ARIT-CBA-RA-0257-2020 Resolución Determinativa Confirmada. Depuración de Facturas al no demostrarse el pago a proveedores, además de no contar con registros que aseveren la traslación y materialización de los mismos (Kardex).

ARIT-CBA-RA-0257-2020

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBARA 0257/2020 

Recurrente 

Sandra Elena Alcon Soto. 

Administración recurrida 

Gerëncia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales representada por Marcelo Gonzales Yaksic. 

Acto impugnado 

Determinativa 

No 

Resolución 172039000118. 

Expediente No

ARĪT-CBA-0171/2020. 

Lugar y fecha 

Cochabamba, 16 de septiembre de 2 

VISTOS:: 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-CBA/ITJ 0257/2020 de 16 de septiembre de 2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. La Resolución. Determinativa N° 172039000118 de 10 de marzo de 2020, que determinó de oficio obligaciones impositivas de Sandra Elena Alcon Soto en la suma de UFVs 1.692, correspondientes al tributo omitido actualizado e intereses por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), de los periodos fiscales enero y diciembre de la gestión 2017; asimismo, calificó la conducta de la sujeto pasivo como omisión de 

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pago, aplicando una sanción equivalente al 100% sobre el tributo omitido determinado 

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a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda que asciende a UFVs 1.516. Acto notificado mediante cédula, el 16 de marzo de 2020 (fojas 294-306 y 309 de antecedentes administrativos). 

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  1. II

TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA. II.1. Argumentos de la Recurrente. Sandra Elena Alcon Soto, mediante memorial presentado el 19 de junio de 2020 (fojas 15-19 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa No 172039000118 de 10 de marzo de 2020, manifestando lo siguiente

Que, pese a que presentó toda la documentación solicitada en la Orden de Verificación, la entidad recurrida emitió la Vista de Cargo N° 291939000300, determinando una deuda tributaria preliminar. 

Señaló que, en el plazo previsto en el artículo 98 de la Ley 2492, presentó todos los fundamentos y argumentos legales que desvirtúan los cargos establecidos; solicitando se declare como válidos dichos descargos y quede sin efecto la indebida deuda tributaria, toda vez que cumplió con los preceptos legales para acreditar debidamente el crédito fiscal de los períodos sujetos a revisión; empero señaló, que la entidad recurrida, sin ningún análisis concreto e imparcial, apelando a su potestad, en el acto impugnado declaró los descargos como no válidos

Expuso que, en la página 5 del acto impugnado la Administración Tributaria señaló (...) se tiene que el importe observado en el impuesto al Valor Agregado (IVA) alcanza a Bs. 118.266.– (…), que origina un tributo omitido de Bs. 15.375(…) tal como se muestra en el siguiente cuadro (…)”. y el cuadro de referencia (página 6 del acto impugnado), consignó un importe observado de Bs25.708,04 y un tributo omitido de Bs3.342.-; montos distintos – en el mismo documento, pero que refieren a la misma observación o determinación; por lo que, aludió incumplimiento a las previsiones establecidas en los artículos 95 y 99 de la Ley 2492 y vulneración al derecho a la seguridad jurídica, debido proceso y a la defensa. 

Refirió que, la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, consignan una observación general bajo el cargo de: “Facturas No Válidas para el computo del crédito fiscal /VA, por no contar con documentación de respaldo suficiente que demuestre la efectiva realización de las transacciones y/o su vinculación con la actividad gravada”, y el acto impugnado corresponde a una copia fiel de la Vista de Cargo-transcribió parte de la página 3-. Precisó 

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que, la entidad recurrida sobre todas las facturas observadas, señaló la falta de presentación del Kardex de existencia de los productos adquiridos u otro medio de control que permita evidenciar el ingreso y salida de productos y que los mismos hayan sido destinados a su actividad gravada; sin embargo adujo, que en la segunda página del acto impugnado, la entidad recurrida manifestó que presentó la documentación requerida mediante Detalle de Diferencias y Anexo al mismo, en fechas 3 de diciembre de 2018 y 1 de febrero de 2019. 

Precisó que, pese haber cumplido con el artículo 70 numeral 6 de la Ley 2492, la entidad recurrida estableció que las facturas observadas no son válidas para el cómputo de crédito fiscal, por: “(…) no contar con documentación de respaldo suficiente que demuestre la efectiva realización de las transacciones y/o su efectiva vinculación con la actividad gravada, y que, corresponde a esta instancia de Alzada, analizar, si los preceptos señalados por la sujeto activo corresponden o no a la verdad material de los hechos 

Señaló que el acto impugnado, de manera general estableció bajo el concepto de observación “numeral 1.1., falta de documentación que demuestre la efectiva realización de la transacción y la vinculación de dichas compras con la actividad gravada, además de referir que si bien su persona’ presentó las facturas originales, registros contable, libro mayor, medios de pago y facturas de venta a sus clientes adjuntando detalle de atenciones y menús, no presentó Kárdex de existencias de los productos adquiridos. 

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Extendió explicando que, contradictoriamente a lo expuesto en el párrafo previo, la entidad recurrida, en el “DETALLE DE FACTURAS NO VÁLIDAS PARA EL CRÉDITO FISCAL CONCEPTO OBSERVADO 1.1” -fojas 3 y 4 del acto impugnado-, no realizó mención sobre las observaciones referidas previamente, limitándose a señalar factura por factura, que el motivo de observación se debe a la inexistencia de documentación que demuestre el uso y destino de los productos adquiridos -Kárdex físico valorado- y en el caso de las facturas 17814 y 138, adicionalmente observó falta de documentación que acredite el desembolso del efectivo. Aspecto por el cual, realizaría la fundamentación únicamente sobre los aspectos observados a la conclusión de la revisión que cursa en el referido 

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Detalle de Facturas. 

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Citó la Norma de Contabilidad No 2 -transcribió parte de la Norma Internacional de Contabilidad No 2- y sostuvo que los productos adquiridos según facturas observadas, no 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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cumplen con la figura establecida en la citada norma, puesto que al constituirse en productos perecederos, su procesamiento en la elaboración de los menús gastronómicos es de manera inmediata 24 horas, conforme a los contratos suscritos con distintas empresas que cursan en antecedentes. En tal sentido, sostuvo que resulta incoherente la exigencia de inventarios de insumos, respecto a dichos productos. Agregó que, presentó prueba que demuestra la inmediata aplicación de los bienes adquiridos en los servicios gastronómicos ofertados a distintas empresas con las que tiene contratos suscritos, misma que se encuentra glosada en el expediente administrativo

Transcribió el artículo 36 del Código de Comercio y señaló que presentó toda la documentación contable elaborada conforme el citado marco legal. Asimismo, expuso que las facturas Nos. 17814 y 138, fueron canceladas en efectivo y al ser transacciones que no superan los Bs50.000.– no existía la obligación de la acreditación a través de medio fehacientes de pago como tal -refrió el artículo 37 del Decreto Supremo 27310-, por lo que adujo que todos los movimientos de efectivo fueron registrados en los Libros Diario y Mayor, concordantes con las notas de remisión y presentadas en el proceso de verificación, al margen de las certificaciones de los proveedores, que merecen valoración por parte del fiscalizador a cargo

Manifestó que la Administración Tributaria, en mérito a sus facultades, evidenció que los 

proveedores declararon de manera correcta las facturas emitidas a su persona y al ser coincidente la información declarada, demostró taxativamente que realizó los pagos en efectivo a conformidad de los proveedores, sin quedar duda alguna respecto a la materialización de la transacción. Señaló que tal extremo puede ser cotejado en los papeles de trabajo

Expuso que, en consideración de lo dispuesto en los artículos 8 de la Ley 843 y 8 del Decreto Supremo 21530, cumplió con los presupuestos para el cómputo del crédito fiscal, toda vez que: 1. Presentó las ocho facturas originales; 2. Las compras se encuentran vinculadas, tomando en cuenta que su actividad se encuentra bajo el código “72207 – OTROS SERVICIOS DE COMIDAS”, y al margen de la sana crítica y el criterio de razonabilidad, los contratos así lo demuestran; y 3. La efectiva realización de las transacciones, con la emisión de la factura y el pago realizado al proveedor, perfeccionada con el pago de la alícuota establecida en los artículos 15 de la Ley 843 y 8 del Decreto 

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Supremo 21530. Agregó que durante la verificación, demostró mediante notas fiscales, comprobantes contables, certificaciones, pagos bancarios, Libro Diario, Libro Mayor y otros, la efectiva realización de las transacciones observadas. 

