ARIT-CBA-RA-0279-2019 Resolución Determinativa Confirmada, Depuración de facturas por gastos incurridos con recursos que no eran propios de la empresa, estos provenían de una donación realizada a la empresa recurrente, sumado a esto, la sanción por omisión de pago.

ARIT-CBA-RA-0279-2019

II 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0279/2019 

Recurrente 

Servicio Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado Sanitario “SEMAPA”, 

representado por Katherin Milenka Avilés 

Vallejos 

Administración recurrida 

Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales representada por Rosmery Villacorta Guzmán 

Acto impugnado 

Determinativa 

No 

Resolución 171939000375 

Expediente N° 

ARIT-CBA-0187/2019 

Lugar y fecha 

Cochabamba, 29 de agosto de 2019 

VISTOS 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-CBA/ITJ 0279/2019 de 29 de agosto de 2019, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional, y todo cuanto se tuvo presente 

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ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO La Resolución Determinativa N° 171939000375 de 15 de abril de 2019, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, que determinó de oficio las obligaciones impositivas del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en la suma de UFVs 105 679 correspondiente al tributo omitido actualizado, intereses y sanción por omisión de pago del Impuesto al Valor Agregado del periodo enero de la gestión 2011 Acto notificado mediante cédula el 13 de mayo de 2019 (fojas 3346-3373 y 3376 de antecedentes administrativos) 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayır jach’a kamanı (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Avenida Oquendo N° 381, entre Venezuela y Ecuador. Zona Central Norte Telfs (591-4) 4140011 – 4140012.www ait gob bo. Cochabamba, Bolivia 

TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA II.1. Argumentos del Recurrente. El Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario “SEMAPArepresentado por Katherin Milenka Aviles Vallejos conforme acreditó el Testimonio de Poder N° 71/2019 de 20 de mayo de 2019 (fojas 2124 del expediente administrativo), mediante memorial presentado el 3 de junio de 2019 (fojas 94-111 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 171939000375 de 15 de abril 

de 2019, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio 

de Impuestos Nacionales, expresando lo siguiente 

Que la Administración Tributaria al momento de emitir la Vista de Cargo No 2919390000001 de 16 de enero de 2019 y la Resolución Determinativa N° 171939000375 de 15 de abril de 2019, no subsanó las observaciones de forma y fondo señaladas en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0246/2016 de 8 de marzo de 2016 

Señaló que el ente recaudador no realizó una correcta valoración de la solicitud de prescripción, correspondiendo aplicar un término de cuatro años para el cómputo de prescripción, que concluía el 31 de diciembre de 2016, habiéndose configurado la prescripción incluso considerando la interrupción realizada por el pago efectuado mediante Boleta B1000 el 12 de marzo de 2015, direccionado al periodo enero de la gestion 2011, toda vez que posteriormente la entidad recurrida, no efectuó acto que interrumpa nuevamente el cómputo 

Afirmó que al momento de solicitar la prescripción el 14 de marzo del 2019, el periodo 

enero de la gestión 2011 se encontraba prescrito aun considerando la interrupción de seis meses causada por la notificación de la orden de fiscalización, prescribiendo el 1 de abril de 2018 por aplicación de los artículos 59 y 61 de la Ley N° 2492 (CTB), empero dichos articulados no fueron valorados a tiempo de emitir la Resolución Determinativa 

Puntualizó que el ente recaudador debió considerar que cuando se produjo el hecho generador de la gestión 2011, se encontraba vigente la Ley N° 2492 (CTB) sin modificación, por lo que la Administración Tributaria no realizo un correcto cómputo de la prescripcion, así como tampoco efectuó actos que pudieran ser considerados como causales de interrupción en tiempo hábil que permitan establecer la validez de la Resolución Determinativa N° 171939000375 

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III 

.. 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Sustentó que las causales de suspensión resultarían irreales al haberse declarado la anulabilidad de obrados de la Resolución Determinativa N° 17-00281-15 de 5 de agosto 2015, inclusive hasta la Vista de Cargo N° 29-00009-15 de 12 de marzo de 2015, considerando además la reposición de obrados efectuada con la emisión de la Resolución Determinativa N° 171939000375 de 15 de abril de 2019, por lo que aduce que el ente 

recaudador realizó una incorrecta interpretación del ordenamiento jurídico vigente, al utilizar un proceso con el cual se produjeron efectos legales especificos como la nulidad de obrados, al respecto transcribió como fundamento legal la Sentencia Constitucional Plurinacional N’ 0856/2017-S2 de 21 de agosto de 2017 

Afirmó que debe considerarse que las modificaciones realizadas a la Ley N° 2492 (CTB) a través de las Leyes Nos 291, 317 y 812, fueron promulgadas de manera posterior al hecho generador del IVA del periodo enero de la gestión 2011, por lo que la pretensión de 

declarar vigente la facultad de fiscalización resultaría retroactiva y vulneraría lo señalado en los artículos 123 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 150 de la Ley N° 2492 (CTB) 

Alegó que debe aplicarse la normativa que se encontraba vigente al momento que nació la obligación, por lo que la Resolución Determinativa N° 171939000375 se encuentra viciada de nulidad por infringir el principio de irretroactividad dispuesto en la Constitución Política del Estado (CPE), desconociendo además el artículo 3 de la Ley N° 2492 (CTB), al efecto, transcribió parte de la Sentencia 153 de 20 de noviembre de 2017 emitida por la Sala Plena Contenciosa Administrativa Social y Tributaria Primera del Tribunal Supremo de Justicia 

Puntualizó que la Administración Tributaria no dio cumplimiento a las observaciones realizadas por la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0246/2016 de 8 de marzo de 2016, no efectuando una correcta valoración de la prueba presentada por SEMAPA en contradicción con la norma vigente, generando nulidades de forma y de fondo 

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Manifestó que la Resolución Determinativa N° 171939000375, saló el tratamiento de las donaciones, indicando que debe considerarse lo establecido en el artículo 9 de la Ley No 062, concluyendo que SEMAPA no puede utilizar el Crédito Fiscal de las facturas observadas en la determinación del IVA, sin embargo, dicha apreciación jamás fue puesta 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayır jach’a kamanı (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Avenida Oquendo N° 381, entre Venezuela y Ecuador Zona Central Norte Telfs (591-4) 4140011 – 4140012• www ait gob bo. Cochabamba, Bolivia 

en conocimiento de SEMAPA, afectando el derecho a la defensa y seguridad jurídica, al señalarse un nuevo elemento que limita el derecho a un debido proceso 

Afirmó que no existe relación entre los argumentos fácticos de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, provocando incongruencia entre ambos actos administrativos e indefensión, que le impidió presentar descargos sobre los nuevos elementos Introducidos en la Resolución Determinativa N° 171939000375, ausentes en la Vista de Cargo N° 291939000001 

Citó la doctrina expuesta por el tratadista Agustín Gordillo y el inciso e) del artículo 4 de la Ley 2341 (LPA), respecto a la presunción de buena fe, la confianza, la cooperación y lealtad en la actuación de los servidores públicos y de los ciudadanos, para afirmar que no resulta admisible que la Administración Tributaria primero incorpore elementos sobre los cuales se asuma defensa y posteriormente cambien esos argumentos sin dar lugar a la presentación de descargos, citando al efecto la Sentencia Constitucional N° 1842/2003 R de 12 de diciembre de 2003 y los artículos 115 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE) 

Refinó el principio de congruencia que debe existir entre la acusación y la Sentencia, como vertiente del derecho al Debido Proceso, citando la Sentencia Constitucional No 0571/2013L de 28 de junio de 2013 

Argumentó que la Administración Tributaria omitió considerar el principio de verdad material, para beneficiarse del Crédito Fiscal, exigiendo el pago total por las transacciones, asimismo, añadió que el acuerdo exigía al beneficiario a responsabilizarse del pago de impuestos, por lo que lo argumentado por el SIN resultaría contrario al procedimiento establecido en los acuerdos y convenios suscritos con la empresa Constructora HAZAMA Corporation, y bajo los principios de legalidad y de jerarquía normativa, establecidos en los artículos 180 y 4 parágrafo I de la Constitución Política del Estado, se debe realizar la aplicación preferente de los Convenios Internacionales sobre las Leyes nacionales 

Manifestó que no existe normativa por la cual se obligue a SEMAPA al pago de la transacción comercial, existiendo el Decreto Supremo N° 24051 que de forma contraria dispone en su artículo que se refiere al UE y en su artículo 17 inciso c), que permite la existencia del concepto de incobrable, es decir reconoce que algunas transacciones no 

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son pagadas total o parcialmente, siendo válida para el comprador como gasto deducible para el IUE y Credito Fiscal para el IVA, como establecen los artículos 8 de la Ley N° 843 y 8 del Decreto Supremo N’ 21530, mismos que no establecen sanción al comprador que 

no canceló la transacción comercial, permitiendo la compensación entre el débito fiscal y Crédito Fiscal sin considerar el concepto financiero del pago 

Manifestó que los convenios suscritos en sus artículos 6, 7, 8, 9 y 10 establecen el procedimiento para tratar los dineros recibidos como donación, disponiendo que los fondos no ingresarán a las cuentas de SEMAPA, por tanto la empresa debió cumplir con el tenor de los acuerdos y convenios más allá de cumplir con las normas señaladas en el 

acto impugnado 

Alegó que la Administración Tributaria no valoró los convenios y acuerdos suscritos, que describen el procedimiento de ejecución y las etapas de aprobación a llevar a cabo por la empresa japonesa TEC y el fiscal de obra, procedimiento que se encontraría debidamente documentado por los respaldos y registros contables presentados como prueba de descargo, sobre los cuales la Resolución Determinativa N° 171939000375 omitió pronunciarse 

Continuo manifestando que tampoco fueron valorados los descargos presentados ni la fundamentación respecto a la validez de la aprobación del Crédito Fiscal, siendo 

rechazados con argumentos inconstantes, limitándose a señalar que los procedimientos o consultas que se hicieron al SIN, con referencia a la aplicación para el cumplimiento de exenciones impositivas, se expresan en la nota con CITE N° SINFE/GG/GNTJCC /DNTJ/NOT/175/2010, por la cual se autorizó la exención total de impuestos de importación, encontrándose entre ellos el IVA 

Argumento que en las donaciones se estipula la devolución de los impuestos internos y las exenciones impositivas de las importaciones, con el fin de que el 100% de la donación pueda ser aplicada al proyecto, afirmando que SEMAPA pagó el 13% del IVA y en consecuencia puede deducir el 13% de la totalidad de la factura 

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Cito el artículo 5 de la Ley N° 2492 (CTB), para señalar que la normativa reconoce los Convenioso Tratados Internacionales, situación que fue minimizada por el ente recaudador pudiendo apreciarse que el convenio se encuentra suscrito por el Estado del 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayır jach’a kamanı (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerep: Vae (Guaraní) 

