cada uno de los métodos de determinación, observaciones puntuales y distintas entre sí; de esta manera, si bien el ente recaudador producto de dicho proceso, estableció la existencia de dos deudas tributarias sobre los mismos periodos y tributos (IVA, IT e UE de la gestión 2010 sobre base cierta y sobre base presunta), dicho aspecto responde únicamente al alcance de la fiscalización practicada refiere la verificación de todos los hechos y/o elementos correspondientes al IVA, IT e UE de la gestión 2010, situación que no se enmarca en la prohibición señalada en el parágrafo Il del artículo 93 de la Ley 2492, como pretende sea considerado el ahora recurrente

Complementando lo precedentemente señalado, corresponde indicar que, conforme lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto Supremo 27310, la prohibición dispuesta en el parágrafo II del artículo 93 de la Ley 2492, refiere a que la Administración Tributaria en la 

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sustanciación de un proceso determinativo, no puede repetir el objeto de una fiscalización ya practicada (salvo cuando el contribuyente o tercero responsable hubiera ocultado dolosamente información vinculada a hechos gravados); situación que en el presente caso, no aconteció, toda vez que, el sujeto pasivo, no demostró que la determinación realizada en el acto impugnado haya sido sobre hechos que ya fueron objeto de fiscalización en un proceso determinativo anterior, consecuentemente, corresponde desestimar lo argumentado al respecto en el Recurso de Alzada. 

IV.5. Sobre la fundamentación para la atribución de ingresos no declarados. La parte recurrente manifestó que, de la lectura de la Resolución Determinativa y la Vista de Cargo, pudo identificarse el cumplimiento de las previsiones para la nulidad establecidas en los artículos 96, parágrafo 111 de la Ley 2492, artículo 18 del Decreto Supremo 27310 y artículo 36 de la Ley 2341, toda vez que la entidad recaudadora, no identificó de forma fehaciente, clara y adecuada la vinculación o las conexiones normales que deberían existir entre quienes compraron los productos facturados por el proveedor IASA y sus ventas a terceros. 

Asimismo, el sujeto pasivo señaló que el SIN tampoco identifico en el proceso de investigación todas las deducciones que establece la norma tributaria, realizando una serie de instrucciones que no permitieron conocer la verdad material de cada una de las transacciones supuestamente realizadas al proveedor IASA, por cuanto la entidad tributaria erróneamente consideró el código de cliente utilizado por el ahora recurrente para realizar sus operaciones con la empresa proveedora; precisando que con dicho código muchas personas se beneficiaron indebidamente de la provisión de mercaderías para tiendas de barrio y en centros de abasto sin emitir la correspondiente factura; de esta manera, sostuvo que el SIN no consagró ningún indicio o evidencia de que todas las facturas emitidas por IASA, fueron pagadas directamente por sus beneficiarios con dinero en efectivo o a través de cuentas bancarias, así como tampoco existe evidencia de que los bienes comprados fueron colocados en su domicilio fiscal. 

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Por su parte, la Administración Tributaria sostuvo evidenciar que, el sujeto pasivo adicionalmente a su actividad de alquileres percibió otros ingresos por la distribución masiva de productos de Industria de Aceite SA, por lo que procedió a determinar las 

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PARAMETROAD ARMADIO AUDI TATO HARTA GALO DA MORTARE 

obligaciones tributarias relativas al IVA, IT e UE sobre base presunta en aplicación de los artículos 43, 44, 45 de la Ley 2492 y artículo 9 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13, resultando evidente que, agotó los medios de información y no contó con 

los elementos que permitan conocer de forma directa e indubitable los componentes de la obligación tributaria; de esta manera al no conocer el momento del perfeccionamiento del 

hecho generador, señaló que aplicó el método de determinación sobre base presunta, estableciendo que, todo lo que compró para terceros fue distribuido en el mismo periodo. 

Por otro lado, el ente recaudador añadió que, mediante Nota de 20 de marzo de 2015, solicitó a IASA infomación documentada de todas las facturas de ventas realizadas al código de cliente N° 44998 y 1879723, correspondiente a los periodos enero a diciembre de 2008, 2009 y 2011, además de documentación de respaldo de contratos o registros de cliente, órdenes de entrega de los productos, copia de las facturas emitidas, documentos 

recibidos de su cliente, lugar donde fueron entregados los productos y lista de precios sugeridos para la venta de todos los productos de la empresa de la gestión 2010; asimismo, señaló que las facturas de ventas emitidas en la gestión 2010, consignan el código de cliente No 4498 y 1879723, que corresponden al recurrente; por ello, el volumen de compras efectuadas por cuenta de terceros que fueron distribuidos por Vidal Siles Escobar, llegó a constituirse en retribuciones que resultan ingresos omitidos no facturados ni declarados por el sujeto pasivo. 

Al respecto, cabe señalar que la doctrina entiende por Prueba: “(…) al conjunto de actuaciones que dentro de un juicio, cualquiera sea su indole, se encaminan a demostrar la verdad o la falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus respectivas pretensiones litigiosas. Algunas legislaciones determinan el valor de ciertas pruebas, al cual se tiene que atener el juzgador, pero lo más corriente y lo más aceptable es que, la valoración de las pruebas sea efectuada por el Juez con arreglo a su libre apreciación; un medio de prueba es aquel que permite aportar al expediente datos que resultan documentos que están en poder de las partes o de terceros.” (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Ossorio, Nueva Edición 2006, Editorial Heliasta, Pág. 817). 

Por otra parte, en cuanto a la fundamentación, la doctrina refiere que: “(…) para que el Sujeto Pasivo sepa cuáles son las razones de hecho y derecho que justifican la 

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decisión y pueda hacer su defensa o, en su caso, deducir los recursos permitidos (…)”, de igual forma, expone que: “La fundamentación del acto administrativo es un requisito imprescindible para la validez, pues de ello depende que el Sujeto Pasivo conozca los motivos de hecho y de derecho en que se basa el ajuste y pueda formular su defensa, de modo que la carencia de ese requisito vicia de nulidad el acto” (GIULANNI FONROUGE, Carlos M. Derecho Financiero. Volumen I. Buenos Aires Argentina: Editorial “De Palma”. 1987, Pág. 520,521 y 557). 

Asimismo, la Sentencia Constitucional N° 0752/2002-R de 25 de junio, dispone que: “(…) la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas”. 

De igual forma, resulta importante señalar que el artículo 115’de la Constitución Política del Estado, dispone que: “1. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legitimos. II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”. También, el artículo 117 de la citada norma suprema, establece que: “. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oida y juzgada previamente en un debido proceso”, asimismo, el parágrafo I del artículo 119 del mismo cuerpo legal, señala que las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que les 

aşistan. 

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çatd. 

Por su parte, el artículo 76 de la Ley 2492 prevé que en los procedimientos tributarios administrativos, quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. 

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En este entendido, con relación a la fundamentación y la prueba, el parágrafo i del artículo 

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Justicia tributaria para vivir blen Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti opomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

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elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado

ter 

A su vez, el artículo 98 de la Ley 2492 refiere de forma clara que: “Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) dias para formular y presentar los descargos que estime convenientes”. 

Igualmente, el parágrafo II del artículo 99 de la Ley 2492, dispone que la Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos, – entre otros- fundamentos de hecho y de derecho y que la ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en reglamento, viciará de nulidad la Resolución Determinativa; por su parte, el artículo 19 del Decreto Supremo 27310, prevé que la Resolución Determinativa debe consignar los requisitos mínimos establecidos en el referido artículo 99

Respecto a la determinación de la de la base imponible, el Auto Supremo 440/2015 de 22 de junio de 2015, emitido por el Tribunal Supremo de Justicia, saló: (...) De toda la normativa y doctrina descrita precedentemente se concluye que la base presunta, procede sólo cuando habiéndolos requerido la AT, no posea los datos necesarios para su determinación sobre base cierta, por no haberlos proporcionado el sujeto pasivo, cuando no se conozcan uno o más componentes de la obligación tributaria, (no inscritos en el NIT, no presentación DDJJ o se omitan datos básicos (art. 97 del CTB), no se permita la iniciación de la fiscalización, no presenten libros de contabilidad; ausencia de libros y registros de contabilidad, omisión de operaciones, ingresos o compras, alteración de precio y costo, registro de compras o gastos no realizados, alteración de registros de inventarios o no se lleve el control de los mismos y otros, agotados los medios para la obtención de la documentación e información que permita conocer en forma directa e indubitable la base imponible para determinar sobre base cierta, se podrá aplicar recién 

la base presunta, que resulta ser la estimación de la base imponible, efectuada por la 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Administración Tributaria, considerando los hechos y circunstancias que por su vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación tributaria permiten deducir la existencia y cuantía de la misma; (…) la información ylo documentos 

obtenidos, se constituirán en prueba para la determinación de la base presunta”. 

