ARIT-CBA-RA-0266-2017 Confirmación de la resolución de sancionatoria en razón de que el término de prescripción señalada por el contribuyente carece de fundamentos, debido a que la AIT estableció que no existe prescripción de las facultades de la administración de lo periodos fiscales en los PIET notificados

ARIT-CBA-RA-0266-2017

Cochabamba. 

IET

AUTORIDAD DE: IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBARA 0266/2017 

Recurrente 

: Metalúrgica Chavarría Isetta S.A. (METALCI S.A.), legalmente 

representada por Andro Sergio Chavarría Isetta 

Recurrido 

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Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente representada por Rosmery Villacorta Guzmán. 

Expediente 

ARIT-CBA-0502/2016 – 

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Acto Impugnado : Proveido No 24-00945-16 de 12 de octubre de 2016 

Fecha 

: Cochabamba, 26 de junio de 201

VISTOS: El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT CBA ITJ 0266/2017, de 26 de junio de 2017;- emitido por la Sub Dirección – Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

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  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO Proveido No 24-00945-16 de 12 de octubre de 2016, que dio respuesta a memoriales-y notas presentadas por el sujeto pašivo. señalando: 1). Respecto a la oposición de la ejecución, rechazó la misma por no corresponder la solicitud de suspensión de ejecución tributaria, por tratarse, de 23 Declaraciones Juradas omisas, presentadas por el sujeto pasivo; toda vez que, la obligación tributaria constituye un vínculo de carácter personal fiel reflejo de-la verdad, siendo inimpugnable por Ley; por otra parte, la existencia de manipulación informática y conducta döloša por él. ex contador de la empresa, no constituye causal de procedencia de suspensión y oposición a la ejecución tributaria; 2) Respecto a la solicitud de la prescripción, señaló que a fin del cómputo de la misma de acuerdo a las Leyes Nros. 291 y 317 sú cómputo es de 8 años, debiendo computarse el término a partir 

de las rectificaciones efectuadás el 2016, iniciando el 1 de enero de 2017 concluyendo el 31 Henry A 

de diciembre de 2024; con respecto a la facultad de imponer sanciones administrativas conforme al artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) modificado por la Ley No:812, se encuentra plenamente vigente, por lo que rechazo la solicitud de prescripción; 3) Respecto a la nulidad, no ha lugar a la nulidad impetrada, por haberse cumplido con todo el procedimiento de notificación de los PIET’S; 4) No existe norma para dejar sin efecto las Declaraciones Juradas presentadas por medios informáticos; 5) Respecto al levantamiento de medidas precautorias, el Sujeto pasivo confundió medidas precautorias con medidas coactivas, asook 

habiéndose aplicado al efecto el artículo 110 de la Ley N° 2492 (CTB) y no concurren 

Justicla tributaria para vivir bien 

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Jan mit’ayir jäch’ā kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tëndodègủa mbaeti:oñomita . 

Av: Oquendo N° 038i entre Ecuador y Venezuela. zona.Central Norte mbaerepi Vae (Guarant) – 

Telfs:/Fax: 4140011 4140012• www.ait.gob.bo . Cochabamba Bolivia 

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causales de oposición establecidas en el artículo 109 de la misma norma y 6) Referente a la solicitud de sustitución de garantías, señaló que las medidas efectuadas son en etapa de cobranza coactiva, por tanto, no corresponde la solicitud debido a que el trámite no versa sobre aplicación de medidas precautorias. Acto notificado personalmente el 25 de octubre de 2016 (fojas 1-8 del expediente administrativo). 

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  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 11.1. Argumentos del Recurrente La Empresa Metalúrgica Chavarría Isetta SA., legalmente representada por Andro Sergio Chavarria Isetta, conforme acredita el Testimonio del Poder Especial N° 227/2015 de 26 de junio de 2015 otorgado ante la Notaría de Fe Pública.No 36 de la ciudad de Cochabamba (fojas 9-17 vta. del expediente administrativo), mediante memorial presentado el 11 de noviembre de 2016 (fojas 36-47 vta. del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra el Proveído No 24-00945-16 de 12 de octubre de 2016, emitido por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, manifestando lo siguiente: 

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Que, la prescripción está reconocida por la doctrina y la normativa, así el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), sin modificaciones establece cuatro años, por lo que, el IVA e IUE dė! periodo fiscal octubre y diciembre del 2010 y enero a septiembre de 2011, habrían prescrito el 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2015 respectivamente. 

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Señaló que, de la aplicación del parágrafo II del artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB), los PIET’s fueron emitidos cuando la deuda tributaria de los periodos estaban prescritos, así las Declaraciones Juradás una vez presentadas y producido el vencimiento del impuesto, estos ya adquieren firmeza y pueden ser objeto de cobro conforme establece el artículo 108 de la Ley N° 2492 (CTB); por tarito, el cómputo no debe realizarse desde la fecha de notificación, del PIET, actuado que, no es un título de ejecución y genera inseguridad jurídica al existir un intervalo discrecional de pasividad para su cobro por la Administración Tributaria.

