ARIT-CBA-RA-0242-2020 Proceso vaciado de nulidad porque el SIN, en toda la etapa de valoración de pruebas no expuso el detalle de las actividades gravadas del sujeto pasivo y se limitó aludiendo, la inexistencia de documentación que pruebe la vinculación de las facturas a la actividad gravada(sin fundamentar).

ARIT-CBA-RA-0242-2020

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBARA 0242/2020 

Recurrente 

EPTISA Servicios de Ingeniería S.L. Sucursal Bolivia, representada por Carmen Mónica Vargas Montaño. 

Administración recurrida 

Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de impuestos Nacionales, representada por Marcelo Gonzales Yaksic.

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Acto impugnado 

—: 

Resolución -Determiņativa | 172039000056. 

No 

– – 

ARIT-CBA-0112/2020. 

Expediente N° 

Lugar y fecha VISTOS

Cochabamba, 7 de septiembre de 2020. 

El Recurso de Alzada, el-Auto de Admisión, la contestación de la Administración — Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-CBA/ITJ 0242/2020 de 7 de septiembre de 2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

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ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO, La Resolución Determinativa N° 172039000056 de 11 de febrero de 2020, que determinó de oficio obligaciones impositivas de EPTISA Servicios de Ingeniería S.L. Sucursal Bolivia, en la suma de UFVs 37.183 equivalentes a Bs86.918 correspondientes al tributo omitido actualizado e intereses por el Impuesto al Valor Agregado (IVA Crédito Fiscal) de los periodos fiscales enero, abril, junio y octubre de la gestión 2017; asimismo, calificó la conducta del sujeto pasivo como omisión de pago, aplicando una sanción equivalente al 100% sobre el tributo omitido 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jacha kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Av. Oquendo N° 381 entre Venezuela y Ecuador; Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012 www.ait.gob.boCochabamba, Bolivia 

determinado, que asciende a UFVs 33.292, conforme a lo establecido en los artículos 165 de la Ley 2492 y 42 del Decreto Supremo 27310, modificado por el parágrafo IX, articulo 2 del Decreto Supremo 2993. Acto notificado el 14 de febrero de 2020 (fojas 579598 y 600 de antecedentes administrativos). 

TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA. 11.1. Argumentos del Recurrente. EPTISA Servicios de Ingeniería S.L. Sucursal Bolivia, representada por Carmen Mónica Vargas Montaño, conforme acreditó el Testimonio de Poder No 1276/2016 de 26 de octubre, mediante notas presentadas el 6 y 20 de marzo de 2020 (fojas 2934, 5774 y 77-78 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 172039000056 de 11 de febrero de 2020, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba, manifestando lo siguiente: 

Que, pese a contar con el original de la factura, haber presentado toda la información solicitada que demuestra la materialización de las transacciones, así como la vinculación con su actividad grabada, la Administración Tributaria le notificó con la vista de Cargo No 291939000150 de 19 de julio de 2019, determinando supuestas obligaciones tributarias, de los periodos fiscales enero, abril, junio y octubre de 2017. 

Señaló que, como descargo a la vista de Cargo, presentó documentación en calidad de prueba de reciente obtención, sujeta al correspondiente juramento; empero, la entidad recurrida, a pesar de aceptar y valorar toda la prueba presentada, de manera mecánica y sin fundamento legal o técnico válido, mantuvo las observaciones. 

Sostuvo que, cumplió con los tres requisitos para el beneficio del crédito fiscal, como ser. 1. contar con la factura original; 2. vinculación con la actividad gravada; y 3. la efectiva realización de la transacción. Al efecto, citó los artículos 1, 2, 4, 8 de la Ley 843; y 8 del Decreto Supremo 21530; así como la Sentencia No 27/2017 de 15 de febrero de 2017; y la Circular No 12-320-16 de 12 de octubre de 2016, emitida por el SIN. 

