ARIT-CBA-RA-0284-2017 Anulación de la Resolución Determinativa debido a que la administración tributaria hizo Caso omiso a lo expuesto sobre la prescripción y a los descargos presentados por el contribuyente lo que conlleva a identificar vicios de nulidad la resolución

ARIT-CBA-RA-0284-2017

– Cochabamba 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBARA 0284/201

Recurrente 

: José Mario Torrico Aguilar 

Recurrido 

: Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Karina Paula Balderrama Espinoza. 

Expediente 

ARIT-CBA0140/2017 

Acto Impugnado: Resolución Determinativa No 171730000116 de 21 de marzo de 

2017 

Fecha 

: Cochabamba, 24 de julio de 2017 

VISTOS: El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT CBA/ITJ 0284/2017 de 20 de julio de 2017, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

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  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO Resolución Determinativa N° 171730000116 de 21 de marzo de 2017, que determinió de oficio, por conocimiento cierto de la materia imponible las obligaciones impositivas del contribuyente Torrico Aguilar José Mario, en la suma de UFVs29.706.-, equivalentes a B$65.072.– correspondiente al tributo omitido, interés y sanción e incumplimiento al deber formal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, junio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2010; asimismo, calificó la conducta como Omisión de Pago por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos fiscales citados, aplicándole una sanción del 100% sobre el Tributo Omitido, además otorgó al contribuyente el término de 20 días, a partir de su legal notificación para que deposite la totalidad de la Deuda Tributaria. Acto notificado por cédula a Torrico Aguilar José Mario, el 27 de marzo de 2017 (fojas 365384 y 387 C2 del expediente administrativo). 

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– II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 

II.1 Argumentos del Recurrente José Mario Torrico Aguilar, mediante notas de 12 y 20 de abril de 2017 (fojas 4651 y 54-61 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa No 171730000116 de 21 de marzo de 2017, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales de Cochabamba, manifestando l

siguiente: Justicia tributaria para vivir bien 

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9001 IBNORCA Sieu de Gestio

de Calidad Certificado Ec041

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Que, la Administración Tributaria en la Resolución Determinativa N° 171730000116 de 21 de marzo de 2017, pretende el cobro de obligaciones tributarias prescritas, por lo que, solicitó la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria para fiscalizar y determinar la deuda tributaria. 

Refirió que, la inacción del Servicio de Impuestos Nacionales para la determinación de la deuda tributaria y su cobro, originó que pierda esa facultad, a pesar que podía ejercer sus facultades desde el día siguiente de la presentación de las Declaraciones Juradas, citó las Sentencias Constitucionales 753/2003-R, 1278/2006-R y Autos Supremos Nos 56 y 432, además de las modificaciones realizadas por las Leyes Nos. 291 y 317, al artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB). 

Expuso que, la imprescriptibilidad en materia tributaria sólo está dispuesta respecto a la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, conforme la Disposición Transitoria Quinta de la Ley N° 291 y la Ley N° 317 y que el presente caso versa sobre la facultad de fiscalización para los periodos enero, febrero, marzo, abril, junio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2010, por lo que no corresponde la aplicación de dichas disposiciones, como establece la Sentencia No 39 de 13 de mayo de 2016 y la Sentencia No 47 de 16 de junio de 2016, ambas emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia Sala Contenciosa y Contenciosa Adm. Social y Adm. Primera, concordante con la Sentencia Constitucional Plurinacional 1169/2016-S3 de 26 de octubre de 2016, que realizó la interpretación de las Leyes Nos. 291 y 317

Argumentó que, los hechos generadores del Impuesto al Valor Agregado (IVA), establecidos en la Resolución Determinativa impugnada, ocurrieron durante la gestión 2010, correspondiendo la aplicación de los artículos 59, 60 y 61 de la Ley N° 2492 (CTB), sin modificaciones y no así la Ley N° 291 que tuvo vigencia a partir del 22 de septiembre de 2012 hasta el 11 de diciembre de 2012, ni la Ley N° 317 que tiene vigencia a partir del 11 de diciembre de 2012, en cumplimiento de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley N° 2492 (CTB) y la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), aplicables por analogía de la norma, toda vez que en materia tributaria la prescripción no es retroactiva y lo contrario seria vulnerar los principios constitucionales de igualdad, seguridad juridica e irretroactividad, establecidos en los artículos 123, 180-1, 323-1, 306-111 y 311-11 inciso 5 de la Constitución Política del Estado. 

NB-ISO 

9001 BIORCA Sistem de Gestion 

debCaudad Canedo EC-1414 

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Cochabomba 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Afirmó que, el Código Tributario (Ley N° 2492), es de mayor jerarquía jurídica al ser una norma de carácter específico en materia tributaria y las Leyes Nos. 291 y 317 son de carácter general, por lo que, debe prevalecer la Ley especifica. 

