ARIT-CBA-RA-0294-2021 Recurso de Alzada, correspondiente al tributo omitido, incumplimiento de deberes formales y omisión de pago del impuesto al valor agregado y el impuesto a las transacciones, por la no presentación de declaraciones juradas , en donde el contribuyente dice haber adquirido facilidades de pago que fueron incumplidas por causas ajenas a su voluntad y que el termino de prescripción se amplio por estar el nit en estado inactivo automático, cuando esta no correspondía trayendo un vacío legal en cuanto a la interrupción de la prescripción, por su parte la administración tributaria dice haber aceptado las facilidades de pago que fueron incumplidas, y que el sujeto pasivo conocía todas las actuaciones sin vulnerar sus derechos y que el cobro de todos los adeudos tributarios se hicieron mediante aplicación de medidas coactivas, analizado el caso la autoridad de impugnación tributaria decide revocar totalmente la presente declarando prescritas las facultades de sanción y ejecución de la deuda tributaria.

1

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Resolución de Recurso de Alzada No ARIT-CBA/RA 0294/2021 

Recurrente 

Wilson Wildor Apaza Acarapi 

Administración recurrida 

Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por Agapo Ferrufino Sánchez 

Acto impugnado 

Auto N° 252130000196 

Expediente No 

ARIT-CBA-0159/2021 

Lugar y fecha 

Cochabamba, 17 de septiembre de 2021 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARITCBA/ITJ 0294/2021 de 16 de septiembre de 2021, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente

  1. 1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO El Auto N° 252130000196 de 9 de junio de 2021, que resolvió rechazar la solicitud de 

prescripción de la ejecución tributaria impetrada por Wilson Wildor Apaza Acarapi

Cistian sodrigues 

con NIT 2430329016 correspondiente al Proveido de inicio de Ejecución Tributaria No le w/ Airasta

2087/2012 de 16 de mayo de 2012, que dio inicio a la ejecución tributaria de la 

Resolución Determinativa N° 17-00724-11 de 22 de diciembre de 2011 y posterior OLDE IMPUGNACX incumplimiento de la Resolución Administrativa de Facilidades de Pago No 

Raúl Eilar 201930000235 de 15 de marzo de 2019. Acto notificado personalmente al sujeto Rivas Hamacho) 

VoBo pasivo, el 17 de junio de 2021 (fojas 58-65 y 66 C-1 de antecedentes administrativos). 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Av. Oquendo N° 381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012.www.ait.gob.boCochabamba, Bolivia 

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  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 11.1. Argumentos de la Recurrente Wilson Wildor Apaza Acarapi, mediante nota presentada el 5 de julio de 2021 (fojas 11-23 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra el Auto No 252130000196 de 9 de junio de 2021, emitida por la Gerencia Distrital de Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, manifestando lo siguiente:

Que fue notificado por Cédula el 25 de junio de 2011 con la Orden de Verificación N° 30110VE00054 de 28 de junio de 2011, iniciándole una auditoría fiscal sobre el débito correspondiente al IVA y su efecto en el IT, por los periodos de junio y julio de 2007; añadió que el proceso de verificación se basó en la información que remitió la Gerencia Graco Cbba., del cruce de información obtenida del contribuyente Editorial Verbo Divino Bolivia S.R.L. y el recurrente, quien no presentó la declaración jurada por el IVA e IT de junio y julio de 2007; sobre esa base, el Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Vista de Cargo N° SIN/GDC/DFNENC/0152/2011 de 20 de septiembre de 2011, determinando preliminarmente sobre base cierta, la deuda tributaria en la suma de UFVs 54.203. 

Puntualizó que el 22 de septiembre de 2011 la entidad recurrida emitió la Resolución Determinativa N° 1700724-11, estableciendo sobre base cierta, la existencia de ventas e ingresos facturados no declarados por los periodos junio y julio de 2007 y reparo por concepto de IVA e IT, por lo que resolvió determinar las obligaciones impositivas del recurrente en la suma de Bs98.020.-, resolución notificada el 27 de 

diciembre de 2011; añadió que al no haber interpuesto recurso contra la Resolución 

Determinativa N° 17-0072411, la misma adquirió firmeza para su cobro y ejecución 

coactiva, constituyéndose en Título de Ejecución Tributaria; asimismo, señaló que mediante PIET N° 2087/2012 de 16 de mayo de 2012 conoció del inicio de la 

ejecución tributaria. 

de 

Advirtió la existencia de la Resolución Administrativa de Facilidades de Pago No 201930000235 de 15 de marzo de 2019, por el que requirió facilidades de pago al amparo de la Ley 1105 bajo el advertido, que de no ser cumplido dicho beneficio proseguirá la ejecución; asimismo, citó el Informe FAP72133000054 de 19 de maro de 2021 emitido por el Área de Cobranza Coactiva, que comunica el incumplimiento 

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JUNI 

AIT 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

a las facilidades de pago al vencimiento de la cuota 14 y que recomendó proceder a la imposición de sanciones conforme a normativa actual y vigente

Manifestó que el 16 de abril de 2021, el sujeto pasivo interpuso la prescripción contra el PIET N° 2087/2012, pero que contra toda lógica jurídica, la entidad recurrida emitió el ilegal y equivocado Auto recurrido. Transcribió los Considerandos II, III y IV del mencionado Acto, sosteniendo que no se ajustaron a la normativa jurídica aplicable 

al presente caso. 

Aclaró que la Administración Tributaria sustentó que el PIET N° 2087/2012 no prescribió debido a la ampliación de plazo en aplicación a las Leyes 291.y 317, que por el hecho de estar el NIT 2430329016 en estado inactivo automático amplió el término de la prescripción a 7 años sin sustento legal o base jurisprudencial; como respaldo de lo expuesto citó los artículos 1, 3 y 6 de la Resolución Normativa de Directorio 100013-03 respecto a la creación del NIT así como el estado inactivo del contribuyente en cuanto a la existencia permanente de un registro

?.

También trajo a colación los artículos 2 y 3 de la Resolución Normativa de Directorio 10-032-04 de 19 de noviembre de 2004, los numerales 1 del Anexo A, numerales 1, 2 y 3 del Anexo B de la Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04, normativa derogada por la Resolución Normativa de Directorio 10.0037.07 de 14 de diciembre de 2007, misma que debió ser aplicada en el presente caso, al tratarse de un procedimiento de determinación de los periodos junio y julio de 2007, normativa que en sus artículos 5 y 9, expresa la contravención de omisión de inscripción en registros, inscripción o permanencia en un régimen tributario distinto y la multa o clausura del establecimiento; aspectos que no acontecieron en el presente caso

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En el mismo sentido, citó el parágrafo 11 del artículo 59 de la Ley 2492 sin 

modificaciones, al señalar que dicha normativa no determina ni estatuye que el estado echos Rodrigo 

inactivo del NIT automático dará lugar a la ampliación de plazo en el cómputo de la prescripción para la ejecución tributaria, que es pertinente aplicar la norma vigente en 

el momento del cómputo de la prescripción en ejecución tributaria, por lo que debió Raúl Eijperho considerarse el aforismo tempus comissi delicti, bajo el principio de irretroactividad de 

Vogo la norma tributaria; en respaldo alegó y transcribió parte de las Sentencias 

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Constitucionales 0008/2014, 0636/2011, 387/2017, 0015/2019-S2, 1169/2016-S3; todas con referencia al principio de irretroactividad de las disposiciones legales y vigencia de la norma. 