Citó el artículo 4 de la Ley 2341 y aludió la aplicación de la Verdad Material en oposición de la verdad formal, señalando que la Administración Tributaria, pese a las facultades otorgadas por el artículo 100 de la Ley 2492, no logró desvirtuar o cuestionar la documentación aportada por su parte y que más bien, realizó valoraciones preliminares y subjetivas de la documentación y demás medios de prueba que fueron aportados en el proceso de verificación, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 2492. Agregó que, la carga de la prueba recae en la Administración Tributaria, en consideración a que el ente recaudador cuenta con las herramientas necesarias facultadas por Ley

Replicó que, cumplió con los requisitos para el beneficio del crédito fiscal de las facturas objeto de verificación, las que se encuentran debidamente autorizadas por la Administración Tributaria a través de la dosificación y correctamente declaradas por los proveedores, conforme Libro de Ventas extractados de la Base de Datos de la Administración Tributaria SIRAT 11 -cursantes en los antecedentes– y que la entidad recurrida-no-valoró de forma adecuada la documentación presentada en el proceso de verificación. Asimismo, señaló la inexistencia de elemento alguno que sustente la indebida determinación establecida en la Resolución impugnada, mucho menos la imposición de una sanción por la contravención de omisión de pago. 

En petitorio, solicitó la revocatoria total de la Resolución Determinativa N° 172039000118 de 10 de marzo de 2020, y se declare la validez del crédito fiscal correspondiente a las facturas objeto de verificación, al margen de realizar una verificación de las garantías de derecho a la defensa y al debido proceso que le asisten como sujeto pasivo. 

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11.2. Auto de Admisión. El 25 de junio de 2020, ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Admisión EXPEDIENTE ARIT-CBA-0171/2020, admitiendo el Recurso de Alzada interpuesto por Sandra Elena Alcon Soto, contra la Resolución Determinativa N° 172039000118 de 10 de marzo de 2020, emitida por la 

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Gerencia Grandes Contribuyente Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (fojas 20 del expediente administrativo). 

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria. La Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por María del Carmen Julia Borda Orellana, conforme acredito con la Resolución Administrativa de Presidencia No 032000000405 de 7 de mayo de 2020 (fojas 26 del expediente administrativo), por memorial presentado el 20 de julio de 2020 (fojas 27-32 del expediente administrativo), respondió al Recurso de Alzada con los siguientes fundamentos

Que, la Resolución Determinativa impugnada consigna distintos montos e importes observados, pero conforme al articulo 31 de la Ley 2341 corresponde a un error material que no afecta sustancialmente dicho acto administrativo, toda vez que, en la Vista de Cargo No 291939000300 el importe observado o base imponible es de B$25.708,04 y el tributo omitido es de Bs3,342.–citó las paginas 1,5 y 6- señaló que en ninguna otra parte del acto impugnado, se aprecia el error material de los montos sobre el importe observado y tributo omitido -refirió las paginas 4, 6, 10 y 12-. 

Señaló que no existe error sustancial que deje en indefensión a la sujeto pasivo, máxime cuando en el Recurso de Alzada, indicó que el tributo omitido es de Bs3.342. , por lo que ejerció su derecho a la defensa y no fue vulnerada la seguridad jurídica, ni tampoco el debido proceso, pues conoció con certeza el monto del tributo omitido impugnado. Refirió que la sujeto pasivo, no observó el principio de trascendencia expuesto en el Auto Supremo 053 de 29 de abril de 2014 y la SC 731/2010-R de 26 de julio de 2010. 

Manifestó que, la documentación presentada por la sujeto pasivo, no fue suficiente para demostrar el uso y destino de los productos adquiridos, ante la inexistencia de medio de control que evidencie el ingreso y salida de los insumos y que estos hayan sido destinados a su actividad gravada. Agregó que, la recurrente no solo se encontraba limitada a presentar únicamente la documentación requerida en el proceso de verificación, pues también podía presentar toda la documentación que sustente la realización de las transacciones y su vinculación con la actividad gravada, 

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conforme el artículo 70 numerales 4 y 5 de la Ley 2492 y el numeral 4 del Anexo al Detalle de Diferencias. 

Señaló que, la sujeto pasivo no puede pretender que por la sola presentación de la documentación requerida, corresponda levantar la observación del crédito fiscal, cuando tiene la obligación de demostrar el beneficio del que pretende apropiarse. Al efecto, citó la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0068/2015 y refirió que la recurrente no logró demostrar la efectiva realización de las transacciones, el pago y la vinculación con su actividad gravada, incumpliendo su deber de demostrar los hechos constitutivos de los derechos que pretendía, conforme dispone el artículo 76 de la Ley 2492. Agregó que dicho fundamento debe ser considerado por esta instancia de Alzada, para la confirmación del acto impugnado.

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Expuso que, en la Resolución Determinativa impugnada, bajo la observación 1.1 – página 3-realizó el análisis y valoración de la documentación presentada por la sujeto pasivo, ‘para llegar a la observación plasmada en dicho acto. Transcribió parte del acto impugnado. . .

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Sostuvo que en el cuadro “detalle de facturas no válidas para el computo de crédito fiscal, realizó la descripción y observaciones individualizadas de las facturas objeto de verificación, donde, para las facturas Nos. 17814 y 1338, observó la falta de documentación que demuestre el desembolso del efectivo, el uso y destino de los insumos; y para las facturas Nos. 18880, 19576, 23532, 24801, 26003 y 24263, observó la falta de documentación que demuestre el uso y destino de los productos adquiridos; evidenciando que las observaciones realizadas guardan relación entre sí, al ser una de manera general y otra de manera individual. Precisó que, la sujeto pasivo se limitó a transcribir partes del acto impugnado, sin realizar una lectura responsable y completa del mismo

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Manifestó que, la norma tributaria boliviana no reconoce la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad, y es obligación de la sujeto pasivo respaldar las transacciones con documentación que demuestre el uso y destino de los bienes adquiridos, máxime cuando la aplicación inmediata de estos insumos, no inhibe su responsabilidad de realizar el registro diario de sus transacciones mediante 

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documentación que evidencie el ingreso y salida de almacenes -Kárdex fisco-, documentación que permitirá corroborar la materialización de la transacción y vinculación con la actividad gravada, conforme el artículo 44 del Código de Comercio, normativa que exige al sujeto pasivo, llevar un registro de la operaciones y transacciones realizadas, día por dia y en orden progresivo. 

Refirió que, la presentación de contratos suscritos con sus clientes, no libera a la recurrente de presentar documentación que demuestre la utilización de los productos adquiridos en la prestación del servicio a sus clientes, menos de probar con documentación la cantidad de productos que fueron utilizados en las preparaciones. 

Precisó que la factura y los registros en comprobantes contables, no prueban la materialización de las transacciones. Agregó que, en la verificación realizada, estableció que las facturas no cuentan con documentación que acredite el desembolso del efectivo y la percepción del pago por el proveedor, aspecto que se hace más evidente cuando la certificación para la factura No 135 refiere otro nombre y la factura N° 17874 no cuenta con certificación. 

Expuso que, en toda transacción debe existir la onerosidad dispuesta en el artículo 2 de la Ley 843, por lo que, el requerimiento del respaldo documental sobre el pago, no corresponde a una exigencia al margen de la Ley, sino a que la sujeto pasivo demuestre el pago al proveedor, elemento esencial para demostrar la materialización de la transacción y la vinculación con su actividad gravada. 

Precisó que, la sola presentación de la factura original no es suficiente para demostrar la materialización de la transacción ni la vinculación con la actividad gravada; y si bien los insumos son para la preparación de alimentos, la sujeto pasivo debió presentar documentación que evidencie su uso y destino en su actividad gravada, así como prueba que permita corroborar el desembolso del efectivo y la recepción del mismo por parte del proveedor; sin embargo manifesto, que la recurrente no presentó documentación que respalde que las compras formaron parte integrante del producto y/o servicio vendido. 