Señaló que, las Resoluciones de Recursos Jerárquicos AGIT-RJ 0904/2017 de 18 de julio de 2017; y AGIT-RJ 1048/2015 de 16 de junio de 2015, establecieron con meridiana claridad que, al cumplir el sujeto pasivo con lo establecido en los artículos 70 numerales 4 

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y 5 de la Ley 2492, 8 de la Ley 843 y su Reglamento respecto al IVA, es demostrada la vinculación del gasto, aspecto que aconteció en el presente caso, ya que cumplió con todos los requisitos para la apropiación del Crédito Fiscal. Al respecto, citó los artículos 74 numeral 1 de la Ley 2492; 30, 35 de la Ley 2341; 31 del Decreto Supremo 27113; y transcribió parte de un texto sin señalar a qué tipo y número de acto corresponde. 

Explicó que, la motivación constituye un elemento esencial de los actos administrativos, esto como garantia del derecho a la defensa y al debido proceso. Agregó que, el acto administrativo debe señalar de manera concreta los hechos o antecedentes en los que se funda, las razones de hecho y derecho que las respalda y.las posibles pruebas que se pudiese valorar y señalar a efectos de fundar la decisión; y la mera remisión a dictámenes, informes o resoluciones no pueden reemplazar la motivación exigida en la norma, aspectos que la entidad recurrida está obligada a cumplir. Al efecto, citó los artículos 30, 35 de la Ley 2341; 99 parágrafo II de la Ley 2492; y 31 del Decreto Supremo N° 271:13. 

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Precisó que, más allá de cumplir con requisitos formales (lugar, fecha de emisión, autoridad que emitió el acto, entre otros.), el acto administrativo debe contar con una motivación y fundamentación; empero, señala que en el presente caso, la Administración Tributaria; lejos de motivar o fundamentar la Resolución Determinativa impugnada, redactó la misma manteniendo la forma y los elementos, como una lista de puntos meramente formales a ser cumplidos, olvidando e incumpliendo su obligación de motivar y fundamentar el referido acto administrativo a efecto de que como sujeto pasivo asuma defensa. 

Manifestó que, en el acto impugnado, la Administración Tributaria mantuvo las observaciones y determinó supuestos tributos omitidos, sin fundamentación o explicación alguna, limitándose a establecer -en todos los casos, que no corresponde el crédito fiscal, debido a que los servicios contratados no estarían vinculados a la actividad, bajo el único argumento de que no se tendría cotizaciones, pro formas u otros documentos de respaldo, como si dichos documentos pudiesen validar la vinculación de un bien o servicio contratado. 

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Expresó que, en evidencia de la falta de motivación y fundamentación del acto impugnado, la Administración Tributaria admitió las pruebas aportadas (original de las facturas, 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvísa tendodeguambaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Av. Oquendo N 381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012 www.ait.gob.bo.Cochabamba, Bolivia 

contratos, pagos realizados mediante documentos bancarios), por lo que aceptó la materialidad de las transacciones; empero, demostrando una falta de trabajo de investigación, valoración correcta de la prueba y aplicación de la normativa, como si se tratara de un trabajo mecánico en el que deben plasmar una determinación; acotó que el sujeto activo mantiene observaciones sin fundamento técnico o jurídico alguno, respecto al por qué los servicios contratados no están vinculados a la actividad gravada, pese a haber presentado descargos a la vista de Cargo, donde explicó y presentó múltiples pruebas. 

Señaló que, la Administración Tributaria le dejó con una determinación que no corresponde, arbitrariedad y falta de responsabilidad del trabajo del SIN, que ahora implica el insumir tiempo y montos económicos a efectos de asumir defensa y revertir una Resolución Determinativa con supuestos adeudos que no corresponden

Solicitó la nulidad del acto impugnado, por incumplir el debido proceso de determinación, el derecho a la defensa y por la incorrecta valoración de la documentación aportada como prueba. 