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Japón, cuyo beneficiario es SEMAPA, por cuanto el obligado a pagar es el donante por cuenta del beneficiario SEMAPA 

Indicó que la Administracion Tributaria impuso una obligación que no se encuentra expresamente prevista en las disposiciones legales, violando el elemento central de su actuación, no existiendo norma jurídica que establezca el deber de SEMAPA para realizar el pago del IVACF del periodo enero 2011, encontrándose al amparo de Convenios y acuerdos de cooperación 

Señaló que no existiendo el hecho generador del tributo no hay razón para que se califique la conducta como omisión de pago, desvirtuándose la deuda tributaria y la sanción 

Por lo expuesto, en petitorio solicitó la anulación de la Resolución Determinativa No 171939000375 de 15 de abril de 2019 o de la revisión de los elementos de fondo sea revocada la misma 

II.2 Auto de Admisión El 10 de junio de 2019, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Admisión EXPEDIENTE ARIT-CBA-0187/2019, correspondiente al Recurso de Alzada interpuesto por el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (SEMAPA) representado por Katherin Milenka Avilés Vallejos contra la Resolución Determinativa N° 171939000375 de 15 de abril de 2019, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (fojas 112 del expediente administrativo) 

II 3. Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales representada por Rosmery Villacorta Guzmán conforme acreditó la Resolución Administrativa de Presidencia No 031700001416 de 29 de septiembre de 2017 (fojas 118 del expediente administrativo), por memorial presentado el 2 de julio de 2019 (fojas 119 128 del expediente administrativo), respondió el Recurso de Alzada con los siguientes fundamentos 

Que en cuanto al argumento de que la Administración Tributaria no dio cumplimiento a las observaciones realizadas por la Resolución de Recurso Jerarquico AGIT RJ 0246/2016 

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de 8 de marzo de 2016, señaló que el mismo carece de veracidad, ya que el recurrente 

citó supuestos incumplimientos en la emisión de los actos administrativos del SIN, sin explicar cómo fue incumplida la Resolución Jerárquica referida 

Que para el IVA del periodo fiscal de enero de 2011 el cómputo de la prescripción inició el 1 de enero de 2012 y debió concluir el 30 de junio de 2016, de conformidad al término de 4 años de prescripción para la facultad de determinación de la deuda, previsto en el artículo 59 de la Ley N° 2492 sin modificaciones y los seis meses de suspensión de la prescripción que se computan con la notificación de la Orden de Verificación No 

00140V103492 en fecha 12 de marzo de 2014, transcurriendo 2 años, 2 meses y 11 días 

hasta el inicio del proceso determinativo 

Señaló que el sujeto pasivo interpuso Recurso de Alzada el 1 de septiembre de 2015, suspendiendo el cómputo de prescripción hasta el 11 de mayo de 2018, no correspondiendo computar la prescripción en cumplimiento del parágrafo II del artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB), asimismo, señaló que desde la recepción de los antecedentes originales hasta la notificación con la Resolución Determinativa N° 171939000375 no transcurrieron 4 años 

Afirmó que desde el nuevo cómputo de prescripción iniciado el 1 de abril de 2015 hasta la interposición del presente Recurso de Alzada realizado el 3 de junio de 2019, no transcurrieron los 4 años previstos en el parágrafo 1 del artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) siendo correcto el análisis para interpretar la inaplicabilidad de la prescripción de la facultad de determinar la deuda tributaria, debido a la interrupción realizada por el sujeto pasivo mediante el pago parcial realizado el 12 de marzo de 2015 

Puntualizó que el sujeto pasivo reconoció expresamente la obligación tributaria e Interrumpió el cómputo de prescripción tal como prevé el inciso b) del artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB) al efectuar el pago parcial el 12 de marzo de 2015 mediante Boleta de Pago B-1000 con número de orden 3950525473, direccionando al IVA del periodo enero de 2011 y la Orden de Verificación No 00140VI03492, debiendo volver a iniciarse el cómputo de prescripción desde el 1 de abril de 2015 

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Señaló que el cómputo de prescripción se encontró suspendido desde el 1 de septiembre de 2015 hasta el 11 de mayo de 2018, plazo que transcurre desde la interrupción del 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayır jach’a kamanı (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

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LI 

primer Recurso de Alzada hasta la devolución de los antecedentes administrativos, por disposición del parágrafo II del artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB), sin transcurrir los cuatro años para efectivizar de la prescripción 

Refiro que la Resolución Determinativa N° 171939000375 no fundó la causal de suspensión o interrupción del cómputo de la prescripción en la Resolución Determinativa N° 17-0028115 de 5 de agosto de 2015, debido a que la misma fue anulada por disposición de la Sentencia No 143 de 16 de octubre de 2017, emitiendo la Vista de Cargo N° 291939000001 de 16 de enero de 2019 y la Resolución Determinativa No 171939000375 de 15 de abril de 2019, asimismo, añadió que el sujeto pasivo con un criterio equivocado, pretende ignorar la tramitación del proceso desde la interposicion del Recurso de Alzada hasta la devolución de los antecedentes administrativos e indicó también que la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0856/2017-S2 de 21 de agosto de 2017, señalada por el sujeto pasivo, no resultaría aplicable al presente caso, porque no resuelve una situación idéntica 

Argumentó que no existe aplicación retroactiva de la norma legal, porque en las Leyes Nos 291 de 22 de septiembre de 2012, 317 de 11 de diciembre de 2012 y 812 de 30 de junio de 2016, se especifica la derogación de toda normativa contraria a las referidas leyes, y al no prever la aplicación simultánea con los artículos sin modificacion de la Ley N° 2492 (CTB), sostuvo que no existe ultractividad de los artículos derogados 

Afirmó que el recurrente confundió el hecho generador con la prescripción, sin considerar que la prescripción es un derecho que adquiere el sujeto pasivo por el transcurso del tiempo, cuyo cómputo se interrumpio con el pago realizado y fue suspendido desde la interposición del Recurso de Alzada hasta la devolución de antecedentes procesales, sin transcurrir más de cuatro años aplicando la Ley N° 2492 sin modificaciones, ni los ocho os previstos por la Ley N812 

Alegó que un derecho no perfeccionado es susceptible de afectación por una modificación legal, situación que se manifiesta en la promulgación de las Leyes Nos 291, 371 y 812, que modificaron la Ley N° 2492 (CTB), debiendo aplicar la norma vigente sobre derechos expectaticios, no existiendo una aplicación retroactiva de la ley, ni la vulneración de los derechos a la defensa y seguridad jurídica, al aplicar normativa de orden público y de 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

cumplimiento obligatorio, encontrándose el rechazo de la prescripción correctamente fundamentado 

Puntualizó que la Sentencia No 153 de 20 de noviembre de 2017, citada por el sujeto pasivo, no es fundadora de derecho ni vinculante para el caso analizado, debido a que la misma no resuelve una situacion idéntica o análoga 

Manifestó que no existe incongruencia en la Resolución Determinativa N° 171939000375, toda vez que la misma se sustenta en el tenor de la Vista de Cargo N° 291939000001, 

siendo falso que hubiera introducido un elemento nuevo en la Resolución Determinativa, 

ello también porque sustentó la invalidez del Crédito Fiscal de las facturas, en el 

incumplimiento del parágrafo Ill del artículo 19 de la Ley No 062 en la Vista de Cargo, por lo que resultarían inexistentes los agravios señalados por el recurrente, siendo que la Administración Tributaria aplicó correctamente la Ley No 062 de 28 de noviembre de 2010 

que regula las donaciones 

Señaló que no puede ignorar que el contribuyente no realizó los pagos por la totalidad del importe de las facturas observadas, ello porque el sujeto pasivo se limitó a devolver a la Constructora Hazama Corporation el 13% en calidad de monto erogado por el pago del IVA, situación que no puede ser entendida como pago total de la transacción y que por dicha situación, permita que SEMAPA sea beneficiada de créditos fiscales, demostrando la inexistencia de la transacción al no existir el elemento de pago al proveedor (onerosidad) 

Refirio que su actuación se encuentra concordante con los acuerdos de donación celebrados entre los Estados de Bolivia y Japón, no existiendo conflicto que requiera la aplicación del principio de jerarquía normativa que dilucide controversia alguna, ni acuerdo de donación que exima al pago del IVA a SEMAPA, siendo además contundentemente demostrado, que el contribuyente procedió apropiarse indebidamente de Crédito Fiscal IVA que no le corresponde 

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Reiteró que el recurrente no realizó pago alguno a los proveedores de las facturas 

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observadas, mismas que corresponden a transacciones celebradas entre la Constructora 

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II

Hazama Corporation y sus proveedores sin la participación de SEMAPA, en cumplimiento del Acuerdo suscrito entre los Estados de Bolivia y Japón 

Indicó que el recurrente admitió que los fondos con los que fueron pagadas las transacciones celebradas con los proveedores no provenían de cuentas de SEMAPA, sino del Estado del Japón, justificando la imposibilidad de validar Crédito Fiscal de transacciones en las que no intervino, ya que conforme a los Acuerdos suscritos entre los Estados de Bolivia y Japón, quien se encuentra exento del pago del IVA es la empresa Constructora Hazama Corporation y no así SEMAPA, quien al beneficiarse de un Crédito Fiscal que no le correspondía, realizó un pago en menor cuantía del IVA periodo enero de 2011, estableciendo por ello una sanción por omisión de pago 

Manifestó que las observaciones referentes a las facturas parcialmente válidas para la 

apropiación del Crédito Fiscal, por haberse efectuado el pago total de las transacciones señaladas y las facturas no válidas para Crédito Fiscal por no contar con la factura original y documentación que respalde su vinculación con la actividad gravada, no fueron objeto de impugnación por el sujeto pasivo, suponiendo la tácita aceptación al respecto 

Por lo expuesto solicitó confirmar la Resolución Determinativa N° 171939000375 de 15 de abril de 2019 

11 4 Apertura de término probatorio El 3 de julio de 2019, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Apertura Término de Prueba EXPEDIENTE ARIT-CBA-0187/2019, disponiendo la apertura del término probatorio de 20 días comunes y perentorios para ambas partes en aplicación del inciso d) del artículo 218 del Código Tributario Boliviano (CTB) (fojas 129 del expediente administrativo) 

El 18 de julio de 2019, se apersonó Inés Fita Terceros en representación de la Gerencia GRACO Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales conforme acredito la Resolución Administrativa de Presidencia No 031900000690 de 4 de julio de 2019 (fojas 131-132 del expediente administrativo), presentando memorial ante esta instancia recursiva, ratificando como prueba los antecedentes administrativos acompañados al momento de responder al Recurso de Alzada (fojas 133 del expediente administrativo) 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

