ARIT-CBA-RA-0286-2017 La resolución determinativa que se constituyó en la omisión de pago de IVA de los periodos fiscales de 2010, fue anulada por la AIT debido a que las pruebas de descargo no fueron valoradas adecuadamente por la administración tributaria en ese sentido se identificaron vicios de nulidad de la resolución

ARIT-CBA-RA-0286-2017

(AITY. 

Cochabamba 

AUTORIOAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARITCBARA 0286/2017 

Recurrente 

: José Mario Torrico Aguilar. 

Recurrido 

: Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Karina Paula Balderrama Espinoza. 

Expediente 

: ARITCBA-0148/2017. 

Acto Impugnado : Resolución Determinativa N° 171730000117 de 21 de marzo de 

Fecha 

: Cochabamba, 24 de julio de 2017 

VISTOS: El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT CBAJITJ 0286/2017 de 20 de julio de 2017, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

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FUGHTS 

7001 

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  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO Resolución Determinativa N° 171730000117 de 21 de marzo de 2017, que determinó de oficio, por conocimiento cierto de la materia imponible las obligaciones impositivas del contribuyente Tomico Aguilar José Mario, en la suma de UĖVs 29.706, equivalentes a Bs.5.072, correspondiente al tributo omitido, interés y sanción e incumplimiento al deber formal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos fiscales marzo, mayo, julio, agosto y octubre de la gestión 2010, además de calificar la conducta como Omisión de Pago por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos fiscales marzo, mayo, julio, agosto y octubre de la gestión 2010, aplicándole una sanción del 100% sobre el Tributo Omitido, además de otorgar al contribuyente el término de 20 días, a partir de su legal notificación para que deposite la totalidad de la Deuda Tributaria, que consolida el tributo omitido, intereses, sanción por omisión de pago e incumplimiento a deberes formales, importe que asciende a UFVs65.262, monto que será actualizado a la fecha de pago. Acto notificado por cédula a Torrico Aguilar. José Mario, el 27 de marzo de 2017 (fojas 23-44 y 45 del expediente administrativo). 

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  1. II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 1. Argumentos del recurrente José Mario Torrico Aguilar, mediante notas de 12 de abril de 2017 y 20 de abril de 2017 

(fojas 4651 y 61 del expediente administrativo), interpuso Recurso de. Alzada contra la cori Justicia tributaria para vivir bien 

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NB-ISO 

9001, IBNORCA Site Getoa 

del Cuidad Catiksdo IEC2014 

Resolución Determinativa N° 171730000117 de 21 de marzo de 2017, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales de Cochabamba, manifestando lo siguiente: 

Que, la Administración Tributaria en la Resolución Determinativa N° 171730000117 de 21 de marzo de 2017, pretende el cobro de obligaciones tributarias prescritas, por lo que, solicitó la prescripción de la facultad de la administración tributaria para fiscalizar y determinar la deuda en la resolución impugnada. 

Refirió, que la inacción del Servicio de Impuestos Nacionales para la determinación de la 

deuda tributaria y su cobro, originó que pierda esa facultad, a pesar que podía ejercer sus 

facultades desde el día siguiente de la presentación de las Declaraciones Juradas, citó las Sentencias Constitucionales SSCC753/2003-R, 1278/2006-R y Autos Supremos No 56 y No 432, además de las modificaciones realizadas por las Leyes N° 291 y 317 al artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB). 

Expuso que, la imprescriptibilidad en materia tributaria sólo está dispuesta respecto a la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, conforme la Disposición Transitoria Quinta de la Ley N° 291 y la Ley N° 317 y que el presente caso versa sobre la facultad de fiscalización para los periodos marzo, mayo, julio, agosto y octubre de la gestión 2010, no correspondiendo la aplicación de dichas disposiciones, como establece la Sentencia No 39 de 13 de mayo de 2016 y la Sentencia No 47 de 16 de junio de 2016, ambas emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia Sala Contenciosa y Contenciosa Adm. Social y Adm. Primera, concordante con la Sentencia Constitucional Plurinacional 1169/2016-S3 de 26 de octubre de 2016, que realizó la interpretación de las Leyes N° 291 y 317

Argumento que los hechos generadores del Impuesto al Valor Agregado (IVA), establecidos en la Resolución Determinativa, ocurrieron durante la gestión 2010, correspondiendo la aplicación de los artículos 59, 60 y 61 de la Ley N° 2492 (CTB), sin modificaciones y no así la Ley N° 291 que tuvo vigencia a partir del 22 de septiembre de 2012 hasta el 11 de diciembre de 2012, ni la Ley N° 317 que tiene vigencia a partir del 11 de diciembre de 2012, en cumplimiento de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley N° 2492 (CTB) y la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), aplicables por analogia de la norma, toda vez que, en materia tributaria la prescripción no es retroactiva y lo contrario sería vulnerar los principios constitucionales de igualdad, seguridad jurídica e irretroactividad, establecidos en los artículos 123, 180-1, 323-1, 306-III y 311-11 inciso 5 de la Constitucióri Política del Estado. 

