ARIT-CBA-RA-0264-2020 Resolución Anulada. Depuración de facturas con calificación de ¨descargos insuficientes¨, sin varolación ni emisión de pronunciamiento fundado de los mismos.

ARIT-CBA-RA-0264-2020

III 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0264/2020 

Recurrente 

Bethzi Gizela Valdez Guzmán,

– –

Administración recurrida 

Gerencia. Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales representada por José Elmer Barrancos Barrientos. 

Acto impugnado 

Determinativa 

N° 

Resolución 172030000219.

Expediente No

.

ARIT-CBA-0163/2020.

.

Lugar y fecha 

;

Cochabamba, 24 de septiembre de 2020.

VISTOS: 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-CBA/ITJ 0264/2020 de 24 de septiembre de 2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

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ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. La Resolución Determinativa N° 172030000219 de 9 de marzo de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, que determinó de oficio obligaciones impositivas de Bethzi Gizela Valdez Guzmán en la suma de UFVS 13.014, correspondientes al tributo omitido actualizado, intereses y sanción por omisión de pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), de los periodos fiscales marzo, mayo, septiembre y noviembre de la gestión 2014; asimismo, calificó la conducta de la sujeto pasivo como omisión de pago, aplicando una sanción equivalente al 100% sobre el tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento. 

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Acto notificado por Cédula, el 16 de marzo de 2020 (fojas 1178-1242 y 1246 de antecedentes administrativos).

TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA. 11.1. Argumentos de la Recurrente. Bethzi Gizela Valdez Guzmán, mediante memoriales presentados el 15 de junio y 1 de julio de 2020 (fojas 65-82 y 86 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 172030000219 de 9 de marzo de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, manifestando lo siguiente:

Que, la Administración Tributaria -conforme cursan a fojas 57, 58, 59 y 60 de la Resolución Determinativa impugnada-, no consideró ni valoró el detalle elaborado por su persona en el memorial de 10 de enero de 2020, donde realizó una explicación detallada sobre el uso -en el servicio que presta- de cada uno de los medicamentos, insumos, etc., relacionados con las facturas observadas de los períodos marzo, mayo, septiembre y noviembre de la gestión 2014; al efecto, reprodujo el contenido del citado memorial, Precisó que, el acto impugnado, no contempla el análisis correspondiente sobre la explicación y justificación que realizó respecto al uso de los productos de las facturas observadas que fueron utilizados al momento de prestar el servicio vinculado a la actividad que desarrolla.

Señaló que, su persona, no omitió el pago del Impuesto al Valor Agregado de los periodos fiscales marzo, mayo, septiembre y noviembre de la gestión 2014; por lo que, no corresponde la aplicación de la sanción por el importe de Bs30.446.- máxime cuando las facturas declaradas guardan plena relación con el servicio prestado.

Reiteró que, la entidad recurrida en la emisión del acto impugnado, en ningún momento consideró la explicación detallada sobre cada insumo (medicamentos y otros) de las facturas observadas, bajo argumento de que: “... no presentó documentación contable, ni medio fehacientes de pago...”, cuando los documentos de descargo a las facturas observadas, cursan en el expediente y sobre los cuales procedió a realizar un detalle específico para que la entidad recurrida pueda realizar un examen completo de la documentación, hecho que adujo no ocurrió, por lo que, in

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

afirmó que la Resolución Determinativa, no fue emitida conforme al análisis integro de los hechos y de la documentación cursante en obrados.

Señaló que, en cumplimiento de los artículos 69, 70, 71 y 73 del Código de Ética y Deontología Médica, no está autorizada a revelar el nombre o historial médico de algún paciente, por lo que, no puede presentar los historiales médicos o lista de pacientes que atendió ylo atiende.

Como fundamentos de derecho, citó los artículos 24 y 117 parágrafo I de la Constitución Política del Estado; 69, 99 y 143 de la Ley 2492; 69, 70, 71 del Código de Ética y Deontología Médica.

Expuso que, la entidad recurrida, hizo hincapié únicamente en el memorial de 12 de diciembre de 2016 y no sobre todo el detalle presentado mediante memorial de 10 de enero de 2020, como objeción a la vista de Cargo.

Explicó que a fojas 58 de obrados, la Administración Tributaria señaló: “... durante el procedimiento de verificación se pudo evidenciar que la contribuyente incumplió con el segundo y tercer requisito; debido a la ausencia de documentación que demuestre el uso, aplicación y vinculación de la compra con la actividad gravada, por lo que no corresponde la apropiación del crédito fiscal de dichas notas fiscales...”, analisis que no guarda relación con los antecedentes del proceso, ya que las facturas y descargos se encuentran en la carpeta y son prueba plena de la utilización de todos los medicamentos, pomadas, insumos, etc., en la prestación del servicio que realiza en calidad de médico. Agregó que, las observaciones no corresponden, toda vez que, mediante memorial de 10 de enero de 2020, aclaró la utilización de cada uno de los productos citados.

Precisó que, la transcripción del memorial de 10 de enero de 2020 en el acto impugnado, no significa el análisis integro del contenido del mismo, y en tal sentido la Resolución

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Determinativa no valoró la prueba y las aclaraciones presentadas por su persona,

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causando una sanción pecuniaria injusta,

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Por los argumentos expuestos, arguyó vulneración del derecho a la valoración de la prueba y en petitorio solicitó la revocatoria total de la Resolución Determinativa No 172030000219 de 9 de marzo de 2020.

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II.2. Auto de Admisión. El 14 de julio de 2020, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Admisión EXPEDIENTE ARIT-CBA-0163/2020, admitiendo el Recurso de Alzada interpuesto por Bethzi Gizela Valdez Guzmán, contra la Resolución Determinativa N° 172030000219 de 9 de marzo de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (fojas 88 del

expediente administrativo).

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria. La Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por Edwin Díaz Ávila, conforme acreditó Resolución Administrativa de Presidencia No 032000000559 de 2 de julio de 2020 (fojas 94-95 del expediente administrativo), por memorial presentado el 4 de agosto de 2020 (fojas 96-99 del expediente administrativo), respondió al Recurso de Alzada con los siguientes fundamentos:

Que, el memorial de 15 de junio de 2020 carece de fundamento, ya que la sujeto pasivo se limitó a señalar que la Administración Tributaria no valoró el detalle efectuado en el memorial de 10 de enero de 2020 y realizó un listado de medicamentos señalando su uso; empero sin efectuar observaciones que desvirtúen el sustento de la determinación tributaria. Al efecto citó el artículo 198 inciso e) de la Ley 2492.

Señaló que, el acto impugnado observó las facturas de los períodos sujetos a revisión, por incumplir con los requisitos de vinculación y materialización de la transacción; y que ahora la sujeto pasivo, sin identificar las observaciones, pretende que el listado de medicamentos sea suficiente para suplir sus deficiencias contables y carencia de respaldo que acredite la correcta apropiación del crédito fiscal.