El 23 de julio de 2019, el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario presentó memorial ratificándose en la prueba presentada por la Administración Tributaria al momento de responder al presente recurso, señalando además que la documentación presentada al SIN no fue valorada en su real magnitud con referencia al elemento de pago al proveedor y tampoco se adecuan a lo exigido por la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0246/2016 (fojas 136 del expediente administrativo) 

Il 5 Alegatos El 5 de agosto de 2019, se apersonó Rosmery Villacorta Guzmán en presentación de la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales 

presentando memorial de alegatos replicando los argumentos planteados al momento de responder al Recurso de Alzada, referidos a la improcedencia de la prescripción, la existencia de actos que interrumpieron y suspendieron el cómputo de la prescripción, puntualizó la inexistencia de congruencia ente la Vista de Cargo y la Resolución 

minativa, así como la procedencia de la depuración del Crédito Fiscal y la sanción por omisión de pago al no demostrar el sujeto pasivo el pago al proveedor, la materialización de la transacción y la vinculación con la actividad gravada (fojas 140-142 del expediente administrativo) 

El 12 de agosto de 2019, el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario presentó memorial de alegatos reiterando los argumentos vertidos en el Recurso de Alzada interpuesto, afirmando que no existe sustento legal para afirmar la suspension al cómputo de prescripción, evidenciándose la prescripción del periodo objeto de fiscalización, siendo ineficaz la notificación de la Resolución Determinativa impugnada Asimismo, alegó que existió indefensión, por cuanto la Administración Tributaria introdujo elementos no considerados en la vista de Cargo, concluyendo que el ente fiscalizador intenta imponer una obligación que no se encuentra expresamente prevista en las disposiciones legales (fojas 145-152 del expediente administrativo) 

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ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA. El 27 de febrero de 2014, la Administración Tributaria emitió la Orden de Verificacion 

00140VI03492, a fin de verificar el complimiento de las obligaciones impositivas del contribuyente, respecto al Crédito Fiscal del impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos de enero, marzo, abril, julio, agosto de la gestión 2011, asimismo mediante 

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GE CartN 771/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan miťayır jach’a kamanı (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Avenida Oquendo No 381, entre Venezuela y Ecuador Zona Central Norte Telfs (591-4) 4140011 – 4140012• www ait gob bo. Cochabamba, Bolivia 

II

DI 

detalle de diferencias adjunto, solicitó al sujeto pasivo la siguiente documentación a) Declaraciones Juradas de los periodos observados, b) Libro de compras de los periodos verificados, c) Facturas de compra originales detalladas en el anexo, d) Documento que respalde el pago efectuado, y e) Otra documentación que el fiscalizador asignado solicite durante el proceso para verificar las transacciones que respaldan las facturas detalladas en el Anexo a la Orden de Verificación, otorgando el plazo de presentación de cinco (5) días hábiles a partir de notificada la Orden de Verificación Acto notificado personalmente el 12 de marzo de 2014 (fojas 2-6 C1 de antecedentes administrativos) 

El 18 de marzo de 2014, mediante Acta de Recepción de Documentación, el sujeto pasivo presentó parcialmente la documentación requerida por el ente fiscalizador, accion complementada el 19 de marzo de 2014 (fojas 18-22 C1 de antecedentes administrativos) 

El 2 de febrero de 2015, el sujeto pasivo presentó a la Administración Tributaria, Extractos Bancarios, Acuerdo de Donación entre la Agencia de Cooperación Internacional del Japón y el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, así como el Contrato entre el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cochabamba y Hazama Corporation Japón (fojas 23 C1 de antecedentes administrativos) 

El 9 de marzo de 2015, el SIN labró las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos 00120320 y 00120321, por la falta de presentación de toda la documentación requerida durante el proceso determinativo y el registro en el Libro de Compras y Ventas IVA sin cumplir con lo previsto en norma específica, siendo sancionados con UFVs 3 000 y 1 500 respectivamente (fojas 2390 2391 C12 de antecedentes administrativos) 

El 12 de marzo de 2015, la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Vista de Cargo N° 29-00009-15, que determinó una deuda tributaria equivalente de Bs277 655 – por concepto de tributo omitido actualizado, interés, sanción por omisión de pago y multas por incumplimiento a deberes formales, otorgándole al sujeto pasivo el plazo de 30 días improrrogables a partir de su legal notificación para formular sus descargos y presentar prueba referida al efecto, de conformidad al artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB) Acto notificado personalmente al 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

sujeto pasivo el 18 de marzo de 2015 (fojas 2403-2411 C13 de antecedentes administrativos) 

El 16 de abril de 2015, Raúl Félix Flores Mejía en representación del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario SEMAPA, presento memorial de descargo solicitando a la Administracion Tributaria la revocatoria de la Vista de Cargo N° 29-00009 15, declarando inexistente la deuda tributaria y presentando para ello documentación de descargo (fojas 2424-2521 C13 de antecedentes administrativos) 

El 11 de junio de 2015, el contribuyente presentó prueba de descargo señalando que sería de reciente obtención, con el propósito de demostrar la legalidad del Crédito Fiscal emergente de las transacciones cuestionadas, coligiendo el cumplimiento de las obligaciones tributarias como sujeto pasivo (fojas 2527-2801 C13-C15 de antecedentes administrativos) 

El 15 de junio de 2015, la Administración Tributaria elaboró el Informe No 07-00074-15 con CITE SINGGCBBA/DFNI/INF/000724/2015, recomendando la emisión de Resolución Administrativa autorizando la ampliación del término para la emisión y notificación de la Resolución Determinativa por un plazo de 60 días, la misma que fue autorizada mediante Resolucion Administrativa de Directorio N° 09-0003-15 que fue notificada a Raúl Félix Flores Mejía el 19 de junio de 2015 (fojas 2802-2803 y 2806-2808 C15 de antecedentes administrativos) 

El 15 de junio de 2015, el SIN emitió Proveído N’ 24-00285-15, señalando como fecha para la audiencia de juramento de pruebas de reciente obtención el 16 de junio de 2015, siendo llevada a cabo, como se evidencia en el Acta de Recepción correspondiente (fojas 

2804-2805 C15 de antecedentes administrativos) 

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El 5 de agosto de 2015 la entidad recaudadora emitió el Informe de Conclusiones CITE SIN/GGCBBA/DFNI/INF/00716/2015 sosteniendo que el sujeto pasivo, no logró desvirtuar las observaciones plasmadas en la vista de Cargo, exponiendo una deuda tributaria de UFVs107 198 equivalentes a Bs221 771, correspondiente al impuesto omitido IVA actualizado, intereses y sanción por la calificación preliminar de la conducta, tipificada conforme el artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB), aclarando que en la misma se 

IQNet 

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GIONA 

Teresa de Mogerini 

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Setema de Gestion 

tela Carch CartficadaN771/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamanı (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Avenida Oquendo N° 381, entre Venezuela y Ecuador Zona Central Norte Telfs (591-4) 4140011 – 4140012.www ait gobbo. Cochabamba, Bolivia 

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descontaron los pagos parciales efectuados por el contribuyente el 12 de marzo de 2015 (fojas 2810-2833 C15 de antecedentes administrativos) 

El 5 de agosto de 2015, la Gerencia Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales dictó la Resolución Determinativa N° 170028115, determinando de oficio las obligaciones impositivas del contribuyente Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario por un importe de UFVs 107 198 correspondiente al saldo de tributo omitido más intereses y sanción por omisión de pago del IVA por el periodo enero de 2011, en aplicación de los artículos 47 y 165 de la Ley N° 2492 (CTB), artículo 42 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) Acto notificado mediante cédula al sujeto pasivo, el 12 de agosto de 2015 (fojas 28362865 C15 de antecedentes administrativos) 

El 25 de noviembre de 2015, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0903/2015, resolviendo confirmar la Resolución Determinativa N° 17-00281-15 de 5 de agosto de 2015, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (fojas 28942906 C15 de antecedentes administrativos

El 8 de marzo de 2016, la Autoridad General de Impugnación Tributaria, emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0246/2016, resolviendo anular la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0903/2015, y en consecuencia, anuló obrados hasta el vicio más antiguo, siendo esto hasta la Vista de Cargo N° 29-00009-15 de 12 de marzo de 2015, a efecto de que la Administración Tributaria emita un nuevo acto administrativo debidamente fundamentado (fojas 29082924 C15 de antecedentes administrativos) 

El 16 de octubre de 2017, el Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa y Administrativa Primera emitió la Sentencia No 143 declarando improbada la demanda Contencioso Administrativa interpuesta por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, manteniendo firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0246/2016 de 8 de marzo de 2016 (fojas 2934-2939 C15 de antecedentes administrativos) 

El 21 de noviembre de 2018, la Administración Tributaria emitió el Requerimiento Form 4003 N° 00150404 y su anexo adjunto, solicitando al sujeto pasivo documentación 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

consistente en a) Medios fehacientes de pago por las compras declaradas correspondientes al periodo enero/201, con los cuales se efectivizaron las transacciones declaradas según detalle de facturas b) Registro(s) contable(s) registrado en sus partidas 

contables, con su respectiva documentación de sustento en los cuales se encuentra(n) asentadas las compras declaradas según detalle de facturas c) Contratos suscritos por la 

compra de bienes y/o prestaciones de servicios de las transacciones declaradas 

correspondientes según detalle de facturas d) Kárdex físico valorado por ítem de los productos y/o bienes adquiridos, mediante las compras declaradas correspondiente al periodo enero/2011, en el que se muestre el ingreso a almacenes (compras) y salida de almacenes (ventas o envío a producción) e) Extractos bancarios de la gestión 2011 que respalden el pago a proveedores de los bienes y/o servicios del detalle de facturas f) Toda otra documentación de sustento que demuestre la efectiva realización de la(s) 

  1. s) realizada(s) a través de las compras declaradas correspondiente al detalle de las facturas g) Cualquier otra documentación que el fiscalizador considere necesaria y se solicite durante el proceso de verificación Acto notificado personalmente el 27 de noviembre de 2018 (fojas 2956-2959 C15 de antecedentes administrativos) 

El 4 de diciembre de 2018, mediante Acta de Recepción de Documentación, el sujeto pasivo presentó la documentación referida a lo requerido por el ente fiscalizador, acción complementada el 7 de diciembre de 2018 (fojas 2961-3261 C15-C17 de antecedentes administrativos) 

El 16 de enero de 2019, la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Vista de Cargo N° 291939000001 que determinó una deuda tributaria equivalente de UFVs 104 520 equivalentes a Bs239 582 – por concepto de tributo omitido actualizado e interés, señalando que la conducta del sujeto pasivo configura indicio de la contravención tributaria de Omisión de Pago, correspondiendo una sanción preliminar del 100% sobre el tributo omitido actualizado, otorgándole al sujeto pasivo el plazo de 30 días improrrogables a partir de su legal notificación para formular sus descargos y presentar prueba referida al efecto, de conformidad al artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB) Acto notificado personalmente al sujeto pasivo, el 12 de febrero de 2019 (fojas 3287-3300 C17 de antecedentes administrativos) 