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NBI$

9001 IBIORCA Sistema de Getton 

or laculdad Cercedo NEC27444 

Cochabamba 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Afirmó que, el Código Tributario (Ley N° 2492), es de mayor jerarquía jurídica al ser una norma de carácter específico en materia tributaria y las Leyes N° 291 y 317 son de carácter general, por lo que, debe prevalecer la Ley especifica. 

Manifestó que, el cómputo de la prescripción del IVA para los periodos marzo, mayo, julio, agosto y octubre de la gestión 2010, se inició el 1 de enero del 2011 y concluyó el 31 de diciembre de 2014, periodo en el que no se produjo causal de interrupción y/o suspensión descritas en el artículo 61 y 62 de la Ley N° 2492 (CTB), siendo que la Resolución Determinativa N° 171730000117, no causó efecto alguno en el cómputo siendo que la extinción de la prescripción opero a partir del 1 de enero de 2015. 

Señaló que, la Administración Tributaria realizó una inadecuada aplicación de las normas tributarias al pretender fiscalizar, controlar e investigar el crédito fiscal de las facturas de los proveedores: Aguilar Arminda Agripina en los periodos fiscales marzo, agosto y octubre de la gestión 2010 y Camacho Ricaldez Bertha en los periodos fiscales de mayo y julio de la gestión 2010, siendo que al momento de pretender ejercer su facultad estas ya estaban 

prescritas. 

Modenny Pere

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S.E.R. 

Indicó que, la Resolución impugnada hizo caso omiso a los fundamentos expuestos sobre prescripción en los descargos presentados a la vista de Cargo, limitándose hacer la transcripción de la normativa en materia de prescripción, la misma que no es usada de forma adecuada, haciendo una aplicación retroactiva del artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) y descontextualizando dicha norma el artículo 150 de la Ley N° 2492 (CTB). 

a Espoda Escada 

738 

Por los fundamentos expuestos, solicitó la revocatoria total de la Resolución Determinativa No 171730000117 de 21 de marzo de 2017. 

YAMA 

Teresa del Rosario 

11.2. Auto de Admisión El 21 de abril de 2017, ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Admisión EXPEDIENTE ARIT-CBA-0148/2017, admitiendo el Recurso de Alzada interpuesto por José Mario Torrico Aguilar, contra la Resolución Determinativa No 171730000117 de 21 de marzo de 2017, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del 

Servicio de Impuestos Nacionales (fojas 62 del expediente administrativo). 

NB-ISO 

Sisico 

de Genten 

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 9001 

IBNORCA representada por Karina Paula Balderrama Espinoza, acreditó personería conforme la sit t con 

Crificado NEC-27414 

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Resolución Administrativa de Presidencia No 031700000521 de 31 de marzo de 2017 (fojas 66-67 del expediente administrativo), por memorial presentado el 17 de mayo de 2017 (fojas 68-77 vta. del expediente administrativo), se apersonó y respondió negativamente el recurso con los siguientes fundamentos: 

Que el recurrente fundamenta el recurso de alzada alegando la prescripción de la facultad de determinación de la Administración Tributaria, pidiendo se aplique lo dispuesto por el Tribunal Supremo de Justicia mediante las Sentencias 39 y 47; por lo que, corresponde a la instancia recursiva circunscribirse únicamente a los agravios expuestos en el Recurso de Alzada; es decir, se considere las Sentencias emitidas por el referido Tribunal Supremo de Justicia referidas a la prescripción a fin de observar el principio de congruencia, citó la Sentencia Constitucional Plurinacional 1117/2015 S2 de 3 de noviembre de 2015. 

Señaló que, el artículo 59 de la ley No 2492 (CTB) fue modificado por la Ley N° 291, habiendo sido derogado el último párrafo mediante la Ley N° 317, quedando establecido que para los hechos ocurridos en la gestión 2008, el cómputo de la prescripción aumentará en un año de forma sucesiva en cada gestión y concluirá este plazo en la gestión 2018 y el tiempo de prescripción será de 10 años, por lo que, los hechos ocurridos en la gestión 2010 prescriben en la gestión 2020. 

– 

Manifestó que, la Administración Tributaria tiene la responsabilidad de acatar la norma pública y de cumplimiento obligatorio, citando el artículo 5 de la Ley N° 027 e indicando que se presume la constitucionalidad del artículo 59 de la ley N° 2492 (CTB), modificado por las Leyes N° 291 y 317. 

Indicó que, el recurrente pretende confundir al señalar que se hubiere aplicado de manera retroactiva las Leyes N° 291 y 317, al haber sido promulgadas con posterioridad a la gestión 2010, gestión que motiva la Vista de Cargo, olvidando que la prescripción no opera de oficio y su análisis se realiza una vez que se activa su solicitud

Afirmó que, la retroactividad impropia consiste en las modificaciones tributarias realizadas durante el transcurso del periodo impositivo, con efectos desde el inicio del mismo, desplegando una retroactividad impropia o de grado medio, puesto que aun cuando los elementos constitutivos del hecho imponible comerizaron a producirse antes de la entrada en vigor de la Ley, el hecho imponible no se había realizado integramente en ese momento 

M

y los efectos jurídicos no se habían agotado, asimismo deberá entenderse la existencia de la retroactividad impropia, toda vez que, la aplicación de las Leyes N° 291 y 317, motivo la sit consectetuer 

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NB-ISO 

19001 IBNORCA Sison de Gestio

de la Calidad Cariticado N*EC2741

Cochabamba 

IIIIIII 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

existencia de efectos tributarios jurídicos que no se habían agotado en el transcurso del tiempo. 