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Indicó que, según el parágrafo II del artículo 94 de la Ley N° 2492 (CTB), la deuda tributaria determinada por el sujeto pasivo y comunicada a la Administración Tributaria; podrá ser objeto de ejecución tributaria sin necesidad de intimación ni determinación previa; por lo que, se debe comprobar la existencia o no de una obligación tributaria, actuado recién efectuado el 2016. –

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de la Caldad: Caleado EC-27-01

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Refirió que el artículo 123 de la Constitución Política del Estado (CPE), establece la irretroactividad de la norma como parte del principio de legalidad que guarda relación con la teoria de los hechos cumplidos que establece que, cada norma jurídica debe aplicarse a los hechos que ocurran durante su vigencia, es decir, las Leyes Nros. 291 y 317 son de aplicación a hechos generados a partir de septiembre de 2012 y la Ley N° 812 a partir de su promulgación, es decir, del 30 de junio de 2016, materializando así el principio de seguridad. jurídica, criterio que debe ser aplicado a la facultad de imponer sanciones. 

Manifestó que, respecto a la oposición de la ejecución tributária; el-fisco sustentó su rechazo en que el inicio de la ejecución tributaria fue el 19 de agosto de 2016, con la emisión de los proveídos de ejecución tributaria y lo argüido como manipulación informática y conducta dolosa por un tercero, no es causal para la procedencia de suspensión y oposición a la ejecución tributaria establecida en el artículo 109 de la Ley N° 2492 (CTB), soslayando que dicha norma establece como causali de oposición cualquier forma de extinción de la deuda tributaria prevista en el Código Tributario, aún se presenten antes de la conclusión de la fase de ejecución.” 

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Enfatizó que, respecto a la nulidad invocada de las declaraciones juradas, la Administración Tributaria no se pronunció emitiendo la resolución correspondiente con relación a la solicitud de las declaraciones juradas rectificativas, empero emitió los PIET’s, antes de aceptar o rechazar dichas declaraciones estando pendiente el pronunciamiento” respecto a las *** rectificatorias que no son reconocidas, por tanto, el ente fiscal está llevando un proceso de ejecución tributaria, sin considerar-la existencia de una cuestión previa, vulnerando la garantía del debido proceso y el derecho a la defensa. 

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Continuo manifestando que, el parágrafo V del artículo 2 de la Ley N° 812, establece que, la sanción pecuniaria por contravención de omisión de pago queda extinguida cuando el sujeto pasivo pague hasta el décimo día de notificado el Auto Inicial, siendo que esta norma incentivá al contribuyente, al pago de la obligación y relega a un segundo plano la multa por contravención tributaria como es la omisión de pago, aclarando que dicha Ley entró en vigencia el 1 de julio de 2016 y la notificación de los PIET’s por las DDJJ fue realizada el 19. de agosto de 2016, causando perjuicio económico, pues la notificación fue antes de los Autos Iniciales de Sumario Contravencional, privando el beneficio del arrepentimiento eficaz, por: lo que en aplicación del artículo 35 de la Ley N° 2341 (LPA), corresponde la nulidad. 

Teresa del Rosario 

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de calidad Cercado EC-21414 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiqiQuechua) Mburuvísa tendödeguambaeti onomita mbaerepi Vae (Guarant) 

Av. Oquendo No 0381 entre Ecuador y Venezuela • zona Central Norte Télfs. Fax: 4140011 4140012 www.ait.gob.bo . Cochabamba Bolivia 

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Por último, respecto a la adopción de medidas precautorias, refirió que, la Administración 

Tributaria omitió solicitar la autorización a la Autoridad de Impugnación Tributaria, conforme lo establece el artículo 106 de la Ley N° 2492 (CTB); violentando lo dispuesto en la Ley, constituyéndose causal de nulidad, no correspondiendo la retención de fondos y embargo de dineros, toda vez que le vulneró su derechos a la seguridad jurídica, legitima defensa y debido proceso. 

Por lo expuesto, solicitó la revocatoria total del Proveido No 24-00945-16 de 12 de octubre de 2016, en consecuencia, se declare la prescripción de la acción de la Administración 

Tributaria para exigir el pago de la deuda correspondiente a ocho declaraciones juradas en cuestión y la nulidad hasta el vicio más antiguo que es la notificación de los catorce PIET’S 

emitidos. 

II.2. Auto de Admisión El 17 de noviembre de 2016, ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Admisión EXPEDIENTE ARIT-CBA-0502/2016, que dispuso admitir el Recurso de Alzada interpuesto por Andro Sergio Chavarria Isetta en representación de Metalúrgica Chavarria Isetta S.A. (METALCI S.A.), contra el Proveído No 24-00945-16 de 12 de octubre de 2016, emitido por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (fojas 48 del expediente administrativo). 

*

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria La Gerencia Grades Contribuyentes (GRACO) Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente representada por Rosmery Villacorta Guzmán, acredito personería conforme la Resolución Administrativa de Presidencia No 03-0391-16 de 1 de agosto de 2016 (fojas 51-52 del expediente administrativo), por memorial presentado el 6 de diciembre de 2016 (fojas 53-56 vta., del expediente administrativo), respondió negativamente a la demanda expresando lo siguiente: 

Que, la obligación tributaria es un vínculo de carácter personal, así como las operaciones realizadas por medios informáticos por usuarios autorizados, surtiendo los efectos legales válidos conforme establece el artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio N° RND 10-0033-04, en consecuencia las DDJJ rectificatorias presentadas a tvés del portal tributario, son títulos de ejecución tributaria, por ser autodeterminaciones del sujeto pasivo, resultando ilógico pretender establecer la prescripción dentro los alcances del parágrafo ! del artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), no siendo necesario realizar un proceso de determinación conforme lo establece el parágrafo II del artículo 94 de la Ley N° 2492 (CT 

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Cochabamba 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARJA Estado Plurinacional de Bolivia 

por lo que no se puede establecer la prescripción de una facultad que no está siendo 

ejercida 

Respecto a la prescripción de la facultad de ejecución tributaria, saló que, la ejecución tributaria tiene origen en la auto determinación efectuada mediante DDJJ rectificatorias efectuadas el 7, 10 y 25 de julio de 2016, las cuales sustituyeron a las originales; por lo que, la facultad de ejecución de la deuda tributaria podía ser ejercida desde la fecha de rectificación de las DDJJ, siendo que en esas fechas se determinaron impuestos a pagar pero que no fueron cancelados; en consecuencia, corresponde la aplicación del parágrafo W del artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), modificada por: la Ley N° 291 siendo imprescriptiblé la facultad de ejecutar la deuda. 

