ARIT-CBA-RA-0285-2020 Determinación de Tributos con Base Presunta (Medios por Inducción-Técnica otras) de DUIs declaradas de menos, se presume la existencia de ingresos y que los mismos no fueron declarados, se confirmó la Resolución Determinativa.

ARIT-CBA-RA-0285-2020

AIT 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0285/2020 

Recurrente 

Cristian Mauricio Rocha Guzmán

Administración recurrida 

Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales representada por José Elmer Barrancos Barrientos, 

Acto impugnado 

Determinativa 

N° 

Resolución 172030000230. 

– 

– 

Expediente No 

ARIT-CBA-0172/2020. 

Lugar y fecha 

Cochabamba 14 de octubre de 2020. 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Juridico ARIT-CBA/ITJ 0285/2020 de 13 de octubre de 2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

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Calidad UVOR CERTIFICATION 

ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. La Resolución Determinativa No 172030000230 de 16 de marzo de 2020, que determinó de oficio obligaciones impositivas de Cristian Mauricio Rocha Guzmán, en la suma de UFVs 3.049.768 equivalentes a Bs7.135.419.- correspondientes al tributo omitido actualizado (IVA e IT), intereses y sanción por omisión de pago, por los períodos fiscales mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2015, así como incumplimiento a deberes formales. Asimismo, calificó la conducta del sujeto pasivo como omisión de pago, aplicando una sanción equivalente al 100% sobre el tributo omitido determinado, conforme a lo establecido en los artículos 165 de la Ley 2492 y 42 del Decreto Supremo 27310 y la Resolución 

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Sistema de Gestió

de la Caldad Certificado N 771/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq karachiq (Quechua) Mouruvisa tendodeguambaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní

Av. Oquendo N2:381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 41400114140012 www.ait.gob.bo.Cochabamba, Bolivia 

Normativa de Directorio N° 10-0032-16. Acto notificado de manera personal el 4 de junio de 2020 (fojas 3124-3169 y 3171 de antecedentes administrativos). 

TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA. 11.1. Argumentos del Recurrente. Cristian Mauricio Rocha Guzmán, mediante notas presentadas el 23 de junio y 21 de julio de 2020 (fojas 48 y 51-58 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa No 172030000230 de 16 de marzo de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba, manifestando lo siguiente: 

Que, el 5 de mayo de 2017 fue notificado con la Orden de Verificación No 17990200408 y el 23 de febrero de 2018 con la vista de Cargo N° 291830000003 que fue objeto de anulación el 5 de junio de 2018 mediante Resolución Administrativa, sin que la Administración Tributaria se percate de que el plazo de un año para concluir la fiscalización venció superabundantemente. 

Expuso que la Vista de Cargo N° 291830000382 de 17 de septiembre de 2018 y la Resolución Determinativa N° 171830001439 de 10 de diciembre de 2018, fueron anuladas por la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0120/2019; empero, la entidad recurrida incumplió nuevamente lo dispuesto por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria. 

Refirió que, la Administración Tributaria, emitió la Vista de Cargo N° 291930000896 de 19 de diciembre de 2019, por supuestos ingresos no declarados producto de ventas facturadas con importes subvaluados, sin identificar los documentos que sustentaron la 

base imponible que derivó en la inexistencia de sustento legal de los papeles de trabajo 

elaborados. 

Objetó la aplicación de una multa por incumplimiento a deberes formales, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 148, 160 y 182 de la Ley 2492, ante la inexistencia de documentación ficticiamente requerida. 

Manifestó que, como sujeto pasivo al igual que sus asesores, no podían hacer vista de las actuaciones debido a que el expediente se encontraba en la ciudad de La Paz y el 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinaclonal de Bolivia 

domicilio de la Administración actuante se encuentra en la ciudad de Cochabamba, lo que le ocasionó indefensión por haber afectado su derecho a la defensa, aspecto que se traduciría en la nulidad de obrados, Agregó que el acto impugnado fue emitido después 

de tres años de tramitación del proceso de fiscalización, 

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.. 

Expuso que, se materializó la nulidad en los papeles de trabajo, al ser inicialmente elaborados sobre la base de la documentación presentada por su persona e información de la base de datos del Servicio de Impuestos Nacionales (Servicio Integrado de Recaudo para la Administración Tributaria – SIRAT2); empero adujo, que durante el proceso de verificación y sin su conocimiento, el ente recaudador realizó cruces de información con la Aduana Nacional de Bolivia, el Viceministerio de Política Tributaria y Entidades Financieras, para determinar la supuesta base imponible, hecho que vulneró su derecho a conocer el estado de la tramitación de los procesos a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalda los cargos que se le formulan; así como a ser informado al inicio y a la conclusión de la fiscalización, alcances que se encuentran establecidos en el los numerales 1, 6 y 8 del artículo 68 de la Ley 2492.

– 

Señaló que, el 16 de enero de 2020 solicitó fotocopia legalizada del Informe CITE: SIN/GF/DNCC/INF/423/2019 de 30 de octubre de 2019; no obstante, .la .., Administración Tributaria limitó su derecho a la defensa, toda vez que el referido informe le fue entregado el 7 de febrero, faltando horas para el vencimiento del plazo de descargos. Agregó que, tanto su persona como sus asesores, insistieron en la entrega del prenombrado informe, confirmando que éste fue remitido desde la ciudad de La Paz, ya que el expediente se encontraba en dicha ciudad y no en la sede de su domicilio fiscal, aspecto que limitó su derecho a la defensa y al debido proceso, establecidos en el artículo 115 de la Constitución Política del Estado, constituyéndose en causal de nulidad de obrados, conforme disponen los artículos 3 y 36 de la Ley 2341. 

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Arguyó que, el Informe CITE SIN/GF/DNCC/INF/423/2019 fue elaborado con posterioridad al inicio de la fiscalización, conforme fue expuesto en el acto impugnado; empero, no le fue notificado antes de la finalización del proceso, aspecto que le causó indefensión, más aún cuando la entidad recurrida le proporcionó dicho informe, faltando horas para el vencimiento del plazo de descargos contra la Vista de Cargo. 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oromita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Av. Oquendo NR 381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012. www.ait.gob.bo.Cochabamba, Bolivia 

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Manifestó que, la entidad recurrida en el acto impugnado (que tiene como sustento el Informe CITE: SIN/GF/DNCC/INF/423/2019) señaló que su persona subvaluó los precios de venta respecto a los costos de importación; por lo que sostuvo que el método de determinación sobre base presunta, es ilegal y nula, al ser elaborado de manera particular para perjudicarlo, al margen de lo dispuesto en la Ley 2492. Agregó que la entidad recurrida debe someter sus actos a la Ley y añadió que carece de autorización para elaborar normas particulares para contribuyentes específicos, máxime cuando en el informe señaló textualmente la imposibilidad de aplicar las técnicas establecidas en la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13. 

Sostuvo que, en la Vista de Cargo N° 291930000896 y en la Resolución Determinativa impugnada, la Administración Tributaria se limitó a señalar que a efectos de establecer el precio de venta utilizó como referencia, información correspondiente a “PRECIOS ARTIFICIALMENTE DETERMINADOS POR LA PROPIA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA“, exponiendo importes generales, sin el detalle de gastos que los componen y menos identifico nominalmente a los mismos, a efecto de permitirle identificar la información utilizada y corroborar si estos se ajustan al hecho imponible atribuido. 

Sostuvo que, si bien la entidad recurrida no aplicó la técnica de contribuyentes similares, por la falta de concurrencia de lo dispuesto en el inciso c) del artículo 8 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13, la utilización de información referencial de otros contribuyentes, exige la existencia de una similitud que permita asegurar, que no fue vulnerado el principio de verdad material expuesto en el inciso d) del artículo 4 de la Ley 2341; en consecuencia adujo que la entidad recurrida se encuentra impedida a utilizar de forma discrecional información que no se asemeje a la situación del mercado respecto de los precios de venta. 

Replicó que, la falta de un desglose respecto a los componentes del precio de venta, vulneró su derecho a la defensa, por cuanto el ente recaudador no le dio a conocer los elementos sobre los cuales estableció el precio de venta, pudiendo diferir en una serie de factores que integran la actividad de venta de vehículos y que inciden de forma directa en los costos de la venta, aspecto que era de conocimiento del ente 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

recaudador y que motivó la solicitud de aprobación de la técnica a emplear en la determinación. 

Manifestó que, los actos administrativos emitidos carecen de una exposición precisa sobre aquellos factores que incidieron en los costos incurridos respecto a la actividad de la importación de vehículos y posterior venta de los mismos, corriendo el riesgo de utilizar datos ajenos a la realidad económica y verdad material del hecho generador identificado por el Servicio de Impuestos Nacionales y que no podrían ser desvirtuados por los sujetos pasivos. Agregó que la Administración Tributaria, debe emitir actos que cuenten con la debida fundamentación para evitar duda sobre la discrecionalidad de los datos utilizados y asegurar el conocimiento real de todos los componentes esgrimidos para la determinación del costo de importación y la posterior venta de vehículos

Señaló que, en el Informe ÇITE: SINGF/DNCC/INF/423/2019, el Departamento de Fiscalización y Fiscalidad Internacional aplicó un margen de utilidad de 0,05%, empero la Gerencia de Fiscalización ordenó la aplicación de un 0,5%, aspecto que se hace evidente con la comparación del citado informe y la página 18 de la Vista de Cargo-No 291930000896, la concurrencia de vicio de nulidad que corresponde ser subsanado. Añadió que, la entidad recurrida señaló en el acto impugnado, que mantiene firme ,este error y que no influyó en la decisión final, lo cual violenta lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

Expuso que, en el Informe CITE: SIN/GF/DNCC/INF/423/2019, que sirvió de base para la emisión del acto impugnado, la entidad recurrida utilizó la alícuota de 14,94% para el Impuesto al Valor Agregado, respecto a la venta de los vehículos dentro del mercado interno, en contra de lo establecido en el artículo 15 de la Ley 843, que dispone la alicuota única y general del 13%; asimismo, el acto impugnado no explica ni fundamenta el origen legal de la referida alícuota del 14,94%, por lo que señala que la Administración Tributaria incurrió en graves contradicciones a la hora de diferenciar el Impuesto al Valor Agregado pagado en el momento de la Importación y el determinado en la venta en el mercado Interno. 

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Sostuvo que, la Administración Tributaria carece de la facultad de elaborar métodos de determinación a medida, menos cuando el artículo 100 de la Ley 2492 no le otorga 

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de la Canded Certiticado N° 7711

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

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dicha potestad; en consecuencia, señaló que el informe CITE: SIN/GF/DNCC/INF/423/2019 es nulo e ilegal, debido a que el uso de los elementos contenidos en dicha documentación en la determinación, derivaron en la vulneración 

de su derecho a la defensa. Precisó que, el sujeto activo debió aplicar un método de determinación que asegure el cumplimiento del procedimiento general contenido en la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13 y en el Código Tributarlo Boliviano, además de garantizar el debido proceso en su elemento del derecho a la 

defensa, en consideración a las amplias facultades de investigación que le otorga el Código Tributario Boliviano. 

Señaló que, el sujeto activo citó el inciso d) del artículo 8 de la Resolución Normativa de Directorio 10-0017-13, sobre la evaluación y aprobación de la técnica a ser aplicada y que -según la entidad recurrida- estaría expuesto en el Informe CITE: SIN/GF/DNCC/INF/423/2019; empero, de acuerdo a los antecedentes administrativos, no existe una nota de aprobación, aspecto que le generó duda con relación a la aplicación de la técnica practicada en el presente caso, máxime cuando de manera contraria, la entidad recurrida indicó que no fue posible la aplicación de las técnicas establecidas en la Resolución Normativa de Directorio 10-0017-13. 

Manifestó que la vista de Cargo N° 291930000896 y la Resolución Determinativa No 172030000230. no exponen toda la información relacionada a la fórmula creada y el sustento legal al respecto, que incumben al establecimiento del costo de importación y posterior venta. Preció que, la entidad recurrida no puede pretender asumir una actitud pasiva, delegando la responsabilidad del establecimiento de los costos, gastos y utilidades al sujeto pasivo, menos puede aplicar una técnica que utiliza elementos discrecionales que impiden el ejercicio del derecho a la defensa. 

Refirió que, el proceso determinativo llevado a cabo por la Administración Tributaria, se encuentra viciado de nulidad, por haber vulnerado el debido proceso en su vertiente del derecho a la defensa, aspecto que, además contraviene lo dispuesto en el artículo 96 y parágrafo II del artículo 99 de la Ley 2492, respecto a los fundamentos que debe contener la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa; también incumplen con su finalidad, que es dar a conocer al administrado el establecimiento de la obligación tributaria de manera fundada y sin vulnerar el debido proceso, 

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aspectos establecidos como nulidad en los citados artículos así como en el artículo 36 de la Ley 2341. 

Sostuvo que, corresponde anular el proceso hasta la Orden de Verificación No 17990200408 e inclusive el Requerimiento N° 137166, a fin de que el sujeto activo emita un nuevo acto administrativo que exponga la fundamentación sobre normas reglamentarias y las técnicas de determinación aprobadas legalmente con anterioridad al acto, toda vez que, la identificación y razones por las cuales fue empleada una fórmula para establecer el valor o precio real de venta, constituyen en aspectos fundamentales para que pueda asumir defensa desde un principio y no durante la tramitación, puesto que, al desconocer las características de la fórmula o la negación del derecho al crédito fiscal, fue afectado el derecho a defensa, aspectos que vician de nulidad el acto. 

Aludió que, la Resolución Determinativa N°172030000230 y todos los actuados anteriores se encuentran viciados de nulidad, al vulnerar su derecho a la’defensa y el debido proceso, toda vez que no establecieron de manera fundada los cargos tributarios, especialmente cuando utilizaron procedimientos para determinar una base presunta aplicados a la determinación sobre base cierta. 

Refirió que, el acto impugnado señaló la inexistencia de nulidad expresamente determinada por Ley, a causa de la demora o falta de emisión de la Vista de Cargo, cuando los vicios de nulidad.manifestados (descritos en párrafos previos) no tienen relación con la denuncia de caducidad, figura jurídica diferente, por cuanto su reclamo se encuentra relacionado a la negligencia administrativa y falta de cumplimiento de plazos perentorios. 

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ÇFATIFKATCH 

Indicó que, desde la notificación de la Orden de Verificación N° 17990200408 y Requerimiento No 137116, transcurrieron un año y cinco meses. Al respecto, citó el parágrafo V, artículo 104 de la Ley 2492 y manifestó que el argumento de la entidad recurrida, sobre la inexistencia de una condicionante de “perentorioen el Código Tributario Boliviano que obligue a la emisión de la Vista de Cargo dentro de los plazos perentorios establecidos y que dicho acto (Vista de Cargo) seria válido, corresponde a un error jurídico, pues desconoce el carácter imperativo del Código Tributario Boliviano y lo subordina a sus propósitos

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir Jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvísa tendodegua mbaeti oromita mbaerepi Vae (Guaraní) 

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III 

Ahondó en que, la Administración Tributaria no concluyó su trabajo de fiscalización dentro del plazo de 12 meses establecido en el artículo 104 de la Ley 2492, añadiendo que la Vista de Cargo debió ser notificada dentro el plazo máximo de cinco días a partir de su emisión, en caso de no cursar la ampliación dispuesta en el citado artículo, dicho acto administrativo debía ser notificado hasta mayo de 2018, empero, la Vista de Cargo No 291930000896, que es la única válida para efectos jurídicos, fue notificada el 8 de enero de 2020, dos años y diez meses después de iniciado el proceso de verificación, por causas atribuidas directamente al sujeto activo. 

Expuso que, corresponde considerar que la vista de Cargo se extingue de pleno derecho sin necesidad de otro acto posterior por expiración del plazo, el cual es perentorio y de cumplimiento obligatorio, por lo que corresponde disponer la extinción de pleno derecho de la facultad para emitir la Vista de Cargo, debiendo el ente recaudador dictar una Resolución Determinativa que declare la inexistencia y la extinción de la deuda tributaria, así como los intereses y sanciones pecuniarias. Al efecto citó el artículo.4, parágrafo I del artículo 74 de la Ley 2492; inciso c) del artículo 57, inciso ) del artículo 62 del Decreto Supremo 27113; y parágrafo III del artículo 33 de la Ley 2341. 