Argumento que el recurrente no puede alegar la retroactividad de la norma, citando el artículo 123 de la Constitución Política del Estado, debido a que la Resolución Determinativa N° 171730000117, fue emitida bajo la vigencia de la Ley N° 812, siendo que las actuaciones de la Administración Tributaria no contienen determinaciones retroactivas atentatorias a los derechos constitucionales, siendo que aplicó la norma vigente al momento de la emisión de la referida resolución. 

Mencionó que de acuerdo a la teoría de los derechos adquiridos, la simple esperanza de una derecho, carece de algún requisito extemo para lograr la plenitud e integralidad de un derecho adquirido, por lo que el derecho no perfeccionado es susceptible de afectación por una modificación legal y que al estar vigente la Ley N° 812 que modifico la Ley N° 2492 (CTB), su aplicación sobre derecho no perfeccionados resulta ser imperativa. 

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Señaló que, el proceso determinativo no se encontraba finalizado, correspondiendo la aplicación de la Ley N° 812, rio incidiendo sobre los derechos del contribuyente a situaciones pasadas y debidamente consolidadas. 

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Afirmó que las Sentencias del Tribunal Supremo de Justicia No 39/2016 y 47/2016, no son sentencias fundadoras, ri moduladoras, en resumen no son resultantes de la interpretación, interrelación integración de las normas de la Constitución Política del Estado, consiguientemente no son vinculantes para autoridades, tribunales o particulares. 

RONAL 

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VSTE 

Manifestó que, si el recurrente acude a la jurisprudencia emanada por el Tribunal Supremo de Justicia, deberá con carácter previo, verificar si la misma es uniforme y relacionada al caso y que el alcance de lo dispuesto en la Ley N° 812, para la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria, disponiendo que la acciones prescribirán a los 8 os, entre ellas la facultad de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria, rio reconociendo ningún grado de benignidad a lo dispuesto por las Leyes No 291 y No 317, no merecierido mayor análisis. 

UPUTE 

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ONAL

Tarasa gak kasarine 

Arguyó que, el recurrente al citar la Sentencia Constitucional 1169/2016-S3 de 26 de octubre, deberá tener en cuenta que el mismo refiere exclusivamente a la lesión al debido 

proceso y a la ausencia de furidamentación y congruencia, ordenando se emita una nueva Resolución de Recurso Jerárquico que contenga la motivación extrañada y no así la serie 

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NO-ISO 

9001 IBRORCA Shad Guid

dubady Catitudo IEC77414 

– 

II 

aplicación o no de las Leyes N° 291 y 317 lo que contravienen la legislación positiva 

vigente

Refirió que, de los antecedentes administrativos analizados por la Sentencia Constitucional 1169/2016-S3, se evidencia que corresponden a una Resolución Administrativa, emitida en Etapa de Ejecución Tributaria, por lo que la Administración de Aduana negó la prescripción; no guardando relación con los antecedentes del presente caso, es decir el cómputo de la prescripción de las facultades del Servicio de Impuestos Nacionales, para verificar y determinar la deuda tributaria, por lo que dicha Sentencia Constitucional Plurinacional corresponde a un hecho distinto tanto en objeto y motivación y aplicación de las Leyes No 291 y 317

Expuso que, las Sentencias N° 39 y 47 emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia, no constituyen fuentes del Derecho Tributario, siendo precedentes jurisdiccionales que no constituyen jurisprudencia, no siendo vinculantes, ni obligatorias, citó la Resolución de Recurso Jerárquico AGITRJ 0353/2017 de 3 de abril de 2017. 

Señaló que la Resolución Determinativa impugnada responde a cabalidad la forma por la cual la Ley N° 2492 (CTB), contempla la prescripción en la subsección V de la sección VII dedicada a las formas de extinción de la obligación tributaria

Por los fundamentos expuestos, solicitó se confirme la Resolución Determinativa No 171730000117 de 21 de marzo de 2017. 

11.4. Apertura del término probatorio y producción de prueba El 18 de mayo de 2017, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba emitió el Auto de Apertura Término de Prueba EXPEDIENTE ARIT-CBA-0148/2017, disponiendo la apertura del término de prueba de 20 días comunes y perentorios para ambas partes en aplicación del inciso d) del artículo 218 de la Ley N° 2492 (Título V CTB) (fojas 78 del expediente administrativo). 

11.4.1. Prueba de la Administración Tributaria Por memorial de 9 de junio de 2017, la Administración Tributaria se ratificó en la prueba acompañada al momento de responder el Recurso de Alzada (fojas 80-81 del expediente 

administrativo)

NB-1$

9001: IBNORCA Sismo de Gestio 

de la Cuildxd Certificado MEC201

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Cochabamba 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

11.4.2. Prueba de la Administración Tributaria Por nota presentada el 9 de junio de 2017, José Mario Torrico Aguilar señaló que presenta como prueba la Orden de Verificación N° 3914OVE00042, Nota N° 582/17 de 19 de enero de 2017, la Resolución Determinativa impugnada, asimismo las Leyes N° 291, 317 y 812, aclarando que en el presente caso no está en discusión la constitucionalidad de las referidas Leyes, sino la revisión de la prescripción y si el Ente Administrativo ejerció o no sus facultades de verificación, fiscalización y determinación de la deuda tributaria dentro el plazo previsto por Ley (fojas 84-117 del expediente administrativo). 

