ARIT-CBA-RA-0250-2020 Depuración de Facturas: registros contables globales, sin registros auxiliares individuales; recibos de cobranza que no muestran correspondencia directa con las facturas observadas; y transacciones reconocidas por el proveedor, pero no indican a detalles de facturas ni los importes. Se Confirmó la Resolución Determinativa.

ARIT-CBA-RA-0250-2020

III 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0250/2020 

Recurrente 

Rolando Arnez Revollo. 

Administración recurrida 

recurrida 

Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por Marcelo Gonzales Yaksic. 

Acto impugnado 

No 

Resolución ‘Determinativa 172039000094. 

JIS 

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Expediente No 

Expediente N° 

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ARIT-CBA-0151/2020., 

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Lugar y fecha 

Cochabamba, 7 de septiembre 

VISTOS

El Recurso-de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributăriä Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARĪT-CBA/ITJ 0250/2020 de 7 de septiembre de 2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente, 

ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. La Resolución Determinativa N° 172039000094 de 27 de febrero de 2020, que determino de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones impositivas de Rolando Arnez Revollo, en la suma de UFVs 33.279, equivalentes a Bs77.813, correspondiente al tributo omitido actualizado e intereses por el Impuesto al Valor Agregado del periodo fiscal octubre 2016, en aplicación de los artículos 47 y 156 de la Ley 2492, 42 del Decreto Supremo 27310 y Resolución Normativa de Directorio 10-0025-10. 

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Asimismo, atribuyó a Rolando Arnez Revollo la conducta de Omisión de Pago del IVA, correspondiente al periodo octubre 2016, sancionando con la multa del 100% del tributo 

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NØ/ISO 

9001 IBNORCA Sistema de Gestión 

docidad Cutie do N 771/1

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamnachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Av. Oquendo N° 381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012. www.ait.gob.bo. Cochabamba, Bolivia 

omitido, equivalente a UFVs 29.128, conforme el artículo 165 de la Ley 2492 y 42 del Decreto Supremo 27310. Acto notificado de forma personal al sujeto pasivo, el 3 de marzo de 2020 (fojas 323- 338 y 339 de antecedentes administrativos). 

TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA. 11.1. Argumentos del Recurrente. Rolando Arnez Revollo, mediante memorial presentado el 3 de junio de 2020 (fojas 18-24 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 172039000094 de 27 de febrero de 2020, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, manifestando lo siguiente: 

Que el 27 de junio de 2018, fue notificado con la Orden de Verificación N° 18990202828 que dio inicio al proceso determinativo del Impuesto al Valor Agregado, del periodo octubre de la gestión 2016, presentando para ello el 13 de agosto de 2018, 14 de agosto de 2018, 10 de diciembre de 2018, 24 de diciembre de 2018 y 15 de abril de 2019, toda la documentación requerida por la Administración Tributaria el 6 de julio de 2018. Prosiguió señalando que posteriormente fue emitida la Vista de Cargo N° 291939000143 de 26 de junio de 2019, que concluyó con la existencia de deuda tributaria preliminar por no determinar el IVA correctamente; lo que motivó la presentación de descargos y pruebas contra cada una de las observaciones efectuadas, solicitando sean declarados como válidos los descargos y sin efecto la pretendida deuda tributaria. Afirmó que, a pesar de la prueba de descargo presentada, la misma fue declarada no válida por el ente fiscal, sin ningún tipo de análisis concreto e imparcial, solamente apelando a la potestad, fuerza desmedida e imperio, motivo por el cual interpuso Recurso de Alzada para remediar la injusticia ocasionada en su contra

Manifestó que la Vista de Cargo, debe cumplir con el artículo 96 de la Ley 2492, empero que en el presente caso, la Administración Tributaria emitió de manera aparente la Vista de Cargo N° 291939000143 el 26 de junio de 2019, dentro de los doce meses establecidos en el artículo 104 del Código Tributario Boliviano; no obstante, señala que la misma fue notificada el 5 de diciembre de 2019, es decir, 6 meses posteriores a su fecha de emisión, provocando una irregularidad en su accionar para disfrazar una ilegalidad; aspecto que vulneró sus derechos establecidos en los numerales 2 y 6 del artículo 68 de la Ley 2492

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Afirmó que la Administración Tributaria acomodó la fecha de emisión de la Vista de Cargo 

incurriendo en vulneración al ordenamiento jurídico, y que ante los descargos que 

presentó, el ente fiscal, hizo referencia al artículo 36 de la Ley 2341, desconociendo que notificó la Vista de Cargo 6 meses después, contraviniendo el artículo 33, numeral 3, de la Ley 2341, que dispone, que las notificaciones de los actos administrativos deben realizarse en el plazo máximo de 5 días a partir de la fecha en la que se dictó, normativa que debe aplicarse conforme a lo establecido en el artículo 74 de la Ley 2492, correspondiendo la invalidez de la notificación efectuada por-vicio de nulidad. 

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Citó el artículo 36 del Código de Comercio y señaló que por la naturaleza de su negocio considera el registro mensual de la compra de pollo, al tener un solo proveedor, y de esta manera cumplió con las exigencias del Código de Comercio y los Principio de Contabilidad Generalmente Aceptados. Extendió que el Registro Contable presentado como descargo refleja de manera clara las cuentas deudoras 5209022 “Mercaderia para la venta(Costo) y 1129001, “Crédito Fiscal IVA(Activo exigible), así como la cuenta acreedora 2111 “Cuentas por pagar proveedores MN- IMBA” (Pasivo); en consecuencia, ‘adujo que la conclusión de la Administración Tributaria, respecto a que no se identifican las cuentas deudoras y acreedoras, no tiene fundamento. 

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  1. II

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Calificó como inadecuada la observación a las firmas de los comprobantes contables como pretexto para invalidar las transacciones efectuadas y demostradas, y citando el artículo 49 del Código de Comercio, señaló que el ente fiscalizador no tiene fundamento legal para exigir la firma o rúbrica de los comprobantes contables, puesto que la obligatoriedad de la firma en la contabilidad recae exclusivamente en los Estados Financieros y no en los registros contables, siendo la rúbrica o firma de los comprobante una situación opcional para el sujeto pasivo. 

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Sostuvo que la cláusula tercera del contrato suscrito con el proveedor, no señala que el requerimiento referido tenga que ser necesariamente por escrito, pudiendo referirse a un requerimiento verbal, lo que no invalidaría las transacciones realizadas con el proveedor o cuestionar su materialización, al existir constancia de los pagos efectuados, certificaciones emitidas por el proveedor que demuestran la realización de las transacciones y al tratarse de productos vinculados con su actividad corresponden el reconocimiento del crédito fiscal de las facturas de compra observadas. 

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Sistema de Gestión 

de la calidad Catifexdo N 77144 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onorita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Av. Oquendo N°381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012. www.ait.gob.bo. Cochabamba, Bolivia 

Alegó que la cláusula Cuarta del contrato suscrito con el proveedor, permite que el documento de salida de la mercadería sea la Nota Fiscal y no corresponde señalar, la falta de documentación de respaldo a las operaciones realizadas, cuando existe suficiente para respaldar las operaciones, pues la documentación tiene carácter opcional y no obligatorio

Señaló que la Administración Tributaria intenta anular el valor probatorio del Contrato, alegando incumplimiento del plazo de pago, graficando los números de facturas y recibos emitidos, para luego concluir que no es suficiente, para probar la efectiva realización de la transacción, por lo que cuestionó la facultad para determinar la validez o incumplimiento de los contratos civiles y si dicho incumplimiento podría conducir a no demostrar la efectiva realización de la transacción. 

Agregó que el razonamiento expuesto por el ente fiscal permite constatar los recibos de pago y la efectividad de la transacción y señaló, bajo el Principio de Abstracción de la Prueba, que los cuadros elaborados por la Administración Tributaria son prueba irrefutable del reconocimiento de los pagos que responden a las facturas observadas, debiendo estas ser considerados como confesión de parte. 

Manifestó que la Resolución impugnada señala que la legislación boliviana no reconoce la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad; sin embargo, en otros actos administrativos dictados por el ente fiscal, utilizan dichas normas al ser fuente de derecho tributario y de las políticas tributarias del país. Al efecto citó la Norma de Contabilidad N° 2 de Inventarios y alegó que los inventarios deben aplicarse a productos que por su proceso productivos o de comercialización se constituyan en manera temporal en Activo Realizable en un determinado tiempo, siendo evidente que el pollo faenado no cumple con dicho concepto, al constituirse en producto perecedero y de procesamiento inmediata

Sostuvo que presentó el comprobante de pago No CP1610P002 de 31 de octubre de 2016, correspondiente a los pagos realizados al proveedor en el mes de noviembre de 2016, mediante recibos de cobranza y expuso mediante cuadros, las cancelaciones al proveedor de los meses de octubre y noviembre de 2016, por medio de recibos de cobranza con las facturas respectivas, además de adjuntar certificación del proveedor que sala la realización de las transacciones, 

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Arguyó que la observación respecto a la existencia de otros clientes, como Tusequis y Cordill en los Recibos de Cobranza, corresponden a su persona, asumiendo lo contrario de manera arbitraria y sin proceso de investigación ni prueba documental que serían diferentes clientes, cuando del contrato suscrito entre IMBA y su persona, las entregas de producto deben ser a requerimiento y en las condiciones precisadas por el cliente y los nombres Tusequis y Cordill se refiere a lugares para la entrega del producto. Agregó que todos los recibos y documentos de las transacciones tienen como principal interesado a su Distribuidora Rolo no existiendo prueba de la existencia de otros clientes. 