En petitorio, solicitó la anulación de la Resolución Determinativa N° 172030000230 de 16 de marzo de 2020. 

11.2. Auto de Admisión. El 24 de julio de 2020, ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Admisión EXPEDIENTE ARIT-CBA-0172/2020, del Recurso de Alzada interpuesto por la Cristian Mauricio Rocha Guzmán, contra la Resolución Determinativa N° 172030000230 de 16 de marzo de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (fojas 59 del 

expediente administrativo). 

II.3. Respuesta de la Administración Tributaria. La Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por José Elmer Barrancos Barrientos, conforme acreditó Resolución Administrativa de Presidencia No 032000000725 de 11 de agosto de 2020 (fojas 62 63 del expediente administrativo), por memorial presentado el 14 de agosto de 2020 

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(fojas 64-70 del expediente administrativo), respondió al Recurso de Alzada con los siguientes fundamentos: 

Que, resguardó la legalidad del procedimiento y respeto el derecho a la defensa y el debido proceso del ahorra recurrente, puesto que el cruce de información realizado con la Aduana Nacional, Viceministerio de Política Tributaria y Entidades financieras, fueron realizadas conforme a su facultad de investigar consagrada en el artículo 29 del Decreto Supremo 27310, hecho que no conlleva vulneración de los derechos del sujeto pasivo, establecidos en el artículo 68 de la Ley 2492, más cuando éste conoció el proceso determinativo desde un inicio (con la notificación de la Orden de Verificación) y tuvo los escenarios para presentar documentación y/o prueba que considere necesaria. 

Señaló que, toda la información obtenida dentro de su facultad de investigación y la otorgada por el sujeto pasivo, fue descrita-yanalizada en-la-Vista de Cargo No 291930000896 (notificada al ahora recurrente) que contiene todos los elementos que llevaron al convencimiento de la determinación asumida. Agregó que el 3 de febrero de 2020, el sujeto pasivo presentó la nota cursante a fojas 3087, donde argumentó las observaciones que consideró no correspondían y tuvo la libertad de observar la deuda preliminar establecida en la vista de Cargo, por lo que no puede argüir indefensión, menos. desconocer los elementos empleados por la Administración Tributaria para la determinación realizada, que cursan tanto en la vista de Cargo como en el acto impugnado. 

  1. I. Nu

Explicó que, el propósito del Informe CITE: SIN/GF/DNCC/INF/423/2019 de 30 de octubre de 2019, es poner en conocimiento de la Gerencia de Fiscalización, como será desarrollada la determinación, en calidad de medida interna de seguimiento de trámite y que en su punto “III. Conclusión“, señala: “...se aprueba la técnica descrita en el informe CITE/SIN/GF/DFFI/EFE/INF/172/2019″ y “() el Departamento de Nomas y Control de Calidad de la Gerencia de Fiscalización, en aplicación de la RND N° 100017 13 se limita a la evaluación de la técnica propuesta; siendo responsabilidad del Departamento de Fiscalización y Fiscalización Internacional la evaluación de los hechos y elementos, (…) para la determinación de la base imponible, por lo que afirmó, que dio cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución Normativa de Directorio 10-001713 y a la finalidad del informe, al momento de aprobar la técnica de base presunta; aspecto que no 

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incide en los mecanismos de defensa del sujeto pasivo, ni sobre el conocimiento del trabajo desarrollado por la Administración Tributaria. 

Expuso que, la solicitud de fotocopias realizada por el sujeto pasivo, no generó incidencia alguna sobre el ejercicio del derecho a la defensa, pues otorgó la misma como información referencial y no como parte estructural o sustituto de la Vista de Cargo, que cuenta con sustento, análisis, motivación y fundamentación propia. Agregó que, el sujeto pasivo fue notificado con la vista de Cargo N° 291930000896 el 8 de enero de 2020 y presentó su solicitud de fotocopias, 19 días después de asumir conocimiento del citado acto, cuando podía hacerlo con antelación si así lo creía necesario. Precisó que, en antecedentes no cursa constancia de que el sujeto pasivo hubiese insistido en la entrega de fotocopias y que al contrario, el 7 de febrero le fue entregado lo solicitado

Manifestó que, conforme disponen los artículos 96, 98 y parágrafo I, artículo 104 de la Ley 2492, los actos administrativos a ser notificados son: la Orden de Verificación, Vista de Cargo y Resolución Determinativa, que aperturan distintas etapas para que el sujeto pasivo asuma defensa en debido proceso y en ese sentido, la notificación de informes o similares, no se encuentra en el procedimiento determinativo como actos a ser notificados, menos cuando no dan inicio a etapas para el ejercicio del derecho a la defensa; por lo que afirmó, que el vicio de nulidad reclamado por el sujeto pasivo, respecto a que no fue notificado con el Informe CITE: SIN/GF/DNCC/INF/423/2019, no tiene asidero legal. 

Ahondó en que, conforme dispone el artículo 143 de la Ley 2492, el Recurso de Alzada debe concernir a la Resolución Determinativa N° 17203000230 y no así al Informe CITE: SIN/GF/DNCC/INF/423/2019, que no es recurrible ni susceptible de notificación. 

Sostuvo que, el reclamo del sujeto pasivo, respecto a que la base presunta seria ilegal y nula por ser elaborada de forma particular para perjudicarlo (reclamo efectuado en el punto 2.1 primer párrafo), contiene una redacción vaga y no establece una afectación real y puntual; pues la subvaluación de los precios de venta, encuentra respaldo en la revisión de los supuestos precios de venta consignados en las facturas y en los precios de importación, donde de manera ilógica, el sujeto pasivo vendió vehículos a precios inferiores a los importados, lo que no corresponde a una realidad económica. 

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Refirió que, para cuantificar la base imponible aplicó la deducción, conforme dispone el inciso d) del artículo 8 de la Resolución Normativa de Directorio 10-0017-13, cumpliendo con la formalidad de control interno de aprobación del método, de acuerdo al informe CITE: SIN/GF/DNCC/INF/423/2019, 

Explicó los componentes del costo de Importación (CIF + GApagado + Cpagado), precisando que la utilidad del 0.5% del valor de la factura emitida, fue la señalada por el sujeto pasivo conforme consta en el Acta de Acciones y Omisiones de 28 de noviembre de 2017; por lo que, el precio presumible de venta antes de impuestos, incumbe al Costo de Importación más la Utilidad; y el precio de venta del vehículo, está determinado por el precio de venta antes de impuestos más la tasa efectiva del IVA; ejercicio repetido en la vista de Cargo, por cada uno de los 196 vehículos. Por lo que sostuvo que cada uno de los componentes fue debidamente desarrollado, explicando la metodología de manera clara y concisa – —- 

Señaló que, no empleó la técnica de contribuyentes similares, en el entendido de lo establecido en el artículo 8 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13, respecto a la aplicación de las técnicas conforme a las circunstancias que amérite el caso, extremo que fue aplicado y que el sujeto pasivo no rebatió la razón para aplicar a su caso, por lo que adujo, que no podría alegar una afectación sin que la misma se encuentre fundamentada.. 

Manifestó que, el precio de venta y la determinación establecida, encuentran respaldo en los antecedentes administrativos que permiten verificar el trabajo desarrollado conforme a las facultades otorgadas como sujeto activo, en consideración de lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley 2492; de donde resalta que el sujeto pasivo tiene la misma obligación, pues debe demostrar sus afirmaciones y no limitarse a referir que tuvo costos o gastos, sin señalar cuáles no tiene respaldo, más cuando en antecedentes administrativos no cursa documentación que demuestre lo manifestado por el sujeto pasivo. 

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Reiteró que el margen de utilidad de 0.5% aplicado en la vista de Cargo y en la Resolución Determinativa impugnada, fue en consideración a lo manifestado por el sujeto pasivo, conforme consta en el Acta de Acciones y Omisiones, cursante a fojas 24 y debidamente 

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firmado por éste, por lo que adujo, que no se puede desconocer el margen de utilidad que el propio contribuyente afirmó. 

Sostuvo que el 14.94% corresponde a la tasa efectiva del IVA conforme dispone el artículo 5 de la Ley 843, toda vez que el citado impuesto forma parte integrante del precio neto gravado, calculado, aplicando el 14.94% al costo de importación, ya que en Bolivia la forma de determinación del IVA es por dentro. 

Precisó que, el informe CITE: SIN/GF/DNCC/INF/423/2019, acto de control intemo, no es impugnable, menos sustituye a la vista de Cargo y Resolución Determinativa, mismos que contienen elementos y valoración propia, por los cuales llegó a la determinación; de considerar lo contrario, el sujeto pasivo tiene la obligación de sustentar cuales serían estas, para que la instancia de alzada pueda ingresar a una revisión. Agregó que empleó de forma correcta, lo dispuesto en el inciso d) del artículo 8 de la Resolución Normativa de Directorio 10-0017-13 y al no existir un fundamento y menos respaldo que demuestre lo contrario, corresponde rechazar la pretensión del sujeto pasivo. 

Señaló que, no es aplicable el artículo 36 de la Ley 2341 y que el sujeto pasivo, no cumplió con lo dispuesto en el inciso e) del artículo 198 de la Ley 2492, que exige que toda persona que acuda en via de recurso Jerárquico debe sustentar las afectaciones que le causa el acto recurrido y establecer sus pretensiones con una fundamentación de hecho y de derecho acorde al desarrollo del procedimiento administrativo efectuado y no hacer alegaciones genéricas que, no corresponden legal ni técnicamente; inobservancia que contiene el Recurso de Alzada, pese a la observación efectuada por la instancia de Alzada, mediante el Auto de Observación de 26 de junio de 2020. 

Manifestó que, si bien la figura juridica de caducidad es aplicable en el campo civil o penal, no es así en materia tributaria por no estar contemplada en la legislación tributaria. Citó el parágrafo V del artículo 104 de la Ley 2492 y precisó que en la redacción del Código Tributario Boliviano, no se encuentra prevista la caducidad por el incumplimiento de plazos 

o la pérdida de la facultad de la Administración Tributaria para determinar las obligaciones tributarias, más cuando dicha disposición no recoge en su texto un término perentorio de observancia que justifique la aplicación de la caducidad. Al efecto citó la las Sentencias 276/2015 de 25 de junio y 119/2016 de 30 de junio y precisó que conforme a esta última 

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sentencia, la caducidad no se encuentra como una forma de extinción de la obligación tributaria. Agregó que, realizó la determinación dentro de las facultades establecidas por la Ley 2492 

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Reiteró que actuó conforme a normativa legal y vigente, que respetó el principio de legalidad y no transgredio derecho alguno, pues sus acciones se encuentran respaldadas técnica y legalmente, conforme el presente memorial y los antecedentes administrativos. 

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Por los fundamentos expuestos, solicitó confirmar la Resolución, Determinativa No 172030000230 de 16 de marzo de 2020. 

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II.4. Apertura de término probatorio. El 17 de agosto de 2020, esta Autoridad Regional de_Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Apertura Término de Prueba EXPEDIENTE ARIT CBA-0172/2020 iniciando el término de prueba de 20 días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del inciso d) artículo 218 del Código Tributario Boliviano (fojas 71 del expediente administrativo). 

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El 1 de septiembre de 2020, la Administración Tributaria, mediante memorial ofreció y/ ratificó en calidad de prueba, los antecedentes administrativos remitidos con el memorial de respuesta al Recurso de Alzada (fojas 73 del expediente administrativo). 

El 8 de septiembre de 2020, el sujeto pasivo, mediante nota ratificó y ofreció las pruebas documentales acompañadas a su Recurso de Alzada, así como la documentación remitida por la Administración Tributaria, adjunta al memorial de respuesta al Recurso de Alzada (fojas 76 del expediente administrativo)

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II.5. Alegatos. El 28 de septiembre de 2020, la entidad recurrida presentó memorial de alegatos, replicando los argumentos plasmados en el memorial de respuesta al Recurso de Alzada, inherentes a que ejerció su facultad de investigación en aplicación de los dispuesto en el artículo 66 de la Ley 2492; sostuvo, que notificada la Orden de Verificación y la Vista de Cargo, el sujeto pasivo podía presentar todas las pruebas que creia convenientes, en los plazos previstos; añadió que el informe cursante a 

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fojas 2960 a 2962 de antecedentes administrativo tiene la finalidad de aprobar la técnica usada dentro del proceso de determinativo; que la determinación arribada, encuentra respaldo en la documentación cursante en antecedentes administrativos; que aplicó el margen de utilidad señalado por el sujeto pasivo; argumentos inherentes a la tasa efectiva del IVA y que la caducidad alegada por el sujeto pasivo no tiene aplicación en materia tributaria (fojas 79-80 del expediente administrativo)

El 28 de septiembre de 2020, la parte recurrente presentó nota de alegatos, reiterando los argumentos planteados en el Recurso de Alzada, referidos a: Entrega extemporánea de documentación; falta de notificación del informe CITE:SIN/GF/DNCC/INF/423/2019, y los controles cruzados realizados; vicios de nulidad en la determinación sobre Base Presunta (exposición de importes generales, falta de identificación de la documentación utilizada, aplicación del 0.5% como margen de utilidad, entre otros); sobre la aplicación de la alícuota del 14.94%; inexistencia de la nota de aprobación para el método de determinación; que los actos administrativos no cumplieron con su finalidad de dar a conocer al administrado el establecimiento de la obligación tributaria de manera fundada y en el marco del debido proceso; y emisión y notificación de la Vista de Cargo emitida, fuera del plazo previsto en la normativa. Asimismo, manifestó que la entidad recurrida, en el procedimiento de determinación sobre 

base del Impuesto al Valor Agregado (IVA), utilizó elementos que hacen a la determinación del Impuesto sobre las Utilidades de la Empresas (UE) (fojas 83-89 del expediente administrativo). 

III. 

ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA. El 17 de abril de 2017, la Administración Tributaria emitió la Orden de Verificación No 17990200408 a efecto de verificar la totalidad de los hechos y/o elementos relacionados 

to fiscal IVA y su efecto en el IT de los períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2015. Acto notificado personalmente al sujeto pasivo el 5 de mayo 2017 (fojas 7 de antecedentes administrativos). 

El 19 de abril de 2017, la Administración Tributaria emitió el requerimiento Formulario 4003 N° 137116, solicitando al sujeto pasivo la presentación de la siguiente documentación: Declaraciones Juradas del IVA e IT, Libro de Compras y Ventas IVA, notas fiscales de 

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respaldo al débito y crédito fiscal, extractos bancarios, Comprobante de Ingresos con respaldo, Libros de contabilidad (diario y mayor), Kárdex, inventarios, Medios fehacientes de pago, documentos de respaldo de las ventas efectuadas y otros que sea requeridos en el transcurso de la verificación y pólizas de importación. Acto notificado el 5 de mayo de 2017 (fojas 8 de antecedentes administrativos). 

El 20 de noviembre de 2017, la Administración Tributaria.labró el Acta de Autorización para Inspección Ocular correspondiente a la Orden de Verificación N° 17990200408, haciendo constar que en la dirección fiscal declarada por el sujeto pasivo no pudo verificarse la existencia y exposición de vehículos para la venta, siendo que el mismo corresponde a un ambiente pequeño que solo es utilizado para la facturación por la venta de vehículos; asimismo, mediante acta de acciones y omisiones de 28 de noviembre de 2017, el Servicio de Impuestos Nacionales preguntó a Cristian Mauricio Rocha Guzmán respecto al margen de utilidad o ganancia-promedio que obtuvo-en la venta de los vehículos durante la gestión 2015, obteniendo como respuesta el 0.5% del valor de la factura emitida (fojas 22-24 de antecedentes administrativos). 

El 1 de febrero de 2018, la Administración Tributaria emitió el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación N 00091787, por la entrega parcial de la información y documentación requerida durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación, en los plazos medios, formas y lugares establecidos (fojas 25 de antecedentes administrativos). 

El 6 de febrero de 2018, el Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Vista de Cargo No 291830000003, liquidando previamente el adeudo tributario sobre Base Cierta por un total de UFVS 2.908.104 equivalentes a Bs6.522.820.- importe correspondiente al IVA e IT de los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2015, así como a los intereses, sanción por calificación preliminar de la conducta y multa por incumplimiento a deberes formales. Acto notificado personalmente, el 23 de febrero de 2018 (fojas 2617-2640 y 2641 de antecedentes administrativos). 