Manifestó que, el cómputo de la prescripción del IVA para los periodos observados de la 

gestión 2010, se inició el 1 de enero del 2011 y concluyó el 31 de diciembre de 2014, periodo en el que no se produjo causal de interrupción y/o suspensión descritas en el artículo 61 y 62 de la Ley N° 2492 (CTB), siendo que la Resolución Determinativa No 171730000116, no causó efecto alguno en el cómputo. Por lo que señaló que la extinción por prescripción operó a partir del 1 de enero de 2015. Con relación al periodo fiscal diciembre 2010, expuso que se inició el 1 de enero del 2012 y concluyó el 31 de diciembre de 2015, con suspensión de seis meses debido a la emisión de Orden de Verificación N° 39140VE00044, operándose la prescripción a partir del 1 de julio de 2016. 

Señaló que, la Administración Tributaria realizó una inadecuada aplicación de las normas tributarias al pretender fiscalizar, controlar e investigar el crédito fiscal de las facturas del proveedor: Estación de Servicio Trans Sacaba S.A., en los periodos fiscales citados, siendo que al momento de pretender ejercer su facultad, estas ya estaban prescritas. 

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Indicó que, la Resolución impugnada hizo caso omiso a los fundamentos expuestos sobre prescripción en los descargos presentados a la vista de Cargo, limitándose hacer la transcripción de la normativa en materia de prescripción, misma que no es usada de forma adecuada, haciendo una aplicación retroactiva del artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) y descontextualizando dicha norma al olvidar el artículo 150 de la Ley N° 2492 (CTB). 

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Por los fundamentos expuestos, solicitó la revocatoria total de la Resolución Determinativa No 1717300001 16 de 21 de marzo de 2017. 

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11.2. Auto de Admisión El 21 de abril de 2017, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Admisión EXPEDIENTE ARIT-CBA-0140/2017, admitiendo el Recurso de Alzada interpuesto por José Mario Torrico Aguilar, contra la Resolución Determinativa No 171730000116 de 21 de marzo de 2017, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (fojas 62 del expediente administrativo). 

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Gtended Catilado EC 2414 

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11.3. Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente representada por Karina Paula Balderrama Espinoza, acredito personería conforme la Resolución Administrativa de Presidencia No 031700000521 de 31 de marzo de 2017 (fojas 66-67 del expediente administrativo), por memorial presentado el 17 de mayo de 2017 (fojas 68-77 del expediente administrativo), se apersonó y respondió negativamente el recurso con los siguientes fundamentos: 

Con carácter previo expuso que, el recurrente fundamento el Recurso de Alzada alegando la prescripción de la facultad de determinación de la Administración Tributaria, pidiendo se aplique lo dispuesto por el Tribunal Supremo de Justicia mediante las Sentencias 39 y 47; . por lo que, corresponde a la instancia recursiva circunscribirse únicamente a los agravios expuestos en el Recurso de Alzada; es decir, se considere las Sentencias emitidas por el referido Tribunal Supremo de Justicia referidas a la prescripción a fin de observar el principio de congruencia, citó la Sentencia Constitucional Plurinacional 1117/2015 S2 de 3 de noviembre de 2015. 

Señaló que, el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) fue modificado por la Ley N° 291, habiendo sido derogado el último parrado mediante la Ley N° 317 de la siguiente forma, para los hechos ocurridos en la gestión 2008, el cómputo de la prescripción aumentará en un año de forma sucesiva en cada gestión y concluirá este plazo en la gestión 2008 y el tiempo de prescripción será de 10 años, por lo que los hechos ocurridos en la gestión 2010 prescriben en la gestión 2020 y los hechos ocurridos en la 2012 el cómputo de prescripción es de 4 años, la gestión 2013 el cómputo de la prescripción es de 5 años, la gestión 2014 el 

  • cómputo será de 6 años, la gestión 2015 el cómputo para la prescripción será 7 años, la 

gestión 2016 el cómputo de la prescripción será de 8 años, la gestión 2009 el cómputo de la prescripción será de 10 años, en razón a las modificaciones establecidas en la Leyes Nos. 291 y 317. 

Manifestó que, la Administración Tributaria tiene la responsabilidad de acatar la norma pública y de cumplimiento obligatorio, citando el artículo 5 de la Ley N° 027 e indicando que se presume la constitucionalidad del artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), modificado por las Leyes. Nos. 291 y 317. 