En la normativa tributaria, el artículo 92 de la Ley 2492, dispone que la determinación es el acto por el cual el sujeto pasivo o la Administración Tributaria declara la existencia y cuantia de una deuda tributaria o su inexistencia; asimismo, lo 42 de la citada Ley establece que la base imponible es la unidad de medida, valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, sobre la cual se aplica la alicuota para determinar el tributo a pagar. 

Con relación a la forma de determinación el artículo 43 de la Ley 2492 dispone que la base imponible podrá determinarse sobre Base Cierta, tomando en cuenta los documentos e información que permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo; correspondiente reiterar que el pagrafo II del citado artículo sobre Base Presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que por su vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación permitan deducir la existencia y cuantia de la obligación cuando concurra alguna de las circunstancias reguladas en el artículo siguiente y por último cuando la Ley encomienda la determinación al sujeto activo prescindiendo parcial o totalmente del sujeto pasivo, ésta deberá practicarse sobre base cierta y sólo podrá realizarse la determinación sobre base presunta de acuerdo a lo establecido en el articulo siguiente, según corresponda. 

La normativa expuesta precedentemente permite colegir que para los dos métodos de determinación (cierta y presunta), es necesario que la Administración Tributaria cuente con información obtenida del propio recurrente o de terceros, diferenciando el empleo de cada método en función a los elementos de convicción del hecho generador que pueda proporcionar dicha información; es decir, se empleará la determinación sobre base cierta, cuando la información contenga elementos que permitan conocer con certeza e indubitablemente la existencia y cuantia de la obligación; y por el contrario, la determinación sobre base presunta se realizará cuando dicha información, no permita la obtención de elementos certeros para efectuar la determinación, debiendo recurrir a hechos y sucesos que por su vinculación o conexión con las circunstancias fácticas que 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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las leyes tributarias prevén como hechos imponibles, permiten deducir la existencia y cuantia de la obligación, cuando concurra alguna de las circunstancias reguladas en el artículo 44 de la Ley 2492

Por su parte, el artículo 45 de la Ley 2492, refiere a los medios para la determinación sobre base presunta y señala en el parágrafo I, numerales 1 y 2: “/ Cuando proceda la determinación sobre base presunta, ésta se practicará utilizando cualquiera de los siguientes medios que serán precisados a través de la norma reglamentaria correspondiente: 1. Aplicando datos, antecedentes y elementos indirectos que permitan deducir la existencia de los hechos imponibles en su real magnitud. 2. Utilizando aquellos elementos que indirectamente acrediten la existencia de bienes y rentas, así como de los 

ingresos, ventas, costos y rendimientos que sean normales en el respectivo sector económico, considerando las características de las unidades económicas que deban 

compararse en términos tributarios

A su vez, la Administración Tributaria en uso de su facultad normativa dispuesta en el articulo 64 de la Ley 2492, emitió la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13, misma que tiene por objeto reglamentar los medios para la determinación de la Base imponible sobre Base Presunta y establecer el tributo que corresponda pagar, estableciendo en su artículo 7 los medios de deducción, señalando que el Servicio de Impuestos Nacionales puede aplicar las técnicas establecidas para cuantificar la Base Presunta de acuerdo a las circunstancias que amerite el caso, siendo estas: a) Técnica Inventario de Bienes Realizables, b) Técnica de Compras No Registradas, c) Técnica por Control Directo, y d) Otras. 

Asimismo, el artículo 11 de la citada Resolución Normativa de Directorio N° 10-001713 concede la oportunidad de presentar prueba en contra de las presunciones

método de determinación utilizados por la Administración Tributaria y dispone: . El 

contribuyente podrá presentar, toda prueba válida que crea conveniente, para desvirtuar la determinación de la Base Imponible sobre Base Presunta efectuada por la Administración Tributaria. Il. Cuando la Determinación de la Base imponible hubiere sido realizada sobre Base Presunta, esta podrá modificarse a Base Cierta, como efecto de los descargos y documentos aportados por el contribuyente que demuestre directa e indubitablemente la Base imponible sobre Base Cierta) después de emitida la Vista de 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Cargo y dentro de los treinta (30) días otorgados al contribuyente para la presentación de descargos, en estricta aplicación del Parágrafo II del Artículo 80 de la Ley N° 2492, hecho que deberá estar señalado en la Resolución Determinativa correspondiente”. 

Expuesta la posición de las partes y el marco normativo inherente al presente caso, corresponde remitirse a los antecedentes administrativos a fin de corroborar o desvirtuar el reclamo planteado por el sujeto pasivo, respecto al inexistente fundamento y motivación, en la atribución de ingresos no declarados por parte de la Administración Tributaria, tanto en la Vista de Cargo N° 291830000659 como en la Resolución Determinativa impugnada. 

– 

– – 

– 

– 

En ese entendido, de los antecedentes administrativos pudo evidenciarse que el 17 de abril de 2015, la Administración Tributaria notificó al sujeto pasivo con la Orden de Fiscalización N° 14990100375, bajo la modalidad de fiscalización parcial, a efecto de verificar todos los hechos y/o elementos relacionados con el IVA, IT e JUE correspondientes a los periodos fiscales de enero a diciembre de 2010. Asimismo, solicitó al sujeto pasivo, por medio de requerimientos adicionales, información que le permita conocer la realidad económica de Vidal Siles Escobar, solicitudes ante los cuales el administrado presentó documentación e información, conforme consta del Acta de Recepción de Documentos de 12 de mayo de 2015 y las diferentes notas cursantes en antecedentes del caso (fojas 9-11, 18-19, 21-25, 28-34, 37, 44-47; de antecedentes administrativos). 

1- 

Posteriormente, como resultado del proceso determinativo llevado a cabo, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo N° 291830000659 de 23 de noviembre de 2018, misma que en su acápite “11.2 BASE PRESUNTA” señaló que en virtud a la información que cursa en el Sistema Integrado de Recaudación para la Administración Tributaria – SIRAT 2, la información proporcionada por el contribuyente y por terceros; evidenció que el sujeto pasivo, adicionalmente a la actividad de alquileres, percibió otros ingresos por la distribución masiva de productos de Industrias de Aceite S.A.; por lo que procedió a determinar las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, relativas a los impuestos y periodos enero a diciembre de la gestión 2010, sobre base presunta, conforme establecen los artículos 43 parágrafo Il; 44 numeral 3, 4 y 6; 45 parágrafo I numeral 1 y 2 de la Ley 2492 y 9 inciso b) de la Resolución Normativa de Directorio N° 10 0017-13 (fojas 6476 de antecedentes administrativos). 

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TORRELATO BILLINOR HALOGMODELOVATOPADARORIDE 

De la misma forma, el Servicio de Impuestos Nacionales manifestó que habiendo agotado los medios para la obtención de documentación e información que permita conocer en forma directa e indubitable la base imponible para determinar el tributo sobre base cierta, no cuenta con los siguientes elementos: a) Hecho generador (no conoce el momento del perfeccionamiento del hecho generador) y b) Periodo fiscal (no conoce la fecha en la que el Contribuyente percibió los ingresos por distribución de productos de Industrias de Aceite SA); por lo que para la determinación sobre base presunta, aplicó la técnica “otras” establecida por el artículo 7 Inciso d) de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017 13, aprobada por la Gerencia de Fiscalización del Servido de Impuestos Nacionales (SIN), mediante Nota con CITE: SIN/GF/DNCC/NOT/00658/2018 de 22 de mayo de 2018, presumiendo que todo lo que el contribuyente compró para terceros fue distribuido durante la gestión 2010 (fojas 6476-6477 de antecedentes administrativos), aspectos que fueron replicados en el contenido del acto impugnado, precisamente en el acápite “II.2. BASE PRESUNTA” (fojas 6587-6589 de antecedentes administrativos). 