Señaló que, debido a que el acto impugnado contiene observaciones infundadas respecto a la vinculación de las compras y/o contrataciones de servicios con la actividad gravada de la empresa, explicará el giro, negocio, objeto y actividades que realiza como empresa, extremo que no fue considerado por los funcionarios actuantes de la Administración Tributaria durante todo el proceso de verificación, fiscalización y determinación, tampoco 

al valorar los descargos

Explicó que, conforme a la documentación de constitución de la empresa, tiene por objeto: Realizar actividades de ingenieria civil como industrial, en todas sus ramas y sectores, de arquitectura y cualquier otra actividad técnica; el suministro de equipos para telecomunicaciones, así como la programación e informática, para la realización de sistemas de programación de actividades de publicidad, administrativas y similares; la ejecución, dirección, gestión, control, organización, coordinación, administración y contratación de todo tipo de obras sean públicas o privadas; la realización de estudios de viabilidad y factibilidad de todo tipo de inversiones, tanto en el aspecto económico como 

financiero

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Extendió puntualizando que efectuó la realización de estudios de mercado y de calidades de productos, así como la investigación, desarrollo, promoción y comercialización de nuevos productos; prestación a terceros de servicios técnicos, de gestión y/o administración de empresas, así como asesoramiento comercial empresarial de sistemas de software de productos y suministros informáticos; adquisición, venta, explotación y cesión de propiedad intelectual; gestión, administración, adquisición, promoción, enajenación, arrendamiento, rehabilitación y explotación de solares, pisos, locales, terrenos, urbanizaciones o promociones inmobiliarias y de toda clase de inmuebles; y la adquisición, suscripción y enajenación de valores de renta fija 

Sostuvo que, la empresa tiene un giro amplio, siendo evidente la necesidad de contratar diversos servicios y productos; en consideración a que, en el desarrollo de un negocio, son necesarios los gastos directos como indirectos (compras o contrataciones de servicios o productos). 

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Factura N° 65. Señaló que la Administración Tributaria extrañó la presentación de cotizaciones, órdenės de servicios, informes técnicos u otros documentos que acrediten la prestación del servicio, pero admite la presentación del contrato, en el cual observa que el uso del inmueble es como vivienda, empero -el contrato- no fue aceptado como prueba de reciente obtención, ya que a criterio de la Administración Tributara, sin revisar la justificación presentada, debió ser presentado junto a los descargos a la vista de Cargo. 

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Manifestó que, por error involuntario remitió al SIN el contrato de arrendamiento que no estaba vigente, por lo que ofreció, en etapa de descargos, la presentación del contrato correspondiente, ya que conseguiría el original que estaba en poder de la otra parte; y una vez presentado en el prenombrado contrato en calidad de prueba de reciente obtención, con el correspondiente juramento, la Administración Tributaria no la aceptó, por lo que solicitó que esta instancia de Alzada analice dicho contrato. 

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Expuso que, en calidad de respaldo a la materialidad de la transacción, presentó la factura original y el comprobante de pago del canon de arrendamiento, documentos aceptados y verificados por el SIN; sin embargo, a pesar de demostrar y cumplir con los requisitos para la apropiación del crédito fiscal, el sujeto activo mantuvo su observación por la supuesta 

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Justicla tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mourvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Av. Oquendo N2 381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012 www.ait.gob.bo. Cochabamba, Bolivia 

falta de presentación de cotizaciones, proformas y otros, además de aducir que el contrato (documento que no fue aceptado como prueba de reciente obtención) es un documento privado y no serviría de prueba y tampoco explicaría la vinculación a las actividades de la empresa, al ser arrendamiento de un domicilio. 

Replicó que cumplió con los requisitos para el cómputo de crédito fiscal, ya que cuenta con el original de la factura y demostró el pago realizado mediante Cheque BCP No 527-2 de 16 de enero de 2017, depósito en el mismo banco y la certificación que cursa en antecedentes. Plasmó imágenes de la factura No 65 y Cheque N° 527-2 de 16 de enero de 2017 

Extrañó que, el SIN pretenda otorgar al contrato un valor únicamente entre partes y no la calidad probatoria, desconociendo la normativa civil, al observar una figura de contratación legalmente establecida. Agregó que ninguna norma exige como formalidad, que el contrato de arrendamiento deba ser redactado en calidad de documento público o que requiera el reconocimiento de firmas y rubricas, por lo que la observación del SIN y la no valoración de una prueba aportada (contrato), no es conducente, más cuando la norma Civil, permite el acuerdo o contrato verbal

Manifestó sobre la vinculación del gasto, que la Administración Tributaria observó la inexistencia de cotizaciones, proformas y similares, como si dichos documentos fuesen idóneos para identificar la vinculación a la actividad de la empresa, aspecto que evidencia que la Resolución Determinativa no contiene fundamentación, respecto al porqué no aceptó el contrato como vinculado. 