Señaló que, dio cumplimiento a sus facultades de investigación, establecidas en el artículo 100 de la Ley 2492 al solicitar documentación en búsqueda de la verdad 

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material, cotejando la información del proveedor en su sistema informático, cuyo análisis determinó las observaciones que fueron plasmadas en la vista de Cargo. Añadió que, realizó un análisis pormenorizado de los hechos, elementos, la vinculación a la actividad grabada y sobre la documentación presentada por la ahora recurrente. 

Refirió que, la carga de la prueba corresponde a la sujeto pasivo, quien debió presentar documentación de respaldo sobre la veracidad del crédito fiscal apropiado, conforme el artículo 76 de la Ley 2492, no pudiendo pretender trasladar la carga de la prueba al SIN, bajo el argumento de no haber agotado 

tivo- sus facultades de investigación, cuando la deuda determinada fue producto de la falta de respaldo de las transacciones celebradas con los proveedores y como sujeto activo no dejó documentación pendiente de cruces puntuales; en tal sentido, afirmó que ejerció sus facultades de control, verificación e investigación. – 

Por los’argumentos expuestos, en petitorio solicitó confirmar en todas sus partes, la Resolución Determinativa N° 172039000118 de 10 de marzo de 2020

11.4. Apertura de término probatorio. El 21 de julio de 2020, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Apertura Término de Prueba EXPEDIENTE ARIT CBA0171/2020 que inició el término de prueba de 20 días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del inciso d) articulo 218 del Código Tributario Boliviano (fojas 33 del expediente administrativo). 

El 27 de julio de 2020, la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por María del Carmen Julia Borda Orellana, presento memorial mediante el cual ratificó inextenso el memorial de respuesta al Recurso de Alzada y la documentación adjunta al mismo en calidad de prueba pre constituida (fojas 35 del expediente administrativo). 

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El 11 de agosto de 2020, la parte recurrente presentó memorial y ratificó los argumentos, hechos y normativa referida en el Recurso de Alzada interpuesto, así como todos los elementos cursantes en antecedentes administrativos. Señaló que los 

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Recursos administrativos, responden a los principios descritos en el artículo 4 de la Ley 2341, de acuerdo a las previsiones establecidas en el artículo 200 de la Ley 2492 (fojas 38 del expediente administrativo). 

11.5. Alegatos. El 28 de agosto de 2020, Marcelo Gonzales Yaksic presento memorial, apersonándose en representación de la Administración Tributaria, conforme acreditó la Resolución Administrativa de Presidencia No 032000000726 de 12 de agosto de 2020 (fojas 41 del expediente administrativo) reiterando los argumentos del memorial de respuesta al Recurso de Alzada, respecto a que el error de montos del acto impugnado corresponde a un error material y no sustancial que deje en indefensión a la sujeto pasivo; que la sujeto pasivo no presentó documentación suficiente que demuestre la materialización de la transacción (pago al proveedor) y vinculación de las compras con su actividad gravada; que las observaciones plasmadas en el acto impugnado son claras y congruentes y que la carga de la prueba recae en la sujeto pasivo, entre otros (fojas 42-43 del expediente administrativo). 

Dentro el plazo establecido en el parágrafo II del artículo 210 del Código Tributario Boliviano, Sandra Elena Alcon Soto, no presentó alegatos orales o escritos

ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA El 16 de julio de 2018, la Administración Tributaria emitió la Orden de Verificación No 18990208887 a efecto de verificar el Impuesto al Valor Agregado (Verificación Especifica Crédito IVA) de los períodos enero y diciembre de la gestión 2017, de la sujeto pasivo Sandra Elena Alcon Soto. Acto notificado de manera personal, el 19 de noviembre de 2018 (fojas 12 de antecedentes administrativos). 

El 16 de julio de 2018, la Administración Tributaria emitió el Detalle de Diferencias No 18990208887, Form. 7531, donde detalló las facturas objeto de verificación y solicitó a la sujeto pasivo documentación consistente en: Declaraciones Juradas de los periodos observados (Form. 200 0 210); Libro de Compras IVA de los periodos observados; facturas de compras originales detalladas en el citado anexo (Form. 7531); documentos que respalden el pago realizado; y otra documentación que el fiscalizador asignado considere necesario durante el proceso de verificación. Asimismo, mediante anexo 

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adjunto al detalle de diferencias solicitó: Registros de Contabilidad debidamente respaldados, a efecto de demostrar la realización de la transacción correspondiente a las facturas sujetas a revisión; medio de pago que respalden el pago a los proveedores de bienes y/o servicios de las facturas sujetas a revisión; Toda otra documentación de sustento que demuestre la efectiva realización de la(s) transacción(es) realizada(s) a través de la(s) factura(s) informada(s) descrita(s) en el “CUADRO DE DIFERENCIAS” del Detalle de Diferencias de la Orden de Verificación, y cualquier documentación necesaria durante el proceso de verificación, que requiera el fiscalizador. Acto notificado de manera personal, el 19 de noviembre de 2018 (fojas 1214 de antecedentes administrativos)

El 19 de noviembre de 2019, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo No 291939000300, que liquido de manera preliminar la deuda tributaria en UÈVS3.187, equivalente a Bs7.405.-, correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) actualizado, interés y sanción por contravención de omisión de pago, por los periodos fiscales enero y diciembre de 2017. Acto notificado mediante cédula a Sandra Elena Alcon Soto, el 17 de diciembre de 2019 (fojas 257263 y 267 de antecedentes administrativos)

El 16 de enero de 2020, la sujeto pasivo presentó memorial de descargo a’la Vista de Cargo, señalando que, presentó toda la documentación requerida por la Administración Tributaria, empero aun así fue notificada con la vista de Cargo que carece de fundamentación válida; que toda la documentación presentada respalda las facturas objeto de verificación, por lo que cumplió con los requisitos para el cómputo del Crédito Fiscal; que la observación en el numeral 1.1 es contradictoria a lo expuesto en el “DETALLE DE FACTURAS NO VALIDADA PARA EL CRÉDITO FISCAL-CONCEPTO OBSERVADO 1.1“, Citó la Norma de Contabilidad 2 y sostuvo que los productos adquiridos (productos perecederos para la elaboración de menús gastronómicos) no cumplen con la figura dispuesta en la citada norma, por lo que resulta incoherente la exigencia -por parte del sujeto activo de inventario de insumos; y que la documentación contable adjunta a las facturas Nos. 17814 y 138, merecen una valoración. Finalmente, solicitó sean declararos válidos los respaldos presentados y la emisión de la Resolución Determinativa de inexistencia de deuda (fojas 277281 de antecedentes administrativos). 

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El 10 de marzo de 2020, la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Resolución Determinativa No 

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172039000118 que determinó de oficio obligaciones impositivas de Sandra Elena Alcon Soto en la suma de UFVs 1.692 equivalentes a Bs3.957, correspondientes al tributo omitido actualizado e intereses por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), de los periodos fiscales enero y diciembre de la gestión 2017; asimismo, calificó la conducta de la sujeto pasivo como omisión de pago, aplicando una sanción equivalente al 100% sobre el tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda que asciende a UFVS 1.516. Acto notificado por Cédula, el 16 de marzo de 2020 (fojas 294-306 y 309 de antecedentes administrativos). 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA. 