Ahora bien, de la revisión a la Nota con CITE: SINGF/DNCC/NOT/00658/2017 de 17 de mayo de 2018 emitida por la Gerencia de Fiscalización de la entidad recurrida , se advierte que la misma señala: “De los antecedentes descritos en el informe precitado, se establece que el contribuyente SILES ESCOBAR VIDAL es cliente de la empresa INDUSTRIAS DE ACEITE S.A., siendo poseedor de un código de cliente (44998) a través del cual el contribuyente habría realizado compras (…) la Gerencia Distrital Cochabamba mediante nota CITE: SIN/GDCBBA/DF/G1/NOT/01252/2015, solicitó al proveedor INDUSTRIAS DE ACEITE S.A., la lista de precios sugeridos para la venta de los productos que comercializa la empresa, obteniendo como respuesta que el citado proveedor no establece precios sugeridos de venta al consumidor final y que sus clientes intermediarios tienen la libertad de definir su margen de ganancia, por ende el precio de venta al consumidor final, según nota de fecha 03 de marzo de 2015” (fojas 6366 de antecedentes administrativos). 

Extendió referida la Gerencia de Fiscalización manifestando: “Asimismo, (…) el proveedor señala que el contribuyente SILES ESCOBAR VIDAL no prestaba servicios de transporte ni de comisionista y que era cliente de la empresa siendo que por los volúmenes de compra que realizaba, se le hacian descuentos del 4.5% en productos propios y 1:5% en productos importados. (…) Considerando las dificultades señaladas en el informe CITE: 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

SIN/GDCBBA/DFP-FE/INF/1250/2018, corresponde aplicar el método de determinación 

sobre base presunta siendo que por las características del proceso señalados en 

antecedentes y no contar con información suficiente, no es posible la aplicación de las técnicas establecidas en la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13 (…) se aprueba la técnica descrita en la nota CITE: SIN/GDCBBA/DF/P-FE/INF/1250/2018 en tanto la determinación sea correcta respaldada con documentación que permita la correcta aplicación de dicha técnica(fojas 6367 de antecedentes administrativos). 

Lo descrito previamente, permite corroborar que la mencionada. Nota con CITE: SIN/GF/DNCC/NOT/00658/2018, autorizó la aplicación de la técnica “otras” establecida en el artículo 7, inciso d) de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13, considerando la información y documentación obtenida del contribuyente y del proveedor Industrias de Aceite SA., por lo que ta Gerencia Nacional de Fiscalización del SIN, propuso la aplicación de la técnica de determinación de la deuda sobre base presunta en base a los importes calculados como descuentos realizados al contribuyente por la distribución de productos, descuentos que indicó se constituyen en ingresos y/o retribución por distribución de productos de Industrias de Aceite SA. 

– 

– 

– 

De la misma forma, la Gerencia Nacional de Fiscalización, añadió que, por las dificultades del caso, así como las características del proceso y al no contar con información suficiente, sostuvo la inaplicable de las técnicas ‘establecidas en la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13; por lo que aprobó la técnica establecida en el artículo 7, inciso d) de la citada Resolución Normativa de Directorio. Tal aspecto permite advertir que la Administración Tributaria, fundamentó y motivó la aplicación de la base presunta y la técnica “otras” establecida por el artículo 7 inciso d) de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13, tanto en la vista de Cargo como en el acto impugnado. 

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Ahora bien, de forma complementaria a lo señalado precedentemente, corresponde verificar si la entidad recurrida, en los actos administrativos sustentó y fundamentó la determinación realizada sobre base presunta; en ese entendido, de la revisión de la Vista de Cargo N° 291830000659, el Servicio de Impuestos Nacionales señala que: Industrias de Aceite SA., informó que, durante la gestión 2010, Vidal Siles Escobar fue su cliente, bajo el código N° 44998; aclaró que este, no prestaba servicios de transporte ni de comisionista, sino que por los volúmenes de compra que realizaba le hacían descuentos 

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Av. Oquendo N2 381 entre Venezuela y Ecuador;“Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012 www.ait.gob.bo. Cochabamba, Bolivia 

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del 4,5% en productos propios y 1,5% en productos importados (fojas 6480 de antecedentes administrativos). De la misma forma, la Administración Tributaria, manifestó que, solicitó información al Banco Ganadero respecto a los estados de cuenta de Vidal Siles Escobar, misma que informó que dicha persona tenía registrada las Cuentas Nos. 3051-071791, 3051144110, 3051-200158 y 3041-016470 (fojas 6481 de antecedentes administrativos). 

Prosiguió la entidad recaudadora, señalando en la vista de Cargo N° 291830000659: En base a toda la información y documentación obtenida durante el proceso de fiscalización y habiéndose verificado que el contribuyente obtuvo ingresos producto de la actividad económica de distribución de productos de Industrias de Aceite SA; en base al volumen de compras efectuadas por cuenta de terceros, una vez que el señor Siles Escobar Vidal realizaba la distribución de los productos a sus clientes, el mismo procedia a realizar el cobro de dichos productos identificando dichas compras con su respectivo código de cliente, la empresa Industrias de Aceite SA por el volumen de transacciones realizadas por la distribución de los productos por el señor Siles Escobar Vidal al momento de efectuar el pago de las mismas procedia a realizar el correspondiente descuento por la distribución de dichos productos, este procedimiento origina un ingreso entre el 1.5% y el 4.5% según el tipo de productos adquiridos (...) considerando que el contribuyente a tiempo de efectuar el cobro a los clientes a quienes fueron emitidas las facturas, efectuaba el pago a 1.A.S.A. deduciendo los descuentos obtenidos por la actividad de distribución(fojas 6482 de antecedentes administrativos). 

En párrafos siguientes, la entidad recurrida precisó que: En base a la información proporcionada por el contribuyente, información proporcionada por Industrias de Aceite S.A. y la información externa obtenida (página de internet de Industrias de Aceite S.A. www.fino.com.bo), se establece que el Sr. Vidal Siles Escobar percibió ingresos en la gestión 2011 por la actividad económica de distribución de productos de Industrias de Aceite S.A., por productos propios (nacionales) percibió una retribución de 4,5% y por productos importados una retribución del 1,5% del costo del producto, dicha retribución se constituye en ingresos omitidos porla distribución de productos de Industrias de Aceite S.A., los cuales han sido percibidos a tiempo de realizar la distribución de los productos y los posteriores cobros a clientes a quienes fueron emitidas las facturas, si bien se cuenta con las facturas no se tiene la certeza que la misma sea la fecha efectiva en la 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

cual el contribuyente contó con dichos ingresos por retribución, aspecto por el que se procedió a determinar los ingresos percibidos sobre base presunta” (fojas 6483 de antecedentes administrativos). 

Es decir, la Administración Tributaria, en base a la información cursante en su poder, la remitida por Industrias de Aceite SA y la proporcionada por el sujeto pasivo, sostuvo en la Vista de Cargo N° 291830000659 que la retribución (1,5% 4,5%) se constituye en ingresos omitidos por la distribución de productos de Industrias de Aceite SA., los cuales fueron percibidos a tiempo de realizar la distribución de los productos y los cobros efectuados a los clientes. 