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El 27 de marzo de 2018, Cristian Mauricio Rocha Guzmán presentó nota de descargos a la Vista de Cargo ante la Administración Tributaria, objetando en la forma y en el fondo la 

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determinación efectuada, concluyendo que corresponde la nulidad de obrados, a efectos de emitir un nuevo acto que exponga la fundamentación, toda vez que al no conocer las características y atributos de la fórmula o la negación del derecho al crédito fiscal, fue afectado el derecho a la defensa (fojas 2673-2708 de antecedentes administrativos). 

El 5 de junio de 2018, el Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Resolución Administrativa N° 231830000229, anulando la Vista de Cargo N° 291830000003 de 6 de febrero de 2018 y su respectiva diligencia de notificación, disponiendo en consecuencia la emisión de una nueva Vista de Cargo enmarcada en el principio de igualdad y respetando el debido proceso. Acto notificado personalmente el 27 de junio de 2018 (fojas 2713-2716 y 2717 de antecedentes administrativos). 

El 17 de septiembre de 2018, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo No 291830000382, liquidando previamente el adeudo tributario sobre Base Cierta por un total de UFV 2.946.215, equivalentes a Bs6.723.501.- importe correspondiente al IVA e IT de los períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2015; intereses, sanción por calificación preliminar de la conducta y multa por incumplimiento a deberes formales. Acto notificado personalmente, el 3 de octubre de 2018 (fojas 2778-2804 y 2805 de antecedentes administrativos). 

El 31 de octubre de 2018, Cristian Mauricio Rocha Guzmán presentó nota de descargo a la Vista de Cargo N° 291830000382, argumentando la nulidad de los papeles de trabajo, la determinación del valor real, la extinción de la facultad para emitir la Vista de Cargo; 

asimismo, cuestionó la determinación de ingresos no declarados sobre base cierta y el cuadro de ingresos no declarados, concluyendo que el citado acto administrativo estaría Viciado de nulidad al vulnerar el derecho a la defensa y el debido proceso, al no establecer de manera fundada los cargos tributarios (fojas 2811-2823 de antecedentes administrativos). 

El 10 de diciembre de 2018, el Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Resolución Determinativa N° 171830001439, que determinó de oficio, las obligaciones impositivas del sujeto pasivo en UFVs 2.960.828 equivalentes a Bs6.776.952.- correspondiente al tributo omitido actualizado, interés, sanción por omisión de pago y multa por incumplimiento a 

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deber formal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos fiscales mayo a diciembre de la gestión 2015; asimismo, calificó la conducta de Cristian Mauricio Rocha Guzmán, como Omisión de Pago y aplicó una sanción equivalente al 100% sobre el tributo omitido. Acto notificado personalmente el 28 de diciembre de 2018 (fojas 2847-2889 y 2893 de antecedentes administrativos)

El 8 de abril de 2019, esta instancia de Alzada emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARITCBARA 0120/2019, mediante la cual resolvió anular la Resolución Determinativa No 171830001439 de 10 de diciembre de 2018, hasta el vicio más antiguo, esto es hasta la Vista de Cargo N° 291830000382 de 17 de septiembre de 2018. El 2 de mayo de 2019, la citada Resolución de Recurso de Alzada, fue declarada firme mediante “AUTO DE DECLARATORIA DE FIRMEZA” (fojas 2901-2920 y 2922 de antecedentes administrativos)

El 19 de diciembre de 2019, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo No 291930000896, liquidando previamente el adeudo tributario sobre Base Presunta por un total de UFV$3.029.528 equivalentes a Bs7.056.834.- importe correspondiente al IVA IT de los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2015, intereses, sanción por calificación preliminar de la conducta’y la multa por incumplimiento a deberes formales. Acto notificado personalmente, el 23 de febrero de 2018 (fojas 3037 y 3038-30$7 de antecedentes administrativos). 

El 6 de febrero de 2020, el sujeto pasivo presentó memorial de descargo a la vista de Cargo N° 291930000896, mediante el cual, reclamó el sustento documental a la base imponible determinada por el sujeto activo; que no le fue posible hacer vista a las actuaciones debido a que lo antecedentes se encontraban en la ciudad de La Paz y no en Cochabamba, que no fue notificado con los controles cruzados realizados, que el Informe solicitado le fue proporcionado a horas para el vencimiento de la etapa de descargos a la Vista de Cargo, que el sujeto activo mostró importes generales sin detallar ni identificar nominalmente los gastos que los componen, tampoco los elementos del precio de venta; extinción de la facultad administrativa para emitir la Vista de Cargo; aplicación del margen de utilidad, contrario a lo dispuesto en el Informe CITE: SIN/GF/DNCC/INF/423/2019

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entre otros; por lo que alegó vulneración al debido proceso en su vertiente derecho a la defensa (fojas 3087-3100 de antecedentes administrativos). 

El 16 de marzo de 2020, la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa N° 172030000230, que determinó de oficio obligaciones impositivas de Cristian Mauricio Rocha Guzmán, en la suma de UFV$3.049.768 equivalentes a Bs7.135.419.- correspondientes al tributo omitido actualizado (IVA e IT), intereses y sanción por omisión de pago, por los periodos fiscales mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2015, así como incumplimiento a deberes formales. Asimismo, calificó la conducta del sujeto pasivo como omisión de pago, aplicando una sanción equivalente al 100% sobre el tributo omitido determinado, conforme a lo establecido en los artículos 165 de la Ley 2492, 42 del Decreto Supremo 27310 y la Resolución de Normativa de Directorio N° 10-0032-16. Acto notificado de manera personal el 4 de junio de 2020 (fojas 3124-3169 y 3171 de antecedentes administrativos). 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA. 

Conforme a lo establecido en el artículo 211 parágrafo | del Código Tributario Boliviano, ésta instancia recursiva ingresará a resolver los reclamos efectuados por Cristian Mauricio Rocha Guzmán, dentro de los cuales planteó para el análisis técnico 

jurídico los siguientes aspectos de forma y de fondo: 1. Vista de Cargo emitida y notificada fuera de plazo; 2. Falta de notificación de los cruces de información, nulidad de los papeles de trabajo y acceso a los antecedentes administrativos; 3. Vicios de nulidad en la determinación sobre Base Presunta; e 4. Improcedencia del incumplimiento a deber formal. 

Antes de ingresar al análisis técnico jurídico, corresponde dejar en manifiesto que, conforme a lo detallado en el párrafo anterior, pudo evidenciarse que la parte recurrente, planteó aspectos tanto de forma como de fondo; por lo que de acuerdo a los principios procesales y en resguardo del debido proceso y el derecho a la defensa de ambas partes, esta instancia recursiva, inicialmente atenderá los aspectos de forma reclamados y en caso de no ser evidentes, corresponderá la evaluación de los aspectos de fondo para determinar lo que en derecho corresponda. 

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Asimismo, es preciso señalar que la Administración Tributaria a momento de responder al Recurso de Alzada, argumento que el memorial de interposición de Recuro de Alzada, no cumplió lo dispuesto en el inciso e) del parágrafo I del artículo 198 del Código Tributario Boliviano, motivo por el cual ésta instancia recursiva analizará de forma previa la admisión del presente Recurso de Alzada. 

IV.1. Cuestiones previas. La Administración Tributaria, en el memorial de respuesta al Recurso de Alzada manifestó que el recurso interpuesto por el sujeto pasivo, no cumplió con lo dispuesto en el inciso e). artículo 198 de la Ley 2492, pese a la observación efectuada por la instancia de Alzada, mediante el Auto de Observación de 26 de junio de 2020. 

Al respecto.es importante señalar que, el inciso e), parágrafo 1.del articulo 198 de la Ley 2492, dispone: “Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, debiendo contener:'(...) e) ‘Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que ‘se apoya la impugnación, fijando con claridad i la razón de su impugnación, exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide”

En ese contexto, de la lectura integra del memorial de Recurso de Alzada presentado por el sujeto pasivo mediante notas de 23 de junio y 21 de julio de 2020, se tiene que la parte recurrente reclamo aspectos tanto de forma como de fondo, haciendo énfasis a la vulneración a su derecho a la defensa y al debido proceso, siendo éstos: Emisión y notificación de la Vista de Cargo fuera del plazo previsto al efecto; falta de notificación de los cruces de información; nulidad de los papeles de trabajo; determinación sobre base presunta ilegal, inexistencia de fundamento en los cargos tributarios e improcedencia del incumplimiento a deber formal, entre otros, que son las razones de su impugnación. 

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En consecuencia, al ser evidente que la parte recurrente señaló los fundamentos de hecho y de derecho de los agravios de forma y fondo causados por el acto impugnado, así como las razones por las que consideró la configuración de los mismos; corresponde desestimar el reclamo planteado por la Administración Tributaria, respecto al incumplimiento de lo dispuesto en el inciso e) del parágrafo I del artículo 198 de la Ley 2492. 

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Por otro lado, también es necesario aclarar de forma previa, que en el memorial de Recurso de Alzada, el sujeto pasivo argumento diferentes aspectos que, a su entender, se traducen en la nulidad del Informe CITE: SIN/GF/DNCC/INF/423/2019 de 30 de octubre 

de 2019, por lo que solicitó la nulidad de la Orden de Verificación No 17990200408 y Requerimiento N° 137166 (fojas 53-54 y 56 del expediente administrativo). Al respecto, cabe precisar que, conforme a lo dispuesto en el artículo 198 del Código Tributario Boliviano, uno de los requisitos establecidos para la formulación del Recurso de Alzada, es el planteamiento de los agravios causados por el acto impugnado, aspecto que denota el carácter de revisor de actos administrativos, del que se encuentra envestida la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

Por tanto, es preciso hacer notar y aclarar que, el Informe CITE: SIN/GF/DNCC/INF/423/2019 de 30 de octubre de 2019, así como la Orden de Verificación N° 17990200408 y Requerimiento No 137166, no constituyen en el objeto del Recurso de Alzada, toda vez que, el acto impugnado, incumbe a la Resolución Determinativa No 172030000230 de 16 de marzo de 2020, tal como se evidenció del acto adjunto al Recurso de Alzada del sujeto pasivo y el “AUTO DE ADMISIÓN EXPEDIENTE ARIT CBA-0172/2020″ de 24 de julio de 2020, emitido por esta instancia de Alzada (fojas 2-47 y 59 del expediente administrativo); imposibilitando a esta instancia recursiva pronunciarse respecto a los reclamos relacionados al Informe CITE: SIN/GF/DNCC/INF/423/2019 de 30 de octubre de 2019, Orden de Verificación No 17990200408 y Requerimiento No 137166, esto en apego al principio de congruencia, debiendo como instancia revisora limitar el análisis, solo al contenido del Acto impugnado. Realizadas las aclaraciones anteriores, corresponde el análisis de los reclamos de forma y fondo identificados en el Recurso de Alzada que están relacionados con el acto administrativo impugnado, 

IV.2. Vista de Cargo emitida y notificada fuera de plazo. El sujeto pasivo señaló que, los vicios de nulidad denunciados en el Recurso de Alzada, no tienen relación con la denuncia de caducidad, figura juridica diferente, por cuanto su reclamo incumbe a la negligencia administrativa y falta de cumplimiento de plazos perentorios. Refirió que, desde la notificación de la Orden de Verificación N°17990200408 y Requerimiento No 137116, transcurrieron un año y cinco meses; asimismo, citó el parágrafo V del artículo 104 de la Ley 2492 y manifestó que el argumento de la entidad 

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recurrida, sobre la inexistencia de una condicionante de “perentorio” en el Código Tributario Boliviano, que obligue a la emisión de la Vista de Cargo dentro de los plazos establecidos, por lo que dicho acto sería válido; corresponde a un error jurídico, pues desconoce el carácter imperativo del Código Tributario Boliviano y lo subordina a sus propósitos. 

Asimismo señaló que la Vista de Cargo, debía ser notificada en el plazo máximo de cinco dias a partir de su emisión y ante la inexistencia de la ampliación dispuesta en el parágrafo V del artículo 104 de la Ley 2492, dicho acto administrativo debió ser notificado hasta mayo de 2018; empero, la Vista de Cargo N° 291930000896 -siendo la única vàlida para efectos jurídicos- fue notificada el 8 de enero de 2020, dos años y diez meses después de iniciado el proceso de verificación, por causas atribuidas directamente al sujeto activo. 

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Refirió que, la Vista de Cargo se extingue de pleno derecho sin necesidad de otrò acto posterior por expiración del plazo perentorio y de cumplimiento obligatorio, por lo que correspondería disponer la extinción de pleno derecho de la facultad para emitir la Vista de Cargo, y que la entidad recurrida debía dictar una Resolución Determinativa que declare la inexistencia y la extinción de la deuda tributaria, así como los intereses y sanciones pecuniarias. Al efecto citó el artículo 4, parágrafo del artículo 74 de la Ley 2492; – – – ? inciso c), artículo 57, inciso 1) del artículo 62 del Decreto Supremo 27113; y parágrafo II del artículo 33 de la Ley 2341. ..) 

Por su parte, la Administración Tributaria indicó que, si bien la figura juridica de caducidad es aplicable en el campo civil o penal, no es así en materia tributaria, pues no está contemplada en la legislación tributaria. Asimismo, citó el parágrafo V del artículo 104 de la Ley 2492 y precisó que, el Código Tributario Boliviano en su redacción, no dispone la caducidad por el incumplimiento de plazos o la pérdida de la facultad de la Administración Tributaria para determinar las obligaciones tributarias, más cuando dicha disposición no recoge en su texto, un término de perentoria observancia que justifique la aplicación de la caducidad. Al efecto citó las Sentencias 276/2015 de 25 de junio y 119/2016 de 30 de junio y precisó que conforme a esta última sentencia, la caducidad no se encuentra como una forma de extinción de la obligación tributaria. 

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Al respecto, es preciso traer a colación los parágrafos I y IV del artículo 104 de la Ley 2492 que disponen: “7. Sólo en casos en los que la Administración, además de ejercer su facultad de control, verificación e investigación efectúe un proceso de fiscalización, el procedimiento se iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autoridad 

competente de la Administración Tributaria, estableciéndose su alcance, tributos y períodos a ser fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, así como la identificación del o los funcionarios actuantes, conforme a lo dispuesto en normas reglamentarias que a este efecto se emitan. IV. A la conclusión de la fiscalización, se emitirá la Vista de Cargo correspondiente”. 

El artículo 36 en su parágrafo III de la norma legal citada en líneas previas, dispone que: “La realización de actuaciones administrativas fuera de tiempo establecido para ellas, sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo”, marco legal aplicable en materia tributaria conforme los artículos 74 y 201 del Código Tributario Boliviano. 

Con la finalidad de resolver puntualmente lo reclamado por el recurrente, corresponde acudir al principio de especificidad, explicado en la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 1621/2013 de 4 de octubre de 2013, misma que señala: “(...) A efectos de una declaratoria de nulidad procesal, deben presentarse los elementos expuestos por la SCP 0332/2012 de 18 de junio, que reitera el razonamiento asumido en la SC 0731/2010-R de 20 de julio, que señala: “…a) Principio de especificidad o legalidad, referida a que el acto procesal se haya realizado en violación de prescripciones legales, sancionadas con nulidad, es decir, que no basta que la ley prescriba una determinada formalidad para que su omisión o defecto origine la nulidad del acto o procedimiento, por cuanto ella debe ser expresa, especifica, porque ningún trámite o acto judicial será declarado nulo si la nulidad no está expresamente determinada por la ley, en otros términos ‘No hay nulidad, sin ley especifica que la establezca’ (Eduardo Cuoture, «Fundamentos de Derecho Procesal Civil», p. 386) (...)”. 

Ahora bien, de la revisión de antecedentes administrativos, se advirtió que la Administración Tributaria realizó las actuaciones relevantes en el procedimiento de determinación, expuestas en el siguiente cuadro referencial: 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

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Actuaciones Antecedentes 

Administrativos 

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Fecha de Emisión 

.

