ARIT-CBA-RA-0245-2020 Depuración de facturas, facultades prescritas de la Administración Tributaria, se Revocó la Resolución Determinativa.

ARIT-CBA-RA-0245-2020

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBARA 0245/2020 

Recurrente 

Ramiro Guzmán Martínez 

Administración recurrida 

Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por José Elmer Barrancos Barrientos. 

Acto impugnado 

Resolución Determinativa N° 172030000225. 

Expediente No 

ARITCBA0146/2020. 

Lugar y fecha 

Cochabamba, 7 de septiembre de 2020

VISTOS

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidasy producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARITCBA/ITJ 0245/2020 de 7 de septiembre de 2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente.! — 

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ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. La Resolución Determinativa N° 172030000225 de 13 de marzo de 2020, que determinó de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones de Ramiro Guzmán Martínez, en la suma de UFVs 704.149 equivalentes a B$1.647.301, correspondientes al tributo omitido actualizado del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Transacciones, intereses y sanción por omisión de pago, por los periodos fiscales de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2007, calificando al efecto, su conducta como Omisión de Pago por los citados impuestos y periodos fiscales en aplicación de los artículos 165 de la Ley 2492, 42 del Decreto Supremo 27310 y la Resolución Normativa de Directorio 10002510. Acto notificado por cédula al sujeto pasivo el 16 de marzo de 2020 (fojas 2480-2536 y 2543 de antecedentes administrativos)

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II

TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA. II.1. Argumentos del Recurrente. Ramiro Guzmán Martínez, mediante memoriales presentados el 2 y 17 de junio de 2020 (fojas 59-74 y 77-79 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 1720300000225 de 13 de marzo de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, manifestando lo 

siguiente: 

Expuso que, la Resolución Determinativa impugnada, aplicó retroactivamente la Ley 812 de 30 de junio de 2016, a hechos suscitados en julio a diciembre de 2007 por concepto de Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Transacciones, razón por la cual opuso la prescripción de la acción y sanción de la Administración Tributaria ante el ente fiscal; precisó que el acto impugnado al omitir el fundamento plasmado por el artículo 123 de la Constitución Política del Estado, Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1169/2016 S3 de 26 de octubre, 012/2019-S2 de 11 de marzo, 0566/2018-S1 de 1 de octubre y Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ 1460/2219 de 16 de diciembre y 0500/2020 de 26 de febrero, vulneró el debido proceso. 

Enfatizó que, los hechos generadores del IVA e IT de julio a diciembre de la gestión 2007, se produjeron en vigencia de la Ley 2492, sin las modificaciones establecidos por la Leyes 291, 317 y 812, por lo que arguyó que el cómputo de la prescripción del IVA e IT del 2007, inició el 1 de enero de 2008 y concluyó el 31 de diciembre de 2011, por lo que aseguró que la pretensión de la Administración Tributaria de ejercer sus facultades para ejecutar la deuda tributaria, cobrar la misma e imponer sanciones administrativas respecto al IVA e IT de los periodos de julio a diciembre de 2007, se encuentran prescritas a la fecha de la emisión del acto impugnado en conformidad al término dispuesto por el artículo 59 de la Ley 2492, sin modificaciones. Agregó que no existieron causales de interrupción al cómputo de la prescripción de reconocimiento de la deuda o solicitud de plan de pagos. 

Argumentó la correspondencia de aplicación jurisprudencial de las Sentencias Constitucionales 1169/2016-S2 de 26 de octubre, 566/2018-S1 de 1 de octubre, 0012/2019-S2 de 11 de marzo, y las Sentencias Nos. 6/2019 de 26 de febrero, 036/2018 de 19 de abril, 153/2018 de 20 de noviembre de 2018, 39, 47 y 52 emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia, respecto a la prohibición de la aplicación retroactiva de la Leyes 291, 

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317 y 812; así como los precedentes tributarios plasmados en las Resoluciones de Recursos Jerárquicos AGIT-RJ 0500/2020 de 26 de febrero, 1460/2019 de 16 de diciembre, 1396/2016 de 31 de octubre, 1698/2016 de 20 de diciembre y 0255/2017 de 14 de marzo. 

Finalizó señalando que, en previsión del entendimiento de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0983/2015 de 1 de junio, la solicitud de prescripción no puede considerarse como una causal de reconocimiento tácito o expreso de la obligación tributaria. 

Por los fundamentos expuestos, solicitó la revocatoria total de la Resolución Determinativa No 172030000225 de 13 de marzo de 2020 y se declare nula y sin valor legal por no corresponder la aplicación retroactiva de la Ley 812 de 30 de junio de 2016, para hechos acaecidos, de julio a diciembre de 2007, que se encuentran prescritos por los artículos 59, 150 y 154 de la Ley 2492. 

II.2. Auto de Admisión. El 18 de junio de 2020, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba emitió el Auto de Admisión del : Expediente ARIT-CBA-0146/2020, correspondiente al Recurso de Alzada interpuesto por Ramiro Guzmán Martinez, contra la Resolución Determinativa N° 172030000225 de 13 de marzo de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (fojas 80 del –-T expediente administrativo. 

II.3. Respuesta de la Administración Tributaria. La Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por Edwin Díaz Ávila conforme acredito con la Resolución Administrativa de Presidencia No 032000000559 de 2 de julio de 2020 (fojas 83-84 del expediente administrativo), por memorial presentado el 14 de julio de 2020 (fojas 85-89 del expediente administrativo), respondió el Recurso de Alzada con los siguientes fundamentos: 

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Que el contribuyente a través de su Recurso de Alzada, solicitó la prescripción de la facultad de ejecución tributaria y no así de la facultad de determinación, por lo que respetando la congruencia con la que deben ser emitida las resoluciones para evitar ser 

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II 

ultrapetita la decisión del caso presente, debe pronunciarse sobre lo argumentado y pedido por el sujeto pasivo; asimismo, adujo que la instancia de alzada debió observar o pedir aclaración del objeto de la impugnación en aplicación del artículo 198 inciso e) del Código Tributario Boliviano, caso contrario se generaría un vicio de nulidad por ultrapetita

Manifestó que la determinación tributaria fue iniciada con la Orden de Fiscalización No 0009PFE00029 de 21 de septiembre de 2009, que fue notificada al contribuyente el 25 de septiembre de 2009, acto que conforme el artículo 61 parágrafo I de la Ley 2492, suspende el cómputo de la prescripción. Añadió que el 29 de noviembre de 2010, el sujeto pasivo fue notificado con la Resolución Determinativa Graco N° 17-00571-10 de 25 de noviembre y que este interpuso Recurso de Alzada el 17 de diciembre de 2010, momento desde el cual procedió la suspensión del término de prescripción conforme prevé el parágrafo II del artículo 62 de la Ley 2492, hasta la devolución de los antecedentes administrativos 

originales, por lo que afirmó que, el cómputo de la prescripción fue suspendido por 5 años 