Conforme lo establece el parágrafo I del artículo 211 del Código Tributario Boliviano (CTB), ésta instancia recursiva ingresará a resolver los reclamos efectuados por Sandra Elena Alcon Soto, dentro de los cuales planteó para el análisis técnico jurídico los siguientes aspectos: 1. La existencia de inconsistencias en el acto impugnado y 2. La validez del Crédito Fiscal de las facturas sujetas a verificación y la consecuente inexistencia de la sanción por omisión de pago

Antes de ingresar al análisis técnico jurídico, corresponde dejar en manifiesto que, conforme a lo detallado en el párrafo anterior, pudo evidenciarse que la parte recurrente, planteó aspectos tanto de forma como de fondo; y si bien en el petitorio de su Recurso de Alzada, solicitó la revocatoria total del acto impugnado; no obstante, de acuerdo a los principios procesales y en resguardo del debido proceso y el derecho a la defensa de ambas partes, esta instancia recursiva, no puede dejar de lado el análisis de los vicios procesales denunciados, razón por la cual, inicialmente serán atendidos los aspectos de forma reclamados y en caso de no ser evidentes, corresponderá la evaluación de los aspectos de fondo para determinar lo que en derecho corresponda

IV.1. Sobre la existencia de inconsistencias. La sujeto pasivo manifestó que, en la página 5 del acto impugnado la Administración Tributaria señaló: “(...) se tiene que el importe observado en el impuesto al Valor Agregado (IVA) alcanza a Bs. 118.266.– (…), que origina un tributo omitido de Bs. 15.375(...) tal como se muestra en el siguiente cuadro (...), y el cuadro de referencia (página 6 del acto impugnado), consignó un importe observado de Bs25.708,04.- y un 

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tributo omitido de Bs3.342.-, montos distintos que refieren a la misma observación o determinación; por lo que, aludió que dicho aspecto, se constituyó en una incongruencia y por ende en incumplimiento a las previsiones establecidas en los articulos 95 y 99 de la Ley 2492, así como la vulneración al derecho a la seguridad jurídica, debido proceso y a la defensa. 

Asimismo, la sujeto pasivo sostuvo que, el acto impugnado de manera general bajo el concepto de observación “numeral 1.1.“, señaló observaciones que, no fueron mencionadas en el DETALLE DE FACTURAS NO VALIDAS PARA EL CRÉDITO 

FISCAL – CONCEPTO OBSERVADO 1.1″. 

Por su parte, la Administración Tributaria saló que, si bien la Resolución Determinativa impugnada consigna distintos montos e importes observados, conforme al artículo 31 de la Ley 2341 corresponde a un error material que no afecta sustancialmente dicho acto administrativo, toda vez que, en la vista de Cargo. No 291939000300 el importe observado o base imponible es de Bs25.708,04 y el tributo omitido es de Bs3.342.–citó las paginas 1, 5 y 6-; precisó que, ninguna otra parte del acto impugnado, se aprecia el error material de los montos sobre el importe observado y tributo omitido -refirió las paginas 4, 6, 10 y 12 

Señaló que, no existe error sustancial que deje en indefensión a la recurrente, máxime cuando en el Recurso de Alzada, indicó que el tributo omitido es de Bs3.342.-, por lo que ejerció su derecho a la defensa y no fueron vulnerados la seguridad jurídica o el debido proceso, pues conoció con certeza el monto del tributo omitido impugnado. 

Al respecto, señalar que, la Sentencia Constitucional 2023/2010-R de 9 de noviembre – entre otras- señaló que: “la garantia del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgadorlea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la 

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decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió (...) Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que se ha arribado, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia”

De igual manera, la Sentencia Constitucional 0871/2010 de 10 de agosto, señaló que: “(…) es imperante ades precisar que toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso, debe contener los siguientes aspectos a saber: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia juridica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado

Por su parte el parágrafo II del artículo 99 de la Ley 2492, establece: “La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos: Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa, concordante con lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto Supremo 27310

En ese contexto, de la lectura del acto impugnado, se tiene que si bien es evidente que en el último párrafo de la página 5, la entidad recurrida consignó que el importe observado 

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en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) es de Bs118.266.- y el tributo omitido de Bs15.375.-, datos que difieren de los consignados en toda la Resolución Determinativa No 172039000118; es decir, el importe observado en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) Bs25.708.04 y tributo omitido de Bs3.342.-, no afectó el conocimiento sobre la base de cálculo considerada por la Administración Tributaria para el establecimiento del reparo, toda vez que, el cuadro denominado DETALLE DE FACTURAS NO VÁLIDAS PARA EL CRÉDITO FISCAL CONCEPTO OBSERVADO 1.1(cursante párrafos previos al error señalado por la sujeto pasivo) detalla las facturas e importes observados, que son coincidentes con el cuadro denominado CUADRO RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES ESTABLECIDAS”, el tercer párrafo y cuadro cursante bajo el titulo “CONCLUSIÓN Y PETITORIO“, así como en el RESUELVE” (páginas 4, 6, 10 y 12 del acto impugnado). 

En consecuencia, la sujeto pasivo podia advertir los montos correctos, importe observado en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) Bs25.708,04.- y tributo omitido de Bs3.342.-, correspondientes al importe observado bajo el concepto “Observación 1.1, así como el tributo omitido emergente, prueba de ello, el importe correcto – Tributo Omitido Bs3.342. fue consignado en el memorial de Recurso de Alzada presentado ante esta instancia (fojas 15 del expediente administrativo); por tanto, al ser un error de carácter material, que no afectó al conocimiento del importe real y menos causó indefensión, corresponde desestimar el reclamo planteado por la recurrente, no siendo evidente la vulneración a la seguridad jurídica, debido proceso y derecho a la defensa, ni lo dispuesto en los artículos 99 parágrafo II de la Ley 2492 y 19 del Decreto Supremo 27310, sobre el punto en particular. 

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Por otro lado, sobre lo señalado por la sujeto pasivo, respecto a que el acto impugnado, de manera general bajo el concepto de observación “numeral 1.1.“, señaló observaciones que contrariamente no fueron mencionadas en el “DETALLE DE FACTURAS NO VALIDAS PARA EL CRÉDITO FISCAL – CONCEPTO OBSERVADO 1.1(fojas 3 y 4 del acto impugnado); precisar que, de la lectura del acto impugnado, se tiene que, la entidad recurrida, para las facturas objeto de verificación, observó la falta de documentación que demuestre la efectiva realización de la transacción y la vinculación de las compras con la actividad de la sujeto pasivo (páginas 3 y 5 del acto impugnado), tal es así que, en la columna Observación del cuadro “DETALLE DE FACTURAS NO VALIDAS PARA EL 

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CRÉDITO FISCAL – CONCEPTO OBSERVADO 1.1″, señaló, para las facturas 17814 y 138 que: a contribuyente presenta Registros Contables empero no adjunta documentación que acredite el desembolso del efectivo (...). Asimismo, no cuenta con la documentación suficiente que demuestre el uso y destino (...) de la transacción (...)”, de igual forma, para las facturas 18880, 19576, 23532, 24801, 26003 y 24263, el sujeto activo manifestó que: La contribuyente presenta Registros Contables empero no adjunta documentación que demuestre el uso y destino (...) de los productos adquiridos(...). concluyendo que las facturas sujetas a revisión, no son válidas para el cómputo del crédito fiscal (paginas 3-4 del acto impugnado). 

Prosiguiendo con la revisión, párrafos siguientes al cuadro “DETALLE DE FACTURAS NO VALIDAS PARA EL CRÉDITO FISCAL – CONCEPTO OBSERVADO 1.1″, la Administración Tributaria en la Resolución impugnada, respecto a las facturas 17814 y 138, observó la falta de documentación que permita corroborar el pago efectuada por la ahora recurrente al proveedor así como la vinculación del gasto con la actividad gravada de la sujeto pasivo; observación ultima que también fue formulada para las facturas 18880, 19576, 23532, 24801, 26003 y 24263; aspectos que fueron aclarados por la entidad recurrida en el segundo párrafo de la página 7 del acto impugnado

Por tanto, no es evidente la contradicción referida por la sujeto pasivo, toda vez que, la entidad recurrida a lo largo del acto impugnado, mantuvo las observaciones arribadas para cada una de las facturas objeto de verificación; es decir, la falta de documentación que le permita corroborar la efectiva realización de la transacción (entre las que se encuentra el pago al proveedor) y la vinculación del gasto con la actividad gravada de la sujeto pasivo; por lo que corresponde desestimar lo aludido por la parte recurrente. 

