ARIT-CBA-RA-0292-2017 Revocación parcial de la Resolución determinativa, debido a que la Administración Tributaria en la determinación la deuda tributaria considero depósitos que no tiene relación con la actividad grabada del contribuyente, asimismo, existe información y documentación de ventas no declaradas por los que se mantiene la observación de omisión de pago de IVA debito fiscal e IT

ARIT-CBA-RA-0292-2017

Cochabamb

L

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARITCBA/RA 0292/2017 

Recurrente’ 

: Patricia Soto Arandia 

Recurrido 

: Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Karina Paula Balderrama Espinoza 

Expediente 

: ARIT-CBA-0200/2016 

Acto Impugnado : Resolución Determinativa N° 17-0238-16 de 24 de marzo de 2016 

Fecha 

: Cochabamba, 24 de julio de 2017 

VISTOS: El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT CBA/ITJ 0292/2017 de 24 de julio de 2017, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

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  1. I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO 

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Resolución Determinativa N° 17-0238-16 de 24 de marzo de 2016, que determinó de oficio las obligaciones impositivas del sujeto pasivo Soto Arandia Patricia en la suma UFV’s 845.585.- equivalentes a Bs 1.785.963.-, correspondiente a tributo omitido, intereses y sanción por la conducta incurrida; asimismo calificó la conducta del sujeto pasivo como omisión de pago por el débito fiscal del Impuesto al Valor Agregado (IVA-DF) y el Impuesto a las Transacciones (IT) por los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2011; adicionalmente sancionó al sujeto pasivo con una multa de UFV’s 1.000.- de acuerdo al acta por contravenciones tributarias vinculadas al procedimiento de determinación. Acto notificado mediante cédula a Patricia Soto Arandia, el 4 de abril de 2016 (fojas 595-615 de 

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antecedentes administrativos). 

Teresa del Rosario 

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  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA II.1. Argumentos del recurrente Patricia Soto Arandia, mediante memorial presentado el 25 de abril de 2016 (fojas 20-32 vta. del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 17-0238-16 de 24 de marzo de 2016 emitida por la Gerencia Distrital s Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, manifestando lo siguiente: 

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9001 IBNORCA Sistema de Gaia 

du Calidad Certifieda NEC-27416 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

– 

– 

Que, por la forma de fiscalización, los cargos determinados son arbitrarios, toda vez que, pese a la documentación del SIRAT y la entregada por su persona, forzaron una determinación sobre base presunta de acuerdo a extractos bancarios de depósitos personales y propios; añadió que la Administración Tributaria en ningún acápite del acto impugnado demostró que los depósitos produjeron el hecho generador, acotó que adicionalmente pretenden validar como ventas todas las compras efectuadas sin considerar aspectos tangibles como saldos en su balance de la gestión 2011, la existencia de consumo propio y disponibilidad libre de dicho producto para fines que vea convenientes. 

Argumentó que, existen vicios de nulidad en el proceso, al no considerar la documentación enviada vía Sistema y que conforme al principio de verdad material debió considerarse que se tratan de cuentas personales y no se encuentran relacionadas con la acti en su totalidad, pues existen depósitos por otros conceptos entre ellos préstamos, ahorros de ganancias por gestiones anteriores, reservas de capital, entre otros

:. 

Indicó que, el procedimiento posee vicios de nulidad conforme a los artículos 96 y 99 de la Ley N° 2492 (CTB), al no existir una adecuada y correcta motivación del porqué de la deuda; añadió que, como sujeto pasivo, presento mediante el sistema de la Administración Tributaria los formularios 500, 200 y 400 por los meses fiscalizados, así como los libros de compras y ventas y otros conforme actas, situación por la que, la Administración Tributaria, no podía realizar una fiscalización por la vía de la base presunta, por cuanto, los documentos y declaraciones existen; adicionalmente refirió que, no le notificaron el informe final, hecho que acaece en un vicio, ya que es a través del mismo que se pretende establecer ingresos no declarados sin la correspondiente averiguación material de los hechos. 

Afirmó que, existe vulneración de los derechos al debido proceso y defensa al haber efectuado la notificación directamente con la vista de Cargo y Resolución Determinativa, sin antes poner en su conocimiento el informe de conclusión y valoración de descargos. 

Manifestó que, la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, no fundamentan o explican como obtuvieron el importe de Bs270.731.- (estado de resultados ajustado impositivamente); existe contradicción o falta de motivación entre lo señalado a fojas 10, 11 · con el por tanto de la resolución impugnada, pues no queda claro en qué incide el monto de la página 10; no existe compensación por la pérdida de la gestión 2010; liquidación incorrecta; toda vez que, en el cuadro cursante a fojas 16 del acto impugnado consignan en el cálculo del QUE que se refiere al IT, hecho que cae en contradicción y lleva a confusión 

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N@-150 

  1. 9001. IBNORCA Sistema de Gestio

de baildad Catificado TEC27414 

Cochabamba 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

cierta sobre la veracidad de la misma; no fundamenta y explica la conclusión, forma de liquidación aplicable al caso concreto respecto a la determinación del UE, siendo que, únicamente existe un cuadro que no explicó la obtención del resultado de la gestión y cual la relación con el resultado ajustado impositivamente; se evidencia a fojas 10 y 11 una variación con el cuadro cursante a fojas 16 que incluye otros conceptos, desembocando en la inexistencia de las especificación de la deuda tributaria. 

Señaló que, la Administración Tributaria, contaba cori los elementos necesarios para llevar una determinación sobre base cierta y que en el acto impugnado, el sujeto activo, no explicó por qué no aplicó el método de determinación sobre base cierta, de esta forma vulneró el derecho al debido proceso y a la defensa. Enunció el principio de informalismo y favorabilidad, además que, en el presente caso, no existió la impulsión e instrucción de oficio y de verdad material, pues no probaron que los depósitos deriven de la materialización de un hecho generador, 

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ACION 

Pérez 31 

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Alegó que, la Administración Tributaria, presumió que, todo lo que compró vendió en la misma gestión 2011, sin considerar la existencia de saldos declarados en sus estados contables de 2011, situación incongruente e inconsistente, pues contradice el importe reflejado en el Balance General como inventario de mercaderías al 31 de diciembre de 2011, además indicó que, la Administración Tributaria, tomó como parámetros para determinar ingresos no declarados, las compras efectuadas al proveedor Spechar Gonzales Hugo, sin considerar que dicho producto no es adquirido en su totalidad para fines comerciales, ya que, si bien fue vendido, realizó conforme la facturación reflejada en los libros y declaraciones juradas; prueba de ello es que no se apropio de la totalidad del crédito fiscal, de esta forma quedó demostrado que el destino de ese producto corresponde a fines personales; acotó que en inventario se encontraría un saldo pendiente de venta y parte se malogró al haber vencido de fecha. 

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Por los argumentos expuestos, solicitó la revocatoria de la Resolución Determinativa No 17 0238-16 de 24 de marzo de 2016 o en su defecto la anulación de obrados; asimismo en petitorio señaló que la acción para determinar impuesto omitido e imponer la sanción por parte de la Administración Tributaria prescribió, en razón a que las modificaciones efectuadas a la Ley N° 2492 (CTB) a través de las Leyes Nos. 291 y 317 no son aplicables. 

Teresa Rosario Soros Roch

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II.2. Auto de Admisión El 3 de mayo de 2016, la Autoridad Regional de Impugración Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Admisión EXPEDIENTE ARIT-CBA-0200/2016, admitiendo el Recurso de site de 

NB-150 

9001 JBNORCA Sistem d aton 

Gud Certifiuto WC77014 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit‘ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq(Quechua) 

– – 

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Alzada interpuesto por Patricia Soto Arandia, contra la Resolución Determinativa N° 17 0238-16 de 24 de marzo de 2016, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (fojas 33 del expediente administrativo). 

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente representada por Karina Paula Balderrama Espinoza, quien acredito personería conforme Resolución Administrativa de Presidencia No 030149-16 de 1 de abril de 2016 (fojas 36 del expediente administrativo), por memorial presentado el 24 de mayo de 2016 (fojas 37-49 del expediente administrativo), respondió negativamente el Recurso de Alzada con los siguientes fundamentos: 

Que, de la revisión de la documentación proporcionada por el proveedor Spechar Gonzales Hugo, estableció que la sujeto pasivo, adquirió desde junio a diciembre de 2011 mercadería que fue pagada a través de depósitos y transferencias en cuentas bancarias, observando que la frecuencia de las compras es habitual; añadió que, el sujeto pasivo, no presentó toda la documentación solicitada, de esta forma, al no contar con información suficiente para determinar los ingresos, solicitó a la recurrente precios de ventas durante la gestión 2011, informando que el precio final del turril de aceite es Bs1.630.-; asimismo solicitó información a los compradores, los cuales presentaron fotocopias de las facturas de ventas N° 62, 67, 69, 70, 71 y 73, por otra parte el proveedor presentó las facturas de ventas, estableciendo que la sujeto pasivo comercializó aceite comestible durante la gestión 2011. 

Indicó que, el Banco Ganadero, informó que la sujeto pasivo tiene una cuenta de caja de ahorro en moneda nacional, de esta forma revisando el extracto y la documentación de respaldo a las transacciones bancarias, advirtió que Patricia Soto Arandia, deposito personalmente el dinero y en los comprobantes de información confidencial sobre las operaciones bancarias, declaró expresamente que el origen de dichos fondos fue por la compra y venta de aceite; por lo que, la presunción de que los depósitos realizados en la cuenta bancaria provienen de la venta de aceite y que la cuenta se encuentra relacionado con la actividad comercial de la recurrente se basó en elementos objetivos y fácticos. 

Manifestó que, la sujeto pasivo no negó, desmintió ni refutó la prueba que sostiene la relación comercial que mantenía con su proveedor, añadió que en consideración a que la contribuyente no presentó la información que establezca a cabalidad la cantidad de productos adquiridos y vendidos con la respectiva factura, llevó a presumir que la totalidad 

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NB-ISO 

9001 IENORCA Sisico de Gatio

de la Calidad Certaicado EC7414 

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Cochabamba 

AUTORIDAD DE JAIPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

de las compras efectuadas, fueron vendidas, en aplicación de los medios y procedimientos establecidos por la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13. 