Manifestó que, la Administración Tributaria incumplió los artículos 76 y 100 de la Ley 2492, al emitir afirmaciones subjetivas y sin sustento legal o documental y ostentar la carga de la prueba por contar con las herramientas necesarias para la investigación y no así que recaiga en el sujeto pasivo como pretende en el acto impugnado, al cumplir con la presentación de toựa la documentación solicitada y otros elementos probatorios en etapa de descargos que no han sido valorados favorablemente, bajo el argumento de ser insuficientes. Extendió, señalando que cumplió con la presentación de los documentos probatorios que demuestran la materialidad de las transacciones y los requisitos establecidos para beneficiarse del crédito fiscal IVA 

Afirmó que, corresponde la apropiación del crédito fiscal, en consideración a que las notas fiscales se encuentran debidamente autorizadas por la Administración Tributaria por la dosificación otorgada y declaradas por el proveedor según el Libro de Ventas enviado, información que fue extractada de la base de datos de la entidad fiscal. Añadió que no existen elementos para sustentar la determinación ni la sanción por contravención de omisión de pago. 

En virtud de sus argumentos, solicitó la revocatoria total de la Resolución Determinativa No 172039000094, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales. 

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II.2. Auto de Admisión. El 8 de junio de 2020, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Admisión EXPEDIENTE ARIT-CBA-0151/2020, correspondiente al Recurso de Alzada interpuesto por Rolando Arnez Revollo contra la Resolución 

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doba Calidad Cartido N771/14 

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Determinativa N° 172039000094, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (fojas 25 del expediente administrativo). 

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria. La Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales representada por María del Carmen Julia Borda Orellana, conforme Resolución Administrativa de Presidencia No 32000000405 (fojas 31 del expediente administrativo), por memorial presentado el 29 de junio de 2020 (fojas 32-37 del expediente administrativo), respondió el Recurso de Alzada con los siguientes fundamentos: 

Que, procedió a la fiscalización de las obligaciones del sujeto pasivo, correspondiente al periodo fiscal octubre de la gestión 2016, respecto al cumplimiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), realizada sobre base cierta, comprobando que declaró facturas de compras no válidas para el cómputo de crédito fiscal, por lo que señaló que el contribuyente no determinó el impuesto conforme a Ley, al infringir disposiciones legales del Código Tributario Boliviano, Decreto Supremo 27310 y Código de Comercio. 

Manifestó que, como resultado de la revisión, evaluación y valoración de la información y documentación presentada por el sujeto pasivo, procedió a ajustar la base imponible y liquidar el IVA del periodo octubre 2016 y emitir la Vista de Cargo No 291939000143, notificada personalmente al contribuyente el 5 de diciembre de 2019, posibilitando la presentación de descargos el 27 de febrero de 2020 para finalmente emitir la Resolución Determinativa N° 172039000094, notificada el 3 de marzo de 2020, que determinó las obligaciones del sujeto pasivo correspondientes al IVA del periodo fiscal de octubre de la gestión 2016. 

Sostuvo que aunque la Vista de Cargo hubiera sido notificada con superabundante tiempo desde su emisión, no produce ilegalidad, sino responsabilidad funcionaria, siendo una interpretación errónea la aplicación del artículo 104, parágrafo V de la Ley 2492; al efecto, citó la Sentencia 108/2015 de 24 de marzo, emitida por el Tribunal Supremo de Justicia

Extendió señalando que no corresponde la aplicación del artículo 33, parágrafo III de la Ley 2341, debido a que los procedimientos tributarios se rigen en base al Código Tributario 

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Boliviano y sus normas reglamentarias, procediendo la analogía solamente para llenar vacíos legales, y el procedimiento legal establecido se encuentra en la norma específica. 

Señaló que conforme el Principio de Especificidad, la nulidad debe encontrase de manera expresa en la norma, empero que en el presente caso, la Vista de Cargo No 291939000143 cumplió los requisitos dispuestos por los artículos 96. parágrafo III, 18 del Decreto Supremo 27310 y lo dispuesto por el artículo 6 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10003216, además de cumplir su finalidad, de comunicar los resultados del procedimiento de fiscalización al sujeto pasivo y posibilitar la presentación de descargos mediante nota de 3 de enero de 2020, mismos que fueron valorados al momento de determinar las obligaciones relativas al IVA. 

Manifestó que el sujeto pasivo interpretó de manera subjetiva el artículo 36 del Código de Comercio, siendo que las obligaciones establecidas en Ley, ņo pueden amoldarse a una realidad fuera de lugar, menos cuando no cumplió con el artículo 44 del referido Código, al presentar su registro de manera mensual y global por compra de pollo, al no especificar cada transacción correspondiente a las facturas observadas y al no registrar de forma diaria las operaciones en orden progresivo; situaciones que impidieron identificar las transacciones y facturas correspondientes a los registros. 

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Hizo mención de los artículos 36, 37 y 44 del Código de Comercio, relativos a que todo comerciante tiene la obligación de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia y organización de la empresa, por medio de una base que otorgue información clara de todos los actos y operaciones sujetas a contabilización; sin embargo, adujo que los comprobantes presentados por el sujeto pasivo registran de manera global las compras de mercancías para la venta, con abono a cuentas por pagar, proveedores y no especifican las operaciones registradas en las facturas observadas, lo que impidió identificar cada una de las transacciones y/o facturas independiente que correspondan a 

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un proveedor. 

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Señaló que la parte recurrente intenta ampararse en el artículo 49 del Código de Comercio; no obstante, señaló que por mandato del artículo 76 de la Ley 2492, está en la obligación de demostrar que las transacciones fueron realizadas, al ser quien pretende beneficiarse del crédito fiscal, por medio de prueba clara e indubitable como la recepción o entrega 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

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fimada del producto vendido o adquirido, no siendo suficiente enunciar que sucedió. Agregó que el artículo 39 del Código de Comercio indica que los registros contables deben realizarse con contadores legalmente habilitados; empero, que el presente caso, los registros contables proporcionados no permiten tener conocimiento de quiénes los elaboraron y aprobaron las transacciones

Manifestó que, si bien el contrato celebrado entre IMBA S.A., no señala que el requerimiento deba ser por escrito, tampoco permite demostrar el consumo de los pedidos descritos en la su cláusula 3.1; asimismo, añadió que en razón de la cláusula cuarta del 

contrato, la salida de la mercadería se acredita únicamente por nota fiscal. Al efecto, cito 

los requisitos para el beneficio del crédito fiscal, según los artículos 4 y 8 de la Ley 843,8 del Decreto Supremo 21530 y numerales 4 y 5 del artículo 70 de la Ley 2492. 

Sostuvo que las facturas depuradas al contribuyente, no cuentan con prueba clara, completa y fidedigna que demuestre la efectiva realización de la transacción con los proveedores que las emiten, incumpliendo lo establecido por los artículos 70, numerales 4 y 5 y 17, numeral 1 de la Ley 2492 y al contrario respalda la observación, no siendo suficiente la presentación de la factura o nota fiscal para beneficiarse del crédito fiscal, refiriéndose al Auto Supremo N° 477 de 22 de noviembre de 2012 y la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1008/2013 de 9 de julio

Manifestó que la eficacia probatoria de la factura, depende del cumplimiento de requisitos de validez y autenticidad que disponga la normativa; y para ser considerado como prueba, debe ser corroborado por otras pruebas fácticas. Agregó que, el sujeto pasivo no puede señalar un fundamento subjetivo de parte de la Administración Tributaria, cuando es su obligación por mandato del artículo 36 del Código de Comercio, demostrar los créditos impositivos obtenidos que considere le correspondan

Afirmó que el sujeto pasivo señaló que no aplica en su caso la Norma de Contabilidad No 2, por el tipo de mercancía; no obstante, la entidad recurrida aclaró que los conceptos descritos en las facturas no refieren únicamente a pollo faenado, sino a productos terminados, aspecto que no impide el registro diario de sus transacciones que permitan evidenciar el ingreso y salida de los productos y bienes adquiridos del proveedor. Extendió, refiriendo la importancia de demostrar el ingreso de los bienes adquiridos en almacenes 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

para demostrar la transferencia de dominio y la materialidad de la transacción y dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 44 del Código de Comercio y 2, 4 y 8 de la Ley 843. 