Sostuvo que, el memorial de 10 de enero de 2020, incluida la lista de medicamentos, fue valorado, conforme cursa en las páginas 57 y siguiente del acto impugnado, ya que otorgó una respuesta motivada y fundamentada, estableciendo que para la correcta apropiación del crédito fiscal deben cumplirse los requisitos dispuestos en los artículos 8 de la Ley 843 y 8 del Decreto Supremo 21530, como ser: Existencia de

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la factura original, vinculación y la efectiva realización de la transacción; por lo que para acreditar tales aspectos, la sujeto pasivo tiene las obligaciones establecidas en el artículos 40 numerales 4,5 y 6 de la Ley 2492.

Manifestó que, la sujeto pasivo no cumplió con su obligación de la carga de la prueba contenida en el artículo 76 de la Ley 2492, por lo que rechazó el listado de medicamentos, mismo que no puede suplir las deficiencias contables y la inexistencia de respaldos que acrediten la correcta apropiación del crédito fiscal.

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Sostuvo que, como sujeto activo sustentó y respaldo la determinación realizada, que se encuentra enmarcada en las disposiciones vigentes y en un análisis refrendado por el Tribunal Supremo de Justicia, por lo que adujo, que actuó de forma correcta al desechar los fundamentos y sustento de la sujeto pasivo, planteados mediante memorial de 10 de enero de 2020, mismos que; no desvirtuaron las observaciones de la Vista de Cargo, máxime cuando no existe respaldo alguno que sustente la vinculación con la actividad gravada ni la materialización de la transacción. Al efecto, citó la Sentencia No 482/2015 de 3 de noviembre que menciona el Auto Supremo No 477 de 22 de noviembre de 2012.

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Explicó que la vinculación refiere a que los bienes, además de ser propios de la actividad comercial, deben ser adquiridos por el sujeto pasivo y destinados única y exclusivamente al servicio que presta

Expresó que, una de las observaciones, también fue la materialización de la transacción, sobre la cual, la recurrente no realizó alegación o fundamentación alguna, por lo que se entiende su conformidad sobre la misma. Precisó que, la sujeto pasivo no presentó la documentación contable requerida, ni prueba alguna que permita establecer que la compra fue efectivamente realizada y utilizada en el servicio que presta, pretendiendo que con un listado simple de medicamentos y señalar su uso, supla la carencia de respaldos sobre la vinculación y la materialización de la transacción. En tal sentido, manifestó que fue correcto el rechazo de los descargos presentados por la sujeto pasivo, mediante memorial de 10 de enero de 2020.

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Refirió que, el criterio contrapuesto que pueda tener la Administración Tributaria, con lo sustentado por la sujeto pasivo, no constituye una falta de valoración de la prueba;

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cuando, bajo un sustento técnico y legal, procedió a señalar los motivos y razones por las cuales los descargos no superaron las observaciones, más aún cuando los argumentos de la ahora recurrente, ya fueron analizados dentro de la Vista de Cargo.

Manifestó que, como Administración Tributaria, no solicitó que la sujeto pasivo incumpla lo dispuesto en los artículos 69 a 71 del Código de Ética y Deontología, pues la documentación requerida en el proceso de fiscalización, fue: Comprobantes de Ingreso y/o Egresos, Libros Diarios de períodos sujetos a revisión, mayores de las cuentas de la gestión 2014, comprobantes de pago, actas y/o comprobantes de recepción, notas de ingresos a almacenes, Kárdex físicos valorados, entre otros, que respalden las facturas y establezcan la vinculación y materialización de la transacción, con los que la sujeto pasivo debería contar, empero que éstos no fueron presentados

Precisó que, respecto a los artículos 24 y 117 parágrafo I de la Constitución Política del Estado, atendió todas las solicitudes de la sujeto pasivo, a través de las cuales pudo ejercer su derecho a la defensa durante todo el desarrollo del proceso de determinación, además de tener conocimiento oportuno de las actuaciones emitidas, por lo que afirmó que no existió indefensión alguna. Agregó que, sobre los artículos 59 y 99 de la Ley 2492, no hay forma alguna de aplicar el principio de buena fe y transparencia de la sujeto pasivo, toda vez que, dentro del proceso de determinación, estableció que no cumplió con los requisitos para la apropiación del crédito fiscal de las facturas objeto de verificación.

Señaló la inexistencia de documentación que permita presumir que la sujeto pasivo compró y empleó los productos consignados en las facturas observadas, pues no se puede otorgar el crédito fiscal a sola palabra, menos pretender que el listado de medicamentos rebata el trabajo de la Administración Tributaria y que se dé por cumplida la norma sin contar con respaldo alguno.

Expuso que, la Vista de Cargo fue emitida el 18 de octubre de 2019 y notificada el 14 de diciembre de 2019, dando inicio al término dispuesto en el artículo 98 de la Ley 2492; por lo que, sostuvo que el término para la emisión y notificación de la Resolución Determinativa, finalizaba el 14 de marzo de 2020, y al ser día sábado, fue recorrida al lunes 16 de marzo del mismo año, fecha en la cual notificó el acto ahora impugnado,

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cumpliendo lo dispuesto en el artículo 99 parágrafo I de la Ley 2492. Precisó que la aclaración, corresponde por la alusión al citado articulo por parte de la sujeto pasivo y a fin de no dejar en indefensión a la entidad fiscal.

Replicó que, actuó conforme a normativa, en respeto del principio de legalidad y que no transgredio derecho alguno, y que sus actuaciones se encuentran respaldadas técnica y legalmente; siendo que los argumentos de la sujeto pasivo carentes de fundamento y no corresponden a los hechos acontecidos.

Por los argumentos expuestos, solicitó confirmar en todas sus partes. la Resolución Determinativa N° 172030000219 de 9 de marzo de 2020.

11.4. Apertura de término probatorio. .. El 5 de agosto de 2020, esta Autoridad – Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Apertura Término de Prueba EXPEDIENTE ARIT CBA-0163/2020 dando inicio al término de prueba de 20 días comunes y perentorios para ambas partes, en aplicación del inciso d) artículo 218 del Código Tributario Boliviano (CTB) (fojas 100 del expediente administrativo).’