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Fecha de Notificación 

JE 

Observación 

(Antecedentes Administrativos

” 

Orden de Verificación No 

17990200408 

17/04/2017 

05/05/2017 

Vista de Cargo No 

291830000003 

06/02/2018 

23/02/2018 

2617-264

Resolución Administrativa No 

231830000229 

05/06/2018 

27/06/2018 

Anulación de la Vista de Cargo No 291830000003 de 

06/02/2018 

2713-2717 

Vista de Cargo No 

291830000382 

17/09/2018 

03/10/2018 

2778-2805 

Resolución Determinativa No 

17183000143

10/12/2018 

28/12/2018 

2847-2889 y 

289

Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT-CBAURA 0120/2019 

08/04/2019 

2901-2920 y 

Auto de Declaratoria de Fimeza (02/05/2019) 

2922 

Vista de Cargo N° 291930000896 

19/12/2019 

08/01/2020 

3037-3067 

Resolución Determinativa No 

172030000230 

16/03/202004/06/2020 

3124-3169 y 

3171 

21 

Del cuadro precedente, se colige que, el sujeto pasivo fue notificado el 05 de mayo de 2017; con la Orden de Verificación N° 17990200408; concluido el proceso de verificación, el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), emitió la Vista de Cargo N° 291830000003 el 6 de febrero de 2018, que fue objeto de anulación mediante Resolución Administrativa No 231830000229 de 5 de junio de 2018. 

Posteriormente, el 17 de septiembre de 2018, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo No 291830000382 y posteriormente la Resolución Determinativa No 171830001439 de 10 de diciembre de 2018, actos notificados al recurrente el 3 de octubre de 2018 y 28 de diciembre de 2018, respectivamente. 

afao 150 900

calidad 

AHONCILIKKA 

Sin embargo, el 8 de abril de 2019, ante Recurso de Alzada interpuesto; esta instancia de Alzada mediante Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0120/2019, resolvió anular la vista de Cargo N° 291830000382 y Resolución Determinativa No 171830001439; Resolución de Recurso de Alzada que adquirió firmeza el 2 de mayo de 2019, conforme consta el Auto de Declaración de Firmeza. A cuya consecuencia, el 19 de diciembre de 2020, la Administración Tributaria recurrida, emitió la nueva Vista de Cargo N° 291930000896, que fue notificada al sujeto pasivo el 8 de enero de 2020; 

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Etustento 

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9001 IBNORC

Sistema de Gestion 

de la Calidad CauctoN771/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Av. Oquendo NP.381 entre Venezuela y Ecuador; Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012 www.ait.gob.boCochabamba, Bolivia 

para después el 16 de marzo de 2020 emitir la Resolución Determinativa No 172030000230, acto notificado al sujeto pasivo el 4 de junio de 2020

En ese contexto y conforme a la normativa descrita en párrafos previos, desde la notificación de la Orden de Verificación N° 17990200408 (5 de mayo de 2017), la Administración Tributaria, tenía el plazo de doce meses (12) para la conclusión del proceso iniciado con la referida Orden de Verificación; plazo en el cual emitió Vista de Cargo No 291830000003 el 6 de febrero de 2018, misma que fue anulada mediante Resolución Administrativa N° 231830000229 de 5 de junio de 2018; por lo que, el 17 de septiembre de 2018 la entidad recurrida emitió la Vista de Cargo N° 291830000382, que también fue anulada y dejada sin efecto, mediante Resolución de Recurso de Alzada ARITCBARA 0120/2019 de 8 de abril de 2019 (fojas 7, 2617-2641, 2713-2716, 2778 3805 y 2901-2920 de antecedentes administrativos)

En tal sentido y en cumplimiento a la Resolución de Recurso de Alzada ARITCBARA 0120/2019, el 19 de junio de 2019 la Administración Tributaria, emitió la nueva Vista de Cargo N° 291930000896, notificada al sujeto pasivo el 8 de enero de 2020, contando así la parte recurrente, con el plazo de treinta (30) días para la presentación de descargos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 98 de la Ley 2492; y que cumplido dicho plazo, la Administración Tributaria tendría sesenta (60) días para la emisión de la Resolución correspondiente (fojas 3037-3067 de antecedentes administrativos)

Por lo expuesto, resultó evidente que la Administración Tributaria, con la emisión de la Vista de Cargo N° 291930000896 de 19 de diciembre de 2019, se demoró en la conclusión del proceso, iniciado con la notificación de la Orden de Verificación No 17990200408; es decir que el citado acto fue emitido 31 meses después del plazo previsto en el parágrafo V del artículo 104 de la Ley 2492. 

Al respecto, es imperativo puntualizar que, bajo el principio de especificidad y legalidad, la nulidad de los actos debe estar claramente sancionada en normativa tributaria vigente, situación que no acontece en el presente caso, por cuanto el artículo 104 de la Ley 2492, no dispone la preclusión de la facultad de determinación y la consecuente nulidad de los actos de la Administración Tributaria, por exceder los doce meses establecidos al efecto; adicionalmente, aclarar que si bien el artículo 4 del Código Tributario Boliviano determina 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

que los plazos son perentorios, empero para la pretensión del sujeto pasivo, se debe aclarar, que la mencionada norma legal, solo contempla la extinción de la facultad de 

determinación del ente recaudador por prescripción, no adecuándose a derecho lo expuesto por el recurrente sobre la caducidad de las acciones de la Administración Tributaria

En ese sentido, destacar que, la normativa tributaria -Ley 2492- de aplicación obligatoria, no recoge en su texto un término perentorio que establezca la aplicación de la nulidad por emisión extemporánea de actos administrativos, mucho menos la pérdida de las facultades de determinación establecidas en dicha norma; por lo que, la emisión de la Vista de Cargo N° 291930000896 de 19 de diciembre de 2019, si bien fue comunicada-mediante la notificación-fuera del plazo previsto en el parágrafo V del artículo 104 del Código Tributario Boliviano, tal extremo, no constituye un vicio de nulidad como pretende el sujetos pasivo, toda vez que no se encuentra previsto-expresamente en el Código:Tributaria Boliviano como causal de nulidad, razonamiento desarrollado en virtud al principio de especificidad establecido en el pagrafo III del artículo 36 de la Ley 2341. 

– 

– 

– 

– 

– – 

bi 

Añadir á lo anterior que, la Ley 2341 -invocada por el propio sujeto pasivo en su Recurso de/Alzada-, dispone de forma expresa en el parágrafo e de su artículo 36, que la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas, sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo; por lo que, de conformidad al artículo citado y al razonamiento expuesto en la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 022/2015-S2 de 16 de enero, respecto al principio de especificidad o legalidad, no corresponde el agravio invocado por el sujeto pasivo, mucho menos la aplicación del parágrafo I, inciso c) del artículo 35 de la Ley 2341 y el artículo 116 de la Constitución Política del Estado, aludidos por el sujeto pasivo. 

– 

— 

atao 050 9001 

Calidad und IFANCE 

Consecuentemente, la emisión de la Vista de Cargo N° 291930000896 de 19 de diciembre de 2019, fuera del plazo previsto en el parágrafo V del artículo 104 del Código Tributario Boliviano, no puede constituir un vicio de nulidad y menos puede extinguir la facultad de determinación de la Administración Tributaria como erróneamente pretende Cristian Mauricio Rocha Guzmán, debiendo desestimar lo argüido al respecto. 

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Por otra parte, sobre el agravio relacionado a la notificación de la Vista de Cargo No 291930000896 de 19 de diciembre de 2019, que según la parte recurrente fue realizada 

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NB/SO 

9001 18NORCA 

Sistema de Gest

  • lacidad Cartifikat 771719 

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TITUT

I

de forma personal el 8 de enero de 2020, después de los cinco (5) días de su emisión, haciendo alusión al parágrafo III del artículo 33 de la Ley 2341; es importante señalar que en materia tributaria, el proceso de notificación se encuentra regulado en los artículos 83 al 91 de la Ley 2492, que no disponen un plazo perentorio para que la Administración Tributaria notifique los actos administrativos emitidos. Asimismo, reiterar que el parágrafo til del artículo 36 de la Ley 2341, dispone de forma expresa que la realización de 

actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas, sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo, condición que no acontece en el presente caso. 

En ese contexto, por los argumentos expuestos y sin necesidad de ingresar a un mayor análisis, al no encontrarse sustentado en derecho lo agraviado por el recurrente y toda vez que la Ley 2492, no contempla la emisión y notificación extemporánea de la Vista de Cargo, como vicio de nulidad; corresponde a ésta instancia recursiva, desestimar el reclamo en particular. 

IV.3. Sobre la falta de notificación de los cruces de información, nulidad de los papeles de trabajo y acceso a los antecedentes administrativos. 

La parte recurrente sostuvo que, durante la sustanciación del proceso determinativo, se materializó la nulidad de los papeles de trabajo, toda vez que fueron elaborados sobre la base de la documentación presentada por su persona y la información de la base de datos del Servicio de Impuestos Nacionales; empero, que durante el proceso de verificación y sin su conocimiento, el ente recaudador realizó cruces de información con la Aduana Nacional, el viceministerio de Política Tributaria y las Entidades Financieras, para determinar la base imponible, vulnerando el derecho a ser informado y asistido, a conocer el estado de la tramitación de los procesos, a ser informado al inicio y a la conclusión de la fiscalización establecidos en los numerales 1, 6 y 8 del artículo 68 de la Ley 2492; por lo que el cruce de información, limitó su derecho a la defensa y al debido proceso establecido en el artículo 115 de la Constitución Política del Estado, constituyéndose en causal de nulidad de obrados. 

Manifestó que, como sujeto pasivo y al igual que sus asesores, no podían hacer vista de las actuaciones debido a que el expediente se encontraba en la ciudad de La Paz y el 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

domicilio de la Administración actuante está en la ciudad de Cochabamba, lo que le ocasionó indefensión por haber afectado su derecho a la defensa. 

Asimismo, señaló que el 16 de enero de 2020 solicitó fotocopia legalizada del Informe CITE: SIN/GF/DNCC/INF/423/2019; empero la Administración Tributaria limitó su derecho a la defensa, toda vez que, el referido informe le fue entregado el 7 de febrero de 2020, faltando horas para el vencimiento del plazo.de descargos. Agregó que, tanto su persona como sus asesores, insistieron en la entrega del prenombrado informe, confirmando que este fue remitido desde la ciudad de La Paz, toda vez que el expediente se encontraba en dicha ciudad y no en la sede de su domicilio fiscal; aspecto que limitó su derecho a la defensa y al debido proceso, establecidos en el artículo 115 de la Constitución Política del Estado, constituyéndose en causal de nulidad de obrados, conforme disponen los artículos 3 y_36_de la Ley 2341.– 

Arguyó, que, el referido Informe CITE: SIN/GF/DNCC/INF1423/2019, fue elaborado con posterioridad al inicio de la fiscalización, conforme fue expuesto en el acto impugnado; empero,/ no le fue notificado antes de la finalización del proceso, lo que le causó indefensión; más aún cuando la entidad recurrida le proporcionó dicho informe, faltando horas para el vencimiento del plazo de descargos contra la vista de Cargo. . . 

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— 

– 

En réspuesta, la Administración Tributaria señaló que, conforme disponen los artículos 96, 98 y parágrafo 1 del artículo 104 de la Ley 2492, los actos administrativos a ser notificados son: la Orden de Verificación, Vista de Cargo y Resolución Determinativa, que abren distintas etapas para que el sujeto pasivo asuma defensa en debido proceso; y la notificación de informes o similares, no se encuentran en el procedimiento determinativo como actos a ser notificados, menos dan inicio a etapas para el ejercicio del derecho a la defensa. Por lo que el vicio de nulidad reclamado por el sujeto pasivo, respecto a que no fue notificado con el Informe CITE: SIN/GF/DNCC/INF/423/2019, no tiene asidero legal. 

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Calidad 

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Expuso que, la solicitud de fotocopias realizadas por el sujeto pasivo, no generó incidencia alguna sobre el ejercicio del derecho a la defensa, pues otorgó la misma como información referencial y no como parte estructural o sustituto de la Vista de Cargo que cuenta con sustento, análisis, motivación y fundamentación propia. Agregó que, el sujeto pasivo fue notificado con la vista de Cargo N° 291930000896 el 8 de enero de 2020 y presentó su 

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NO/150 

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solicitud de fotocopias, 19 dias después de asumir conocimiento del citado acto, cuando podia hacerlo con antelación si así lo creía necesario. Precisó que, en antecedentes no consta que el sujeto pasivo haya insistido en la entrega de fotocopias, más al contrario, el 7 de febrero le fue entregado lo solicitado. 

Expuestas las posiciones de las partes procesales, corresponde señalar dentro de los derechos del sujeto pasivo y terceros responsables, el artículo 68 en sus numerales 6 y 8 

dispone: *6. Aldebido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. (…) 8. A ser informado al inicio y conclusión de la fiscalización tributaria acerca de la naturaleza y alcance de la misma, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones”. 

Asimismo, dentro las facultades de la Administración Tributaria, se tiene el numeral 1) del artículo 100 de la Ley 2492 que dispone: “Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios”. 

Adicionalmente, es menester destacar que el parágrafo I del artículo 96 de la Ley 2492, establece que la Vista de Cargo contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación, de esta forma, el artículo 98 de la citada Ley, establece que notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo, tiene el plazo de 30 días para formular y presentar los descargos que estime convenientes; concluyendo de lo expuesto, que el sujeto pasivo, tenía el plazo para objetar todos los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria una vez que tuvo conocimiento de los cargos tributarias preliminares que residían en su contra. 

Por otro lado, corresponde aclarar al recurrente que si bien los Papeles de Trabajo forman parte del trabajo de fiscalización efectuado por el Servicio de Impuestos Nacionales, los 

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UN 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

mismos, son actuaciones internas que no constituyen actos administrativos que produzcan algún efecto jurídico en los sujetos pasivos; toda vez que, dichos Papeles son documentos auxiliares del proceso, que ayudan al fiscalizador a consolidar información sobre la labor investigativa desarrollada así como el análisis de los datos obtenidos de distintas fuentes y de esta forma, obtener los resultados, que posteriormente son plasmados en la vista de Cargo correspondiente. 

En consecuencia, la forma en que fueron realizados los Papeles de Trabajo, no causa agravio alguno al sujeto pasivo, por cuanto esta documentación auxiliar no puede ser considerada como acto administrativo definitivo sujeto o susceptibles de impugnación; concluyendo que los mencionados documentos, al margen de constituirse en actuaciones internas propias de la interacción del SIN, poseen un carácter informativo y no declarativo de la obligación tributaria, consecuentemente no corresponde verificar la nulidad. de los papeles de trabajo. 

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Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, corresponde indicar que, la parte recurrente también cuestionó la obtención de información y documentación por parte de terceros, argumentado que la ausencia de notificación con dichos requerimientos y sus respuestas, viciaron de nulidad el proceso determinativo, por afectar su derecho a la defensa y al debido proceso, ante dicha alegación, corresponde a esta instancia recursiva, efectuar el respectivo análisis. 

De la compulsa de los antecedentes administrativos, se advierte que, la Aduana Nacional en atención a la nota SIN/GF/DFFI/NOT/02056/2017, mediante nota AN-GNFGC DDCFC-No 1345/17 de 28 de diciembre de 2017, remitió al Servicio de Impuestos Nacionales, copias de las Declaraciones Únicas de Importación y documentación soporte de la gestión 2015, de las importaciones realizadas por Cristian Mauricio Rocha Guzmán (fojas 2388-2389 de antecedentes administrativos). 

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Càlidad JÄNOI CETAKANO 

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Asimismo, revisada la Vista de Cargo N° 291930000896 de 19 de diciembre de 2019, se advirtió que la Administración Tributaria señaen su punto “9.3 Vehículos Reacondicionados Importados y vendidos con facturas en la Gestión 2015“: “Sobre 

las 196 facturas con estado de Venta”, se procedió a efectuar el cruce de datos entre la SEASON 

Roje información contenida en las facturas de venta (…) con los datos contenidos en cada una 

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de las Declaraciones Únicas de importación, proporcionadas por el sujeto pasivo y remitidas por la Aduana Nacional de Bolivia, habiéndose obtenido el siguiente cuadro: (...)(fojas 3044 de antecedentes administrativos). 