11.5. Alegatos 11.5.1. Alegatos del Sujeto Pasivo Por nota de 27 de junio de 2017, José Mario Torrico Aguilar presentó alegatos ratificando los argumentos esgrimidos al momento de interponer el recurso de alzada, siendo que hace referencia a la inadecuada aplicación de las Leyes No 291, 317 y 812, sobre el aforismo Tempus Regis Actum por parte de la Administración Tributaria, además de la retroactividad de la norma (fojas 120-124 vta. del expediente administrativo). 

DEPUIS 

SLOWAAD 

11.5.2. Alegatos Administración Tributaria Por memorial de 3 de julio de 2017, la Administración Tributaria presentó memorial de alegatos ratificando los argumentos esgrimidos al momento de responder el recurso de 

alzada, asimismo exponiendo los hechos probados y manifestando que el recurrente no desvirtuó lo sustentado y que se deberá tener en cuenta respecto a la prescripción que la Sentencia Constitucional N° 0048/2017-S2 de 6 de febrero de 2017, dejó sin efecto la Sentencia 47, asimismo que tampoco corresponde aplicar la sentencia 39 por no ajustarse al presente caso, como tampoco la Sentencia Constitucional 1169/2016-S3 (fojas 138-140 

FOREWALT 

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del expediente administrativo). 

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III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA El 12 de enero de 2015, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: SIN/GDCBBA/DFNE/INF/0178/2015, solicitando al Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva proceda a la emisión de la Resolución Administrativa para la anulación de las actuaciones de notificación de las Ordenes de Verificación externa N° 3914OVE00042, 3914OVE00043; 3914OVE00044, 3914OVE00045 y 3914OVE00046 del contribuyente Torrico Aguilar José Mario, notificadas el 17 de septiembre de 2014 (fojas 222-223 de antecedentes administrativos). 

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NB-ISO 

9001 IBNORCA Strinud Gas 

HCX Cartieto MEC-27414 

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Justicia tributaria para vivir bien Jar mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

El 3 de febrero de 2015, la Administración Tributaria emitió la Resolución Administrativa No 

que resolvió anular y dejar sin efecto las notificaciones efectuadas el 17 de septiembre de 2014 de las Ordenes de Verificación Extema N° 30140VE00042, 3914OVE00043, 3914OVE00044, 3914OVE00045 y 39140VE00046 generadas al contribuyente Torrico Aguilar José Mario (fojas 224-225 de antecedentes administrativos). 

El 25 de febrero de 2015, la Administración Tributaria emitió Orden de Verificación N° 3914OVE0042, a efecto de verificar el crédito IVA, respecto a la verificación de las transacciones, hechos y elementos relacionados con el crédito fiscal generado por facturas declaradas por el contribuyente correspondiente a los proveedores: Aguilar Arminda Agripina con NIT 931913014 en los periodos marzo, agosto y octubre de la gestión 2010, Veizaga Jiménez Angelina con NIT 835852014 en el periodo julio de la gestión 2010 y Camacho Ricaldež Bertha con NIT 837180010 en los periodos mayo y julio de la gestión 2010. Acto notificado por cedula el 18 de marzo de 2015 (fojas 3 de antecedentes administrativos). 

El 9 de marzo de 2015, la Administración Tributaria emitió requerimiento No 00124795, respecto a la verificación especifica del Crédito IVA, correspondiente a las gestiones marzo, mayo, julio, agosto, octubre de la gestión 2010, solicitando al sujeto pasivo documentación consistente en: Libro de Compras IVA, Notas fiscales de respaldo al Crédito Fiscal IVA, de los proveedores detallados en el alcance de la Orden de Verificación, comprobante de egresos con respaldo, documentación que respalde los pagos realizados de las facturas de compras según el alcance de la Orden de Verificación, otra documentación que requiera durante la verificación (fojas 4 de antecedentes administrativos). 

El 25 de marzo de 2015, José Mario Torrico Aguilar presentó memorial a la Administración Tributaria, refiriendo que el Libro de Compras IVA y Comprobantes de Egreso de la gestión 2010, originales de las Notas Fiscales de los proveedores Aguilar Arminda Agripina, Angelina Veizaga Jiménez, Bertha Camacho Ricaldez, no fueron devueltas, por lo que no corresponde la presentación de las pruebas y documentación que se encuentra en poder de la administración, además que todas las transacciones se realizan en efectivo (fojas 21 24 de antecedentes administrativos). 

El 13 de mayo de 2015, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: SIN/GDCBBA/DF/G2NE/INF/2852/2015, concluyendo que al no haber conformado y pagado el contribuyente el total de la deuda tributaria, se deberá emitir y notificar la Vista de Cargo, además dejó constancia que esta verificación es parcial y sólo limitada a los 

NB-150 

9001 IBRORCA Sisstou de Gest

de la Calidad Catiu de l’EC2741

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Cochabamba 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

aspectos y conceptos a que se refiere la Orden de Verificación (fojas 204208 de antecedentes administrativos). 