Indicó que, el recurrente pretende confundir al señalar que se hubiere aplicado de manera retroactiva las Leyes Nos. 291 y 317, al haber sido promulgadas con posterioridad a la 

NB-150 

9001 IBNORCA Sitema de Gestion 

de Cold Certificado EC-201

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Cochabamba 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

gestión 2010, gestión que motiva la Vista de Cargo, olvidando que la prescripción, no opera de oficio y su análisis se realiza una vez que se activa su solicitud 

Afirmó que, la retroactividad impropia consiste en las modificaciones tributarias realizadas durante el transcurso del periodo impositivo, con efectos desde el inicio del mismo, desplegando una retroactividad impropia o de grado medio, puesto que, aun cuando los 

os constitutivos del hecho imponible comenzaron a producirse antes de la entrada en vigor de la Ley, el hecho imponible, no se había realizado integramente en ese momento y los efectos jurídicos, no se habían agotado, asimismo, deberá entenderse la existencia de la retroactividad impropia, toda vez que la aplicación de las Leyes Nos. 291 y 317, motivo la existencia de efectos tributarios jurídicos que no se habían agotado en el transcurso del 

tiempo. 

Argumentó que, el recurrente, no puede alegar la retroactividad de la norma, citando el artículo 123 de la Constitución Política del Estado (CPE), debido a que la Resolución Determinativa N° 171730000116, fue emitida bajo la vigencia de la Ley N° 812, siendo que las actuaciones de la Administración Tributaria, no contienen determinaciones retroactivas atentatorias a los derechos constitucionales, siendo que aplicó la norma vigente al momento de la emisión de la referida resolución. 

Cristian Rodrigo Boer Warna 

Mencionó que, de acuerdo a la teoría de los derechos adquiridos, la simple esperanza de una derecho, carece de algún requisito externo para lograr la plenitud e integralidad de un 

O, por lo que el derecho no perfeccionado es susceptible de afectación por una modificación legal y que al estar vigente la Ley No 812 que modificó la Ley N° 2492 (CTB), su aplicación sobre derecho no perfeccionados resulta ser imperativa, 

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Señaló que, el proceso determinativo no se encontraba finalizado, correspondiendo la aplicación de la Ley N° 812, no incidiendo sobre los derechos del contribuyente a situaciones pasadas y debidamente consolidadas. 

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Afirmó que, las Sentencias del Tribunal Supremo de Justicia No 39/2016 y 47/2016, no son sentencias fundadoras, ni moduladoras, en resumen, no son resultantes de la interpretación, interrelación o integración de las normas de la Constitución Política del Estado, consiguientemente, no son vinculantes para autoridades, tribunales o particulares. 

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Manifestó que, si el recurrente acude a la jurisprudencia emanada por el Tribunal Suprem

de Justicia, deberá con carácter previo, verificar si la misma es uniforme y relacionada als 

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IBNORCA Site de Gortid

d4a5dx Calificada NEC-1744 

caso y que el alcance de lo dispuesto en la Ley N° 812, para la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria, disponiendo que la acciones prescribirán a los 8 años, entre ellas la facultad de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria, no reconociendo ningún grado de benignidad a lo dispuesto por las Leyes N° 291 Y No 317, no merecierido mayor ariálisis

Arguyó que, el recurrente al citar la Sentencia Constitucional 1169/2016S3 de 26 de octubre, deberá tener en cuenta que el mismo refiere exclusivamente a la lesión al debido proceso y a la ausencia de fundamentación y congruencia, ordenando se emita una nueva Resolución de Recurso Jerárquico que contenga la motivación extrañada y no así la aplicación o no de las Leyes No 291 y 317 lo que contravienen la legislación positiva vigente

Refirió que, de los antecedentes administrativos analizados por la Sentencia Constitucional 1169/2016-53, se evidencia que corresponden a una Resolución Administrativa, emitida eri Etapa de Ejecución Tributaria, por lo que la Administración de Aduana negó la prescripción; no guardando relación con los antecedentes del presente caso, es decir, el cómputo de la prescripción de las Facultades del Servicio de Impuestos Nacionales, para verificar y determinar la deuda tributaria, por lo que dicha Sentencia Constitucional Plurinacional corresponde a un hecho distinto tanto en objeto y motivación y aplicación de las Leyes No 291 y 317. 

Expuso que, las Sentencias N° 39 y 47 emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia, no constituyeni fuentes del Derecho Tributario, siendo precedentes jurisdiccionales que no constituyen jurisprudencia, no siendo viriculantes, ni obligatorias, citó la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0353/2017 de 3 de abril de 2017. 

Señaló que, la Resolución Determinativa impugnada responde a cabalidad la forma por la cual la Ley N° 2492 (CTB), coritempla la prescripción en la subsección V de la sección VII dedicada a las formas de extinción de la obligación tributaria. 