Indicó que en el presente caso la Ley a ser aplicada debió ser la 2492 sin modificaciones y no así las Leyes 291 y 317 como aconteció, porque el PIET N° 2087/2012 de 16 de mayo de 2012 que dio inicio a la ejecución tributaria de la Resolución Determinativa N° 1700724-11 de 22 de diciembre 2011, correspondiente a los períodos de junio y julio de 2007, fue notificado el 30 de julio de 2012, fecha anterior a la vigencia de las Leyes 291 y 317; en ese contexto, señaló que el acto impugnado no respeto la seguridad jurídica para la aplicación de la prescripción en ejecución tributaria; sosteniendo por ello, derechos constitucionales del sujeto pasivo 

como la seguridad jurídica, debido proceso e irretroactividad de la Ley. Bajo dichos parámetros, aludió el cumplimiento del parágrafo II del artículo 15 de la Constitución Política del Estado, asimismo transcribió los artículos 59, 60 y 150 de la Ley 2492 

concernientes a la retroactividad, prescripción y su cómputo, concordantes con el Decreto Supremo 27310. 

Alegó que la entidad recurrida perdió su facultad de ejercer la ejecución tributaria respecto al PIET N° 2087/2012 que contiene la Resolución Determinativa N° 17 00724-11 por configurarse la prescripción, máxime al no existir causales de interrupción para dicho instituto. 

Conceptualizó la prescripción, para ello citó a Martin José María, Derecho Tributario General, 2da edición, página 189; Carlos M. Giuliani Fonrouge y su obra Derecho Financiero, Ediciones Depalma, 5ta edición , pp. 572 y 573; García Vizcaino Catalina, Derecho Tributario”, Tomo 1, 4ta Edición, Editorial Depalma, Buenos Aires Argentina, 2009; Cabanellas Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Usual, 24ta Edición, Buenos Aires – Argentina, Editorial Heliastra, 1997, página 376

Precisó que en nuestro ordenamiento jurídico boliviano, la prescripción se encuentra normada en el numeral 4, parágrafo I del artículo 59 de la Ley 2492 concordante con el artículo 60 del mismo cuerpo legal, estableciendo en el presente caso el tiempo de 4 años computables a partir de la notificación con el PIET N° 2087/2012, cuyo 

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MUSIIT IIIULI 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

cómputo y vencimiento prosiguió sin interrupción hasta configurarse la prescripción el 31 de julio de 2016 y que la ampliación de plazo para la prescripción a 7 años por estar con NIT inactivo no correspondió en virtud a la Ley 2492 sin modificaciones, dado el origen del Título de Ejecución Tributaria en la Resolución Determinativa No 170072411. 

– — 

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– 

Manifestó que el Auto impugnado trajo a colación la existencia de un vacío legal respecto a las causales de interrupción de la prescripción en la fase de ejecución tributaria y que para ello, aludió el artículo 340 y el parágrafo il del artículo 1503 del Código Civil, concordante con los artículos 1492 y 1493 del mismo cuerpo legal, aspecto errado por la entidad tributaria, pues vulneró el principio de seguridad jurídica e independencia normativa, porque el artículo 61 de la Ley 2492 sin modificaciones estatuye los presupuestos para la interrupción del cómputo del término de la prescripción en ejecución tributaria, para ello trascribió dicha normativa; sosteniendo que no correspondía la analogía por supletoriedad y la aplicación del Código Civil contenida en el Auto impugnado.

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Asimismo, transcribió la Sentencia Constitucional N° 0733/2019-93 de 10 de octubre, misma que permite advertir la no existencia de vacio legal, situación que demuestra la forzada apreciación de la entidad recurrida a tiempo de rechazar la prescripción pretendida por el sujeto pasivo..

Señaló también la existencia de dos medidas adoptadas, el Registro de No Solvencia en el Sistema CONTROLEG de la Contraloría General del Estado y la retención de fondos según Nota CITE SIN/GDCBBA/DJCC/UCCINOT/00283 de 20 de febrero de 2017, y que las mismas no podían ser consideradas como causales de interrupción al cómputo de la prescripción en ejecución tributaria, más aún cuando la Solvencia Fiscal de 16 de mayo de 2012, adolecía de vicios de nulidad, al carecer de autorización de la Autoridad Jerárquica para su emisión. 

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De igual manera, puntualizó que la Retención de Fondos fue requerida el 20 de CECELANGOLALIONA febrero de 2017, después de 4 años, 6 meses y 17 días de notificado el PIET para la 

ho Ejecución Tributaria de la Resolución Determinativa N° 17-00724-11; concluyendo el wyplazo establecido por el numeral 4 del parágrafo I del artículo 59 y el parágrafo II del 

Raúl Einar Rivas Camacho Ejecuci 

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artículo 60 de la Ley 2492 sin modificaciones, y que por ello, dicha medida coactiva no pudo suspender o interrumpir el cómputo de la prescripción. 

Observó que la solicitud de Facilidad de pagos mediante Form. 8000 con N° de Orden 19333400031 de 19 de febrero de 2019, en vigencia de la Ley 1105, fue formalizada con Boletas 1000 con Nos. de Orden 3385117259 y 3385117372 por cuota inicial y garantía, aceptada por la entidad recurrida mediante Resolución Administrativa de Facilidad de Pagos No 201930000235 de 15 de marzo de 2019, alegando que dicho acto, no tiene efecto suspensivo o interruptivo en el cómputo de la prescripción de la ejecución tributaria. 

Explicó que el Acto impugnado aludió que con el plan de pagos, existió una supuesta novación entre el sujeto pasivo y la entidad recurrida, situación que estaría fuera de toda lógica, pues la Resolución Administrativa de Facilidad de Pago no expresó un nuevo reconocimiento de deuda menos la extinción de la deuda tributaria original expuesta en el PIET N° 2087/2012 de 16 de mayo de 2012, hecho que desnaturalizó el procedimiento inserto en el parágrafo Ill del artículo 55 de la Ley 2492, concordante con el parágrafo || del artículo 5 y parágrafo II del artículo 23 de la Resolución Normativa de Directorio N° 101800000001 de 16 de enero de 2018, que señala, que ante el incumplimiento de la facilidad de pagos se continuará con el proceso de ejecución tributaria por los títulos de ejecución original, no siendo factible la afirmación de la entidad recurrida al pretender establecer una novación a raíz de la facilidad de pagos. Transcribió parte de la Resolución Administrativa de Facilidad de Pagos No 201930000235. 