Sostuvo que, el recurrente no adjunto respaldo adicional que demuestre la adquisición de los bienes, además de la percepción del pago, por el proveedor, siendo imposible validar el crédito fiscal observado, además de existir comprobantes contables presentados con diferencias entre el importe total consignado en las facturas, con el importe pagado según recibos, figurando importes pendientes de pago y pagos en demasía; lo que impide 

n ante inconsistencias en el pago de facturas, detallado en un cuadro que al carecer de firmas no tiene valor probatorio. 

Señaló que, realizó una investigación por cada factura revisada, obteniendo reportes de compras, por el sujeto pasivo, las que fueron contrastadas con las ventas reportadas por su proveedor; agregó que el incumplimiento de la facultad de investigación no puede constituir una forma de suplir, las deficiencias contables o beneficiar al sujeto pasivo, recayendo en él la carga de a prueba; al efecto, citó la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1008/2013 de 9 de julio de 2013, que demuestra la responsabilidad de quien debe respaldar la veracidad de los hechos, recayendo en el sujeto pasivo probar la existencia del hecho para corroborar la efectiva realización de la transacción y su vinculación con la actividad, gravada elementos probatorios que no pueden ser trasladados a la Administración Tributaria. 

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Por lo expuesto, solicitó confirmar la Resolución Determinativa No 172039000094 de 27 de febrero de 2020. 

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11.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba. El 30 de junio de 2020, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Apertura Término de Prueba EXPEDIENTE ARIT CBA-0151/2020, disponiendo el inicio del término probatorio de veinte días comunes y perentorios para ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 218 del Código Tributario Boliviano (fojas 38 del expediente administrativo). 

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El 27 de julio de 2020, María del Carmen Julia Borda Orellana en representación de la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

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Nacionales, presento memorial ratificando en calidad de prueba los antecedentes administrativos, acompañados al momento de responder al Recurso de Alzada (fojas 40 del expediente administrativo)

El 27 de julio de 2020, la parte recurrente mediante memorial ratificó todos los argumentos, fundamentos, hechos y normativa expuesta en el memorial de interposición del recurso de alzada, así como los elementos probatorios aportados y cursantes en antecedentes administrativos (fojas 43 del expediente administrativo). 

11.5. Alegatos. 

El 24 de agosto de 2020, Marcelo Gonzales Yaksic en representación de la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, acreditada conforme Resolución Administrativa de Presidencia No 32000000726 de 12 de agosto de 2020, se apersonó con la finalidad de presentar alegatos, reiterando los argumentos expuestos en el memorial de respuesta al Recurso de Alzada, respecto a la inexistencia de vicios de nulidad. Asimismo, señaló que por mandato de los artículos 76 de la Ley 2492 y 36 del Código de Comercio, el sujeto pasivo debe demostrar la situación de su negocio y una justificación clara de todas las operaciones sujetas a contabilización a fin de computar el crédito fiscal a su favor, cumpliendo además los requisitos establecidos en los artículos 4 y 8 de la Ley 843, 8 del Decreto Supremo 21530 y 70, numerales 4 y 5, de la Ley 2492 (fojas 46-48 del expediente administrativo). 

Por otra parte, cabe aclarar que la parte recurrente, no presentó alegatos dentro el plazo establecido en el artículo 210 parágrafo II del Código Tributario Boliviano (CTB). 

III. 

ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA. 

El 5 de junio de 2018, la Administración Tributaria emitió la Orden de Verificación No 18990202828, comunicando a Rolando Arnez Revollo el inicio de un procedimiento de determinación en la modalidad de verificación específica crédito IVA, cuyo alcance comprende la verificación de todos los hechos y/o elementos relacionados con el crédito fiscal IVA correspondiente al periodo fiscal octubre de la gestión 2016. Asimismo, mediante Detalle de Diferencia y Anexo, solicitó la presentación de documentación al sujeto pasivo a efectos de desarrollar el proceso de verificación. Actos 

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notificados por cédula al sujeto pasivo, el 27 de junio de 2018 (fojas 9-11 y 14 de antecedentes administrativos). 

El 6 de julio de 2018, 13, 14 de agosto de 2018, 10 y 24 de diciembre de 2018 y 15 de abril de 2019, Rolando Amez Revollo presentó parcialmente la documentación requerida, según consta en las notas y Actas de Recepción de Documentación de las fechas citadas (fojas 17-22 de antecedentes administrativos). 

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El 26 de junio de 2019, la Administración Tributaria emitió la vista de Cargo No 291939000143 (CITE:SIN/GGCBBA/DFNENC/00144/2019) que establece reparos procedentes de observaciones en el importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado derivado de la verificación del crédito fiscal, que no fueron oportunamente pagados o rectificados por el sujeto pasivo, ante la existencia de facturas declaradas que no demuestran la procedencia y cuantía de los créditos fiscales utilizados; consignando una liquidación previa y configurando preliminarmente la contravención de Omisión de Pago; , asimismo, otorgó al sujeto pasivo el plazo de treinta (30) días calendario e improrrogables para formular descargos: Acto notificado personalmente a Rolando Arnez Revollo; el 5 de diciembre de 2019 (fojas 194-200 y 201 de antecedentes administrativos). 

E/’3 de enero de 2020, el sujeto pasivo presentó nota de descargo en la que expuso argumentos relacionados al reclamo del tiempo transcurrido desde la emisión y notificación de la Vista de Cargo; afirmó que considera su contabilidad acorde a la naturaleza de su actividad comercial, cumpliendo lo exigido al respecto por el Código de Comercio y los Principios de Contabilidad Generalmente aceptados, identificando las cuentas deudoras y acreedoras, contando con la documentación de respaldo de las transacciones, además que el comprobante de pago No CP1610P002 corresponde a los pagos realizados al proveedor IMBA en el periodo octubre de la gestión 2016, cancelados mediante recibos de cobranza de los periodos octubre y noviembre 2016, además de no existir otros clientes como presume la Administración Tributaria (fojas 214-220 de antecedentes administrativos). 

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El 27 de febrero de 2020, la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa No 172039000094 que determinó de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible, 

las obligaciones impositivas de Rolando Arnez Revollo, en la suma de UFVs 33.279, 

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9001 IBNORCA 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamant (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaorepi Vee (Guaranl) 

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correspondiente al tributo omitido actualizado e intereses por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del periodo octubre de la gestión 2016, en aplicación de los artículos 47 y 156 de la Ley 2492, 42 del Decreto Supremo 27310 y Resolución Normativa de Directorio 100025-10, y atribuyó a Rolando Arnez Revollo la conducta de omisión de pago del Impuesto al Valor Agregado, correspondiente al periodo octubre de 2016, sancionando con la multa del 100% del tributo omitido, equivalente a UFVs 29.128, conforme el artículo 165 de la Ley 2492 y 42 del Decreto Supremo 27310. Acto notificado de forma personal al sujeto pasivo, el 3 de marzo de 2020 (fojas 323-338 y 339 de antecedentes administrativos)

  1. I

FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA. Conforme a lo establecido en el artículo 211 parágrafo | del Código Tributario Boliviano (CTB), esta instancia recursiva ingresará a resolver los reclamos de forma y fondo planteados por la parte recurrente, correspondiendo aclarar, que la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso; identificándose el siguiente aspecto de forma: 1. Nulidad del proceso de notificación, y de fondo: 2. Cumplimiento de los requisitos exigidos para la validez del Crédito Fiscal 

IV.1. Nulidad del proceso de notificación. El recurrente afirmó que la Administración Tributaria notificó el 5 de diciembre de 2019, la Vista de Cargo N° 291939000143 de 26 de junio de 2019, posterior a los 6 meses de su fecha de emisión, provocando una irregularidad en su accionar, vulnerando sus derechos establecidos en los numerales 2 y 6 del artículo 68 de la Ley 2492 y artículo 33, numeral 3 de la Ley 2341, provocando la invalidez de la notificación efectuada por vicio de nulidad

Por su parte, la Administración Tributaria sostuvo que el tiempo transcurrido desde la emisión a la notificación de la Vista de Cargo no produce ilegalidad, sino responsabilidad funcionaria, no siendo aplicable el artículo 33, parágrafo III de la Ley 2341, debido a que los procedimientos tributarios se encuentran normados en el Código Tributario Boliviano y sus normas reglamentarias. Añadió que la Vista de Cargo N° 291939000143 cumplió con los requisitos dispuestos por los artículos 96, parágrafo III, 18 del Decreto Supremo 27310 y lo dispuesto por el artículo 6 de la Resolución Normativa de Directorio N° 100032-16, posibilitando al sujeto pasivo la presentación de descargos. 