Explicó que, el contrato establece el arrendamiento de un domicilio, debido a que la empresa, al ser una sucursal en Bolivia, como gastos directos e indirectos (dependiendo el caso), debe proveer alojamiento al personal que realiza trabajos para la empresa y llega del interior a la ciudad de Cochabamba. Agregó, que el contrato de arrendamiento, fue por un lapso de tiempo y no de manera continua dentro de la gestión fiscalizada, lo que evidencia que, dicho contrato fue realizado de acuerdo a la necesidad de la empresa, para el desarrollo de sus actividades, 

Factura 56, 101 y 102. Señaló que el SIN, aceptó que presentó el Contrato, su Adenda, la correspondiente factura 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

y los comprobantes de pago; sin embargo, sin fundamento, argumento técnico o legal, estableció que dichos servicios contratados no están vinculados a la actividad gravada, 

sin decir, exponer o al menos argumentar el por qué. 

Sostuvo que, cumplió los requisitos para el beneficio del crédito fiscal de las facturas 56, 101 y 102, ya que presentó el original de cada una de las facturas observadas, el contrato y Adenda, así como las copias de los cheques que demuestran los montos establecidos, depositados en la cuenta del proveedor, comprobantes de pago que son validados por la ASFI; documentos que además demuestran la materialidad de las transacciones con el proveedor. Plasmo imágenes de las facturas N° 56, 101, 102; Cheques No 521-5 de 5 de enero de 2017; Cheque 667-6 de 14 de junio de 2017; y Cheque N° 618-9 de 10 de abril de 2017 

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Manifestó que, la Administración Tributaria.mantiene la observación del crédito fiscal, de manera, arbitraria, aduciendo que no fue demostrada la vinculación del servicio con la actividad gravada, bajo el argumento de que la empresa no presentó cotizaciones, proformas u otros. 

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Refirió que, la infundada observación del sujeto activo, no explica, demuestra o expone el por qué dichos servicios no estarian vinculados a la actividad de la empresa, cuando estos aspectos fueron explicados en los descargos a la vista de Cargo, donde señaló que de acuerdo al objeto social y de negocio, que es la realización de actividades de administración, comercialización, contratación y promoción empresarial, dirigidas a la construcción y telecomunicaciones, a efectos de desarrollar dichos objetivos, requiere del apoyo y asesoramiento de otras empresas, en determinados momentos. 

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Precisó que, a fin de cumplir sus objetivos, contrato a la empresa “Freemarket International Consulting SRL“, que se dedica al asesoramiento profesional, organizaciones empresariales, profesionales, de prospección de mercado y de consultores, conforme advierte su Matrícula de Comercio y es expuesto en el propio Contrato. Transcribió parte del objeto del contrato. 

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Señaló que, el proveedor le brinda los servicios de prospección y estudio de mercados 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vao (Guarani) 

Av. Oquendo NR 381 entre Venezuela y Ecuador: Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 414001.1 4140012...www.ait.gob.bo.Cochabamba, Bolivia 

para detectar oportunidades; servicios de logistica empresarial para que EPTISA Sucursal Bolivia cumpla sus actividades; identificar oportunidades y asesorar en el buen posicionamiento, pre calificación y pre selección y obtención de proyectos; y en caso de existir licitaciones (actividad de construcción), asistir en la misma, buscar potenciales socios, realizar asesoramiento en la oferta técnica y económica. Añadió que los servicios detallados se encuentran vinculados con la actividad y objeto de la 

empresa

Manifestó que, la observación de la Administración Tributaria, respecto a la inexistencia de cotizaciones, pro formas, entre otros, carece de sentido y fundamento legal. Cuestionó si al contar con dichos documentos, los servicios estarían automáticamente vinculados, aspecto que no tendría sentido ni base juridica, además de demostrar el error en la observación del SIN y la falta de motivación y fundamentación del acto impugnado. 