Argumento que, la Administración Tributaria, determinó las obligaciones tributarias sobre base presunta, conforme establece el parágrafo II del artículo 43, el numeral 4 inciso a) y c) del numeral 5 y numeral 6 del artículo 44, el numeral 1 del parágrafo | del artículo 45, el parágrafo Il y III del artículo 80 todos de la Ley N° 2492 (CTB) y los artículos 3, 4, 6 y 7 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13. 

Expresó que, la Vista de Cargo se constituyó en un acto administrativo preliminar que 

refiere el resultado de la verificación realizada, siendo que, en el presente caso, contiene los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamentaron la Resolución Determinativa N° 17-0238-16, tal como exige el parágrafo I del artículo 96 de la Ley N° 2492 (CTB). 

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Afirmó que, la recurrente no señaló ni invocó que aspecto o prueba no se habría considerado o fundamentado, asimismo que el informe de actuaciones no constituye en acto administrativo que deba ser notificado de forma personal, siendo que por el contrario forma parte del trabajo verificativo interno que se realizó por la Adrninistración Tributaria, no obstante, de conformidad al artículo 75 de la Ley N° 2492 (CTB) la recurrente tenía todo el derecho a acceder a todas las actuaciones; por lo que, afirmó que no existe violación al derecho a la defensa al ser el informe un documento interno como la misma sujeto pasivo reconoce en su recurso de alzada, más aun cuando no refiere la normativa específica a efectos de notificar con los referidos infoirnes. 

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AUTORIDADES 

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CENARIO 

Indicó que, la Resolución Determinativa guarda coherencia con lo determinado, especificando los antecedentes del caso, el tipo de determinación, los motivos y fundamentos por los cuales se llegó a un resultado, amparando en prueba fidedigna, haciendo una contrastación de la prueba y la ponderación final a efectos de fundar en derecho su ernisión; por lo que, no existe falta de congruencia entre los argumentos de la 

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Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, 

Teresa del Aesarios 

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Señaló que, precautelando el derecho al debido proceso, comunicó su accionar al sujeto pasivo, quien tuvo conocimiento del estado de la tramitación de los procesos tributarios; consiguientemente, al ratificar los cargos consignados en la vista de Cargo, actuó conforme a derecho y en apego al debido proceso. 

NB-ISO 

9001 IBNORCA SiteGo 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq(Quechua) 

Afirmó que, los artículos 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB) fueron modificados por las Leyes Nos. 291 y 317, estableciendo que para los hechos ocurridos en la gestión 2008, el término de la prescripción aumentará en un año de forma sucesiva concluyendo en la gestión 2018; por lo que, presumiendo la constitucionalidad de las normas vigentes, sólo procede su estricta aplicación y no su debate, adicionalmente señaló que, debe considerar que la notificación con la Orden de Verificación suspende el cómputo de la prescripción por seis meses, en ese entendido, la Administración Tributaria, ejerció su facultad de determinación e imposición de sanción en el plazo dispuesto para el efecto, consiguientemente corresponde rechazar la petición de prescripción. 

Por todo lo señalado, solicitó confirmar la Resolución Determinativa N° 17-0238-16 de 24 de marzo de 2016

11.4. Apertura del término probatorio y producción de prueba El 25 de mayo de 2016, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Apertura Término de Prueba EXPEDIENTE ARIT-CBA-0200/2016, disponiendo la apertura del término de prueba de 20 días comunes y perentorios para ambas partes en aplicación del inciso d) del artículo 218 de la Ley N° 2492 (Título V CTB) (fojas 50 del expediente administrativo). 

11.4.1. Administración Tributaria Mediante memorial presentado el 13 de junio de 2016, Karina Paula Balderrama Espinoza en representación legal de la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, ofreció y ratificó en calidad de prueba documental las dos carpetas presentadas al momento de responder el Recurso de Alzada (fojas 52-52 vta. del expediente administrativo)

11.4.2. Sujeto Pasivo Patricia Soto Arandia, mediante memorial de 14 de junio de 2016, ofreció como prueba de descargo la presentada por la Administración Tributaria al momento de responder el Recurso de Alzada, además de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1432/2015 y el Balance de la gestión 2010, reiterando los argumentos expuestos en su Recurso de Alzada y replicando su petitorio (fojas 61-64 del expediente administrativo). 

RM 

11.5. Alegatos 11.5.1. Sujeto Pasivo 

LV Patricia Soto Arandia, mediante nota de 4 de julio de 2016, presentó alegatos en conclusión V reiterando que en el presente caso, no se agotó todos los medios de averiguación material IBNORCA de los hechos, para determinar la existencia de uria obligación, por lo que la Administración contiene 

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NB-ISO 9001 

Sismo de Gauten 

de la Calidad Caticado EC241 

Cochabamba 

AUTORIDAD DE JAIPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Tributaria forzó la determinación sobre base presunta en base a depósitos bancarios de 

cuentas personales, asimismo que no tuvo movimiento de enero a mayo de 2011; posee en caja la suma de Bs309.893.- que son resultado de la gestión 2010 y que fueron depositados en la gestión 2011; no se benefició con el crédito fiscal de las facturas de compra que la Administración Tributaria le atribuye como ventas; el precio informado no consigna o considera los componentes del costo; la información remitida por las entidades bancarias no fue puesta a su conocimiento; y no procedieron con la notificación de los informes de actuaciones, finalmente se ratifica en los argumentos expuestos referidos a la prescripción solicitada y reitero su solicitud de revocatoria de la Resolución Determinativa N° 17-0238-16 (fojas 67-70 del expediente administrativo). 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA El 25 de febrero de 2014, la Administración Tributaria emitió la Orden de Fiscalización No 14990100068, a objeto de verificar la totalidad de los hechos y/o elementos correspondientes al IVE, IVA e IT de los periodos enero a diciembre de 2011. Acto notificado personalmente el 18 de agosto de 2015 (fojas 6 de antecedentes 

administrativos). 

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Saren Pérez 

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El 11 de noviembre de 2014, la Administración Tributaria emitió el Requerimiento de Documentación N° 143009000068, solicitando a la sujeto pasivo la siguiente documentación: Declaración Jurada del IVA, IT e IUE; Libro de ventas y compras; Notas fiscales de respaldo al debito fiscal IVA; Notas fiscales de respaldo al crédito fiscal; Extractos bancarios; Kardex; Inventarios; Comprobantes de Ingreso, Egreso y Diario; Libro de contabilidad mayores; Estados Financieros; y toda otra documentación que sea requerida durante el proceso de fiscalización, para dicho cometido otorgó el plazo de presentación hasta el 25 de agosto de 2015 (fojas 7 de antecedentes administrativos). 

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NOTES

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El 21 de septiembre de 2015, la sujeto pasivo presentó a la Administración Tributaria la siguiente documentación correspondiente a los periodos enero a diciembre de 2011: Declaración Jurada del IVA, IT e PUE; Libro de compras y ventas IVA; notas fiscales de respaldo al crédito fiscal IVA; Comprobantes de ingreso, egreso y diario; Estados Financieros (fojas 17 de antecedentes administrativos). 

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El 29 de diciembre de 2015, la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales emitió la vista de Cargo N° SIN/GDCBBA/DF/G3/FENC/01041/2015, señalando que, de la verificación realizada, se estableció la existencia de deuda tributaria por los periodos enero a diciembre de la gestión 2011, cuya liquidación previa asciende a 

NB-ISO 

9001 IBNORCA She double 

corded Certificado ECDut

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Justicia tributaria para vivir bieri Jan mit’ayir jach‘a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

UFV’s 801.657., importe que incluye el tributo omitido actualizado (IVA, IT e UE), intereses, sanción por la calificación preliminar de la conducta y muita por incumplimiento a deberes formales. Acto notificado personalmente el 31 de diciembre de 2015 (fojas 559-569 vta. de antecedentes administrativos). 

El 4 de febrero de 2016, la sujeto pasivo, presentó nota de descargos a la Vista de Cargo observado la determinación efectuada, manifestando que en el balance de la gestión 2011 y en el formulario 605 se advierte inventarios finales, que no fueron considerados, además que el IT no debe ser determinado al 3% del total de ventas, sino más bien como comisionistas debido a que el gobiemo interviene en el precio final, finalmente presentó recibos de préstamos que ascienden a Bs70.000.- y $us. 30.000.– que fueron depositados a la cuenta (fojas 583591 de antecedentes administrativos). 

El 24 de marzo de 2016, la Administración Tributaria emitió el Informe de Conclusiones SIN/GDCBBA/DJCC/UTJ/NFCL/00097/2016, manifestando que, dentro el término de prueba establecido en el artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB), la sujeto pasivo, no aceptó ni canceló la liquidación efectuada, asimismo el 4 de febrero presentó alegatos escritos a la Vista de Cargo, empero fueron presentados fuera del plazo establecido y con fotocopias simples, por lo que dicha documentación no desvirtúa la determinación y reparos que arribo la Vista de Cargo, consecuentemente recomendó la emisión de la Resolución Determinativa en cumplimiento y aplicación del artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB)

El 24 de marzo de 2016, la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales dictó la Resolución Determinativa N° 17-0238-16, que determinó de oficio las obligaciones impositivas del sujeto pasivo Soto Arandia Patricia en la suma UFV’s 845.585.– correspondiente a tributo omitido, intereses y sanción por la conducta incurrida; asimismo calificó la conducta del sujeto pasivo como omisión de pago por el debito fiscal del Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto a las Transacciones por los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2011; adicionalmente sancionó al sujeto pasivo con una multa de UFV’s1.000.- de acuerdo al acta por contravenciones tributarias vinculadas al procedimiento de determinación. Acto notificado mediante cédula el 4 de abril de 2016 (fojas 595615 de antecedentes administrativos). 

El 18 de julio de 2016, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBARA 0383/2016, anulando la Resolución Determinativa N° 17023816 hasta el vicio más antiguo, es decir, la Vista de Cargo No 

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9001 IBNORCA Site de Geulo

de la Candad Certificado EC27414 

Cochabamba 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

SIN/GDCBBA/DF/G3/FENC/01041/2015; toda vez que, carece de la motivación y fundamentación necesaria, así como también por advertir incongruencia en los datos, hechos y elementos empleados para la determinación sobre base presunta (fojas 86-97 vta. del expediente administrativo). 