IV.2. Sobre la validez del Crédito Fiscal IVA de las facturas sujetas a verificación y la consecuente inexistencia de la sanción por omisión de pago. La sujeto pasivo señaló que, en consideración a lo dispuesto en los artículos 8 de la Ley 843 y 8 del Decreto Supremo 21530, cumplió con los presupuestos para el cómputo del crédito fiscal, toda vez que: 1. Presentó las ocho facturas originales; 2. Las compras se encuentran vinculadas, tomando en cuenta que su actividad se encuentra bajo el código “72207 – OTROS SERVICIOS DE COMIDAS, y al margen de la sana crítica y el criterio de razonabilidad, los contratos así lo demuestran y 3. La efectiva realización de las 

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transacciones, con la emisión de la factura y el pago realizado al proveedor. Agregó que, durante la verificación, demostró mediante notas fiscales, comprobantes contables, certificaciones, pagos bancarios, Libro Diario, Libro Mayor y otros, la efectiva realización de las transacciones observadas

Citó la Norma de Contabilidad No 2 -transcribió parte de la Norma Internacional de Contabilidad No 2- y sostuvo que los productos adquiridos según facturas observadas, no cumplen con la figura establecida en la citada norma al constituirse en productos perecederos, por lo que explicó que, su procesamiento en la elaboración de los menús gastronómicos es de manera inmediata -24 horas-, esto conforme a los contratos suscritos con distintas empresas, los cuales cursan en antecedentes. En tal sentido, sostuvo que resulta incoherente la exigencia de inventarios de insumos, respecto a dichos productos. Añadió que, presentó prueba que demuestra la inmediata aplicación de los bienes adquiridos en los servicios gastronómicos ofertados a distintas empresas con las que tiene contratos suscritos, misma que se encuentra glosada en el expediente administrativo

Manifestó que, las facturas se encuentran debidamente autorizadas por la Administración Tributaria a través de la dosificación y correctamente declaradas por los proveedores, conforme al Libro de Ventas extractado de la Base de Datos de la Administración Tributaria SIRAT II cursantes en los antecedentes- y que la entidad recurrida no valoró de forma adecuada la documentación presentada en el proceso de verificación. Asimismo, señaló la inexistencia de elemento alguno que sustente la indebida determinación establecida en la Resolución impugnada y la imposición de una sanción por la contravención de omisión 

de pago. 

Por su parte, la Administración Tributaria manifestó que, la documentación presentada por la sujeto pasivo, no fue suficiente para demostrar el uso y destino de los productos adquiridos, ante la inexistencia de medio de control que evidencie el ingreso y salida de los insumos y que éstos hayan sido destinados a su actividad gravada

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Precisó que, la sola presentación de la factura original no es suficiente para demostrar la materialización de la transacción ni la vinculación con la actividad gravada y si bien, los insumos son para la preparación de alimentos, la sujeto pasivo debió presentar documentación que evidencie su uso y destino en su actividad gravada, así como 

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prueba que permita corroborar el desembolso del efectivo y la recepción del mismo por parte del proveedor

Señaló que, la recurrente no se encontraba limitada a presentar únicamente la documentación requerida en el proceso de verificación, pues también podía presentar toda la documentación que sustente la realización de las transacciones y su vinculación con la actividad gravada, conforme establece el artículo 70 numerales 4 y 5 de la Ley 2492 y el numeral 4 del Anexo al Detalle de Diferencias, por lo que no puede pretender, que por la sola presentación de la documentación requerida, corresponda levantar la observación del crédito fiscal, cuando tiene la obligación de 

demostrar el beneficio que pretende apropiarse

Manifestó que, la norma tributaria boliviana, no reconoce la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad y que es obligación de la sujeto pasivo respaldar las transacciones con documentación que demuestre el uso y destino de los bienes adquiridos, máxime cuando la aplicación inmediata de éstos insumos, no inhibe su responsabilidad de realizar el registro diario de sus transacciones, mediante documentación que evidencie el ingreso y salida de almacenes -Kárdex fisico-, documentación que permitirá corroborar la materialización de la transacción y vinculación con la actividad gravada

Bajo el escenario descrito, corresponde señalar que la doctrina, considera a la prueba como: Conjunto de actuaciones que dentro de un juicio, cualquiera que sea su indole, se encamina a demostrar la verdad de los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus respectivas pretensiones litigiosas (...), es toda razón o argumento para demostrar la verdad o falsedad en cualquier esfera y asunto” (OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Buenos Aires – Argentina, Editorial Heliasta. 1978. Pág. 787788)

En la normativa tributaria, se tiene que el artículo 8, inciso a) de la Ley 843, prevé que el Crédito Fiscal IVA resulta de aplicar la alícuota correspondiente, sobre el monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el gravamen, que los hubiesen facturado o cargado mediante documentación equivalente en el periodo fiscal 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Eşlado Plurinacional de Bolivia 

que se liquida. Sólo dan lugar al cómputo de crédito fiscal, las compras, adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra 

prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen

Del mismo modo, el artículo 8 del Decreto Supremo 21530, establece que: El crédito fiscal computable a que se refiere el Artículo 8 inciso a) de la Ley 843‘es aquel originado en las compras, adquisiciones, contrataciones o importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad sujeta al tributo

También la Autoridad General de Impugnación Tributaria, en virtud a los artículos 4 y 8 de la Ley 843 descritos precedentemente, estableció como precedente en las Resoluciones de Recursos Jerárquicos Nos. STG-RJ/0064/2005, AGITRJ. 0341/2009, AGIT-RJ 0007/2011 Y AGIT-RJ 0198/2013 – entre otras- existen “tres requisitos” que deben ser cumplidos, para que un contribuyente se beneficie con el Crédito Fiscal IVA, producto de las transacciones que declara ante la Administración Tributaria, a saber: 1) La existencia de la factura original; 2) Que la compra se encuentre vinculada con la actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen y; 3) Que la transacción haya sido efectivamente realizada.

Es así que, el artículo 70 numeral 4) y 5) de la Ley 2492 establece la obligación que tiene el sujeto pasivo de demostrar la procedencia y cuantía de sus créditos impositivos, acomo respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos ylo instrumentos públicos; resultando claro que, con el fin de probar la efectiva realización de la transacción y su vinculación con la actividad gravada, por la cual reclama el crédito fiscal observado, debe aportar medios de pago y documentación contable y financiera que permitan a la Administración Tributaria comprobar que la operación de compra-venta se materializó

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En ese sentido, los artículos 36, 37 y 40 del Código de Comercio, establecen la obligatoriedad de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia y organización de la empresa, sobre una base uniforme que permita demostrar la situación 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaranl) 

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de sus negocios y una justificación de sus actos sujetos a contabilización; siendo obligatorio la utilización de Libro Diario, Mayor, Inventarios y Balances, encuadernados y notariados, debiendo además contar con registros auxiliares que estime convenientes, para lograr mayor orden y claridad, así como de esta forma obtener información que le permita ejercer control y coadyuve en la toma de decisiones

Por su parte, el artículo 76 de la Ley 2492, establece que, en los procedimientos tributarios administrativos quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos; el parágrafo I del artículo 77 de la misma Ley dispone que en los procedimientos tributarios pueden invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho. 

De igual forma, la línea doctrinal establecida en las Resoluciones de Recurso Jerárquico Nos. AGIT-RJ 0198/2013, AGIT-RJ 0709/2014 y AGIT-RJ 0459/2014 -entre otras señalan que: a experiencia reveló la existencia de situaciones en las cuales se producen operaciones “simuladas” del acto juridico, es decir, actos dirigidos únicamente al fin de reducir la carga fiscal del contribuyente; siendo que las partes intervinientes actúan como si se hubiera celebrado el acto jurídico, cuando en realidad la operación resulta inexistente. Ante tal situación, el artículo 8 de la Ley 2492, ha previsto el método interpretativo de la “realidad Económica” que permite a la Administración Tributaria apartarse de las formas adoptadas por el sujeto pasivo y establecer la verdad de los hechos, observando si se cumplieron los presupuestos económicos de la operación

Asimismo, prosiguen señalado: Por otro lado, existen situaciones en las cuales los “compradores de buena fe pagan el gravamen a proveedores que se consideraban “legítimos”, los que sin embargo emiten una factura de una empresa inexistente o existente, pero que no cumplia con las obligaciones fiscales” (FENOCHIETTO, Ricardo. El Impuesto al Valor Agregado. 2° Edición. Buenos Aires: Ed. La Ley, 2007. Pág. 612), situación por la cual, ante la existencia de un documento inválido, se precautela el derecho del contribuyente al crédito fiscal siempre y cuando demuestre que la operación que dio origen al mismo tuvo lugar en los hechos

Por otra parte, Ricardo Fenochietto señala: “Las disposiciones vigentes y los principios generales del derecho tributario nos permiten concluir que la deducción de un gasto en el 

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Impuesto a las Ganancias y/o el cómputo de un crédito fiscal en el IVA está condicionado a la existencia real de una operación que en principio se encuentre respaldada por un documento debidamente emitido, correspondiendo al responsable que pretende hacer 

valer los mismos, la prueba de dicha existencia cuando ello esté en duda y sea requerido 

de manera fundada por el Fisco. Para ello no alcanza con cumplir con las formalidades que requieren las normas, requisito necesario pero no suficiente, sino que cuando ello sea necesario deberá probarse que la operación existió, pudiendo recurrirse a cualquier medio de prueba procesal (libros contables, inventario de la fima, testigos, pericias, que la operación se ha pagado y a quién, particularmente si se utilizan medios de pago requeridos, como cheque propio o transferencia bancaria de los que queda constancia en registros de terceros”. 