El 24 de agosto de 2020, José Elmer Barrancos Barrientos, mediante memorial se apersonó como representante legal de la Administración Tributaria conforme acredito con la Resolución Administrativa de Presidencia No 032000000725 de 11 de agosto de 2020 (fojas 102-103 del expediente administrativo). Asimismo, ratificó en calidad de prueba los antecedentes administrativos, acompañados al memorial de respuesta al Recurso de Alzada, para su análisis y valoración en la correspondiente Resolución, y reiteró su petición de confirmar el acto impugnado (fojas 104 del expediente administrativo)

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11.5. Alegatos. El 9 de septiembre de 2020, la Administración Tributaria presentó memorial de alegatos, reiterando los argumentos del memorial de respuesta al recurso de alzada, inherentes a que la sujeto pasivo no cumplió con lo dispuesto en el artículo 198 inciso e) de la Ley 2492 y que corresponde la determinación realizada en el acto impugnado, toda vez que la sujeto pasivo no presentó documentación (registros contables, notas de ingresos y salidas de 

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almacén, Kárdex, Estados Financieros, etc.) que respalde las facturas observadas. Asimismo, señaló que, corresponde considerar lo dispuesto en el artículo 71 parágrafo VI de la Ley 2492, sobre lo pretendido por la recurrente al citar los artículos 69 a 71 de Código de Ética y Deontologia Médica (fojas 107-108 de expediente administrativo).

Dentro el plazo establecido en el parágrafo II del artículo 210 del Código Tributario Boliviano (CTB), la parte recurrente no presentó alegatos. 

III. 

ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA. El 25 de noviembre de 2016, la Administración Tributaria emitió la Orden de Verificación N° 016OVE02947 a efecto de verificar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) (Verificación Crédito IVA) de los períodos marzo, mayo, septiembre y noviembre de la gestión 2014, de la sujeto pasivo Bethzi Gizela Valdez Guzmán. Acto notificado de manera personal a la prenombrada, el 29 de noviembre de 2016 (fojas 11 de antecedentes administrativos).

El 25 de noviembre de 2016, la Administración Tributaria emitió el Detalle de Diferencias N° 016OVE02947, Form. 7531, detallando el importe de la Casilla 26 del Formulario 200, respecto a cada período fiscal sujeto a verificación y solicitando a la sujeto pasivo documentación consistente en: Declaraciones Juradas de los períodos observados (Fom. 200 0 210); Libro de Compras IVA de los períodos observados; facturas originales que respalden las transacciones de compras; y otra documentación que el fiscalizador asignado considere necesario durante el proceso de verificación. Acto notificado de manera personal, el 29 de noviembre de 2016 (fojas 11-12 de antecedentes administrativos).

El 26 de octubre de 2017, la Administración Tributaria, emitió la Nota No 061730009422, mediante la cual solicitó a la sujeto pasivo, documentación que demuestre el uso, aplicación y vinculación de la compra con la actividad gravada; Comprobantes de Ingreso y/o Egreso; Libros Diario; mayores; Comprobantes de Pago; Actas y/o Comprobantes de Recepción-Entrega; Notas de Ingreso y Salidas de Almacenes; Kardex Físico y Valorado; contratos suscritos con proveedores (si corresponde); Estados Financieros de la gestión 2014 y cualquier otro documento que respalde las facturas según la Orden de Verificación. Acto notificado por cédula, el 9 de noviembre de 2017 (fojas 19 y 22 de antecedentes administrativos).

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El 12 de diciembre de 2016, la sujeto pasivo presentó nota con referencia “DESCARGO”, donde señaló, la forma de trabajo que realizó (venta de servicios en el área de salud); a nivel de ejemplo, señaló diagnósticos y el tratamiento (medicamentos) que sería necesario para los mismos; manifestó que todo lo comprado tuvo un uso específico en la actividad diaria que realizaba; aclaró que, dependiendo a las temporadas, varía el uso del tipo de medicamento; donde realizó las compras; la forma de facturación; y manifestó que no cuenta con un inventario; empero, adjunta fotografías sobre el uso de las diferentes compras. Adjunto fotografias de diferentes medicamentos y de facturas de ventas (fojas 956-964 de antecedentes administrativos).

El 18 de octubre de 2019, la Administración Tributaria, emitió la Vista de Cargo No 2919390000883, que liquido de manera preliminar la deuda tributaria en UFVS, 12.867, equivalente wa Bs29.844.-, correspondiente..al Impuesto al Valor Agregado (IVA) actualizado, interés y sanción por la calificación preliminar de la conducta. Acto notificado mediante cédula a Bethzi Gizela Valdez Guzmán, el 14 de diciembre de 2019 (fojas 1081 1111 y 1115 de antecedentes administrativos).

El 10 de enero de 2020, la sujeto pasivo presentó memorial de descargo a la vista de Cargo, señalando que la explicación realizada en nota presentada el 12 de diciembre de 2016; no fue considerado por la Administración Tributaria, desconociendo que acompañó las facturas emitidas por su persona; aclaró que, lo advertido en la fotografías adjuntas, cambia de acuerdo a los períodos.

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Extendió manifestando que, la Administración Tributaria no realizó un análisis integro al servicio que ofrece como sujeto pasivo, puesto que al aplicar el tratamiento correspondiente, se requiere de una diversidad de medicamentos; que su persona, en ningún momento pretendió simular operaciones para disminuir la carga fiscal y si bien en la nota de 12 de diciembre de 2016 realizó una explicación general, no significa no haber realizado las declaraciones correspondientes de los períodos sujetos a verificación. Agregó que al realizar la venta de sus servicios y requerir ciertos medicamentos u otros para aplicar al tratamiento de pacientes, confirma la utilización de todo el material o medicamento, debidamente declarado. Añadió que, respecto a las inspecciones oculares programadas, su persona, lamentablemente, no dispone de tiempo.

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Asimismo, en el prenombrado memorial de descargo a la vista de Cargo, señaló que, al desconocer el sujeto activo, sobre todos los medicamentos, pomadas, insumos, etc., utilizados para la venta del servicio que realizó, los mismos fueron observados sin la existencia de un análisis integro de cada uno de ellos, de los cuales procedió a detallar su pertinente aplicación. Párrafos siguientes, enumeró los diferentes conceptos (1 a 737) y señaló el uso de cada uno de ellos. Citó los artículos 24 y 117 parágrafo | de la Constitución Política del Estado; 69, 76, 81, 98 y 99 de la Ley 2492; 69, 70, 71 del Código de Ética y Deontología Médica.

Manifestó que, demostró y cumplió con su obligación tributaria de declarar de manera correcta el crédito fiscal de los períodos sujetos a verificación y que además detalló y justificó uno por uno la utilización de cada medicamento, insumos, pomadas, etc.; por lo que solicitó tomar en cuenta dichos aspectos a momento de emitir la Resolución correspondiente. Finalmente, señaló que desconocia de la Nota No 061730009422, misma que fue advertida al obtener fotocopias de todo el expediente; y ofreció como prueba documental, el talonario de facturas original y las facturas de compras.