De forma seguida, la referida Vista de Cargo expone el cuadro: DETALLE DE VEHÍCULOS IMPORTADOS Y VENDIDOS POR EL CONTRIBUYENTE GESTIÓN 2015, donde consignó los datos de las facturas emitidas y relacionándolos con el número de DUI que corresponde y su respectivo FRV; de igual manera en el cuadro “RELACIÓN DE LAS DECLARACIONES ÚNICAS DE IMPORTACIÓN CON EL REGISTRO CONTABLE MEDIANTE COMPROBANTES CONTABLES, la · Administración Tributaria relacionó los comprobantes de egreso y los comprobantes de ingreso presentados por el sujeto pasivo con las Declaraciones Únicas de Importación; para después sostener que: ...) el registro de importación del bien fue registrado a importes inferiores de los importes contenidos en las Declaraciones Únicas de Importación (…), la enajenación de los vehículos importados fue realizado a importes subvaluados, por tanto, se presume la existencia de ingresos no declarados y en consecuencia no facturados (...)”. Asimismo, de forma seguida, el ente recaudador expuso un cuadro que le permite determinar los ingresos no declarados, sobre la base de los datos consignados en las DUIs proporcionadas por la Aduana Nacional (fojas 30453054 y 3055-3058 de antecedentes administrativos)

De esta manera, se puede inferir que la Administración Tributaria al requerir documentación a la Aduana Nacional, actúo dentro de sus facultades de investigación establecidas en el numeral 1 del artículo 66 de la Ley 2492, no siendo necesario, que para efectuar la labor referida previamente, requiera del consentimiento del sujeto pasivo; es decir, que el cruce de información con otras instituciones o terceros de las cuales precise información y documentación- se constituye en una atribución propia de la entidad recurrida

Por otra parte, revisada la Vista de Cargo N° 291930000896 de 19 de diciembre de 2019, se pudo advertir que el Servicio de Impuestos Nacionales, comunicó y expuso todos los elementos de prueba que respaldan su determinación, figurando entre estos, la documentación obtenida de la Aduana Nacional; realizando además en dicho acto, una valoración a los documentos y exponiendo su contenido en cuadros, a fin de que el sujeto 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

pasivo tenga la oportunidad de objetarlos en aplicación de su derecho a la defensa; toda vez que la vista de Cargo, se configuró en un acto de determinación preliminar que es susceptible a modificaciones, dependiendo los descargos presentados por el sujeto pasivo. 

En consecuencia, no se advierte vulneración al derecho a la defensa del recurrente, por cuanto se tiene que, la Administración Tributaria actuó dentro de las facultades establecidas por Ley, y por otro lado el sujeto pasivo tuvo conocimiento formal de la documentación presentada por la Aduana Nacional consistente en las Declaraciones Únicas de Importación y su documentación soporte, a través de los cargos que expone la Vista Cargo, la cual fue notificada y posteriormente objetada por el sujeto pasivo, mediante su nota de descargo de 7 de febrero de 2018 (fojas 3087-3095 de antecedentes administrativos), denotando con ello, su pleno conocimiento respecto a todos los reparos tributarios formulados en su contra, emergentes de la información y documentación obtenida de terceros; emergentes del desarrollo de las facultades otorgadas por norma legal, no existiendo como condición para ello, el consentimiento del sujeto pasivo. 

– 

– 

– 

A lo señalado, corresponde agregar que, en resguardo a lo dispuesto en el artículo 68 numeral 6 de la Ley 2492, el sujeto pasivo tenía el derecho al libre acceso a las actuaciones y la documentación que respaldaron los cargos atribuidos; sin embargo, el mismo, no demostró que la Administración Tributaria le haya restringido tal acceso a las actuaciones, conforme establece el artículo 76 de la Ley 2492. 

Por lo desarrollado previamente, corresponde desestimar el agravio planteado por el sujeto pasivo por no tener un fundamento legal y de hecho válido, máxime cuando la documentación remitida por la Aduana Nacional (Declaraciones Únicas de Importación) – conforme a lo señalado por el SIN en los papeles de trabajo y en el acto impugnado resulta ser la misma que fue presentada por la parte recurrente durante la sustanciación del proceso determinativo y cuya devolución fue solicitada por Cristian Mauricio Rocha Guzmán mediante nota (fojas 2658 de antecedentes administrativos). 

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Respecto a la documentación obtenida del Viceministerio de Política Tributaria y Entidades Financieras por parte del Servicio de Impuestos Nacionales, manifestada por la Administración recurrida en su memorial de respuesta al Recurso de Alzada, corresponde 

Eric Alstoto Roja 

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NB/ISO 

9001 IBNORCA 

Sistem dege

de la calidad CertificadoN771714 

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indicar que de la compulsa de los antecedentes administrativos, no se advierte dicha documentación; asimismo, de la lectura de la Vista de Cargo N° 291930000896 de 19 de diciembre de 2019 y la Resolución Determinativa impugnada, no se advierte que en su contenido el ente recaudador haya utilizado documentación -proporcionada por el mencionado Viceministerioen la determinación efectuada; por lo que no corresponde hacer mayor análisis al respecto, al no tener relación con el presente caso

De la misma forma, sobre el reclamo planteado por el sujeto pasivo que, al no haber sido notificado con el Informe CITE:SIN/GF/DNCC/INF/423/2019, antes de la finalización del proceso le causó indefensión, más aún cuando la entidad recurrida le proporcionó dicho informe, faltando horas para el vencimiento del plazo de descargos contra la vista de Cargo, cabe precisar que, conforme dispone la Ley 2492 en su Subsección Il, los actos a ser notificados dentro de un proceso determinativo, son la Orden de Verificación (como inicio del proceso determinativo), la Vista de Cargo (concluido el trabajo de campo); y finalmente la Resolución Determinativa que se constituye en el acto objeto de impugnación. 

Por tanto, los informes elaborados por la Administración Tributaria a lo largo del proceso determinativo, además de no causar efecto juridico y tampoco constituirse en actos administrativos definitivos sujetos a impugnación, no son objeto de notificación. Asimismo, los prenombrados informes, corresponden a actuaciones internas propias del sujeto activo, por lo que poseen un carácter informativo y no declarativo de la obligación tributaria; por lo que mal podría el sujeto pasivo alegar indefensión, cuando los actos administrativos que corresponden ser notificados en el proceso determinativo iniciado en su contra (Orden de Verificación N° 17990200408, la Vista de Cargo N° 291930000896 y la Resolución Determinativa No 172030000230) fueron de su conocimiento, conforme cursan la correspondientes diligencias de notificación (fojas 7, 3037-3067, 3124-3169 y 3171 de antecedentes administrativos), sobre los cuales, expuso argumentos y reclamos en el Recurso de Alzada interpuesto, como prueba cabal de conocimiento de dichos actos administrativos (fojas 4858 de expediente administrativos); no resultando evidente, la vulneración al derecho a la defensa, aludida por la parte recurrente, sobre el punto en particular. 

Respecto a que la entidad recurrida, le proporcionó el informe CITE:SIN/GF/DNCC/INF/423/2019, faltando horas para el vencimiento del plazo de 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

descargos contra la vista de Cargo, precisar que de la compulsa de los antecedentes administrativos, se tiene que el sujeto pasivo fue notificado con la vista de Cargo No 291930000896, el 8 de enero de 2020 (fojas 3037-3067 de antecedentes administrativos) y contaba con 30 días para para presentación de descargos, conforme dispone el artículo 98 de la Ley 2492, es decir, hasta el 7 de febrero de 2020. 

De los antecedentes administrativos se tiene que el 27 de enero de 2020, mediante nota, la parte ahora recurrente solicitó fotocopias del citado Informe CITE: SIN/GF/DNCC/INF/423/2019, misma que fue atendida el 7 de febrero de 2020, conforme consta el “ACTA DE ENTREGA” (fojas 3074, 3077 de antecedentes adņinistrativos). 

Ahora bien, toda vez que la parte recurrente refiere que, el Informe CITE:SIN/GF/DNCC/INF/423/2019, le fue entregado por la entidad recurrida a horas de concluir el plazo para la presentación de descarados y que este hecho vulneró su derecho a la defensa; precisar que, la compulsa de los antecedentes administrativos, no se advierte constancia alguna que evidencia que el sujeto pasivo presentó ante la Administración Tributaria y/o comunico sobre la exhibición de prueba y/o alegación alguna, producto de lo advertido en el citado informe ylo que se traduzca en la necesidad de presentar descargo adicional al proceso determinativo llevado en su contra, hasta antes de la emisión del acto definitivo (Resolución Determinativa); pues se limitó, en el memorial de descargo a la vista de Cargo (fojas 30873095 de antecedentes administrativos), a alegar indefensión bajo el argumento de que el prenombrado informe le fue entregado a horas de concluir al etapa de descargos, ni señalar mucho menos exponer argumento alguno respecto de que manera se habría visto afectado su derecho a la defensa

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Asimismo, cabe señalar que si el sujeto pasivo consideraba fundamental el Informe CITE:SIN/GF/DNCC/INF/423/2019, para descargar la Vista de Cargo, podía requerir dicho documento al inicio de la apertura de etapa de prueba y no dejar pasar más de la mitad de dicha etapa, tomando una actitud pasiva ante la Administración Tributaria, limitándose a presentar la nota de solicitud, 19 días después de haber sido notificado con la vista de Cargo N° 291930000896; y si bien, el recurrente alegó haber insistido en la entrega del referido informe, en antecedentes administrativos tampoco cursa constancia alguna que permita evidenciar lo afirmado. Por lo que corresponde desestimar el reclamo planteado por el sujeto pasivo. 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guaranl

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De la misma forma, sobre el argumento de la parte recurrente, inherente a que tanto el – 

como sujeto pasivo- al igual que sus asesores, no podían hacer vista de las actuaciones debido a que el expediente se encontraba en la ciudad de La Paz y el domicilio de la Administración actuante está en la ciudad de Cochabamba, lo que le ocasionó indefensión, por afectar su derecho a la defensa; precisar que de la compulsa íntegra de los antecedentes administrativos, no cursa respaldo documental alguno del referido reclamo que permita evidenciar lo aseverado por el sujeto pasivo (imposibilidad de acceder a los antecedentes administrativos), por lo que corresponde desestimar lo aludido por el sujeto pasivo; máxime cuando ante esta instancia de alzada, tampoco presentó respaldo documental alguno que corrobore el vicio de nulidad reclamado. 

IV.4. Vicios de nulidad de la determinación sobre base presunta. La parte recurrente manifestó que el método de determinación sobre base presunta, es ilegal y nulo, al haber sido elaborado de manera particular para perjudicarlo y al margen de lo dispuesto en la Ley 2492. Agregó que la entidad recurrida carece de autorización para elaborar normas particulares para contribuyentes especificos, máxime cuando en el informe CITE: SIN/GF/DNCC/NF/423/2019, señaló textualmente la imposibilidad de aplicar las técnicas establecidas en la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13. 

Refirió que, en la vista de Cargo N° 291930000896 y la Resolución Determinativa impugnada, la Administración Tributaria para establecer el precio de venta, expuso importes generales, sin detallar menos identificar los gastos que los componen a efecto de permitirle conocer la información utilizada y corroborar si estos se ajustan al hecho imponible atribuido. 

Precisó que, la falta de un desglose respecto a los componentes del precio de venta, y aquellos factores que inciden en los costos incurridos respecto a la actividad de la importación de vehículos y posterior venta, vulneró su derecho a la defensa, corriendo el riesgo de utilizar datos ajenos a la realidad económica y verdad material del hecho generador identificado por el Servicio de Impuestos Nacionales y que no podrían ser desvirtuados por los sujetos pasivos

Aludió que, en el Informe CITE: SIN/GF/DNCC/INF/423/2019, el Departamento de Fiscalización y Fiscalidad Internacional aplicó un margen de utilidad de 0,05%, empero la 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Gerencia de Fiscalización ordenó la aplicación de un 0,5%, (refirió la página 18 de la Vista de Cargo N° 291930000896), vicio de nulidad que corresponde ser subsanado que, la entidad recurrida señaló en el acto impugnado, que mantiene firme este error y que no influyó en la decisión final, lo cual violenta el artículo 37 de la Ley de Procedimiento Administrativo

Señaló que la Vista de Cargo N° 291930000896 y la-Resolución Determinativa No 172030000230 no identifican los documentos que sustentan la base imponible, tampoco exponen toda la información relacionada a la fórmula creada y el sustento legal al respecto, que incumben al establecimiento del costo de importación y posterior venta. Precisó que, la entidad recurrida no puede pretender asumir una actitud pasiva, delegando la responsabilidad del establecimiento de los costos, gastos y utilidades al sujeto pasivo, menos puede aplicar una técnica que utiliza elementos discrecionales que impiden el ejercicio del derecho a la defensa. 

Refirió que, el proceso determinativo llevado a cabo por la Administración Tributaria, se encuentra viciado de nulidad, por vulnerar el debido proceso en su vertiente derecho a la defensa, aspecto que, además de incumplir lo dispuestos en los artículos 96 y parágrafo 11, del artículo 99 de la Ley 2492, respecto a los fundamentos que deben contener la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, también incumplen con su finalidad, que es dar a conocer al administrado el establecimiento de la obligación tributaria de manera fundada sin vulnerar el debido proceso, aspectos establecidos como nulidad en los citados artículos así como en el artículo 36 de la Ley 2341. 

Expuso que, la Resolución Determinativa N° 172030000230 y todos sus actuados anteriores se encuentran viciados de nulidad, por vulnerar su derecho a la defensa y al debido proceso, toda vez que no logró establecer de manera fundada los cargos tributarios, especialmente cuando utilizó procedimientos para determinar una base presunta aplicados a la determinación sobre base cierta

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Por su parte, la Administración Tributaria sostuvo que toda la información obtenida dentro de su facultad de investigación y la otorgada por el sujeto pasivo, fue descrita y analizada en la vista de Cargo N° 291930000896 (notificada al ahora recurrente) que contiene todos los elementos que llevaron al convencimiento de la determinación asumida. 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasag kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Av. Oquendo N°381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012.www.ait.gob.bo.Cochabamba, Bolivia 

Sostuvo que el reclamo del sujeto pasivo, respecto a que la base presunta sería ilegal y nula por ser elaborada de forma particular para perjudicarlo (reclamo efectuado en el punto 2.1 primer párrafo), contiene una redacción vaga y no establece una afectación real y puntual; pues la subvaluación de los precios de venta, encuentra respaldo en la revisión de los supuestos precios de venta consignados en las facturas y en los precios de importación, donde de manera ilógica, el sujeto pasivo vendió vehículos a precios inferiores a los importados, lo que no corresponde a una realidad económica. Refirió que, para cuantificar la base imponible, aplicó la deducción, conforme dispone el inciso d) del artículo 8 de la Resolución Normativa de Directorio 10-001713, cumpliendo con la formalidad de control interno de aprobación del método, de acuerdo al informe CITE: SIN/GF/DNCC/INF/423/2019. 

Explicó los componentes del Costo de importación (CIF+GApagado + Cpagado). preciso que la utilidad del 0.5% del valor de la factura emitida, fue la señalada por el sujeto pasivo conforme consta en el Acta de Acciones y Omisiones de 28 de noviembre 2017; por lo que, el precio presumible de venta antes de impuestos, incumbe al Costo de importación más la Utilidad; y el precio de venta del vehículo, está determinado por el precio de venta 

antes de impuestos más la tasa efectiva del IVA; ejercicio repetido en la vista de Cargo, por cada uno de los 196 vehículos. Por lo que sostuvo, que cada uno de los componentes fue debidamente desarrollado, explicando la metodología de manera clara y concisa. 

Manifestó que, el precio de venta y la determinación establecida, encuentra respaldo en los antecedentes administrativos, mismos que permiten verificar el trabajo desarrollado conforme a las facultades otorgadas como sujeto activo, en consideración de lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley 2492; y el sujeto pasivo tiene la misma obligación, pues debe demostrar sus afirmaciones y no limitarse a referir que tuvo costos o gastos que carecen de respaldo, más cuando en antecedentes administrativos no cursa documentación que demuestre lo manifestado por el sujeto pasivo. 

Al respecto, en cuanto a la fundamentación, cabe señalar que la doctrina refiere: (…) para que el Sujeto Pasivo sepa cuáles son las razones de hecho y derecho que justifican 

la decisión y pueda hacer su defensa o en su caso, deducir los recursos permitidos (…), de igual forma expone que: “La fundamentación del acto administrativo es un requisito imprescindible para la validez, pues de ello depende que el Sujeto Pasivo conozca los 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

motivos de hecho y de derecho en que se basa el ajuste y pueda formular su defensa, de modo que la carencia de ese requisito vicia de nulidad el acto” (GIULANNI FONROUGE, Carlos M. Derecho Financiero. Volumen I. Buenos Aires Argentina: Editorial “De Palma”. 1987, Pág. 520,521 y 557). 