El 10 de octubre de 2016, la Autoridad General de Impugnación Tributaria dictó la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1229/2016 resolviendo anular la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBARA 0383/2016 en razón a que no se advirtió los vicios de nulidad; asimismo porque no se considero en el análisis todos los argumentos de la Administración Tributaria (fojas 201-215 del expediente administrativo). 

El 13 de diciembre de 2016, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0698/2016, revocando parcialmente la Resolución Determinativa N° 17-0238-16, en la parte referida a la determinación de ingresos no declarados de los depósitos efectuados el 18 de marzo de 2011 por Bs96.740.- y el 20 de abril de 2011 por Bs3.500.-, modificando la deuda tributaria de UFV’s 845.585.- equivalentes a Bs1.785.963.- a UFV‘s 715.269.- equivalentes a Bs1.510.722.- que incluye tributo omitido, intereses, sanción por la calificación de la conducta y multa por incumplimiento a deberes formales por el IVA, IT e UE de los periodos enero a diciembre de 2011 (fojas 257-271 vta. del expediente administrativo). 

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El 3 de abril de 2017, la Autoridad General de Impugnación Tributaria dictó la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0371/2017 resolviendo anular la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0698/2016 en razón a que la instancia de alzada no se pronunció sobre la prueba presenta por el recurrente, vulnerando en consecuencia los derechos constitucionales referidos al debido proceso y defensa (fojas 337-355 vta. del expediente administrativo). 

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  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA IV.1. Cuestión Previa Inicialmente debemos aclarar que Patricia Soto Arandia, solicitó en su Recurso de Alzada la prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para determinar deuda tributaria e imponer sanciones de los periodos enero a diciembre de 2011, adicionalmente planteó la nulidad del procedimiento de verificación por contener vicios de nulidad, y finalmente planteó aspectos de fondo que cuestionan el importe determinado; consecuentemente, corresponde aclarar que, ésta instancia recursiva, analizará en primera instancia los vicios 

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NB-ISO 

9001 IBNORCA Shten d io 

Ultid Calificado AMEC-201

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani.(Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mkurrues tantanai, mhsati namit 

de nulidad denunciados, siendo que de no evidenciarse los mismo se entrará a revisar los aspectos de fondo. 

IV.2. De la notificación del informe La recurrente afirmó que, existe vulneración de los derechos al debido proceso y defensa al haber efectuado la notificación directamente con la vista de Cargo y Resolución Determinativa sin antes poner en su conocimiento el informe de conclus descargos, ya que es a través de los mismos que se pretende establecer ingresos no declarados sin la correspondiente averiguación material de los hechos. 

Por su parte, la Administración Tributaria indicó que el informe de actuaciones no se constituye en acto administrativo que deba ser notificado de forma personal, siendo que por el contrario forma parte del trabajo verificativo interno que se realizó por la Administración Tributaria, no obstante, de conformidad al artículo 75 de la Ley N° 2492 (CTB) la recurrente tenía todo el derecho a acceder a todas las actuaciones, por lo que no existe violación al derecho a la defensa al ser el informe un documento interno como la misma sujeto pasivo reconoce en su recurso de alzada, más aun cuando no refiere la normativa especifica a efectos de notificar con los referidos informes 

Al respecto, debemos indicar que las Sentencias Constitucionales 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de agosto y 12 de noviembre de 2004 respectivamente, disponen que: (...) el error o defecto de procedimiento será calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los defectos procedimentales provoquen indefensión material a la parte procesal que los denuncia y sea determinante para la decisión (...)”. En este sentido, el fundamento de toda nulidad de procedimiento, recae en la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la defensa y al debido proceso, imputable a la autoridad administrativa. 

Bajo ese lineamiento, se debe dejar en claro que no se produce indefensión cuando una persona conoce el procedimiento que se sigue en su contra y actúa en el mismo en igualdad de condiciones, tal como lo señala la SC 0287/2003-R, de 11 de marzo de 2003, que establece la siguiente doctrina y precedente constitucional: “(…) la indefensión no se produce si la situación en la que el ciudadano se ha visto colocado se debió a una actitud voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable por falta de la necesaria diligencia (...) no se encuentra en una situación de indefensión la persona a quien se ha dado a conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir en él, ni aquella otra que conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por un acto de su voluntad

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9001 IBNORCA Sistema de Gesun 

de la calidad Certificato NEC 21414 

Cochabambo 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Asimismo, corresponde indicar que de acuerdo a Manuel Ossorio, la notificación se entiende como la “Acción y efecto de hacer saber, a un litigante o parte interesada en un juicio, cualquiera sea su indole, o a sus representantes y defensores, una resolución judicial u otro acto del procedimiento” (OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Pág. 489). 

Adicionalmente, cabe anotar que la doctrina constitucional sostiene que el sistema normativo tributario referido a las notificaciones tiene por finalidad dar a conocer a los sujetos de la relación jurídica tributaria, las decisiones o resoluciones emitidas para que las partes puedan cumplir con alguna obligación establecida o para ejercer su derecho de defensa; así lo ha entendido el Tribunal Constitucional de Bolivia a través de la SC 1845/2004-R, que establece: que el conocimiento real y efectivo de la comunicación asegura que no se provoque indefensión en la tramitación y resolución en toda clase de procesos pues no se llenan las exigencias constitucionales del debido proceso, la tramitación de la causa se provocó indefensión; sin embargo, en coherencia con este entendimiento, toda notificación por defectuosa que sea en su forma, que cumpla con. 

su finalidad (hacer conocer la comunicación en cuestión), es válida”. 

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En la normativa tributaria, se tiene que el parágrafo I y IV del artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB) dispone: “ Sólo en casos en los que la Administración, además de ejercer su facultad de control, verificación, é investigación efectúe un proceso de fiscalización, el procedimiento se iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autoridad competente de la Administración Tributaria, estableciéndose su alcance, tributos y periodos a ser fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, así como la identificación del o los funcionarios actuantes, conforme a lo dispuesto en normas reglamentarias que a este efecto se emitan. IV. A la conclusión de la fiscalización, se emitirá la Vista de Cargo 

correspondiente.” 

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Por su parte, el parágrafo del artículo 96 de la Ley N° 2492 (CTB) establece: “%. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado.” 

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  1. IBNORCA Siteora de Calon 

de GCasad Cando NEC-740 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

El artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB) refiere de forma clara que: “Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para formular y presentar los descargos que estime convenientes.” 

De la norma citada precedentemente, se establece con claridad que los procedimientos de determinación efectuados por la Administración Tributaria en uso de su facultad de control, verificación, fiscalización e investigación establecidas en el numeral 1 del artículo 66 de la Ley N° 2492 (CTB), inician con la notificación de la Orden de fiscalización o verificación para que posteriormente a la conclusión de la fiscalización se dicte la Vista de Cargo respectiva; sin embargo, se debe tener en cuenta que esta constituye una imputación preliminar que debe contener los hechos, actos, datos y elementos verificados durante la sustanciación del procedimiento de fiscalización y que respaldan los cargos imputados al sujeto pasivo, con la finalidad de que este último, presente los argumentos y documentos de descargo que creyera convenientes en el plazo establecido de 30 días. 

Consecuentemente, la Ley N° 2492 (CTB) establece a la vista de Cargo, como el acto por el cual la Administración Tributaria comunica los resultados preliminares arribados en la fiscalización o verificación efectuada, constituyéndose en una imputación preliminar que puede ser desvirtuada con la presentación de descargos. 

De esta forma, al ser la Vista de Cargo una actuación que establece de forma preliminar los cargos, a fin de que el sujeto pasivo asuma defensa, debe ser notificado al sujeto pasivo al concluir la verificación efectuada, no siendo necesaria la notificación del informe de actuaciones del fiscalizador; toda vez que, este documento además de tener una finalidad informativa de carácter intemo, no genera efectos jurídicos en el administrado, siendo la Vista de Cargo el único documento en el cual debe basar su defensa. 

Por otra parte, la sujeto pasivo a objeto de respaldar legalmente el agravio relacionado a la falta de notificación de los informes de actuación de los funcionarios del SIN, trae a colación lo dispuesto en los parágrafo I, II y Il del artículo 33 de la Ley N° 2341 (CTB), el cual dispone: “9. La Administración Pública notificará a los interesados todas las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos subjetivos o intereses legitimos. II. Las notificaciones se realizarán en el plazo, forma, domicilio y condiciones señaladas en los numerales III, IV, V y VI del presente articulo, salvo lo expresamente 

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establecido en la reglamentación especial de los sistemas de organización adı aplicable a los órganos de la Administración Pública comprendidos en el Artículo 2 de la 

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9001 IBNORCA Sisleau de Geston 

della Certificado EC-77444 

Cochabamba 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

presente Ley. III. La notificación deberá ser realizada en el plazo máximo de cinco (5) días a partir de la fecha en la que el acto haya sido dictado y deberá contener el texto integro del mismo. La notificación será practicada en el lugar que éstos hayan señalado expresamente 

como domicilio a este efecto, el mismo que deberá estar dentro de la jurisdicción municipal de la sede de funciones de la entidad pública. Caso contrario, la misma será practicada en la Secretaría General de la entidad pública.” 

Ahora bien, en cuanto a la definición de acto administrativo, la citada Ley en su artículo 27 refiere: “Se considera acto administrativo, toda declaración, disposición o decisión de la Administración Pública, de alcance general o particular, emitida en ejercicio de la potestad administrativa, normada o discrecional, cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos en la presente Ley, que produce efectos jurídicos sobre el administrado. Es obligatorio, exigible, ejecutable y se presume legítimo.” 

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Consecuentemente de la lectura de la normativa citada precedentemente, se colige que lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley N° 2341 (LPA), no alcanza a los informes de actuaciones, en razón a que los mismos, no se constituyen en actos administrativos, al no producir efectos jurídicos sobre el administrado; toda vez que, se constituyen en actos intemos de la Administración Tributaria, que si bien deben reflejarse como parte de los antecedentes de hecho que fundamentan a la resolución a ser dictada, por su naturaleza, sólo previene, recomienda y aconseja establecer los mecanismos que debe adoptar el ente fiscalizador, constituyéndose en un acto preparatorio y no goza del carácter de estabilidad, pudiendo la autoridad apartarse del mismo. 