El 9 de marzo de 2020, la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Resolución Determinativa N° 172030000219, determinando de oficio, obligaciones impositivas de Bethzi Gizela Valdez Guzmán en la suma de UFVs 13.014, correspondientes al tributo omitido actualizado, intereses y sanción por omisión de pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), de los períodos fiscales marzo, mayo, septiembre y noviembre de la gestión 2014; asimismo, calificó la conducta de la sujeto pasivo como omisión de pago, aplicando una sanción equivalente al 100% sobre el tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento. Acto notificado mediante Cédula, el 16 de marzo de 2020 (fojas 1178-1242 y 1246 de antecedentes administrativos).

  1. IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA.

Conforme lo establece el parágrafo I del artículo 211 del Código Tributario Boliviano, ésta instancia recursiva ingresará a resolver los reclamos señalados por Bethzi Gizela Valdez Guzmán en su recurso de alzada, dentro de los cuales planteó para el análisis técnico jurídico los siguientes aspectos: 1. Falta de valoración de descargos; 2. Las facturas declaradas guardan plena relación con el servicio prestado y 3. Inexistencia

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de omisión en el pago del Impuesto al Valor Agregado de los períodos fiscales marzo, mayo, septiembre y noviembre de la gestión 2014.

Antes de ingresar al análisis técnico jurídico, corresponde dejar en manifiesto que, conforme a lo detallado en el párrafo anterior, pudo evidenciarse que la parte recurrente planteó aspectos tanto de forma como de fondo; no obstante de ello, en el petitorio de su Recurso de Alzada solicitó la revocatoria total del acto impugnado; en tal sentido, de acuerdo a los principios procesales y en resguardo del debido proceso y el derecho a la defensa de ambas partes, esta instancia recursiva, no puede dejar de lado el análisis de los vicios procesales denunciados, razón por la cual, inicialmente serán atendidos los aspectos de forma reclamados y en caso de no ser evidentes, corresponderá la evaluación de los aspectos de fondo para determinar lo que en derecho corresponda.

IV.1. Cuestión previa

– – La Administración Tributaria, a tiempo de emitir respuesta al Recurso de Alzada, manifestó que el memorial de 15 de junio de 2020 carece de fundamento, toda vez que la sujeto pasivo se limitó a señalar, que la Administración Tributaria no valoró el detalle efectuado en el memorial de 10 de enero de 2020 donde realizó un listado de medicamentos señalando su uso, omitiendo efectuar observaciones que desvirtúen el sustento de la determinación tributaria. Al efecto citó el artículo 198 inciso e) de la Ley 2492

Al respecto es importante señalar que, el artículo 198 parágrafo l inciso e) de la Ley 2492, dispone: “Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, debiendo contener: (…) e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide

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En ese contexto, de la lectura integra al Recurso presentado por la sujeto pasivo mediante

memoriales de 15 de junio y 1 de julio de 2020, se tiene que, la parte recurrente señaló SIRY

que la Administración Tributaria le habría causado agravios en la emisión de la Resolución

Determinativa impugnada, por lo que realizó reclamos, tanto de forma como de fondo, Sic deberto Moje treba ) siendo éstos: 1. Falta de valoración de la explicación realizada en el memorial de 10 de

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enero de 2020, sobre el uso de los insumos según facturas observadas; 2. Que el antecedente cursa la documentación de respaldo, entre ellos la explicación realizada en el memorial de 10 de enero de 2020, respecto a la utilización de los insumos (según facturas observadas) en el servicio que presta como médico, la que no fue considerada; y 3. Que, no omitió el pago del Impuesto al Valor Agregado de los períodos fiscales marzo, mayo, septiembre y noviembre de la gestión 2014, por lo que no corresponde la aplicación de la sanción por el importe de Bs30.446.-.

En consecuencia, se tiene que la recurrente sí fundamentó el Recurso de Alzada, señalando los agravios causados por la Resolución Determinativa, dando a entender que en la misma no fueron valorados y tampoco considerados los descargos aportados; por lo que al ser, evidente que la parte recurrente señaló los agravios de forma y fondo, así como las razones por las que consideró la configuración de los mismos; corresponde desestimar el reclamo planteado por la Administración Tributaria, respecto al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 198 parágrafo I inciso e) de la Ley 2492.

IV.2. Falta de valoración de descargos. La sujeto pasivo señaló que, la Administración Tributaria, conforme cursa a fojas 57 a 60 del acto impugnado, no consideró ni valoró el detalle elaborado por su persona mediante memorial de 10 de enero de 2020, donde realizó una explicación detallada sobre el uso, de cada uno de los medicamentos, insumos, etc. -en el servicio que presta-, de las facturas observadas por los periodos marzo, mayo, septiembre y noviembre de la gestión 2014. Expuso que, la entidad recurrida realizó hincapié únicamente en el memorial de 12 de diciembre de 2016 y no sobre todo el detalle respecto al uso de los insumos expuesto en el memorial de 10 de enero de 2020, presentado como objeción a la vista de Cargo. Precisó que, la transcripción del memorial de 10 de enero de 2020 en el acto impugnado, no significa el análisis integro del mismo, por lo que afirmó que la Resolución Determinativa no valoró la prueba y las

aclaraciones presentadas.

de 

Por su parte, la Administración Tributaria sostuvo que, el memorial de 10 de enero de 2020, incluida la lista de medicamentos, fue valorada conforme las páginas 57 y siguientes del acto impugnado, ya que otorgó una respuesta motivada y fundamentada, estableciendo que para la correcta apropiación del crédito fiscal deben

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cumplirse los requisitos dispuestos en los artículos 8 de la Ley 843 y 8 del Decreto Supremo 21530.

Refirió que, el criterio contrapuesto que pueda tener la Administración Tributaria, con lo sustentado por la sujeto pasivo, no constituye en falta de valoración de la prueba; cuando bajo un sustento técnico y legal procedió a señalar los motivos y razones por las cuales, los descargos no superaron las observaciones, más aún cuando los argumentos de la ahora recurrente, ya fueron analizados dentro de la Vista de Cargo.

Al respecto, cabe traer a colación la Sentencia Constitucional N° 0871/2010 de 10 de agosto de 2010, que señala es: “imperante además precisar que toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso, debe contener los siguientes aspectos a saber a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e), Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor. probatorio especifico a cada uno de ellos de forma motivada, 1) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado”

En el ordenamiento jurídico, los parágrafos I y Il del artículo 115 de la Constitución Política

del Estado, establecen que toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legitimos; y que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.

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Por otra parte, el parágrafo II del artículo 36 de la Ley 2341, aplicable supletoriamente por disposición de los artículos 74 numeral 1 y 201 del Código Tributario Boliviano, señala que el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los 

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requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. Asimismo, el artículo 55 del Decreto Supremo 27113, prevé que es procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público.

En la normativa tributaria, se tiene que los numerales 2 y 7 del artículo 68 de la Ley 2492 disponen como derechos del sujeto pasivo -entre otros. “2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones reglamentarias, dentro de los plazos establecidos (…) 7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos 

competentes al redactar la correspondiente Resolución’. 