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El 14 de marzo de 2019, el contribuyente presentó nota de descargo a la Vista de Cargo N° 291939000001, señalando que las facultades de la Administración Tributaria respecto 

Teresa 

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de la calidad CartN 771/1

Justicia tributaria para vivir bien Jan miťayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

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al periodo enero de 2011 se encuentran prescritas, asimismo señaló que los argumentos expuestos en la citada Vista de Cargo resultarían contradictorios, incongruentes e inadecuados para asumir la existencia de adeudos tributarios, coligiendo la observancia de las obligaciones tributarias (fojas 3309-3318 C17 de antecedentes administrativos) 

El 15 de abril de 2019, el Ente Fiscal emitio el Informe de Conclusiones CITE SIN/GGCBBA/DFNI/INF/00863/2019, concluyendo que el sujeto pasivo no presentó descargos suficientes para desvirtuar las observaciones plasmadas en la vista de Cargo, exponiendo una deuda tributaria de UFVS105,679 equivalentes a Bs243,007, correspondiente al impuesto omitido actualizado, intereses y sanción por la calificación preliminar de la conducta, tipificada conforme el artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB) (fojas 3319-3345 C17 de antecedentes administrativos) 

El 15 de abril de 2019, la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales dictó la Resolución Determinativa N° 171939000375, estableciendo de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones impositivas del contribuyente Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario por un importe de UFVS 105 679 correspondientes al tributo omitido más intereses y sanción por omisión de pago del IVA por el periodo enero de la gestión 2011, en aplicación de los artículos 47 y 165 de la Ley N° 2492 (CTB) y artículo 42 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) Acto notificado mediante cédula al sujeto pasivo, el 13 de mayo de 2019 (fojas 3346- 3373 y 3376 C17 de antecedentes administrativos

IV 

FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA Conforme lo establecido en el artículo 211 parágrafo I del Código Tributario Boliviano (CTB), esta instancia recursiva ingresará a resolver los reclamos planteados por el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, para el analisis técnico jurídico, aclarando que la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no fueron solicitados durante su tramitación ante esta instancia recursiva, en ese orden, se tiene que el recurrente señaló como agravios 1 Incongruencia incurrida en la en la sustanciación del proceso determinativo, 2 Incumplimiento a lo dispuesto por la Resolución de Recurso Jerárquico N° AGITRJ 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

0246/2016 de 8 de marzo de 2016, 3. Prescripción de las facultades de la Administración Tributaria, y 4 Cumplimiento de los requisitos exigidos para la validez del Crédito Fiscal 

IV.1 Incongruencia incurrida en la sustanciación del proceso determinativo. El recurrente afirmó que existió incongruencia en la sustanciación del proceso determinativo, por cuanto inicialmente la Administración Tributaria en la vista de Cargo No 291939000001 de 16 de enero de 2019, se limitó a observar que los convenios suscritos no poseen una incidencia impositiva, empero en la Resolución Determinativa No 171939000375 adicionó que para el tratamiento de las donaciones corresponde considerar lo establecido en el artículo 9 de la Ley No 062, ademas que en mérito a esta norma se debe ajustar la interpretación de los convenios, por cuanto el ejecutor estaría incumpliendo lo establecido en la cláusula quinta del mismo, referido a la imposibilidad de 

causar perjuicio al Estado, de esta manera, el ente recaudador causó indefensión e inseguridad jurídica al añadir un elemento en el acto definitivo que no fue puesto a conocimiento de forma previa 

Por su parte, el ente recaudador manifestó que la Resolución Determinativa No 171939000375 se sustenta en la vista de Cargo N° 291939000001, por lo que resultarían inexistentes los agravios señalados por el recurrente 

Al respecto, cabe señalar que el Tribunal Constitucional mediante la Sentencia Constitucional No 1494/2011-R, de 11 de octubre de 2011, entre otras, respecto a la congruencia señaló “Otro componente del debido proceso, es el principio de congruencia, por el cual, el órgano jurisdiccional o administrativo, se obliga a observar la existencia de correspondencia entre lo peticionado y lo resuelto, así, la SC 0486/2010-R de 5 de julio, precisó De esa esencia, denva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto ( ) 

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CAR Certific N771/1

Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayır jach’a kamanı (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

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En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes” 

En la normativa, el artículo 115 Parágrafo || de la Constitución Política del Estado Plurnacional (CPE) establece que el Estado garantiza el Debido Proceso y el derecho a la Defensa y a una Justicia Plural, Pronta, Oportuna, Gratuita, Transparente y sin Dilaciones, en este marco, el artículo 68 numeral 6 de la Ley N° 2492 (CTB), establece como derecho del Sujeto Pasivo, entre otros, el derecho al Debido Proceso 

En cuanto a la Vista de Cargo, el artículo 96 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que ésta, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaracion del Sujeto Pasivo o Tercero Responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verficación, fiscalización e investigación Asimismo, fijará la Base Imponible, sobre Base Cierta o sobre Base Presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del Tributo Adeudado La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el Reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo 

A su vez, el inciso g) del artículo 18 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), establece de 

forma reglamentaria, que la Vista de Cargo deberá consignar como requisito-entre otros 

el acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la calificación de la sanción en el caso de las Contravenciones Tributarias y requerimiento a la presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el parágrafo I, artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB) 

Asimismo, el parágrafo II del artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que la Resolución Determinativa que dicte la Administración debera contener como requisitos mínimos, lugar y fecha, nombre o razón social del Sujeto Pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de Contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la Autoridad competente La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Ahora bien, a efecto de corroborar o desestimar lo agraviado por la parte recurrente respecto a la existencia de incongruencia entre el contenido de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, corresponde efectuar la compulsa y el contraste de dichos actos, por lo que de forma inicial se advierte que la Vista de Cargo N° 291939000001 de 16 de enero de 2019, como parte del análisis normativo, señaló el cumplimiento del parágrafo III del artículo 19, de la Ley No 062 de 28 de noviembre de 2010 (fojas 3293 tercer párrafo C17 de antecedentes administrativos), así también señaló que por la documentación proporcionada por el contribuyente como respaldo a las facturas observadas, resultaría evidente que las mismas corresponden a la compra de materiales y prestación de servicios en la ejecución del Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en la zona Sud Este de Cochabamba, el cual fue ejecutado por la empresa constructora Hazama Corporation (fojas 3291 C17 de antecedentes administrativos) 

En respuesta, el sujeto pasivo en su nota de descargo a la Vista de Cargo No 291939000001, respecto al cumplimiento del “Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en la zona Sud Este de Cochabamba” y de la Ley No 062 de 28 de noviembre de 2010, señalo “Si bien se puede verificar la salida contable y efectiva correspondiente al 13% de las transacciones o compras realizadas dentro del Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, esto se debe fundamentalmente al cumplimiento del acuerdo de Donación N° 08682200, suscnto entre el Gobierno de la República de Bolivia y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), que en su Art 10 establece que “el Gobierno de la República de Bolivia TOMARÁ LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA ASEGURAR que los pagos de derechos aduaneros, IMPUESTOS INTERNOS y otras cargas fiscales sean EXIMIDOS,en ménto de lo cual SEMAPA asumió el compromiso de devolución de los importes correspondientes a la alícuota del impuesto que se incluía en cada transacción de compra de bienes y prestaciones de Servicios(fojas 3312 de antecedentes administrativos) 

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Asimismo, la Resolución Determinativa N° 171939000375 respecto a la aplicación de la Ley N° 062 de 28 de noviembre de 2010, citó el artículo 19, referido al tratamiento de las donaciones, de igual manera señaló el Convenio Subsidiario DGCP-035/09 adjunto al memorial presentado por el sujeto pasivo, efectuando un pronunciamiento respecto a las clausulas Segunda, Quinta y Septima, aclarando que las mismas, disponen que SEMAPA deberá cubrir todo gasto, impuesto, seguro o gravamen que derive del Convenio 

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tema de rehin Cortificado N771/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayır jacha kamanı (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

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Subsidiario referente al “Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en la Zona Sudoeste de la ciudad de Cochabamba”, comprometiéndose a cumplir las determinaciones en el marco de sus competencias, así como las del Convenio Subsidiario, sin ocasionar perjuicio al Estado Plurinacional de Bolivia (fojas 3365 C17 de antecedentes administrativos) 

De igual forma, la Administración Tributaria en el acto impugnado bajo el acápite de “Valoración por la Administración Tributaria”, y a fin de responder los argumentos impetrados por el sujeto pasivo mediante memorial de 14 de marzo de 2019, respondió “En virtud de lo establecido por la Ley N° 062, el reembolso del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, se constituye en un pago a HAZAMA COPORATION en condición de CONTRAPARTE NACIONAL por las compras realizadas por la Empresa Japonesa” 

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De esta manera, lo expuesto en párrafos previos permite evidenciar que la Administracion Tributaria al momento de emitir la Resolución Determinativa impugnada, tomó como fundamento lo expuesto en la vista de Cargo N° 291939000001 de 16 de enero de 2019, asimismo, efectuó un análisis de los argumentos de descargo presentados por el sujeto pasivo, por lo que no se evidencia la inclusion de nuevos elementos de análisis o 

atribución de conductas que no hubieran sido comunicadas al sujeto pasivo de forma preliminar en la citada Vista de Cargo, ya que en esta, la entidad recurrida detalló la Ley No 062 en su artículo 19 parágrafo lll no advirtiendose incongruencia entre las resoluciones cuestionadas, menos una afectación al derecho a la defensa, a la seguridad jurídica o al debido proceso, toda vez que el sujeto pasivo tuvo la oportunidad de pronunciarse u oponerse al análisis normativo del artículo 19 parágrafo III de la Ley N° 062 que realizó el ente fiscal en la Vista de Cargo, al momento de presentar sus descargos, por lo que corresponde desestimar el agravio pretendido por el recurrente 

IV 2. Incumplimiento a lo dispuesto por la Resolución de Recurso Jerárquico No AGIT-RJ 0246/2016 de 8 de marzo de 2016 El recurrente argumentó que la Administración Tributaria al momento de reponer obrados, no dio cumplimiento a las observaciones realizadas por la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0246/2016 de 8 de marzo de 2016, por lo que no realizó una correcta 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

fundamentación y valoración de la prueba presentada, generando nulidades de forma y 

de fondo 

En contraposición, la Administración Tributaria señaló que el argumento del recurrente 

carece de veracidad, toda vez que no señaló puntualmente cual fue el incumplimiento de 

la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0246/2016 de 8 de marzo de 2016 