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Adicionalmente, debemos indicar que dicho razonamiento resulta concordante con lo dispuesto en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0371/2017 de 3 de abril de 2017, en el cual la instancia jerárquica señaló: “(…) por lo que, resulta evidente que el citado informe se constituye en un documento de carácter intemo puesto que no produce 

efectos juridicos sobre el administrado, en tal sentido, no tiene carácter de Acto – Administrativo y por consiguiente no corresponde que sea notificado según disponen los 

Artículos 27 y 33, Parágrafo I de la Ley N° 2341 (LPA), por lo que, no corresponde lo invocado por el recurrente en este agravio. 

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IV.3. Del método de determinación La recurrente manifestó que, presento mediante el sistema de la Administración Tributaria los formularios 500, 200 y 400 por los meses fiscalizados, así como los libros de compras, ventas y otros conforme las actas, situación por la que la Administración Tributaria no podía 

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9001 IBNORCA Sistema de Grau 

de corde Certificado NEC201

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realizar una fiscalización por la vía de la base presunta por cuanto los documentos

declaraciones existen. 

Por su parte, la Administración Tributaria, refirió que determinó las obligaciones tributarias sobre base presunta, conforme establece el parágrafo II del artículo 43, el numeral 4 inciso a) y c) del numeral 5 y numeral 6 del artículo 44, el numeral 1 del parágrafo I del artículo 45, el parágrafo Il y Ill del artículo 80 todos de la Ley N° 2492 (CTB) y los artículos 3, 4, 6 y 7 de la Resolución Normativa de Directorio N° RND 10-0017-13 

Al respecto, sobre los Métodos de Determinación, Carlos M. Giuliani Fonrouge, señala que: “Hay determinación con base cierta cuando la administración fiscal dispone de todos los antecedentes relacionados con el presupuesto de hecho, no sólo en cuanto a su efectividad, sino a la magnitud económica de las circunstancias comprendidas en él: en una palabra, cuando el fisco conoce con certeza el hecho y valores imponibles”. Respecto a las fuentes de información indica que: pueden haberte llegado por conducto del propio deudor o del responsable (declaración jurada) o de terceros (declaración jurada o simple información), o bien por acción directa de la administración (investigación y fiscalización) y, por supuesto, deben permitir la apreciación directa y cierta de la materia imponible: de lo contrario, la determinación seria presuntiva. En cuanto a la base presunta refiere que: “Si la autoridad administrativa no ha podido obtener los antecedentes necesarios para la determinación cierta, entonces puede efectuarse por presunciones o indicios, es lo que se conoce como determinación con base presunta.” (GIULIANI Fonrouge, Carlos M. Derecho Financiero, Volumen J. 58 Edición. 1993, Págs. 507-510). 

De la misma forma el citado autor manifiesta que: “Si la autoridad administrativa no ha podido obtener los antecedentes necesarios para la determinación cierta, entonces puede efectuarse por presunciones o indicios, es lo que se conoce como determinación con Base Presunta.” Añade que en las suposiciones “...) la autoridad debe recurrir al conjunto de hechos o circunstancias que, por su vinculación o conexión normal con los (...) previstos legalmente como presupuesto material del tributo, permiten inducir en el caso particular la existencia y monto de la obligación, asimismo, indica que: Los promedios y coeficientes generales que aplique no pueden ser fijados arbitrariamente o tomados al azar, sino que deben elaborarse sobre la base de la actividad del contribuyente o, por lo menos, adaptarse a las características y circunstancias de la explotación que se trate o según experiencia estadística recogida en actividades de la misma naturaleza(GIULIANI FONROUGE, Carlos M, Derecho Financiero. 51 Edición. Volumen I. Buenos Aires. Ediciones Depalma. 1993. Págs. 507510). 

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NB-ISO 9001 IBNORCA Sliema de Gestion 

de la calidad Caticado IEC-27-41

Cochabamba 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

En la normativa tributaria, el artículo 43 de la Ley N° 2492 (CTB), señala que la base imponible podrá determinarse por los siguientes métodos: I. Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo; II. Sobre base presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que, por su vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan deducir la existencia y cuantía de la obligación, debiendo concurrir alguna de las circunstancias reguladas en el artículo siguiente. Siendo que artículo 16 de la misma Ley define el hecho generador como el presupuesto de naturaleza jurídica o económica expresamente establecido por ley para configurar cada tributo, cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria. Por lo que para el caso de ingresos producto de ventas comerciales del giro del negocio el hecho imponible se circunscribe al momento en el cual la transacción (compraventa) se perfecciona ya sea con la transferencia de dominio del bien, o pago total o parcial efectuado, consecuentemente para determinar la deuda tributaria sobre base cierta, la Administración Tributaria, debe conocer de forma directa e indubitable los hechos de las transacciones observadas y sus valores imponibles, permitiendo poder establecer con total certeza la base imponible a través de la cual determinó la deuda tributaria. 

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De esta forma, debemos señalar que, para los dos métodos de determinación (cierta y presunta), es necesario que la Administración Tributaria cuente con información obtenida del propio recurrente o de terceros, diferenciando el empleo de cada método en función a los elementos de convicción del hecho generador que pueda proporcionar dicha información, es decir, se empleará la determinación sobre base cierta, cuando la información contenga elementos que permitan conocer con certeza e indubitablemente la existencia y cuantía de la obligación; y por el contrario, la determinación es sobre Base Presunta cuando dicha información, no permita la obtención de elementos certeros para efectuar la determinación, debiendo recurrir a hechos y sucesos que por su vinculación o conexión con las circunstancias fácticas que las leyes tributarias prevén como hechos imponibles, permiten deducir la existencia y cuantía de la obligación; consecuentemente, el hecho de que el sujeto pasivo haya presentado los formularios 500, 200 y 400 por los meses fiscalizados, así como los libros de compras y ventas u otros, no imposibilita que la Administración Tributaria determine la base imponible sobre base presunta. 

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Ahora bien, respecto a la falta de concurrencia de los supuestos establecidos en el artículo 44 de la Ley N° 2492 (CTB), debemos referir que, la citada disposición señala que la 

Administración Tributaria podrá determinar la base imponible usando el método sobre base 

  • presunta, sólo cuando habiéndolos requerido, no posea los datos necesarios para su 

Justicia tributaria para vivir bien 

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9001 IBNORCA Sistema de Gesun 

de la Calidad Certificado TEC77414 

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determinación sobre base cierta por no haberlos proporcionado el sujeto pasivo, en especial, cuando se verifique al menos alguna de las siguientes circunstancias relativas a éste último: 1. Que no se hayan inscrito en los registros tributarios correspondientes. 2. Que no presenten declaración o en ella se omitan datos básicos para la liquidación del tributo, conforme 3. Que se asuman conductas que en definitiva no permitan la iniciación o desarrollo de sus facultades de fiscalización. 4. Que no presenten los libros y registros de contabilidad, la documentación respaldatoria o no proporcionen los informes relativos al cumplimiento de las disposiciones normativas. 5. Que se den algunas de las siguientes: circunstancias: a) Omisión del registro de operaciones, ingresos o compras, así como alteración del precio y costo. b) Registro de compras, gastos o servicios no realizados o no recibidos. c) Omisión o alteración en el registro de existencias que deban figurar en los inventarios o registren dichas existencias a precios distintos de los de costo. d) No cumplan con las obligaciones sobre valuación de inventarios o no lleven el procedimiento de control de los mismos a que obligan las normas tributarias. e) Alterar la información tributaria contenida en medios magnéticos, electrónicos, ópticos o informáticos que imposibiliten la determinación sobre base cierta. f) Existencia de más de un juego de libros contables, sistemas de registros manuales o informáticos, registros de cualquier tipo o contabilidades, que contengan datos y/o información de interés fiscal no coincidentes para una misma actividad comercial. g) Destrucción de la documentación contable antes de que se cumpla el término de la prescripción. h) La sustracción a los controles tributarios, la no utilización o utilización indebida de etiquetas, sellos, timbres, precintos y demás medios de control; la alteración de las características de mercancías, su ocultación, cambio de destino, falsa descripción o falsa indicación de procedencia. 6. Que se adviertan situaciones que imposibiliten el conocimiento cierto de sus operaciones, o en cualquier circunstancia que no permita efectuar la determinación sobre base cierta

En la primera página de la Resolución Determinativa impugnada, fojas 595 de antecedentes administrativos, la Administración. Tributaria señaló el inciso a) del numeral 5 y numeral 6 del artículo 44 de la Ley N° 2492 (CTB) refiriendo que “resultante de la revisión, evaluación y valoración de la información presentada, la información que cursa en el Sistema Integrado de Recaudación para la Administración Tributaria SIRAT2 y la información proporcionada por terceros, se comprobó que el contribuyente no ha declarado la totalidad de las compras realizadas que derivaron en ventas no facturadas y no declaradas por el contribuyente (…)” 

Asimismo, de la revisión de los antecedentes administrativos, se tiene que la Administración Tributaria obtuvo información de proveedor, consistente en facturas de venta emitidas a nombre del sujeto pasivo, también comprobó la existencia de una cuenta bancaria a través 

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9001 IBNORCA Sixtema de Gestió

de Callded Cercado HEC2014 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

de la cual efectuó movimientos por concepto de compra y venta de aceite; constituyéndose en indicios para que el ente recaudador presuma la configuración de ingresos percibidos por ventas no declaradas por el sujeto pasivo, de productos adquiridos del proveedor Spechar Gonzales Hugo, las cuales tampoco habrían sido declaradas

Bajo ese escenario, se puede advertir que, para el caso de autos se configuró las circunstancias necesarias para la aplicación del método de determinación sobre base presunta, toda vez que, de la información obtenida de terceros, la Administración Tributaria determinó la existencia de ingresos no declarados en base a presunciones, las cuales fueron puestas a conocimiento del recurrente a través de la Vista de Cargo a fin de que esta pueda desvirtuarlas, por lo que, no corresponde lo manifestado por el recurrente al respecto, siendo correcto el método de determinación empleado por el Servicio de Impuestos Nacionales. 