Manifestó que, antes que el sujeto pasivo realice las rectificaciones de las.DDJJ, no existía monto pendiente de cobro; por lo que, no existió suma alguna que pueda ser sujeta a prescripción como: erróneamente refiere el recurrente. Asimismo, indicó que, no se está aplicando la retroactividad de la norma establecida en las Leyes Nros: 291 y 317, por: cuanto se realiza sobre la facultad de ejecución tributaria originada en las DDJJ. de rectificación, realizadas el 7, 10 y 25 de julio de 2016.“.. .:. 

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En lo que respecta a la nulidad de las declaraciones juradas, refirió que la tramitación de las rectificatorias es separada a la ejecución tributaria, por cuanto la aceptación o rechazo está siendo atendido tomando en cuenta el artículo 28 del Decreto Supremo N-27310 (RCTB), no teniendo efecto legal la rectificación a favor del contribuyente sin la aprobación del fisco. Por otro lado, dentro las causales de suspensión de la ejecución tributaria establecida en el artículo 109 de la Ley N° 2492 (CTB) no se encuentra la solicitud de rectificatoria de declaraciones juradas a favor del contribuyente, no pudiendo la solicitud ser tomada como una cuestión previa a la ejecución tributaria, máxime si el fisco conforme lo establece el artículo 4 del Decreto Supremo N° 25183, está dentro los seis meses de plazo establecido para aceptar o rechazar el proyecto de rectificación. 

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Señaló que, sobre la aplicación del arrepentimiento eficaz es necesario – referirse a lo dispuesto en el artículo 157 de la Ley N° 2492 (CTB) y el artículo 39 del Decreto Supremo N° 2993, por lo que la Administración Tributaria, no infringio procedimiento alguno, toda vez que, el arrepentimiento eficaz, es aplicable cuando se realiza el pago hasta el décimo día de notificado el Auto Inicial de Sumario Contravencional o hasta antes del inicio de la ejecución tributaria de las DDJJ: 

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Av. Oquendo No 0381 eritre Ecuador y Venezuela – zona Central Norte Telfs./Fax: 4140011 4140012 www.ait.gob.bo . Cochabamba Bolivia 

Respecto a las medidas precautorias supuestamente aplicadas, aclaró que el. erite fiscal, aplicó medidas coactivas establecidas en el artículo 110 de la Ley N° 2492 (CTB) que no requiereri autorización alguna. 

Por último, enfatizó que, en el alcance del Recurso de Alzada, sori inimpugnables los PIET’s, conforme lo determina el articulo 4 el Decreto Supremo. N° 27874, debierido limitarse solamente a resolver la solicitud de prescripciórı y no así la nulidad de notificación de los mismos 

Por lo expuesto, solicitó se confirme en todas sus partes el Proveido N° 2400945-16 de 12 de octubre de 2016. 

II.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba El 7 de diciembre de 2016, ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Apertura Término de Prueba EXPEDIENTE ARIT-CBA 0502/2016, disponiendo la apertura del término de prueba de 20 días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del inciso d) artículo 218 de la Ley N° 2492 (Título V CTB) (fojas 57 del expediente administrativo). 

[1.4.1. Prueba Sujeto Pasivo El 14 de diciembre de 2016, mediante memorial Andro Sergio Chavarria Isetta, representante legal de la Empresa Metalúrgica Chavarria Isetta S.A., ratificó la prueba adjunta al Recurso de Alzada (fojas 59 del expediente administrativo). 

II.4.2. Prueba Administración Tributaria El 22 de diciembre de 2016, la Administración Tributaria mediante memorial ratificó la prueba presentada con el memorial de respuesta, consistente en los antecedentes administrativos (fojas 62 del expediente administrativo). 

II.5. Alegatos 11.5.1. Administración Tributaria El 11 de enero de 2017, Rosmery Villacorta Guzmán en su calidad de Gerente Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, presentó ante ésta instancia alegatos, refutando los argumentos del recurrente, enfatizando que la obligación tributaria es un vínculo de carácter personal y que las operaciones realizadas por medios informáticos por usuarios autorizados, surten efectos tributarios y tienen plena validez legal 

IBNORCA y que se demostró que la facultad de ejecución tributaria de la deuda auto determinada por Sie 

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Sistema de Gestio

dalaCuidad Catificado MEC27614 

Cochabamba 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

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el sujeto pasivo, no se encuentra prescrita, teniendo como origen las DDJJ rectificatorias efectuadas el 7, 10 y 25 de julio de 2016, fecha a partir de la cual nace recién la facultad para tomar acciones de ejecución, repitiendo lo-fundamentado en su respuesta, para finalmente reiterar el petitorio propuesto (fojas 65-66 del expedientë administrativo). 