Sobre la Resolución Determinativa, el artículo 99 parágrafo II de la Ley 2492 establece que: “1. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa

La normativa expuesta precedentemente, permite colegir que es deber de la Administración Tributaria efectuar una valoración y análisis de todos y cada uno de los argumentos y documentos que fueron presentados durante la sustanciación del procedimiento determinativo, efectuando un pronunciamiento debidamente fundamentado, ya sea positivo o negativo a las pretensiones, alegaciones y solicitudes del administrado, aspecto que será verificado, en consideración a que la recurrente reclamo la falta de valoración sobre el detalle y explicación que realizó, mediante memorial de 10 de enero de 2020, presentado a la Administración Tributaria como descargo a la Vista de Cargo, respecto al uso de los insumos consignados en las facturas observadas, en el servicio que presta.

En ese contexto, de la compulsa de los antecedentes administrativo, se advierte que producto del proceso de determinación iniciado con la Orden de Verificación N°

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bollvia

0160VE02947, el 14 de diciembre de 2019 la sujeto pasivo fue notificada con la vista de Cargo N° 2919390000883 que liquido de manera preliminar la deuda tributaria en UFVs 12.867 equivalentes a Bs29.844.- correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) actualizado, interés y sanción por la calificación preliminar de la conducta (fojas 11-12, 1081-1111 y 1115 de antecedentes administrativos).

En respuesta, el 10 de enero de 2020, la ahora recurrente presentó memorial de descargo a la citada Vista de Cargo, donde después de señalar diferentes argumentos como: a) La presentación de memorial el 12 de diciembre de 2016 (explicación general realizada sobre el uso de los insumos según facturas observadas, aspectos que no fueron considerados por la Administración Tributaria, desconociendo que acompañó las facturas emitidas por su persona); b) Que, para la venta de sus servicios requiere medicamentos e insumos, a ser aplicados a los respectivos tratamientos de los pacientes, lo que confirma la utilización de todo el material o medicamento, debidamente declarado; entre otros. (fojas 1128 de antecedentes administrativos).

En párrafos siguientes del citado memorial de descargo procedió a detallar la aplicación de cada insumo (medicamentos, pomadas, etc.) debido a que el sujeto activo desconocía sobre los mismos y que además fueron utilizados para la venta del servicio que realizó, hecho que fue observado sin la existencia de un análisis integro sobre cada uno de ellos. A continuación, enumeró los diferentes conceptos (1 a 737), señaló el uso de cada uno de ellos y sostuvo haber demostrado el cumplimiento de su obligación tributaria, al declarar de manera correcta el crédito fiscal de los períodos sujetos a verificación, toda vez que detalló y justificó uno por uno la utilización de cada insumo (medicamentos, pomadas, etc.); por lo que, solicitó tomar en cuenta dichos aspectos a momento de emitir la correspondiente Resolución (fojas 1129-1145 de antecedentes administrativos).

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El 9 de marzo de 2020, la Administración Tributaria, emitió la Resolución Determinativa No 172030000219 y en su “CONSIDERANDO“, bajo el título Impuesto al Valor Agregado (IVA) – Crédito Fiscal“, señaló que, depuró el crédito fiscal, por la falta de documentación que evidencie la efectiva realización de la transacción y su vinculación con la actividad gravada, y porque no se encuentran emitidas a nombre y NIT de la ahora recurrente (página 2 del acto impugnado).

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Asimismo, detalló la documentación presentada por la sujeto pasivo (Nota aclaratoria, fotografías de algunos medicamentos y facturas de ventas); sobre los mencionados documentos, manifestó: “(…) si bien en dicha Nota se aclara el uso y destino de algunas de las compras detalladas en las facturas observadas y que se observan en las fotografias (sin que medie registro contable de las transacciones que se hubiesen realizado), esta es de manera general respecto a la gran variedad y cantidad de medicamentos supuestamente adquiridos para los servicios prestados por la contribuyente, toda vez que no acompañó documentación que demuestre haberse efectivizado las compras realizadas, la contribuyente debió demostrar con documentación idónea, que realizó las transacciones y acreditar que las mismas se encuentran en los registros contables elaborados, que serian sujetos de verificación, por lo tanto no demuestra claramente la materialidad de la transacción” (página 2 del acto impugnado).

En párrafos siguientes del acto impugnado, la entidad recurrida detalló las 57 facturas de ventas, emitidas por la sujeto pasivo (página 2-4 del acto impugnado), señalando que, corresponden a servicios profesionales y/o en su mayoría a servicios relacionados a la especialidad de gastroenterología, sin que se pueda identificar o verificar otro tipo de servicio y/o tratamiento relacionado con las distintas compras detalladas en las facturas 

observadas; por lo que, concluyó que no demuestra claramente la vinculación de las compras con la actividad gravada (páginas 2-4 del acto impugnado).

Continuando con la lectura de la Resolución recurrida, se advierte que el Servicio de Impuestos Nacionales, se refirió al requerimiento de documentación que efectuó a la sujeto pasivo mediante Nota No 061730009422 y la inspección ocular realizada en el domicilio fiscal de la misma. Párrafos siguientes, después de plasmar los artículos 4 inciso a) de la Ley 843; 8, 69, 70 (numerales 4 y 5), 76 de la Ley 2492; 36 y 44 del Código de Comercio, precisó que la sujeto pasivo no manifestó constancia escrita alguna sobre el impedimento a la presentación de documentación en calidad de prueba con juramento de reciente obtención, conforme el artículo 81 de la Ley 2492. Extendió citando más normativa (página 4-6 del acto impugnado).

Posteriormente, la Administración Tributaria en la referida Resolución No 172030000219 plasmó el cuadro denominado: “DETALLE DE FACTURAS OBSERVADAS SEGÚN ORDEN DE VERIFICACIÓN GESTIÓN: 2014 PERIODOS: MARZO, MAYO

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SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE, exponiendo información (fecha de emisión, NIT proveedor, importes, concepto de la factura, importe observado, entre otros) de las 735 facturas de compras observadas de los periodos objeto de verificación, así como las observaciones bajo los códigos 1 a 8; igualmente, mostró la base imponible determinada en el CUADRO COMPARATIVO DE LAS COMPRAS Y DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO OMITIDO IVA (…)”; señalando la inexistencia de incumplimiento a deberes formales, para luego plasmar la liquidación previa de adeudos a momento de la emisión de la Vista de Cargo N° 2919300000883; y refirió la emisión y notificación de dicho actuado (páginas 6-35 del acto impugnado).

Prosiguiendo con el análisis del acto impugnado, se tiene que, en el “CONSIDERANDO I!”, la Administración Tributaria, señaló que, la sujeto pasivo, presentó descargos’a la Vista de Cargo, mediante memorial de 10 de enero de 2020, adjuntando dos talonarios de facturas de ventas; agregó que, los documentos fueron presentados dentro de la Orden de Verificación. A continuación, transcribió inextenso el citado memorial de descargo (páginas 35-57 del acto impugnado).