De la misma forma, la vista de Cargo expuso los cuadros denominados: “CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS COMERCIALIZADOS PERIODOS: ENERO A DICIEMBRE GESTIÓN: 2010″, describiendo los productos, la procedencia (nacional/internacional) y el porcentaje de descuento realizado; asimismo el cuadro DETALLE DE INGRESOS! POR RETRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DISTRIBUIDOS – DEL PROVEEDOR INDUSTRIAS DE ACEITE GESTIÓN 2011′ PERIODO: ENERO A DICIEMBRE”, efectuó un detalle de las facturas emitidas por industrias de Aceite SA, la descripción de los productos, el margen de ganancia (4.5 % productos nacionales y 1.5% productos importado), ingresos omitidos entre otros, por los periodos fiscales enero a diciembre de la gestión 2010; determinando Bs509.884,03 como ingresos omitidos por distribución de productos, importe que se constituyó en la base imponible de los impuestos objeto de fiscalización (IVA, IT e UE en base a un ingreso neto omitido al 87%) (Fojas 6484-6516 de antecedentes administrativos). 

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Calidad 404 CETVINKY 

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Lo descrito precedentemente evidencia que, la Administración Tributaria obtuvo información de la empresa proveedora Industrias de Aceite SA, misma que le permitió establecer: a) Que Vidal Siles Escobar fue su cliente en la gestión 2010, bajo el código No 44998; b) Que el sujeto pasivo, no prestaba el servicio de transporte y tampoco era comisionista; c) Que por los volúmenes de compra que realizaba Vidal Siles Escobar, el proveedor descontaba el 4,5% en producto propios y el 1,5% en productos importados; de igual manera, el ente recaudador pudo obtener el detalle de productos vendidos según el código citado, las facturas emitidas al referido código de cliente y el detalle de productos 

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propios ylo importados correspondientes a la gestión 2010; por otra parte, Industrias de Aceite SA., mediante nota presentada a la Administración Tributaria el 28 de abril de 2015, aclaró que realizaba ventas principalmente a clientes intermediarios, mismos que están en la libertad de definir su margen de ganancia

Asimismo, corresponde precisar que, Industrias de Aceite SA., presentó copias legalizadas de los comprobantes contables, entre otros, que contienen la información relacionada a los pagos efectuados por el recurrente, mediante depósitos y transferencias bancarias efectuadas (fojas 2115-2293 de antecedentes administrativos). Por otro lado, si bien la entidad recurrida obtuvo información de Industrias de Aceite SA., el Banco Ganadero SA., también informó que Vidal Siles Escobar tenia cuentas en dicha entidad financiera y presentó ante la Administración Tributaria copias de transacciones realizadas durante la gestión 2010 (fojas 1831-2100 de antecedentes administrativos). 

Respecto a los depósitos realizados en el Banco Ganadero SA., el sujeto pasivo, mediante nota presentada a la Administración Tributaria el 7 de marzo de 2016, señaló que, los fines de semana realizaba cobros por los productos entregados a los clientes de Industrias de Aceite S.A., montos de dineros que después eran depositados en su cuenta bancaria, para posteriormente ser transferidos a la cuenta de la empresa Industrias de Aceite S.A. (Fojas 32 de antecedentes administrativos). 

En consecuencia, es evidente que la Administración Tributaria, en base a la documentación e información obtenida del contribuyente y de terceros (Industrias de Aceite SA., entidades financieras, etc.), presumió que Vidal Siles Escobar distribuía productos del proveedor, realizaba el cobro por dichos productos y efectuaba el pago al proveedor, mediante depósitos o transferencias bancarias, de cuya actividad percibía el 1,5% 4,5% por el volumen de compras efectuadas por cuenta de terceros y según el tipo de productos adquiridos, conforme estableció en la vista de Cargo y la Resolución Determinativa impugnada, exponiendo el cuadro denominado DETALLE DE INGRESOS POR RETRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DISTRIBUIDOS – DEL PROVEEDOR INDUSTRIAS DE ACEITE S.A. GESTIÓN: 2010 PERIODOS: ENERO A DICIEMBRE, el cual refleja los siguientes datos: Periodo, número de factura, descripción del producto, fecha de compra, número de autorización de la factura, importe de la factura, margen de ganancia distribuidor (4,5% producto nacional y 1,5% producto 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

importado), ingresos por distribución (base imponible IVA-IT) e ingresos omitidos por distribución al 87% (fojas 6484-6516 de antecedentes administrativos). 

Por tanto, se advierte que la Administración Tributaria contaba con elementos que le posibilitaron deducir que Vidal Siles Escobar realizó actividades comerciales con Industrias de Aceite SA., puesto que compraba productos a dicha empresa por cuenta de terceros, los distribuia a los clientes de esa empresa, realizada el cobro por dichos productos y los empozaba a favor del referido proveedor (Industrias de Aceite SA); de cuya actividad, se beneficiaba de descuentos del 1,5% O 4,5% sobre los importes facturados a su Código de Cliente No 44998; lo que se traduce en ingresos que no fueron facturados ni declarados por el sujeto pasivo. 

Señalar también, que el recurrente, en ningún momento desconoció la relación comercial que tenía con Industrias de Aceite SA., limitándose a señalar que prestaba servicio de transporte a esa empresa, quien le pagaba el 0,6% por el total transportado en el mes; şin embargo, Vidal Siles Escobar no presentó sustento probatorio’alguno que respalde dicho argumento 

En virtud de lo dispuesto en los articulos 76 de la Ley 2492 y 11 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13, que establecen, que la carga de la prueba le corresponde a quien pretenda hacer valer sus derechos y que la determinación sobre base presunta admite prueba en contrario, cabe precisar que la Administración Tributaria realizó la determinación sobre base presunta conforme a los artículos 44 y 45 de la Ley 2492 y 7 inciso d) de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13; por lo que el sujeto pasivo tenia la obligación de desvirtuar dicha presunción aportando elementos probatorios que de manera contundente desestimen la pretensión de la Administración Tributaria; sin embargo, no lo hizo. 

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En ese entendido y del análisis expuesto en párrafos previos, llegó a evidenciarse que, la Administración Tributaria determinó correctamente las obligaciones tributarias del sujeto pasivo sobre base presunta, conforme prevén los artículos 42, 43, parágrafo Il; 44, numerales 3, 4 y 6; 45, parágrafo I, numerales 1 y 2 de la Ley 2492; y 7, inciso d) de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13, pues dicha entidad agotó los medios necesarios para la obtención de documentación e información que permitió conocer en 

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forma directa e indubitable la base imponible para determinar el tributo sobre base cierta, toda vez que no conocía de forma indubitable el hecho generador (el momento del perfeccionamiento del hecho generador) y periodo fiscal (fecha en la que el contribuyente percibió sus ingresos por distribución de productos de Industrias de Aceite S.A.). 

Asimismo, respecto a la falta de fundamentación y motivación alegada por la parte recurrente, conforme el análisis expuesto en párrafos anteriores, se evidencia que la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo N° 291830000659 cumpliendo lo dispuesto en el artículo 96, parágrafo I de la Ley 2492; en relación a la fundamentación y motivación que sustenta la determinación sobre base presunta, puesto que expone los antecedentes de hecho y de derecho que justifican las razones del cargo formulado contra el sujeto pasivo; y toda vez que dicho acto sustenta la Resolución Determinativa, se tiene que esta última también cumple con lo establecido en el parágrafo II del artículo 99 de la citada Ley 2492; en resguardo de los derechos del sujeto pasivo, el cual garantizó su derecho a la defensa y al debido proceso en igualdad procesal, dando cumplimiento a los artículos 115, parágrafos I y Il; 117, parágrafo ly 119 de la Constitución Política del Estado y 68, numerales 2,6 y 7 de la Ley 2492; en consecuencia, corresponde desestimar el agravio. 

De la misma forma, corresponde precisar que, la Resolución Determinativa objeto de impugnación, ya obtuvo un pronunciamiento en instancia de Alzada, mediante la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBARA 0264/2019 de 5 de agosto de 2019, misma que resolvió anular dicho acto administrativo; empero, la Autoridad General de Impugnación Tributaria, mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1258/2019 de 18 de noviembre de 2019, dispuso anular la citada Resolución de Recurso de Alzada (fojas 166191 y 279-299 del expediente administrativo). 