Señaló que, respecto a la observación, de que el precio pactado sea un porcentaje del acuerdo a los servicios prestados y que el SIN no pudo verificar sobre que montos fue aplicado el porcentaje, únicamente correspondía realizar una regla de tres, para calcular cual era el monto total del equivalente al 4% facturado. Precisó que la verificación del monto, no afecta a la vinculación de los servicios contratados

Factura No 61. Señaló que, explicó a la Administración Tributaria que la diferencia (en menos) entre el monto facturado y el consignando en el contrato, corresponde a anticipos necesarios para que los contratados realicen sus actividades. Precisó que el SIN, a fin de mantener la observación del crédito fiscal de la factura, observó la vinculación del servicio con la actividad gravada, cuando los servicios contratados son de topografía, necesarios para la ejecución de proyectos y construcción que están directamente relacionados con la actividad comercial de la empresa. 

Plasmó imágenes de la factura No 61, Cheque N° 4792 y papeleta de depósito; a su vez señaló que cuenta con todos los requisitos para utilizar el crédito fiscal de la citada factura, como ser: original de la factura; cheque que demuestra el pago realizado, coincidente con el importe facturado y la respectiva certificación bancaria; y el 

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comprobante bancario que advierte el depósito en cuenta bancaria, Documentos que avalan la transacción realizada, al proceder de una entidad de intermediación financiera, además de demostrar la materialidad y veracidad de la transacción, y desvirtuar la observación sin fundamento de la Administración Tributaria, respecto a que no se habría demostrado la percepción del pago por parte del proveedor. 

Manifestó que, también presentó el Contrato Civil de Prestación de Servicios, que demuestra la relación contractual civil entre la empresa y el proveedor. Agregó que Adolfo Huaygua Paye, titular de la cuenta a la que realizó el depósito, es Socio (propietario) y representante legal de la empresa “Geogroup Davinci Consultora” SRL., quien solicitó mediante nota certificada, que el pago sea realizado en una cuenta que se encuentra a su nombre. Plasmó una imagen de la nota de 14 de septiembre de 2018. 

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Precisó, que el pago no puede ser desconocido por el SIN, hecho que tampoco afecta a la materialidad de la transacción menos invalida la misma, más cuando el proveedor realizó la declaración de la factura y el pago del impuesto. Añadió que los motivos para realizar el depósito a otra cuenta no son ‘de responsabilidad de la empresa recurrente; y a fin de demostrar que Adolfo Huaygua Paye, es representante legal de la empresa Geogroup Davinci Consultora SRL, presentó a la Administración Tributaria como prueba de reciente obtención, el Testimonio de Constitución de Sociedad y .. Testimonio Poder de representante legal. 

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Señaló que sobre la observación de la vinculación del servicio contratado, es alarmante la falta de revisión y detalle de la documentación aportada por su parte, así como la infundada observación realizada por el SIN, pues los documentos remitidos, advierten el objeto y giro de la empresa (obras de ingeniería, arquitectura y similares del mismo rubro) y la empresa Geogroup Davinci Consultora SRL es proveedor de servicios de ingeniería, arquitectura y especialmente de topografía, por lo que es evidente que una empresa con giro de ingeniería y arquitectura, requiere los servicios 

especializados de topografía. 

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Transcribió parte del contrato civil, inherente al objeto del mismo (cláusula 2.2) y sostuvo que el proveedor es el encargado de prestar servicios de ingeniería, 

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Av. Oquendo N° 381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011.4140012. www.ait.gob.bo.Cochabamba, Bolivia 

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arquitectura y topografía, así como la prestación de servicios de replanteo de caminos y georreferenciación, siendo evidente que los servicios contratados son vinculantes a la actividad de la empresa recurrente. 