Asimismo, la Sentencia Constitucional N° 0752/2002-R de 25 de junio, dispone que: “(…) la motivación no implicará la exposición ampulosa de corisideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas”. 

Es importante señalar que, el artículo 115 de la Constitución Política del Estado, dispone que: “9. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legitimos. II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones“. De igual manera, el artículo 117, de la citada norma suprema, establece que: “1. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oida y juzgada previamente en un debido proceso”; asimismo, el parágrafo I del artículo 119 del mismo cuerpo legal, señala que las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que les asistan. 

– 

– 

Por su parte, el artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB) prevé que, en los procedimientos tributarios administrativos, quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. 

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En este entendido, con relación a la fundamentación, el parágrafo I del artículo 96 de la Ley 2492 establece: “La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, 

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de Calidad Ceuticado N 771/4 

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sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado

A su vez, el artículo 98 de la Ley 2492 refiere de forma clara que: Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) dias para formular y presentar los descargos que estime convenientes

El artículo 99 parágrafo II de la Ley 2492, dispone que la Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos, entre otros 

fundamentos de hecho y de derecho y que la ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en reglamento, viciará de nulidad la Resolución Determinativa; por su parte, el artículo 19 del Decreto Supremo N° 27310, prevé que la Resolución Determinativa debe consignar los requisitos mínimos establecidos en el referido artículo 99

Respecto a la determinación de la de la base imponible, el Auto Supremo N° 440/2015 de 22 de junio de 2015, emitido por el Tribunal Supremo de Justicia, señaló: De toda la normativa y doctrina descrita precedentemente se concluye que la base presunta, procede sólo cuando habiéndolos requerido la AT, no posea los datos necesarios para su determinación sobre base cierta, por no haberlos proporcionado el sujeto pasivo, cuando no se conozcan uno o más componentes de la obligación tributaria, (no inscritos en el NIT, no presentación DDIJ O se omitan datos básicos (art. 97 del CTB), no se permita la iniciación de la fiscalización, no presenten libros de contabilidad; ausencia de libros y registros de contabilidad, omisión de operaciones, ingresos o compras, alteración de precio y costo, registro de compras o gastos no realizados, alteración de registros de inventarios o no se lleve el control de los mismos y otros, agotados los medios para la obtención de la documentación e información que permita conocer en forma directa e indubitable la base imponible para determinar sobre base cierta, se podrá aplicar recién la base presunta, que resulta ser la estimación de la base imponible, efectuada por la Administración Tributaria, considerando los hechos y circunstancias que por su vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación tributaria permiten deducir la existencia y cuantia de la misma; (…) la información ylo documentos obtenidos, se constituirán en prueba para la determinación de la base presunta”. 

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En la normativa tributaria, el artículo 92 de la Ley 2492, dispone que la determinación es el acto por el cual el sujeto pasivo o la Administración Tributaria declara la existencia y cuantía de una deuda tributaria o su inexistencia; asimismo, el artículo 42 de la citada Ley establece que la base imponible es la unidad de medida, valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar. 

Con relación a la forma de determinación, el artículo 43 de la Ley 2492 dispone que la base imponible podrá determinarse sobre Base, Cierta, tomando en cuenta los documentos e información que permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo, correspondiente reiterar que el parágrafo II del citado artículo sobre Base Presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que por su vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación permitan deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando concurra alguna de las circunstancias reguladas en el artículo siguiente y por último cuando la Ley encomienda la determinación al sujeto activo prescindiendo parcial o totalmente del sujeto pasivo, ésta deberá practicarse sobre base cierta’ y sólo podrá realizarse la determinación sobre base presunta de acuerdo a lo establecido en el artículo siguiente, según corresponda. 

La normativa expuesta precedentemente permite colegir que para los dos métodos de determinación (cierta y presunta), es necesario que la Administración Tributaria cuente con información obtenida del propio recurrente o de terceros, diferenciando el empleo de cada método en función a los elementos de convicción del hecho generador que pueda proporcionar dicha información; es decir, se empleará la determinación sobre base cierta, cuando la información contenga elementos que permitan conocer con certeza e indubitablemente la existencia y cuantía de la obligación; y por el contrario, la determinación sobre base presunta se realizará cuando dicha información, no permita la obtención de elementos certeros para efectuar la determinación, debiendo recurrir a hechos y sucesos que por su vinculación o conexión con las circunstancias fácticas que las leyes tributarias prevén como hechos imponibles, permiten deducir la existencia y cuantía de la obligación, cuando concurra alguna de las circunstancias reguladas en el artículo 44 de la Ley 2492. 

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Por su parte, el artículo 44 de la Ley 2492, respecto a las circunstancias para la determinación sobre base presunta, dispone: “La Administración Tributaria podrá 

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Sistema de Gestión 

de la calidad Cartiliadka N771/14 

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determinar la base imponible usando el método sobre base presunta, sólo cuando habiéndolos requerido, no posea los datos necesarios para su determinación sobre base cierta por no haberlos proporcionado el sujeto pasivo, en especial, cuando se verifique al menos alguna de las siguientes circunstancias relativas a éste último: (...) 2. Que no presenten declaración o en ella se omitan datos básicos para la liquidación del tributo, conforme al procedimiento determinativo en casos especiales previsto por este Código. (…) 5. Que se den algunas de las siguientes circunstancias: a) Omisión del registro de operaciones, ingresos o compras, así como alteración del precio y costo. b) Registro de compras, gastos o servicios no realizados o no recibidos. (…) 6. Que se adviertan situaciones que imposibiliten el conocimiento cierto de sus operaciones, o en cualquier circunstancia que no permita efectuar la determinación sobre base cierta. Practicada por la Administración Tributaria la determinación sobre base presunta, subsiste la responsabilidad por las diferencias en más que pudieran corresponder derivadas de una posterior determinación sobre base cierta”

Asimismo, el artículo 45 de la Ley 2492, refiere a los medios para la determinación sobre base presunta y señala en el parágrafo I, numerales 1 y 2: 9. Cuando proceda la determinación sobre base presunta, ésta se practicará utilizando cualquiera de los siguientes medios que serán precisados a través de la norma reglamentaria correspondiente: 1. Aplicando datos, antecedentes y elementos indirectos que permitan deducir la existencia de los hechos imponibles en su real magnitud. 2. Utilizando aquellos elementos que indirectamente acrediten la existencia de bienes y rentas, así como de los ingresos, ventas, costos y rendimientos que sean normales en el respectivo sector económico, considerando las características de las unidades económicas que deban compararse en términos tributarios

A su vez, la Administración Tributaria en uso de su facultad normativa dispuesta en el articulo 64 de la Ley 2492, emitió la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13, misma que tiene por objeto reglamentar los medios para la determinación de la Base Imponible sobre Base Presunta y establecer el tributo que corresponda pagar, estableciendo en su artículo 7 los medios de deducción, señalando que el Servicio de Impuestos Nacionales puede aplicar las técnicas establecidas para cuantificar la Base Presunta de acuerdo a las circunstancias que amerite el caso, siendo estas: a) Técnica 

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IIIIIIIII III 

II 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Inventario de Bienes Realizables, b) Técnica de Compras No Registradas, c) Técnica por 

Control Directo, y d) Otras, 

Asimismo, el artículo 11 de la citada Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13 concede la oportunidad de presentar prueba en contra de las presunciones y método de determinación utilizados por la Administración Tributaria y dispone: “1. El contribuyente podrá presentar, toda prueba válida que crea conveniente, para desvirtuar la determinación de la Base imponible sobre Bas 

a efectuada por la Administración Tributaria. Il. Cuando la Determinación de la Base Imponible hubiere sido realizada sobre Base Presunta, esta podrá modificarse a Base Cierta, como efecto de los descargos y documentos aportados por el contribuyente (que demuestre directa e indubitablemente la Base imponible sobre Base Cierta) después de emitida la vista de Cargo y dentro de los treinta (30) días otorgados al contribuyente para la pres descargos, en estricta aplicación del Parágrafo II del Artículo 80 de la Ley N° 2492, hecho que deberá estar señalado en la Resolución Determinativa correspondiente. 

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Expuesta la posición de las partes y el marco normativo inherente al presente caso, corresponde remitirse a los antecedentes administrativos a fin de corroborar o desvírtuar el reclamo planteado por el sujeto pasivo, respecto a que la determinación sobre base presunta se encuentra viciada de nulidad, debido a que no se enmarcó en la normativa, expone importes generales (no señala los componentes del precio de venta y de los gastos incurridos en la actividad de compra y venta de vehículos), aplicó un margen de utilidad distinto dispuesto en el Informe CITE: SINGF/DNCC/INF/423/2019, no identificó de los documentos que sustentan la base imponible, no expuso toda la información relacionada a la formula creada y el sustento legal al respecto y que la técnica aplicada surgió en función de elementos discrecionales; aspectos por los cuales, la parte recurrente aludió que el ente recaudador no logró establecer de manera fundada los cargos tributarios

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En ese contexto, de la revisión de los antecedentes administrativos se tiene que el 17 de abril de 2017, la Administración Tributaria emitió la Orden de Verificación N° 17990200408 

bajo la modalidad de Verificación Débito Fiscal IVA y su Efecto en el IT de los periodos fiscales enero a diciembre de la gestión 2015; posteriormente solicitó al sujeto pasivo, mediante Requerimiento Form. 4003, información que le permita conocer la realidad 

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de la Calida Certificador 7717

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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IN 

económica de Cristian Mauricio Rocha Guzmán; solicitud ante la cual, el ahora recurrente presentó documentación e información, conforme consta en el Acta de Recepción de Documentos de 12 de junio de 2017 (fojas 7, 8, 17 y 18 de antecedentes administrativos). 

Asimismo, cursa en obrados del presente caso, el Informe con CITE: SIN/GF/DNCC/INF/423/2019 de 30 de octubre de 2019, con referencia “Respuesta a solicitud de evaluación y aprobación de la técnica de base presunta Contribuyente ROCHA GUZMAN CRISTIAN MAURICIO NIT 7889137013, que aprueba la técnica descrita en el Informe CITE: SIN/GF/DFFI/UFE/INF/172/2019 de 15 de octubre de 2019, conforme al inciso d) del artículo 7 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017 13 (fojas 2960-2962 de antecedentes administrativos)

Posteriormente, como resultado del proceso determinativo llevado a cabo, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo N° 291930000896 de 19 de diciembre de 2019, misma que en el acápite 1.1 Circunstancias para la determinación sobre base presunta, señaló que la determinación del tributo omitido, fue en base a las circunstancias previstas en el numeral 6 del artículo 44 de la Ley 2492; y que del análisis y revisión a la documentación proporcionada por el sujeto pasivo (comprobantes contables, facturas de ventas, libros de ventas, inventarios y Declaraciones Únicas de Importación), la cursante en el Sistema Integrado de Recaudo para la Administración Tributaria – SIRAT 2, la proporcionada por la Aduana Nacional (sobre las Declaraciones Únicas de importación) y por el Viceministerio de Politica Tributaria (reportes sobre vehículos importados por el sujeto pasivo en la gestión 2015); estableció que la venta de cada uno de los vehículos, fue a precios por debajo de su costo de importación (páginas 5-6 de la Vista de Cargo). 

Extendió citando el artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-001713 y señaló que, como Administración Tributaria, desconocía de forma directa e indubitable, el precio de venta de los vehículos importados; por lo que dicha entidad, sostuvo en la Vista de Cago N° 291930000896 que el precio de venta, fue determinado a partir de la revisión de: “(…) la documentación proporcionada por contribuyente (…), así como la información que cursa en el (…) SIRAT-2; información proporcionada por la Aduana Nacional (…). A continuación, bajo el título “1.2 Medios para estimar la Base Presunta“, dejó sentado que aplicó la Deducción, como medio para cuantificar la base imponible, en virtud a lo 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bollvia 

dispuesto en el inciso d) del artículo 7 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10 0017-13, cuya técnica de base presunta para la estimación del precio de venta de los vehículos automotores, fue aprobado mediante el Informe CITE: SIN/GF/DNCC/INF/423/2019 de 30 de octubre de 2019. 

Plasmó el cuadro denominado: “Estimación del precio de venta de vehículos automotores”, donde mostró la composición del precio de venta, conforme se tiene a 

continuación: 

Precio de Venta del Vehículo 

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Seguido al cuadro expụesto previamente, el Servicio de Impuesto Naciones en la vista de Cargo analizada, describió cada uno de los conceptos utilizados en el establecimiento del precio de venta (detallados en el cuadro anterior), como ser: CIF, GA pagado, ICE pagado, Costo de Importación, Importe de venta según factura, margen de utilidad según Acta de Acciones y Omisiones, precio de venta antes de impuestos, tasa efectiva y Precio de Venta del vehículo según fiscalización. Además de referir que el criterio aplicado fue en consideración de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 843 (páginas 6-7 de la Vista de Cargo). 

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Caildad 

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Continuando con la lectura de la Vista de Cargo N° 291930000896, se advierte que la entidad recurrida, bajo el título “.3 Vehículos Reacondicionados Importados y vendidos con facturas en la Gestión 2015″, señaló que, de la revisión del Libro de Ventas presentado por el sujeto pasivo, evidenció que en la gestión 2015, registró 234 facturas emitidas, de las cuales 197 registran el estado de “Venta” por un importe total de Bs2.226.784.- empero la factura 181 fue duplicada con la factura 207 (mismo número de chasis y otros datos del vehículo). Precisó que cada factura y Declaración Única de Importación refiere a un vehículo con un Número de Chasis específico (único para cada 

NOI CEATIFICATION 

  1. S

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NØ/ISO 

9001 IBNORCA) 

Satoma de Gestio

de la calid Certified N771/1

Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

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unidad de vehículo fabricado), por lo que consideró solo 196 facturas emitidas con el estado ‘Venta”. 

De la misma forma, la Administración Tributaria señaló que respecto a las 196 facturas emitas por el sujeto pasivo, realizó el cruce de datos, con la información contenida en cada una de las Declaraciones Únicas de Importación, proporcionados por el sujeto pasivo y remitidas la Aduana Nacional de Bolivia. Resultado que fue plasmado en el cuadro “DETALLE DE VEHÍCULOS IMPORTADOS Y VENDIDOS POR EL CONTRIBUYENTE GESTIÓN 2015″, donde describió la información de las facturas de venta (nombre cliente, NIT, número de factura, estado, número de autorización, fecha e importe), el número de la Declaración Única de Importación (Número de tramite Aduana) y la descripción comercial. Asimismo, aclaró que el cruce de datos fue en consideración al número de chasis de cada motorizado, al corresponder a un código especifico y único para cada unidad de vehículo fabricado (páginas 7-13 de la Vista de Cargo). 

Prosiguió sosteniendo que, de la revisión a los comprobantes de Egreso e Ingreso, proporcionados por el sujeto pasivo, evidenció que todas las importaciones de vehículos automotores, fueron registrados en la contabilidad del ahora recurrente, tanto la incorporación del bien (Almacén de Mercaderias) como la venta del mismo (Ingreso por Ventas); aspectos que fueron expuestos en el cuadro “RELACIÓN DE LAS DECLARACIONES ÚNICAS DE IMPORTACIÓN CON EL REGISTRO CONTABLE MEDIANTE COMPROBANTES CONTABLES“, donde para cada Declaración Única de Importación, identificó el comprobante de Egreso y Comprobante de Ingreso correspondiente; aclarando además, que si bien ciertas DUIs no tienen Comprobante de Egreso, empero fueron registradas en Comprobantes de ingreso (páginas 13-17 de la Vista de Cargo). 

De la información plasmada en el cuadro citado previamente, la entidad recurrida señaló que el registro contable de los vehículos importados por parte del sujeto pasivo, evidencia el reconocimiento tácito de las transacciones realizadas por este, además de advertir que, el registro de la importación de los bienes, fue por importes inferiores a los contenidos en las Declaraciones Únicas de Importación y la enajenación de los vehículos importados fue realizado a importes subvaluados; por lo que, presumió la existencia de ingresos 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plunaconal de Bolivia 

no declarados y en consecuencia, ingresos no facturados por el sujeto pasivo (página 17 de la Vista de Cargo)

Prosiguiendo con la revisión de la Vista de Cargo No 291930000896, se tiene que la Administración Tributaria en el acápite 1. DETERMINACIÓN DE INGRESOS NO DECLARADOS – BASE PRESUNTA”, dejó sentado que en mérito al Informe CITE: SIN/GF/DNCC/INF/423/2019 de 30 de octubre de 2019 y en virtud a lo dispuesto en los artículos 44 numeral 5 de la Ley 2492, inciso d) del artículo 7 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13, fue aprobada la siguiente fórmula para la estimación del precio de venta de cada vehículo (página 17-18 de la Vista de Cargo). 