Por los fundamentos expuestos, solicitó se confirme la Resolución Determinativa N° 171730000116 de 21 de marzo de 2017, 

11.4. Apertura del término probatorio y producción de prueba El 18 de mayo de 2017, ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Apertura Término de Prueba EXPEDIENTE ARIT-CBA-0140/2017. Sistema de curation 

NB-ISO 

9001 IBNORC

Certificado IEC1741

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Cochabamba 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

disponiendo la apertura del término de prueba de 20 dias comunes y perentorios para ambas partes en aplicación del inciso d) del artículo 218 de la Ley N° 2492 (Título V CTB) (fojas 78 del expediente administrativo)

11.4.1. Prueba de la Administración Tributaria Por memorial de 9 de junio de 2017, la Administración Tributaria se ratificó en la prueba acompañada al momento de responder el Recurso de Alzada (fojas 80- 81 del expediente administrativo). 

II.4.2. Prueba sujeto pasivo Por nota de 9 de junio de 2017, José Mario Torrico Aguilar, refirió a la Administración 

Tributaria que presenta como prueba la Orden de Verificación N° 3914OVE00044, Nota No 583/17 de 19 de enero de 2017, la Resolución Determinativa impugnada, asimismo las Leyes Nos. 291, 317 y 812, aclarando que en el presente caso no está en discusión la constitucionalidad de las referidas leyes, sino la revisión de la prescripción y si el Ente Administrativo ejerció o no sus facultades de verificación, fiscalización y determinación de la deuda tributaria dentro el plazo previsto por ley (fojas 84117 del expediente administrativo). 

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II.5. Alegatos 11.5.1. Alegatos del Sujeto Pasivo Por nota de 27 de junio de 2017, José Mario Torrico Aguilar presentó memorial de alegatos ratificando los argumentos esgrimidos a momento de interponer el recurso de alzada, siendo que hace referencia a la inadecuada aplicación de las Leyes Nos. 291, 317 y 812, sobre el aforismo Tempus Regis Actum por parte de la Administración Tributaria, además de la retroactividad de la norma (fojas 120125 del expediente administrativo)

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11.5.2. Administración Tributaria Mediante memorial presentado el 3 de julio de 2017, la Administración recurrida formuló alegatos dentro el expediente de referencia, solicitando se tengan en cuenta las Sentencias Constitucionales 0048/2017-S2 que dejó sin efecto la Sentencia 47 emitida por la Sala Plena del TSJM; añadió que tampoco corresponde la aplicación de la Sentencia 39 por no ajustarse al caso. Asimismo, reiteró los argumentos expresados en el Recurso de Alzada, haciendo referencia a las citadas Sentencias que fueron acompañadas al memorial para el análisis de la prescripción. Concluyó reiterando la solicitud de confirmatoria del Acto impugnado (fojas 139-141 del expediente administrativo). 

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9001 JBNORCA Sistema de Gestión 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

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BII. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA El 12 de enero de 2015, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: SIN/GDCBBA/DFNE/INF/0178/2015, solicitando al Departamento Jurídico y de Cobrariza Coactiva proceda a la emisión de la Resolución Administrativa para la anulación de las actuaciones de notificación de las Ordenes de Verificación externa N° 3914OVE00042, 3914OVE00043, 3914OVE00044, 3914OVE00045 y 3914OVE00046 del contribuyente Torrico Aguilar José Mario, notificadas el 17 de septiembre de 2014 (fojas 218-219 C2 de antecedentes administrativos). 

El 19 de agosto de 2015, la Administración Tributaria emitió la Resolución Administrativa No 23-0263715, que anuy dejó sin efecto la vista de Cargo No SIN/GDCBBA/DF/G2NVENC/0222/2015 de 13 de mayo de 2015 y la diligencia de notificación personal de 18 de mayo de 2015 emitida al contribuyente Torrico Aguilar José Mario. Acto notificado por cédula el 27 de octubre de 2015 (fojas 299-300 y 303 C2 de antecedentes administrativos). 

El 15 de diciembre de 2016, la Administración Tributaria, emitió el Informe de Actuación CITE: SINIGDCBBA/DF/G4NE/INF/1 1959/2016, recomendando emitir y notificar la Vista de Cargo (fojas 318332 C2 de aritecedentes administrativos). 

El 15 de diciembre de 2016, la Administración Tributaria, emitió la Vista de Cargo No SIN/GDCBBA/DF/G4NENC/0618/2016, estableciendo una deuda tributaria de UFV$29.468.- equivalentes a Bs63.917.- que incluye tributo omitido, interés, sanción por omisión de pago. Acto que fue notificado por cédula el 23 de diciembre de 2016 (fojas 337 350 C2 de antecedentes administrativos). 