En ese sentido, corresponde destacar que, la Autoridad General de Impugnación Tributaria en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1258/2019 señalada 

previamente, respecto a la determinación realizada por la Administración Tributaria sobre base presunta (plasmada tanto en la vista de Cargo N° 291830000659 como en la Resolución Determinativa impugnada), señaló xxiv. Lo descrito en los párrafos precedentes, pone de manifiesto que la Administración Tributaria fundamentó en hecho y en derecho la aplicación de la base presunta y la técnica otrasestablecida en el artículo 7, inciso d) de la RND N° 10-0017-13(...)” (fojas 295 vta. de expediente administrativo)

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AVIORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

De la misma forma, la citada Resolución de Recurso Jerárquico, sobre la determinación realizada en la Resolución Determinativa impugnada, manifestó: “xxxii. Lo hasta aquí analizado permite establecer que la Administración Tributaria contaba con elementos que le posibilitaron deducir que Vidal Siles Escobar realizó actividades comerciales con Industrias de Aceite SA., es decir, compraba productos a Industrias de Aceite SA. por cuenta de terceros, los distribuía a los clientes de esa empresa, efectuaba el cobro por dichos productos y los empozaba a favor del referido proveedor, de cuya actividad se beneficiaba de descuentos del 1,5% 04,5% sobre los importes facturados a su Código de Cliente 44998; lo que se traduce en ingresos que no fueron facturados ni declarados por el Contribuyente, evidenciándose además que este en ningún momento desconoció la relación comercial que tuvo con Industrias de Aceite SA., sino que se limito a señalar que prestaba servicio de transporte a esa empresa, quien le pagaba el 0,6% por el total transportado en el mes; empero el Sujeto Pasivo no presentó sustento probatorio que respalde dicho argumento” (fojas 296 vta:-297 del expediente administrativo). 

Entonces, conforme los argumentos señalados precedentemente, la Autoridad General de Impugnación Tributaria, dejó sentado que posterior al aņálisis y valoración de los elementos y hechos abordados en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1258/2019, concluyó que Vidal Siles Escobar obtuvo ingresos que no fueron debidamente declarados y.por los cuales omitió el pago oportuno de sus obligaciones impositivas. 

Asimismo, la merituada Resolución de Recurso Jerárquico, extendió su análisis- sosteniendo lo siguiente: “(…) xxxiii. Cabe puntualizar también que habiéndose realizado la determinación sobre base presunta conforme a los Articulos 44 y 45 del CTB; y 7, Inciso d) de la RND NO 10-0017-13; en virtud de los Artículos 76 del citado Código; y 11 de la mencionada RND, que establecen que la carga de la prueba le corresponde a quien pretenda hacer valer sus derechos y que la determinación sobre base presunta admite prueba en contrario, en este caso, el Sujeto Pasivo tenia la obligación de desvirtuar dicha presunción, aportando elementos que de manera contundente desvirtúen la pretensión de la Administración Tributaria, empero no lo hizo” (fojas 297 del expediente administrativo). 

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Por lo expuesto, el análisis desarrollado por esta instancia de alzada, resulta congruente con lo previsto por la Autoridad General de Impugnación Tributaria en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1258/2019, al establecer que las acciones llevadas a cabo por la Administración Tributaria se enmarcaron en las facultades previstas por los artículos 

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Saema de Gestio

de la Casad Certelah N 77/1

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kameni (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

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66 y 100 de la Ley 2492, siendo el ahora recurrente, quien no aportó los elementos de prueba necesarios para desvirtuar la configuración de las obligaciones impositivas advertidas por el Servicio de Impuestos Nacionales, conforme prevé el artículo 76 de la Ley 2492, a pesar que contó con los plazos procesales necesarios para ello, precisamente el artículo 98 de la mencionada norma legal y tener un conocimiento cabal sobre el origen de los reparos, por tanto, los actos administrativos emitidos por el SIN (Vista de Cargo y Resolución Determinativa) contaron con la debida fundamentación exigida por los articulos 96 parágrafo l y 99 parágrafo 11 del Código Tributario Boliviano, correspondiendo en consecuencia desestimar lo agraviado por el recurrente al respecto. 

IV.6. Prescripción. La parte recurrente manifestó que, la Administración Tributaria, expuso en el acto impugnado la plena vigencia de la facultad de determinación la deuda tributaria de la gestión 2010; empero, que aplicó retroactivamente normas tributarias que fueron aprobadas con posterioridad al nacimiento del hecho generador de la referida gestión, debiendo considerar el articulo 59 de la Ley 2492, sin modificaciones, que determina que las acciones de la Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años; al efecto, precisó que, el hecho generador del IVA contenida en las compras informadas por IASA de la gestión 2010, se produjo en vigencia de la Ley 2492, sin modificación; en ese sentido, expuso en un cuadro que para el IVA e IT de los periodos enero a noviembre de 2010, el cómputo de la prescripción inició el 1 de enero 2011 y finalizó el 31 de diciembre de 2014; para el IVA e IT del periodo diciembre de 2010 asi como el IUE de la gestión con cierre a diciembre de 2010, el cómputo inició el 1 de enero de 2012 y finalizó el 31 de diciembre de 2015. 

Adicionalmente, el sujeto pasivo indicó que no corresponde la aplicación de las modificaciones realizadas al artículo 59 de la Ley 2492, mediante las Leyes 291, 317 y 812, debiendo prevalecer el principio de irretroactividad. Agregó que la Orden de Fiscalización No 14990100375 fue notificada cuando la facultad de fiscalizar de la Administración Tributaria se encontraba prescrita, no pudiendo ser considerada como causal de suspensión al plazo de la prescripción según lo previsto en el artículo 62 numeral 1 de la Ley 2492 

Por su parte, la Administración Tributaria sostuvo que, el artículo 59 de la Ley 2492 

modificado establece un término de prescripción de 8 años, iniciando el primer día 

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hábil del año siguiente a la fecha de vencimiento de pago; por lo que, la Administración Tributaria hizo uso de sus facultades y prerrogativas, determinando sobre base presunta y cierta reparos a favor del fisco, por ingresos omitidos y no declarados, por la venta de productos adquiridos en los periodos comprendidos dentro la gestión 2010. 

De forma complementaria, señaló que aplicando la Ley 291 modificada por la Ley 317, para los periodos objeto de revisión, la facultad del SIN no prescribió, así como aplicando la Ley 812, tomando en cuenta lo dispuesto en el parágrafo I del artículo 62 de la Ley 2492; por ello, afirmó que hizo uso de sus facultades y prerrogativas establecidas por Ley, llegando a determinar la deuda tributaria antes que se configure el instituto de la prescripción. 

Ahora bien, expuestos los argumentos de las partes y antes de ingresar al análisis del agravio referente al instituto de la prescripción, cabe señalar que una oportunidad anterior, el presente Recurso de Alzada fue objeto de análisis por parte de esta instancia recursiva, emitiendo al efecto la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0015/2020 de 27 de enero de 2020, misma que resolvió revocar totalmente la Resolución Determinativa N° 171930000132 de 19 de marzo de 2019, declarando prescrita la facultad de determinación de la Administración Tributaria relativas a IVA, IT e IVE de enero a diciembre de la gestión 2010 (fojas 346-379 del expediente administrativo). 

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No obstante, la Administración Tributaria Municipal interpuso Recurso Jerárquico en contra de la citada Resolución de Recurso de Alzada, derivando en que la Autoridad General de Impugnación Tributaria emita la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT 

1051/2020 de 17 de agosto de 2020, resolviendo anular la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0015/2020 de 27 de enero de 2020, a objeto de que se dicte una nueva resolución debidamente fundamentada, que emita pronunciamiento sobre todos los aspectos planteados en el Recurso de Alzada y considerando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1258/2019 de 18 de noviembre de 2019, de acuerdo al inciso c) del parágrafo I del artículo 212 del Código Tributario Boliviano (fojas 418 428 del expediente administrativo). 