El 13 de mayo de 2015, la entidad recaudadora emitió la Vista de Cargo No SIN/GDCBBA/DF/GZNENC/0220/2015, estableciendo una deuda tributaria de UFV546.246.- equivalente a Bs94.865.-, que incluye tributo omitido, interés, sanción por omisión de pago. Acto que fue notificado el 18 de mayo de 2015 (fojas 209-214 de antecedentes administrativos). 

El 17 de junio de 2015, el sujeto pasivo presentó nota a la Administración Tributaria, impugnando presentado descargos a la vista de Cargo, manifestando su disconformidad con el reparo establecido ya que la Administración Tributaria cuenta con la información contable, contratos e información concemiente a la gestión 2010, asimismo expuso que la Resolución Determinativa debe contemplar la valoración de todos los descargos que son fehacientes y suficientes para desvirtuar la presunción de la deuda establecida por dicho Ente Administrativo (fojas 261-270 de antecedentes administrativos). 

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El 2 de julio de 2015, el sujeto pasivo presento memorial a la Administración Tributaria otorgando respuesta a la solicitud de información documentada a las Vistas de Cargo No SIN/GDCBBA/DFIGZNENC/0220/2015, SINGDCBBA/DF/G2NENC/0221/2015, SIN/GDCBBA/DF/G2NENC/0222/2015, SIN/GDCBBA/DF/G2NVENC/0228/2015, solicitando sean valoradas todos los descargos que desvirtúan la presunción de deuda (fojas 280-282 de antecedentes administrativos)

Juan José 

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El 19 de agosto de 2015, la Administración Tributaria emitió la Resolución Administrativa No 23-02638-15 que anuló y dejó sin efecto la vista de Cargo No SIN/GDCBBA/DF/G2NVENC/0220/2015 de 13 de mayo de 2015 y la diligencia de notificación personal de 18 de mayo de 2015 emitida al contribuyente Torrico Aguilar José Mario. Acto notificado el 27 de octubre de 2015 (fojas 304-305 de antecedentes administrativos). 

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El 15 de diciembre de 2016, la Administración Tributaria emitió el Informe de Actuación CITE: SIN GDCBBA/DF/G4NE/NF/11956/2016, recomendando emitir y notificar la vista de Cargo (fojas 324-340 de antecedentes administrativos). 

N8-150 

9001 IBNORCA Shico de Gallo 

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El 15 de diciembre de 2016, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo No 

SIN/GDCBBAJDF/G4NENC/0617/2016, estableciendo una deuda tributaria de Se 

Justicia tributaria para vivir bien 

Página 9 de 17 Jan mit’ayir jacha kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachig (Quechua) 

UFVs64.743.- equivalente a Bs140.432.-, que incluye tributo omitido, interés, sanción por omisión de pago. Acto que fue notificado el 23 de diciembre de 2016 (fojas 344-360 de antecedentes administrativos). 

El 19 de enero de 2017, el sujeto pasivo presentó nota a la Administración Tributaria, presentado descargos a la vista de Cargo, manifestando su disconformidad con el reparo establecido, además de no realizar una adecuada valoración de los descargos, considerando que la misma cuenta con la información contable, contratos y demás información concerniente a la gestión 2010, asimismo refirió que la Administración Tributaria perdió ese derecho al haber operado la prescripción de los periodos marzo, mayo, julio, agosto y octubre del 2010, siendo que los hechos generadores del Impuesto al Valor Agregado (IVA) establecidos en la vista de Cargo, ocurrieron durante la vigencia de la gestión 2010, correspondiendo la aplicación de la Ley N° 2492 (CTB) y no así de las Leyes N° 291 y 317 (fojas 363-365 de antecedentes administrativos)

El 17 de marzo de 2017, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe CITE: SIN/GDCBBA/DJCC/T/NF/103/2017, estableciendo una liquidación total a favor del fisco UFVs65.241, equivalentes a Bs142.868, correspondiente al Tributo Omitido, interés y sanción del Impuesto al Valor Agredo (IVA) de los periodos fiscales marzo, mayo, julio, agosto y octubre de la gestión 2010, por lo que recomienda emitir y notificar la Resolución Determinativa (fojas 366372 de antecedentes administrativos). 

El 21 de marzo de 2017, la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa No 171730000117, que determinó de oficio, por conocimiento cierto de la materia imponible las obligaciones impositivas del contribuyente Torrico Aguilar José Mario, en la suma de UFVs 29.706, equivalentes a Bs65.072, correspondiente al tributo omitido, interés y sanción e incumplimiento al deber formal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos fiscales marzo, mayo, julio, agosto y octubre de la gestión 2010, además de calificar la conducta como Omisión de Pago por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos fiscales marzo, mayo, julio, agosto y octubre de la gestión 2010, aplicándole una sanción del 100% sobre el Tributo Omitido, además de otorgar al contribuyente el término de 20 días, a partir de su legal notificación para que deposite la totalidad de la Deuda Tributaria, que consolida el tributo omitido, intereses, sanción por omisión de pago e incumplimiento a deberes formales, importe que asciende a Ufv’s65.262, monto que será actualizado a la fecha de pago. Acto notificado por cédula a Torrico Aguilar José Mario, el 27 de marzo de 2017 (fojas 373-388 y 394 de antecedentes administrativos). 