Al respecto, corresponde indicar que la doctrina señala que el acto administrativo “( ) debe estar razonablemente fundado, o sea debe explicar en sus propios considerandos, los motivos y los razonamientos por los cuales arriba a la decisión que adopta Esa explicación debe serlo tanto de los hechos y antecedentes del caso, como del derecho en virtud del cual se considera ajustada a derecho la decisión y no pueden desconocerse las 

pruebas existentes ni los hechos objetivamente ciertos(GORDILLO Agustín, Tratado de Derecho Administrativo – Tomo IV, Fundación de Derecho Administrativo, Octava edición, México DF Editorial “Porrúa”, 2004 Págs Il-36 y 11-37) 

LA 

Así también, la doctrina señala que a fin de garantizar un debido procedimiento administrativo resulta indispensable que el contribuyente tome conocimiento no sólo de las faltas administrativas que se le imputan, sino de la forma, los mecanismos y las pruebas utilizadas para llegar a ellas”, en este sentido, indica que el acto que emita la Administración Trbutaria deberá contener una motivación expresa “mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la 

exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los 

anteriores justifican el acto adoptado, no siendo admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto” (ALVA Karla, Procedimiento de Fiscalizacion y Presunción en Derecho Tributario, en Tratado de Derecho Procesal Tributario, Los procedimientos administrativos tributarios (l) Primera Edición Lima-Perú “Pacífico Editores”, 2012 Pág 265) 

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Calidad 

AFNOR CERTIFICATION 

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Por su parte, la Sentencia Constitucional N° 0863/2007-R de 12 de diciembre -entre otras, estableció que comprende entre uno de los elementos del derecho al debido proceso, la motivacion de las resoluciones, lo que significa que, toda autoridad que conozca de un 

Tenoca de Rosanna 

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9001 IBNORCA Sutema de Gestion 

tel Certificado N 771/1

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayır jach’a kamanı (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Avenida Oquendo No 381, entre Venezuela y Ecuador Zona Cential Norte Telfs (591-4) 4140011 – 4140012 • www ait gob bo. Cochabamba, Bolivia 

TODABODALOTIONALUMILADOR BOTAO

reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que la sustentan, dejando pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió, señala que la motivación no implicará la exposicion ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo La motivación puede ser concisa pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas 

Asimismo, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0450/2012 de 29 de junio, remarco “La jurisprudencia señaló que el debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a 

todas las autoridades judiciales, jurisdiccionales y administrativas, y constituye una 

garantía de legalidad procesal prevista por el constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales o administrativas Abarca un conjunto de derechos y garantías mínimas que garantizan el diseño de los procedimientos judiciales y administrativos, entre sus elementos se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma, es decir, debe llevar al convencimiento que se hizo justicia, tanto a las partes, abogados, acusadores y defensores, así como a la opinión pública en general, de lo contrario, no sólo se suprimiría una parte estructural de la resolución sino impediría que las partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas legales, basta con que ésta sea concisa pero clara y satisfaga todos los aspectos demandados” 

En la normativa aplicable al caso, el artículo 28 de la Ley N° 2341 (LPA) señala que son elementos esenciales del acto administrativo los siguientes a) Competencia Ser dictado 

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por autondad competente, b) Causa Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes 

qué le sirvan de causa y en el derecho aplicable, c) Objeto El objeto debe ser cierto, licito y materialmente posible, d) Procedimiento Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento jurídico, e) Fundamento Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso b) del presente articulo, y, f) Finalidad Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico” 

En este sentido, de la compulsa de los antecedentes administrativos, se advierte que la Resolución de Recurso Jerárquico AGITRJ 0246/2016 de 8 de marzo de 2016 señaló la existencia de vicios de nulidad, debido a la falta de fundamentación o pronunciamiento por parte del ente fiscal respecto a la razón para que el 13% contenido en las facturas de compras observadas, no sea válido en el cómputo del Crédito Fiscal IVA, correspondiente al periodo fiscal enero 2011, disponiendo la anulación de obrados hasta la Vista de Cargo N° 29-00009-15 de 12 de marzo de 2015 inclusive, a efecto de que la Administración Tributaria emita un nuevo acto administrativo debidamente fundamentado (fojas 2908 2924 C15 de antecedentes administrativos) 

Ahora bien, producto de la anulacion dispuesta en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0246/2016, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo No 291939000001 de 16 de enero de 2019 señalando “En cumplimiento a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0246/2016 de fecha 08/03/2016, emitido por la Autondad de Impugnación Tributaria y en virtud a las facultades de fiscalización e investigación que los Art 66 y 100 de la Ley 2492 Código Tributano (CTB) otorgan al Servicio de Impuestos Nacionales, se ha dispuesto la fiscalización al contnbuyente Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario con NIT 1009443025 mediante Orden de Venficación No 00140VI03492, relacionado con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) – crédito fiscal, por los periodos fiscales enero, marzo, abnl, julio y agosto de 2011(fojas 3288 C17 de antecedentes administrativos) 

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Asimismo, el Servicio de Impuestos Nacionales expuso en la Vista de Cargo No 291939000001 de 16 de enero de 2019 que Para considerar plenamente válido el Crédito Fiscal y de acuerdo a normativa vigente, todo contbuyente debe demostrar de forma clara y completa, el pago por las transacciones a sus proveedores y el registro de 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayır jach’a kamanı (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Avenida Oquendo N° 381, entre Venezuela y Ecuador Zona Central Norte Telfs (591-4) 4140011 – 4140012www ait gob bo. Cochabamba, Bolivia 

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los mismos para que se constituyan en una prueba irrefutable sobre la realización de la transacción, lo que en el presente caso no ocurrió, toda vez que el contnbuyente no realizó pago alguno a los proveedores de las facturas observadas, sino es el pago por restitución de impuestos a la Empresa Constructora Hazama Corporation, misma que no sería el proveedor de las facturas observadas, en ese entendido la transacción realizada en la compra de los bienes y servicios fueron realizadas por Hazama Corporation y los proveedores, sin la intervención de SEMAPA, en el cumplimiento del convenio firmado entre Bolivia y Japón, mismo que no tiene incidencia impositiva como pretendió el contribuyente, debiendo cumplir con los requisitos establecidos para el computo del crédito fiscal” (fojas 3293 C17 de antecedentes administrativos) 

Asimismo, la Resolución Determinativa N° 171939000375 puntualizó “De igual forma, del análisis realizado a los comprobantes presentados en los cuales se encuentran registradas las transacciones, se evidencia el registro del pago únicamente del 13% a la empresa Constructora Hazama Corporation y no así a los proveedores, asimismo, el registro de ingreso con cargo a la cuenta “REEMBOLSO IMPUESTO CE IVA (13%)sin documentación de respaldo alguna, misma que en el requerimiento menciona que debe estar debidamente respaldado(fojas 3352 C17 de antecedentes administrativos) 

De esta manera, se advierte que la Administración Tributaria en la la Vista de Cargo No 291939000001 de 16 de enero de 2019 y la Resolucion Determinativa impugnada, describió los resultados de la fiscalización, exponiendo el motivo para depurar el Crédito Fiscal originado en las facturas, por las cuales SEMAPA devolvió el IVA inmerso en las facturas de compras, es decir, efectuó el pago del 13% a la empresa ejecutora del Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en la zona sudeste de la ciudad de Cochabamba, sustentado la depuración del Crédito Fiscal en la falta de respaldos que demuestran la salida real y efectiva de fondos por el total de las operaciones sujetas a verificación y en favor de los emisores de las notas fiscales, lo que implica la disposición de recursos propios y no provenientes de la donacion destinados al pago a los proveedores, insistiendo, que la empresa recurrente no efectuó la transacción de compra como tal, y que la documentación presentada no demuestra la realización efectiva de estas transacciones, ni acredita la trasferencia de dominio del bien o servicio adquirido 

Consecuentemente se colige que la Vista de Cargo N° 291939000001 de 16 de enero de 2019 y la Resolución Determinativa N° 171939000375 cumplen lo previsto en los artículos 

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III 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

96 parágrafo ly 99 parágrafo 11 de la Ley N° 2492 (CTB), en lo referido a la fundamentación extrañada por el sujeto pasivo, advirtiendo una exposición precisa, tanto del procedimiento desarrollado por la entidad fiscalizadora como los hallazgos identificados, al amparo de las facultades establecidas en el numeral 1 artículo 66 y artículo 100 de la Ley N° 2492 (CTB), lo que demuestra que fue emitido en el marco de lo establecido por los incisos b) y e) artículo 28 de la Ley N° 2341 (LPA), referido a los elementos de causa y fundamento que debe tener todo acto administrativo 

Adicionalmente, se advierte que en el acápite “VALORACIÓN Y EVALUACIÓN A DESCARGOS PRESENTADOS POR EL CONTRIBUYENTE SEGUIDO DE LA POSICIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA” la mencionada Resolución Determinativa, analizó puntualmente la integridad del memorial de descargo, desglosando en primera instancia los reclamos relacionados con la prescripción, los fundamentos utilizados para el establecimiento de adeudos, la salida y disposición real de fondos para 

el pago del 13% a la empresa Hazama Corporation, el pago total de las transacciones 

entre otros, para luego exponer los argumentos de oposición a lo arguido por el sujeto pasivo (fojas 3356- de antecedentes administrativos), lo que permitió al contribuyente conocer con evidente certeza, el motivo de la depuración efectuada, además del sustento legal utilizado para ello, por tanto, mantiene el fundamento de hecho expuesto en la Vista de Cargo N° 291939000001, señalando las circunstancias consideradas por la Administración Tributaria, en virtud a los descargos presentados por el sujeto pasivo, 

nismo expuso la normativa tributaria que sustentó sus observaciones, enunciando los artículos 2, 4 y 8 de la Ley N° 843, artículo 8 del Decreto Supremo No 21530 y artículos 70, 76 y 77 de la Ley N° 2492 (CTB), artículo 7 del Decreto Supremo N° 27310, artículos 25 y 36 del Decreto Ley N° 14379 Código de Comercio 

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De lo descrito, se advierte que la Administración Tributaria dio cumplimiento a lo dispuesto por el Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0246/2016 de 8 de marzo de 2016, al efectuar en la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, un pronunciamiento respecto a la razón para que las facturas de compras observadas y por las cuales el sujeto pasivo efectuó el pago del 13% en favor de la empresa Constructora Hazama Corporation, no serían válidas 

para el cómputo del Crédito Fiscal IVA del periodo enero de la gestión 2011, por lo que las observaciones del sujeto pasivo no son evidentes y corresponden ser desestimadas al no configurarse las causales de nulidad dispuestas en el artículo 36, parágrafos I y II de la 

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Justicla tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

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Ley N° 2341 (LPA), aplicable supletoriamente al caso en atención del artículo 74, numeral 1 de la Ley N° 2492 (CTB) 