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11.5.2. Sujeto Pasivo El 16 de enero de 2017, Andro Sergio Chavarria Isetta, mediante memorial ofreció alegatos exponiendo los mismos argumentos de su recurso de alzada, reiterando en petitorio, la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo de 14 PIET’s y la prescripción de la acción de la Administración Tributaria para exigir el pago de la deuda tributaria respecto a 8 declaraciones juradas (fojas 69-80 del expediente administrativo). 

I

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVAL El 19 de agosto de 2016, là Gerencia-Grandes Contribuyentes Cochabamba, emitió 23 Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria con los números 393300094716, 393300094816, 393300094916, +393300095016, 393300095116, – *393300095216, 393300095316; 393300095416 393300095516, 393300095616, 393300095716, · 393300095816; 393300095916, 393300096016, 393300096116, +393300096216, 393300096316, 393300096416, 393300096516, — 393300096616, 393300096716, 393300096816 y 393300096916,- actuados notificados personalmente al representante legal de la empresa el 19 de agosto de 2016 (fojas 15-130 C1 de antecedentes administrativos). . . ..–:- – 

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Mediante Nota Cite: MC1072/16 de 11 de agosto la empresă recurrente, solicitó a la Administración Tributaria la anulación de Declaraciones Rectificadas, mereciendo respuesta mediante nota CITE: SIN/GGCBBA/DRE/NOT/0470/2016 declarando la improcedencia de la nulidad solicitādä. Actuado nötificado personalmente el 22 de agosto de 2016 (fojas 138 140 y vta: C1, de antecedentes administrativos). 

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Por memorial del 26 de agosto de 2016, présentado a la Administración Tributaria Andro Sergio Chavarria Isetta, en representación de la Empresa Metalúrgica Chavarria Isetta S.A. (METALCI S.A.) se opuso a la ejecución tributária, aduciendo manipulación informática de las Declaraciones Juradas rectificadoras, prescripción como forma de extinción de las obligaciones tributarias y que las ruevas declaraciones rectificatorias, al sustituir a las efectuadas ilícitamente, con su aprobación se tendría inexistencia de deudas tributarias en favor del fisco (fojas 142-147 vta. C1, de antecedentes administrativos). 

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Av. Oquendo No 0381 entre Ecuador y Venezuela. zona Central Norte Telfs./Fax::4140011 – 4140012. www.ait.gob.bo . Cochabamba Bolivia 

El 5 de septiembre de 2016, la empresa recurrente solicitó mediante nota, el levantamiento de medidas precautorias, retención de fondos, retención y embargo de pago de terceros (323-333 C2 de antecedentes administrativos). 

Mediante memorial presentado el 8 de septiembre de 2016, la empresa recurrente solicitó là. nulidad de Proveídos de inicio de Ejecución Tributaria, reiteradas mediante notas de 19 y 29 de septiembre de 2016 en esta última pidiendo sustitución de medidas precautorias, (336 343; 353-368; 370-380 y 391-396 C2 de antecedentes administrativos) 

El 12 de octubre de 2016, GRACO Cochabamba, emitió el Proveído N° 24-00945-16 de 12 de octubre de 2016, que dio respuesta a memoriales y notas presentadas por el sujeto pasivo indicando: 1) Respecto a la oposición de la ejecución, rechazó la misma por no corresponder la solicitud de suspensión de ejecución tributaria por tratarse de 23 Declaraciones Juradas omisas, presentadas por el sujeto pasivo; toda vez que, la obligación tributaria constituye un vírculo de carácter personal fiel reflejo de la verdad, siendo inimpugriable por Ley, por otra parte la existencia de manipulación informática y coriducta dolosa por el ex contador de la empresa, rio constituye causal de procedencia de suspensión y oposición a la ejecución tributaria; 2) Respecto a la solicitud de la prescripción, señaló que a fin del cómputo de la misma de acuerdo a las Leyes Nros.291 y 317 su cómputo es de 8 años, debiendo computarse el término a partir de las rectificaciones efectuadas el 2016, iniciando el 1 de enero de 2017 concluyendo el 31 de diciembre de 2024; con respecto a la facultad de imponier sanciones administrativas conforme al artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) modificado por la Ley N° 812, que se encuentra plenamente vigente, por lo que rechazó la solicitud de prescripción; 3) Respecto a la nulidad, rio ha lugar a la nulidad impetrada, por haberse cumplido con todo el procedimiento de notificación de los PIET’s; 4) No existe norma para dejar sin efecto las Declaraciones Juradas presentadas por medios informáticos; 5) Respecto al levantamiento de medidas precautorias, el Sujeto pasivo confundió medidas precautorias con medidas coactivas, habiéndose aplicado al efecto el artículo 110 de la Ley N° 2492 (CTB) y no concurren causales de oposición establecidas en el artículo 109 de la misma norma y 6) Referente a la solicitud de sustitución de garantías, señaló que las medidas efectuadas son eni etapa de cobranza coactiva por tanto no corresponde la solicitud errónea debido a que el trámite no versa sobre aplicación de medidas precautorias. Acto notificado personalmente el 25 de octubre de 2016 (fojas 397-403 de antecedentes administrativos)

La Autoridad Regional de Impugnación Cochabamba, emitió la Resolución de Recurso de Santa 

IBNORCA Alzada ARITCBA/RA 0056/2017 de 31 de enero de 2017 (fojaş 101108 del expediente si 

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Cochabamba 

ELITEEL III 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

administrativo) que confirmó el Proveido No 24-00945-16 de 12 de octubre de 2016, misma que fue anulada por la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0483/2017 de 24 de abril de 2017, a fin de que la ARIT Cochabamba emita nueva resolución contemplando todos aspectos planteados por el Sujeto Pasivo (fojas. 170-187 del expediente administrativo). 