Precisó que por causa ajenas a su voluntad incumplió las facilidades de pagos citadas líneas arriba, sin embargo en los hechos materiales, la facultad para ejecutar el cobro del PIET N° 2087/2012 prescribió conforme el artículo 61 de la Ley 2492; como respuesta a dicha problemática en calidad de precedente citó la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ N° 323/2021 de 1 de marzo de 2021; así como la Sentencia de Sala Plena 276/2012 de 15 de noviembre del Tribunal Supremo de Justicia, respecto a la causal de interrupción del cómputo de la prescripción, : concordante con el artículo 5 del Decreto Supremo 27310. 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Enfatizó que bajo la lógica jurídica expuesta tanto en la jurisprudencia, doctrina y normativa, el cómputo de la prescripción inició el 31 de julio de 2012 hasta el 31 de julio de 2016, y que la Resolución Administrativa de Facilidades de pago N° 201930000235 fue formalizada el 15 de marzo de 2019 y notificada vía electrónica el 26 de marzo de 2019, no pudiendo ser considerada como causal de interrupción del PIET N° 2087/2012 que dio inicio a la ejecución tributaria de la Resolución Determinativa N° 17-00724-11. 

Con relación a la prescripción de la multa por incumplimiento a deberes formales, arguyó que el PIET N° 2087/2012 que dio inicio a la ejecución tributaria de la Resolución Determinativa N° 1700724-11, habría prescrito y por lógica también estaría prescrita la contravención tributaria por incumplimiento a deber formal contenida en el Acta de Infracciones N° 31060, conforme lo determinado en el artículo 154 de la Ley 2492 

Solicitó en petitorio la revocatoria total del Auto Administrativo No 252130000196 de 9 de junio de 2021, estableciendo la prescripción de la facultad de ejecución tributaria del PIET N° 2087/2012 que dio inicio a la ejecución tributaria de la Resolución Determinativa N° 17-00724-11, disponiendo la suspensión de la ejecución tributaria. 

II.2. Auto de Admisión El 9 de julio de 2021, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Admisión EXPEDIENTE ARIT-CBA-0159/2021, correspondiente al Recurso de Alzada interpuesto por Wilson Wildor Apaza Acarapi, contra el Auto N° 252130000196 de 9 de julio de 2021 emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (fojas 24 del expediente administrativo). 

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II.3. Respuesta de la Administración Tributaria 

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La Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, 

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representada por Agapo Ferrufino Sánchez, conforme acredito con la Resolución Administrativa de Presidencia No 032100000783 de 28 de junio de 2021 (fojas 27-28 del expediente administrativo), mediante memorial presentado el 22 de julio de 2021 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Av. Oquendo N° 381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012. www.ait.gob.bo. Cochabamba, Bolivia 

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(fojas 2936 del expediente administrativo), respondió al Recurso de Alzada con los siguientes fundamentos: 

Que conforme a las facultades establecidas por la Ley 2492, en cumplimiento a la Orden de Verificación Externa N° 30110VE00054, modalidad IVA y su efecto IT – Débito Fiscal, por los periodos junio y julio de 2007, emitió la Vista de Cargo No VC GDC/DFNENC/0152/2011 de 20 de septiembre de 2011 observando la no presentación por el sujeto pasivo de las declaraciones juradas del IVA e IT, acto notificado el 28 de septiembre de 2011; posteriormente emitió la Resolución Determinativa N° 170072411 de 22 de diciembre de 2011, determinando la obligación impositiva por la suma de Bs98.020.-, equivalentes a UFVs57.152, notificada el 27 de diciembre de 2011; igualmente sostuvo que labró un Acta de Contravención por falta de información y documentación solicitada mediante requerimiento F.4003 N° 109054, por lo que sancionó dicha conducta con una multa de UFvs 1.500 correspondiente a un Acta por Contravenciones. 

Prosiguió que a partir de la notificación mediante cédula el 30 de julio de 2012, con el PIET N° 2087/2012, inició la etapa de ejecución tributaria contenida en la Resolución Determinativa N° 17-00724-11, misma que estableció la firmeza y ejecutoria de la deuda tributaria. Advirtió que el sujeto pasivo, el 19 de febrero de 2019 solicitó la autorización de Facilidades de Pago, conforme el artículo 55 de la Ley 2492, el artículo 24 del Decreto Supremo 27310, artículo 2 de la Ley 1105 y la Resolución de Directorio N° 101800000001. En respuesta a ello y verificado el cumplimiento de requisitos para acceder a facilidades de pago, el 15 de marzo de 2019 la entidad recurrida emitió la Resolución Administrativa de Facilidades de Pago N° 201930000235, aceptando las mismas a ser canceladas en 60 cuotas mensuales, acto notificado oficialmente el 2 de abril de 2019. 

Manifestó que mediante Informe FAP N° 72133000054 de 19 de marzo de 2021, constató el incumplimiento al vencimiento de la cuota por parte del contribuyente a las facilidades de pago, recomendando proceder a la imposición de sanciones, de igual manera, procedió a la ejecución del cobro mediante la emisión del PIET N° 2087/2012, notificado el 30 de julio de 2012 por la suma de UFVs57.152; alegó que en cumplimiento de los artículos 107 y. 110 de la Ley 2492 aplicó medidas coactivas 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

entre ellas la remisión de notas a la ASFI disponiendo la retención de fondos en cuentas bancarias y el registro de no solvencia en el Sistema CONTROLEG. 

Con relación a las pretensiones del recurrente, resumió todos y cada uno de los 

supuestos agravios del mismo en su solicitud de prescripción de la facultad para exigir el pago de tributos y dejar sin efecto las medidas preventivas asumidas. 

Explicó las fases y diferencias en materia tributaria respecto a la determinación de la deuda tributaria y la cobranza coactiva de dicho adeudo, citó para ello el Título I, Capítulo VII, Subsección V de la Ley 2492, así como el Título II Capítulo Il sección VII del mismo cuerpo legal; por lo que en base a los antecedentes expuestos, saló la aplicación de la normativa vigente al inicio de la fase de cobranza coactiva del adeudo 

tributario. 