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De la misma forma, precisó que una vez aplicada la técnica aprobada por el Departamento de Normas y Control de Calidad, para determinar ingresos no declarados presuntos, al precio de venta presunto según fiscalización, restó los ingresos facturados y declarados por el contribuyente, labor que fue plasmada en el cuadro denominado “DETERMINACIÓN DE INGRESOS NO DECLARADOS, POR VENTA DE VEHÍCULOS A PRECIOS SUBVALUADOS“, con las columnas, “Numero de Tramite (Aduana)”, “Descripción Comercial”, “CIF Bs” (a); “GA Pagado” (b); “CE Pagado” (C): “Costo de Importación” (d=a+b+c); “Facturas según libro de ventas del contribuyente” (número de factura, número de autorización, fecha e importe facturado (e)); “Margen de utilidad según Acta de acciones y omisiones” (f=0.05%*e); “Precio de venta antes de impuestos” (g=d+f); “Tasa efectiva” (h=g*14,94%); “Precio de venta del vehículo slg fiscalización” (i=g+h); “Ingresos no declarados según fiscalización” (j=i-e); y “Periodo de imputación Debito 2015“. Evidenciando que la entidad recurrida, también codificó cada una de las columnas a fin de conocer el origen de los importes plasmados en ellas (página 18-21 de la Vista de Cargo). 

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Como resultado de la información plasmada en el cuadro “DETERMINACIÓN DE INGRESOS NO DECLARADOS, POR VENTA DE VEHÍCULOS A PRECIOS 

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9001 IBNORCA Sammy de Gestión Certificado N771/1

dola egeston 

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UU 

SUBVALUADOS“, la entidad recurrida señaló que, producto de la aplicación de la técnica 

aprobada, determinó ingresos no declarados sobre Base Presunta por un importe que asciende a Bs18.127.957,75 (página 21 de la Vista de Cargo). 

Continuando con la lectura de la Vista de Cargo, se tiene que la entidad recurrida, en los acápites III. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO BASE PRESUNTA” e IV. IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES BASE PRESUNTA”, después de mostrar la información de las Declaraciones Juradas del IVA (F-200) de IT (F-400), de los periodos fiscales enero a diciembre de 2015, señaló que, la determinación del Débito Fiscal IVA e Impuesto a las Transacciones, fue sobre la base imponible de los ingresos no declarados, es decir de los 196 vehículos importados por el sujeto pasivo y vendidos a precios subvaluados (precios inferiores al consto de importación según DUI); por lo que presumió la existencia de ingresos no declarados por los periodos mayo a diciembre de 2015, por la suma de Bs 18.127.957,75 (página 2225 de la Vista de Cargo)

Asimismo, la entidad recurrida en la vista de Cargo N° 291930000896, sobre el importe de Bs 18.127.957,75 (ingresos presuntos), aplicó la alicuota del 13% para el IVA y 3% para el IT, lo que dio como resultado Bs2.356.634.- y Bs543.398.- por concepto de tributo omitido de IVA e IT, respectivamente; aspecto que fue detallado por periodo fiscal, en los cuadros denominados TRIBUTO OMITIDO DEBITO FISCALIVA (…)” y TRIBUTO OMITIDO IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES – IT“, así como en el acápite “V. RESUMEN DE REPAROS (BASE PRESUNTA)” (página 2225 de la Vista de Cargo)

Expuesto el contenido de la Vista de Cargo N° 291930000896, respecto a la determinación realizada por la entidad recurrida sobre base presunta, se tiene que la Resolución Determinativa N° 172030000230 de 16 de marzo de 2020, contiene los mismos fundamentos de la citada vista de Cargo, conforme cursa en los títulos: Medio para estimar la Base Presunta”, “Vehículos Reacondicionados importados y vendidos con facturas en la gestión 2015”, “Registro contable de las importaciones y la venta de vehículos automotores, “Determinación de Ingresos no declarados”, “IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – BASE PRESUNTA”, “IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES -BASE PRESUNTA(páginas 1-25 del acto impugnado)

Asimismo, la entidad recurrida, precisó en el acto impugnado, la existencia de un apsus cálamien la redacción de la Vista de Cargo, por cuanto, en la cabecera de del cuadro 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

denominado “Estimación del precio de venta de vehículos automotores”, precisamente en la columna Margen de utilidad según Acta de acciones y omisiones”, consigno 0.05%, cuando lo correcto era 0.5%; aclaró también, que al momento de presentar la técnica en la vista de Cargo, dejó establecido lo siguiente: (...) Margen de utilidad según Acta de acciones y omisiones; Corresponde al 0.5% del valor de la factura emitida. Porcentaje que fue manifestado por el contribuyente (...) mediante fima del Acta de Acciones y Omisiones (…)“. y precisó que, el margen de utilidad (0.5%) asumido en el proceso determinativo, no fue a criterio discrecional, pues surgió de la declaración expresa del sujeto pasivo conforme consta en el Acta de acciones y omisiones, firmado por el sujeto pasivo (página 3940 del acto impugnado)

Ahora bien, expuestos los antecedentes del proceso determinativo, así como el contenidos de la Vista de Cargo N° 291930000896 y de la Resolución Determinativa impugnada, és evidente que la entidad recurrida notifico al sujeto pasivo, mediante Orden de Verificación N° 17990200408, el inicio del proceso determinativo y le solicitó documentación e información inherente al proceso, mediante Requerimiento Form. 4003. Asimismo, obtuvo información de terceros, entre ellos la Aduana Nacional (respecto a las Declaraciones Únicas, de Importación), en base a la cual, presumió la existencia de ingresos no declarados, al advertir que los importes facturados fueron por debajo del costo de importación; por lo que, mediante Informe CITE: SIN/GF/DFFI/UFE/NF/172/2019 de 15 de octubre de 2019, solicitó la revisión y aprobación de la técnica establecida en el inciso d) del artículo 7 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13, misma que fue aprobada mediante Informe con CITE: SIN/GF/DNCC/INF/423/2019 de 30 de octubre de 2019 (fojas 7, 8, 2960-2962 de antecedentes administrativos)

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Tal es así que, en la vista de Cargo N° 291930000896 y en la Resolución Determinativa impugnada, la entidad recurrida dejó sentado que aplicó la Deducción, como medio para cuantificar la base imponible, en virtud a lo dispuesto en el inciso d), artículo 7 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13, aprobado mediante el Informe CITE: SIN/GF/DNCC/INF/423/2019 de 30 de octubre de 2019; además de brindar la oportunidad de presentar descargos, conforme establece el artículo 11 de la citada normativa (fojas 3043 de antecedentes administrativos). 

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Calidad AFNCHCOATIFICATION 

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Lo expuesto hasta este punto, denota que, la citada Administración, fundamentó en hecho y en derecho la aplicación de la técnica mencionada para cuantificar la base presunta

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9001 IBNORCA Sistema de Gestión 

de la Calidad Certificado N771/1

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enmarcándose a lo dispuesto en los artículos 43, 44 y 45 de la Ley 2492 e inciso d) del artículo 7 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13. 

Ahora bien, respecto al contenido de los actos administrativos (Vista de Cargo No 291930000896 y en la Resolución Determinativa impugnada), se tiene que, la Administración Tributaria: 1. Detalló la documentación utilizada para determinación arribada (Facturas de ventas, Comprobantes Contables, Declaraciones Únicas de Importación y Acta de Acciones y Omisiones de 28 de noviembre de 2019); 2. Expuso mediante cuadro denominado Estimación del precio de venta de vehículos automotores”, la forma de determinación del Costo de Importación (CIF mas GA e ICE pagados), el precio de venta antes de impuestos (Costo de Importación más margen de utilidad según acta de acciones y omisiones) y explicó la composición de cada una de las variables utilizadas (CIF, GA pagado, ICE pagado, etc); y 3. Mediante cuadros, mostró la información cursante en cada uno de estos documentos (Facturas de ventas, Comprobantes Contables, Declaraciones Únicas de Importación y Acta de Acciones y Omisiones de 28 de noviembre de 2019), que fueron utilizados como sustento para la determinación sobre base presunta, así como los diferentes cálculos realizados para la determinación de los ingresos no declarados según fiscalización (fojas de 3042-3058 y 3124-3145 de antecedentes administrativos). 

De la misma forma, una vez determinados los ingresos no declarados sobre Base Presunta (Bs18.127.957,75), mostró la determinación del tributo omitido por impuesto, donde aplicó la alícuota del 13% para el Impuesto al Valor Agregado y 3% para el Impuesto a las Transacciones, a fin de establecer el tributo omitido individualizado por cada uno de los citados impuestos (fojas de 3058-3062 de antecedentes administrativos). 

Por lo que, mal podria el sujeto pasivo alegar que, la información cursante tanto en la vista de Cargo N° 291930000896, como en la Resolución Determinativa impugnada, es general y que, no le permitió conocer a cabalidad la información utilizada, máxime, cuando precisamente en los cuadros denominados “RELACIÓN DE LAS DECLARACIONES ÚNICAS DE IMPORTACIÓN CON EL REGISTRO CONTABLE MEDIANTE COMPROBANTES CONTABLES” y DETERMINACIÓN DE INGRESOS NO DECLARADOS, POR VENTA DE VEHÍCULOS A PRECIOS SUBVALUADOS”, plasmados en los citados actos administrativos (fojas de 3055-3058 de antecedentes 

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administrativos), la Administración Tributaria detalló la documentación (DUIS. Comprobantes de Egreso, Comprobantes de Ingreso, Facturas de Ventas) a través de la cual llegó a establecer ingresos no declarados sobre Base Presunta y en consecuencia la base imponible presunta para la determinación del tributo omitido por concepto de IVA e 

IT

Lo señalado, permite colegir que, la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa impugnada exponen en su contenido, todos los antecedentes, datos e información utilizada por la Administración Tributaria para practicar la determinación sobre base presunta; por tanto, no es evidente que la Administración Tributaria, haya realizado una determinación, apartada de lo dispuesto en la Ley 2492 o efectuado algún procedimiento particular con el fin de perjudicar al sujeto pasivo; tampoco la Administración Tributaria omitió detallar el marco legal, la documentación utilizada para la determinación arribada y los diferentes cálculos aplicados, como erradamente alega el sujeto pasivo en el Recurso de Alzada interpuesto, pues -conforme fue expuesto en párrafos previos- la entidad recurrida detalló y mostró cada uno de los datos e información utilizada para la determinación arribada. 

En consecuencia, la descripción de los antecedentes administrativos, así como el contenido de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa impugnada, permite establecer que, los mismos, cuentan con la debida fundamentación respecto a la aplicación del método de determinación sobre base presunta, cumpliendo, no solo el precepto dispuesto en el artículo 43 de la Ley 2492 para la aplicación del referido método, sino también, el procedimiento establecido en la Resolución Normativa de Directorio N° 100017-13, toda vez que, la Administración Tributaria, ante la imposibilidad de obtener información cierta sobre el precio de venta de los vehículos importados; solicitó la aprobación de la técnica “otras” a efecto de utilizar información proporcionada por el sujeto pasivo respecto al margen de utilidad o ganancia que obtuvo en la venta de vehículos durante la gestión 2015, conforme consta en el Acta de Acciones y Omisiones de 28 de noviembre de 2017- para cuantificar de forma presunta el margen de utilidad a aplicar en la determinación. 

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Por otro lado, sobre el argumento del sujeto pasivo, respecto a que en el Informe CITE: SIN/GF/DNCC/INF/423/2019, el Departamento de Fiscalización y Fiscalidad Internacional 

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de la Caldad Certificado N 771/14 

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UN 

aplicó un margen de utilidad de 0,05%, empero la Gerencia de Fiscalización ordenó la aplicación de un 0,5%; cabe precisar que, para la determinación realizada sobre base presunta, conforme fue desglosado en párrafos previos, la entidad recurrida aplicó el método “Otras“ dispuesto en el inciso d), artículo 7 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-001713 y tomó como referencia para establecer el margen de utilidad, lo comunicado y afirmado por el sujeto pasivo conforme consta en el Acta de Acciones y Omisiones de 28 de noviembre de 2017; es decir, el margen de utilidad del 0.5% (fojas 24 de antecedentes administrativos); por lo que, la parte recurrente no puede pretender desconocer lo afirmado ante la Administración Tributaria, máxime cuando no presentó argumento y/o prueba alguna que desestime la afirmación realizada en la citada Acta de Acciones y Omisiones. 

Sobre el argumento del sujeto pasivo, respecto a que la entidad recurrida utilizó una alicuota ilegal haciendo referencia al 14.94%, cabe precisar que, conforme consta en las páginas 24-25 del acto impugnado, la Administración Tributaria, al momento de determinar la base imponible del Impuesto al Valor Agregado (Débito Fiscal) sobre base presunta, expuso la aplicación del 13% conforme a lo establecido en el artículo 

15 de la Ley 843. 

De la misma forma, respecto a que la Administración Tributaria incurrió en contradicciones al momento de diferenciar el IVA pagado en el momento de la importación y el determinado en la venta posterior en el mercado interno, señalar que conforme fue desarrollado en el acápite IV.4. Vicios de nulidad de la determinación sobre base presuntay también expuesto en el cuadro denominado “DETERMINACIÓN DE INGRESOS NO DECLARADOS, POR VENTA DE VEHÍCULOS A PRECIOS SUBVALUADOS” del acto impugnado (páginas 14-22 del acto impugnado), el sujeto activo procedió a la determinación, en base las Declaraciones Únicas de Importación, considerando específicamente, el valor CIF, GA Pagado e ICE pagado, a cuyo resultado, adicionó la utilidad manifestada por el sujeto pasivo (conforme Acta de Acciones y Omisiones), para después aplicar el 14.94%, a fin de mostrar el precio de venta según fiscalización, y restar el importe facturado por el sujeto pasivo, esto en consideración a que en el Estado Plurinacional de Bolivia, el IVA forma parte integrante del precio neto de venta, conforme dispone el artículo 5 de la Ley 843; aspecto que, de ninguna manera compromete el debido proceso en su 

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vertiente derecho a la defensa del sujeto pasivo, toda vez que, conoció a cabalidad el procedimiento de determinación sobre base presunta aplicado por la Administración Tributaria -en función del artículo 7 inciso d) de la Resolución Normativa de Directorio No 10-0017-13-, así como la documentación considerada para tal determinación; careciendo de sustento lo agraviado por el sujeto pasivo sobre la aplicación de la alicuota del IVA. 

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En cuanto al reclamo del ahora recurrente, inherente a que la utilización de información referencial de otros contribuyentes, exige la existencia de una similitud que permita asegurar que, no fue vulnerado el principio de verdad material y la inexistencia de nota de aprobación respecto a la técnica dispuesta en el Informe con CITE: SIN/GF/DNCC/INF/423/2019 de 30 de octubre de 2019; corresponde precisar que, conforme fue desglosado en el presente acápite, el método aplicado por la Administración Tributaria se enmarcó en lo dispuesto en el artículo 7 inciso d) de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13, aprobado mediante – Informe ÇITE: SIN/GF/DNCC/INF/423/2019 de 30 de octubre de 2019 (fojas 2960-2962 de antecedentes administrativos), método que no contempla la utilización de información de contribuyentes similares. 

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Precisamente el referido informe, en su acápite “CONCLUSIÓN” dispone: “…) se aprueba la técnica descrita en el “Informe CITĖ: SIN/GF/DFFIUFE/INF/172/2019 de 15 de octubre de 2019, conforme al inciso d) del artículo 7 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13. Cabe señalar que el Departamento de Normas y Control de Calidad de la Gerencia de Fiscalización, en aplicación de la RND N° 10-0017-13 se limita a la evaluación de la técnica propuesta, siendo responsabilidad del Departamento de Fiscalización y Fiscalidad Internacional la evaluación de los hechos y elementos, así como la valoración del proceso para la determinación de la base imponible” (el resaltado es nuestro). 