IV.FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA .. IV.1. Cuestión Previa En cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución de Recurso jerárquico AGIT-RJ 0483/2017 de 24 de abril de 2017, ésta instancia procederá a emitir decisión expresa y precisa sobre todos los aspectos planteados por el sujeto pasivo en función al acto impugnado que es el Proveído N° 24-00945-16 de 12 de octubre de 2016, manteniendo los fundamentos correspondientes. . . 

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Inicialmente por los argumentos vertidos por el recurrente en su recurso y la contestación de la Administración Tributaria respecto a la prescripción de la ejecución tributaria, se tiene que este, es un acto administrativo que émerge de un proceso de auto determinación efectuada por el sujeto pasivo que establece la existencia de una obligación tributaria y de la aplicación de la facultad de la Administración Tributaria para ejecutar medidas coactivas para el cobro de dicha deuda tributaria, consecuentemente, corresponde aclarar, que ésta instância recursiva, analizará en primera instancia la prescripción solicitada, toda vez que; al. emitirse y notificarse los PIET’s, ésta instancia recursiva se ve impedida de analizar otros aspectos que hacen a los mismos. 

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MODICE 

Por cuestión de orden, nos vemos en la necesidad de ordenar la forma de responder el recurso, toda vez que algunos agravios son complementarios, redundantes y guardan estrecha relación entre sí, sin que ello signifique la alteración de los fundamentos del recurrente o la vulneración del principio de congruencia se responderá. 

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IV.2. De la prescripción 

El recurrente señaló en su memorial de Recurso de Alzada que, los PIET’s fueron emitidos Teresa del Rosario cuando la deuda tributaria de los periodos en cuestión, estaban prescritos en aplicación del Bark Betha 

parágrafo II del artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB), las: Declaraciones Juradas una vez presentadas y producido el vencimiento del impuesto, estos yà adquieren firmeza y pueden ser objeto de cobro conforme establece el artículo 108 de la Ley N° 2492 (CTB); por tanto, el cómputo dëbe realizarse desde la fecha de notificación del PIET, así como señala el. pode 

IBNORCA artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) sin modificaciones; que establece cuatro años, siempre content on 

Cestlicäde HEC-21046 

Página 9 de 17 Justicia tributaria para vivir bieri Jan mit’ayir jach’a kamani:(Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onorita 

Av. Oquendo No 0381 entre Ecuador y Venezuela • zona Central Norte, mbaerepi Vae (Guarani) 

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tomando en cuenta que, el artículo 123 de la Constitución Política del Estado (CPE), establece la irretroactividad de la norma como parte del principio de legalidad enfatizando que las Leyes Nros. 291 y 317, son de aplicación a hechos generados a partir de septiembre de 2012 y la Ley N° 812 a partir del 30 de junio de 2016, materializando así el principio de seguridad jurídica. 

Por su parte, la Administración Tributaria señaló que, las DDJJ rectificatorias presentadas, 

son títulos de ejecución tributaria, no siendo necesario realizar un proceso de determinación; por lo que, no se puede establecer la prescripción de una facultad que no está siendo ejercida, además que, para la prescripción de la facultad de ejecución tributaria, se tiene como origen la autodeterminación efectuada mediante DDJJ rectificatorias efectuadas el 7, 10 y 25 de julio de 2016, las cuales sustituyeron a las originales; por lo que, la facultad de ejecución de la deuda tributaria podía ser ejercida desde la fecha de rectificación de las DDJJ, además que, no se está aplicando la retroactividad de la norma 

establecida en las Leyes Nros. 291 y 317, por cuanto se realiza sobre la facultad de 

ejecución tributaria origirada en las DDJJ de rectificación, realizadas el 7, 10 y 25 de julio de 2016. 

Con referencia a la prescripción de la facultad de ejecución tributaria, la Administración 

Tributaria señaló que, la ejecución tributaria tiene origen en la autodeterminación efectuada mediante DDJJ rectificatorias efectuadas el 7, 10 y 25 de julio de 2016, las cuales sustituyeron a las originales; por lo que; la facultad de ejecución de la deuda tributaria podía ser ejercida desde la fecha de rectificación de las DDJJ, correspondiendo la aplicación del parágrafo IV del artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) modificada por la Ley N° 291, siendo imprescriptible la facultad de ejecutar la deuda. 

Al respecto, la doctrina entiende a la prescripción como: “Ja caducidad de los derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos legales para su posible ejercicio“, asimismo, debe tomarse en cuenta que la prescripción responde a los principios de certeza y seguridad jurídica, que son pilarës básicos del ordenamiento jurídico (Ossorio, Manuel. Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales. Pág. 601) (García Vizcaino. Catalina. Derecho Tributario. Tomo I). 

De igual forma, José María Martín señala que: “La prescripción es generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la correspondiente acción del acreedor tributario para 

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hacer valer su derecho al cobro de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla” (MARTIN José María, Derecho Tributario General, 28 edición, Pág. 189). Asimismo, el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual establece que la prescripción de las obligaciones no reclamadas durante cierto tiempo por el acreedor o incumplidas por el . deudor frente a la ignorancia o pasividad prolongadas del titular del crédito, tomándose las obligaciones inexigibles, por la prescripción de acciones que se produce (CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 24a edición, pág. 376). 