Explicó que, no es cierto que el monto pagado sea distinto al monto establecido en el contrato, ya que simplemente corresponde a que el cronograma de pagos tuvo que ser modificado, extremo que es común en los rubros de la construcción, dependiendo de los plazos de ejecución, entre otros. 

Trascribió la parte QUINTA” del contrato, respecto al precio y forma de pago, y manifestó que, el monto pagado y facturado de Bs43.913,42.- es parte integrante del precio pactado, empero tuvo que realizar un adelanto a solicitud del proveedor, para cumplir con la ejecución de la obra. Agregó que el monto facturado es menor al monto pactado, por lo que no existiria sospecha de haberse beneficiado de un crédito fiscal mayor al que correspondía, según cronograma de pagos del contrato; diferencia que no puede ser pretexto infundado de la Administración Tributaria, para observar el crédito fiscal. 

Cuestionó nuevamente, si ante la presentación de proformas, cotizaciones, etc., correspondería la validación de la vinculación de los servicios contratados; observación que fue realizada por la Administración Tributaria en todos los puntos de manera infundada y sin sustento legal alguno, ocasionando observaciones arbitrarias que afectaron a sus derechos legítimos como sujeto pasivo. 

En petitorio, solicitó la revocatoria de la Resolución Determinativa N° 172039000056 de 11 de febrero de 2020. 

11.2. Auto de Admisión. El 4 de junio de 2020, ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Admisión EXPEDIENTE ARIT-CBA-0112/2020, del Recurso de Alzada interpuesto por la EPTISA Servicios de Ingeniería S.L. Sucursal Bolivia, contra la Resolución Determinativa N° 172039000056 de 11 de febrero de 2020, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (fojas 79 del expediente administrativo)

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IL.3. Respuesta de la Administración Tributaria. La Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por María del Carmen Julia Borda Orellana, conforme acreditó Resolución Administrativa de Presidencia No 032000000405 de 7 de mayo de 2020 (fojas 82 del expediente administrativo), por memorial presentado el 24 de junio de 2020 (fojas 83-88 del expediente administrativo), respondió al Recurso de Alzada con los siguientes fundamentos: 

Que la transcripción de normativa tributaria, Sentencias, Resoluciones Jerárquicas y Circular emitida por el SIN en el Recurso de Alzada, no significa argumentar, ya que no existe razonamiento técnico jurídico realizado por la parte recurrente, que las haga vinculantes o aplicables con la problemática planteada. Agregó que no es suficiente invocar precedentes jurisprudenciales y doctrinales, sin explicar las circunstancias de hecho y derecho que las vincularían analógicamente con el presente caso, por lo que no son aplicables al presente caso. 

Señaló que, las Sentencias 27/2017 de 15 de febrero y 272/2012 de 15 de noviembre, Resolución Jerárquicas AGIT-RJ 0904/2017 de 18 de julio y Resolución Jerárquica AGIT RJ 1048/2015 de 16 de junio y la Circular No 12-320-16 de 12 de octubre de 2016, al contrario de lo expresado por el recurrente, hacen de mayor sustento a la depuración del crédito fiscal del presente caso, ya que regulan los requisitos esenciales para validar el crédito fiscal, mismos que no fueron cumplidos por el sujeto pasivo. Agregó que la depuración de las facturas Nos. 56, 65, 101, 102 y 61, devienen de la falta de materialización de la transacción y vinculación con la actividad gravada. 

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Sostuvo que, el acto impugnado, cumplió con el principio de motivación, ya que expuso con claridad las razones que motivan la decisión; puesto que realizó un análisis objetivo de los hechos, la normativa procedimental y sustantiva a aplicarse; y valoró, la documentación presentada en el proceso de verificación. Por lo que señala que no existió vulneración al debido proceso que haya afectado la seguridad jurídica del sujeto pasivo, más cuando la Resolución Determinativa fue emitida en observancia de los artículos 99 parágrafo il de la Ley 2492 y 7 parágrafo I de la Resolución Normativa de Directorio 10 0032-16 y debidamente comunicada al sujeto pasivo, a fin de que haga uso de su derecho 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vee (Guarani) 