Transcrito el memorial de 10 de enero de 2020, la entidad recurrida, bajo el título “Con respecto al punto I y II”, señaló la nota presentada el 12 de diciembre de 2016 por la sujeto pasivo, manifestando “16...) realiza una aclaración general, respecto a las compras sujetas a observación, sobre el uso y destino de las compras observadas donde acompaña (...) algunas fotografías (...)”, sostuvo que, los aspectos señalados por la sujeto pasivo, corresponde a los periodos marzo y mayo de la gestión 2016, cuando el alcance de la Orden de Verificación incumbe a los periodos de marzo, mayo, septiembre y noviembre de la gestión 2014; empero, que realizó la valoración conforme a las reglas de la sana critica establecidas en el artículo 81 de la Ley 2492, concluyendo que no fueron suficientes, debido a que no acompañó documentación que demuestre la materialización de la transacción (respaldo fehaciente de pago y documentos contables) de las compras sujetas a observación. Asimismo, señaló que el 26 de octubre de 2017, solicitó nuevamente documentación de respaldo a la sujeto pasivo, quien no presentó y tampoco dejó expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, conforme Acta de Acciones y Omisiones (páginas 57-58 del acto impugnado).

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En párrafos siguientes del acto impugnado, la entidad recaudadora, refirió normativa inherente a los requisitos para la apropiación del crédito fiscal, la existencia del hecho

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imponible, entre otros. Citó los artículos 8 inciso a) de la Ley 843; 8 del Decreto Supremo 21530 y 17 de la Ley 2492. Extendió enumerando los requisitos para el beneficio del crédito fiscal IVA (existencia de la factura original; compra vinculada con la actividad; efectiva realización de la transacción y el cumplimiento de las formalidades establecidas

en normativa aplicable al efecto), y que la apropiación del crédito fiscal depende del cumplimiento de requisitos sustanciales y formafes, que permitan establecer la existencia del hecho imponible, a fin de que la Administración Tributaria pueda considerarlos como válidos para fines fiscales. Concluyó manifestante que la sujeto pasivo incumplió con el segundo y tercer requisito; debido a: “(...) la ausencia de documentos que demuestren el uso, aplicación y vinculación de la compra con la actividad gravada, por lo que no corresponde la apropiación del crédito fiscal de dichas notas fiscales

Asimismo, el Servicio de Impuestos Nacionales en la Resolución impugnada, citó los artículos 70 numerales 4, 5, 6 de la Ley 2492; 36, 37 y 40 del Código de Comercio; así como el contenido del referido marco legal, precisando las amplias facultades con las que cuenta como Administración Tributaria; que las notas fiscales no tienen validez por sí mismas para el cómputo del crédito fiscal; que es obligación del sujeto pasivo demostrar las cuantías de sus créditos impositivos; entre otros. Para después sostener que “(...) la contribuyente no logró demostrar la efectiva materialización de la transacción, ni el medio fehaciente de pago de las transacciones correspondientes a las facturas observadas de este proveedor, correspondiendo en consecuencia la depuración de las mismas“, y que fundamentó la observación de las facturas depuradas. Citó el Principio de Economía, Simplicidad y Celeridad, así como los artículos 4 inciso k) de la Ley 2341; y 115 parágrafo Il de la Constitución Política del Estado. Agregó que, la sujeto pasivo gozo de todas las prerrogativas que la Ley le otorga para asumir defensa y desvirtuar las observaciones, pudiendo presentar todos los descargos que hacen a la materialización de las transacciones (páginas 58-59 del acto impugnado).

Extendió sus argumentos la entidad fiscalizadora, señalando: “En fecha 10 de enero de 2020 mediante memorial la contribuyente presenta descargos a la Vista de Cargo, por lo que corresponde referir que la contribuyente presenta la misma documentación que había sido requerida mediante la Orden de Verificación, resultando meramente dilatoria v redundante al va haberse valorado dentro de la Vista de Cargo no siendo suficientes para desvirtuar la deuda sobre la vinculación y materialidad de las 

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transacciones relacionadas con las notas fiscales, por lo que NO puede traducirse como 

la falta de valoración de la prueba(el resaltado es nuestro) (página 59 del acto impugnado).

Continuando con la lectura de la Resolución Determinativa impugnada, sobre el memorial de 10 de enero de 2020, presentado por la sujeto pasivo como descargo a la vista de Cargo, se advierte que la Administración Tributara, sostuvo que en el referido actuado, efectuó un análisis respecto a la valoración y verificación de las pruebas presentadas por la contribuyente, determinando que la misma no fue suficiente para desvirtuar los cargos establecidos; asimismo, indicó que, la valoración fue realizada conforme disponen los artículos 8 de la Ley 843; 8 del Decreto Supremo 21530; 70, 76 y 81 de la Ley 2492, lo que no podría traducirse como falta de valoración de la prueba.

Asimismo, en el acto recurrida la Administración Tributaria se refirió a las inspecciones oculares programadas y citó los artículos 76, 77 parágrafo III y 81 de la Ley 2492; resaltando que la sujeto pasivo tenía acceso a los antecedentes administrativos y también contaba con los plazos habilitados por Ley para asumir defensa; refirió las Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ 0198/2013, AGIT-RJ 07009/2014 y AGIT-RJ 0459/2014, replicando que, la eficacia probatoria de la factura depende del cumplimiento de los requisitos de validez y autenticidad dispuestos en la normativa, toda vez que, una factura constituye un documento que prueba el hecho generador relacionado con un débito o crédito fiscal que, para su validez tiene que ser corroborado con otras pruebas o documentos que demuestren que se efectuó la transacción; y que, como Administración Tributaria, actuó con absoluta legalidad y tiene plena competencia para exigir en el marco del debido proceso, lo que por derecho le corresponde al Estado, a tras de un proceso determinativo (página 60 del acto impugnado).

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De la misma forma, bajo el título “PETITORIO”, “OTROSI PRIMERO, del acto impugnado, la entidad recurrida señaló que: ...) solicitó a la empresa la presentación de documentación que permita establecer la verdad de los hechos, por tanto, se desvirtúan las observaciones realizadas por la contribuyente, siendo la mencionada 

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debió demostrar sus aseveraciones y en su caso la razonabilidad del mismo, est

extremno no ocurrió, al no contar esta con documentos que contrarresten o se contrapongan a la correcta determinación de esta Gerencia Tributaria, alegando 

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argumentos superfluos, dilatorios e inconducentes(el resaltado es nuestro) (página 61 del acto impugnado).