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Ahora bien, respondiendo el agravio de que no corresponde la aplicación de las modificaciones establecidas en las Leyes Nros. 291 y 317 respecto al artículo 59 del Código. Tributario, por cuanto no se puede aplicar de manera retroactiva la normativa; a efecto de realizar el análisis de la prescripción para el presente caso, debemos remitirnos al pronunciamiento realizado por la Autoridad General de Impugnación Tributaria acerca del instituto de la prescripción, exponiendo en las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT RJ 1051/2015 de 23 de junio de 2015 y AGIT-RJ 0968/2015-de 26 de mayo de 2015 -entre otras el siguiente análisis: “(…) se debe considerar que de acuerdo a la teoría de los derechos adquiridos, la simple esperariza de un derecho carece de algún requisito extemo para lograr la plenitud e integralidad de un derecho adquirido, por lo que el derecho no perfeccionadoes susceptible de afectación por una modificación legal; de este modo, en el presente caso, al estar vigentes-las Leyes Nos. 291 y 317; que modificaron la Ley Na. 2492 (CTB), su aplicación sobre derechos no perfeccionados resulta ser imperativa. Asimismo, cabe puntualizar que la Autoridad de Impugnación Tributaria como entidad administrativa encargada de impartir justicia tributaria, por disposición del Artículo 197 del Código Tributario Boliviano, no es competente para realizar el control de constitucionalidad de las nomas vigentes, correspondiendo aplicar las mismas, toda vez que por imperio de lo establecido en el Artículo 5 de la Ley N° 027, de 6 de julio de 2010, se presume la constitucionalidad de toda Ley, Decreto, Resolución y actos de los Órganos del Estado en todos sus niveles.” (El resaltado es nuestro). 

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En cuanto a la prescripción de la facultad de determinación de la Administración 

Tributaria por los periodos octubre y diciembre de la gestión 2010 y enero, febrero, Teresa del Rosario marzo, mayo, julio, agosto y septiembre de la gestión 2011 y el Impuesto sobre las 

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Utilidades de las Empresas (UE) con cierre al 31 de marzo de 2011, cabe indicar que, no hubo determinación por parte de la Administración Tributaria, toda vez que estas fueron autodeterminadas por el sujeto pasivo mediante declaraciones juradas, sin existir posteriormente a estas otra determinación por parte del ente fiscal; por lo que, no es $007 aplicable el alcance del parágrafo del artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), máximie si seturi les on 

Págiria 11 de 17 Justicia tributaria para vivir bien Janmit’ayir jäch’a kamani (Ayınara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua). Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita: 

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conforme establece el parágrafo II del artículo 94 de la misma norma, corresponde la ejecución inmediata, sin necesidad de intimación ni determinación

Al respecto, en relación a las Declaraciones Juradas, en principio se debe citar el artículo 78 de la Ley N° 2492 (CTB) que refiere, que éstas se constituyen en la manifestación de hechos, actos y datos comunicados a la Administración Tributaria en la forma, medios, plazos, y lugares establecidos por las reglamentaciones que se emitan y se presumen fiel reflejo de la verdad y comprometen la responsabilidad de quienes las suscriben. 

De esta forma, podemos indicar que las Declaraciones Juradas se constituyen en el medio por el cual el sujeto pasivo comunica los resultados obtenidos, producto del ejercicio de la actividad gravada, a efecto de proceder a la liquidación del tributo a pagar, consecuentemente dicha declaración se constituye en un medio por el cual se comunica al fisco el ejercicio de la actividad económica

Toda vez que, el presente Recurso de Alzada, refiere también a la prescripción de la facultad de ejecución de la Administración Tributaria, corresponde señalar lo siguiente: La prescripción de acciones se entiende como: la caducidad de los derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos legales para su posible ejercicio, asimismo debe tomarse en cuenta que la prescripción responde a los principios de certeza y seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento jurídico(Ossorio, Manuel. Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales. Pág. 601) (García Vizcaino. Catalina. Derecho Tributario. Tomo I). 

En cuanto a la interrupción de la prescripción, el profesor César García Novoa en las lll Jomadas Bolivianas de Derecho Tributario, expuso: Las causas de interrupción son aquellas circunstancias que determinan el efecto de interrupción de la prescripción. Estas causas de interrupción de la prescripción conllevan la ruptura del silencio e impiden que la prescripción se produzca, imponiendo que el tiempo tenga que volver a contarse de nuevo por entero. Por tanto, a efectos de garantizar la consolidación e inamovilidad de las situaciones jurídicas (en este caso, de consolidar la posición del deudor), las causas de interrupción del plazo de prescripción deben regularse escrupulosamente e interpretarse de modo estricto. En la medida en que la interrupción de la prescripción impide la consumación de la misma, se trata de una medida que afecta negativamente a la seguridad jurídica. Y por razones de seguridad, tales causas de interrupción deben estar tasadas” (Págs. 246 y 247)

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA – Estado Plurinacional de Bolivia 

Asimismo, las Sentencias Constitucionales Nos. 1606/2002-Ry 205/2006-R, disponen que “Cuando el contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda tributaria con calidad de cosa juzgada, considere que el adeudo tributario o la acción para su cobro ha prescrito, debe plantear esa cuestión en el procedimiento de ejecución a cargo de las autoridades Tributarias“, igualmente, determina que: “La petición de prescripción del contribuyente ejecutado no puede ser considerada un nuevo procedimiento administrativo, pues es una cuestión accesoria al procedimiento administrativo principal de ejecución del adeudo tributario ejecutoriado; en consecuencia, la autoridad tiene la obligación de declarar la prescripción o negaria”, y señala también que:” “el acto por medio del cual la autoridad tributaria acepta o rechaza la prescripción, debe ser recurrible…” 