El 19 de enero de 2017, el sujeto pasivo presentó nota a la Administración Tributaria, impugnando y presentado descargos a la vista de Cargo, además de manifestar su disconformidad con el reparo establecido, además de no realizar una adecuada valoración de los descargos, considerando que la misma cuenta con la información contable, contratos y demás información concerniente a la gestión 2010, asimismo refirió que la Administración Tributaria perdió ese derecho al haber operado la prescripción de los perio de la gestión 2010, siendo que los hechos generadores del Impuesto al Valor Agregado (IVA) establecidos en la vista de Cargo, ocurrieron durante la vigencia de la gestión 2010, correspondiendo la aplicación de la Ley N° 2492 (CTB) y no así de las Leyes Nos. 291 y 317 (fojas 355357 C2 de antecedentes administrativos). 

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Cochabamba 

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AUTDRIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

El 17 de marzo de 2017, la Administración Tributaria Municipal emitió el Informe CITE: SIN/GDCBBA/DJCC/TJ/INF/102/2017, estableciendo una liquidación total a favor del fisco UFVS29.695.- equivalentes a Bs.5.029, correspondiente al Tributo Omitido, interés y sanción del Impuesto al Valor Agredo (IVA) de los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, junio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2010, por lo que recomendó emitir y notificar la Resolución Determinativa (fojas 358-364 C2 de antecedentes administrativos). 

El 21 de marzo de 2017, la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa No 171730000116, que resolvió determinar de oficio, por conocimiento cierto de la materia imponible las obligaciones impositivas del contribuyente Torrico Aguilar José Mario, en la suma de UFVs29.706.-, equivalentes a Bs65.072.– correspondiente al tributo omitido, interés y sanción e incumplimiento al deber formal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, junio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2010; asimismo, calificó la conducta como Omisión de Pago por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos fiscales citados, aplicándole una sanción del 100% sobre el Tributo Omitido, además otorgó al contribuyente el término de 20 días, a partir de su legal notificación para que deposite la totalidad de la Deuda Tributaria, que consolida el tributo omitido, intereses y sanción por omisión de pago, importe que asciende a UFVs29.706.- monto que será actualizado a la fecha de pago. Acto notificado por cédula a Tomico Aguilar José Mario, el 27 de marzo de 2017 (fojas 365-384 y 387 C2 del expediente administrativo). 

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  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA JURÍDIC

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.1. Cuestión Previa. Antes de ingresar al análisis técnico jurídico, corresponde dejar en manifiesto que, de la lectura del memorial de interposición de Recurso de Alzada, se evidenció que la parte recurrente trajo a colación para el análisis técnico jurídico situaciones y aspectos tanto de forma como de fondo; en ese entendido, considerando las pretensiones del contenido integro del memorial y lo solicitado en su petitorio, de acuerdo a los principios procesales precautelando el debido proceso y el derecho a la defensa de ambas partes, ésta instancia recursiva previamente efectuará la verificación y el análisis sobre la existencia de los vicios procesales denunciados y en caso de no ser evidentes ingresará al análisis de los aspectos de fondo para determinar lo que en derecho corresponda. 

NB-ISO 

9001 1BYOACA Sistema Caba 

de Carded Catico Ecu414 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jacha kamani (Aymara} Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua

1.2. Cuestiones de Forma IV.2.1. Sobre la Fundamentación de la Resolución Técnico Administrativa El recurrente denunció que, la Resolución impugnada hizo caso omiso a los fundamentos expuestos sobre prescripción en los descargos presentados a la vista de Cargo, limitándose hacer la transcripción de la normativa en materia de prescripción. 

Por su parte, la Administración Tributaria al momento de responder el Recurso de Alzada no expuso argumento alguno respecto del punto en particular

Al respecto, la Sentencia Constitucional 1351/2003-R de 16 de septiembre de 2003, en el marco constitucional dispuso que: “el derecho a la defensa es un instituto integrante de las garantías del debido proceso, precepto que desde el punto de vista teleológico ha sido creado para poner de relieve esta garantía fundamental, que debe ser interpretada siempre conforme al principio de la favorabilidad antes que restrictivamente, considerándolo como un principio informador de todo el ordenamiento jurídico de todo Estado, esto quiere decir que, nadie puede ser sancionado o afectado en sus derechos e intereses legítimos sin el desarrollo de un debido proceso establecido por ley, revestido de las garantias que la Constitución y las leyes le dispensan y dentro de ello, posibilite el inviolable derecho a la defensa. Este derecho a la defensa se halla relacionado también con el derecho de igualdad de las partes, esto es, que arbitrariamente no se puede establecer una decisión particular, que afecte los intereses de la otra parte sin comunicar o por lo menos informar la decisión tomada a fin de activar los mecanismos de defensa, en igualdad de condiciones, ofreciendo por los interesados los descargos que considere pertinentes, es decir, existe la obligación legal de la Administración Tributaria de realizar la valoración de la prueba puesta en su conocimiento por el administrado en los plazos establecidos

Asimismo, es importante señalar que, el artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone que: “ Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. De igual manera, el artículo 117, de la referida Constitución Política del Estado establece que: 1. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso“. Asimismo el parágrafo I del artículo 119 del mismo cuerpo legal, sala que las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que les asistan. 