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De esta manera, a efectos de dar cumplimiento estricto a lo dispuesto en la referida Resolución de Recurso Jerárquico, es necesario señalar que dicho acto dispuso la 

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de la Calidad CatexoN7714

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anulación de la Resolución de Recurso de Alzada, argumentando lo siguiente: “xi. En este contexto, es evidente que en la interposición del Recurso de Alzada, el Sujeto Pasivo aludió la prescripción de las facultades de verificación, determinación e imposición de sanciones, citando como fundamento el Artículo 59 del CTB sin modificaciones (…) sin embargo, la ARIT limitó su pronunciamiento únicamente respecto a la facultad de determinación, disponiendo la revocatoria total de Resolución Determinativa, que incluye la multa por incumplimiento de deberes formales. xii. Lo anterior, demuestra que la instancia de Alzada no analizó la prescripción de las facultades de la Administración Tributara para imponer sanciones respecto al incumplimiento de deberes formales tal como observa la Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico, lo que denota el incumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 211, Parágrafos I y Ill del CTB, toda vez que omitió pronunciarse de manera expresa, positiva y precisa, sobre todas las cuestiones que fueron planteadas por el Sujeto Pasivo; tampoco consideró todos los antecedentes que formar parte del proceso, más aún cuando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1258/2019, de 18 de noviembre de 2019, de forma expresa, dispuso la emisión de una nueva Resolución del Recurso de Alzada en la cual se emita pronunciamiento sobre todos los agravios expuestos por el Sujeto Pasivo; situación que no sucedió en el presente caso(fojas 427 del expediente administrativo). 

De forma seguida, la citada Resolución Jerárquica AGIT-RJ 1051/2020, continuo precisando: “xiii. Por lo que, es evidente que la Resolución del Recurso de Alzada vulneró la garantia del Debido Proceso, reconocida en el Artículo 115, Parágrafo II de la Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE); en su elemento de debida fundamentación y motivación (…) xiv. (…) corresponde a la ARIT Cochabamba ingresar al análisis de todos los argumentos expuestos por las partes, emitiendo su criterio mediante Resolución de Recurso de Alzada motivada y fundamentada respecto a la prescripción (…) “{fojas 427 del expediente administrativo). 

Entonces, en cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT RJ 1051/2020 de 17 de agosto de 2020 y a efecto de analizar la prescripción incoada, cabe aclarar que en el presente caso la Resolución Determinativa N° 171930000132 de 19 de marzo de 2019, impuso sanciones por omisión de pago relacionadas al IVA, IT e IUE, así como también por incumplimiento a deberes formales por la entrega parcial de la información y documentación requerida por la Administración Tributaria dentro del proceso 

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determinativo, motivo por el cual, a efecto de dar estricto cumplimiento a la citada Resolución de Recurso Jerárquico, ésta instancia recursiva analizará la prescripción de la facultad para imponer sanciones por omisión de pago, de forma conjunta con el análisis de la facultad de determinación de la deuda tributaria relacionadas al IVA, IT e UE, aclarando también que, en lo referido a la facultad de imposición de la sanciones por incumplimiento a deberes formales, se efectuará un análisis independiente. 

Bajo ese entendido, corresponde señalar que, para el presente caso, esta instancia de Alzada, en resguardo del principio de seguridad jurídica consagrada en la Constitución Política del Estado, concluye que, el instituto jurídico de la prescripción, debe entenderse conforme los entendimientos desarrollados por el intérprete de la Constitución Política del Estado, que es el Tribunal Constitucional Plurinacional, debiendo tener presente que, sus fallos emitidos, en sus decisiones y sentencias, son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio conforme dispone el artículo 203 de la Constitución Política del Estado, y que, no solo generan la obligatoriedad a las partes intervinientes, sino que también pueden constituir precedentes orientadores que generan derecho de origen jurisprudencial, debido a que, dichas sentencias, efectúan una interpretación, integración e interrelación de las normas vigentes. 

También es necesario aclarar que, el precedente vinculante de un fallo constitucional, no constituye la conclusión arribada del caso concreto, sino la parte de la ratio decidendi del fallo donde se efectúa el análisis e interpretación del hecho fáctico normado, conforme lo dispone la Sentencia Constitucional 846/2012 de 20 de agosto, misma que a la letra señala: Entonces, es posible afirmar que es vinculante el precedente constitucional contenido en la ratio decidendi. Es decir, en la ratio decidendi se encuentra el precedente constitucional. El precedente constitucional es vinculante siempre que exista un supuesto fáctico análogo (AC 004/2005ECA y SC 186/2005-R)

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Aranibar Mejia 

En ese entendido, es menester traer a colación, el entendimiento expuesto por el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0255/2019S2 de 21 de mayo, mediante la cual, establece el carácter vinculante, de aplicación directa y obligatoria de las Sentencias Constitucionales puntualizando que: “(...) no deviene de la solicitud o no que haga el administrado de aplicar algún fallo constitucional de manera específica; sino que, como se tiene dicho, deviene de un 

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mandato constitucional, que en virtud del carácter normativo de nuestra Norma 

Suprema es de aplicación directa y obligatoria”. 

Para el presente caso, corresponde aclarar y establecer que, la consideración de la parte vinculante de los fallos constitucionales, se aboca exclusivamente al análisis concerniente a la correcta aplicación de una determinada norma, respecto al instituto de la prescripción; es decir, se examinará la temporalidad de la norma bajo el principio de legalidad e irretroactividad de la ley. 

Así, el entendimiento de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0255/2019-S2 de 21 de mayo, resulta esencial para el análisis del presente Recurso de Alzada, por cuanto, establece la aplicación directa y obligatoria de las Sentencias Constitucionales que deviene de un mandato constitucional, aspecto fundamental que, no puede ser soslayado por esta instancia recursiva al momento de administrar justicia tributaria, existiendo por ende, la obligación y deber de considerar la ratio decidendi inmersa en ella, como fundamento esencial para dilucidar la controversia respecto a la normativa a ser aplicada para el cómputo de la prescripción, por cuanto, la razón y sustento de su consideración para el presente caso, radica en la necesidad de tomar en cuenta el precedente vinculante de la Sentencia Constitucional Plurinacional 1169/2016-S3 de 26 de octubre, referido al carácter irretroactivo de la ley y la forma de aplicación del plazo de prescripción en el tiempo; reiterando que, ésta instancia de alzada, no pude dejar de lado el entendimiento efectuado por el Tribunal Constitucional Plurinacional en la citada sentencia, máxime si la controversia generada en el presente caso es decir la irretroactividad de las Leyes 291, 317 y 812-resulta ser análoga. 

De esta manera, resulta pertinente señalar que, a efectos de resolver la controversia generada en el presente proceso recursivo e identificada en párrafos previos, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0269/2019-S2 de 24 de mayo, en su punto“. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO”, efectuó el siguiente entendimiento respecto de la aplicación de la norma al instituto de la prescripción señalando que: (…) ésta debió ser resuelta conforme y de acuerdo a la normativa vigente al momento del hecho generador del adeudo tributario; en este entendido, y al no haberse observado estos dos transcendentales aspectos, queda claro que se lesionó la garantia de la irretroactividad de ley. En efecto, si consideramos que (…) se refieren a adeudos 

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tributarios (...) respecto al periodo fiscal diciembre 2009, el cómputo de la prescripción debió realizarse en base y de acuerdo a los arts. 59 y 60 del CTB antes de su reforma por las Leyes 291 y 317 de septiembre y diciembre de 2012, respectivamente, y la Ley 812 de julio de 2016, ya que las mismas fueron promulgadas de manera posterior al hecho generador (…)

La referida Sentencia Constitucional Plurinacional, continuó sosteniendo lo siguiente: “En este contexto la prescripción sometida a análisis, tuvo necesariamente que considerar la normativa vigente al periodo fiscalizado y en consecuencia, determinar si ésta operó o no, en función a los plazos y mecanismos de cómputo estipulados en dicha nomativa; pues, no resulta constitucionalmente aceptable que se pretenda la aplicación retroactiva de normas tributarias posteriores al hecho generador del adeudo tributario, máxime, si éstas no resultan más favorables (...)”