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Bajo este enfoque, se establece que, la Administración Tributaria, tiene un plazo, según normativa legal, para hacer valer-sus derechos y que vencido dicho término, se extingue la facultad de la Administración Tributaria, para ejercer dichas acciones, para ello deben concurrir dos elementos, uno objetivo que es el transcurso del tiempo y otro subjetivo que es la inacción del titular del derecho. En ese sentido, se determinará si la facultad de ejecución tributaria del SIN,-se encuentra prescrita a la fecha en la cual fue reclamada esta figura por el sujeto pasivo. Asimismo, es pertinente aclarar que las obligaciones objeto de este análisis, corresponden a hechos. suscitados en vigencia plena de la Ley N° 2492 (CTB).

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Una vez establecido todo ello, en cuanto a la prescripción de la facultad de ejecución tributaria, nos remitimos a lo señalado en el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), con las modificaciones.efectuadas por las Leyes Nros. 291, 317 y 812 mismo que es relativo a la prescripción para el caso que nos ocupa referido a la ejecución tributaria, se debe invocar el parágrafo IV, que establece que la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible, y como se tiene, son auto determinaciones efectuadas por el sujeto pasivo. 

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Respecto al argumento del recurrente de tener presente lo establecido en el artículo 108 de la Ley N° 2492 (CTB) en el sentido de que el cómputo de la prescripción corre desde el día siguiente de la presentación de las DDJJ, a ello debemos reiterar lo que se ha respondido anteriormente, enfatizando que, el parágrafo II del artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB) y artículo 4 del Decreto Supremo N° 27874 establecen que, la ejecución de los títulos listados en el parágrafo I del artículo 108 de la Ley N° 2492 (CTB) proceden con la notificación del Me proveído que da inicio a esta fase. Sin embargo, consideramos pertinente aclarar que; como consecuencia de las modificaciones de los artículos 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB), 

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se tiene establecido la imprescriptibilidad de la facultad de ejecución de la deuda tributaria, por lo que no corresponde exponer mayores argumentos al respecto, ya que el Código Tributario vigente, no establece el cómputo de la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, debido a que como se dijo anteriormente es imprescriptible. 

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En ese sentido, el plazo que debe concluir el ente fiscal con la ejecución tributaria del adeudo imputado al sujeto activo, IVA de los periodos octubre y diciembre de la gestión 2010 y enero; -febrero, marzo, mayo, julio, agosto y septiembre de la gestión 2011 y el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) con cierre al 31 de marzo de 

2011, conforme a la normativa citada es imprescriptible. 

En consecuencia, la Administración Tributaria no tiene plazo para ejecutar su facultad de ejecución tributaria, en virtud de lo establecido en el parágrafo IV del artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) con las modificaciones establecidas en las Leyes N° 291, 317 y 812. 

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En este sentido, de la revisión de antecedentes, se tiene que la Administración Tributaria ejercitando su derecho establecido en el artículo 110 de la Ley N° 2492 (CTB), realizó medidas coactivas tendientes al cobro de lo adeudado, que no requieren autorización de la Autoridad de Impugnación Tributaria, como manifestó el recurrente, por tratarse de facultades propias de los entes fiscales en etapa de ejecución tributaria, actuados que no constituyen por ser elementos que interrumpan la prescripción, conforme lo establecido en el artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB). 

No obstante lö aclarado, es evidente la vigencia del plazo para el ejercicio de la facultad de ejecución tributaria por parte del Servicio de Impuestos Nacionales; por consiguiente, ésta instancia establece que, no existe prescripción de la facultad de cobro de las obligaciones impositivas correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos octubre y diciembre de la gestión 2010 y enero, febrero, marzo, mayo, julio agosto

estión 2011 y el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (UE) con cierre al 31 de marzo de 2011, en los 23 Proveidos de Inicio de Ejecución Tributaria con los números 393300094716, 393300094816, 393300094916, 3933000950:16; 393300095116, 393300095216, 393300095316, 393300095416, 393300095516, 393300095616, 393300095716, 393300095816, 393300095916, 393300096016, 393300096116, 393300096216, 393300096316, 393300096416, 393300096516, 393300096616, 393300096716, 393300096816 ý 393300096916, respectivamente.

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IV.3. Oposición a la ejecución tributaria El recurrente, manifestó que, el fisco sustentó su rechazo en que el inicio de la ejecución tributaria fue el 19 de agosto de 2016 y lo argüido como manipulación informática y conducta dolosa por un tercero, no es causal para la procedencia de suspensión y oposición a la ejecución tributaria establecida en el artículo 109 de la Ley N° 2492 (CTB), soslayando que dicha norma establece como causal de oposición cualquier forma de extinción de la deuda tributaria. En respuesta, el ente fiscal manifestando que, no se le restringió los derechos del sujeto pasivo, por cuanto ejerció su derecho a impugnar. 