IV 3 Prescripción de las facultades del sujeto activo respecto al periodo enero de la gestión 2011 El sujeto pasivo sostuvo que la Resolución impugnada no realizó una correcta valoración del pedido de prescripción, el computo de la misma así como la interrupción, toda vez que al momento de la generación del hecho imponible en enero de la gestión 2011, se encontraba vigente la Ley N° 2492 (CTB) sin modificaciones, infringiendo así el principio de irretroactividad dispuesto en la Constitución Política del Estado (CPE), así también sostuvo que al haberse impugnado la Resolución Determinativa N° 17-00281-15 y declarado su nulidad, los actos procesales se retrotrajeron, no pudiendo considerar la misma como una causal de interrupción del cómputo de prescripción 

Asimismo, como sustento a su observación en la aplicación de normativa por parte del SIN, citó la Sentencia 153 de 20 de noviembre de 2017 emitida por la Sala Plena Contenciosa Administrativa Social y Tributaria Primera del Tribunal Supremo de Justicia, así como Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0856/2017S2 de 21 de agosto de 

2017 

Por su parte, la Administración Tributaria al momento de responder al presente Recurso de Alzada señaló que la Resolución Determinativa N° 171939000375 no considero como causal de suspensión o interrupción la Resolución Determinativa N° 17-00281-15 de 5 de agosto de 2015, debido a que fue anulada por disposición de la Sentencia No 143 de 16 de octubre de 2017, así también indicó que aplicó la norma vigente sobre derechos expectaticios, no existiendo una aplicación retroactiva de la Ley, ni la vulneración de los derechos a la defensa y seguridad jurídica 

Continuó afirmando que el recurrente confundió el hecho generador con la prescripción, sin considerando que dicho instituto se adquiere por el transcurso del tiempo y que fue interrumpido con el pago realizado por el sujeto pasivo y suspendido desde la interposicion del Recurso de Alzada hasta la devolución de antecedentes procesales, aclarando que tampoco trascumeron más de cuatro años, aplicando la Ley N° 2492 sin modificaciones, ni los ocho años previstos por la Ley N° 812 

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Respecto a la prescripción, cabe citar a GIULIANI FONROUGE, Carlos M en su obra Derecho Financiero, 5a Edición, Ediciones “Depalma”, págs 572 y 573, que nos enseña “La prescripción en curso puede sufrir interrupción, en los casos, y por las razones establecidas en el ordenamiento legal respectivo, y se traduce en la consecuencia de tener como no sucedido el término precedente al acontecimiento interruptivo, desaparecido éste vuelven las cosas al estado original y comienza una nueva prescripción”, sobre el reconocimiento de la obligación sostiene que ” es cualquier manifestación que en forma inequívoca, sin lugar a dudas, demuestra que el deudor admite la existencia del crédito tributario, por lo cual, es menester examinar cada situación particular para determinar si media o no el propósito enunciado” De considerarse que “la suspensión inutiliza para la prescripción su tiempo de duración, pero desaparecida la causal suspensiva, el tiempo anterior a la suspensión se agrega al trascurrido con posterioridad” VILLEGAS, Hector Belisario Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario 91 Edición Buenos Aires Editorial “Astrea”, 2007 Pag 269 

En cuanto a la interrupción de la prescripción, el profesor César García Novoa en las III Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario expuso que “Las causas de interrupción son 

aquellas circunstancias que determinan el efecto de interrupción de la prescripción Estas causas de interrupción de la prescripción conllevan la ruptura del silencio e impiden que la prescripción se produzca, imponiendo que el tiempo tenga que volver a contarse de nuevo por entero Por tanto, a efectos de garantizar la consolidación e inamovilidad de las situaciones jurídicas (en este caso, de consolidar la posición del deudor), las causas de interrupción del plazo de prescripción deben regularse escrupulosamente e interpretarse de modo estricto En la medida en que la interrupción de la prescripción impide la consumación de la misma, se trata de una medida que afecta negativamente a la seguridad jurídica Y por razones de seguridad, tales causas de interrupción deben estar tasadas” (Págs 246 y 247) 

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En la normativa tributaria, se tiene que el artículo 5 parágrafo I del Código Tributario Boliviano (CTB), prevé que con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación normativa 1 La Constitución Política del Estado, 2 Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo, 3 El presente Código Tributario, 4 Las Leyes, 5 Los Decretos Supremos, 6 Resoluciones Supremas, 7 Las demas disposiciones de carácter general dictadas por los órganos administrativos 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayır jach’a kamanı (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

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facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación establecidos en este Código 

Por su parte, el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), disponía que las acciones de la Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años para 1 Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2 Determinar la deuda tributaria, 3 Imponer sanciones administrativas, y 4 Ejercer su facultad de ejecución tributaria 

Asimismo, el artículo 60 parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB), establecia que, excepto en el numeral 4 del parágrafo I del artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo 

Respecto a las causales de interrupción del cómputo de la prescripción, se tiene que el artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB) señala que la prescripción se interrumpe por 1 La notificación al sujeto pasivo con la Resolucion Determinativa, y 2 El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir del primer día habil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción 

Sin embargo, a través de las Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de la Ley N° 291, de 22 de septiembre de 2012, fueron modificados los artículos 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB), quedando redactados de la siguiente manera “l. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias, cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tnbutarias hubiesen ocurrido en dicho año ( ) y “1. Excepto en el Numeral 3, Parágrafo I, del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo II. En el supuesto 3, del 

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Parágrafo I, del Artículo anterior, el término se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria” 

Posteriormente, la Ley N° 317, de 11 de diciembre de 2012, mediante su Disposición Derogatoria Primera, estableció “Se deroga el último párrafo del Parágrafo I, del Artículo 59 de la Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tnbutario Boliviano, modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 291, de 22 de septiembre de 2012″ En tanto, que a través de la Disposición Adicional Décimo Segunda, modifico el artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB), por el siguiente texto “ Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo / del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo || En el supuesto 3 del Parágrafo I del Artículo antenor, el término se computará desde el primer 

día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria, debiendo considerar dichas modificaciones, toda vez que las facultades de la Administración Tributaria se encontraban vigentes al momento de su promulgación y la prescripción aún no se habla configurado 

No obstante, resulta importante precisar que la Ley N° 812 emitida el 30 de junio de 2016, en su artículo 2, parágrafo II, procedió a modificar el régimen de prescripción, previsto en los parágrafos I y Il del artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) con el siguiente texto Las acciones de la Administración Trbutaria prescnbirán a los ocho (8) años, para 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas ( )” 

Consiguientemente, se tiene que al presente, la última modificación del artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), fue efectuada mediante el artículo 2 parágrafo II de la Ley N° 812 de 30 de junio de 2016, que establece un término de prescripción más favorable para la sujeto pasivo, que el establecido mediante las modificaciones realizadas al señalado artículo por las Leyes Nos 291 y 317, es decir, ocho (8) años para ejercer su facultad de determinación, norma en actual vigencia y que corresponde aplicar en función a lo establecido en el artículo 150 de la Ley N° 2492 (CTB), concordante con el artículo 123 de la Constitución Política del Estado (CPE), que establece Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan 

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sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable” 

Ahora bien, de la lectura de la Resolución Determinativa N° 171939000375, se evidencia que el Ente Fiscal efectuó un análisis de la normativa vigente respecto a la prescripción alegada, refiriendo los actos considerados como interruptivos y suspensivos del cómputo de la prescripción, citándolos además para fines ilustrativos y buscando responder lo arguido por el sujeto pasivo, conforme al siguiente tenor Sin embargo, bajo la lógica invocada por el contribuyente, para la gestión 2011 también dicha norma señala 4 años como plazo de cómputo de prescripción y efectuado el análisis precedentemente también dicho plazo a la fecha de emisión de la presente resolución no habría transcurrido, toda vez que concurrieron las causales de suspensión e interrupción dispuestas en el Inciso b) del artículo 61 y en los numeral I y II del artículo 62 de la Ley 2492” (El resaltado es nuestro) (fojas 3332 C17 de antecedentes administrativos), para luego concluir su razonamiento estableciendo que Por tanto, habiendo respondido a cada uno de sus argumentos de prescnpción invocados por el contnbuyente, y demostrado que ha sido que el ejercicio de la facultad de fiscalizar y determinar adeudo tributano por la AT, se encuentra dentro el plazo de prescripción de los 8 años conforme señala el art. 59 modificada por la ley 812(El resaltado es nuestro) (fojas 3334 C17 de antecedentes administrativos) 

En este entendido la entidad fiscalizadora al momento de efectuar el análisis de la prescripción solicitada, actuó conforme el artículo 3 de la Ley N° 2492 (CTB), por cuanto aplicó las normativa vigente en el análisis de la prescripción solicitada por la empresa recurrente, incluyendo además un análisis de la prescripción en los términos alegados por el sujeto pasivo en su nota de descargo a la Vista de Cargo 

Asimismo, en relación a la Sentencia No 153 de 20 de noviembre de 2017, emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, cabe señalar que de acuerdo a lo establecido por el artículo 5 de la Ley N° 2492 (CTB), las sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia no constituyen Fuente de Derecho Tributario y en consecuencia no revisten condición y carácter vinculante para el presente caso, por otro lado, corresponde considerar también que las características expuestas en la citada Sentencia son distintas a las del presente caso, toda vez que dicha sentencia efectúa un cómputo de prescripción sin la existencia 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plunnacional de Bolivia 

de actos interruptivos y suspensivos del cómputo de prescripción, situación que resultaría distinta a la acontecida en el presente caso, en la cual el ente recaudador argumentó la existencia de causales de interrupción y suspensión del cómputo de la prescripción 

Ahora bien, aclarados los aspectos inherentes a la solicitud de prescripción del IVA del periodo enero de la gestión 2011 realizada por la empresa recurrente, corresponde a esta instancia recursiva efectuar el cómputo de dicho instituto, quedando configurado de la siguiente manera 

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Vencimiento de pago del IVA enero/2011 

Inicio de prescripción 

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Finaliza la prescripción 

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Del cuadro expuesto, se extrae que la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria respecto al IVA de enero 2011 operaría recién el 31 de diciembre de 2019, no obstante y en virtud a lo aludido por ambas partes, se debe verificar la existencia de causales de interrupción o suspensión de la misma 

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En el presente caso, de la compulsa de la Resolución Determinativa impugnada se advierte que la Administración Tributaria señaló como causal de interrupción el pago parcial efectuado por el sujeto pasivo el 12 de marzo de 2015, mediante Boleta B-1000 con número de orden 3950525473, direccionado al periodo enero de 2011 y a la Orden de Verificación No 00140V103492, tomándolo en cuenta como un reconocimiento tácito de la obligación tributaria por parte del contribuyente 