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Expuestas las pretensiones las partes, respecto a la nulidad, corresponde señalar el entendimiento concerniente al Principio de Especificidad, expuesto en la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 022/2015S2 de 16 de enero, que aclara: (...) los presupuestos o antecedentes necesarios para que opere la nulidad procesal son: a) Principio de especificidad o legalidad, referida a que el acto procesal se haya realizado en violación de prescripciones legales, sancionadas con nulidad, es decir, que no basta que la ley prescriba una determinada formalidad para que su omisión o defecto origine la nulidad del acto o procedimiento, por cuanto ella debe ser expresa, específica, porque ningún trámite o acto judicial será declarado nulo si la nulidad no está expresamente determinada por la ley, en otros términos ‘No hay nulidad, sin ley específica que la establezca’ (Eduardo Couture, ‘Fundamentos de Derecho Procesal Civil’ p. 386) (…)”. 

Por su parte, la normativa tributaria en el artículo 68, numerales 2 y. 6 del Código Tributario Boliviano, expone: Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas en los procedimientos previstos por este, Código y disposiciones reglamentarias, dentro de los plazos establecidos. 6. Al debido proceso y a conocer el estado de tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se les formulen, ya sea en forma personal o a través de terceos autorizados en los términos del presente Código

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Así también el 74, numeral 1 de la Ley 2492, dispone: Los procedimientos tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la naturaleza y fines de la materia tributaria: 1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas contenidas en el presente Código. lo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás normas en materia administrativa

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El referido Código Tributario Boliviano en su artículo 83, parágrafo II, prevé: “Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. Co

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excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o a pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa competente podrá habilitar días y horas extraordinarias”. 

Por otra parte, el artículo 33, parágrafo III de la Ley 2341, con relación a la notificación manifiesta: “La notificación deberá ser realizada en el plazo máximo de cinco (5) dias a partir de la fecha en la que el acto haya sido dictado y deberá contener el texto integro del mismo. La notificación será practicada en el lugar que éstos hayan señalado expresamente como domicilio a este efecto, el mismo que deberá estar dentro de la jurisdicción municipal de la sede de funciones de la entidad pública. Caso contrario, la misma será practicada en la Secretaria General de la entidad pública

La referida Ley 2341 en su artículo 35 parágrafo | dispone: “Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes: a) Los que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin competencia por razón de la materia o del territorio; b) Los que carezcan de objeto o el mismo sea ilícito o imposible; c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total o absolutamente del procedimiento legalmente establecido; d) Los que sean contrarios a la Constitución Política del Estado y e) Cualquier otro establecido expresamente por Ley” y el 36 parágrafos Il y III del mismo cuerpo legal establece: ll. (…) el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados; y lll. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo

Ahora bien, de la revisión de los antecedentes administrativos se advierte que la Administración Tributaria, el 5 de junio de 2018, emitió la Orden de Verificación No 18990202828, por la cual comunicó a Rolando Arnez Revollo el inicio de un procedimiento de determinación en la modalidad de verificación específica crédito IVA, con alcance de verificar todos los hechos y/o elementos relacionados con el crédito fiscal IVA del periodo octubre 2016, que fue notificado por cédula el 27 de junio de 2018 (fojas 9 y 14 de antecedentes administrativos)

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A la conclusión del trabajo de campo, el 26 de junio de 2019, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo N° 291939000143, observando el importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado derivado de la verificación del crédito fiscal, ante la existencia de facturas declaradas que no prueban la procedencia y cuantía de los créditos fiscales utilizados, atribuyendo al sujeto pasivo de forma previa, el ilícito contravencional de Omisión de Pago y otorgando el plazo de treinta (30) dias calendario e improrrogables para formular descargos (fojas 194-200 de antecedentes administrativos). 

Posteriormente, el 5 de diciembre de 2019, la entidad fiscalizadora notificó la Vista de Cargo N° 291939000143 personalmente a Rolando Arneż Revollo (fojas 201 de antecedentes administrativos), resultando evidente el lapso de más de cinco meses entre la emisión y notificación de la Vista de Cargo N° 291939000143, tiempo que a entender de la parte recurrente, vulneró los artículo 68, numeral 2 y 6 de la Ley 2492, artículo 33, parágrafo III de la Ley 2341, que dispone el plazo máximo de-cinco dias para la notificación partir de la fecha en la que el acto administrativo hubiese sido dictado

Al respecto, es imperante hacer notar que la normativa tributaria en el artículo 74, numeral 1 de la Ley 2492, dispone que los procedimientos tributarios administrativos se, sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas contenidas en el Código Tributario Boliviano y solamente ante la falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo, vacío legal que no acontece en el presente caso, el encontrarse normados los procedimientos de notificación de los actos que emita el sujeto activo, los cuales se encuentran estipulados en el Capítulo II, Sección III Procedimientos Tributarios de la Ley 2492 y teniéndose expresadas las causales de nulidad de los mismos, en el artículo 83 parágrafo 11 de la citada norma legal; en cuya consecuencia, no corresponde la aplicación supletoria del Procedimiento Administrativo dispuesto por el artículo 74, numeral 1 del Código Tributario Boliviano, para establecer causas que se entiendan como vicios de nulidad de las notificaciones que practiquen las Administraciones Tributaria

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Asimismo, hacer notar que dentro de las causales de nulidad en el artículo 83 de la Ley 2492, citado previamente, no se encuentra estipulada la nulidad por la notificación de actuaciones fuera de plazo; y que si bien, en el presente caso, es evidente de que 

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transcurrió un plazo extenso entre la emisión de la Vista de Cargo y su notificación, este hecho no se encuentra sancionado con la nulidad de los actos, por ninguna normativa que así lo imponga; por lo que bajo el principio de especificidad, no corresponde, la nulidad pretendida

Por otra parte, corresponde resaltar que si aún hubiera existido un vacío legal en la normativa Tributaria, que permita la aplicación de la Ley del Procedimiento Administrativo, en el artículo 33 parágrafo III de la Ley 2341, no se encuentra prevista como una causal de nulidad ni anulabilidad –según lo dispuesto en el artículo 35 parágrafo I de la misma norma administrativa- la notificación del acto administrativo fuera del plazo superior a cinco dias, debiendo considerar que el artículo 36 parágrafo Ill de la Ley de Procedimiento Administrativo y según el razonamiento expuesto en la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 022/2015S2 de 16 de enero, respecto al principio de especificidad o legalidad; la anulabilidad de actos realizados fuera de tiempo, procederá exclusivamente cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo, situación que no acontece en el presente caso, toda vez que la norma administrativa no sanciona con la anulación de la notificación, el incumplimiento del 

plazo para la notificación de la Vista de Cargo. 

Ahora bien, la parte recurrente alegó la vulneración de los derechos reconocidos en el artículo 68, numerales 2 y 6 de la Ley 2492, concerniente al derecho del sujeto pasivo a que la Administración Tributaria resuelva dentro de los plazos establecidos, las cuestiones planteadas según los procedimientos previstos en el Código Tributario Boliviano; sin embargo, corresponde aclarar que el administrado, no refirió en el memorial de Recurso de alzada, el incumplimiento del plazo en la emisión de un acto administrativo que resuelva algún cuestionamiento formulado a la entidad fiscal, al margen de la notificación practicada con la vista de Cargo, de la cual ya se señaló, que la misma no se contempla como causal de nulidad

En este entendido, respecto al artículo 68, numeral 6 de la Ley 2492, relativo al derecho al debido proceso, concebido como el cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente en materia de procedimiento, para garantizar la aplicación de justicia, otorgando la posibilidad de defensa a las partes, es necesario aclarar que de la revisión de los antecedentes administrativos, se 

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evidenció que el sujeto pasivo, asumió la defensa correspondiente, toda vez que presentó documentación ante la notificación de la Orden de Verificación N° 18990202828, los días 6 de julio de 2018, 13, 14 de agosto de 2018, 10 y 24 de diciembre de 2018 y 15 de abril de 2019, según consta en las notas y Actas de Recepción de Documentación (fojas 17-22 de antecedentes administrativos) y posteriormente, ante la notificación de la Vista de Cargo N° 291939000143, presento memorial de descargo, el 3 de enero de 2020 (fojas 214-220 de antecedentes administrativos); en consecuencia, se advierte la participación del sujeto pasivo en uso de su derecho a la defensa, no enmarcándose la condición prevista por el artículo 36, parágrafo II de la Ley 2341. 

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Por lo expuesto, corresponde dejar sentado que la nulidad pretendida por el recurrente, carece de sustento legal, toda vez que conforme a los argumentos legales indicados,- precedentemente… la _nulidad. _porextemporaneidad, de los actos administrativos (diligencia de notificación); no se encuentra contemplada en la normativa tributaria; máxime si no fue advertido la indefensión prevista como causal de nulidad en el ordenamiento administrativo; correspondiendo en consecuencia, desestimar la intención incoada por el sujeto pasivo respecto a este punto en particular. 