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10.4. De la motivación y fundamentación de la Resolución Determinativa La recurrente indicó que el procedimiento posee vicios de nulidad conforme a los artículos 96 y 99 de la Ley N° 2492 (CTB), al no existir una adecuada y correcta motivación del porque de la deuda; toda vez que, la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa no fundamentan o explican cómo obtuvieron el importe de Bs270.731.- (estado de resultados ajustado impositivamente) no fundamenta y explica la conclusión, forma de liquidación aplicable al caso concreto respecto a la determinación del UE, siendo que únicamente existe un cuadro que no explica la obtención del resultado de la gestión y cual la relación con el resultado ajustado impositivamente, adió que en el acto impugnado la Administración Tributaria, no explica por qué no aplicó el método de determinación sobre base cierta, de esta forma vulneró el derecho al debido proceso y a la defensa. 

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En contrapartida, la Administración Tributaria indicó que la Vista de Cargo, se constituye en un acto administrativo preliminar que refiere el resultado de la verificación realizada, siendo que en el presente caso contiene los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamentaron la Resolución Determinativa N° 17023816, tal como exige el parágrafo del artículo 96 de la Ley N° 2492 (CTB), además que la recurrente, no señaló ni invocó que aspecto o prueba no se habría considerado o fundamentado; por lo que, la Resolución Determinativa, guarda coherencia con lo determinado, especificando los antecedentes del caso, el tipo de determinación, los motivos y fundamentos por los cuales se llegó a un resultado, amparando en prueba fidedigna, haciendo una contrastación de la prueba y la ponderación final a efectos de fundar en derecho su emisión

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9001 IBNORCA Sistema de Gestio 

debCaldad Cenicado EC 27014 

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Al respecto, la jurisprudencia constitucional sentada en la Sentencia Constitucional 2023/2010-R de 9 de noviembre -entre otras- estableció que: La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprende la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decid. Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que se ha arribado, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia (...)

De igual forma, la Sentencia Constitucional SC 0752/2002-R de 25 de junio, dispone que: “(…) la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas

Asimismo, la Sentencia Constitucional N° 0871/2010, de 10 de agosto de 2010, dispuso: “Es imperante además precisar que toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso debe contener los siguientes aspectos a saber. a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concréta y explícita todos y cada uno de los medios 

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9001 IBNORCA Sitten de Gettion 

de la Cuidad Certificado NEC 27014 

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Cochabamba 

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probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.” 

De la misma forma el parágrafo I del artículo 96 de la Ley N° 2492 (CTB) establece: “9. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado.” En relación a la Resolución Determinativa el parágrafo II del artículo 99 de la citada Ley dispone: “Il. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos minimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa.” 

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Remitiéndonos a los antecedentes administrativos, se tiene que la Vista de Cargo No SIN/GDCBBA/DF/G3/FENC/01041/2015 en su acápite “11. JUSTIFICACIÓN DEL TIPO DE DETERMINACIÓN” refiere que corresponde aplicar la determinación sobre base presunta; toda vez que, el sujeto pasivo no presentó la totalidad de las facturas de las compras realizadas a su proveedor Spechar Gonzales Hugo, los inventarios; kardex, facturas de ventas y otra documentación e información que respalde su actividad económica, situación que imposibilita el conocimiento cierto de sus operaciones, asimismo que de acuerdo a la información proporcionada por el Banco Ganadero S.A. se evidenció que Patricia Soto Arandia posee una cuenta de caja de ahorro, en la cual efectúa depósitos, retiros y transferencias durante la gestión 2011. 

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Asimismo, la Resolución Determinativa N° 17-0238-16 en su parte considerativa manifestó que resultado de la revisión, evaluación y valoración de la información presentada por el sujeto pasivo, la que cursa en el Sistema Integrado de Recaudación para la Administración Tributaria SIRAT2 y la información proporcionada por terceros, comprobó que el sujeto 

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9001 IBNORCA Shranu Gun 

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pasivo no ha declarado la totalidad de las compras realizadas, también comprobó la existencia de una cuenta bancaria a través de la cual efectuó movimientos por concepto de compra y venta de aceite que derivaron en ventas no facturadas y no declaradas por el contribuyente

De esta forma, se advirtió que, la Administración Tributaria dio a conocer al sujeto pasivo, los motivos por el cual procedió a determinar la deuda tributaria sobre base presunta. 

Por otra parte, la sujeto pasivo observó la diferencia de importes expresados en la Resolución Determinativa referentes al tributo omitido determinado del IVE, asimismo en el cálculo del citado impuesto se consignó al impuesto IT, asimismo argumento que no se consideró la compensación de la pérdida de la gestión 2010. 

Sin embargo, debemos señalar que, este aspecto, fue dilucidado por la Autoridad General de Impugnación Tributaria en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1229/2016 de 10 de octubre de 2016, en la cual, la autoridad jerárquica señaló: xix. En este entendido, si bien es evidente el error en el que incumó la Administración Tributaria al consignar incorrectamente, en la parte considerativa de ambos actos, el monto de Bs270.731.-, no es menos cierto que los cuadros expositivos que sustentan la determinación tributaria exponen el monto correcto de B$184.081., y que de la suma del Tributo Omitido por impuesto detallado en cada uno de los cuadros de la Vista de Cargo y Resolución Determinativa, y Multa por incumplimiento a Deberes Formales, se comprueba que para establecer el total de la deuda tributaria la Administración Tributaria consideró el monto correcto, por lo que el Contribuyente conoció en forma detallada los ajustes que originaron los reparos, y consecuentemente este error no ocasionó indefensión en el Contribuyente como interpretó la ARIT.” 

De la misma forma prosigue manifestando: “xxiii. Prosiguiendo, en lo referido a que la Administración Tributaria no consideró la compensación de pérdidas de la gestión 2010 en la determinación, sin explicar las razones, de la revisión de la Declaración Jurada F-500 N° 3036227137, y el Estado de Resultados presentado por la Contribuyente, ambos por la gestión concluida al 31 de diciembre de 2011 (fs. 133 y 509 de antecedentes administrativos c.1 y 2), se advierte que fue la propia Contribuyente quien no consideró dicho concepto en la determinación del resultado de la gestión 2011, por lo que no es evidente que la Administración Tributaria hubiera omitido ese concepto en la elaboración del Estado de Resultados impositivo expuesto tanto en la vista de Cargo, como en la Resolución Determinativa (ts. 567 y 605 de antecedentes administrativos). De igual manera, 

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9001 IBNORCA Sistema de Gestión 

de la calidad Cotiedo RECU14 

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Cochabamba 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

en los descargos presentados, la Contribuyente no planteó tal argumento para ser analizado por la Administración Tributaria en la emisión de la Resolución Determinativa, lo que demuestra una vez más, que la Administración Tributaria no omitió la consideración de dicho concepto en la determinación de la Base Imponible del (UE, correspondiendo desestimar el agravio.” 

Asimismo, debemos indicar que conforme al análisis expuesto en la Resolución de Recurso Jerárquico AGITRJ 0371/2017 de 3 de abril de 2017, tanto la Vista de Cargo No SIN/GDCBBA/DF/G3FENC/01041/2015, así como la Resolución Determinativa N° 17 023816 contienen los requisitos establecidos en los artículos 96 y 99 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que, corresponde rechazar este agravio. 

IV.5. De la prescripción Sobre este punto, la recurrente manifestó que la acción para determinar impuesto omitido, e imponer la sanción por parte de la Administración Tributaria prescribió, en razón a que transcurrió el plazo de 4 años establecido en el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) y porque las modificaciones efectuadas a la Ley N° 2492 (CTB) a través de las Leyes Nos. 291 y 317, no son aplicables. 

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En contrapartida, la Administración Tributaria señaló que, los artículos 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB) fueron modificados por las Leyes Nos. 291 y 317, estableciendo que para los hechos ocurridos en la gestión 2008, el término de la prescripción aumentará en un año de forma sucesiva concluyendo en la gestión 2018, por lo que presumiendo la constitucionalidad de las normas vigentes, solo procede su estricta aplicación y no su debate, adicionalmente señaló que; debe considerar que la notificación con la Orden de Verificación suspende el cómputo de la prescripción por seis meses, por lo que, la Administración Tributaria, ejerció su facultad de determinación e imposición de sanción en el plazo dispuesto para el efecto, por lo que corresponde rechazar la petición de prescripción 

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Al respecto, la doctrina entiende a la prescripción como: “a caducidad de los derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos legales para su posible ejercicio”, asimismo, debe tomarse en cuenta que la prescripción responde a los principios de certeza y seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento jurídico (Ossorio, Manuel. Diccioriario de ciencias jurídicas, políticas y sociales, Pág. 601) (García Vizcaíno, Catalina. Derecho Tributario. Tomo I). 

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9001 JBNORCA Sistema de Gestió 

de calidad Certiflesso REC-27014 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

De igual forma, José María Martín señala que: “La prescripción es generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla” (MARTIN José Maria, Derecho Tributario General, 28 edición, Pág. 189). Asimismo, el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual establece que la prescripción de las obligaciones no reclamadas durante cierto tiempo por el acreedor o incumplidas por el deudor frente a la ignorancia o pasividad prolongadas del titular del crédito, tomándose las obligaciones inexigibles, por la prescripción de acciones que se produce (CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 24a edición, pág. 376)

Ahora bien, respondiendo el agravio de que no corresponde la aplicación de las modificaciones establecidas en las Leyes Nos. 219 y 317 respecto al artículo 59 del Código Tributario, por cuanto no se puede aplicar de manera retroactiva la normativa; a efecto de realizar el análisis de la prescripción para el presente caso, debemos remitirnos al pronunciamiento realizado por la Autoridad General de Impugnación Tributaria acerca del instituto de la prescripción, exponiendo en las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT RJ 1051/2015 de 23 de junio de 2015 y AGIT-RJ 0968/2015 de 26 de mayo de 2015 -entre otras– el siguiente análisis: “...) se debe considerar que de acuerdo a la teoría de los derechos adquiridos, la simple esperanza de un derecho carece de algún requisito extemo para lograr la plenitud e integralidad de un derecho adquirido, por lo que el derecho no perfeccionado es susceptible de afectación por una modificación legal; de este modo, en el presente caso, al estar vigentes las Leyes Nos. 291 y 317, que modificaron la Ley N° 2492 (CTB), su aplicación sobre derechos no perfeccionados resulta ser imperativa. Asimismo, cabe puntualizar que la Autoridad de impugnación Tributaria como entidad administrativa encargada de impartir justicia tributaria, por disposición del Artículo 197 del Código Tributario Boliviario, no es competente para realizar el control de constitucionalidad de las normas vigentes, correspondiendo aplicar las mismas, toda vez que por imperio de lo establecido en el Artículo 5 de la Ley N° 027, de 6 de julio de 2010, se presume la constitucionalidad de toda Ley, Decreto, Resolución y actos de los Órganos del Estado en todos sus niveles.” (El resaltado es nuestro). 