8 meses y 3 días

Reiteró que la facultad de determinación de la Administración Tributaria no fue objeto de Recurso de Alzada, y que el cómputo del IVA e IT de los periodos de julio a noviembre de la gestión 2007, comenzó a correr desde el 1 de enero de 2008 y para el periodo de diciembre de 2007, inició el 1 de enero de 2009, por lo que asintió que, al 17 de diciembre de 2010, momento de la interposición del Recurso de Alzada, transcurrió 2 años, 11 meses y 16 días (para los periodos de julio a noviembre de 2017) y 1 año, 11 meses y 16 dias (para el periodo de diciembre de 2007), de suspensión de la prescripción por la interposición del recurso impugnatorio, por lo que afirmó que no operó la prescripción en aplicación del artículo 59 de la Ley 2492 que se encontraba vigente el 17 de diciembre de 

Amplió señalando que, con la devolución de antecedentes administrativos, efectuado el 23 de agosto de 2016, continuó el cómputo de la prescripción, momento en que estaba vigente la Ley 812 de 30 de junio de 2016 que modificó el artículo 59 de la Ley 2492; por lo que afirmó, la aplicación dicha modificación a los periodos del 2007, en sujeción a la teoría de los derechos adquiridos. 

Señaló que para los periodos de julio a diciembre de 2007, el cómputo de la prescripción inició el 1 de enero de 2008 y 2009 respectivamente, siendo suspendido el 17 de diciembre 

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de 2010, en 2 años 11 meses y 16 dias (para los periodos de enero a noviembre) y 1 año 11 meses y 16 dias (para el periodo de diciembre) hasta el 23 de agosto de 2016 que fueron devueltos los antecedentes administrativos, además señaló que debe considerarse la notificación con el acto impugnado al recurrente como un acto interruptivo a la prescripción conforme lo prevé el artículo 61 de la Ley 2492, hechos que evidencian la no configuración de la prescripción para estos periodos. 

Indicó en cuanto a la amplia jurisprudencia citada por la parte recurrente, que estas resultan citas simples que no tienen mayor sustento analítico comparativo entre los mismos y el caso presente, esto con el objeto de demostrar la analogia y coincidencia para su aplicación, más aún cuando el sujeto pasivo debió sustentary argumentar sus afirmaciones y no pretender que la simple transcripción de fallos sean suficientes, sin precisar como deben ser considerados por la autoridad de alzada. ... 

Argumento que el sujeto pasivo no consideró que, el señalar la existencia de una obligación que esta por ser ejecutada y pedir la prescripción de la misma, resulta un reconocimiento tácito de una deuda, más aún cuando el recurso no realiza observación alguna ala determinación, aspecto que denoto conformidad con tal reparo y acreditó causal del articulo 61-inciso b) de la Ley 2492. 

Por los fundamentos expuestos, solicitó la confirmación de la Resolución Determinativa No 172030000225 de 13 de marzo de 2020. 

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11.4. Apertura de término probatorio. El 15 de julio de 2020, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba emitió el Auto de Apertura Término de Prueba Expediente ARITCBA 0146/2020, disponiendo la apertura del término probatorio de veinte dias comunes y perentorios para ambas partes, en aplicación de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 218 del Código Tributario Boliviano (fojas 90 del expediente administrativo). 

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El 4 de agosto de 2020, la parte recurrente presentó memorial con la suma ofrezco, presento y produzco prueba”, mediante el cual reiteró inextenso los argumentos planteados en su Recurso de Alzada, haciendo mención como prueba a las Sentencias Constitucionales 012/2019-S 2 de 11 de marzo, 0566/2018-S1 de octubre y 

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1169/2016-S3 de 23 de octubre; asimismo, reiteró su petitorio de revocar o anular la Resolución Determinativa N° 172030000225 de 13 de marzo de 2020 (fojas 92-102 del expediente administrativo). 

La Administración Tributaria el 4 de agosto de 2020, ratificó sus argumentos y elementos probatorios que fueron expuesto en su memorial de respuesta al recurso impugnatorio; asimismo, ofrecen calidad de prueba fotocopias legalizadas el memorial de interposición de Recurso de Alzada y nota de devolución de antecedentes AGIT-1615/2016 de 23 de agosto de 2016 (fojas 106 del expediente administrativo). 

11.5. Alegatos. El 21 de agosto de 2020, el sujeto pasivo presentó memorial de alegatos, desarrollando el mismo contenido que su Recurso de Alzada, en cuanto a la configuración de la prescripción del IVA e IT de los periodos julio a diciembre de la gestión 2007, cuestionando entre otros aspectos, la aplicación retroactiva, por parte del Servicio de Impuestos Nacionales, de las modificaciones al régimen de prescripción previsto en el artículo 59 del Código Tributario Boliviano; asimismo destacando diferentes Sentencias Constitucionales referidas a la normativa que se debe considerar para el análisis del instituto jurídico reclamado (fojas 118131 del expediente administrativo)

El 24 de agosto de 2020, José Elmer Barrancos Barrientos, como Gerente Distrital Cochabamba a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales acreditado conforme la Resolución Administrativa de Presidencia No 032000000725 de 11 de agosto de 2020, se apersonó ante ésta instancia de alzada a objeto de reiterar los argumentos expuestos en el memorial de respuesta al Recurso de Alzada de la Administración Tributaria, así como la petición de que se confirme la Resolución impugnada (fojas 136-137 del expediente administrativo)

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA. 

El 21 de septiembre de 2009, la Administración Tributaria emitió la Orden de Fiscalización N° 00090FE00029 (Form. 7504), informando al contribuyente Ramiro Guzmán Martínez el inicio de una fiscalización parcial respecto al Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a 

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las Transacciones correspondiente a los periodos de julio a diciembre 2007. Acto notificado mediante cédula el 25 de septiembre de 2009 (fojas 2 y 7 de antecedentes administrativos)

El 26 de agosto de 2010, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo No 399 00090FE000290106/2010, mediante la cual estableció el resultado de la fiscalización efectuada al contribuyente Ramiro Guzmán Martínez, procediendo a determinar sus obligaciones tributarias del IVA e IT de los periodos de julio a diciembre de 2007, así como el incumplimiento a deberes formales en dichos periodos fiscales, estableciendo al efecto, sobre Base Cierta una deuda tributaria de UFVs 550.563. Asimismo, calificó la conducta del sujeto pasivo como Omisión de Pago, sancionándolo con el 100% del tributo omitido conforme lo prevén los artículos 160 numeral 3 y 165 de la Ley 2492. Acto notificado mediante cédula el 31 de agosto de 2010 (fojas 1768, 1769 y 1769 vta. de antecedentes administrativos)

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El 30 de septiembre de 2010, Ramiro Guzmán Martínez se apersonó antė la Administración Tributaria presentando descargos a la vista de Cargo N° 399 00090FE0029-0106/2010, precisando la nulidad de obrados por vulneración al debido proceso y derecho a la defensa y una depuración del crédito fiscal por aparente no vinculación-con las operaciones gravadas (fojas 18111814 de antecedentes administrativos). .