NB-ISO 

9001 IBNORCA Soy de Gestio

de la Calidad Certificado NEC27414 

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AIT 

Cochobamba 

. AUTDRIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

En ese marco normativo constitucional y precautelando el derecho a la 

o el derecho a la defensa con el que cuenta el recurrente, en el ámbito tributario, los principios y garantías constitucionales están reconocidos por los numerales 2, 6, 7 y 10 del artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB), el cual establece que el sujeto pasivo tiene derecho que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones reglamentarias, dentro de los plazos establecidos; al debido proceso, formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución, a ser oído y juzgado de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Política del Estado, 

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Corresponde entonces, remitimos a los antecedentes administrativos, para corroborar o desvirtuar la afirmación del recurrente respecto a que la Resolución impugnada, omitió considerar y evaluar los descargos y argumentos ofrecidos como respuesta a la Vista de Cargo de referencia; por lo que, haciendo una revisión cronológica de los actuados de 

ambas partes, constituidos ahora en antecedentes administrativos del presente caso, Cristian Rodrigo 

corresponde remitimos a fojas 355-357 C2 de los mismos, donde se advirtió que el 19 de enero de 2017, José Mario Torrico Aguilar presentó nota de descargos a la vista de Cargo N° SINGDCBBA/DF/G4NENC/0618/2016, notificada mediante cédula al sujeto pasivo el 23 de diciembre de 2016 (fojas 337-350 y 350 vta. C2 de antecedentes administrativos), incorporando en dicha nota argumentos relacionados con que no corresponde la aplicación de las disposiciones expuestas en las Leyes Nos. 291 y 317, puesto que la imprescriptibilidad en materia tributaria sólo está dispuesta respecto a la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada; manifestó que, conforme a la Disposición Transitoria Segunda de la Ley N° 2492 (CTB) y la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) establecen que las obligaciones tributarias acaecidas antes de la vigencia de la Ley citada, se sujetaran a las disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley N° 1340 (CTb abrogado), norma aplicable por analogia, al no ser este instituto de aplicación retroactiva, señaló que conforme a las Declaraciones Juradas – Form. 200 que se encuentran en poder de la Administración Tributaria corresponde la 

aplicación del artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) sin las modificaciones de las Leyes Nos. Teresa de sange 

291, 317 y 812, expuso además que, el SIN realizó una incorrecta depuración del crédito fiscal de los periodos observados, por cuanto denunció falta de criterio en la valoración de los descargos ofrecidos para establecer que el combustible no estaría registrado en inventarios, toda vez que el SIN no estaría entendiendo la realización de la actividad al no entender que los gastos son necesarios para el mantenimiento de fuente, toda vez que el 

vehículo que transporta el combustible para la venta, también hace uso para s

Justicia tributaria para vivir bien 

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funcionamiento; añadió argumentos relacionados con que la Administración Tributaria no consideró la glosa del comprobante de egreso o la forma en que se registró el gasto en la contabilidad, por lo que no es causal de depuración del crédito fiscal, considerado inciso a) del artículo 8 de la Ley N° 843 establecen como requisito las compras o adquisiciones de bienes o servicios en la medida que se vinculen con la actividad gravada, al efecto citó doctrina de Resoluciones de Recurso Jerárquico.

Ahora bien, lo expuesto en el párrafo anterior pudo ser corroborado una vez realizada la lectura integra de la Resolución impugnada, toda vez que a fojas 10 del Acto, la Administración Tributaria expuso: En fecha 19 de enero de la gestión 2017, el contribuyente José Mario Tomico Aguilar presentó descargos a la vista de Cargo SIN/GDCBBA/DF/G4NVENC/0618/2016, expresando los siguientes argumentos:...“, a continuación, transcribió en 8 puntos los argumentos de la nota de descargos y citó normativa de la Ley N° 2492 inherente al Instituto de la Prescripción sin hacer mayor mención a la citada nota, concluyendo de forma superficial que “... que para el caso en cuestión no ha operado la prescripción...” posteriormente, señala que el recurrente añadió en 5 puntos, otros argumentos contenidos en la Nota, relacionados con la inadecuada aplicación de la norma, la inadecuada depuración del crédito fiscal por la invalidación de los registros contables, los numerales 4 y 5 del artículo 70 de la Ley N° 2492, el artículo 8 de la Ley N° 843 y la alusión a las Resoluciones de Recurso. Jerárquico. 