De la revisión de los antecedentes administrativos, se advierte que el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario SEMAPA efectuó un pago en favor del Servicio de Impuestos Nacionales el 12 de marzo de 2015, mediante Boleta de Pago B-1000 con número de orden 3950525473 por la suma de Bs59 617 -, direccionando el mismo al IVA del periodo de enero de 2011 y a la Orden de Verificación No 00140VI03492 (fojas 2412 C13 de antecedentes administrativos) 

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En este entendido, al efectuar el pago parcial de la deuda tributaria, el contribuyente reconoció la obligación, configurándose la interrupción del cómputo de prescripcion, 

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reiniciando el mismo el 1 de abril del 2015 tal como prevé el último párrafo del artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB), así también corresponde señalar que el cómputo de prescripción también se encontraba suspendido por disposición del parágrafo II del artículo 62 del citado cuerpo legal, por efecto de la interposicion de recurso administrativo por parte del sujeto pasivo el 1 de septiembre de 2015 (fojas 2894-2906 C15 de antecedentes administrativos), que fue resuelto mediante la Resolución de Recurso de Alzada ARIT CBAIRA 0903/2018 y posteriormente con la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0246/2016 (fojas 29082924 C15 de antecedentes administrativos) efecto que alcanzo hasta el 11 de mayo de 2018, fecha en la que fueron devueltos los antecedentes administrativos a la Administración Tributaria mediante nota con Cite AGIT-1389/2018 (fojas 2940 C15 de antecedentes administrativos) 

Ahora bien, con relación a la fundamentación de la suspension del computo de prescripción, se tiene que el sujeto pasivo afirmó la inexistencia de la suspension del cómputo de prescripción ante la declaración de nulidad de la Resolucion Determinativa No 17-00281-15 de 5 de agosto 2015 y la Vista de Cargo N° 2900009-15 de 12 de marzo de 2015 

En contraposición, el ente fiscal refirió que la Resolución Determinativa N° 171939000375 no refiere como causal de suspensión o interrupción del cómputo de prescripción la emisión y notificación de la Resolución Determinativa N° 17-00281-15 de 5 de agosto de 2015, por tanto conforme la compulsa del acto impugnado, se advierte que la Administración Tributaria manifestó Ahora bien, en aplicación del numeral II del artículo 62 de la Ley 2492, se tiene que el contribuyente en fecha 01/09/2015 presenta el Recurso de Alzada, siendo devueltos los antecedentes administrativos a la AT en fecha 11/05/2018, es así que, el sujeto pasivo con la impugnación efectuada hizo que concurra la causal de suspensión al cómputo de prescripción desde la presentación del referido recurso hasta la recepción formal del expediente para la ejecución respectiva, lo que causó la suspensión de 2 años, 8 meses y 11 días(fojas 3358 C17 de antecedentes administrativos) 

Bajo este contexto, se entiende que el ente recaudador no consideró a la Resolución Determinativa N° 17-00281-15 de 5 de agosto 2015 y la Vista de Cargo N° 29-0000915 de 12 de marzo de 2015, como causales de interrupción ni suspension del cómputo de la 

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AUTDRIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plunnacional de Bolivia 

prescripción, razón por la cual, la Sentencia Constitucional Plurinacional No 0856/2017 S2 de 21 de agosto de 2017 invocada por la parte recurrente, no resulta análoga ni aplicable al presente caso, toda vez que la misma se refiere a la imposibilidad de considerar como actos interruptivos o suspensivos, resoluciones administrativas anuladas como consecuencia de procesos judiciales o administrativos, correspondiendo desestimar el agravio alegado por el recurrente 

En este sentido, lo expuesto hasta este punto y los antecedentes desglosados permite advertir que la Administración Tributaria efectuó sus facultades de determinación del IVA 

del periodo enero de la gestión 2011 con la emisión del acto impugnado cuando las mismas se encontraban vigentes, por tanto sus facultades no se encuentran prescritas 

IV.4. Cumplimiento de los requisitos exigidos para la validez del Crédito Fiscal El sujeto pasivo argumentó que la Administración Tributaria no consideró el principio de verdad material al exigir el pago total por las transacciones, actuando de forma contraria al procedimiento establecido en el acuerdo suscrito con la empresa Constructora HAZAMA Corporation, desconociendo los principios de legalidad y de jerarquía normativa, reclamando la aplicación preferente de los Convenios Internacionales sobre las leyes 

nacionales 

Así también, manifestó que no existe normativa que obligue a SEMAPA al pago de la transacción comercial, citando el Decreto Supremo N° 24051 que permite la existencia del concepto de incobrable, así también puntualizó que los convenios suscritos en sus artículos 6, 7, 8, 9 y 10, establecen el procedimiento para tratar los fondos monetarios recibidos como donación, disponiendo que los mismos no ingresarán a las cuentas de SEMAPA, por tanto la empresa debió cumplir con el tenor de los acuerdos y convenios más allá de cumplir con las normas señaladas en el acto impugnado, situación que no fue valorada de forma correcta por el Ente Fiscal, al igual que la respuesta a la consulta efectuada al Servicio de Impuestos Nacionales, en la que fue autorizada la exención total de impuestos de importación, encontrándose entre ellos el IVA 

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Prosiguió señalando que si SEMAPA pagó el 13% del IVA, corresponde deducir el 13% de la totalidad de la factura, además que en observancia del convenio suscrito, cuyo 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mtayır jach’a kamanı (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Avenida Oquendo N° 381, entre Venezuela y Ecuador Zona Central Norte Telfs (591-4) 4140011 – 4140012.www ait gob bo. Cochabamba, Bolivia 

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beneficiario es SEMAPA, el obligado a pagar los tributos es el donante por cuenta del beneficiario 

Por su parte, la Administración Tributaria señaló que el sujeto pasivo se limito a devolver a la Constructora Hazama Corporation el 13% en calidad de monto erogado por el pago del IVA, situación que no puede ser entendida como pago total de la transacción, permitiendo que SEMAPA se beneficie de créditos fiscales, demostrando la inexistencia de la transacción al no existir el elemento de onerosidad, asimismo, señaló que no se requiere la aplicacion del principio de jerarquía normativa a fin de dilucidar controversia alguna, ni existe acuerdo de donación que exima al pago del IVA a SEMAPA, indicó que conforme a los acuerdos suscritos entre los Estados de Bolivia y Japón, quien se encuentra exento del pago del IVA es la empresa Constructora Hazama Corporation y no así SEMAPA, quien al beneficiarse de un Crédito Fiscal que no le correspondía realizó un pago menor del IVA en el periodo enero de 2011, aplicando la sanción por omisión de 

pago 

Al respecto, la doctrina sobre el Credito Fiscal enseña El cómputo de Crédito Fiscal es 

procedente sólo cuando respecto de las compras o importaciones definitivas de bienes, 

locaciones y prestaciones de servicios gravadas, se hubiera perfeccionado el hecho imponible para el vendedor, importador o prestador de servicios ()” (VILLEGAS, Héctor Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario Cuarta Edición Buenos Aires Argentina Editorial “Heliasta”, 2003 Pág 802) 

Asimismo, la doctrina aclara El objetivo perseguido ha sido evitar que una determinada cantidad de operaciones consumidas particularmente por los dueños de las empresas, sus directivos, su personal o terceros, sean deducidas en la liquidación por la misma, por el solo hecho de haber sido facturadas a su nombre” (FENOCHIETTO, Ricardo El Impuesto al Valor Agregado, 2da Edición Buenos Aires- Argentina Editorial “La Ley, 2007 pág 631) 

En ese orden, cabe puntualizar que el artículo 4 de la Ley N° 843, establece que el hecho imponible debe estar respaldado con la emisión de la respectiva factura, nota fiscal o documento equivalente, en tanto que el artículo 8, inciso a) de la mencionada Ley, dispone que el Crédito Fiscal IVA resulta de aplicar la alicuota correspondiente “sobre el monto de 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el gravamen, que los hubiesen facturado o cargado mediante documentación equivalente en el período fiscal que se liquida” 

Asimismo, los artículos 70, numerales 4 y 5 del Código Tributario Boliviano (CTB), establecen como obligaciones tnbutarias del sujeto pasivo respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme se establezcan en la normativa respectiva, demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le correspondan, así también se dispone el artículo 76 de la citada Ley, que en los procedimientos tributarios, quien pretenda hacer valer sus derechos debe probar los hechos constitutivos de los mismos 

En este entendido, en el sistema impositivo boliviano, la factura es un documento que respalda un hecho generador relacionado directamente con un débito fiscal y un Crédito Fiscal, pero para su plena validez cuando la Administración Tributaria formula observaciones, tendrá que ser verificado por los órganos de control, según corresponda y corroborado con otras pruebas fácticas que permitan evidenciar la efectiva realización de la transacción, de acuerdo a la documentación aportada por quien pretende hacer valer sus derechos 

Asimismo, cabe señalar que la Autoridad General de Impugnación Tributaria en las Resoluciones de Recurso Jerárquico STG-RJ/0064/2005, AGIT-RJ 0232/2009, AGIT-RJ 0341/2009, AGIT-RJ 0119/2012, AGIT-RJ 1979/2013 y AGIT-RJ 0388/2016, entre otras, estableció que en los casos de Crédito Fiscal IVA depurado al surgir una duda razonable respecto de su validez, la misma puede ser despejada o confirmada, mediante el análisis de las pruebas aportadas que permitan verificar a satisfacción los siguientes requisitos 1) Emisión de la factura según el artículo 4 de la Ley N° 843, 2) Que la compra se encuentre vinculada a la actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen, según el artículo 8 de la citada Ley, y 3) Que la transacción haya sido efectivamente realizada, aspecto a demostrarse en cumplimiento del artículo 70, numerales 4 y 5 del Código Tributario Boliviano (CTB), caso en el cual corresponderá el cómputo del Crédito Fiscal, de manera que no exista perjuicio fiscal 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayır jach’a kamanı (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Avenida Oquendo No 381, entre Venezuela y Ecuador. Zona Central Norte Telfs (591-4) 4140011 – 4140012www ait gob bo. Cochabamba, Bolivia 

Ahora bien, de los argumentos señalados por el sujeto pasivo en su Recurso de Alzada, se advierte que el mismo hace énfasis al cumplimiento de los acuerdos suscritos entre SEMAPA y la empresa constructora HAZAMA Corporation, así como los Convenios Internacionales comprometidos entre el Estado de Bolivia y el Japón 

En ese entendido, de la lectura de los mismos se tiene que el artículo 10 del Acuerdo de la Donación entre la Agencia de Cooperación Internacional del Japón y el Gobierno de la República de Bolivia para el Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en la zona Sudeste de la ciudad de Cochabamba de 5 de febrero de 2009, señala “El Gobierno de la República de Bolivia tomará las medidas necesarias para a) asegurar que los pagos de derechos aduaneros, impuestos internos y otras cargas fiscales, incluyendo la tarifa por la transferencia de fondos del exterior para el sector privado y otras tanfas similares que se impongan en la República de Bolivia con respecto al suministro de los servicios mencionados en el artículo 3 sean eximidos” (fojas 2767 C14 de antecedentes administrativos) 