Puntualizó que la Resolución Determinativa N° 17-00724-11, fue notificada el 27 de diciembre de 2011, posteriormente emitió el PIET N° 2087/2012, notificado el 30 de julio de 2012 y que el pago de los adeudos tributarios, comenzaron a partir del 31 de. julio de 2012; al respecto, aclaró que el artículo 59 de la Ley 2492 sin modificaciones establece el plazo de 4 años para la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria referidas a controlar, investigar, verificar, comprobar,.. fiscalizar, determinar e imponer sanciones así como para ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

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Enfatizó que el sujeto pasivo desde su notificación con el PIET, conoció y participó en las actuaciones y acciones realizadas por la entidad recurrida, como respaldo cito y trascribió parte de la Sentencia Constitucional 2070/2012; refirió también que si dicho proceso administrativo no vulnero derechos o garantías constitucionales, además que fueron de conocimiento del recurrente y éste no interpuso en el plazo legal acción alguna; resultando improcedente tratar de restituir dichos derechos supuestamente vulnerados por cualquier medio o acto, ya que precisamente al tener conocimiento de las acciones y medidas coactivas de cobro ejercidas durante la tramitación de la misma, el sujeto pasivo dio su consentimiento tácito a la ejecución tributaria, 

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Aclaró que ante la constitución de firmeza de la Resolución Determinativa N° 170074 11 y la solicitud de prescripción de la facultad de cobro coactivo de las obligaciones tributarias determinadas por un procedimiento de verificación de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, ejerció su competencia para determinar la deuda tributaria respecto al IVA e IT de los periodos junio y julio de 2007 en el plazo establecido por normal legal, con la notificación de la aludida Resolución Determinativa, la cual se constituyó en Título de Ejecución firme y ejecutoriada. 

En virtud a lo sostenido previamente, precisó que el cómputo de la prescripción para la etapa de ejecución, inició desde la notificación del PIET N° 2087/2012 el 30 de julio de 2012, extendiéndose por 4 años, pero el 31 de enero de 2011, el recurrente dio de baja su NIT, extendiendo el término por 7 años, razón por la cual sostuvo la inexistencia de la prescripción. 

Reiteró que el incumplimiento a la Resolución Administrativa de Facilidades de Pago N° 201930000235 de 15 de marzo de 2019, de conformidad con el artículo 108 de la Ley 2492, permite la generación de un nuevo Título de Ejecución Tributaria, constituyéndose en una nueva obligación a favor de la Administración Tributaria, a partir del cual el cómputo de prescripción resulta imprescriptible. 

Transcribió los artículos 5 y 8 de la Ley 2492 con referencia a la supuesta inactividad de la entidad recurrida así como la aplicación supletoria del Código Civil; en primer término, describió la inactividad como un requisito indispensable de la prescripción, enfatizó que su repetido accionar, interrumpió la prescripción. De igual forma, trajo a colación el artículo 61 de la Ley 2492 precisando que el reconocimiento de la deuda o solicitud de facilidades de pago son consideradas como causales de interrupción de la prescripción en ejecución tributaria, pero que los mismos estarían condicionados a la voluntad del sujeto pasivo, existiendo un vacío jurídico, al no considerar a los proveídos de inicio de ejecución tributaria; por lo que por analogía y supletoriedad, se refirió a los artículo 340, 1492, 1493 y el parágrafo II del artículo 1503 del Código Civil respecto a la interrupción de la prescripción por cualquier acto que constituya en mora al deudor. 

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III 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Bajo dicho entendimiento enfatizó que realizó las gestiones necesarias para el cobro del adeudo tributario mediante la aplicación y ejecución de las medidas coactivas; 

señaló que para computar la prescripción en etapa de ejecución, tomó en cuenta el parágrafo II del artículo 5 y el artículo 74 de la Ley 2492 así como lo dispuesto por los artículos 1492 y 1493 del Código Civil. Concluyó que en el presente caso, no existió inactividad por parte de la entidad recurrida; reiteró y detalló los actos administrativos mediante los cuales constituyó en mora al deudor, exigió el pago de la deuda tributaria así como la no prescripción de la facultad para ejecutar la deuda tributaria determinada

Señaló que el recurrente en su Recurso de Alzada, pidió declarar la prescripción de la multa por incumplimiento a deberes formales; sin embargo, dicho argumento no fue objeto de análisis en el Acto impugnado; por ello, arguyó que en resguardo al principio de congruencia, esta instancia de alzada no puede analizar la prescripción de la multa por incumplimiento a deber formal. 

Por todo lo argumentado, en petitorio solicitó confirmar el Auto N° 2521300 9 de junio de 2021. 

II.4. Apertura de término probatorio El 23 de julio de 2021, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Apertura Término de Prueba EXPEDIENTE ARIT CBA0159/2021 disponiendo la apertura del término probatorio de 20 días comunes y perentorios para ambas partes en aplicación del inciso d) del artículo 218 del Código Tributario Boliviano (CTB) (fojas 40 del expediente administrativo). 

La Gerencia Distrital de Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, el 3 de 

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agosto de 2021, presentó memorial ratificando ante esta instancia recursiva como prueba, los antecedentes administrativos acompañados al momento de responder al Recurso de Alzada (fojas 39 del expediente administrativo). 

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Wilson Wildor Apaza Acarapi mediante nota presentada el 11 de agosto de 2021, 

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ratificó la prueba presentada por la entidad recurrida cursante en antecedentes 

administrativos (fojas 4243 del expediente administrativo). 

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III 

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11.5. Alegatos Mediante nota, la parte recurrente presentó alegatos el 30 agosto de 2021, replicando los argumentos expuestos en el Recurso de Alzada, relacionados a que el registro del NIT es permanente, único y personal y que la normativa no dispone que al estar inactivo el mismo, corresponde la ampliación del plazo para el cómputo de la prescripción en ejecución tributaria; asimismo, ratificó el argumento sobre la ausencia de causales que denoten interrupción al cómputo de la prescripción así como la inaplicabilidad del Código Civil de manera supletoria respecto a dicho instituto; en el mismo sentido expuso que la Resolución Administrativa de Facilidad de Pago no se constituyó como causal de interrupción del cómputo de la prescripción. De igual manera, reiteró su petitorio de revocar totalmente el acto impugnado (fojas 46-50 y 50 vta. del expediente administrativo)

Por, memorial de 3 de septiembre de 2021, la entidad recurrida presentó alegatos reiterando los argumentos expuestos en el memorial de respuesta al presente Recurso de Alzada, alegando la validez de las notificaciones realizadas al sujeto pasivo con los diferentes actuados administrativos, asimismo la continua participación del recurrente en el proceso de cobro de la deuda tributaria; resaltó la actividad permanente por parte de la Administración Tributaria respecto a la facultad de cobro coactivo de la deuda tributaria, resultando por ello imprescriptible; replicó la existencia de actos que interrumpieron el cómputo de la prescripción en etapa de ejecución tributaria. De igual manera, reiteró su petitorio de confirmar el Acto impugnado (fojas 5356 del expediente administrativo). 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA El 28 de junio de 2011 el Servicio de Impuestos Nacionales emitió Orden de Verificación Externa N° 30110VE00054 – Form. 7531, modalidad Verificación Débito IVA y su efecto en el IT, por los periodos junio y julio de 2007. Acto notificado por Cédula el 25 de julio de 2011 (fojas 103 C-2 de antecedentes administrativos). 