Respecto a la prescripción de la facultad de determinación e imposición de sanciones de la administración tributaria por los periodos enero a diciembre de la gestión 2011, cabe indicar que a través de la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 291, de 22 de 19001 septiembre de 2012, se modificó el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), de la siguientes 

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IBNORCA Sistema de Gcsuon 

de la Colldad Certifiezda NEC 27014 

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Cochabamba 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

manera: I. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años en la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar, y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. Adicionalmente la Ley N° 317 en su disposición Derogatoria y Abrogativa primera, derogó el último párrafo del parágrafo del artículo 59 modificado por la Ley N° 291; de igual forma en su Disposición adicional Décima Segunda, modificó los parágrafos 1 y ll del artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB) disponiendo que el término de la prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. 

De esta forma en cuanto al término de la prescripción de la facultad de determinación, la . norma prevé que en la gestión en curso las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los ocho (8) años, asimismo debemos.indicar que el parágrafo I del artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB) dispone que “El curso de la prescripción se suspende con: 1. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses.”, por lo que el término de la prescripción se configura de la siguiente manera

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Loy Aplicable (2492 (CTB), voramiento modificada 

para el pago. I Leyes 291 y :

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8 años 

01/01/2012 

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Enero 2011 Febrero 

2011 Marzo 2011 

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Marzo 2011 

8 años 

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6 meses 

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Abril 2011 

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6 meses 

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Abril 2011 

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Mayo 2011 

8 años 

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6 meses 

30/06/2020 

Mayo 2011 

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Junio 2011 

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6 meses 

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Junio 2011 

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Julio 2011 

8 años 

01/01/2012 

6 meses 

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30/06/2020 30/06/2020 

Julio 2011 

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8 años 

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Agosto 2011 Septiembre 

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6 meses 

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do la calidad Certificado X*EC27414 

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Justicia tributaria para vivir bien Man mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua

NATO 

De lo expuesto hasta este punto, se colige que la facultad de la Administración Tributaria para determinar e imponer sanciones correspondientes a los periodos enero a noviembre de 2011, prescriben el 30 de junio de 2020 y el periodo diciembre 2011 prescribe el 30 de junio 2021, conforme el cuadro precedente y considerando la suspensión de 6 meses del cómputo de la prescripción por la notificación de la Orden de Fiscalización conforme el parágrafo | del artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB); consecuentemente, corresponde rechazar lo argumentado por el recurrente al respecto, al encontrarse vigentes las facultades de determinación e imposición de sanciones a momento de emitir y notificar la Resolución Determinativa

IV.6. De la configuración de ingresos no declarados Patricia Soto Arandia, argumento que la Administración Tributaria no demostró que los 

  • depósitos hayan producido el hecho generador, acotó que adicionalmente pretenden validar como ventas todas las compras efectuadas sin considerar aspectos tangibles como saldos en su balance de la gestión 2011, la existencia de consumo propio y disponibilidad libre de dicho producto para fines que vea convenientes

En respuesta, la Administración Tributaria señaló que, el Banco Ganadero S.A., informó la existencia de una cuenta de caja de ahorro a nombre de la sujeto pasivo, advirtiéndose además que Patricia Soto Arandia, deposito personalmente el dinero y en los comprobantes de información confidencial sobre las operaciones bancarias, declaró que el origen de dichos fondos son por la compra y venta de aceite; por lo que, se presume que los depósitos realizados en la cuenta bancaria provienen de la venta de aceite y que la cuenta se encuentra relacionado con la actividad comercial de la recurrente se basa en elementos objetivos y fácticos; acotó que la sujeto pasivo, no niega, desmiente ni refuta la prueba que sostiene la relación comercial que mantenía con su proveedor; por lo que, considerando que la contribuyente no presentó la información que establezca la cantidad de productos adquiridos y vendidos con la respectiva factura, permite presumir que la totalidad de las compras efectuadas, fueron vendidas, en aplicación de los medios y procedimientos establecidos por la Resolución Normativa de Directorio N° 100017-13. 

Remitiéndonos a la Resolución Determinativa N° 17-023816, se advierte que la Administración Tributaria a efectos de establecer la configuración de ingresos por ventas no declaradas puntualizó dos situaciones, en primera instancia, señaló la existencia de una cuenta bancaria a nombre de la recurrente, en la cual se efectuaban depósitos y retiros de efectivo provenientes de la compra y venta de aceite, producto de este hecho, el SIN determinó la configuración de ingresos no declarados en los periodos enero a mayo de 

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9001 IBNORCA Sissema de Gestión 

del Ceildad Certificado EC 27014 

AI

Cochabamba 

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AUTORIOAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

2011; toda vez que, Patricia Soto Arandia no logró demostrar la procedencia de dichos movimientos en la cuenta bancaria; adicionalmente el ente recaudador observó la existencia de compras efectuadas al proveedor Spechar Gonzales Hugo en los periodos junio a diciembre de 2011 y que no fueron declaradas por la sujeto pasivo, razón por la que presumió que todo lo que compró fue vendido sin la correspondiente nota fiscal. 

Prosiguiendo con el análisis, en relación a los inventarios de productos consignados en el Balance General (inicial y final) la Administración Tributaria señaló que dichos inventarios no pueden ser considerados en la determinación efectuada, en razón a que no existirían elementos para establecer y corroborar los importes en inventario inicial y final, debido a que la sujeto pasivo no presentó la documentación pertinente para determinar y establece

saldos de inventarios. 

Ahora bien, de la revisión de los antecedentes administrativos se tiene que en la Resolución Determinativa impugnada, la Administración Tributaria observó 18 depósitos efectuados en la cuenta bancaria a nombre de Patricia Soto Arandia, estableciendo que dichos depósitos fueron producto de ventas no declaradas en los periodos enero a mayo de 2011; toda vez que, de los 18 depósitos, 3 depósitos cuentan con el formulario de información confidencial sobre operaciones bancarias, en los cuales, la propia recurrente manifestó que el origen de los fondos es por la compra y venta de aceite comestible correspondiendo al giro del negocio; asimismo 13 depósitos fueron considerados ingresos no declarados, en razón a que fueron efectuados por la propia contribuyente, la cual no demostró ni presentó prueba o explicación respecto a su origen; y finalmente 2 depósitos fueron observados a entender del SIN por haber sido realizados por personas relacionadas con la actividad económica de la sujeto pasivo. 

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En principio, corresponde indicar que es evidente la existencia de los formularios de información confidencial sobre operaciones bancarias, en los cuales es la propia recurrente que acepta y declara que los fondos depositados en su cuenta personal, provienen de la compra y venta de aceite comestible, actividad por la cual se encuentra inscrita de conformidad a la consulta de padrón cursante a fojas 572 de antecedentes administrativos; hecho que permite deducir indirectamente la vinculación de la cuenta personal de la recurrente con la actividad gravada. 

Teresa del pasarios 

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NB-ISO 

9001 IBNORCA 

Prosiguiendo con el análisis, debemos indicar que si bien 13 depósitos, no cuentan con el formulario de información confidencial sobre operaciones bancarias, empero conforme lo 

señalado precedentemente, existen elementos que permiten deducir la vinculación de la 

Justicia tributaria para vivir bien 

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de la calidad Cerrado N’EC27

cuenta personal a la actividad gravada, asimismo se debe considerar que la Administración Tributaria empleó el método de determinación sobre base presunta; por lo que, era responsabilidad de la sujeto pasivo presentar prueba que permita desvirtuar la presunción realizada por el SIN, toda vez que de conformidad al parágrafo II del artículo 80 de la Ley N° 2492 (CTB): En las presunciones legales que admiten prueba en contrario, quien se beneficie con ellas, deberá probar el hecho conocido del cual resulte o se deduzca la aplicación de la presunción. Quien pretenda desvirtuar la presunción deberá aportar la prueba correspondiente.” 

En el presente caso, la sujeto pasivo argumento que los depósitos realizados a su cuenta personal provienen de créditos y otras actividades ajenas a la inscrita ante la Administración Tributaria y por la cual es responsable del gravamen; sin embargo, revisando la prueba presentada en sede administrativa consistente en recibos de pago por concepto de créditos, plan de pagos de créditos, recepción y entrega de documentos en garantía y recibos; en primera instaricia, debemos indicar que los mismos fueron presentados en fotocopia simple y fuera del plazo establecido en el artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB); asimismo dichos documentos no guardan correspondencia con el presente caso, en razón a que los créditos fueroni otorgados a terceras personas y no a Patricia Soto Arandia, por importes distintos y en fechas anteriores, además los recibos por los cuales la sujeto pasivo indicó haber recibido prestamos de terceras personas no cuentan con documentación complementaria que permita corroborar su veracidad. 

De esta forma, si bien la sujeto pasivo. argumenta que los depósitos efectuados en su cuenta bancaria provienen de préstamos obtenidos de terceras personas, empero no presentó en sede administrativa ni ante esta instancia recursiva, documentación que respalde el extremo incumpliendo lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB); por lo que resulta correcta la presunción de la Administración Tributaria. 

No obstante a lo referido precedentemente, debemos indicar que el ente recaudador observó dos depósitos efectuados el 18 de marzo de 2011 por Bs96.740.– y el 20 de abril de 2011 por Bs3.500.-, en razón a que a entender del Servicio de Impuestos Nacionales, fueron efectuados por terceras personas que se encuentran vinculadas a la actividad gravada de la sujeto pasivo; siri embargo, de la revisión exhaustiva de los antecedentes administrativos, no se advierte prueba o documento que permita vincular a las personas depositantes de dichos fondos con la actividad gravada de Patricia Soto Arandia, asimismo señalar que la Administración Tributaria no refiere argumento o fundamento que acredite el extremo, adicionalmente se debe considerar que de conformidad al formulario desk 

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9001 IBNORCA Sisena do Gution 

de la Calidad Certificado EC2741

Cochobamba 

ESTA 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

información confidencial sobre operaciones bancarias (el cual fue sustento deducir la vinculación de los depósitos con la actividad gravada) cursante a fojas 450 de antecedentes administrativos, la sujeto pasivo declaró que los Bs96.740.- depositados el 18 de marzo de 2011 provienen de la compra y venta de divisas, actividad que no tiene relación con la determinación efectuada; por lo que, corresponde a ésta instancia recursiva, levantar la observación a estos dos depósitos al no existir elementos o prueba que permita deducir su vinculación con la actividad gravada de Patricia Soto Arandia. 