Consecuentemente, es necesario aclarar que, el precedente vinculante de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0269/2019-S2 de 24 de mayo -desglosada en párrafos previos- determinó que, el instituto de la prescripción, debe ser resuelto conforme y de acuerdo a la normativa vigente al momento del hecho generador del adeudo tributario.. bajo la premisa de aplicar la norma sustantiva vigente al momento del acaecimiento del mismo, rigiendo la regla del tempus comissi delicti, que responde a los principios de equidad e igualdad en las relaciones jurídicas, y a la superación de situaciones abiertamente discriminatorias y lesivas del principio de justicia, consagrado en nuestro ordenamiento jurídico, por cuya consecuencia, se encuentra prohibida la aplicación retroactiva y retrospectiva de normas que regulan dicho instituto, con la excepción por supuesto- establecida en el artículo 150 de la Ley 2492, referida al establecimiento de términos de prescripción más breves. 

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Bajo dicha premisa, resulta equivoco e inaceptable el uso retroactivo de normas tributarias posteriores al hecho generador; es decir, no corresponde considerar normativa ulterior pues, se afectarian derechos constitucionales del sujeto pasivo; por lo que, en consideración a que, dicho precedente constitucional, deja establecido la aplicación inequívoca de una determinada norma, ese mismo entendimiento, sirve para resolver el comienzo del plazo para el cómputo de la prescripción que versa sobre la determinación de la deuda tributaria; por cuya consecuencia, siendo que los hechos facticos resueltos en 

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esta última aludida Sentencia Constitucional Plurinacional, resultan ser análogos al analizado en el presente caso; por ello, se tiene que, los fundamentos y entendimientos de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0269/2019-S2 de 24 de mayo, son de aplicación vinculante al presente caso por mandato constitucional, conforme lo señala el artículo 203 de la Constitución Política del Estado y articulo 15 parágrafo II del Código Procesal Constitucional, concordante con la Sentencia Constitucional Plurinacional 0255/2019-S2 de 21 de mayo. 

Entonces, los fundamentos supra señalados, permiten ratificar nuestra posición asumida respecto al instituto de la prescripción, mismo que fue modulado y reconducido estableciendo que, la normativa aplicable a dicho instituto, es la vigente al momento del hecho generador; es decir, cuando se establece la relación jurídico tributaria entre el sujeto pasivo y la Administración Tributaria, vínculo de carácter personal conforme establece el artículo 13 de la Ley 2492 cuyo perfeccionamiento, permite el surgimiento de la obligación tributaria pertinente; concluyendo que, la prescripción, como instituto jurídico de extinción de obligaciones en materia tributaria, no es de oficio y se aplica por la negligencia de la Administración Tributaria en ejercer sus facultades dentro el término establecido en la normativa tributaria; y que más allá del tiempo trascurrido para dilucidarse la configuración del instituto jurídico, la aplicación normativa y el término del mismo, mantiene su vinculación con el momento del perfeccionamiento del hecho gravable. 

A mayor abundamiento, es preciso puntualizar que, las normas sustantivas o materiales son aquellas que, no dependen de otra disposición legal para cumplir su objetivo, pudiendo ser de dos tipos: la que determina derechos y garantías y por otro, las que determinan conductas que deben ser observadas, y la razón radica en su importancia de establecer 

derechos y garantías, por lo que, en resguardo a la seguridad jurídica, no es posible aplicar normas que, no existían en el momento de cometerse el hecho. 

En ese sentido, la irretroactividad de las disposiciones legales en general es parte del 

principio de legalidad y es que, no se puede pedir el cumplimiento de disposición legal alguna, en tanto, no se encuentre legalmente en vigencia en ese momento, intelecto que va relacionado con la teoria de los hechos cumplidos que establece que, cada norma 

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juridica debe aplicarse a los hechos que ocurran durante su vigencia, materializando así la seguridad jurídica. 

De esta manera, para el análisis de la prescripción de la facultad de determinación de la deuda tributaria e imposición de sanciones por omisión de pago de la Administración Tributaria respecto al IVA, IT e UE de los periodos enero a diciembre de la gestión 2010, no corresponde aplicar las modificaciones realizadas al instituto de la prescripción establecido en la Ley 2492, a través de la Leyes 291, 317 y 812, toda vez que éstas últimas, no estuvieron vigentes al momento del nacimiento del hecho generador. 

No obstante, en relación a la facultad de la Administración Tributaria para imponer sanciones por incumplimiento a deberes formales, corresponde. indicar que, de la compulsa de los antecedentes administrativos, se tiene que, el ente recaudador, impuso una multa por entrega parcial de la información y documentación, requerida por la Administración Tributaria dentro del proceso determinativo, contravención que fue cometida el 27 de abril de 2015 en vigencia de las Leyes 291 y 317, correspondiendo su aplicación, 

IV.6,1. Prescripción de la facultad de determinación de la deuda tributaria e imposición de sanciones por omisión de pago del IVA, IT e UE los periodos de enero a diciembre de la gestión 2010 según la Ley 2492 A objeto de analizar la prescripción de la facultad de determinación de la deuda tributaria e imposición de sanciones por omisión de pago del IVA, IT e UE los periodos de enero a diciembre de la gestión 2010, corresponde puntualizar que el artículo 59 de la Ley 2492, señala que: “1. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 1. Controlar, investigar, verifica, comprobar y fiscalizar tributos 2. Determinar la deuda Tributaria 3. Imponer sanciones Administrativas 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. Il. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda (…)” 

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En cuanto a la forma de cómputo del término de la prescripción, el artículo 60 de la Ley 2492 expone lo siguiente: “2. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior el término de la prescripción se computara desde el 1 de enero del año calendario 

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siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. Il. En el supuesto 4 del parágrafo I del Articulo anterior el término se computará desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria (…)

En ese entendido, el término de prescripción de cuatro (4) años para el ejercicio de la facultad de la Administración Tributaria de determinación de la deuda tributaria e imposición de sanciones por omisión de pago respecto al IVA, IT e UE de los periodos enero a diciembre de la gestión 2010, quedó configurado de la siguiente forma

Periodo 

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Pago dela obligación 

Ley Aplicable 

Inicio de la Prescripción 

Fin de la Prescripción 

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Enero 2010 

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Abril 2010 

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Mayo 2010 

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Junio 2010 

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Julio 2010 

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Julio 2010 

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Agosto 2010 

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Agosto 2010 

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01/01/2011 

31/12/2014 

Septiembre 2010 

IVA e IT 

Octubre 2010 

Ley 2492 

01/01/2011 

31/12/2014 

Octubre 2010 

IVA e IT 

Noviembre 2010 

Ley 2492 

01/01/2011 

31/12/2014 

Noviembre 2010 

IVA e IT 

Diciembre 2010 

Ley 2492 

01/01/2011 

31/12/201

Diciembre 2010 

IVA e IT 

Enero 2011 

Ley 2492 

01/01/2012 

31/12/201

Gestión con cierre a diciembre 

de 201

UE 

3 de mayo de 2011 

Ley 2492 

01/01/2012 

31/12/2015 

Lo expuesto en el cuadro precedente, permite advertir que el cómputo de la prescripción de la facultad de determinación de la deuda tributaria e imposición de sanciones por omisión de pago de la Administración Tributaria relativa al IVA e IT de 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

los periodos enero a noviembre de 2010, inició el 1 de enero de 2011 y concluyó el 31 de diciembre de 2014; en lo referido al IVA e IT del periodo diciembre de 2010 y respecto al IUE con cierre a diciembre de 2010, dicho término inició el 1 de enero de 2012 y concluyó el 31 de diciembre de 2015

Ahora bien, respecto a las casuales de suspensión del término de la prescripción, la Administración Tributaria al momento de responder al Recurso de Alzada citó el parágrafo I del artículo 62 de la Ley 2492, el cual señala: “El curso de la prescripción se suspende con: 1. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses, conforme a la compulsa de los antecedentes administrativos, pudo advertirse que la Orden de Fiscalización N° 14990100375, fue notificada de forma personal el 17 de abril de 2015, cuando la facultad de determinación de la deuda tributaria e imposición de sanciones por omisión de pago de la Administración Tributaria respecto al IVA e IT de los periodos enero a noviembre de la gestión 2010, se encontraba prescrita; por lo que, para dichos periodos no fue suspendido el cómputo de la prescripción (fojas 9 de antecedentes administrativos). 