El 20 de septiembre de 2011 la entidad recurrida emitió la Vista de Cargo No SIN/GDC/DFNVENC/0152/2011 que sobre base cierta, liquido preliminarmente la deuda tributaria en la suma de UFVs54.203 equivalentes a Bs90.833.-

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

correspondiente al tributo omitido, intereses, multa por omisión de pago y multa por incumplimiento a Deberes Formales. Acto notificado mediante Cédula el 28 de septiembre de 2011 (fojas 189-191 y 191 vta. C-2 de antecedentes administrativos). 

El 22 de diciembre de 2011 el sujeto activo emitió la Resolución Determinativa N° 17 00724-11, sosteniendo la existencia de ventas e ingresos facturados no declarados por los periodos junio y julio de 2007 por el IVA e IT, por lo que resolvió determinar las obligaciones impositivas del recurrente correspondientes al tributo omitido, intereses, sanción por omisión de pago y multa por incumplimiento a Deberes Formales (Form. 4003 N° 109054, sancionó dicha conducta con multa de UFvs 1.500), determinando una deuda tributaria por la suma de Bs98.020:-, equivalentes a UFVs57.152. Acto notificado el 27 de diciembre de 2011 (fojas 211-213 y 213.vta. C 2 de antecedentes administrativos). 

El 16 de mayo de 2012, la Administración Tributaria emitió el Proveído de inicio de Ejecución Tributaria N° 2087/2012, anunciando la ejecución tributaria por la suma líquida y exigible de Bs98.020.-, equivalente a UFVs57.152. Acto notificado Cédula el 30 de julio de 2012 (fojas 222 y 225 C-2 de antecedentes administrativos). 

El 19 de febrero de 2019, mediante formulario N° 8000, con Número de Orden 19333400031, el sujeto pasivo presentó Solicitud de Facilidades de Pago para la obligación contenida en el PIET referido con anterioridad (fojas 1-2 C-1 de antecedentes administrativos). 

El 15 de marzo de 2019 la entidad recurrida emitió la Resolución Administrativa de Facilidades de Pago N° 201930000235 aceptando la facilidad solicitada por el recurrente, otorgando 60 cuotas mensuales; bajo el advertido, que de no ser cumplido dicho beneficio, proseguirá la ejecución tributaria contenida en el PIET 2087/2012 Acto notificado electrónicamente al sujeto pasivo el 2 de abril de 2019 (fojas 22-25 y 26 C-1 de antecedentes administrativos). 

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El 19 de marzo de 2021 la entidad recurrida emitió Informe FAP N° 72133000054, Raúl Einste 

s precisando el incumplimiento al vencimiento de la cuota 14 por parte del contribuyente But a la facilidad de pago mencionado precisamente; asimismo, recomendo proceder a la 

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imposición de sanciones y la ejecución del cobro mediante la emisión del PIET N° 

2087/2012 por la suma de UFVs57.152, además aplicó medidas coactivas, entre ellas la remisión de notas a la ASFI donde dispuso la retención de fondos en cuentas bancarias y el registro de no solvencia en el Sistema CONTROLEG (fojas 30-31 C-1 de antecedentes administrativos). 

El 16 de abril de 2021, Wilson Wildor Apaza Acarapi, mediante nota solicitó la prescripción del PIET N° 2087/2012 en todas sus partes (fojas 4357 C1 de antecedentes administrativos). 

El 9 de junio de 2021 la entidad recurrida emitió el Auto N° 252130000196 que resolvió rechazar la solicitud de prescripción de la ejecución tributaria impetrada por Wilson Wildor Apaza Acarapi, con NIT 2430329016 correspondiente al Proveído de inicio de Ejecución Tributaria N° 2087/2012 de 16 de mayo de 2012, que dio inicio a la ejecución tributaria de la Resolución Determinativa N° 17-00724-11 de 22 de diciembre de 2011 y posteriormente por el incumplimiento de la Resolución Administrativa de Facilidades de Pago N° 201930000235 de 15 de marzo de 2019. Acto notificado personalmente al recurrente, el 17 de junio de 2021 (fojas 58-74 y 75 C-1 de antecedentes administrativos). 

  1. IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA Conforme el artículo 211 parágrafo I del Código Tributario Boliviano, esta instancia recursiva ingresará a resolver los reclamos planteados por la parte recurrente; aclarando que la decisión final asumida, se sujetará a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación ante esta instancia recursiva; en ese orden, se tiene que el sujeto pasivo, requirió la prescripción de la facultad de ejecución de la Administración Tributaria, correspondiente al PIET N° 2087/2012, de 16 de mayo de 2012 que contiene las obligaciones tributarias (tanto materiales como formales) establecidas en la Resolución Determinativa N° 1700724-11 de 22 de septiembre de 2011 por los periodos junio y julio de 2007 por el IVA e IT

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

Estado Plurinacional de Bolivia 

IV.1. Cuestión previa 

Antes de ingresar al análisis del agravio de fondo expresado por la parte recurrente, 

corresponde señalar que la entidad recurrida, sostuvo que si bien el sujeto pasivo en su Recurso de Alzada, pidió declarar la prescripción de la facultad de ejecución referida a la multa por incumplimiento a deberes formales; dicho reclamo no fue objeto de análisis en el Acto impugnado; por lo que solicitó a esta instancia de alzada, no 

pronunciarse sobre la prescripción de la acción referida en líneas previas. 

Bajo dicho entendido, de la lectura del acto administrativo impugnado, en su Acápite de Vistos y Considerando, la Administración Tributaria señaló: Que, por memorial presentado en fecha 16 de abril de 2021, el contribuyente Apaza Acarapi Wilson Wildor con C.I. 2430329 LP y con NIT 2430329016, interpone ante esta Administración Tributaria prescripción en ejecución tributaria de la Resolución Determinativa N° 17-00724-11 de 22 de diciembre de 2011 y su consiguiente Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria N° 2087/2012 de 16 de mayo de 2012 (…)” (fojas 58 C-1 de antecedentes administrativos). 

.. 

Es así que el acto impugnado dispuso: “RECHAZAR la solicitud de prescripción de la ejecución tributaria, impetrada por el contribuyente Apaza Acarapi Wilson Wildor con C.l.: 2430329 LP, NIT 2430329016 correspondiente a la ejecución tributaria del , Proveido de Ejecución Tributaria N° 2087/2012 de 16 de marzo de 2012, que dio inicio a la ejecución tributaria de la Resolución Determinativa N° 17-0072411 de 22 de diciembre de 2011 y posteriormente por el incumplimiento de la Resolución Administrativa de Facilidades de Pago N° 201930000235 de fecha 15 de marzo de 2019″ (fojas 74 de antecedentes administrativos). 