ET 25 de noviembre de 2010, la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa GRACO N° 17-00571-10, que determinó de oficio las obligaciones impositivas de Ramiro Guzmán Martínez, en la suma de UFV$ 308.070 equivalente a Bs479.687, correspondiente al tributo omitido, manteniendo el valor e intereses por IVA, por los periodos fiscales de julio a diciembre de 2007 e IT por el periodo de septiembre de 2007, en aplicación del artículo 47 de la Ley 2492. Asimismo, calificó la conducta del contribuyente como Omisión de Pago, sancionándolo con el 100% del tributo omitido en UFVS 233.071, respecto a los periodos referidos previamente. Acto notificado por cédula el 29 de noviembre de 2010 (fojas 2083-2088 y 2088 via. de antecedentes administrativos). 

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El 17 de diciembre de 2010, Ramiro Guzmán Martínez mediante su apoderada Juana Blanco Arcani, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa GRACO N° 17-00571-10 de 25 de noviembre de 2010, impugnación que fue resuelta por la 

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Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, mediante la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBARA 0038/2011 de 9 de febrero de 2011, que estableció 

anular la referida Resolución Determinativa GRACO N° 17-00571-10, hasta el vicio más antiguo que resultó ser la Vista de Cargo N° 399-0090FE00029-0106/2010 de 26 de agosto de 2010 (fojas 2089-2091 de antecedentes administrativos). 

El 25 de abril de 2011,la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0240/2011, que resolvió el Recurso jerárquico interpuesto por Ramiro Guzmán Martínez y la Gerencia de Grandes Contribuyentes Cochabamba, determinando confirmar la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBARA 0038/2011 de 9 de febrero de 2011, anulando obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta la Vista de Cargo N° 399-00090FE0002900029 de 26 de agosto de 2016, inclusive hasta que la Administración Tributaria cumpla lo dispuesto por los artículos 96 parágrafo I y 104 parágrafo IV de la Ley 2492 y Decreto Supremo 27310 (fojas 2092-2101 de antecedentes administrativos). 

El 10 de diciembre de 2015, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, emitió la Sentencia No 600/15, que resolvió la demanda Contenciosa Tributaria interpuesta por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria, declarando improbada la demanda y manteniendo firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0240/2011 de 25 de abril (fojas 2102-2105 de antecedentes administrativos). 

El 19 de noviembre de 2019, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo No 291930000764, mediante la cual determinó la base imponible e impuesto omitido del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en Bs289.445,00 e Impuesto a las Transacciones (IVA e IT) en Bs4.468,47, así como estableció el incumplimiento a los deberes formales, por lo que calificó la conducta del contribuyente como Omisión de Pago, sancionándolo con el 100% del tributo omitido, procediendo al efecto a liquidar el adeudo tributario en Bs1.607.968.-. Acto notificado por cédula el 17 de diciembre de 2019 (fojas 2388-2424 de antecedentes administrativos). 

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El 15 de enero de 2020, el contribuyente Ramiro Guzmán Martinez mediante su apoderada Juana Blanco Arcani, presentó descargos a la Vista de Cargo N° 201930000764 de 19 de 

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UNA NUOVATHARIDARNUWIE 

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noviembre de 2019, aduciendo que operó la prescripción tributaria de los periodos de julio a diciembre de 2007 (fojas 2434-2443 de antecedentes administrativos). 

El 13 de marzo de 2020, la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa No 172030000225, que determinó de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones del contribuyente Ramiro Guzmán Martínez, en la suma de UFVs 704.149 equivalentes a Bs1.647.301.-, correspondientes al tributo omitido actualizado del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Transacciones (IVA e IT), intereses y sanción por omisión de pago, por los periodos fiscales de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2007, calificando al efecto, la conducta del contribuyente como Omisión de Pago por los citados impuestos y periodos fiscales en aplicación de los articulos 165 de la Ley 2492, 42 del Decreto Supremo 27310 y la Resolución Normativa de Directorio 10-0025-10. Acto notificado por cédula al sujeto pasivo el 16 de marzo de 2020 (fojas 2480-2536 de antecedentes administrativos). 

  1. IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA. 

Conforme lo establece el artículo 211 parágrafo I del Código Tributario Boliviano, esta instancia recursiva ingresará a resolver los reclamos efectuados por la parte recurrente, advirtiendo como único agravio el siguiente: 1. Configuración de la prescripción. 

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IV.1. Cuestión Previa. Antes de ingresar al análisis del agravio de fondo, de forma inicial, resulta necesario atender el argumento de la entidad recaudadora, relacionada a que el contribuyente, a través de su Recurso de Alzada, hubiese solicitado la prescripción de la facultad de ejecución tributaria y no así de la facultad de determinación; por lo que, debe respetarse la congruencia con la que deben ser emitidas las resoluciones para evitar que ésta resulte utitra petita; aspecto que señaló- debió ser observado por la instancia de alzada en aplicación del artículo 198 inciso e) de la Ley 2492, caso contrario, aseguró la generación de un vicio de nulidad, 

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En ese entendido, corresponde señalar que, de la revisión exhaustiva del Recurso de Alzada, ésta instancia administrativa, pudo evidenciar que, el recurrente-entre otros de sus argumentos-precisó lo siguiente: (…) razón por la cual pedimos que su autoridad en estricta justicia declarar la prescripción tributaria de la acción y sanción de estos 

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periodos julio a diciembre de 2007 (…) Por lo tanto, no existiendo causales de interrupción... y no se ha establecido deuda tributaria dentro de los plazos legales, consideramos que la pretensión de ejercer las facultades y acciones de la administración tributaria para ejercer la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas IVA e IT de los periodos de julio a diciembre de 2007 ha prescrito a la fecha. Ja acción de la Administración Tributaria operó al 31 de diciembre de 2011 (...)(fojas 61-61 vta. del expediente administrativo). 

Por lo descrito precedentemente, resulta que, el sujeto pasivo, agravió la configuración del instituto jurídico de la prescripción respecto al IVA e IT de los periodos de julio a diciembre de 2007 sobre las acciones de la Administración Tributaria que -según su criterio-hubiesen operado al 31 de diciembre de 2011, entendiéndose de ello que, la pretensión del recurrente, incluye la facultad de determinación e imposición de sanciones de la entidad recaudadora respecto a los periodos fiscales de los impuestos citados, puesto que, como se indicó, estas acciones o facultades del ente recaudador -a decir del administrado quedarían extintas al finalizar la gestión 2011. máxime, cuando el recurrente plasmó en su impugnación que, la prescripción, se basa en la causa extintiva de la obligación tributaria que precisamente responde a los principios constitucionales de certeza y seguridad jurídica

Añadir que, ésta instancia recursiva, antes de admitir el Recurso de Alzada, observó el mismo, mediante Auto de Observación de 8 de junio de 2020, por el incumplimiento de los incisos d) y e) del artículo 198 del Código Tributario Boliviano, aclarando que, en cuanto al último inciso referido, observó el señalamiento preciso del acto impugnado y el petitum de la impugnación, aspectos que, una vez subsanados, fue admitida mediante el Auto de Admisión de 18 de junio de 2020 (foja 75 y 80 del expediente administrativo), extremo que denota que la intención o pretensión del sujeto pasivo respecto al instituto jurídico de la prescripción como tal, fue comprendida a cabalidad. 