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  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA IV.1. Cuestión Previa. Antes de ingresar al análisis técnico juridico, corresponde dejar en manifiesto que, de la lectura del memorial de interposición de Recurso de Alzada, se evidenció que la parte recurrente trajo a colación para el análisis técnico jurídico situaciones y aspectos tanto de forma como de fondo; en ese entendido, considerando las pretensiones del contenido integro del memorial y lo solicitado en su petitorio, de acuerdo a los principios procesales precautelando el debido proceso y el derecho a la defensa de ambas partes, ésta instancia recursiva previamente efectuará la verificación y el análisis sobre la existencia de los vicios procesales denunciados y en caso de no ser evidentes ingresará al análisis de los aspectos de fondo para determinar lo que en derecho corresponda. 

IV.2. Cuestiones de Forma IV.2.1. Sobre la Fundamentación de la Resolución Técnico Administrativa 

El recurrente denunció que, la Resolución impugnada hizo caso omiso a los fundamentos 

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expuestos sobre prescripción en los descargos presentados a la vista de Cargo, limitándose hacer la transcripción de la normativa en materia de prescripción. 

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Por su parte, la Administración Tributaria al momento de responder el Recurso de Alzada no expuso argumento alguno respecto del punto en particular. 

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Al respecto, la Sentencia Constitucional 1351/2003-R de 16 de septiembre de 2003, en el marco constitucional dispuso que el derecho a la defensa es un instituto integrante de las garantías del debido proceso, precepto que desde el punto de vista teleológico ha sido creado para poner de relieve esta garantía fundamental, que debe ser interpretada siempre conforme al principio de la favorabilidad antes que restrictivamente, considerándolo como un principio informador de todo el ordenamiento jurídico de todo Estado, esto quiere decir que, nadie puede ser sancionado o afectado en sus derechos e intereses legítimos sin el desarrollo de un debido proceso establecido por ley, revestido de las garantías que la Constitución y las leyes le dispensan y dentro de ello, posibilite el inviolable derecho a la defensa. Este derecho a la defensa se halla relacionado también con el derecho de igualdad de las partes, esto es, que arbitrariamente no se puede establecer una decisión particular, que afecte los intereses de la otra parte sin comunicar o por lo menos informar la decisión tomada a fin de activar los mecanismos de defensa, en igualdad de condiciones, ofreciendo por los interesados los descargos que considere pertinentes, es decir, existe la obligación legal de la Administración Tributaria de realizar la valoración de la prueba puesta 

en su conocimiento por el administrado en los plazos establecidos”

Justicia tributaria para vivir bien 

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de bacalda Certikado MEC27U14 

Asimismo, es importante señalar que el artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone que: 9 Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legitimos. II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. De igual manera, el artículo 117, de la referida Constitución Política del Estado establece que: I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso; Asimismo el parágrafo I del artículo 119 del mismo cuerpo legal, señala que las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que les asistan. 

En ese marco normativo constitucional y precautelando el derecho a la defensa con el que cuenta el recurrente, en el ámbito tributario, los principios y garantías constitucionales están reconocidos por los numerales 2, 6 y 7 del artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB), el cual establece que el sujeto pasivo tiene derecho que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones reglamentarias, dentro de los plazos establecidos, al debido proceso, formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

Corresponde entonces, remitimos a los antecedentes administrativos, para corroborar o desvirtuar la afirmación del recurrente respecto a que la Resolución impugriada, omitió considerar y evaluar los argumentos expuestos en la vista de Cargo de referencia; por lo que, haciendo una revisión cronológica de los actuados de ambas partes, constituidos ahora en antecedentes administrativos del presente caso, corresponde remitirnos a fojas 363-365 de los mismos, donde se advirtió que en fecha 19 de enero de 2017, José Mario Torrico Aguilar presentó nota de descargos a la vista de Cargo No SINGDCBBA/DF/G4NENC/0617/2016, notificada mediante cédula al sujeto pasivo el 23 de diciembre de 2016, incorporando en dicha nota argumentos relacionados con que no corresponde la aplicación de las disposiciones expuestas en las Leyes N° 291 y 317 puesto que la imprescriptibilidad en materia tributaria sólo está dispuesta respecto a la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada; manifestó que, conforme a la Disposición Transitoria Segunda de la Ley N° 2492 (CTB) y la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) establecen que las obligaciones tributarias acaecidas antes de la vigencia de la Ley citada, se sujetaran a las disposiciones sobre prescripción 

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contempladas en la Ley N° 1340 (CTB abrogado), correspondiendo su aplicación por 

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analogia, al no ser este instituto de aplicación retroactiva; señaló que conforme a las Declaraciones Juradas – Form. 200 que se encuentran en poder de la Administración Tributaria corresponde la aplicación del artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) sin las modificaciones de las Leyes 291, 317 y 812; expuso además que, el SIN realizó una incorrecta depuración del crédito fiscal de los periodos observados, por cuanto denunció falta de criterio en la valoración de los descargos ofrecidos para establecer que no se hubiera demostrado la efectiva realización de la transacción y que el combustible no hubiera estado registrado en inventarios, toda vez que el SIN no estaría entendiendo la realización de la actividad al no entender que los gastos necesarios para el mantenimiento de fuente, toda vez que el vehículo que transporta el combustible para la venta, también hace uso para su funcionamiento; añadió argumentos relacionados con que la Administración Tributaria no consideró la glosa del comprobante de egreso o la forma en que se registró el gasto en la contabilidad, por lo que no es causal de depuración del crédito fiscal, considerado que el inciso a) del artículo 8 de la Ley N° 843 establecen como requisito las compras o adquisiciones de bienes o servicios en la medida que se vinculen con la actividad gravada, al efecto citó doctrina de Resoluciones de Recurso Jerárquico. 