Por otra parte, en relación a la configuración de ventas no declaradas por la existencia de productos adquiridos de su proveedor Hugo Spechar Gonzales y no declarados por la recurrente, debemos reiterar en primera instancia que de conformidad al parágrafo II del artículo 80 de la Ley N° 2492 (CTB), quien pretenda desvirtuar la presunción, debe probar lo contrario, y en el presente caso, si bien la recurrente argumento que no todos los productos fueron adquiridos para la venta, sino para consumo propio y otra parte fue dado de baja por caducidad del producto, empero no aportó prueba que demuestre el extremo 

del análisis de los estados financieros proporcionados por la sujeto pasivo, se evidencia que no fue registrado contablemente la baja del producto; constituyéndose los argumentos en simples afirmaciones sin respaldo documental, hecho que también vulnera el artículo 76. de la Ley N° 2492 (CTB). 

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En este sentido, no se advierte prueba que acredite lo argumentado por la sujeto pasivo en su Recurso de Alzada referido a los productos comprados a su proveedor, asimismo ante este panorama y la falta de documentación que respalde las operaciones de Patricia Soto Arandia, debemos indicar que no se puede considerar los saldos de inventario de producto por no existir prueba documental que los respalde y de certeza de los importes registrados, siendo que por el contrario existen elementos que permiten deducir la existencia de ventas no declaradas por la recurrente y que cuestionan lo declarado en los .Estados Financieros; por lo que corresponde la presunción efectuada por el Servicio de 

Impuestos Nacionales, debiendo fechazar lo argumentado por la recurrente al respecto. 

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En suma, se advirtió que el proceso de determinación no contiene vicios de nulidad, siendo 

que, tanto la Vista de Cargo, como la Resolución Determinativa impugnada, poseen la Teresa del Agsario 

motivación y fundamentación necesaria, asimismo si bien se advirtió la existencia de errores en la consignación de datos y denominación del Impuesto liquidado, empero este hecho no causó indefensión alguna, por otra parte, la recurrente no aportó prueba que permita demostrar los extremos denunciados en su Recurso de Alzada, no obstante, en la parte referida a la determinación de ingresos no declarados, ésta instancia recursiva evidenció 

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9001 LENORCA Sistema de Gaulle

de la calidad Ceruficado MEC2741

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que la Administración Tributaria, no posee elementos que permitan establecer la vinculación de los depósitos efectuados el 18 de marzo de 2011 por Bs96.740.- y el 20 de abril de 2011 por B$3.500.-, por lo que corresponde levantar su observación, no debiendo ser considerados por el ente recaudador al momento de efectuar la liquidación del tributo omitido y cálculo de la deuda tributaria

IV.7. De la prueba presentada en instancia de Alzada Al respecto, inicialmente debemos indicar que la Autoridad General de Impugnación Tributaria a través de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0371/2017 de 3 de abril de 2017, estableció que esta instancia recursiva al momento de emitir la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0698/2016 omitió pronunciarse respecto a la prueba presentada por la parte recurrente, hecho que vulneraria el derecho al debido proceso y la defensa

Por lo que, en cumplimiento a lo dispuesto en la resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0371/2017 de 3 de abril de 2017 citado, esta instancia recursiva compulsara la prueba presentada por Patricia Soto Arandia durante el término probatorio

De esta manera, se tiene que la sujeto pasivo por memorial presentado el 14 de junio de 

2016, ofreció como prueba: 1) Resolución de Recurso Jerárquico AGITRJ 1432/2015 de ’10 de agosto de 2015; 2) Estados Financieros de la gestión 2010; y 3). Declaraciones 

Juradas, Libros de compras, comprobantes de egreso, comprobantes de ingreso, libro de ventas, libro diario; asimismo en su memorial de alegatos cito como precedente la Sentencia Constitucional No 1071/2014 (fojas 61-64 y 67-70 vta: del expediente 

administrativo). 

En la normativa interna, el artículo 1:15 parágrafo II de la Constitución Política del Estado (CPE) establece que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; el artículo 117 parágrafo l de la norma suprema citada dispone que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso; continuando con la norma citada el artículo 119 parágrafo ll que dispone que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa

” 

De esta manera, debemos indicar que la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1432/2015 de 10 de agosto de 2015 respecto a la determinación de ingresos no Norte declarados, a través de la información proporcionada por entidades financieras concluyó: Sterne 

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IBNORCA Siseu de Gestio

de la Catted Certificado N*EC-2TV1

Cochabamba 

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III 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

De lo que se colige que la Administración Tributaria consideró como base para la determinación de ingresos no declarados, los depósitos de las Cuentas Bancarias N° 1041 110337, la cual pertenece a Aldo Elidió Ribera Vargas, quien es el representante legal de la Empresa recurrida, y las Cuentas Nos. 1041-673826, 1042-074968, 1041-085996 y 1041 078436 que pertenecen a la Empresa Montaje y Construcciones industriales Limitada M.C.I. Ltda. -considerando Liberación de depósitos Chq/ajenos, abonos por Orden de ACH y otros – del Banco Ganadero; presumiendo que corresponden a una actividad económica; no obstante; ésta información no permite deducir la existencia y cuantía de la obligación tributaria en su real magnitud, en los términos que plantea el Artículo 43, Parágrafo / de la Ley N° 2492 (CTB).” 

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Prosiguió señalando, que: Por otra parte, se evidencia que los abonos realizados en la Cuenta Corriente del Banco Ganadero observados como ingresos no declarados-, obtenidos de la comparación con las ventas declaradas, no demuestran que el origen de tales depósitos provengan de una venta, ya que según el Artículo 2 de la Ley N° 843 (TO), se considera venta toda transferencia a título oneroso que importe la transmisión del dominio de cosas muebles; por consiguiente, las observaciones por las citadas Cuentas Bancarias no se encuentran debidamente fundamentadas, vale decir, que no se exponen las causas o motivos suficientes para considerar que dichos depósitos tienen como origen y correspondan a ingresos por ventas, por lo que no sólo debió limitarse a la información contenida en los Extractos Bancarios, sino obtener otros elementos de prueba, que de manera cierta o indirecta le permitan tomar convicción de que los depósitos observados constituyan ingresos no declarados, por lo que correspondía a la Administración: Tributaria, efectuar procedimientos alternativos como el solicitar al Sistema Bancario justificaciones por desitos, identificación de los depositantes entre otros– procedimientos conducentes a probar que los depósitos corresponden a ingresos no declarados, que le permitan deducir la existencia y cuantía de la obligación en ménto a datos o elementos, en base a los cuales se establezca que tales depósitos están vinculados 

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a la actividad comercial.” 

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Entendiéndose de lo citado por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, que el ente recaudador a efecto de establecer la configuración de ingresos no declarados producto del movimiento económico en cuentas bancarias de los sujetos pasivos, debe basar su determinación no solo en extractos bancarios, sino debe obtener otros elementos de prueba, que de manera cierta o indirecta le permitan tomar convicción de que los depósitos observados constituyan ingresos no declarados. 

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du Calldal Certificado RĘC27414 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua

En el presente caso, la Administración Tributaria solicitó mediante nota CITE:SINGDCBBA/DF/G3/FE/NOT/04385/2015 a las entidades bancarias a través de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), información documentada respecto a: 1) Estados de cuenta o extractos de cajas de ahorro, cuentas corrientes, depósitos a plazo fijo, pagos al exterior y otras operaciones bancarias; 2) Estados de cuentas de los movimientos en fondos de inversión, generados en las sociedades administradores de fondos de inversión y 3) El desglose de cada transacción con documentos de respaldo de los movimientos realizados por Patricia Soto Arandia en sus cuentas y otras cuentas.

Producto de esta solicitud, la Administración Tributaria’evidenció la existencia de una cuenta de caja de ahorro a nombre de la sujeto pasivo, en la cual se efectuaban depósitos de efectivo; asimismo, de la documentación que acompañó la entidad bancaria informante respecto al movimiento de la referida cuenta, el SIN observó 18 depósitos efectuados, estableciendo que dichos depósitos fueron producto de ventas no declaradas en los periodos enero a mayo de 2011, toda vez que de los 18 depósitos, 3 depósitos cuentan con el formulario de información confidencial sobre operaciones bancarias, en los cuales, es la propia recurrente manifestó que el origen de los fondos es por la compra y venta de aceite comestible, el cual corresponde al giro del negocio; asimismo, se tiene que 13 depósitos fueron considerados ingresos no declarados, en razón a que fueron efectuados por la propia contribuyente, la cual no demostró ni presentó prueba o explicación respecto a su origen; y finalmente 2 depósitos fueron observados a entender del SIN por haber sido realizados por personas relacionadas con la actividad económica de la sujeto pasivo.

… 

De esta manera, resulta claro que la Administración Tributaria a efecto de establecer la existencia de ingresos no declarados por depósitos en cuentas comientes a nombre de la sujeto pasivo, no basó su fundamento solamente en el extracto bancario de la cuenta, por cuanto consideró además, los formularios de información confidencial sobre operaciones bancarias, así como los comprobantes de depósito, por lo que el precedente citado por la recurrente no resulta ser un caso homólogo y en consecuencia no es aplicable al presente caso por contener elementos adicionales

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Respaldando lo citado precedentemente, debemos traer a colación lo dispuesto por la Autoridad General de Impugnación Tributaria en su Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0371/2017 de 3 de abril de 2017 que a la letra estableció: Respecto a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1432/2015 citada como precedente administrativa; corresponde aclarar que según dicha resolución los Extractos Bancarios no 

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9001 IBNOKCA: Sistema de Gelloni 

de la Callded Certificado NEC 2014 

Cochabamba 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

son suficientes para determinar ingresos por ventas; no obstante, en el presente caso la Administración Tributaria no baso su análisis únicamente en dicho documento bancario, sino que también consideró los comprobantes de depósitos y las cartas de instrucciones ofrecidas por el Banco Ganadero; en ese sentido, no es posible aplicar el contenido de la citada Resolución Jerárquica al presenta caso, tal cual propone Patricia Soto Arandia.” 