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Entonces, la Administración Tributaria, mal podría pretender la existencia de un vicio de nulidad ante la emisión de una resolución ultra petita (más allá de lo pedido), puesto que, en sujeción a lo expuesto lineas arriba (argumentos del recurrente), no podría existir incongruencia al ingresar a analizar aspectos inherentes al instituto jurídico de la prescripción como consecuencia natural de la pretensión interpuesta por el administrado

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más aún, cuando es de conocimiento de la entidad recaudadora que esta con la emisión y notificación del acto impugnado- pretende ejercer su facultad de determinación; en consecuencia y habiéndose aclarado tal aspecto, corresponde desestimar tal argumento del ente recaudador. 

Por otra parte, resulta imperativo señalar que, el sujeto pasivo como parte de sus argumentos de su recurso impugnatorio, precisó que la Resolución Determinativa impugnada, aplicó retroactivamente la Ley 812 de 30 de junio de 2016, a hechos suscitados en julio a diciembre de 2007 por concepto de IVA e IT; en tal sentido, preciso que, el acto impugnado al omitir el fundamento plasmado por el artículo 123 de la Constitución Política del Estado, Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1169/2016 S3 de 26 de octubre, 012/2019-S2 de 11 de marzo, 0566/2018-S1 de 1 de octubre y las Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ 1460/2219 de 16 de diciembre y 0500/2020 de 26 de febrero, vulneró el debido proceso. : — 

En ese orden de ideas, es menester precisar que, tal reclamo se encuentra ligado al aspecto de fondo, relacionado con la prescripción invocada, esto, en razón a que el administrado, reclamó una aplicación retroactiva de la norma por la Administración Tributaria; situación que da a entender una aplicación errónea de la norma tributaria al momento de resolver la prescripción; en consecuencia, tal extremo, no podría ser tratado como un aspecto de forma, que desembocaría en la nulidad del proceso determinativo seguido por la entidad recaudadora, al tener estrecha vinculación e implicancia con el análisis de la prescripción incoada; mucho menos, cuando no fue interpuesto con esa intencionalidad por parte del administrado quien precisamente plantea la configuración del referido instituto, según los entendimientos jurisprudenciales citados en un párrafo precedente; en tal sentido, el análisis del reclamo será tratado dentro del estudio del instituto jurídico de la prescripción a desarrollarse. 

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IV IV.2. Configuración de la prescripción. La parte recurrente expuso que los hechos generadores del IVA e IT de julio a diciembre de la gestión 2007, se produjeron en vigencia de la Ley 2492, sin las modificaciones establecidas por la Leyes 291, 317 y 812, por lo que arguyó que el cómputo del IVA e IT del 2007, inició el 1 de enero de 2008 y concluyó el 31 de diciembre de 2011; asegurando que la pretensión de la Administración Tributaria de ejercer sus facultades para ejecutar la 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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deuda tributaria, cobrar la misma e imponer sanciones administrativas respecto al IVA e IT de los periodos de julio a diciembre de 2007, se encuentran prescritas a la fecha de emisión del acto impugnado y conforme lo dispone el artículo 59 de la Ley 2492, sin modificaciones. Por otra parte, agregó que en previsión del entendimiento de la Resolución de Recurso Jerárquico AGITRJ 0983/2015 de 1 de junio de 2015, la solicitud de prescripción no puede considerarse como una causal de reconocimiento tácito o expreso de la obligación tributaria. 

Reiteró la correspondencia en la aplicación jurisprudencial de las Sentencias Constitucionales 1169/2016S2 de 26 de octubre, 566/2018-S1 de 1 de octubre, 0012/2019-S2 de 11 de marzo, y Sentencias 6/2019 de 26 de febrero, 036/2018 de 19 de abril, 153/2018 de 20 de noviembre, 39, 47 y 52 emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia, respecto a la prohibición de la aplicación retroactiva de la Leyes 291, 317 y 812; así como los precedentes tributarios plasmados en las Resoluciones de Recursos Jerárquicos AGIT-RJ 0500/2020 de 26 de febrero, 1460/2019 de 16 de diciembre, 1396/2016 de 31 de octubre, 1698/2016 de 20 de diciembre y 0255/2017 de 14 de marzo. 

En respuesta, la Administración Tributaria manifestó que la determinación tributaria fue iniciada por la Orden de Fiscalización No 0009PFE00029 de 21 de septiembre de 2009, notificada al contribuyente el 25 de septiembre de 2009, acto que conforme el artículo 61 parágrafo 1 de la Ley 2492, suspendió el cómputo de la prescripción por 6 meses. Añadió que con la interposición del Recurso de Alzada el 17 de diciembre de 2010, contra la Resolución Determinativa Graco N° 17-00571-10 de 25 de noviembre de 2010, también suspendió el término de prescripción conforme lo prevé el parágrafo II del artículo 62 de la Ley 2492, hasta la devolución de los antecedentes administrativos originales, por lo que afirmó que el computo de la prescripción fue suspendido por 5 años 8 meses y 3 días, situación que evidencia que no operó la prescripción. 

Amplió señalando que, con la devolución de antecedentes administrativos efectuada el 23 de agosto de 2016, continuó el cómputo de la prescripción, momento en que estaba vigente la Ley 812 de 30 de junio de 2016 que modificó el articulo 59 de la Ley 2492, por lo que 

2492 por lo que 

afirmó la aplicación dicha modificación a los periodos del 2007 en sujeción a la teoria de los derechos adquiridos; además señaló que, debe considerarse la notificación con el acto impugnado al recurrente como un acto interruptivo a la prescripción conforme prevé el 

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artículo 61 de la Ley 2492, hechos que para el ente fiscal evidencian la no configuración de la prescripción para estos periodos. Añadió que el sujeto pasivo al señalar la existencia de una obligación, para su ejecución y pedir la prescripción de la misma, resultó un reconocimiento tácito de una deuda, acreditando por ello, la causal prevista por el artículo 61 inciso b) de la Ley 2492. 

Expuesta la pretensión de las partes procesales, corresponde indicar que el recurrente solicitó la prescripción de la deuda tributaria correspondiente al IVA e IT de los periodos julio a diciembre de la gestión 2007, argumentando que no corresponde aplicar las modificaciones realizadas al artículo 59 de la Ley N° 2492 a través de las Leyes 291, 317 y 812, situación contraria a lo alegado por la Administración Tributaria al momento de responder al Recurso de Alzada, motivo por el cual, de forma previa es necesario aclarar el marco normativo que será aplicado al momento de efectuar el análisis de la prescripción agraviada. 