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De lo expuesto, resulta evidente que la Administración Tributaria, dejó sentado en el acto impugnado, que el proceso de ejecución desarrollado y por el cual emitió un pronunciamiento, comprendió el total de la deuda tributaria establecida en la Resolución Determinativa N° 17-00724-11 incluyendo la multa por incumplimiento a deberes formales, siendo prueba de ello, que tanto la mencionada Resolución como 

su Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) N° 2087/2012, exponen un deuda Rivas e machoš tributaria de UFVs 57.152.- en cuyo importe se encuentra inserta la discutida multa 

por incumplimiento a deberes formales (fojas 213 y 222 de antecedentes 

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administrativos); actos que fueron referidos por la Administración Tributaria en la parte resolutiva del Auto No 252130000196 ahora impugnado, sin que dicha entidad, aclare que la decisión asumida, no incluía la ejecución de la multa por incumplimiento a deberes formales. 

En ese sentido, la solicitud de prescripción formulada por el administrado ante la entidad recurrida, fue atendida por él total de la deuda tributaria; no existiendo impedimento para que esta instancia, se pronuncie de la misma forma ante el Recurso de Alzada interpuesto por Wilson Wildor Apaza Acarapi; es decir, analizando la prescripción de la facultad de ejecución del total de la deuda tributaria (incluyendo la ejecución de la multa por incumplimiento a deberes formales); por ello, la observación efectuada por la Administración Tributaria y referida al inicio del presente acápite es infundado pues carece de fundamento fáctico y resulta incongruente con el contenido 

del acto impugnado

IV.2. Prescripción de la facultad de ejecución tributaria del sujeto activo Wilson Wildor Apaza Acarapi indicó que la entidad recurrida ya no cuenta con su facultad de ejecución tributaria respecto del PIET N° 2087/2012 que refiere la Resolución Determinativa N° 1700724-11, al haber operado la prescripción, más aún, al no existir causales de interrupción de dicho instituto jurídico para el cobro de la deuda tributaria. Precisó que el tiempo de 4 años computables a partir de la notificación con el citado Proveido prosiguió sin interrupción hasta configurarse la prescripción el 31 de julio de 2016; y que la ampliación de plazo a 7 años, por estar con NIT inactivo, no corresponde en virtud a la Ley 2492 sin modificaciones

Manifestó que en el Acto impugnado, la entidad recurrida sostuvo que la facilidad de pago otorgada, generó una novación entre el sujeto pasivo y la entidad recurrida en cuanto a la obligación tributaria, situación que sostuvo, estaría fuera de toda lógica porque la Resolución Administrativa de Facilidad de Pago, no expresó un nuevo reconocimiento de deuda menos la extinción de la deuda tributaria original expuesta en el PIET N° 2087/2012 de 16 de mayo de 2012.

Por el contrario, la entidad recurrida señaló que el 27 de diciembre de 2011 notificó la Resolución Determinativa N° 17-00724-11, acto que no fue impugnado por el 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

recurrente, adquiriendo firmeza; precisó que el cómputo de la prescripción inició el 30 de julio de 2012, con la notificación del PIET N° 2087/2012, extendiéndose por 4 años. Aclaró que el 31 de enero de 2011 el recurrente dio de baja su NIT, provocando que el término de prescripción para el ejercicio de las facultades de cobro coactivo se extienda a 7 años. 

Asimismo, resaltó que el incumplimiento a la Resolución Administrativa de Facilidades de Pago N° 201930000235 permitió que dicho acto asuma la calidad de Título de Ejecución Tributaria, configurándose en una nueva obligación a favor de la Administración Tributaria, a partir del cual el cómputo de prescripción es imprescriptible. 

Al respecto, la prescripción se constituye: “(…) una categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace” (García Novoa Cesar, Presidente del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario ILAT. Memoria III Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario 2010); y al decir de este autor: su fundamento radica en la seguridad jurídica, pues las pretensiones deben ejercitarse en un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto de derecho. quede indefinidamente a merced de la actuación de otro

En ese sentido, el citado instituto es una categoría jurídica por la que se le atribuye la función de ser una causa extintiva de la obligación tributaria, que es necesaria para el orden social, que responde a los principios constitucionales de certeza y seguridad jurídica praescriptio, patrona generis humani” (La prescripción, patrona del nero humano); puesto que: “El fundamento del instituto de la prescripción estriba en evitar la inseguridad que trae aparejada el transcurso del tiempo sin el ejercicio de un derecho. En otros términos, su objeto es evitar la falta de certeza en las relaciones jurídicas, producto de la inactividad de un sujeto titular de un derecho(Buitrago Ignacio Josué, Presidente del Tribunal Fiscal de la Nación Argentina. Memoria IV Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario 2011); por cuanto se debe entender que la “praescriptio introducta est odio negligentiae, non favore praescribentis” (La prescripción se introdujo más bien en contra de la negligencia que en favor de quien prescribe). 

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Bajo el escenario descrito, la prescripción debe entenderse de acuerdo al entendimiento desarrollado por el intérprete de la Constitución Política del Estado; razón por la que, en aras de hacer justicia tributaria, se concibe la prescripción como 

instituto jurídico de extinción de obligaciones en materia tributaria y se aplica por la negligencia de la Administración Tributaria en ejercer sus facultades dentro el término establecido en la normativa tributaria, empero, no operando de oficio, 

Es menester traer a colación el entendimiento expuesto por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0255/2019S2 de 

21 de mayo, mediante la cual establece el carácter vinculante de las Sentencias Constitucionales “...no deviene de la solicitud o no que haga el administrado de 

aplicar algún fallo constitucional de manera específica; sino que, como se tiene dicho, deviene de un mandato constitucional, que en virtud del carácter normativo de nuestra Norma Suprema es de aplicación directa y obligatoria”, y reafirma el carácter de irretroactividad de la ley y la forma de aplicación del plazo de prescripción en el tiempo. 

Al efecto, sobre el instituto jurídico que nos ocupa, la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 1169/2016-S3 de 26 de octubre de 2016, en su punto “III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO” efectuó el siguiente entendimiento en relación al momento que debe computarse la prescripción: “Concordante con el precedente constitucional esta Sala considera que la irretroactividad de la ley al constituir una garantía a favor del ciudadano y no del Estado, impide también, que una norma reciente pueda afectar a plazos de prescripción que empezaron a computarse en vigencia de una norma anterior, pues ello significaría desconocer el principio de irretroactividad de la ley y consentir una aplicación retroactiva, pues a los actos que se produjeron en un determinado tiempo, corresponde se aplique la normativa legal vigente en ese momento, lo contrario significaría contrariar el mandato constitucional de la irretroactividad como garantia a favor del ciudadano, desconocer el orden público, la seguridad y estabilidad jurídica”. 