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a la defensa, de manera irrestricta y oportuna. Citó el Auto Supremo 867 de 3 de noviembre de 2015

Señaló que, como Administración Tributaria, practicó un procedimiento determinativo transparente, respetando la motivación del acto administrativo y la normativa adjetiva que regula el procedimiento de verificación, por lo que no fue vulnerada la garantía de seguridad jurídica del sujeto pasivo, mismo que no puede pretender que la documentación presentada, carente de respaldo, sea considerada como prueba válida bajo el pretexto de una falta de motivación que afecta el debido proceso y seguridad jurídica, 

Manifestó que, en el acto impugnado valoró debidamente la documentación presentada por el sujeto pasivo, conforme consta en sus páginas 6 a 17: por lo que el sujeto pasivo confunde la falta de valoración, con el hecho de que la documentación presentada no refutó las observaciones arribadas, en consecuencia, refiere que no existe vulneración al debido proceso que haya afectado el derecho de la defensa del sujeto pasivo

Señaló que, al ser correcta la valoración de la documentación presentada a la Orden 

de Verificación y en calidad de descargo a la Vista de Cargo, no corresponde la 

nulidad del acto impugnado. 

Manifestó que no corresponde atribuir a la Administración Tributaria, la responsabilidad de las deficiencias contables del sujeto pasivo, más cuando este no cumplió con las obligaciones establecidas en los artículos 70 numerales 4 y 5; y 76 de la Ley 2492. Agregó que, como sujeto activo, desempeñó sus facultades establecidas en los artículos 66 y 100 de la Ley 2492 y que el cumplimiento de las funciones de investigación, no deben ser entendidas como la suplencia de las deficiencias contables del recurrente, máxime cuando demostró que el sujeto pasivo no probó la materialización de las transacciones y la vinculación con la actividad gravada. 

Refirió que, al no probar el perjuicio cierto e irreparable que le causó el acto impugnado y tampoco observarse el principio de trascendencia y legalidad, no 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Pluginacional de Bolivia 

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corresponde la nulidad invocada por el sujeto pasivo. Citó el Auto Supremo N° 053 de 29 de abril de 2014 y SC 731/2010-R de 26 de julio de 2010. 

Explicó que la depuración del crédito fiscal de las facturas Nos. 56, 65, 101, 102 y 61, se debió a que el sujeto pasivo, no cumplió con los requisitos para dicho beneficio, ya que, en el proceso determinativo no presentó documentación que acredite la materialización de la transacción y vinculación con la actividad gravada. Citó los artículos 70 numerales 4 y 5 de la Ley 2492; 2 y 8 de la Ley 843; 8 del Decreto Supremo 21530; 36, 67 y 44 del Código de Comercio, así como la Resolución de Recurso Jerárquico STG/RJ/0064/2005 de 23 de junio y Auto Supremo N° 293 de 5 de junio de 2013 

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Factura N° 65 Issa Isa Ricardo Alvaro. Señaló que, en el acto impugnado observó que el Contrato de arrendamiento de inmueble de 29 de diciembre de 2016, no posee valor probatorio ante un tercero como es la Administración Tributaria, al no contar con reconocimiento de firmas, conforme dispone el artículo 149 parágrafo II del Código Procesal Civil, aspecto que el recurrente pretende olvidar. Agregó que, el reconocimiento de firmas es necesario para acreditar la fecha de suscripción del contrato y demostrar que el mismo no fue suscrito con la intención de desvirtuar las observaciones realizadas por el SIN, requisito también dispuesto en el artículo 1301 del Código Civil y entendido por el Tribunal Supremo de Justicia, mediante el Auto Supremo N° 614/2015 de 3 de agosto de 2015. 

afao ISO 9001 

Precisó que la exigencia del SIN no corresponde a una formalidad, sino a la necesidad de que el sujeto pasivo respalde sus transacciones y la data de la documentación acompañada como respaldo; ya que pretender desconocer la normativa civil, citada previamente, constituiría en inseguridad jurídica. Citó los artículos 1287, 1297 del Código Civil y explicó que, a la suscripción de un contrato, este tiene la calidad de documento privado y fuerza de Ley entre partes, empero no es oponible a terceros, aspecto que si concurre con la protocolización y el reconocimiento de firmas y rubricas; por lo que señala que los argumentos del sujeto pasivo respecto a que se habría realizado observaciones maliciosas carecen de fundamento. 