IV.2.1. Análisis de la aplicación de la norma referida a la prescripción. Al respecto, cabe señalar que el cumplimiento de la norma, es el ideal de todo Estado, pues no deberia existir oposición ni conflictos en la aplicación de las leyes que rigen una sociedad, sin-embargo no podemos soslayar que, las partes procesales en el presente Recurso dë Alžada, esgrimen argumentos que ameritan ser atendidos; toda vez que, del análisis del Recurso de Alzada así como del memorial de respuesta de la Administración Tributaria, resulta evidente que, la resolución de la controversia de la presente impugnación, involucra, no solo el cómputo del término de prescripción de las facultades del ente recaudador, sino, también exige que, de forma previa, se dilucide la normativa a ser aplicada para efectuar dicho cómputo; esto en consideración a que el sujeto pasivo argumento que, no corresponde aplicar las modificaciones realizadas al artículo 59 de la Ley 2492 

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De forma inicial, resulta necesario efectuar algunas consideraciones, respecto a la aplicación de los nuevos entendimientos de la jurisprudencia constitucional, sobre el análisis de la prescripción en materia tributaria; de esta manera, cabe enfatizar que, la construcción del nuevo Estado boliviano, a partir de la vigencia de la Constitución Política del Estado, requiere de cambios que nos obligan mutar viejos paradigmas, para asumir el verdadero rol de administradores de justicia, por cuanto “omnia mutantur, nos et mutamur in illis” (Todas las cosas cambian y nosotros con ellas). 

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de la Corte Certificador 

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La nueva teoria general del derecho boliviano, comienza por el reconocimiento de que el texto constitucional está impregnado del carácter de “Estado Constitucional de Derecho”, que responde a un modelo de naturaleza eminentemente garantista, donde deben regir los valores de justicia e igualdad como eje central del andamiaje del nuevo ordenamiento jurídico, que coadyuvará al Estado en el logro de sus fines, garantizando el cumplimiento de los principios valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución. 

Por ello, los administradores de justicia resultan garantes primarios de la estricta aplicación de la norma constitucional, como constante ineludible en la nueva administración de justicia, para llegar al Estado Constitucional de Derecho (culminación del Estado de Derecho), donde prevalece el principio de constitucionalidad, y por ende, el sometimiento de los órganos y el legislador a la Constitución y la vinculación del juzgador a la ponderación de valores, principios y derechos fundamentales en aplicación del artículo 410 parágrafo I de la norma constitucional

En cuanto al instituto de la prescripción esta resulta: ...) una categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace(Garcia Novoa Cesar, Presidente del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario ILAT. Memoria III Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario 2010): y al decir de este autor: “su fundamento radica en la seguridad juridica, pues las pretensiones deben ejercitarse en un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto de derecho quede indefinidamente a merced de la actuación de otro”. 

En ese sentido, el instituto de la prescripción, es una categoría jurídica, por la que se le atribuye la función de ser una causa extintiva de la obligación tributaria, que es necesaria para el orden social, que responde a los principios constitucionales de certeza y seguridad jurídica “praescriptio, patrona generis humani” (La prescripción, patrona del género humano); puesto que: “El fundamento del instituto de la prescripción estriba en evitar la inseguridad que trae aparejada el transcurso del tiempo sin el ejercicio de un derecho. En otros términos, su objeto es evitar la falta de certeza en las relaciones jurídicas, producto de la inactividad de un sujeto titular de un derecho” (Buitrago Ignacio Josué, Presidente del Tribunal Fiscal de la Nación Argentina. Memoria IV Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario 2011); por cuanto, se debe entender que, la “praescriptio introducta est odio 

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negligentiae, non favore praescribentis” (La prescripción se introdujo más bien en contra de la negligencia que en favor de quien prescribe). 

Bajo el escenario descrito, esta instancia de alzada, en resguardo del principio de seguridad jurídica consagrada en la Constitución Política del Estado, concluye que, el instituto jurídico de la prescripción, debe entenderse conforme los entendimientos desarrollados por el intérprete de la Constitución Política del Estado, que es el Tribunal Constitucional Plurinacional, debiendo tener presente que los fallos emitidos por este, en cuanto a sus decisiones y sentencias, son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio conforme dispone el artículo 203 de la Constitución Política del Estado, y que, no solo generan la obligatoriedad a las partes intervinientes, sino que también pueden constituir precedentes orientadores que generan derecho de origen jurisprudencial, debido a que, dichas sentencias, efectúan una interpretación, integración e interrelación de las normas vigentes ; 

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También, es necesario aclarar que, el precedente vinculante de un fallo constitucional, no constituye la conclusión arribada del caso concreto, sino la parte de la ratio decidendi del fallo donde se efectúa el análisis e interpretación del hecho fáctico normado, conforme lo dispone la Sentencia Constitucional 846/2012 de 20 de agosto, misma que a la letra señala: “Entonces, es posible afirmar que es vinculante el precedente constitucional contenido en la ratio decidendi. Es decir, en la ratio decidendi’se encuentra el precedente constitucional. El precedente constitucional es vinculante siempre que exista un supuesto“ fáctico análogo (AC 004/2005-ECA y SC 186/2005-R)”. 

En ese entendido, es menester traer a colación, el entendimiento expuesto por el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la Sentencia Constitucional Plurinacional 

0255/2019-S2 de 21 de mayo, mediante la cual, establece el carácter vinculante, de aplicación directa y obligatoria de las Sentencias Constitucionales puntualizando que: 

...no deviene de la solicitud o no que haga el administrado de aplicar algún fallo constitucional de manera específica; sino que, como se tiene dicho, deviene de un mandato constitucional, que en virtud del carácter normativo de nuestra Norma Suprema 

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es de aplicación directa y obligatoria”. 

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En el presente caso, corresponde aclarar y establecer que, la consideración de la parte vinculante de los fallos constitucionales, se aboca exclusivamente al análisis concerniente 

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a la correcta aplicación de una determinada norma, respecto al instituto de la prescripción; es decir, se examinará la temporalidad de la norma bajo el principio de legalidad e irretroactividad de la ley. 