La citada Sentencia Constitucional Plurinacional, continuó sosteniendo en el acápite respecto del plazo de prescripción y la forma de aplicación en el tiempo: Sobre la 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

forma en que debe computarse el plazo de prescripción de acuerdo a la doctrina, por regla general es a partir del momento en que objetivamente la pretensión puede ejercitarse (...)“, y posteriormente concluye: Es decir, que la norma aplicable al plazo de prescripción debe ser aquella vigente al momento del inicio del cómputo del plazo de prescripción y no la nueva que modificó el plazo, sin que ese criterio ponga en duda la constitucionalidad de las Leyes 291 y 317, criterio que es compartido por esta Sala, pues tratándose de una interpretación de legalidad corresponde que la Autoridad Tributaria, determine que norma debe aplicarse al caso concreto, tomando en cuenta como escala interpretativa el art. 123 de la CPE, que en definitiva en el Estado Constitucional orienta la actividad de todos los órganos de poder” (las negrillas son añadidas)

Ahora bien, tomando en cuenta que la parte recurrente cuestionó la configuración de la prescripción de la facultad de ejecución tributaria referido tanto a la obligación principal (tributo omitido) como a las sanciones administrativas (sanción por omisión de pago y multa por incumplimiento a deberes formales); con el propósito de exponer de forma ordenada el análisis necesario para atender dicho reclamo, resulta pertinente separar el mismo, debiendo abordar dicho instituto jurídico en primer término, en cuanto al tributo omitido (obligación principal), para luego explicar el comportamiento relacionado con la ejecución de las sanciones administrativas. 

IV.2.1. Sobre la prescripción de la facultad de ejecución tributaria del sujeto activo respecto al tributo omitido En lo que corresponde a la ejecución de actos administrativos emitidos por la Administración Tributaria, numeral 1 del parágrafo I del artículo 108 de la Ley 2492 señala: La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la 

notificación de los siguientes títulos: 1 Resolución Determinativa (…)

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De esta manera, conforme a lo referido previamente, para el análisis de la prescripción de la facultad de ejecución de la Administración Tributaria referida a la obligación principal por el IVA e IT de los periodos junio y julio de 2007, reiterar que la Resolución Determinativa N° 170072411, que estableció obligaciones tributarias por los impuestos mencionados, no fue objeto de impugnación dentro el plazo previsto por Ley, adquiriendo firmeza y constituyéndose en Título de Ejecución Tributaria, 

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posibilitando a la Administración recurrida, desarrollar acciones a fin de ejecutar e

adeudo tributario. 

Bajo este contexto, el Servicio de Impuestos Nacionales en ejercicio de su facultad de ejecución, emitió el Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria N° 2087/2012, notificado mediante cédula el 30 de julio de 2012. En consecuencia, en el entendido que la presente causa versa sobre la deuda tributaria determinada con la Resolución 

Determinativa N° 1700724-11, no operan las modificaciones al Código Tributario Boliviano; coligiendo de ello, que dicha facultad tiene un término de prescripción de cuatro (4) años, conforme el numeral 4 del parágrafo 1 del artículo 59 del Código Tributario Boliviano. 

Una vez identificado el término de prescripción, el parágrafo II del artículo 60 de la Ley 2492 regula el inicio del cómputo de la prescripción con la notificación de los títulos de ejecución tributaria; condición que se materializa mediante la diligencia de los respectivos Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria

Citado el marco legal inherente al presente caso y conforme la revisión de los antecedentes administrativos, se advirtió el siguiente comportamiento del instituto jurídico analizado: 

  1. 1

Notificación del** Título de Ejecución 

Tributaria PIET N° 2087/2012 

Inicio de la prescripción 

Ley Aplicable 

Término de la prescripción (Ejecución Tributaria) 

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Ley 2492 sin modificaciones 

4 años 

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Ahora bien, respecto a las causales que interrumpieron el cómputo de la prescripción de la facultad de ejecución tributaria de la deuda contenida en la Resolución Determinativa N° 1700724-11, la entidad recurrida precisó que el 31 de enero de 2011 Wilson Wildor Apaza Acarapi dio de baja su NIT, antes del inicio de la etapa de ejecución tributaria y la notificación de los Títulos de Ejecución Tributaria, acción que extendió el término de prescripción por 7 años y que por esa razón no prescribió la facultad mencionada previamente. 

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Sobre lo argüido, se advierte la inexistencia de una referencia normativa que respalde el incremento del término de prescripción debido a la inactivad del NIT, más aún cuando el parágrafo II del artículo 59 de la Ley 2492 establece: “II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda (…)”, coligiendo que la 

ampliación aludida, corresponde a acciones completamente distintas a la inactivación 

del NIT, no siendo evidente lo manifestado por el sujeto activo respecto al punto 

analizado. 

Por otro lado, el Servicio de impuestos Nacionales en el memorial de respuesta al Recurso de Alzada, señaló que para la prescripción de la facultad de ejecución tributaria, existiría un vacío jurídico, ya que la Ley 2492 no hace referencia a los proveidos de inicio de ejecución tributaria; por ello, el auto recurrido al amparo de la analogía y supletoriedad, incorporó como parte de su fundamento los artículos 340, 1492, 1493 y el parágrafo II del artículo 1503 del Código Civil, otorgando el carácter de interruptivo de la prescripción en etapa de ejecución, a cualquier acto que constituya en mora al deudor. 

Asimismo alegó que el incumplimiento a la Resolución Administrativa de Facilidades de Pago N° 201930000235, constituyó una nueva obligación a favor de la Administración Tributaria, a partir del cual el cómputo de prescripción es 

imprescriptible. 

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Con relación a lo sostenido por la entidad recaudadora, aclarar que el instituto jurídico de la prescripción, se encuentra regulado por los artículos 59, 60 y 61 del Código Tributario Boliviano, que prevén el término, cómputo, suspensión e interrupción, incluyendo la etapa de ejecución tributaria; y de manera específica, expone los actos que interrumpen el cómputo de la prescripción; lo que implica que las causales de interrupción, previstas en el mencionado artículo 61, responden a un sistema de numerus clausus o cerrados, cuya aplicación taxativa no reconoce otras causales más que las expresamente señaladas en dicho precepto legal; en consecuencia, no se evidencia un vacío legal como observa la Administración Tributaria; en ese entendido, corresponde descartar dicho argumento al evidenciarse que los mismos no se ajustan 

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* Av. Oquendo N° 381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012. www.ait.gob.bo. Cochabamba, Bolivia 

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al marco normativo tributario vigente, no resultando viable aplicar por analogía ylo subsidiariedad las previsiones del Código Civil. 

Por último, en cuanto a la novación referida por el Servicio de Impuestos Nacionales, debido a la facilidad de pago otorgada, destacar que el artículo 61 de la Ley 2492 

reconoce dicha acción como una causal de interrupción de la prescripción, para ello se debe verificar si la misma fue materializada en vigencia de la facultada analizada, 

advirtiendo que el referido beneficio en el caso que nos ocupa, fue solicitado por el sujeto pasivo mediante Formulario 8000 el 19 de febrero de 2019 (fojas 1A-2 de antecedentes administrativos); es decir, posterior a la configuración del instituto 

jurídico en cuestión (30 de julio de 2016); no pudiendo causar efecto alguno en la misma ni considerarla como una nueva obligación que permita colegir que la facultad resulta imprescriptible; debiendo desestimar el argumento sostenido por el Servicio de Impuestos Nacionales. 