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IV.2. Cumplimiento de los requisitos exigidos para la validez del Crédito Fiscal. La parte recurrente afirmó cumplir con las exigencias del Código de Comercio y los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, señalando que cuenta con registros contables que reflejan de manera clara las cuentas deudoras 5209022 “Mercadería para la venta” (Costo) y 1129001 “Crédito Fiscal IVA” (Activo exigible), así como la cuenta acreedora 2111 “Cuentas por pagar proveedores M/N- IMBA” (Pasivo), no constituyendo fundamento legal, la exigencia de la firma o rúbrica en los comprobantes contables. 

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Añadió la existencia de requerimientos verbales al proveedor, lo que no invalidaría las transacciones realizadas con este y que se encuentran probadas mediante certificaciones: y al tratarse de productos vinculados con su actividad, corresponde el reconocimiento del crédito fiscal de las facturas de compra observadas. Refirió, que el valor probatorio del Contrato suscrito con el proveedor y los cuadros elaborados por la Administración Tributaria, son prueba irrefutable del reconocimiento de los pagos que responden a las facturas observadas, extremo que debe ser considerado como confesión de parte. 

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Finalizó señalando que, la necesidad de realizar inventarios a productos no es aplicable al presente caso y que el comprobante de pago No CP1610P002 de 31 de octubre de 2016, corresponde a los pagos realizados al proveedor en el mes de noviembre de 2016, mediante recibos de cobranza, por los meses de octubre y noviembre de 2016, siendo errónea la observación de existencia de otros clientes, que demuestra el incumplimiento de los artículos 76 y 100 de la Ley 2492 al ostentar la Administración Tributaria la carga de la prueba, en consecuencia, corresponde la apropiación del crédito fiscal. 

Al contrario, la Administración Tributaria manifestó que el sujeto pasivo interpretó de manera subjetiva el artículo 36 del Código de Comercio e incumplió con los artículos 37 y 44 del mismo cuerpo legal, lo que no permitió identificar las transacciones y facturas correspondientes a los registros. Agregó que todo comerciante tiene la obligación de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia y organización de la empresa, no obstante, la parte recurrente no lo hizo, cuando está obligado a demostrar las transacciones realizadas, al ser quien pretende beneficiarse del crédito fiscal. 

Sostuvo el incumplimiento del artículo 39 del Código de Comercio, toda vez que el contrato celebrado con IMBA S.A. no permite demostrar el consumo de los pedidos descritos en la su cláusula 3.1; en consecuencia afirmó, que las facturas depuradas no cuentan con prueba clara, completa y fidedigna que demuestre la efectiva realización de la transacción con los proveedores que las emiten, teniendo el sujeto pasivo, la responsabilidad de respaldar la veracidad de los hechos, la efectiva realización de la transacción y su vinculación con la actividad gravada; elementos probatorios que no pueden ser trasladados a la Administración Tributaria

Al respecto, la doctrina sobre el Crédito Fiscal enseña: “El cómputo de Crédito Fiscal es procedente sólo cuando respecto de las compras o importaciones definitivas de bienes, locaciones y prestaciones de servicios gravadas, se hubiera perfeccionado el hecho imponible para el vendedor, importador o prestador de servicios (...)” (VILLEGAS, Héctor. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. Cuarta Edición. Buenos Aires Argentina: Editorial Heliasta, 2003. Pág. 802). 

Asimismo, la doctrina aclara: “El objetivo perseguido ha sido evitar que una determinada cantidad de operaciones consumidas particularmente por los dueños de las empresas

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sus directivos, su personal o terceros, sean deducidas en la liquidación por la misma, por el solo hecho de haber sido facturadas a su nombre(FENOCHIETTO, Ricardo: El Impuesto al Valor Agregado, 2da. Edición. Buenos Aires- Argentina: Editorial La Ley, 2007. Pág. 631). 

Cabe puntualizar que el artículo 4 de la Ley 843, establece que el hecho imponible debe estar respaldado con la emisión de la respectiva factura, nota fiscal o documento equivalente, en tanto que el artículo 8, inciso a) de la mencionada Ley, dispone que el Crédito Fiscal IVA resulta de aplicar la alícuota correspondiente: “sobre el monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el gravamen, que los hubiesen facturado o cargado mediante documentación equivalente en el período fiscal que se liquida”: – — — — — — 

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Por su parte, los artículos 70, numerales 4 y 5 del Código Tributario Boliviano, establecen como obligaciones tributarias del sujetos pasivo: respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme se establezcan en la normativa respectiva, demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le correspondan; así también se dispone el artículo 76 de la citada Ley, que en los procedimientos tributarios, quien pretenda hacer valer sus derechos debe probar los hechos constitutivos de los mismos. 

En este entendido, en el sistema impositivo boliviano, la factura es un documento que respalda un hecho generador relacionado directamente con un débito fiscal y un crédito fiscal, pero para su plena validez cuando la Administración Tributaria formula observaciones, tendrá que ser verificado por los órganos de control, según corresponda y corroborado con otras pruebas fácticas que permitan evidenciar la efectiva realización de la transacción, de acuerdo a la documentación aportada por quien pretende hacer valer sus derechos. 

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Asimismo, cabe señalar que la Autoridad General de Impugnación Tributaria en las Resoluciones de Recurso Jerárquico STGRJ/0064/2005, AGITRJ 0232/2009, AGIT-RJ 0341/2009, AGIT-RJ 0119/2012, AGIT-RJ 1979/2013 Y AGIT-RJ 0388/2016, entre otras, 

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estableció que en los casos de Crédito Fiscal IVA depurado al surgir una duda razonable respecto de su validez, la misma puede ser despejada o confirmada, mediante el análisis de las pruebas aportadas que permitan verificar a satisfacción los siguientes requisitos: 1) Emisión de la factura según el artículo 4 de la Ley 843; 2) Que la compra se encuentre vinculada a la actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen, según el artículo 8 de la citada Ley; y 3) Que la transacción haya sido efectivamente realizada, aspecto a demostrarse en cumplimiento del articulo 70, numerales 4 y 5 del Código Tributario Boliviano; caso en el cual corresponderá el cómputo del Crédito Fiscal, de manera que no exista perjuicio fiscal. 

Ahora bien, la observación de la Administración Tributaria respecto a las facturas verificadas, al signarlas como no válidas para el cómputo del crédito fiscal IVA, se debe a que no cuentan con documentación de respaldo suficiente que demuestre la efectiva realización de las transacciones, exponiendo en la Resolución impugnada las siguientes aseveraciones: “El comprobante contable No CP1610E001 de fecha 31/10/2016, presentado por el contribuyente, con cargo a la cuenta 5209 “Variosy subcuenta 5209022 “mercadería para la venta”, registra de manera global las compras de mercaderías para la venta octubre/2016, con abono a cuentas por pagar proveedores MN por Bs501.291,50, no reflejando de manera específica las operaciones registradas en relación a las facturas observadas, de tal manera que cada partida exprese claramente las cuentas deudoras o acreedoras, de tales operaciones y sus importes, tampoco cuenta con fimas y aclaración de firmas por las partes intervinientes en su elaboración, observación que también se identificó en el resto de los registros contables presentados. Por otra parte, no adjunta respaldo adicional que demuestre la adquisición de los Bienes (Insumos), ni las diligencias preliminares de las compras como ser: Solicitudes, Ordenes de Pedido, Notas de 

Remisión (según cláusula tercera del contrato) Ingreso almacenes, kardex, Notas de entrega u otros Documentos de la Forma de entrega y recepción de los productos“. 

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Continúo salando: “Del análisis realizado a la documentación presentada por el contribuyente, en relación a los medios de pago, se evidencia que, según el comprobante contable No CP1610P002 de fecha 31/10/2016 por pago a IMBA de mercaderia octubre/2016 y mayor de la cuenta Caja MN, el pago de la mercaderia adquirida, con abono a la cuenta Caja MN asciende a Bs347.198, 94; no evidenciándose el pago de la totalidad de las compras registradas en el mes de octubre/2016 por Bs501.291,50; sin 

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embargo, según los Recibos de Cobranza por compras del periodo octubre/2016 el importe asciende a Bs485. 172,77 y un importe de Bs40.110,58, corresponde a operaciones del periodo Noviembre/2016. Adicionalmente, los recibos de cobranza no presentan identificación clara de los responsables que intervienen en la transacción (Cobrador y Cliente), asimismo, se verifica que los recibos también hacen referencia a otros clientes Tusequis y Cordill, de igual forma, no indica de forma específica que facturas son las que engloban los montos consignados. Por otra parte, en relación a las certificación emitida por IMBA sólo certifica que en los periodos octubre ý noviembre de 2016, se recibieron los pagos en efectivo del producto entregado a nombre de Rolando Amez Revollo, sin hacer referencia al detalle de las facturas que se cobra; evidenciándose inconsistencias de los pagos reflejados en registros contables (comprobantes.y mayores) en relación a los pagos consignados mediante Recibos de Cobranza y certificación de pagos por parte del proveedor, de igual manera, los comprobantes de pago, no cuentan con identificación clara de los responsables-(nombre y/o fima); asimismo, no muestran consistencia con los pagos registrados según recibos de cobranza y certificación de pagos 

ojas 325 de antecedentes administrativos). 