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Ahora bien, lo expuesto en el párrafo anterior pudo ser corroborado una vez realizada la lectura integra de la Resolución impugnada, toda vez que la Administración Tributaria expuso a fojas 385 de antecedentes administrativo: En fecha 19 de enero de la gestión 2017, el contribuyente José Mario Torrico Aguilar presentó descargos a la Vista de Cargo SIN/GDCBBA/DF/ 

G4NENC/0617/2016, expresando los siguientes argumentos:...“, a continuación, transcribió en 8 puntos los argumentos de la nota de descargos y cito normativa de la Ley N° 2492 inherente al Instituto de la Prescripción sin hacer mayor mención a la citada nota, concluyendo de forma superficial que ... que para el caso en cuestión no ha operado la prescripción..., posteriormente, el recurrente hizo referencia añadió en 5 puntos, otros argumentos contenidos en la Nota del recurrente citada líneas arriba, relacionados con la inadecuada aplicación de la norma y depuración del crédito fiscal por la invalidación de los registros contables, mencionando los numerales 4 y 5 del artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), el artículo 8 de la Ley N° 843 y la alusión a las Resoluciones de Recurso Jerárquico

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A continuación, descartó los argumentos de forma superficial y sin hacer una adecuada valoración de los mismos; por otra parte, no se halló criterio del argumento relacionado con la imposibilidad de aplicación de las disposiciones expuestas en las Leyes N° 291 y 317, y que la prescripción está sujeta a las disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley N° 1340 (CTb abrogado) al no ser este instituto de aplicación retroactiva; por cuanto es 

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evidente que en el Acto impugnado no existe pronunciamiento alguno respecto de los argumentos citados como ejemplo, advirtiendo que efectivamente no se evaluaron completamente los argumentos de descargo a efectos de la comprobación de los elementos de hecho, omitiendo fundamentar su invalidez individual, por cuanto no existió „una valoración completa e individual de los descargos en el Acto impugnado, añadir en este punto que, como denuncia expresa del sujeto pasivo, en la nota de ofrecimiento de descargos a la vista de Cargo de referencia (fojas 363 de antecedentes administrativos), hizo constar que ...la Administración Tributaria no realizó una adecuada valoración de los descargos presentados, considerando que la misma cuenta con toda la información contable, contratos y demás..., lo que acredita incuestionablemente que los argumentos y solicitudes expuestas, no fueron atendidos, evaluados y compulsados en su totalidad con los antecedentes en busca de la verdad material por parte de la Administración Tributaria a momento de dictar la Resolución impugnada, afectando indudablemente el requisito de la fundamentación del Acto Administrativo. 

En este punto, es necesario enfatizar que, la fundamentación de toda Resolución Administrativa, además de justificar el accionar administrativo, en su contenido deb

valorar todos los descargos presentados en la forma y momento legalmente 

establecido. Es importante que, todo argumento expuesto sea realmente valorado, tanto para calificar su impertinencia o contrariamente descartar su relevancia; esto implica, que debe constituir como uno de los requisitos del Acto Administrativo, para que se tenga la seguridad de que se trata de una resolución fundada. 

Por ello, es deber de la Administración Tributaria, no sólo recabar pruebas desde un punto de vista formal, sino que, de acuerdo a la definición sustancial de prueba y su conjunción con los principios aplicables a la materia, habrá resolución fundada únicamente cuando la misma se asiente sobre un conjunto de elementos fácticos, entre ellos, está sin duda la valoración, compulsa y revisión de todos los descargos presentados ylo obtenidos en el proceso sancionatorio motivo del presente Recurso de Alzada; es importante dejar claramente establecido que, por mandato constitucional es obligación de la Administración Tributaria, resguardar el derecho a la defensa del sujeto pasivo con el objeto de que presente los descargos que considere convenientes en el procedimiento sancionador y que el sujeto activo los valore, asignándoles un valor probatorio o descartándolos fundadamente por su irrelevancia, a fin de que la conclusión a la que ambo, sea debidamente fundamentada, lo contrario se manifiesta como una motivación o fundamentación arbitraria

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En ese entendido, la normativa nacional, en lo que concierne al derecho a la petición, prevé en el artículo 24 de la Constitución Política del Estado (CPE) que, toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario; ahora bien, en consideración a la jurisprudencia constitucional, sobre el derecho fundamental a la petición, entiende: “Como la facultad, potestad o capacidad de toda persona, para acudir ante autoridades o representantes y pedir de forma individual o colectiva- la atención de sus necesidad querimientos; es decir, se trata de un derecho fundamental de contenido formal, para cuyo ejercicio basta plasmario en forma oral o escrita y su cumplimiento, comprende una respuesta pronta, oportuna, motivada y fundamentada y no asl, necesariamente favorable al peticionante”

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Continuando con el lineamiento, la SC 1068/2010-R de 23 de agosto, estableció las causales por las cuales se vulnera el derecho a la petición, estableciendo las siguientes: a) La respuesta no se pone en conocimiento del peticionario; b) Se presenta la negativa de recibirla o se obstaculiza su presentación; c) Habiéndose presentado la petición respetuosa, la autoridad no la responde dentro de un plazo razonable; y, d) La solicitud no es atendida de manera clara, precisa, completa y congruente con lo solicitado”. 