A continuación, la Administración Tributaria en el acto impugnado, descartó los argumentos de forma superficial y sin hacer una adecuada valoración de los mismos; por otra parte, no se halló criterio del argumento relacionado con la imposibilidad de aplicación de las disposiciones expuestas en las Leyes Nos. 291 y 317, y que la prescripción está sujeta a las disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley N° 1340 (CTb abrogado) al no ser este instituto de aplicación retroactiva; sobre el argumento de que la Administración Tributaria no consideró la glosa del comprobante de egreso o la forma en que se registró el gasto en la contabilidad (por ejemplo); por cuanto es evidente que en el Acto impugnado, no existe pronunciamiento alguno respecto de los argumentos citados como ejemplo, advirtiendo que efectivamente, no se evaluaron completamente los argumentos de descargo a efectos de la comprobación de los elementos de hecho, omitiendo fundamentar su invalidez individual, por cuanto no existió una valoración completa e individual de los descargos en el Acto impugnado; añadir en este punto que, como denuncia expresa del sujeto pasivo, en la nota de ofrecimiento de descargos a la vista de Cargo de referencia (fojas 355 C2 de antecedentes administrativos), hizo constar que .., la Administración Tributaria no realizó una adecuada valoración de los descargos presentados, considerando 

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que la misma cuenta con toda la documentación contable, contratos y demás...”, lo que acredita incuestionablemente que, los argumentos y solicitudes expuestas, no fueron atendidos, evaluados y compulsados en su totalidad con los antecedentes en busca de la verdad material por parte de la Administración Tributaria a momento de dictar la Resolución impugnada, afectando indudablemente el requisito de la fundamentación del Acto Administrativo. 

En este punto, es necesario enfatizar que, la fundamentación de toda Resolución Administrativa, además de justificar el accionar administrativo, en su contenido debe valorar todos los descargos presentados en la forma y momento legalmente establecido. Es importante que, todo argumento expuesto por la sindicada de contravención tributaria sea realmente valorado, tanto para calificar su impertinencia o contrariamente descartar su relevancia; esto implica, que debe constituir como uno de los requisitos del Acto Administrativo, para que se tenga la seguridad de que se trata de una resolución fundada. 

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Por ello, es deber de la Administración Tributaria, no sólo recabar pruebas desde un punto de vista formal, sino que, de acuerdo a la definición sustancial de prueba y su conjunción con los principios aplicables a la materia, habrá resolución fundada, únicamente cuando la 

misma se asiente sobre un conjunto de elementos fácticos, entre ellos, está sin duda la matique 

valoración, compulsa y revisión de todos los descargos presentados y/o obtenidos en el proceso sancionatorio motivo del presente Recurso de Alzada; es importante dejar claramente establecido que, por mandato constitucional es obligación de la Administración Tributaria, resguardar el derecho a la defensa del sujeto pasivo con el objeto de que presente los descargos que considere convenientes en el procedimiento sancionador y que el sujeto activo los valore, asignándoles un valor probatorio o descartándolos fundadamente 

por su irrelevancia, a fin de que la conclusión a la que arribó, sea debidamente 

‘fundamentada, lo contrario se manifiesta como una motivación o fundamentación arbitraria. 8. Henry 

Villalye Marse AW 3

En ese entendido, la normativa nacional, en lo que concierne al derecho a la petición, prevé en el artículo 24 de la Constitución Política del Estado (CPE) que, toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario; ahora bien, en consideración a la jurisprudencia constitucional, sobre el derecho fundamental a la petición, entiende: “Como la facultad, potestad o capacidad de toda persona, para acudir ante autoridades o representantes y 

pedir -de forma individual o colectiva-la atención de sus necesidades y requerimientos; e

Justicia tributaria para vivir bieri 

Página 13 de 16 Jari mitayir jacha kamari (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

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decir, se trata de un derecho fundamental de contenido formal, para cuyo ejercicio basta plasmarlo en forma oral o escrita y su cumplimiento, comprende una respuesta pronta, oportuna, motivada y fundamentada y no así, necesariamente favorable al peticionante”. 