Igualmente, el citado autor respecto a la vinculación del Crédito Fiscal enseña que el objetivo perseguido ha sido evitar que una determinada cantidad de operaciones consumidas particularmente por los dueños de las empresas, sus directivos, su personal o terceros, sean deducidas en la liquidación por la misma, por el sólo hecho de haber sido facturadas a su nombre. De no ser así, el organismo fiscalizador debería analizar una por una ‘esas operaciones, para determinar si se encuentran vinculadas a operaciones gravadás; o si en realidad fueron hechas por un consumidor final” (FENOCHIETTO Ricardo. El Impuesto al Valor Agregado. 2da. Edición. Buenos Aires: Editorial La Ley, 2007. pág. 630, 631). 

En consideración a lo expuesto hasta el momento, se tiene que, la apropiación de un crédito fiscal exige el cumplimiento de requisitos tanto sustanciales como formales, que permitan establecer la existencia del hecho imponible y la vinculación con la actividad gravada, a efecto de que la Administración Tributaria pueda considerarlos como válidos 

para fines fiscales. 

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En ese entendido, el solo hecho de presentar la factura y documentación contable, no implica la validación del crédito fiscal, puesto que, para dicho cometido, no solamente se debe contar con documentación contable, sino también con documentación de respaldo al registro contable y con cualquier otro documento que sirva de medio de prueba, a efecto de poder advertir que no hay lugar a duda respecto a que la 

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transacción fue efectivamente realizada y que además se encuentra vinculada con la actividad gravada

Adicionalmente, debemos reiterar que, la obligación dispuesta en los numerales 4 y 5 del artículo 70 de la Ley 2492 que comprende el respaldo de las actividades gravadas así como la demostración de la procedencia y cuantía de los créditos impositivos, no se limita a la presentación del comprobante contable, Libro Diario y Mayor, debiendo ser interpretada en conjunción con lo señalado en el artículo 76 y 77 parágrafo 1 de la citada Ley

De esta manera, corresponde señalar que, el cumplimiento de las formalidades establecidas en los artículos 25 al 44 del Código de Comercio, referidas a la forma de llevar los registros contables, si bien resulta importante a efecto de cumplir con los principios de exposición y revelación de la contabilidad de la empresa, empero su cumplimiento no implica la validación del crédito fiscal de las facturas de compra de bienes y/o servicios y mucho menos, aporta elementos técnicos, suficientes y objetivos que demuestren la verdad material, toda vez que esta operación, es corroborada en base a la suficiencia o insuficiencia de la documentación que respalda un crédito fiscal, dependiendo solamente, de los elementos de convicción que aporta dicha documentación y no las formalidades que cumpla. 

En consecuencia, para subsanar la observación de la Administración Tributaria respecto a la materialización de la transacción y su vinculación con la actividad gravada, no basta solo con presentar el registro contable de la transacción como respaldo, sino también resulta necesaria otra documentación que además del correcto registro contable, demuestre el pago, la transferencia de dominio y la incorporación efectiva del bien y/o servicio en la actividad gravada

Asimismo, resulta importante indicar que la suficiencia o insuficiencia de la documentación que respalda un crédito fiscal, depende de los elementos de convicción aportados por el beneficiario de dicho crédito fiscal y es en dicho sentido, que ésta instancia recursiva analizará la documentación presentada por la sujeto pasivo, a fin de comprobar la validez del crédito fiscal de las facturas sujetas a verificación, en función a lo observado por el Servicio de Impuestos Nacionales, respecto al cumplimiento de los 

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AUTOAIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

requisitos referidos a la materialización de la transacción y la vinculación con la actividad gravada. 

Con las aclaraciones expuestas previamente, se procederá a la valoración de la prueba documental ofrecida por la parte recurrente y de tal forma, establecer la procedencia o improcedencia de los reparos determinados por el SIN debido a la depuración de crédito fiscal, conforme a lo siguiente

Factura 17874, de Industrias Venado SA, por concepto de Mostaza, Ketchup, Mayonesa y puré de papas, por la suma total de Bs 11.715,84; y factura 138 de Alimentos Alfa Productos Nordland Ltda., por concepto de leche tradicional y helado crema, por un total de Bs4.328.- (fojas 64 y 68 de antecedentes administrativos). 

Respecto a las facturas citadas, la Administración Tributaria observó que, la sujeto pasivo, no presentó documentación suficiente que acredite la efectiva realización de las transacciones y la vinculación de las mismas con la actividad gravada, toda vez que no presentó kárdex de existencias de los productos adquiridos u otro medio de control que permita evidenciar la administración de los insumos adquiridos y la disposición de los mismos -a los servicios que presta la sujeto pasivo, mucho menos que dichas adquisiciones, responden a los diferentes contratos presentados por la ahora recurrente; añadiendo a ello, que la contribuyente tampoco presentó documentación que acredite el desembolso del efectivo y por ende la percepción del pago por parte de los proveedores (páginas 3, 5, 7 y 8 del acto impugnado). 

En ese contexto, de la revisión de los antecedentes administrativos, se tiene que para las facturas 17814 y 138, la sujeto pasivo presentó las Notas de Remisión 5615, 5625, 7502, 5639, 7530, 7512 y 7539, emitidos por Alimentos Alfa Productos Nordland Ltda., cuyos importes totalizan Bs4.328.-, coincidente con la factura 138; y la nota de 31 de enero de 2019, que refiere la emisión de la factura 136 a favor de Sandra Alcon

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Asimismo, se tiene el LIBRO DIARIO GESTIÓN 2017″, donde -entre otros, cursa el asiento No 11, que registra diferentes conceptos, entre ellos las cuentas “Gastos de Explotación” por Bs 184.161,26 y Almacén de Materiales e insumospor Bs153.033,76, contra la cuenta “Caja Moneda Nacional” (Bs261.048,94), importes que son coincidentes 

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9001 IBNORCA Statud on Cartilador 77171

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti ofiomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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ALAMATOAREA LONDONATHANIELATONIRA OD MO RAVONIO 

con los plasmados en el “LIBRO DIARIO MAYOR DE COMPRAS GESTIÓN 2017″, bajo las columnas Gastos de Explotación(B$184.161,26) y “Almacén de Materiales e Insumos(Bs153.033,76), entre los cuales se encuentran las facturas 17874 (Bs11.715,84) y 138 (Bs4.328.-); que también concuerdan con el “LIBRO MAYOR DE CUENTAS GESTIÓN 2017″, de las cuentas “Gastos de Explotación” “Almacén de Materiales e insumos“, Caja Moneda Nacional”, entre otros (fojas 6971 y 7684 de antecedentes administrativos). 

Ahora bien, expuesta la observación de la Administración Tributaria y analizada la documentación acompañada por la sujeto pasivo para las facturas 17814 y 138; precisar que, si bien los documentos contables (Libro Diario, Libro Mayor), registran las transacciones y las Notas de Remisión totalizan el importe consignado en la factura 17814; estos documentos por si solos, no permiten evidenciar la efectiva realización de la transacción, toda vez que no cuentan con documentación de respaldo, que corroboren el efectivo pago al proveedor, así como el ingreso de los insumos consignado en dichas facturas, a los almacenes y/o existencias de la sujeto pasivo; aspectos -pago y traslación de la propiedad del bien- que deben ser respaldados para demostrar la configuración de la materialización de la transacción. 