De esta manera, resulta pertinente señalar que, a efectos de resolver la controversia generada en el presente proceso recursivo e identificada en párrafos previos, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0269/2019-S2 de 24 de mayo, en su punto “III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO, efectuó el siguiente entendimiento respecto de la aplicación de la norma al instituto de la prescripción señalando que: [...) ésta debió ser resuelta conforme y de acuerdo a la normativa vigente al momento del hecho generador del adeudo tributario; en este entendido, y al no haberse observado estos dos transcendentales aspectos, queda claro que se lesionó la garantia de la irretroactividad de ley. En efecto, si consideramos que (...) se refieren a adeudos tributarios (…) respecto al periodo fiscal diciembre 2009, el cómputo de la prescripción debió realizarse en base y de acuerdo a los arts. 59 y 60 del CTB antes de su reforma por las Leyes 291 y 317 de septiembre y diciembre de 2012, respectivamente, y la Ley 812 de julio de 2016, ya que las mismas fueron promulgadas de manera posterior al hecho generador (…)” 

La merituada Sentencia Constitucional Plurinacional, continuó sosteniendo lo siguiente: En este contexto la prescripción sometida a análisis, tuvo necesariamente que considerar la normativa vigente al periodo fiscalizado y en consecuencia, determinar si ésta operó o no, en función a los plazos y mecanismos de cómputo estipulados en dicha normativa; pues, no resulta constitucionalmente aceptable que se pretenda la aplicación retroactiva de normas tributarias posteriores al hecho generador del adeudo tributario, máxime, si éstas no resultan más favorables (...)“. 

Consecuentemente, es necesario aclarar que, el precedente vinculante de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0269/2019S2 de 24 de mayo, desglosada en párrafos previos, va más allá del análisis concreto a una facultad o gestión en particular, sino, por el contrario, deviene de la necesidad de establecer la norma a ser aplicada para el análisis del instituto de la prescripción; situación que como fue señalada a lo largo del presente análisis, corresponde a la controversia generada por partes procesales, denotando su analogía al presente caso, permitiendo su aplicación vinculante, conforme lo señala el artículo 203 de la Constitución Política del Estado y articulo 15 parágrafo II del Código 

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Procesal Constitucional, reiterada en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0255/2019 S2 de 21 de mayo. 

Bajo ese entendido, el precedente vinculante constitucional de referencia, concibe la aplicación de la norma vigente al momento del hecho generador, bajo la premisa de la vigencia de la Ley al momento del acaecimiento del mismo y la aplicación del cómputo de la prescripción vigente a tiempo de su materialización, no condicionado al reconocimiento del instituto de la prescripción; encontrándose prohibida la aplicación retroactiva y retrospectiva de las normas que regulan el instituto de la prescripción; es decir, no corresponde considerar cualquier modificación normativa ulterior para el reconocimiento de la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria, de tal manera que genere efectos retroactivos y afecten los derechos constitucionales del sujeto pasivo. 

Entonces, los fundamentos supra señalados, permiten establecer la necesidad de modular ‘el criterio asumido anteriormente, reconduciéndolo de manera tal que permita ‘dilucidar la prescripción incoada, considerando que, la normativa aplicable en el instituto de la prescripción, es la vigente al momento del hecho generador, es decir, cuando se establece la relación jurídico tributaria entre el sujeto pasivo y la Administración Tributaria, vínculo de carácter personal conforme establece el artículo 13 de la Ley 2492 cuyo perfeccionamiento, permite el surgimiento de la obligación tributaria pertinente; concluyendo que, la prescripción, como instituto jurídico de extinción de obligaciones en materia tributaria, no es de oficio y se aplica por la negligencia de la Administración Tributaria en ejercer sus facultades dentro el término establecido en la normativa tributaria; y que más allá del tiempo trascurrido para dilucidarse la configuración del instituto jurídico, la aplicación normativa y el término del mismo, mantiene su vinculación con el momento del perfeccionamiento del hecho gravable. 

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A mayor abundamiento, es preciso puntualizar que, las normas sustantivas o materiales son aquellas que, no dependen de otra disposición legal para cumplir su objetivo, pudiendo ser de dos tipos: la que determina derechos y garantías y por otro, las que determinan conductas que deben ser observadas, y la razón radica en su importancia de establecer 

derechos y garantías, por lo que, en resguardo a la seguridad jurídica, no es posible aplicar normas que, no existían en el momento de cometerse el hecho. En ese sentido, la irretroactividad de las disposiciones legales en general es parte del principio de legalidad y es que no se puede pedir el cumplimiento de disposición legal alguna, en tanto, no se 

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de la calidad CaricdN77144 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kemachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarant) 

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encuentre legalmente en vigencia en ese momento, intelecto que va relacionado con la teoría de los hechos cumplidos que establece que, cada norma jurídica debe aplicarse a los hechos que ocurran durante su vigencia, materializando así la seguridad jurídica

Siendo que las normas relativas a la prescripción, son sustantivas, no corresponde aplicar al caso las modificaciones al Código Tributario establecidas en la Leyes 291, 317 y 812, 

toda vez que estas, no se encontraban en vigencia al momento de producido el hecho generador de las gestiones analizadas

En el presente caso, se tiene que, la Administración Tributaria a efectos de resolver la prescripción requerida por el sujeto pasivo aplicó la Ley 2492 con las modificaciones, sin considerar que el hecho generador del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Transacciones de los periodos fiscales de julio a diciembre de la gestión 2007, aconteció el 2007 y 2008, utilizando normativa de manera retroactiva, en transgresión del artículo 123 de la Constitución Política del Estado y 150 de la Ley 2492, sin tomar en cuenta el principio procesal que supone la aplicación de la norma sustantiva vigente en el momento de producido el hecho; consiguientemente, no corresponde la aplicación de las citadas modificaciones, por lo que esta instancia recursiva basará el análisis del presente caso bajo el razonamiento previamente expuesto. 

IV.2.2. Prescripción del IVA e IT de los periodos de julio a diciembre de 2007 según la Ley 2492. Conforme el entendimiento ut supra desarrollado, cabe señalar que para el análisis de la prescripción del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Transacciones de los periodos fiscales de julio a diciembre de la gestión 2007, no corresponde aplicar las modificaciones realizadas al instituto de la prescripción establecido en la Ley 2492, a través de la Leyes 291 y 317, toda vez que éstas últimas, no estuvieron vigentes al momento del nacimiento del hecho generador; mucho menos las modificaciones realizadas mediante la Ley 812 de 30 de junio de 2016, como alega la entidad recurrida en el acto impugnado y en el memorial de respuesta al Recurso de Alzada, precisamente porque la citada Ley, no se encontraba vigente al nacimiento del hecho generador del IVA e IT de los periodos fiscales citados, no pudiendo por ello con el argumento de la aplicación de la teoría de los derechos adquiridos pretender la aplicación de una Ley de manera retroactiva, cuando esta se encuentra limitada por la Constitución Política del Estado. 

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En tal sentido, aclarada la normativa a ser aplicada en el presente caso, corresponde puntualizar que, el artículo 59 de la Ley 2492, señala: “9. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 1. Controlar, investigar, verifica, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda Tributaria 3. Imponer sanciones Administrativas 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria (…)“. 

En cuanto a la forma del cómputo del término de la prescripción, el artículo 60 de la Ley 2492 expone: 9. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior el término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. Il. En el supuesto 4 del parágrafol del Artículo anterior el témino se computará desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria (…)“. 

Port su parte, el artículo 61 de la Ley 2492, dispone que:””La prescripción se interrumpe por. a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable,’ o por la solicitud de facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del més siguiente a aquél en que se produjo la interrupción”. 