Continuando con el lineamiento, la SC 1068/2010-R de 23 de agosto, estableció las causales por las cuales se vulnera el derecho a la petición, estableciendo las siguientes: a) La respuesta no se pone en conocimiento del peticionario; b) Se presenta la negativa de recibirla o se obstaculiza su presentación; c) Habiéndose presentado la petición respetuosa, la autoridad no la responde dentro de un plazo razonable; y, d) La solicitud no es atendida de manera clara, precisa, completa y congruente con lo solicitado”

Además el inciso c) del artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA), establece que la actividad administrativa debe regirse por los principios de sometimiento pleno a la Ley, asegurando a los administrados el debido proceso. Por su parte el inciso h) del artículo 16 del mismo cuerpo legal, dispone que, en su relación con la Administración Pública, las personas, tienen el derecho a obtener una respuesta fundada y motivada a las peticiones y solicitudes que formulen. 

En materia de nulidades de procedimiento, la Ley N° 2492 (CTB), como marco normativo en el ámbito impositivo, establece expresamente la nulidad cuando se infrinja alguno de los requisitos esenciales previstos en el artículo 19 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) y por el incumplimiento con el artículo 99 parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB); bajo ese lineamiento, se tiene que en materia de procedimiento administrativo tributario, la nulidad debe ser textual, esto implica, que sólo opera en los supuestos citados y que la sola infracción del procedimiento establecido, en tanto no sea sancionada expresamente por Ley con la nulidad no da lugar a retrotraer obrados; en ese contexto, el fundamento de toda nulidad recae en la ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales en la Resolución Sancionatoria, así como en la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la defensa y al debido proceso, imputable a la autoridad administrativa. 

A mayor abundamiento, el Tribunal Constitucional respecto a la valoración razonable de la prueba, estableció la siguiente línea en la Sentencia Constitucional 08 que: las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013, han señalado que: Un supuesto de ‘motivación arbitraria’ es cuando una decisión coincide o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba o, en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso (SC 0965/2006R de 2 de octubre), que influye, en ambos casos, en la confiabilidad de la hipótesis tácticas (hechos probados) 

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de Calidad Carlicado N’EC270

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capaces de incidir en el sentido, en los fundamentos de la decisión. Es decir, existe dependencia en cómo cada elemento probatorio fue valorado o no fue valorado para que se fortalezca o debilite las distintas hipótesis (premisas) sobre los hechos y, por ende, la fundamentación juridica que sustenta la decisión (negrillas nuestras). En este mismo sentido SC 0802/2007R de 2 de octubre, señalo “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando los motivos de hecho y derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por la parte...

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En ese sentido, la Resolución Determinativa motivo del presente Recurso de Alzada, omitió considerar completa e individualmente todos los descargos formulados y las solicitudes planteadas por el recurrente, puesto que no atendió mediante una respuesta fundada cada uno de los mismos, incumpliendo su obligación como ente administrativo, de resolver expresamente las cuestiones planteadas en los procedimientos administrativos, conforme dispone el numeral 2 del artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB) citado precedentemente, concordante con el inciso h) del artículo 16 de la Ley N° 2341 (LPA); la inexistencia de una respuesta a las solicitudes efectuadas por el sujeto pasivo, afecta a la fundamentación de hecho de la decisión; en consecuencia es evidente la denuncia de la recurrente respecto del punto evaluado

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En ese sentido, al identificar vicios de nulidad en la resolución impugnada, ésta instancia de Alzada, se ve imposibilitada de pronunciarse sobre los aspectos de fondo planteados, ya que la Administración Tributaria, debe subsanar los vicios procedimentales en los que incurrió, por lo que corresponde a ésta instancia recursiva, anular la Resolución Determinativa N° 171730000116 de 21 de marzo de 2017, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales; para que se emita un nuevo acto que contenga análisis, motivación, pronunciamiento y fundamentación técnica – jurídica sobre todos los aspectos planteados por el sujeto pasivo, tomando en cuenta lo señalado en el presente análisis. 

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POR TANTO: La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Cochabamba, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

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artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE PRIMERO: ANULAR la Resolución Determinativa No 171730000116 de 21 de marzo de 2017, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, debiendo emitirse un nuevo acto que contenga análisis, motivación, pronunciamiento y fundamentación técnica – jurídica; sea de conformidad con lo dispuesto en el inciso c) parágrafo I del artículo 212 de la Ley N° 2492 (Título V CTB). 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 de la Ley.No 3092 (Título V del CTB), será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recumida y la parte recurrente. 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley N° 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 de la Ley N° 2492 (CTB), el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente Resolución de Recurso de Alzada es de 20 dias computables a partir de su notificación. 

Regístrese, notifiquese y cúmplase. 

Teresa del Rosario Partikel hullet DIRECTORA EJECUTIVA REGIONAL 

DIRECCIÓN EJECUTIVA REGONIAL Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cbba. 

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