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Para luego concluir, la entidad recurrida en el acto analizado: “De lo expuesto, se observa que el contribuyente no presentó documentación e información clara y suficiente relativa a la integridad y veracidad de las transacciones comerciales sujetas a revisión, que permita valorar los hechos previstos por Ley como generadores de la obligación tributaria, documentación e información que le fue requerida por la Administración Tributaria durante el proceso de verificación; por lo que, no demostró la procedencia de los créditos impositivos correspondientes, toda vez que las operaciones que originaron la emisión de las facturas, no cuentan con documentación de respaldo clara y suficiente que demuestre la efectiva realización de las transacciones” (fojas 327 de antecedentes administrativos). 

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En ese entendido, inicialmente corresponde aclarar que, el artículo 36 de Código de Comercio señala: “Todo comerciante está en la obligación de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia y organización de la empresa, sobre una base uniforme que permita demostrar la situación de sus negocios y una justificación clara de todos y cada uno de los actos y operaciones sujetos a contabilización, debiendo además conservar en buen estado los libros, documentos y correspondencia que los respalden”. Por su parte, el artículo 37 del mismo cuerpo legal dispone: “El comerciante debe llevar, 

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obligatoriamente, los siguientes libros: Diario, Mayor y de Inventario y Balances, salvo que por ley se exijan específicamente otros libros (...)

Bajo este contexto, la contabilidad exigida por el artículo 36 del Código de Comercio, expone la obligatoriedad de llevar contabilidad que permita demostrar la situación del negocio además de una justificación clara de todos los actos y operaciones sujetos a comercialización; no obstante de ello, dicha contabilidad debe enmarcarse en la naturaleza, importancia y tipo de organización empresarial, permitiendo al comerciante el uso de sistemas contables y registros de acuerdo a la realidad comercial y empresarial y no una imposición a determinada contabilidad, o incluso, de incumplirse permita a la Administración Tributaria, concluir la inexistencia de las transacciones comerciales. 

Continuando con el análisis, el artículo 37 del Código de Comercio, expresamente dispone la obligatoriedad de registro del Libro Diario, Mayor y de Inventario y Balances; sin embargo, su ausencia o registro, no constituye una prueba de la materialización o no de la transacción, sino que permiten a la Administración Tributaria el conocimiento de las operaciones llevadas a cabo y posibilitan al comerciante alcanzar mayor orden y claridad, obtener información y ejercer control de su actividad. En este entendido, la ausencia de una contabilidad sobre una base uniforme y del libro de inventario, no constituyen por si mismos una prueba de la inexistencia de la transacción, debiendo la entidad fiscal efectuar un análisis de la prueba aportada por el sujeto pasivo de manera integral, a fin de verificar y resolver sobre su materialidad. 

Por otra parte, con relación a la inexistencia de firmas en los comprobantes contables alegado por la Administración Tributaria en el acto impugnado, omisión que a decir de esta, imposibilitó la identificación de los responsables, aclarar que el artículo 49 del Código de Comercio manifiesta la obligatoriedad de suscripción del balance del ejercicio y la cuenta de resultados, conjuntamente con el profesional interviniente, con la finalidad de individualizar la responsabilidad por su veracidad y no como fundamento para concluir la inexistencia de la transacción, máxime si los comprobantes contienen una identificación del sujeto pasivo y refieren, en conjunto a las transacciones desarrolladas

Asimismo, aclarar que la mención de Tusequis y Cordill en los recibos de cobro, no resulta suficiente para afirmar la existencia de otros clientes, más aún si la Administración 

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MIUI 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Tributaria, expresa en el acto impugnado la titularidad de los recibos de cobro al sujeto pasivo, además de valorar la certificación emitida por el proveedor que avala que dichos recibos pertenecen a la parte recurrente; por consiguiente, corresponde su valoración en el presente caso a fin de verificar si los mismos conducen a la realización de las transacciones observadas. 

Ahora bien, de la revisión de los antecedentes administrativos, se evidenció la presentación del Documento Privado suscrito ente Industria Molinera y Balanceado de Alimentos para Aves y Ganado Agroindustrial Rivera “IMBA S.A.”y Rolando Arnez Revollo el mismo que fue suscrito del 24 de marzo de 2015, que estipula en las cláusulas Tercera y Cuarta: () 3.1 A partir de la suscripción del presente contrato en forma rotàtiva y según requerimiento de Cliente, IMBA entregará pollos faeneados y productos terminados de acuerdo a los parámetros de calidad acordado. 3.2 Entregado el producto, el Cliente se obliga a pagar el importe total de las facturas o notas de remisión en el plazo fatal e improrrogable de 7 dias computables a partir de la fecha de recepción de los productos (…)”. (...) El Cliente asume la responsabilidad del valor económico de las facturas recibidas y se obliga al pago del precio del producto recibido en el plazo máximo de SIETE días que correrán a partir de la fecha de emisión del documento de salida de la mercancia. Debiéndose hacer los depósitos en efectivo en la caja central de la empresa” (fojas 160 y 160 vta. de antecedentes administrativos). 

Bajo este contexto, merece aclarar que la Administración Tributaria a tiempo de valorar el Documento Privado de 24 de marzo de 2015, adujo en la Resolución Determinativa cuestionada: “(…) De lo expuesto corresponde señalar que la presente cláusula no señala que el requerimiento debe realizarse de forma verbal como mal refiere al contribuyente, sino que establece que se efectuará los requerimientos según las necesidades del cliente; situación que fue observada por la Administración Tributaria, toda vez que el contribuyente no presenta documentación y/o respaldo alguno que demuestre la Adquisición de Bienes (…), y continuo: (…) se evidencia que la documentación presentada por el contribuyente tanto en la etapa de verificación como en la etapa de descargos a la vista de Cargo, no muestra el cumplimiento al plazo acordado, toda vez que los pagos realizados a través de los Recibos de Cobranza datan de fechas posteriores a la emisión de las facturas, por lo que es evidente que el contribuyente incumplió lo establecido en el Documento Privado(fojas 330-331 de antecedentes administrativos). 

afaq 

ISO 9001 

Calidad: AFOR CERTIFICATION 

IQNe

MAR 

DE

Awwwwwww 

Pág.23 de 31 

NBX150 

9001 IBNORCA 

Sistemy de Gestio

de la calidad Certiz N771/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarant) 

Av. Oquendo Ne 381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 41400114140012. www.ait.gob.bo.Cochabamba, Bolivia 

Ahora bien, lo expuesto por la Administración Tributaria evidencia la valoración del Documento Privado de 24 de marzo de 2015 adjunto por el sujeto pasivo, respecto a su condición de prueba que acredita la realización de la transacción, no advirtiéndose que el ente fiscal, hubiera emitido criterio respecto a su validez y eficacia entre los suscribientes o anulación del valor probatorio del mismo, como alega la parte recurrente, por el contrario, se tiene que el Documento Privado refiere a la relación contractual entre el sujeto pasivo y el proveedor y de su revisión la entidad fiscalizadora emitió un análisis de su contenido relacionado a las transacciones observadas. 

Por el análisis expuesto hasta este punto, corresponde verificar si las transacciones observadas por la Administración Tributaria cumplen y guardan satisfacción con los siguientes requisitos de emisión de la factura: Vinculación con la actividad gravada y corroborar si la transacción fue efectivamente realizada; al efecto corresponde analizar las facturas observadas, los registros contables adjuntos y la documentación de prueba, así como los argumentos del sujeto pasivo

En este entendido, de la revisión de antecedentes administrativos, se verifica la emisión de las facturas contendidas en el Detalle de Diferencias Anexo a la Orden de Verificación N° 18990202828 y al tratarse de productos del proveedor IMBA S.A., su compra guarda vinculación con la actividad gravada por el sujeto pasivo consistente en comercio mayorista, según lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley 843; en consecuencia, corresponde verificar si las transacciones fueron efectivamente realizadas, en sujeción con el artículo 70, numerales, 4 y 5 del Código Tributario Boliviano, que señala: Constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo: 4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas respectivas.” y “5. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le correspondan (...)