En el párrafo siguiente, la entidad recaudadora se refirió a la notificación de la Nota No 061730009422 (solicitud de documentación); reiterando que durante el proceso de verificación y a la conclusión de este, dio a conocer a la sujeto pasivo todas la actuaciones; precisó que, sobre la determinación realizada como sujeto activo-, agotó absolutamente todos los medios de prueba para obtener los elementos que tiene relación al hecho generador y estableció con claridad cuáles fueron los elementos de hecho y derecho que establecieron la determinación de la deuda tributaria (página 61 del acto impugnado).

De la misma forma, bajo el título OTROSI TERCERO” del acto impugnado, la Administración Tributaria señaló que: “Respecto a la prueba acompañada, la misma se tacha de manifiestamente inconducente, meramente dilatoria v superflua, toda vez que, NO está dirigida a aportar datos objetivos o nuevos elementos al proceso de determinación, que no estén insertos en el legajo administrativo establecidos en la Vista de Cargo(el resaltado es nuestro). Reiteró que, las facturas o notas fiscales deben contar con respaldo suficiente para demostrar la efectiva realización las transacciones; que, no tienen validez por sí mismas para el cómputo del crédito fiscal; asimismo, manifestó que los criterios de observación fueron clasificados bajo los criterios descritos en fojas 6-34 del cuerpo de antecedentes. 

La Administración Tributaria extendió sus argumentos en la Resolución impugnada, señalando la inexistencia de documentación de respaldo que le permita comprobar la efectiva realización de las transacción y la vinculación de las mismas; precisando también, las facultades de la Administración Tributaria para requerir documentación pertinente a la sujeto pasivo; que la contribuyente no presentó la documentación solicitada mediante nota No 061730009422 y que mediante memorial de 10 de enero de 2020, la sujeto pasivo manifestó expresamente, no contar con más documentos a objeto de desvirtuar las observaciones aludidas. Por lo que sostuvo: “(…) corresponde ratificar los importes y conceptos realizados inicialmente en la vista de Cargo, debido a que no cuenta con documentación suficiente que contraponga a la determinación realizada por la Administración Tributaria” (páginas 61-62 del acto impugnado).

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Asimismo, la entidad recurrida en el acto impugnado, manifestó: “(…) los descargos presentados por la contribuyente, no son suficientes, no obstante de ser estos valorados con imparcialidad y habérseles otorgado el valor que tienen, éstos no deben carecer de los elementos básicos como probidad, documentación base de respaldo y vinculación a la actividad del contribuyente, así como contar con los debidos medios de pagos y elementos que hacen a la validez de los documentos aportados, los que no podrán ser admitidos como válidos si no se encuentran enmarcados en la norma legal, concluyendo que la contribuyente no ha proporcionado documentación relacionada con las operaciones comerciales o transacciones efectuadas” (el subrayado es nuestro). Bajo el título “OTROSI CUARTO Y QUINTO”, refirió que como Administración Tributària procederá a realizar las notificaciones en el domicilio fiscal declarado (páginas 62 del acto impugnado).

Finalmente el Servicio de Impuestos Nacionales señaló: “(…) establecidos y desarrollados los argumentos de hecho y derecho, los descargos presentados como alegatos en fecha 10/01/2020, así como los documentos acompañados como prueba, estos se consideran insuficientes para desvirtuar o dejar sin efecto la deuda tributaria establecida en la Vista de Cargo N° 291930000883 (...), en mérito al artículo 81° de la Ley 2492 y lo referido ut supra, concluimos que estos argumentos no revisten ‘elementos oponibles a la presente determinación por lo que corresponde ratificar los reparos establecidos, reliquidando la deuda tributaria conforme establece la normativa vigente” (las negrillas y subrayados son nuestros). Por lo que ratificó la conducta de la sujeto pasivo como omisión de pago (páginas 62 de acto impugnado).

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Expuesto el contenido integro de la Resolución Determinativa impugnada, se tiene que la Administración Tributaria, señaló que las facturas observadas carecen de documentación que le permita verificar la efectiva realización de las transacciones y la vinculación con la actividad gravada de la sujeto pasivo; mostró las facturas objeto de observación; plasmó las características de las notas fiscales para el beneficio del crédito fiscal; enumero los requisitos para el cómputo del crédito fiscal y citó normativa inherente al respecto.

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Asimismo, es evidente que la entidad recurrida, se limitó a transcribir el contenido del memorial presentado por la sujeto pasivo, el 10 de enero de 2020, como descargo a la Vista de Cargo y desestimar la documentación presentada, sosteniendo que ésta ya fue presentada a requerimiento de la Orden de Verificación, por lo que calificó a la misma

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como (...) meramente dilatora y redundante al ya haberse valorado dentro de la Vista de Cargo

De la misma forma, calificó los argumentos de descargo de la sujeto pasivo, como “(...) insuficientes para desvirtuar o dejar sin efecto la deuda tributaria establecida en la Vista de Cargo (...), en mérito al artículo 81° de la Ley N°2492 (…) que estos argumentos no revisten elementos oponibles a la presente determinación(subrayado es nuestro) (páginas 62 de acto impugnado).

Sin embargo, conforme la lectura y análisis al contenido integro del acto impugnado (expuesto en párrafos previos), se advierte que la Administración Tributaria, no efectuó una valoración técnico legal sobre la explicación realizada por la sujeto pasivo, en el memorial presentado el 10 de enero de 2020, respecto al uso de los insumos (medicamentos y otros), según facturas observadas, limitándose a señalar su insuficiencia para desvirtuar la deuda tributaria, obviando especificar las razones para calificar sus argumentos de descargo como dilatorios o insuficientes; cuando los mismos a entender de Bethzi Gizela Valdez Guzmán, demostrarían la vinculación con la actividad que realiza; aspecto último que formaría parte de las observaciones formuladas por el Servicio de Impuestos Nacionales, razón por la cual resulta necesario un análisis de los argumentos y pronunciamiento para entender la desestimación de los mismos

A lo señalado previamente, se suma el hecho de que la entidad recurrida, únicamente transcribió la explicación realizada por la sujeto pasivo respecto al uso de los insumos, como parte del memorial de descargo (páginas 37-55 del acto impugnado); sin exponer su postura sobre esa explicación y/o cuales las razones para considerar dichos argumentos de descargo, como insuficientes para desestimar las observaciones arribadas; por lo que mal podría la Administración Tributaria, concluir que “estos argumentos no revisten elementos oponibles a la presente determinación(páginas 62 de acto impugnado), cuando no expone análisis alguno, mucho menos una valoración, sobre las aseveraciones de la sujeto pasivo.