En cuanto a la suspensión de la prescripción, el artículo 62 de la citada Ley 2492, precisa lo siguiente: “El curso de la prescripción se suspende con: I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses. II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo”. 

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Cabe señalar que, de acuerdo a la pretensión del recurrente, este solicitó la prescripción de las acciones de determinación e imposición de sanciones por omisión de pago; en tal sentido y considerando que el computo de la prescripción de las facultades de determinación e imposición de sanciones administrativas respecto al IVA e IT, posee un mismo tratamiento y emerge de un mismo hecho, como es la existencia de una obligación 

a su fecha de vencimiento, corresponde señalar que, la prescripción de dichas facultades 

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se computará de la misma forma en aplicación del parágrafo 1 del artículo 60 de la Ley 2492 

En ese sentido, el cómputo de la prescripción del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Transacciones (IVA e IT) de los periodos fiscales de julio a diciembre de la gestión 2007 de conformidad a los artículos 59 y 60 parágrafo I de la Ley 2492, comienza a partir del 1 de enero del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago, por lo que teniendo en cuenta que la prescripción opera a los cuatro (4) años, el cómputo de dicho instituto jurídico, quedó configurado de la siguiente manera: 

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Lo expuesto en el cuadro precedente, permite advertir que, el cómputo de la prescripción de la facultad de determinación e imposición de sanciones de la Administración Tributaria relativa al IVA e IT de los periodos julio a noviembre de 2007, inició el 1 de enero de 2008 y concluyó el 31 de diciembre de 2011; en lo referido al IVA e IT del periodo diciembre de 2007, dicho término inició el 1 de enero de 2009 y concluyó el 31 de diciembre de 2012. 

Ahora bien, es preciso examinar la existencia de causales de interrupción y suspensión del cómputo de la prescripción para el IVA e IT de los periodos fiscales de julio a diciembre de la gestión 2007; en tal sentido, la Administración Tributaria en su memorial de respuesta al Recurso de Alzada, argumento como causal de interrupción en el cómputo de la prescripción, que el sujeto pasivo al señalar la existencia de una obligación que está por ser ejecutada y pedir la prescripción de la misma 

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en impugnación, reconoció tácitamente la existencia de una obligación que esta por ser ejecutada, aspecto que denoto conformidad con tal reparo y acreditó la causal del artículo 61 inciso b) de la Ley 2492 (fojas 88-89 del expediente administrativo). 

Al respecto, corresponde señalar que, si bien artículo 61 inciso b) de la Ley 2492, marco legal desarrollado lineas arriba, establece como causal de interrupción el reconocimiento expreso o tácito de la obligación tributària por parte del sujeto pasivo, no puede la entidad recurrida pretender que tal aspecto, llegó a configurarse, por el hecho de que el recurrente, hubiese interpuesto Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa impugnada, precisando la prescripción de las facultades de la entidad recaudadora, toda vez que, dicha solicitud, fue realizada en ejercicio de sus derechos de petición e impugnación, y de ninguna manera implica o significa que la obligación tributaria haya sido reconocida por el sujeto pasivo, más aun tratándose de un recurso impugnatorio, que se encuentra-amparado en el artículo. 143 de la Ley 2492, contra la determinación arribada por la misma Administración Tributaria. 

Por otro lado, es preciso señalar que, de la lectura integra del memorial de 15 de enero de 2020, que fue presentada como descargo a lạ Vista de’ Cargo, se advirtió que, el sujeto pasivo,-solicitó únicamente la prescripción (fojas 2434-2443 de antecedentes administrativos); coligiendo de lo descrito que, el administrado, no reconoció de forma expresa o tácita la deuda tributaria del IVA e IT de los periodos fiscales de julio a diciembre de la gestión 2007; durante el proceso determinativo iniciado por la entidad recaudadora de forma posterior en su impugnación; consecuentemente, corresponde desestimar lo sostenido por la entidad recurrida sobre un reconocimiento de la deuda tributaria por parte del administrado a través de la solicitud de prescripción o la interposición de algún recurso impugnatorio que pueda ser considerado como causal de interrupción del cómputo de la prescripción. 

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Respecto a las casuales de suspensión del término de la prescripción, la Administración Tributaria al momento de responder al Recurso de Alzada citó el parágrafo I del articulo 62 de la Ley N° 2492 , el cual señala: “El curso de la prescripción se suspende con: 1. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses“, en ese contexto y conforme a la compulsa de los antecedentes administrativos, 

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Av. Oquendo N 381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte. Teléfonos:(5914) 4140011.4140012. www.ait.gob.bo. Cochabamba, Bolivia 

se tiene que la Orden de Fiscalización N° 00090FE00029 de 21 de septiembre de 2009, fue notificada mediante cédula el 25 de septiembre de 2009, cuando se encontraba en plena vigencia la facultad de determinación e imposición de sanciones por omisión de pago (fojas 2 de antecedentes administrativos), actuación que suspendió el cómputo de la prescripción por 6 meses, por lo que el término de la prescripción se extendió hasta el 30 de junio de 2012 para el caso del IVA e IT de julio a noviembre de 2007; y hasta el 30 de junio de 2013 para el IVA e IT del periodo diciembre de 2007. 

Adicionalmente, corresponde señalar que, de obrados y conforme lo señalado por la Administración Tributaria, también fue advertido que, de manera anterior a la actual impugnación, el recurrente Ramiro Guzmán Martínez impugnó el proceso determinativo seguido en su contra por la entidad recaudadora, a través de la interposición del Recurso de Alzada el 17 de diciembre de 2010 contra la Resolución Determinativa GRACO N° 17-00571-10, fecha que fue reconocida de forma expresa por la entidad recurrida y ratificada en el sistema informático de la Autoridad de Impugnación Tributaria, derivando en la emisión de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0240/2011 de 25 de abril de 2011, la cual fue impugnada mediante la vía Contenciosa Administrativa por la Administración Tributaria recurrida, misma que culminó con la emisión y notificación de la Sentencia No 600/2015 de 10 diciembre de 2015, que determinó mantener firme y subsistente la referida Resolución Jerárquica. 

De esta manera, corresponde señalar que, conforme lo dispuesto en el parágrafo II del artículo 62 de la Ley 2492, la impugnación sustanciada de forma anterior en contra del presente proceso determinativo, también suspendió el cómputo de la prescripción desde la interposición del Recurso de Alzada de 17 de diciembre de 2010, hasta la recepción formal del expediente administrativo por parte del sujeto activo, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0240/2011 de 25 de abril de 2011; de esta manera, tomando en cuenta la devolución de los antecedentes administrativos originales a la Administración Tributaria fue efectuada el mes de agosto de 2016, conforme se desprende la Nota AGIT 1615/2016, cursante a fojas 2018 de antecedentes administrativos, porque llegó a evidenciarse que el cómputo de la prescripción de las facultades del ente recaudador de determinación e imposición de sanciones, estuvo suspendido tal cual fue 

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reconocido por el mismo Servicio de Impuestos Nacionales en su memorial de contestación al presente Recurso de Alzada, por 5 años, 8 meses y 3 dias 

aproximadamente. 