Bajo este contexto, se tiene que el sujeto pasivo presentó recibos de pago, comprobantes contables y Documento Privado de 24 de marzo de 2015, con el objetivo de acreditar la materialidad del pago como elemento de su efectiva realización, adjuntando el comprobante contable No CP1610E001 de 31 de octubre de 2016, con cargo a la cuenta 5209 “Varios” y subcuenta 5209022 “mercadería para la venta”, octubre/2016, con abono 

Pág. 24 de 31 

SI 

AITU 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

a cuentas por pagar proveedores MN, “IMBA CP mercadería para venta octubre/2016″ por B$501.291,50 (fojas 55 de antecedentes administrativos) y el comprobante contable No CP1610P002 de 31 de octubre de 2016, correspondiente a IMBA pago mercadería octubre 2016, respecto a cuentas por pagar proveedores caja moneda nacional por el importe de Bs347.198,94.- además del Libro Mayor de la cuenta Caja Moneda Nacional de 1 de octubre de 2016 al 31 de octubre de 2016 que consigna en Detalle IMBA Pago mercaderia octubre/2016, comprobante CP1610P002 por el importe de Bs347.198, 94 y Libro Mayor de Cuentas por Pagar Proveedores MIN del 1 de octubre de 2016 al 31 de octubre de 2016 (fojas 56-58 de antecedentes administrativos). 

De lo descrito en el párrafo previo, se debe destacar que, los referidos Comprobantes Contables, en cuanto a la adquisición de la mercaderia para la venta, por parte del sujeto pasivo, exponen importes globales, sin hacer referencia a las facturas, depuradas por la Administración Tributaria, persistiendo por ello; la incertidumbre sobre el efectivo pago de lo adquirido mediante las facturas depuradas; debiendo traer a colación, que si bien el artículo 45 del Código de Comercio prevé que es válida, la anotación conjunta de los totales de las operaciones por períodos no superiores al mes, dicho referente legal, también deja sentado la obligación, de que su detaļle aparezca en otros libros o registros auxiliares, de acuerdo con la naturaleza de la actividad de que se trate; aspecto que no fue cumplido por el sujeto,pasivo, no pudiendo considerar, los comprobantes analizados como prueba que demuestre la situación del negocio del contribuyente y una justificación clara de todos y cada uno de los actos y operaciones sujetos a contabilización, tal como lo exige el artículo 36 de la noma citada con anterioridad. 

Asimismo, se advirtió a fojas 54 de antecedentes administrativos, la Certificación de 19 de diciembre de 2018, emitida por Patricia Asin Claros Sub Gerente de Finanzas de IMBA S.A., correspondiente a pagos recibidos según los Recibos 58281,58286, 58289, 58290, 58291, 58298, 58300, además de comprobantes de pago. 

afaq 

SO 900

Calidad TWO LEATHKATION 

1QNet 

Ahora bien, lo referido previamente se expone, para fines de análisis y referencia en los cuadros desarrollado a continuación en virtud a las facturas observada por la Administración Tributaria, los recibos de cobranza y los comprobantes de pagos, propios del sujeto pasivo y del proceso determinativo, objeto del presente Recurso de Alzada: 

Rokas urguesa 

OE

S

Pág. 25 de 31 

NB/ISO 

9001 IANORCA Sistema de Gesson 

de la calidad Certificado N 771/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Av. Oquendo N° 381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (591-4) 4140011 4140012 – www.ait.gob.bo.Cochabamba, Bolivia 

Na 

Perlodo 

Facturas observadas por la Administración Tributaria 

Fojas NIT 

N° de Orden/N° de Fecha de 

Importe .: antecedentes Factura 

Autorización Factura emisión 

administrativos 

04 de octubre 

977732012 20640160000473 7307 34,405.80 2016 

10/2016 

10/2016 

04 de octubre 

2016 

977732012 

20640160000473 

7308 

42,310.95 

10/2016 

04 de octubre 

2016 

977732012 

20640160000473 

7309 

42,414.90 

10/2016 

977732012 

20840160000473 

848

19,139.40 

12 de octubre 

2016 12 de octubre 

2018 

10/2016 

977732012 

20640160000473 

8487 

37,230.60 

10/2016 

12 de octubre 

2016 

977732012 

20640160000473 

8488 

47,557.95 

10/2016 

14 de octubre 

2016 

977732012 

20640160000473 

8805 

19,594.46 

10/2016 

19 de octubre 

2016 

977732012 

20640160000473 

9545 

19,411.9

10/2016 

19 de octubre 

2016 

977732012 

20640160000473 

9571 

10,228.35 

111 

10/2016 

19 de octubre 

2016 

977732012 

20640160000473 

9572 

32,861.40 

116 

10/2016 

19 de octubre 

2016 

977732012 

20640160000473 

9573 

40,745.1

121 

10/2016 

24 de octubre 

2016 

977732012 

20640160000473 

10209 

20,982.22 

126 

10/2016 

25 de octubre 

2016 

977732012 

20640160000473 

10477 

45,846.90 

131 

10/2016 

25 de octubre 

2016 

977732012 

20640160000473 

10478 

43,284.45 

138 

10/2016 

25 de octubre 

2016 

977732012 

20640160000473 

10479 

9,114.60 

141 

10/2016 

27 de octubre 

2016 

977732012 

20640160000473 

10777 

19,475.7

146 

Recibos de cobranza 

Número de recibo 

Fecha 

Importe en Bs 

  • Folas **** antecedentes administrativos 

58281 

20/10/2016 

119,131.65 

58286 

01/11/2016 

168,623.40 

58289 

14/11/2016 

20,000.00 

58290 

18/11/2016 

98,245.98 

58291 

21/11/2016 

19,301.86 

58298 

29/11/2016 

19,411.94 

58300 

30/11/2016 

80,568.55 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Comprobantes de pago 

Concepto

Fecha 

Importe en 

10

*Folas 

antecedentes administrativos 

48 

20/10/2016 20/10/2016 

19 

26 

20/10/2016 

34,405.80 42,310.95 42,414.90 19,139.40 37,230.60 

14/11/2016 01/11/2016 

01/11/2016 

*47,557.95 

21/11/2016 

19,301,86 

Compra de came industrial congelada Compra de came industrial congelada Compra de came industrial congelada Compra de filete de pecho s/p cong. Compra de filete de pecho sp cong. Compra de came industrial congelada, filete de pecho s/p cong Pago a ca, Compra higado congelado, filete de pecho slp cong. Pago a cta. Compra hígado congelado, filete de pecho sp Cong. Pago a cta. Compra hígado congelado, filete de pecho slp cong. Compra de filete de pecho sip cong Compra de filete de pecho s/p cong Compra de filete de pecho s/p cong, Compra hígado congelado, filete de pecho s/p cong Compra de filete de pecho s/p cong Compra came deshuesada por pollo, filete de pecho sig 

14/11/2016 

... 292.60 

29/11/2016 

19,411.94 

115 120 

01/11/2016 

01/11/2016 01/11/2016 30/11/2016 

18/11/2016 

10,228.35 32,881.40 40,745.101 20,982.22 I ,45,846.90 

130 

135 

18/11/2016 

cong 

18/11/2016 

Compra carne deshuesada de pollo Compra de filete de pecho s/p cong 

43,284.45 9,114.60 19,475.7

30/11/2016 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

— 

Ahora bien, la documentación expuesta previamente, fue sujeta análisis por esta instancia recursiva, advirtiendo que los Recibos de Cobranza, no exponen datos que permitan establecer una correspondencia con las facturas depuradas por el Servicio de Impuestos Nacionales, tampoco refieren los conceptos de compra, es decir, que comprendan los artículos adquiridos o expresan información que otorguen certeza de que los importes consignados, correspondan a pagos efectuados en la fecha de emisión del mencionado Recibo de Cobranza… 

afaq 

190 19001 

Caridad 

Arnot durdu 

Aranibar Media ) 

VB 

De igual manera la información poco precisa consignada en los referidos documentos, tampoco permite conocer con claridad, si los montos reflejados son totales o pagos parciales de las transacciones registradas en las facturas depuradas, en ese sentido, los Recibos de Cobranza emitidos por el proveedor reflejan más bien un aviso de cobro, que no guarda relación certera con las facturas objeto de verificación por la Administración Tributaria

TQNet 

WY 

wn 

bato 21 

Eric Hojas 

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Ne/iso 

godi 18NORCA Sistema de Gestión . de la Caldad Cotado 771/1

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onorita mbaerepi Vae (Guarani) 

Av. Oquendo N2:381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (591-4) 4140011 4140012 www.ait.gob.bo. Cochabamba, Bolivia 

En este contexto, si bien el sujeto pasivo afirma, que las transacciones cuestionadas por la entidad recurrida, fueron reconocidas por el proveedor, la citada certificación cursante a fojas 44 de antecedentes administrativos, no expone un detalle de las facturas que la comprenden, impidiendo tener seguridad, sobre la correspondencia del pago total o en su caso, un pago parcial de las referidas notas fiscales, limitándose a señalar el emisor de la certificación, la supuesta recepción de los pagos en efectivo a nombre del ahora recurrente, sin referencia alguna con las facturas depuradas