Por su parte, el Contrato suscrito entre el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cochabamba, Estado Plurinacional de Bolivia y Hazama Coporation Japón, para el Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en la Zona Sudeste de la ciudad de Cochabamba, en su artículo 10, numeral 103, dispone “El Cliente conforme al AVD, tomará las medidas necesarias para cubrir el pago de derechos aduaneros, impuestos internos y otras cargas fiscales que puedan imponerse en el Estado Plurinacional de Bolivia sin utilizar la Donación con respecto al suministro de los productos, servicios y equipos necesarios para el Trabajo” (fojas 2470 C13 de antecedentes administrativos) 

En este sentido, se infiere que el sujeto pasivo se encontraba obligado a cancelar las obligaciones tributarias tales como impuestos internos sin utilizar los fondos desembolsados por efecto de la donación, conforme lo aclara la Nota Cite MEFPNPT/DGAAAJUAD N° 235/2010 de 22 de julio de 2010, por la cual el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas señaló En el marco del Decreto Supremo N° 26516 de 21 de febrero de 2002 y lo establecido en los convenios de cooperación, las entidades beneficiarias ejecutoras directas podrán financiar la contraparte convenida, incluyendo el 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

monto correspondiente a los impuestos emergentes de las actividades financiadas por el 

organismo internacional” (fojas 3258 C17 de antecedentes administrativos) 

Con el marco normativo descrito, la empresa Hazama Corporation solicitó mediante nota con Cite HZM-ADM-OF1-600 de 31 de enero de 2011, el reembolso de los impuestos de las facturas pagadas correspondientes al mes de Enero de 2011, adjuntado al efecto las 

facturas originales, emitidas a nombre de SEMAPA con NIT 1009443025 (fojas 3201 C17 de antecedentes administrativos) 

Ahora bien, la Resolución Determinativa N° 171939000375 señala al respecto “En este entendido, de la documentación proporcionada por el contribuyente como respaldo a las facturas de compras observadas, se identificó que las mismas corresponden a la compra de materiales y prestación de servicios en la ejecución del Proyecto “Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en la zona Sud Este de Cochabamba” ejecutado por Empresa Constructora Hazama Corporation, misma que en fecha 17/01/2011 mediante Nota No HZM-ADM-OFI-599″, solicita el reembolso de los impuestos por compras facturadas para el mes de enero de 2011, en aplicación al numeral 10 3 del Artículo 10 Responsabilidad del Cliente del contrato firmado el 13/11/2009 entre Semapa y Hazama ( )” 

Asimismo, la entidad recurrida continúa con el análisis en el acto impugnado afirmando que “posteriormente, en fecha 24/02/2011 SEMAPA mediante cheque No 23662 de la Cta 301 5001656-3-10 del Banco de Crédito de Bolivia SA realizó el desembolso del importe solicitado por la Empresa Hazama Corporation y no así a sus proveedores de las facturas reintegradas y observadas, registrando contablemente en Comprobante de contabilidad N° 1000241 el reintegro por devolución de impuestos, sin embargo, el contribuyente SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, también procedió a la apropiación del crédito fiscal contenido en dichas 

facturas reintegradas por impuestos, tanto en Libros de Ventas IA y Declaraciones Juradas de Impuestos” (fojas 3349-3350 C17 de antecedentes administrativos) 

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En este entendido, de acuerdo a las observaciones formuladas por el sujeto pasivo en el Recurso de Alzada impetrado, respecto al cumplimiento del Acuerdo de la Donación entre la Agencia de Cooperacion Internacional del Japón y el Gobierno de la República de Bolivia para el Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en la zona Sudeste 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan miťayır jach’a kamanı (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Avenida Oquendo No 381, entre Venezuela y Ecuador · Zona Central Norte Telfs (591-4) 4140011 – 4140012• www ait gob bo. Cochabamba, Bolivia 

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de la ciudad de Cochabamba de 5 de febrero de 2009 y el Contrato suscrito entre el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cochabamba, Estado Plurinacional de Bolivia y Hazama Coporation Japón, para el desarrollo del mencionado proyecto, corresponde señalar que los mismos establecen la obligación de SEMAPA de rembolsar el pago de los derechos aduaneros, impuestos internos y otras cargas fiscales que pueda imponer el Estado Plurinacional de Bolivia sin utilizar la Donación, no señalando disposición alguna respecto a la apropiación del Crédito Fiscal de las facturas cuyos impuestos reintegra, como equivocadamente entiende el recurrente, por tanto, la depuración determinada por la entidad fiscalizadora no vulneró los principios de legalidad y de jerarquía normativa reglada por el parágrafo I del artículo 5 de la Ley N° 2492 (CTB

Ahora bien, respecto de las causas de depuración identificadas por la Administracion Tributaria en la Resolución impugnada, corresponde reiterar que el cuestionamiento sobre la efectiva realización de la transacción se debe a la materialización de operaciones, con fondos que no pertenecían a SEMAPA, sino que emergieron de una donacion internacional con un propósito específico, quedando claro la imposibilidad de compensar el Crédito Fiscal generado por los gastos de dicho proyecto, con el débito fiscal resultante de la facturación efectuada por el contribuyente, debiendo reiterar que el requisito para el beneficio de Crédito Fiscal IVA referido a la materialización de la transacción, establece la obligación de acreditar que la transacción fue desarrollada por el beneficiario del Crédito Fiscal, situación reconocida por el propio recurrente, al argumentar que las transacciones observadas fueron realizadas por la empresa Constructora Hazama Corporation en el marco del Acuerdo de la Donacion entre la Agencia de Cooperación Internacional del 

Japón y el Gobierno de la República de Bolivia 

Asimismo, es preciso puntualizar que si bien la empresa Constructora Hazama Corporation, efectuó compras de bienes y servicios que fueron otorgados a SEMAPA en el marco del Acuerdo de la Donación entre la Agencia de Cooperacion Internacional del Japón y el Estado Boliviano, empero, este aspecto no implica que el sujeto pasivo pueda beneficiarse del Crédito Fiscal IVA por dichas compras, siendo importante precisar que el beneficio del Crédito Fiscal exige el cumplimiento de requisitos que no pueden dejarse de lado por el hecho de que exista un acuerdo de donación 

Con relación a la aplicación del Decreto Supremo N° 24051, alegado por el sujeto pasivo, se debe indicar que el mismo no resulta aplicable al presente caso por constituirse en un 

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II 

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cuerpo normativo que reglamenta el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), impuesto que no fue parte del presente proceso determinativo que está relacionado con el IVA, no mereciendo mayor análisis al respecto 

Por otra parte, con relación a la Nota Cite SIN/PE/GG/GNTCC/DNTJ/NOT/175/2010 de 8 de septiembre de 2010 emitida la Administración Tributaria, en respuesta a la nota SEM G G CAR 459/2010 citada por el sujeto pasivo, señalar que en la misma, el Servicio de Impuestos Nacionales concluyó “a empresa constructora Hazama Corporation, se encuentra sujeta a cumplir con todas las obligaciones tributarias emergentes de la Ley N° 843 por las actividades económicas gravadas realizadas dentro del territorio nacional, facturando por todos los importes percibidos como remuneraciones establecidas en dicho Contrato, exigiendo que las facturas que le sean emitidas por las compras que realice, le sean extendidas conforme a ley(fojas 3240 C17 de antecedentes administrativos), en consecuencia el Ente Fiscal no autorizó ni dispuso un procedimiento especial que permita la apropiación del Crédito Fiscal de compras efectuadas por la empresa constructora 

Bajo este contexto, la validación del Credito Fiscal no se sustenta simplemente en la existencia de la nota fiscal o en el pago del débito fiscal por parte del emisor, pues estos hechos por sí solos, no permiten comprender el circuito operacional del cual emergió el Crédito Fiscal observado, y en el caso que nos ocupa, resulta evidente que los gastos, que formaron parte del Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en la Zona Sudeste de la Ciudad de Cochabamba, no fueron efectivizados con recursos de SEMAPA y que el pago del débito fiscal IVA por parte del proveedor tampoco subsana esta situación, no pudiendo pretender el contribuyente el beneficio del Crédito Fiscal sobre un gasto que no fue erogado con fondos propios, en consecuencia, esta alegación carece de sustento técnico y legal, correspondiendo la sanción por la comisión de la contravención de omisión de pago 

afao ISO 9001 

En consecuencia, la fundamentación expuesta por el Servicio de Impuestos Nacionales en la Resolución Determinativa N° 171939000375, es consistente con la documentación 

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propuesta por el sujeto pasivo y a la explicación albergada en sus argumentos de descargo, conteniendo la fundamentación de la misma en consideración de los Acuerdos y Contratos suscritos, asimismo, efectuó la valoración de los reclamos realizados en etapa 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamanı (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerep: Vae (Guaraní) 

Avenida Oquendo No 381, entre Venezuela y Ecuador Zona Central Norte Telfs (591-4) 4140011 4140012.www ait gob bo. Cochabamba, Bolivia 

de descargo, desglosando la observación que motivó la depuración del Crédito Fiscal IVA 

declarado por SEMAPA en enero de 2011, para luego señalar la normativa aplicada 

En suma, de la revisión y análisis de los antecedentes, compulsados los argumentos 

vertidos, se establece que la Resolucion Determinativa impugnada, no contiene causales ni vicios de nulidad y tampoco existen argumentos, así como prueba documental por parte del recurrente, que desestime la decisión adoptada por la Administración Tributaria, conforme establece el artículo 76 de la Ley N° 2492(CTB), correspondiendo a esta instancia recursiva, confirmar la Resolución Determinativa N° 171939000375 de 15 de abril de 2019, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales 

POR TANTO: 

La suscrita Directora Ejecutiva ai de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y artículo 141 del Decreto Supremo N° 29894 de 7 de febrero de 2009 

RESUELVE 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 171939000375 de 15 de abril de 2019, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, sea de conformidad con artículo 212 parágrafo I inciso b) del Código Tributario Boliviano (CTB) 

SEGUNDO. La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario Boliviano (CTB), será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente 

TERCERO Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley N° 2492 (CTB) y sea con nota de atención 

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CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 de la Ley N° 2492 (CTB), el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computables a partir de su notificación 

Regístrese, notifíquese y cúmplase 

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Teresa del Rosario Borda Rocha 

DIRECTORA EJECUTIVA REGIONAL 

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Avenida Oquendo N° 381, entre Venezuela y Ecuador. Zona Central Norte Telfs (591-4) 4140011 – 4140012• www ait gob bo. Cochabamba, Bolivia