De la misma forma, no cursa documento alguno que evidencie el destino de los insumos consignados en las notas fiscales, ya que los únicos documentos de respaldo para las transacciones según facturas 17814 y 138, son los registros contables y las notas de remisión (para las factura 17814), sin contar con respaldo documental y/o prueba alguna, que permita corroborar que los insumos consignados en las facturas, fueron destinados al servicio (objeto del gravamen) prestado por la sujeto pasivo. 

Por tanto, al ser evidente la falta de documentación de respaldo, que permita evidenciar la efectiva realización de las transacciones según facturas 17814 y 138 y la vinculación de las mismas con la actividad gravada de la sujeto pasivo, conforme exigen los artículos 70 numerales 4 y 5 y 76 del Código Tributario Boliviano, corresponde confirmar la depuración del crédito fiscal de dichas facturas. 

Facturas 18880, 19576, 23532, 24801, 26003, 24263, de Hipermaxi S.A por Bs635.-; 2.270,60; 865,90; 1.912,60; 1.394,50; y 2.584,70, respectivamente, por concepto de papel 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

higiénico, sazonador, came molida, chuleta segundo, galleta cereal, budín diferentes sabores, piñas al jugo, pan tortilla, cuñape, papas fritas, yogurt provipal, leche pura vida, pan francesito, pimienta, cilantro, vaso desechable, palo de escoba, jugo del valle, leche pura vida, peceto, chimichurri, jamón sandwichero, entre otros (fojas 85, 90, 95, 100, 105 y 110 de antecedentes administrativos)

Sobre las facturas citadas previamente, la entidad recurrida observó que la sujeto pasivo, no presentó documentación suficiente que acredite la efectiva realización de las transacciones y la vinculación de las mismas con la actividad gravada, porque no acompañó kárdex de existencias de los productos adquiridos u otro medio de control, que permita evidenciar, que los productos adquiridos, formaron parte de las existencias de la sujeto pasivo y que fueron dispuestos para el desarrollo de los servicios gravados que presta la sujeto pasivo, mucho menos que las adquisiciones observadas en el presente caso, respondan al cumplimiento de los diferentes contratos referidos por la recurrente y analizados por la Administración Tributaria (páginas 3-8 del acto impugnado). Precisar que, para las facturas 18880, 19576, 23532, 24801, 26003, 24263, el acto impugnado no refiere observación respecto al pago al proveedor. 

En ese contexto, de la revisión de los antecedentes administrativos, se advierte que para las facturas 18880, 19576, 23532, 24801, 26003 y 24263, cursan las notas denominadas “VENTAS CORPORATIVAS” 1362, 1375, 1353, 1353, 1365, 1394, 1356, emitidas por Hipermaxi S.A. proveedor de la sujeto pasivo, cuyos importes son coincidentes con los consignados en las notas fiscales referidas previamente y que exponen como cliente a Sandra Elena Alcon Soto. 

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De la misma manera, se tiene entre la documentación proporcionada por la administrada el “LIBRO DIARIO GESTIÓN 2017″, donde entre otros-, cursa el asiento contable Nro. 240, que registra diferentes conceptos en la columna del “Debe”, como ser: “Gastos de Explotación” por Bs124.807,72; “Gastos Generales” por Bs9.803,48 y “Almacén de Materiales e Insumos” por Bs517.805,48, contra la cuenta (Haber) Caja Moneda Nacional” (Bs624.661,39) y Proveedores por Pagar” (Bs224.467,78), importes que son coincidentes con los plasmados en el “LIBRO DIARIO MAYOR DE COMPRAS GESTIÓN 2017″, bajo las columnas “Gastos de Explotación” (Bs124.807,72); Gastos Generales” (Bs9.803,48); y “Almacén de Materiales e Insumos(Bs517.805,48), entre los 

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NB/ISO 

9001 18NOAC

Xema de Gestión Cattiedon 714

Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jacha kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Av. Oquendo N 381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012. www.ait.gob.bo. Cochabamba, Bolivia 

DOVEJOR PARAULAMENTARIRIVIERMENDIDIPAKOIN 

cuales se encuentran las facturas 18880, 19576, 23532, 24801, 26003 y 24263, por Bs635.-;2.270.60; 865,90; 1.912,60; 1.394,50; y 2.584,70 respectivamente; importes que también se encuentran plasmados en el “LIBRO MAYOR DE CUENTAS GESTIÓN 2017″ (fojas 120127 de antecedentes administrativos). 

Continuando con la revisión de los antecedentes administrativos, cursan: 1) La nota de 8 de enero de 2018, emitida por Hipermaxi SA., que refiere: estado de cuentas que tiene pendiente (…) por las compras en el mes de DICIEMBRE”, por un total de Bs37.422,30; y entre las facturas detalladas cursan las sujetas a verificación; 2) La Boleta de depósito del Banco Económico, de 12 de enero de 2018 por Bs37.422,30 a Hipermaxi SA.; 3) La nota con referencia “Ref: CERTIFICACIÓN FACTURA, donde Hipermaxi SA., sostuvo que las facturas 23532, 24263, 18880, 24801, 19576 y 26003 se encuentran declaradas en sus Libros de Ventas IVA; 4) El Contrato CBBA/SAS/004/17 de 10 de mayo de 2017 (vigente a mayo de 2018), Certificaciones de Firmas y Rúbricas Nos. 0070202 y 1438319 y 5) El Contrato CBBA/SAS/00618 de 29 de mayo de 2018 (vigente a mayo de 2019), que, entre otros aspectos, refieren la provisión de productos de consumo mensual y señalan como fechas de pago del 1 al 11 del mes siguiente (fojas 128136 de antecedentes administrativos). 

Expuesta la observación de la Administración Tributaria y la documentación acompañada por la sujeto pasivo para las facturas 18880, 19576, 23532, 24801, 26003 y 24263, se advierte que: a) Los documentos contables, registran las facturas observadas; b) Las notas denominadas “VENTAS CORPORATIVAS” (adjuntas a cada nota fiscal) y; c) La nota de 8 de enero de 2018, emitida por Hipermaxi SA. que refiere al estado de cuentas pendientes por las compras en el mes de diciembre, que resulta coincidente con la Boleta de Depósito del Banco Económico de 12 de enero de 2018, documentación que considera las facturas objeto de verificación; debiendo aclarar, que los pagos enunciados previamente, están relacionados con el pago al proveedor. 

Asimismo se advirtió, los documentos contables (Libro Diario y Libro Mayor), que exponen registro de cuentas de gasto y activo realizable y los Contratos CBBA/SAS/004/17 y CBBA/SAS/00618, que refieren la provisión de insumos; empero no aportan elementos de prueba, que permitan conocer con certeza que los insumos plasmados en las facturas depuradas 18880, 19576, 23532, 24801, 26003 y 24263, hayan formado parte las existencias de la sujeto pasivo y su disposición en la actividad gravada. 

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Como consecuencia de lo referido previamente, la documentación presentada por la sujeto pasivo para las facturas 18880, 19576, 23532, 24801, 26003 y 24263, no permite corroborar el ingreso de los insumos a los bienes realizables y/o almacenes de la sujeto pasivo y tampoco aportan elementos de prueba que evidencien el uso y destino de los 

mismos en la actividad gravada de la ahora recurrente, exigencia que se deriva del 

entendimiento previsto en el artículo 8 de la Ley 843. 