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Por tanto, para esta instancia recursiva, no concurre la duda respecto a la aprobación necesaria para la aplicación de la técnica practicada por la Administración Tributaria en el presente caso, como alega el sujeto pasivo; toda vez que el mencionado Informe CITE: SIN/GF/DNCC/INF/423/2019 por un lado, aprueba la técnica descrita en el Informe CITE: SIN/GF/DFFI/UFE/INF/172/2019 de 15 de octubre de 2019 y por otro lado, deja sentado que el Departamento de Normas y Control de Calidad de la Gerencia de Fiscalización, en 

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aplicación de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13, se limita a la evaluación de la técnica propuesta en el presente caso mediante Informe CITE: SIN/GF/DFFI/UFE/INF/172/2019) y es responsabilidad del Departamento de Fiscalización y Fiscalidad Internacional la evaluación de los hechos y elementos, así como la valoración del proceso para la determinación de la base imponible

Asimismo, es importante señalar que la determinación realizada por la Administración Tributaria, fue sobre base presunta, conforme prevén los artículos 44, 45 de la Ley 2492 y 7 inciso d) de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13, determinación que según disponen el parágrafo II del artículo 80 del Código Tributario Boliviano y artículo 11 de la referida Resolución Normativa de Directorio, admite prueba en contrario, correspondiente al sujeto pasivo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 2492, presentar toda la prueba válida que crea conveniente para desvirtuar la determinación sobre base presunta efectuada por la Administración Tributaria, la cual incluso podría ser modificada a base cierta como efecto de los descargos y documentos aportados por el sujeto pasivo, durante el plazo de 30 días otorgado en la Vista de Cargo, aspecto que no aconteció en el presente caso, por cuanto el sujeto pasivo se limitó a denunciar vicios de nulidad y a refutar el incumplimiento a deber formal. 

En ese entendido, mal puede sostener el recurrente que: “(...) el ente recaudador no puede pretender asumir una actitud pasiva, delegando la responsabilidad del establecimiento de los costos, gastos y utilidades al sujeto pasivo (…)” (fojas 55 de expediente administrativo), cuando es el sujeto pasivo quien tiene la obligación de determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, medios, plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, ocurridos los hechos previstos en la Ley como generadores de una obligación tributaria; así como a respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos ylo instrumentos públicos, conforme disponen los numerales 1 y 4 del artículo 70 de la Ley 2492 

Conforme a lo expuesto en el presente análisis, es evidente que la Administración Tributaria, se circunscribió a lo establecido en los artículos 44, 45 de la Ley 2492 e inciso d) del artículo 7 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10001713, respecto al 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

procedimiento de determinación aplicado sobre base presunta, asimismo, emitió la Vista de Cargo cumpliendo lo dispuesto en el parágrafo I del artículo 96 del Código Tributario Boliviano, en relación a la fundamentación y motivación que sustenta la determinación sobre base presunta, puesto que expone los antecedentes de hecho y de derecho que justifican las razones del cargo formulado contra el sujeto pasivo; y toda vez que dicho acto sustenta la Resolución Determinativa; se tiene que esta última, también cumple lo establecido en el parágrafo II del artículo 99 del citado Código; por lo que corresponde desestimar los vicios de nulidad alegados por el sujeto pasivo. 

IV.5 Sobre la sanción por incumplimiento a deber formal El sujeto pasivo objetó la aplicación de una multa por incumplimiento a deberes formales, debido a la inexistencia de documentación ficticiamente requerida. Al respecto, la 

Administración Tributaria, no emitió pronunciamiento alguno. 

En ese contexto, sobre las facultades específicas de la Administración Tributaria, corresponde citar lo establecido en el artículo 66 de la Ley 2492, que establece: “La Administración Tributaria tiene las siguientes facultades específicas:1 1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 2. Determinación de tributos; 3. Recaudación; 4. Cálculo de la deuda tributaria; 5. Ejecución de medidas précautorias, previa autorización de la autoridad competente establecida en este Código; 6. Ejecución tributaria; 7. Concesión de prórrogas y facilidades de pago”. 

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Asimismo, el artículo 70 de la Ley 2492 sobre las Obligaciones Tributarias del sujeto pasivo, establece: “(…) 6. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y demás disposiciones; (...) 8. En tanto no prescriba el tributo, considerando incluso la ampliación del plazo, conservar en forma ordenada en el domicilio tributario los libros de contabilidad, registros especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios de almacenamiento, datos e información computarizada y demás documentos de respaldo de sus actividades; presentar, exhibir y poner a disposición de la Administración Tributaria los mismos, en la forma y plazos en que éste los requiera. Asimismo, deberán permitir el acceso y facilitar la revisión de toda la información, documentación, datos y bases de datos relacionadas con el equipamiento de computación y los programas de sistema (software básico) y los programas de aplicación 

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Justicia tributaria para vivir bien Jen mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

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(software de aplicación), incluido el código fuente, que se utilicen en los sistemas informáticos de registro y contabilidad de las operaciones vinculadas con la materia imponible (...)” 

En cuanto a las Contravenciones Tributarias, el artículo 160 de la citada Ley, dispone que son contravenciones tributarias: 1. Omisión de inscripción en los registros tributarios; 2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; 3. Omisión de pago; 4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del artículo 181; 5. Incumplimiento de otros deberes formales; 6. Las establecidas en leyes especiales. 

Sobre el punto analizado, el artículo 162 de la Ley 2492 señala: 7. El que de cualquier manera incumpla los deberes formales establecidos en el presente Código, disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50 UFV) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000 UFV). La sanción para cada una de las conductas contraventoras se establecerá en esos limites mediante nom 

s mediante norma reglamentaria”. 

Por otra parte, la Administración Tributaria en uso de su facultad normativa otorgada en el artículo 64 de la Ley 2492, emitió la Resolución Normativa de Directorio N° 10-003316, que establece en el numeral 4.2 de su Anexo I, una sanción de UFVs 500 para las personas jurídicas que incurran en la Entrega parcial de la información y documentación requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, formas y lugares establecidos

En ese contexto, se debe señalar que la doctrina, denomina deberes formales a … las obligaciones que la Ley o las disposiciones reglamentarias y, aún las autoridades de aplicación de las normas fiscales, por delegación de la Ley, impongan a contribuyentes, responsables o terceros para colaborar con la administración en el desempeño de sus cometidos” (JARACH, Dino. Finanzas Públicas y Derecho Tributario. 2da. Edición. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1996. Pág. 430). 

Expuesto el reclamo planteado por el sujeto pasivo, así como el marco normativo inherente al caso, corresponde ingresar al análisis de los antecedentes administrativos, donde se tiene que el 17 de abril de 2017, la Administración Tributaria emitió la Orden de 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Verificación N° 17990200408 a efecto de verificar la totalidad de los hechos y/o elementos relacionados con el débito fiscal IVA y su efecto en el IT de los periodos fiscales enero a diciembre de la gestión 2015. Acto notificado personalmente el 5 de mayo 2017. 

El 19 de abril de 2017, la Administración Tributaria emitió el Requerimiento Formulario 4003 N° 137116, y solicitó al sujeto pasivo la presentación de la siguiente documentación: Declaraciones Juradas (Form. 200 y Form. 400) del IVA e IT; Libros de Compras y Ventas IVA; notas fiscales de respaldo al débito y crédito fiscal; Extractos Bancarios; Comprobante de Ingresos con respaldo; Libros de contabilidad (Diario y Mayor – medio magnético si corresponde); Kárdex; inventarios; Medios fehacientes de pago con importes iguales o mayores a Bs50.000.-; documentos de respaldo de las ventas efectuadas y otros que sea requeridos en el transcurso de la verificación. Acto notificado el 5 de mayo de 2017 (fojas 7 y 8 de antecedentes administrativos). 

– 

Asimismo, el citado Requerimiento Form. 4003 N° 137116, luego de puntualizar la documentación requerida al efecto, señaló: (...) El incumplimiento al presente requerimiento será considerado como una contravención al Artículo 70 de la Ley 2492 Código Tributario Boliviano y dará lugar a la aplicación de sanciones previstas en el artículo 162 de la misma Ley” (fojas 8 de antecedentes administrativos). 

El 22 de mayo de 2017, el sujeto pasivo solicitó ampliación de plazo para la presentación de documentación, misma que fue atendida por la Administración Tributaria, mediante Auto N° 251730000232 de 30 de mayo de 2017, donde la entidad recurrida le otorgó cinco (5) días hábiles para la presentación de la documentación requerida, luego de la legal notificación del citado Auto (fojas 12-16 de antecedentes administrativos). 

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El 12 de junio de 2017, el sujeto pasivo presentó documentación consistente en: 5 talonarios de facturas; Libros de Compras y Ventas IVA; Kárdex Físico valorado; Comprobantes de Ingreso por prestamos; Declaraciones Juradas (Números de Tramites); Libros Mayores (Cuentas de ingresos, egreso, activo y pasivo); Comprobantes de Diario, Egreso e Ingreso; y Poder Especial Nro. 588/2017. Tal como constan en el “ACTA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS” (fojas 17-18 de antecedentes administrativos). 

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Calidad AWOL ZATEKATION 

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El 1 de febrero de 2018, la Administración Tributaria emitió el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación No 00091787, por la entreg

Roberto 

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parcial de la información y documentación requerida durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación, en los plazos medios, formas y lugares establecidos; y aplicó una multa de UFVs 500, según el subnumeral 4.2 numeral 4 de la Resolución Normativa de Directorio N° 100033-16 (fojas 

25 de antecedentes administrativos). 

El 19 de diciembre de 2019, el sujeto activo emitió la Vista de Cargo N° 291930000896, liquidando previamente el adeudo tributario sobre Base Presunta, cálculo que también incluye la multa por incumplimiento a deberes formales; finalmente, el 16 de marzo de 2020, emitió la Resolución Determinativa impugnada, en la cual entre otros conceptos-, ratificó el incumplimiento a deberes formales (fojas 3037-3067 y 3124 3169 de antecedentes administrativos). 

En ese sentido, se corrobora que la Administración Tributaria en uso de sus facultades establecidas en el artículo 66 de la Ley 2492, inició un proceso de determinación contra el ahora recurrente, mediante Orden de Verificación No 17990200408, verificación para la cual, le solicitó documentación inherente al proceso, mediante Requerimiento Form. 4003 No 137116 y también le comunicó que el incumplimiento sería considerado como contravención al artículo 70 de la Ley 2492, dando lugar a la aplicación de la sanción prevista en el artículo 162 del citado cuerpo legal. 

De la misma forma, se tiene que el sujeto pasivo, presentó parcialmente la documentación requerida, conforme consta en el “ACTA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS” de 12 de junio de 2017 (fojas 17-18 de antecedentes administrativos); por lo que, la Administración Tributaria emitió el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación No 00091787 y aplicó la multa de UFVs 500; incumplimiento de deber formal, que formó parte de la Vista de Cargo N° 291930000896 y de la Resolución Determinativa impugnada (fojas 30633065, 3148-3149 y 3168 de antecedentes administrativos). 

Por tanto, es evidente que el sujeto pasivo adquirió pleno conocimiento de la documentación requerida por el ente fiscal para el proceso de determinación iniciado en su contra, así como su la obligación de cumplir dicha solicitud conforme establece el artículo 70 de la referida Ley, entre ellos el numeral 8 que puntualmente establece: “(…

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INITIE 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional do Boflvia 

En tanto no prescriba el tributo, considerando incluso la ampliación del plazo, conservar en forma ordenada en el domicilio tributario los libros de contabilidad, registros especiales, declaraciones, (…) y demás documentos de respaldo de sus actividades, presentar, exhibir y poner a disposición de la Administración Tributaria los mismos, en la forma y plazos en que éste los requiera (...)”. 

De la misma forma, el sujeto pasivo haciendo uso de sus derechos, el 22 de mayo de 2017, mediante nota solicitó ampliación de plazo para la entrega de documentación; solicitud que fue atendida por la Administración Tributaria mediante Auto No 251730000232 de 30 de mayo de 2017; lo que demuestra, que el sujeto pasivo no cuestionó documentación alguna que consideraba como inexistente‘ylo que no correspondía a su actividad. 

Asimismo se tiene que, al momento de presentar la documentación ante la Administración Tributaria, tampoco dejó sentado, aspecto alguno que permita advertir que el ente recaudador le peticiono documentación que como sujeto pasivo creía inexistente (fojas, 15 y 17-18 de antecedentes administrativos). 

Señalar también que, del Requerimiento Form. 4003 N° 00137116, se advierte que la entidad recaudadora solicitó al sujeto pasivo documentación consistente en: Declaraciones Juradas (Form. 200 y Form. 400); Libros de Compras y Ventas IVA; notas fiscales de respaldo al débito y crédito fiscal; Extractos Bancarios; Comprobante de Ingresos con respaldo; Libros de contabilidad (Diario y Mayor); Kárdex, inventarios; Medios fehacientes de pago con importes iguales o mayores a Bs50.000.-; entre otros (fojas 8 de antecedentes administrativos), que conforme se advierte, incumben a documentos con los que todo sujeto pasivo, al realizar una actividad económica, debe contar conforme dispone el Código de Comercio. 

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Por lo expuesto, el recurrente, no puede alegar que la entidad recurrida le solicito documentación inexistente y/o ficticia, cuando la Administración Tributaria mediante los actos notificados, al inicio de la verificación (Orden de Verificación y Requerimiento Form. 4003) dio a conocer al sujeto pasivo, que el incumplimiento a la presentación total de la documentación requerida, se configura en contravención al artículo 70 de la Ley 2492, lo que se traduce en una sanción a ser aplicada conforme establece el artículo 162 de la 

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misma Ley; asimismo el sujeto pasivo, en ninguna etapa del proceso determinativo llevado a cabo en su contra, refutó y/o comunicó a la Administración Tributaria la inexistencia de la documentación que le fue requerida y/o si consideraba que algún documento solicitado mediante el Requerimiento Form. 4003 No 137116, era inexistente y/o ficticio; en consecuencia, corresponde desestimar el reclamo planteado por el sujeto pasivo. 

Por otro lado, de la lectura de los alegatos presentados por el sujeto pasivo, se advirtió que el mismo trajo a colación reclamos que, no fueron planteados en el recurso interpuesto; refiriendo que la Administración Tributaria, en el procedimiento de determinación sobre base del Impuesto al Valor Agregado (IVA), utilizó elementos que hacen a la determinación del Impuesto Sobre las Utilidades de la Empresas (IUE); al respecto, corresponde aclarar que, conforme al parágrafo I del artículo 211 del Código Tributario Boliviano (CTB), referido al contenido de las resoluciones, dicha apartado legal 

blece que las mismas, deben ser pronunciadas de forma expresa, positiva y precisa sobre los puntos recurridos, bajo ese entendido al no ser planteados los nuevos argumentos en el memorial de recurso de alzada, esta instancia recursiva se ve impedida de pronunciarse sobre los mismos. 

En suma, del análisis de lo argumentado por las partes, así como de la compulsa de los antecedentes administrativos, esta instancia recursiva advirtió que la Administración Tributaria, se circunscribió a lo establecido en los artículos 44, 45 de la Ley 2492 e inciso d) del artículo 7 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13, respecto al procedimiento de determinación aplicado sobre base presunta; y emitió los actos administrativos, conforme disponen el parágrafo I del artículo 96, parágrafo II del artículo 99 de la Ley 2492 así como los artículos 18 y 19 del Decreto Supremo 23710; no siendo evidentes los vicios de nulidad aludidos por el sujeto pasivo, menos la improcedencia de la multa por incumplimiento a deber formal; correspondiendo a ésta instancia recursiva, confirmar la Resolución Determinativa N° 172030000230 de 16 de marzo de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales. 

POR TANTO: 

El suscrito Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley 2492 y artículo 141 del Decreto Supremo 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 172030000230 de 16 de marzo de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, al no ser evidentes los vicios de nulidad aludidos por el sujeto pasivo, y resultar procedente la aplicación de la multa por incumplimiento a. deber formal; sea de conformidad con el inciso b) parágrafo I del artículo 212 parágrafo I del Código Tributario Boliviano. 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario- Boliviano, será de cumplimiento obligatorio para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente

DOR 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de lmpugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

– 

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 de la Ley 2492, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computables a partir de su notificación. 

Regístrese, notifíquese y cumplase

REGION 

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Eric Aysberto Rojas Urquiza 

DIRECTOR EJECUTIVO REGIONAL 

DIRECCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Autoridad Regional de Impugnación tributaria Cbba

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