Del análisis desarrollado hasta este punto, así como el cuadro de cómputo expuesto en el presente acápite, se concluye que la facultad de ejecución del tributo omitido correspondiente al PIET N° 2087/2012 que contiene las obligaciones tributarias de la Resolución Determinativa N° 1700724-11por los periodos junio y julio de 2007 por el IVA e IT, se encuentra prescrita

IV.2.2. Sobre la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para ejecutar sanciones administrativas Con relación a la prescripción de la facultad de ejecución de la sanción por omisión 

de pago y la multa por incumplimiento a deberes formales, objetada por la parte recurrente en su memorial de interposición del presente Recurso de Alzada; cab

puntualizar, que en consideración de los actuados adjuntos por la Administración Tributaria, resultó evidente que la Resolución Determinativa N° 17-00724-11, que sancionó al sujeto pasivo con las obligaciones referidas previamente, fue notificada el 27 de diciembre de 2011, acto que no fue objeto de impugnación adquiriendo firmeza y constituyéndose en Título de Ejecución Tributaria, conforme prevé el artículo 108 de la Ley 2492, el 17 de enero de 2012. 

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Ahora bien, para identificar la normativa que debe aplicarse en el análisis de la prescripción de la ejecución de las sanciones administrativas impuestas por la Administración Tributaria, es importante reiterar el razonamiento previsto por el Tribunal Constitucional Plurinacional en la Sentencia Constitucional Plurinacional 1169/2016-S3 de 26 de octubre, en cuanto a la aplicación de la norma vigente al momento del inicio del cómputo del plazo de prescripción. 

Se debe considerar también que para el caso en cuestión, el parágrafo III del artículo 60 de la Ley 2492, establece que el término de prescripción, para el ejercicio de la facultad de ejecución de sanciones administrativas, se computará desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria; esto es, desde el 17 de enero de 2012, cuando concluyó el término que tenía el sujeto pasivo para impugnar la Resolución Determinativa referida en párrafos previos; no correspondiendo aplicar las modificaciones realizadas al instituto de la prescripción establecido en la Ley 2492, a través de la Leyes 291 y 317 porque las mismas entraron en vigencia posterior al inicio del cómputo de la prescripción analizada. ..

De esta manera, aclarada la normativa a ser aplicada en el presente caso, corresponde puntualizar que el parágrafo III del artículo 59 de la Ley 2492, sin modificaciones, sala: El término para ejecutar las sanciones por: contravenciones tributarias prescribe a los dos (2) años, previsión: complementada con lo establecido en el artículo-154 de la Ley 2492, respecto a la in prescripción, interrupción y suspensión, que dispone: . La acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o no unificado el procedimiento sancionatorio con el determinativo

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Tomando en cuenta lo señalado, la Resolución Determinativa N° 17-0072411 adquirió la calidad de Título de Ejecución Tributaria el 17 de enero de 2012, dando lugar al comienzo del cómputo de la prescripción de 2 años para que la Administración Tributara ejerza su facultad de ejecución de la sanción el 18 de enero de 2012, culminando el 18 de enero de 2014; es decir, que a la fecha de emisión del acto 

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Rivas Camacho 

impugnado, momento en el cual la Administración Tributaria atendió la petición del sujeto pasivo, la facultad analizada en párrafos anteriores, se encontraba prescrita. 

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Asimismo, recordar que en el marco de lo previsto por el Código Tributario Boliviano, 

las acciones desarrolladas por la entidad recurrida durante la ejecución tributaria, solo pueden ser consideradas como interruptivas en la medida que se enmarquen a lo establecido en el artículo 61 de la Ley 2492, debiendo recalcar que no existe vacío jurídico en la normativa tributaria, que permita modificar el término de la prescripción al amparo de lo establecido en el Código Civil; en ese marco, se debe desestimar las acciones administrativas seguidas por la entidad recurrida en etapa de ejecución 

aienas al marco normativo referido previamente. 

Por otro lado, la entidad recurrida sostuvo que el sujeto pasivo tuvo conocimiento y continua participación en las actuaciones y acciones desarrolladas, situación traducida en actos consentidos por éste último; al respecto, precisar que la Administración Tributaria no adjuntó prueba documental que permita demostrar dicho extremo, tampoco fundamentó ni explicó de qué manera los supuestos actos consentidos tenían relación o se enmarcaron a lo establecido por el artículo 61 de la Ley 2492, careciendo de una explicación sobre la relevancia que tuvieron a tiempo de rechazar la prescripción mediante el Auto N° 252130000196 de 9 de junio de 2021, extremo que imposibilita a esta instancia de alzada mayor pronunciamiento sobre este 

punto. 

Finalmente, la parte recurrente señaló como fundamento de derecho el entendimiento expresado en las Sentencias Constitucionales 0008/2014, 0636/2011, 387/2017, 0015/2019-S2 y 1169/2016-S3, todas con referencia al principio de irretroactividad de las disposiciones legales y vigencia de la norma, así como las Sentencias Constitucionales 0733/2019S3 y 0365/2018S2 referidas a la prescripción en materia tributaria; por ello, es importante aclarar, que el análisis expuesto por esta instancia recursiva, es acorde al pronunciamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional en resguardo de los derechos del sujeto pasivo. 

De todo lo expuesto, corresponde a esta instancia recursiva revocar totalmente el Auto N° 252130000196 de 9 de junio de 2021, emitido por la Gerencia Distrital de Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, declarando prescrita las facultades de sanción y de ejecución de la deuda tributaria, correspondiente al Proveído de inicio de Ejecución Tributaria (PIET) N° 2087/2012 y la Resolución Determinativa 1700724-11 por los periodos junio y julio de 2007 del IVA e IT. 

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POR TANTO: 

El suscrito Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley 2492 y artículo 141 del Decreto Supremo 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE el Auto N° 252130000196 de 9 de junio de 2021 emitido por la Gerencia Distrital de Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, declarando prescrita la facultad de ejecución de sanción y de la deuda tributaria, correspondiente al Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) No 2087/2012 y la Resolución Determinativa N° 17-0072411 por los periodos junio y julio de 2007 del Impuesto al Valor Agregad (IVA) e Impuesto a las Transacciones: (IT), sea de conformidad con lo dispuesto en el inciso a) del parágrafo 1 del artículo 212 del Código Tributario Boliviano

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario Boliviano, será de cumplimiento obligatorio para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

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TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

EGIONAL DE 

Abrahap Lanos cardi

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CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 de la Ley 2492, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computables a partir de su notificación. 

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Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

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jaúl Einar Rivas Camachu DIRECTOR EJECUTIVO REGIONAL DIRECCIÓN EJECUTIVA REGIONAL utoridad Reçicna! de Impugnación Tributaria Ciba. 

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