Asimismo, la entidad recurrida no puede limitarse a señalar que los descargo presentados mediante memorial de 10 de enero de 2020, ya fueron presentados a la notificación de la Orden de Verificación y contemplados en la vista de Cargo, olvidando que los descargos

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no se limitan a documentos (en el presente caso facturas de ventas o comprobantes contables) sino también, forman parte los argumentos que los administrados exponen en virtud a las observaciones que le fueron comunicados mediante el acto administrativo preliminar del proceso de verificación (Vista de Cargo); por lo que resulta obligación de la Administración Tributaria, emitir pronunciamiento fundado sobre los argumentos de descargo presentados por los administrados, a fin de permitirle conocer las razones técnico legales por las cuales consideró que dichos argumentos, fueron considerados como insuficientes para desvirtuar las observaciones, aspecto que en el presente caso no aconteció.

Lo expuesto, hace evidente el reclamo planteado por la recurrente, respecto a que la explicación realizada sobre el uso de los insumos de las facturas observadas, no mereció un pronunciamiento por parte de la entidad recurrida; es decir, dicha entidad omitió exponer los criterios para desestimar el contenido de los argumentos de descargo formulados por la parte recurrente; lo que se traduce en una vulneración al debido proceso en su vertiente derecho a la defensa de la sujeto pasivo, por cuanto la entidad recurrida no le permitió conocer el razonamiento „tilizado por la entidad recurrida, como resultado de una valoración, para desestimar los argumentos expuestos como descargo y en ese sentido, la vinculación con la actividad gravada, máxime cuando la ahora recurrente comunicó a la entidad recurrida que procedió a realizar dicha explicación así como su detalle, a fin de demostrar la vinculación y el uso de cada insumo cursante en las facturas observadas

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Tal es así, que la sujeto pasivo en el memorial de 10 de enero de 2020, después de realizar la explicación sobre el uso de 737 insumos (medicamentos, pomadas y otros), manifestó “(...) en el presente memorial, queda demostrado que mi persona No incumplió con su obligación tributaria, toda vez que declaré el Crédito Fiscal de los periodos marzo, mayo, septiembre y noviembre de la gestión 2004, de manera correcta y que por tal motivo en el parágrafo I, del presente escrito procedí a detallar y justificar uno por uno la utilización de cada medicamento, insumos pomadas, etc., por lo que pido a su Autoridad, tomar en cuenta estos aspectos al momento de emitirla Resolución correspondiente” (el subrayado es nuestro) (fojas 1145 de antecedentes administrativos); siendo evidente, que además de poner en manifiesto el objetivo de la explicación, solicitó que dichos aspectos sean tomados en cuenta al momento de emitir la correspondiente Resolución.

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NB/50 

9001 IBNORCA SET DOG Certificador 71/

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kemachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Av. Oquendo NP 381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (591-4) 4140011 -4140012. www.ait.gob.bo. Cochabamba, Bolivia

Por consiguiente, esta instancia recursiva pudo corroborar que la Administración Tributaria no emitió pronunciamiento expreso y fundado sobre los argumentos -explicación y detalle el uso de cada insumo cursante en la facturas observadas, a fin de demostrar la vinculación- expuestos por la sujeto pasivo, en el memorial presentado el 10 de enero de 2020, como descargo a la Vista de Cargo, máxime cuando a criterio de la recurrente, estos argumentos respaldaron las observaciones de la entidad recurrida, sobre la falta de vinculación con su actividad gravada; y contrariamente la Administración

Tributaria sin previa valoración o análisis técnico y legal, se limitó a señalar que tales

aspectos fueron insuficientes para desvirtuar o dejar sin efecto la deuda tributaria establecida en la vista de Cargo y que no revisten elementos oponibles a determinación; lo que sin duda se traduce en una vulneración al debido proceso en su vertiente derecho a la defensa de a la recurrente. 

Por tanto, conforme se desglosó ampliamente, es evidente que la Administración Tributaria en la emisión de la Resolución Determinativa impugnada, incumplió los requisitos establecidos en los artículos 68 numerales 2 y 7; y 99 parágrafo Il de la Ley 2492, para su emisión, esto al evidenciarse falta de valoración de los descargos argumentativos presentados por la sujeto pasivo; hecho que vicia de nulidad la Resolución Determinativa N° 172030000219 de 9 de marzo de 2020, de acuerdo al artículo 36 parágrafo II de la Ley 2341, normativa que establece que el defecto de forma solo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin.

En suma, del análisis desarrollado, así como de la compulsa de los antecedentes administrativos, el procedimiento de determinación se encuentra viciado de nulidad, al vulnerar el debido proceso en su vertiente del derecho a la defensa previsto en los artículos 115 parágrafo Il y 117 parágrafo I de la Constitución Política del Estado, toda vez que, la Resolución Determinativa, carece de la valoración de los descargos (argumentativos) presentados por la sujeto pasivo que le permita conocer a este último, su eficacia probatoria, para establecer la vinculación con la actividad gravada; omisión que permite advertir el incumplimiento del artículo 99 parágrafo II de la Ley 2492 y la trasgresión del debido proceso en su vertiente del derecho a la defensa previstos por los artículos 115 parágrafo Il y 117 parágrafo I de la Constitución Política del Estado; por tanto, lo expresado con anterioridad, impide a ésta instancia de Alzada emitir un pronunciamiento sobre el reclamo de fondo planteado por la sujeto pasivo, inherente a la validez del Crédito Fiscal

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

de las facturas sujetas a verificación y en consecuencia la inexistencia de la sanción por omisión de pago.

Por consiguiente y de conformidad al artículo 36 parágrafo II de la Ley 2341, aplicable en materia tributaria en virtud del artículo 201 del Código Tributario Boliviano, corresponde a ésta instancia recursiva, anular la Resolución Determinativa N° 172030000219 de 9 de marzo de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, para que la citada Administración Tributaria, emita un nuevo acto que considere los aspectos señalados precedentemente.

POR TANTO: 

El suscrito Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley 2492 y artículo 141 del Decreto Supremo N° 29894 de 7 de febrero de 2009. i

EX 

Elvia Andrea

RESUELVE PRIMERO: ANULAR la Resolución Determinativa N° 172030000219 de 9 de marzo de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, por vulneración al debido proceso en su vertiente del derecho a la defensa previstos en los artículos 115 parágrafo’ll y. 117 parágrafo 1 de la Constitución Política del Estado, a. efectos de que la citada Administración emita un nuevo acto, valorando e incluyendo un pronunciamiento sobre todos los descargos presentados por la sujeto pasivo; sea de conformidad con el artículo 212 parágrafo 1 inciso c) del Código Tributario Boliviano.

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario Boliviano, será de cumplimiento obligatorio para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

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TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 y sea con nota de atención.

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N9/150 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Av. Oquendo NP 381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (591-4) 4140011 -4140012. www.ait.gob.bo. Cochabamba, Bolivia

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 de la Ley 2492, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computables a partir de su notificación.

Regístrese; notifiquese y cúmplase.

Eric Auşberto Rojas Urquiza

DIRECTOR EJECUTIVO REGIONAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Coba.

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