Por otro lado se constato, los Contratos de Servicios celebrados entre la parte recurrente y las empresas Unilever Andina Bolivia SA., Pil Andina SA. y Astrix SA., especificaciones técnicas del servicio, facturas de ventas, planillas de cantidad de platos y tipo de alimentos ofrecidos (desayuno, almuerzo, cena, etc.), planillas de insumos en cocinetas (té, panes, leches, refrescos varios, azúcar, agua, frutas, etc.) y menús, (fojas 137,242 de antecedentes administrativos), que fueron presentados por la sujeto pasivo; al respecto, precisar que si bien la documentación citada previamente, está relacionada con la prestación de servicios de provisión de alimentos (actividad gravada de la sujeto pasivo) así como las condiciones y características de los mismos y la correspondiente facturación por atención de comedor al personal, atención de cocinetas al personal, entre otros; tampoco permiten evidenciar que los insumos de las facturas depuradas, fueron destinados a los servicios consignados en los documentos detallados previamente; toda vez que, la sujeto pasivo no aportó prueba alguna que advierta un control de ingresos y salidas de los insumos (Kárdex, control de existencias u otros documentos de respaldo al ingreso y salida de bienes así como su utilización en la actividad gravada). . ** * 

Asimismo, precisar que la sujeto pasivo, no puede pretender desconocer su obligación de respaldar las transacciones -sobre las cuales se beneficio del crédito fiscal- bajo el argumento de que son productos perecederos y de disposición inmediata; pues debe aportar elementos de prueba, que permitan evidenciar, que los insumos adquiridos hayan sido destinados al servicio prestado según los diferentes contratos, planillas y facturas de ventas, presentados por la propia contribuyente. 

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Calidad AFNOR CEATIFICATION 

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De esta manera, corresponde puntualizar que, el principio de verdad material, vinculado a procesos de determinación del IVA crédito fiscal, se encuentra ligado a la presentación de documentación que otorgue elementos de convicción, que permitan establecer la concurrencia de los tres requisitos necesarios para el beneficio del crédito fiscal, situación que conforme fue detallado en párrafos previos, en el presente caso, no aconteció; por 

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Vigo 

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9001 IBNORCA Sam రంగరం 

CertidoN771/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kemachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaran) 

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cuanto la sujeto pasivo, no presentó documentación que acredite los extremos alegados en su Recurso de Alzada, por tanto, mal podría la recurrente invocar el principio de verdad material, solamente con la finalidad de incumplir su deber establecido en el artículo 70, numerales 4 y 5 así como el artículo 76 de la Ley 2492. 

De la misma forma, sobre el argumento de la sujeto pasivo, que los productos adquiridos según facturas observadas no cumplen con la figura establecida en la Norma de Contabilidad No 2, por constituirse en productos perecederos y su procesamiento en la elaboración de los menús gastronómicos es de manera inmediata, cabe señalar que la citada Norma de Contabilidad No 2, incumbe al tratamiento contable de hechos posteriores al cierre del ejercicio y no así al tratamiento de almacenes; por consiguiente, lo afirmado por la sujeto pasivo, no tiene relación con el presente caso. 

Por otro lado, se tiene que la parte recurrente, citó la Norma de Contabilidad No 2 y transcribió la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) No 2, que versa sobre el tratamiento contable de los inventarios; al respecto, toda vez que a entender de la sujeto pasivo dicha normativa respaldaría sus operaciones; cabe puntualizar que la Ley 843 y Decreto Supremo 24051, disponen de manera general, que los registros contables deben ser elaborados de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y convalidados para efectos tributarios, previa emisión de Resolución Administrativa por parte del sujeto activo, conforme dispone el artículo 48 del citado Decreto Supremo; empero, no hace referencia alguna sobre las Normas Internacionales de Contabilidad, por lo que, mal podría la sujeto pasivo, pretender invocar una Norma Internacional de Contabilidad, como respaldo a sus operaciones, cuando para fines tributarios la Ley 843 y su Decreto Supremo (marco legal que regula en tratamiento de los impuestos nacionales, entre otros) no la reconoce; en consecuencia, corresponde desestimar lo aludido por la parte recurrente; y más allá de la naturaleza del servicio prestado, persiste la obligación de la sujeto pasivo de respaldar sus operaciones y demostrar que las transacciones declaradas se enmarcan en las exigencias nomativas para el beneficio del 

crédito fiscal. 

Por otro lado, sobre el argumento de la sujeto pasivo, respecto a que las facturas objeto de observación, se encuentran debidamente autorizadas por la Administración Tributaria a través de la dosificación y correctamente declaradas por los proveedores; cabe señalar que dichos aspectos no fueron objeto de observación por parte de la entidad ahora 

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recurrida, pues lo observado radicó en la carencia de respaldo documental respecto a la efectiva realización y vinculación del gasto con la actividad gravada de la ahora recurrente; por tanto este punto no merece mayor pronunciamiento al respecto. 

Ahora bien, en cuanto a lo manifestado por la administrada sobre la inexistencia de elemento alguno que sustente la imposición de una sanción por la contravención de omisión de pago, es importante traer a colación lo dispuesto por el artículo 165 de la Ley 2492 que establece: “El que por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento (100%) del monto calculado para la deuda tributaria”, 

En ese entendido, cabe explicar a la sujeto pasivo que, la sanción por omisión de pago, se establece en virtud del artículo 165 de la Ley 2492, concordante con el artículo 42 del Decreto Supremo 27310, sobre el 100% del tributo omitido determinado, a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento a la vivienda (UFV); lo que implica que, al identificarse un Crédito Fiscal IVA, utilizado en la liquidación de obligaciones impositivas correspondientes al IVA, para deducir el Débito Fiscal IVA, que incumplan las condiciones definidas en los artículos 8 de la Ley 843 y 8 del Decreto Supremo 21530, así como lo previsto en los numerales 4 y 5 artículo 70 de la Ley 2492, deriva en una determinación por defecto del tributo determinado por concepto de IVA y consecuentemente un tributo omitido. 

De esta manera, considerando lo expuesto en párrafos previos, se advierte que la recurrente, en las Declaraciones Juradas de los periodos fiscales enero y diciembre de 2017, se apropió de crédito fiscal emergente de las facturas objeto de verificación, que no cuentan con documentación que respalde la materialización de las transacciones realizadas y la vinculación de las mismas con su actividad gravada; aspecto que repercutió en la liquidación del impuesto objeto de revisión, al generar un pago en menor cuantia del canon, toda vez que dicho crédito fiscal, fue utilizado para compensar el débito fiscal producto de las ventas efectuadas; situación plenamente identificada y expuesta por la Administración Tributaria en el acto impugnado (páginas 11-13 del acto impugnado), en virtud a sus facultades de control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación, establecidas en el numeral 1 artículo 66 de la Ley 2492; resultando correcta la calificación de la conducta atribuida por la Administración Tributaria a la sujeto pasivo; por cuanto, la 

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sanción por omisión de pago se enmarcó en lo previsto en la normativa tributaria vigente y en la declaración de un crédito fiscal IVA carente de respaldo documental, que no logró ser desestimado por la recurrente

En suma, del análisis de lo argumentado por las partes, así como de la compulsa de los antecedentes administrativos, al no ser evidente las inconsistencias reclamadas por la sujeto pasivo sobre el acto impugnado y al advertir que las facturas observadas por la Administración Tributaria, no pueden ser consideradas válidas para el cómputo del Crédito Fiscal IVA de los periodos enero y diciembre de 2017, correspondiendo mantener la depuración y en consecuencia, la aplicación de sanción por omisión de pago; por tanto, incumbe a ésta instancia recursiva por los fundamentos expuestos, confirmar la Resolución Determinativa No 172039000118 de 10 de marzo de 2020, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales. 

POR TANTO: 

El suscrito Director Ejecutivo a.l. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y artículo 141 del Decreto Supremo N° 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 172039000118 de 10 de marzo de 2020, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, al no ser evidente las inconsistencias reclamadas por la sujeto pasivo sobre el acto impugnado y al advertir que las facturas observadas por la Administración Tributaria, no pueden ser consideradas válidas para el cómputo del Crédito Fiscal IVA de los periodos enero y diciembre de 2017; sea de conformidad con el artículo 212 parágrafo l inciso b) del Código Tributario Boliviano. 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario Boliviano (CTB), será de cumplimiento obligatorio para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

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TIL

IIIIIII 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley N° 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 de la Ley N° 2492 (CTB), el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 dias computables a partir de su notificación. 

Regístrese, notifíquese y cumplase. 

Etria Angirea 

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With 

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Eric-Ausberto Rojas Urquiza –. 

DIRECTOR EJECUTIVO REGIONAL 

DIRECCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Autoridad Regional de Impugnación tributaria Coba. 

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