Consecuentemente, se tiene que, el cómputo de la prescripción de las facultades de determinación e imposición de sanciones de la Administración Tributaria respecto al IVA e IT de los periodos fiscales de julio a diciembre de la gestión 2007, considerando las causales de suspensión establecidas en el artículo 62 de la Ley 2492, expuesta en párrafos precedentes (Orden de Fiscalización N° 00090FE00029 e interposición de Recurso Administrativos), finalizó el 4 de marzo de 2018, para los periodos de julio a noviembre de 2007; y en lo referido al IVA e IT del periodo diciembre de 2007, concluyó el 4 de marzo de 2019, advirtiéndose al efecto que, las facultades referidas de la Administración Tributaria prescribieron antes de la emisión de la Resolución Determinativa N° 172030000225 de 13.de marzo de 2020 y sconsiguiente notificación que data del 16 de marzo de 2020 (fojás 2543 de antecedentes administrativos), esto, en razón de que el término de suspensión generada tanto por la Orden de Fiscalización e Interposición de los Recurso Administrativos, le daban la posibilidad al sujeto activo de notificar el acto impugnado hasta la conclusión del primer trimestre de la gestión 2019, aspecto que, como fue referido precedentemente, no ocurrió. – 

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Asimismo, con relación a la prescripción de la facultad de ejecución tributaria y cobro -aludida por el sujeto pasivo- destacar que, al no existir un acto definitivo y firme que establezca una obligación por el IVA e IT de los periodos de julio a diciembre de 2007, a nombre del recurrente, toda vez que la Resolución Determinativa, fue recurrida; por ello ésta instancia, no puede emitir un pronunciamiento sobre la prescripción de dicha facultad de la Administración Tributaria, por consecuencia, no corresponde mayor pronunciamiento. 

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Por otra parte, en cuanto a lo solicitado por el sujeto pasivo, en relación a la aplicación de la jurisprudencia contenida en las Sentencias Constitucionales 1169/2016-S2 de 26 de octubre, 566/2018-S1 de 1 de octubre y 0012/2019-52 de 11 de marzo; y en las Resoluciones de Recursos Jerárquicos AGIT-RJ 0500/2020 de 26 de febrero, 1460/2019 de 16 de diciembre, 1396/2016 de 31 de octubre, 1698/2016 de 20 de diciembre y 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

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0255/2017 de 14 de marzo, que versan sobre la prohibición de la aplicación retroactiva de la norma; cabe precisar que, dichos entendimientos fueron analizados y considerados por ésta instancia administrativa al momento de realizar el análisis de la norma a ser aplicada para el cómputo de la prescripción y que va en concordancia con lo descrito en el acápite “]V.2.1. Análisis de la aplicación de la norma referida a la prescripción”. 

En cuanto a la aplicación de los entendimientos de las Sentencias 6/2019 de 26 de febrero, 036/2018 de 19 de abril, 153/2018 de 20 de noviembre de 2018, y 52 emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia, cabe destacar que las mismas, al versar sobre la prohibición de la aplicación retroactiva de la Ley; incumbe dejar sentado de forma puntual que, tales entendimientos jurídicos, también fueron precisados en las Sentencias Constitucionales aludidas en el párrafo previo; aspectos de indole jurídico-tributario que obtuvieron su correspondiente consideración en el desarrollo técnicojurídico del instituto de la prescripción, analizada en la presente resolución; no ameritando en consecuencia mayor pronunciamiento al respecto. 

Respecto a las Sentencias Nos. 39 y 47, también emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia, resulta imperativo señalar que, verificada la página web del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia (http://www.tcpbolivia.bo), pudo advertirse la existencia de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0231/2017-S3 de 24 de marzo y 0048/2017 S2 de 6 de febrero; mismas que, en su parte resolutiva segunda, dejaron sin efecto la Sentencia 39 de 13 de mayo de 2016 y 47 de 16 de junio de 2016; advirtiendo de ello, que su entendimiento jurídico, fue revocado en su plenitud, situación que impide su aplicación en el ámbito jurídico boliviano; por ello, no pueden ser utilizadas como precedentes jurisprudenciales; toda vez que, el criterio de las mencionada Sentencias Constitucionales 0231/2017-S3, de 24 de marzo de 2017 y 0048/2017-$2, de 6 de febrero de 2017; resultan vinculantes y de cumplimiento obligatorio. 

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Finalmente, sobre el argumento de la entidad recaudadora sobre el hecho de que el recurrente, no hubiese precisado el nexo de sus reclamos con los precedentes jurisprudenciales citados, de forma puntal, debe indicarse que, revisado los argumentos plasmados en el Recurso de Alzada, pudo evidenciarse que, el sujeto pasivo, sí dejó sentado que sus pretensiones se encuentran reforzadas por el razonamiento de los precedentes jurisprudenciales y tributarios citados; máxime cuando peticiona e 

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cumplimiento de los mismos en resguardo de sus derechos, debiendo por ello, desestimar tal argumento de la entidad recaudadora por carecer de veracidad. 

En suma, del análisis de los antecedentes administrativos y los actos emitidos por la Administración Tributaria, pudo advertirse que la entidad recaudadora emitió la Resolución 

Determinativa impugnada cuando sus facultades de determinación e imposición d

sanciones relativas al IVA e IT de los periodos de julio a diciembre de la gestión 2007, se 

encontraban prescritas conforme prevé el artículo 59 de i 92, no existiendo acto firme que demuestre también el ejercicio de la facultad de ejecución por parte de la entidad recurrida; consecuentemente, corresponde a ésta instancia recursiva revocar totalmente la Resolución Determinativa N° 172030000225 de 13 de marzo de 2020 emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales. 

POR TANTO: 

El suscrito Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y artículo 141 del Decreto Supremo N° 29894 de 7 de febrero de 2009. 

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RESUELVE PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Determinativa N° 172030000225 de 13 de marzo de 2020 emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, al encontrarse prescritas las facultades de la Administración Tributaria de determinación e imposición de sanciones respecto al IVA e IT de los periodos de julio a diciembre de 2007, conforme prevé el artículo 59 de la Ley 2492; sea de conformidad con el artículo 212 parágrafo l inciso a) del Código Tributario Boliviano. 

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SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario Boliviano (CTB), será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

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Av. Oquendo N°381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012. www.ait.gob.boCochabamba, Bolivia 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al articulo 140 inciso c) de la Ley No 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 de la Ley N° 2492 (CTB), el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 dias computables a partir de su notificación. 

Regístrese, notifiquese y cúmplase

Eric Ausberto Rojas Urquiz

DIRECTOR EJECUTIVO REGIONAL 

DIRECCION EJECUTIVA REGIONAL Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Ciba. 

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