Continuando con el análisis, referir que, el sujeto pasivo, manifestó que la certificación de los pagos, efectuada por el proveedor, constituye prueba fehaciente de las transacciones observadas; sin embargo, de la compulsa de los Recibos de Cobranza y la merituada certificación, no se evidencia ello, al no poder establecer un nexo con las cuestionadas notas fiscales. En este entendido, aclarar que, el sujeto pasivo, tenía la posibilidad de generar el sustento documental que permita comprender la relación entre los Recibos de Cobranza, propuestos como prueba; y por el contrario, el importe de las transacciones expuestas en las facturas sujetas a revisión; no son coincidentes y tampoco refiere datos, que posibiliten comprender que la certificación del proveedor alcance a las facturas depuradas

Asimismo, ante la eventualidad de corresponder los Recibos de Cobranza a las transacciones observadas, que posibilitarían la obtención de crédito fiscal a favor del comprador, éste por mandato de los artículos 36 y 37 del Código de Comercio, tiene la obligación de efectuar los registros contables que permitan demostrar la situación del negocio y una justificación clara de todos y cada uno de sus actos y operaciones, mediante la elaboración y conservación de los libros señalados en el merituado Código de Comercio, encontrándose entre ellos el inventario; esto, con la intención de dotar a las operaciones desarrolladas por el sujeto pasivo, de la confiabilidad necesaria que asegure el cumplimiento de los requisitos para el beneficio del crédito fiscal -como lo es la onerosidad situación que tampoco sucedió en el presente caso. 

En este contexto, pasando a la valoración de los comprobantes de Pago referidos por el contribuyente, los mismos no exponen dato alguno que permita establecer una vinculación con el pago aludido por el administrado en los Recibos de Cobranza y en consecuencia, no puede establecerse una correspondencia con la Certificación emitida por el emisor de 

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– 

– 

IN 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

las notas fiscales depuradas, pues la misma señala, importes diferentes a los consignados 

en los Comprobantes de Pago. 

En ese sentido, aclarar que, el artículo 2 de la Ley 843, señala a los fines del IVA, considera venta a toda transferencia a título oneroso que importe la transmisión del dominio de cosas muebles o la prestación de servicios; es a partir de dicho enunciado, que la realización de la transacción, requisito para el beneficio del crédito Fiscal IVA, debe cumplir con la condición de onerosidad, es decir, dejar constancia irrefutable de la existencia de un proveedor, que transfirió la propiedad de ciertos artículos, en calidad de venta a cambio de una retribución o entrega de fondos por parte del cliente o comprador, que para el presente caso, lo constituye Rolando Amez Revollo; hecho que no fue demostrado con la documentación que proporcionó durante el proceso determinativo llevado a cabo por la Administración Tributaria y por el cual, dicha entidad emitió la Resolución, ahora impugnada; advirtiendo con ello, un evidente incumplimiento de lo exigido en el numeral 4 del artículo 70 de la ‘Ley 2492, que establece como obligación del sujeto pasivo respaldar las actividades y operaciones gravadas. 

– 

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Por lo expuesto, de la comparación a la documentación proporcionada por el sujeto pasivo y expuesta en los cuadros anteriores, resulta evidente la falta de correspondencia en los importes de las facturas observadas y los comprobantes de pago, no permitiendo tener certeza sobre el pago de las notas fiscales depuradas, máxime cuando los comprobantes de pago, no demuestran una efectiva disposición de fondos a favor del proveedor y los – Recibos de Cobranza Nos. 58281, 58286, 58289, 58290, 58291, 58298, 58300, certificados como cancelados, no especifican las facturas que los originan, ni tienen importes o conceptos que permitan su relación con los comprobantes de Pago. Por otro lado, de la revisión del Documento Privado de 24 de marzo de 2015 aportado por el administrado, no se advierte en su contenido, referencia de montos, fechas de entrega, recibos de pago y otra información, que permita avalar las transacciones observadas por la Administración Tributaria y consignadas en las facturas depuradas (fojas 160 y 160 vta. de antecedentes administrativos), debiendo ser desestimado por su falta de pertenencia, en el marco de lo previsto por el primer párrafo del artículo 81 de la Ley 2492. 

afaq ISO 900

Calldäd

ANNOL (FUJITKATIO 

ຊື້ Arabໄ ia$| 

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Set Bersiteto 

Reiterar que, conforme lo dispuesto en el artículo 70, numerales 4 y 5, constituye deber del sujeto pasivo, respaldar sus actividades mediante prueba documental y demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le corresponden; en 

Rapoc

DER 

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NØ/ISO 

9001 IBNORCA 

Serra de Gestión 

  • dala taldad Certificador 771/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oromita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Av. Oquendo N°381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos (5914) 4140011 4140012. www.ait.gob.bo. Cochabamba, Bolivia 

consecuencia, el sujeto pasivo teniendo conocimiento de la causa para la depuración del Crédito Fiscal declarado, ostenta la responsabilidad de probar, que la operación existió, acudiendo a documentos que considere pertinentes y conduzcan a demostrar la realización de la transacción para prevalecer el crédito impositivo declarado en octubre 2016. 

Bajo la premisa anterior, la verificación se desarrolló considerando la documentación aportada por el sujeto pasivo y de existir observaciones en el presente caso además de lo señalado previamente- la falta de correspondencia entre los registros contables y el resto de la prueba documental, el sujeto pasivo quien desarrolla la actividad y afirma una relación comercial con el proveedor, es quien tiene la obligación de registrar contablemente sus operaciones y en este sentido, aportar al proceso determinativo, pruebas conducentes a establecer su derecho sobre los créditos fiscales declarados, en virtud a la carga de la prueba definida por el artículo 76 de la Ley 2492; y a pesar que existen los comprobantes Contables pertinentes, tal como se expuso en párrafos anteriores, los mismos no cumplen con la finalidad, de demostrar la situación de sus negocios y ser una justificación clara de las transacciones ahora revisadas. 

Entonces, no resulta suficiente para probar la realización de la transacción, la existencia de la factura o su correcta dosificación, para la apropiación del crédito fiscal, o que estas fueran declaradas por el proveedor según el Libro de Ventas, sino que, merece la presentación de prueba que conduzca al conocimiento cierto, que el crédito fiscal declarado, corresponde a transacciones efectivamente realizadas, debiendo demostrar para ello lo onerosidad como parte de la condición que sustenta, la efectiva realización de la transacción; derivando por todo lo expuesto, en la existencia de tributo omitido por el Impuesto al Valor Agregado del periodo octubre de la gestión 2016 y la comisión de conducta de omisión de pago sancionada. 

En suma, de la revisión y análisis de los antecedentes, compulsados los argumentos vertidos, al dejar establecido que la Resolución Determinativa impugnada, no contiene causales ni vicios de nulidad y al no advertir la existencia de argumentos y prueba documental que desestime la decisión adoptada por la Administración Tributaria, conforme establece el artículo 76 de la Ley 2492, en cuanto a la onerosidad de las operaciones observadas y el crédito fiscal IVA depurado por el periodo octubre de 2016; corresponde a esta instancia recursiva, confirmar la Resolución Determinativa No 

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AID) 

AUTORIDAD DE JMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

172039000094 de 27 de febrero de 2020, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales. 

POR TANTO

El suscrito Director Ejecutivo a.i..de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB). y artículo 141 del Decreto Supremo N° 29894 de 7 de febrero de 2009

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 172039000094, de 27 de febrero de 2020, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales, ante la ausencia de vicios de nulidad en el procedimiento determinativo y al no advertir prueba que desestime la decisión adoptada por la Administración Tributaria en cuanto a la ausencia de onerosidad en las operaciones observadas y consecuente depuración de crédito fiscal IVA por el periodo octubre de 2016 sea de conformidad con artículo 212 parágrafo I inciso b) del Código Tributario Boliviano.. 

SEGUNDO: Là Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario. Boliviano (CTB), será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente

.T 

.IH 

3

Guard

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley N° 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

E

  1. KO

19 Bottes 

afaq 

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 de la Ley N° 2492 (CTB), el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computables a partir de su notificación. 

1501900

Calidad 

FH C 

OT

TE 

Aranibar Mejial 

IQNet 

VoB

Regístrese, notifiquese y cúmplase. 

  1. S

SJR 

Eric Ausberto Rojas Urquiza 

DIRECTOR EJECUTIVO REGIONAL 

DIRECCION EJECUTIVA REGIONAL Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Coba

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NB/ISO 

9001 IANORCA – Ska de Custo

de la Calidad Certificado 1914 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit ayir jacha karani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Av.. Oquendo N° 381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012 www.ait.gob.bo.Cochabamba, Bolivia