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Al respecto, no corresponde a esta instancia recursiva emitir criterio alguno respecto a la manipulación informática que hubo en relación a la presentación de las declaraciones juradas rectificatorias, toda vez que, este tema deberá dilucidarse en las instancias correspondientes, por cuanto de la revisión de antecedentes-se–tiene, que es de conocimiento de las instancias legales correspondientes, entendiendo que los convenios entre particulares empleador-empleado) no son oponibles al fisco, toda vez que la obligación tributaria es un vínculo de carácter personal y no es de competencia de ésta. instancia” recursiva, conocer cuestiones de índole penal, conforme lo establecen los artículos 13, 14 e inciso b) del parágrafo ll del artículo 197 de la Ley N° 2492-(CTB), además que, como se manifestó en un principio a ésta instancia le compete pr únicamente respecto a la prescripción planteada, considerándose esta como una genuina causal de oposición a la ejecución tributaria conforme lo establece el inciso 1)” parágrafo || del artículo 109 de la Ley N°:2492 (CTB); por lo que corresponde rechazar este argumento. 

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IV.4. Nulidad de las Declaraciones Juradás El recurrente, denunció que la Administración Tributaria no se pronunció emitiendo la resolución correspondiente, con relación a la solicitud de las declaraciones juradas rectificativas, por tanto, el ente fiscal está llevando un proceso de ejecución tributaria, sin considerar la existencia de una cuestión previa, vulnerando la garantía del debido proceso y el derecho a la defensa. 

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En respuesta a lo señalado precedentemente, la Administración Tributaria indicó que, la tramitación de las rectificatorias es separada a la ejecución tributaria, por cuanto la aceptación o rechazo está siendo atendido tomando en cuenta el artículo 28 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), no teniendo efecto legal la rectificación a favor del contribuyente, no pudiendo la solicitud ser tomada como una cuestión previa a la ejecución tributaria, por no estar inserta como tal en el artículo 109 de la Ley No 2492 (CTB) 

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Bajo el mismo razonamiento que el anterior, esta instancia recursiva, se encuentra impedida de pronunciarse a priori, respecto a lo esgrimido por el recurrente como agravio, por cuánto el trámite de solicitud de presentación de Declaraciones Juradas Rectificatorias, culminará con la emisión de un Acto Administrativo, que en su caso podrá ser objeto de impugnación, conforme lo establece el inciso 1) del artículo 4 de la Ley No 3092 (Título V del CTB). 

IV.5. Aplicación del parágrafo V del artículo 2 de la Ley N° 812 El recurrente, continuó manifestando que, el parágrafo V del artículo 2 de la Ley N° 812, establece que, la sanción pecuniaria por contravención de omisión de pago queda extinguida cuando el sujeto pasivo pague hasta el décimo día de notificada el Auto Inicial, siendo que esta norma incentiva al contribuyente el pago de la obligación relega a un segundo plano la multa por contravención tributaria como es la omisión de pago, aclarando que dicha Ley entró en vigencia el 1 de julio de 2016 y la notificación de los PIET’s por las DDJJ fue realizada el 19 de agosto de 2016, causando perjuicio económico, pues la notificación fue antes de los Autos Iniciales de Sumario Contravencional, privando el beneficio del arrepentimiento eficaz, por lo que, en aplicación del artículo 35 de la Ley N° 2341 (LPA), corresponde la nulidad. 

Al respecto, el fisco respondió indicando que, la AIT no es competente para valorar o revisar la emisión y contenido de los actos firmes por no ser el proveido un acto impugnable y sobre la aplicación del arrepentimiento eficaz es necesario referirse a lo dispuesto en el artículo 157 de la Ley N° 2492 (CTB) y el artículo 39 del Decreto Supremo N° 2993, toda vez que, el arrepentimiento eficaz, es aplicable cuando se realiza el pago hasta el décimo día de notificado el Auto Inicial de Sumario Contravencional o hasta antes del inicio de la ejecución tributaria de las DDJJ. 

Asimismo, el sujeto pasivo confesó no reconocer las declaraciones juradas rectificatorias presentadas mediante el portal virtual de la administración tributaria, razón por la cual, se sometió al trámite de solicitud de presentación de Declaraciones Juradas Rectificatorias, la misma como se mencionó anteriormente, culminará con la emisión de un Acto Administrativo. Siendo que el arrepentimiento eficaz es aplicable cuando se realiza el pago hasta el décimo día de notificado el AISC o hasta antes del inicio de la ejecución tributaria de las declaraciones juradas que determinen tributos, se evidencia que el sujeto pasivo pudo acogerse al arrepentimiento eficaz, amparándose precisamente en dicha norma, aspecto que no se verificó en los hechos, no siendo evidente la vulneración de la norma ni procedimiento alguno. 

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En suma, conforme se tiene del alisis realizado, la revisión y verificación de los antecedentes administrativos, el recurrente, no pudo demostrar lo argumentado en su Recurso de Alzada, siendo correcto lo establecido por la Administración Tributaria, correspondiendo a ésta instancia recursiva, confirmar el Proveído N° 24-00945-16 de 12 de octubre de 2016, emitido por la Gerencia Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales. 

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POR TANTO: La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Cochabamba, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del D:S 29894 de 7 de febrero de 2009. 

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RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR el Proveido No – 24-00945-16: de 12 de octubre de 2016, emitido por la Gerencia Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales sea de conformidad con el inciso b) parágrafo I del artículo 212 de la Ley N° 2492 (Título V CTB). 

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SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 de la Ley No 3092 (Título V del CTB), será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. …. . 

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TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley N° 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

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CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 de la Ley N° 2492 (CTB), el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente Resolución de Recurso de Alzada es de 20 días computables a partir de su notificación 

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Regístrese, notifiquese y cumplase. 

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Teresa del Rosario Borda Rocha DIRECTORA EJECUTIVA REGIONAL 

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