Respecto a los Estados Financieros de la gestión 2010, debemos indicar que dichos estados no aportan elementos probatorios, por no contar con documentación contable financiera de respaldo que permita corroborar los datos contenidos, hecho que se reproduce con las declaraciones juradas, libros de compras, comprobantes de egreso, comprobantes de ingreso, libro de ventas y libro diario; asimismo, debemos aclarar que la Administración Tributaria observó la existencia de operaciones de venta no declaradas por la sujeto pasivo en los referidos documentos, por lo que dicha documentación no demuestran los extremos señalados en el Recurso de Alzada, siendo que se advirtió la configuración de ingresos no declarados sobre base presunta

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Finalmente, respecto al precedente establecido en la Sentencia Constitucional No 0871/2010 de 10 de agosto de 2010, debemos indicar que en el presente caso, conforme lo analizado hasta este punto, se tiene que la Administración Tributaria cumplió a cabalidad lo dispuesto en los artículos 96 y 99 de la Ley N° 2492 (CTB) resultando correcta la deducción efectuada por el SIN, máxime si la parte recurrente no demostró con pruebas respaldatorias los extremos argumentados en su Recurso de Alzada, existiendo en contrapartida información y documentación que permiten deducir la existencia de la deuda tributaria, por lo que no corresponde lo manifestado por la recurrente al respecto. 

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En suma, conforme a los fundamentos expuestos se tiene que el acto impugnado no contiene vicios de nulidad, asimismo el sujeto pasivo no logró demostrar lo extremos denunciados en su recurso de alzada; no obstante los depósitos efectuados el 18 de marzo de 2011 por Bs96.740.- y el 20 de abril de 2011 por Bs3.500., no debieron ser considerados por la Administración Tributaria al momento de efectuar la liquidación del tributo omitido y cálculo de la deuda tributaria, toda vez que, los mismos no poseen elementos que permitan establecer su vinculación con la actividad gravada, consecuentemente, corresponde a ésta instancia recursiva revocar parcialmente la Resolución Determinativa N° 17-0238-16 de 24 de marzo de 2016 emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, modificando la deuda tributaria 

donda tributaria BMW 

de UFVs 845.585.- equivalentes a Bs 1.785.963.- a UFVs 715.269.- equivalentes a Bs1.510.722.- que incluye tributo omitido, intereses, sanción por la calificación de la 

were 

– 

NB-ISO 

9001 IBNORCAT Sistema dt Gelid

de la cidad Certificado HEC-2014 

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org 

Mehr 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua

conducta y multa por incumplimiento a deberes. formales por el IVA, IT e IVE de los periodos enero a diciembre de 2011 conforme los siguientes cuadros: 

Tributo Omitido expresado en UFV

Impuest

Periodo 

SEGÜN SIN 

IV

MA 

lololololo 

V

IVA 

ene11 IVA 

feb-11 IVA 

mar11 

abr-11 IV

may11 IVA 

jun11 IVA 

jul11 

ago-11 IVA 

sep-11 IVA 

oct11 NA 

nov11 

dic-11 TOTAL IVA 

ene-11 feb11 

mar-11 IT 

abr-11 

may11 IT 

fun11 IT 

jul-11 IT 

ago-1

sep-11 IT 

oct11 IT I nov11 

dic11 TOTALIT IUE Gestión 2011 

TOTAL LUE TOTAL TRIBUTO OMITIDO

27.498,292310 

3.838,638950 24.383,841780 

2.692,110350 12.105,988670 43.488,612210 18.703,295910 17.444,309850 

5.694,445270 12.155,520190 8,171,753230 

3.847,692140 180.024,500860 

6.345,662460 

885,839760 5.626,944490 

621,256240 2.793,689690 10.035,833590 4.316,330340 4.025,564060 1.314,239370 2.805,165220 1.885,878950 

888,018130 41.544,422300 105.146,483430 105,146,483430 326.715,406590 

SEGÚN ARIT CONFIRMADO REVOCADO 

27.498,292310 

3,838,638950 16.542,905060 7.840,936720 

2.410,845090 281.265260 12.105,988670 43.488,612210 18.703,295910 17.444,309850 

5,694,445270 12.155,520190 8.171,753230 

3.847,692140 1 71.902,298880 8.122,201980 

6.345,662460 

885,839760 3.817,593480 1.809,351010 

556,348870 64,907370 2.793,689690 10,035,833590 4,316,330340 4.025,564060 1.314,239370 2.805,165220 1.885,878950 

888,018130 39.670,163920 1.874,258380 63.609,712630 41.536,770800 63.609,712630 41,536,770800 275.182,175430 51.533,231160 

  1. BS

Cálculo de la Deuda Tributaria FECHA DE LIQUIDACION 

24/03/2016 INTERES: 10,20% U.F.V. (Final): 2,1121 

E TRIBUTO 

TOTAL TOTAL 

INTERESĖS IMPUESTO PERIODO 

SANCION 

DEUDA OMITIDO 

DEUDA UFV

UFV’S TRIBUTARIA TRIBUTARIA UEV’S 

UFVS NA ene11 27.498,29231 19.023,27824 27.498,29231 74 020 156.338 IVA feb-11 3,838,63895 2.604,25517| 3.838,63895 10.282 21.717 MA mar11 16.542,90506 11.003,85913 16.542,90506 44.090 93.122 IVA abr-11 | 2.410,84509 1.569,65043 2.410,84509 

6.391 

13.499 12.105,98867 7.707,18672 12.105,98867 31.919 67,416 NA jun11 ” 43.488,61221 27.084,35693 43.488,61221 114.062 240.910 

jul-11 18.703,29591 11.365.83718 18.703.29591 48.772 103.011 NA ago-11 17.444,30985 10.371,30132 17.444,30985 

45.260 

95.594 IVA sep11 5.694,44527 3.308,72073 5.694,44527 14.698 31.044 

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M

may-11

N

NB-150 

9001 u IBNORCA Sistema de GeUOA 

de la Calidad Certificado NEC274/1

Cochabamba 

AUTORIDAD DE JAJPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

abr-11 3:817,593487-600,98196 

EE EE 

IVA Oct11 | 12.155,52019 6.889,451791 12.155,52019 IVA nov-11 8 .171,75323 4.526,79535 8.171,75323 IVA 

3.847,69214 2.079,17435 3.847,69214 TOTAL IVA 171.902,29888 107.533,86734 171.902,29888 

ene11 16.345,66246 4.389,91997 6.345,66246 feb-11 885,83976 6 00,98196 885,83976 mar11 3.817,59348 2.539,35211 3.817,59348 

556,34887 3 62 22702 556,34887 may-11 2.793,68969 1.778,581551 2.793,68969 jun-11 10.035.83359 6.250.236221 10.035.83359 jul-11 4 .316,33034 : 2.622,99800 4.316,33034. 

ago11: 4.025,56406 2.393,34994. 4025,56406 IT sep-11 1.314,23937 7 63,63032) 1.314,23937 IT Oct-11 2 .805,16522 1.589,89909 2.805,16522 IT Inov11 1.885,87895 1.044,69479 I. 1.885.87895 IT dic-11 888,01813| 479,85765 | 888,01813| 

TOTALIT 39.670,16392 24.815,72862 39.670,16392 UE 

63.609,71263 31.554,99037 63.609,71263 TOTAL IUE 

63.609,71263 31.554.99037 | 63.609.71263, Multa por incumplimiento a Deberes Formales TOTAL DEUDA TRIBUTARIA EN UFV’s, y Bs..

31.2001 20.870 

9.775 451.339 17,081 

2.373 10.175 1.475 7.366 26.322 

11.256 * 10.444 

3.392 7.200 4:816 

2:256 

  • 104.156 

158.774 158.774 

..1.000. 715.269 

65.898 44.080 20.646 953.275 36.077 

5.012 21.490 

3.115 15.558 55.595 23.774 22.059 

7.164 15,207 10.172 

4.765 219.988 335.347 335,347. 

2.112 1.510.722 

TUPUGA 

POR TANTO: La suscrita Directora Ejecutiva ai de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Cochabamba, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

Lou 

Antony 

TRISUTARAN 

MOREOIRE 

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa N° 17-023816 de 24 de marzo de 2016, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, en la parte referida a la determinación de ingresos no declarados de los depósitos efectuados el 18 de marzo de 2011 por Bs96.740.y el 20 de abril de 2011 por Bs3.500., modificando la deuda tributaria de UFV’S 845.585.- equivalentes a Bs1.785.963.- a UFVs 715.269.- equivalentes a Bs1.510.722.- que incluye tributo omitido, intereses, sanción por la calificación de la conducta y multa por incumplimiento a deberes formales por el IVA IT e UE de los periodos de enero a diciembre de 2011, establecidos eri la Resolución Determinativa citada, importe que será reliquidado conforme dispone el artículo 47 de la Ley N° 2492 (CTB); sea de conformidad con el inciso a) parágrafo I del artículo 212 de la Ley N° 2492 (Título V CTB). 

BACU

DERY 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 ENE de la Constitución Política del Estado uria vez que adquiera la condición de firme, conforme NBP 150 

9001 IBNORCA Sistema de Gatio

di laculdad Certificado EC27484 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jacha kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

establece el artículo 199 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB), será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley N° 2492 (CTB) y sea con nota de atención

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 de la Ley N° 2492 (CTB), el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente Resolución de Recurso de Alzada es de 20 días computables a partir de su notificación. 

Restrese, notifiquese y cúmplase

Bordo 

Teresa del Rosario Borda Rocha DIRECTORA EJECUTIVA REGIONAL 

DIRECCIÓN EXECUTNA REGIONAL Autoridad Regional de topugnación Trautaro Chile

.

Nina 

NB-150 

9001 IBNORCA $hstena de Gestion 

de la Callded Certificado HoEC2701

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