En el contexto referido previamente, para el IVA e IT por los periodos de enero a noviembre de 2010, la notificación con la Orden de Fiscalización N°14990100375 fue realizada por la Administración Tributaria el 17 de abril de 2015 cuando la facultad de determinación de la deuda tributaria e imposición de Sanciones por omisión de pago de la referida entidad recaudadora, se encontraba prescrita; por el contrario para el IVA e IT del periodo diciembre de 2010 así como el UE con cierre también a diciembre de 2010, la notificación aludida suspendió el cómputo de la prescripción por seis meses, conforme lo dispuesto en el parágrafo I del artículo 62 de la Ley 2492; por lo que, el término de la prescripción se extendió hasta el 30 de junio de 2016

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LEGIO

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Por otra parte, de la compulsa de los antecedentes del caso, no se advirtió la existencia de causales de interrupción del cómputo de la prescripción, razón por la cual, resulta evidente que la Administración Tributaria notificó la Resolución Determinativa No 171930000132 el 1 de abril de 2019, cuando la facultad de determinación de la deuda tributaria e imposición de sanciones por omisión de pago se encontraba superabundantemente prescrita, 

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IV.6.2. Prescripción de la facultad de imposición de sanciones por Incumplimiento a Deberes Formales según las Leyes 291 y 317. En relación a la facultad de imposición de sanciones relativas al Incumplimiento a Deberes Formales por la entrega parcial de la información y documentación requerida por la Administración Tributaria, corresponde indicar que la Disposición Adicional Quinta de Ley 291 de 22 de septiembre de 2012 y la Disposición Derogatoria Primera de la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, modificaron el artículo 59 del Código Tributario Boliviano, estableciendo en el parágrafo I que: Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los 4 años en la gestión 2012, cinco años en la gestión 2013, seis años en la gestión 2014, siete años en la gestión 2015, ocho años en la gestión 2016, nueve años en la gestión 2017 y 10 años a partir de la gestión 2018, tanto para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la Deuda Tributaria; 3. Imponer sanciones administrativas”. 

A su vez, la Ley 317 a través de la Disposición Adicional Décimo Segunda, dispuso que: “Se modifican los Parágrafos / y ll del Articulo 60 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificados por la Disposición Adicional Sexta de la Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012, por el siguiente texto: Artículo 60. (CÓMPUTO). 1. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo / del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el primer dia del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. Il. En el supuesto 3 del Parágrafo I del Articulo anterior, el término se computará desde el primer día del año siguiente a aque

en que se cometió la contravención tributaria”. 

.. 

Ahora bien, de la compulsa de los antecedentes administrativos se tiene que la Administración Tributaria al inicio del proceso determinativo labró el Requerimiento de Documentación N° 15300900040 (Form. 4003) el 23 de diciembre de 2016, solicitando al sujeto pasivo documentación e información relativa al alcance de la determinación, estableciendo al efecto un plazo para su presentación, mismo que feneció el 24 de abril de 2015, y toda vez que el sujeto pasivo presentó parcialmente la documentación requerida, la contravención tributaria por dicho incumplimiento al deber formal por la entrega parcial de la información y documentación requerida por el ente recaudador dentro del proceso determinativo, se configuró el 27 de abril de 2015 (fojas 10 de antecedentes administrativos)

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De esta manera, en consideración a lo expuesto en el párrafo precedente, así como la normativa trascrita, se tiene que, el cómputo de la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para imponer la sanción por el Incumplimiento a Deberes formales por la entrega parcial de la información y documentación requerida dentro del proceso determinativo, quedaria configurada de la siguiente manera: 

Contravención 

Fecha de comisión de la contravención 

Ley Aplicable 

| Término de inicio de la 1 prescripción. Prescripción 

Fin de la Prescripción 

Entrega parcial de la información y documentación 

requerida por la Administración Tributaria dentro del proceso 

determinativo 

27 de abril de 

201

Ley 291 y 

317 

7 ano

01/01/2016 

31/12/2022 

Lo expuesto en el cuadro precedente, evidencia que el término de-prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para imponer sanciones por el incumplimiento al Deber Formal por la entrega parcial de lo solicitado mediante Requerimiento de Documentación N° 15300900040 (Form.! 4003) de 15 de abril de 2015, finalizaria el 31 de diciembre de 2022; de esta manera, en consideración a que dicha facultad fue ejercida por el ente recaudador a través de la Resolución Determinativa impugnada, misma que fue notificada mediante cédüla el 1 de abril ţe 2019, se tiene que la sanción analizada fue impuesta al sujeto pasivo antes de configurarse la prescripción 

Finalmente, la Administración Tributaria en su memorial de respuesta al Recurso de Alzada citó la Sentencia N° 76/2015 emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, haciendo alusión a la ampliación del plazo de prescripción de 4 años a 7 años; sin embargo, el ente recaudador no desarrolló dicho aspecto; es decir, no expuso los argumentos para comprender cómo la referida Sentencia se acomoda al caso que nos ocupa o de qué manera lo establecido en dicha decisión, afecta la prescripción del IVA, IT e UE de enero a diciembre de 2010; por lo que, no corresponde efectuar mayor análisis, máxime si de la compulsa de la consulta de padrón cursante a fojas 12 de antecedentes administrativos, se advierte que Vidal Siles Escobar, se encuentra registrado en el padrón de contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales, no ameritando la ampliación del 

afaq 

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cómputo de la prescripción al no advertirse las causales previstas en el parágrafo II del artículo 59 de la Ley 2492

En suma, del análisis de los antecedentes administrativos, los actos emitidos por la Administración Tributaria y el análisis desarrollado en las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGITRJ 1258/2019 de 18 de noviembre de 2019 y 1051/2020 de 17 de agosto de 2020, se advierte que, el proceso determinativo sustanciado por dicha entidad, no incurrió en los vicios de nulidad agraviados por el sujeto pasivo en su Recurso de Alzada; adicionalmente, resultó evidente que, la facultad de determinación de la deuda tributaria e imposición de sanciones por omiso de pago relativas al IVA, IT e UE de enero a diciembre de la gestión 2010 se encontraban prescritas al momento de notificar el acto impugnado; no obstante, la facultad de la Administración recurrida para imponer la sanción por el incumplimiento a deberes formales, fue ejercida antes de configurarse la prescripción. 

Consecuentemente, corresponde a ésta instancia recursiva revocar parcialmente la Resolución Determinativa N° 171930000132 de 19 de marzo de 2019 emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, dejando sin efecto la deuda tributaria determinada por concepto de IVA, IT e UE de enero a diciembre de la gestión 2010 por configurarse la prescripción, y manteniendo firme y subsistente la multa por incumplimiento a deberes formales. 

POR TANTO: 

El suscrito Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley 2492 y artículo 141 del Decreto Supremo 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa No 171930000132 de 19 de marzo de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba 

del Servicio de Impuestos Nacionales, dejando sin efecto la deuda tributaria determinada por concepto de IVA, IT e UE de enero a diciembre de la gestión 2010 por configurarse la prescripción, y manteniendo firme y subsistente la multa por incumplimiento a deberes 

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AI

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivla 

formales; sea de conformidad con el artículo 212 parágrafo I inciso a) y parágrafo II del Código Tributario Boliviano. 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Politica del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario Boliviano, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte 

recurrente

PUGN

Lun 

Kuga 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

TV 

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CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 de la Ley 2492, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 dias computables a partir de 

su notificación. 

Regístrese, notifiquese y cumplase. 

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– 

www.ar 

— 

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Fric-Ausberto Rojas Urquiza 

DIRECTOR EJECUTIVO REGIONAL 

DIRECCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Coba

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