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Además el inciso c) del artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA), establece que la actividad administrativa debe regirse por los principios de sometimiento pleno a la Ley, asegurando a los administrados el debido proceso. Por su parte el inciso h) del artículo 16 del mismo cuerpo legal, dispone que, en su relación con la Administración Pública, las personas, tienen el derecho a obtener una respuesta fundada y motivada a las peticiones y solicitudes que formulen, 

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En materia de nulidades de procedimiento, la Ley N° 2492 (CTB), como marco normativo en el ámbito impositivo, establece expresamente la nulidad cuando se infrinja alguno de los requisitos esenciales previstos en el artículo 19 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) y por el incumplimiento con el artículo 99 de la Ley No 2492 (CTB); bajo ese lineamiento, se tiene que en materia de procedimiento administrativo tributario, la nulidad debe ser textual, esto implica, que sólo opera en los supuestos citados y que la sola infracción del procedimiento establecido, en tanto no sea sancionada expresamente por Ley con la 

  • nulidad no da lugar a retrotraer obrados; en ese contexto, el fundamento de toda nulidad 

recae en la ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales en la Resolución Sancionatoria, así como en la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la defensa y al 

debido proceso, imputable a la autoridad administrativa

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A mayor abundamiento, el Tribunal Constitucional respecto a la valoración razonable de la prueba, estableció la siguiente línea en la Sentencia Constitucional 0873/2014, refiriendo que: las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013, han señalado que: “Un supuesto de ‘motivación arbitrariaes cuando una decisión coincide o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba o, en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso (SC 0965/2006-R de 2 de octubre), que influye, en ambos casos, en la confiabilidad de la hipótesis tácticas (hechos probados) capaces de incidir en el sentido, en los fundamentos de la decisión. Es decir, existe dependencia en cómo cada elemento probatorio fue valorado o no fue valorado para que se fortalezca o debilite las distintas hipótesis (premisas) sobre los hechos y, por ende, la fundamentación jurldica que sustenta la decisión (negrillas nuestras). En este mismo sentido SC 0802/2007-R de 2 de octubre, señalo “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando los motivos de hecho y derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por la parte…” 

En ese sentido, la Resolución Determinativa motivo del presente Recurso de Alzada, omitió considerar completa e individualmente todos los descargos formulados y las solicitudes planteadas por el recurrente, puesto que no atendió mediante una respuesta fundada cada uno de los mismos; incumpliendo su obligación como ente administrativo, de resolver expresamente las cuestiones planteadas en los procedimientos administrativos, conforme dispone el numeral 2 del artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB) citado precedentemente, concordante con el inciso h) del artículo 16 de la Ley N° 2341 (LPA); la inexistencia de una respuesta a las solicitudes efectuadas por el sujeto pasivo, afecta a la fundamentación de hecho de la decisión; en consecuencia es evidente la denuncia de la recurrente respecto del punto evaluado. 

En ese sentido, al identificar vicios de nulidad en la resolución impugnada, ésta instancia de Alzada, se ve imposibilitada de pronunciarse sobre los aspectos de fondo planteados, ya que la Administración Tributaria, debe subsanar los vicios procedimentales en los que incurrió, por lo que, corresponde a ésta instancia recursiva, anular la Resolución Determinativa N° 171730000117 de 21 de marzo de 2017, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, para que se emita un nuevo acto que 

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de la Colldad Catificado H*EC 201

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contenga análisis, motivación, pronunciamiento y fundamentación técnico – jurídico sobre todos los aspectos planteados por el administrado, tomando en cuenta lo señalado en el presente análisis. 

POR TANTO: La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Cochabamba, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE 

PRIMERO: ANULAR la Resolución Determinativa N° 171730000117 de 21 de marzo de 

2017, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, 

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debiendo emitirse un nuevo acto que contenga análisis, motivación, pronunciamiento y fundamentación técnico-jurídico; sea de conformidad con lo dispuesto en el inciso c) parágrafo I del artículo 212 de la Ley N° 2492 (Título V CTB). 

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SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 de la Ley No 3092 (Título V del CTB), será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

CONTE

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley N° 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

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CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 de la Ley N° 2492 (CTB), el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente Resolución de Recurso de Alzada es de 20 días computables a partir de su notificación. 

Regístrese, notifiquese y cúmplase. 

Teresa del Rosario foyda Roch

DIRECTORA EEQUITYA REGIONAL 

DRECCIONEECUTINA REGIONAL Autoridad de haudacin T able 

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