Calidad HO A katror 

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NB/ISO 

9001 IBNORC

Stomado Gero

dalaca Certificdon771/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Av. Oquendo N° 381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012 www.ait.gob.boCochabamba, Bolivia 

II

Señaló que, conforme fue expuesto en el acto impugnado, el sujeto pasivo no acompañó documentación como ser: cotizaciones, órdenes de servicio o informes técnicos que justifiquen el servicio contratado; pues se limitó a realizar explicaciones escuetas, como la expuesta en el recurso de alzada, cuando debía presentar documentación que pruebe contundentemente que el servicio de arrendamiento fue utilizado para alojar a personal de la empresa, ya que no es suficiente alegar que el servicio fue para alojar a personal del interior, cuando no cuenta con nóminas del personal alojado, fechas en las que se utilizaron los servicios y menos con informes realizados por el personal que demuestren las actividades realizadas en la ciudad de Cochabamba. 

Precisó que las observaciones respecto a la depuración del crédito fiscal de la factura N° 65, se encuentran ampliamente expuestas en las páginas 9 a 11 de la Resolución Determinativa impugnada

Facturas 56, 101y 102 de Freemarket Internacional Consulting SRL. Manifestó que es insuficiente señalar cual seria la actividad y giro económico del sujeto pasivo, pues éste debe presentar documentación que sustente tales aseveraciones, como ser: Cotizaciones, Solicitudes, Ordenes de servicio, Contratos, Notas de conformidad, Planillas de control, Informes técnicos u otros documentos, que justifiquen el servicio contratado, además de acreditar la efectiva prestación del mismo, aspectos que no acontecieron, por lo que fue depurado del crédito fiscal de las facturas Nos. 56, 101 y 102. 

Señaló que, si bien el Adendum refiere el porcentaje del 4% del valor neto, el sujeto pasivo no presentó documentación que determine el valor neto y/o la base sobre la cual es calculado el porcentaje pactado, a fin de advertir si el importe facturado es el correcto; más cuando el Adendum refiere que el valor neto será obtenido una vez deducidos los impuestos, aspecto que contradice a lo señalado por el sujeto pasivo, es decir la aplicación de una regla de tres simple sobre el precio facturado. Aspectos que justifican la observación a la materialización de la transacción y la vinculación con la actividad gravada. Precisó que las observaciones que respaldan la depuración del crédito fiscal, fueron detalladas en las páginas 11 a 13 de la Resolución Determinativa impugnada

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Factura No 61 Geogrup Davinci Consultora SRL. Expuso que resultado del análisis de la documentación presentada por el sujeto pasivo y la información cursante en poder del SIN, demostró la inexistencia de elementos suficientes que permitan verificar la veracidad de la transacción y su vinculación con actividades propias de la empresa recurrente, ya que la misma no adjuntó respaldo documental (Cotizaciones, Solicitudes, Ordenes de servicio, Notas de conformidad, Planillas de control, Informes técnicos u otros) que demuestre la prestación del servicio adquirido, así como la justificación del gasto. 

Señaló que, no puede entenderse que al tratarse del rubro de la construcción, como explicó el recurrente, no posea en calidad de respaldo documentación que permita corroborar la razón y conformidad de los servidos del proveedor, o en su caso demostrar porgué se contrato al proveedor y no a otros proveedores, ut, otros documentos que sustenten inclusive el control-realizado por la parte recurrente. 

Refirió que, el sujeto pasivo no acompañó respaldo documental alguno sobre la diferencia de Bs4.296,58, entre el Contrato Civil (Bs48.120.-), la factura y el cheque (B$43.913,42), pues se limitó a señalar que el cronograma de pagos fue modificado, aludiendo que es un hecho común en la construcción. Agregó que las observaciones que respaldan la depuración del crédito fiscal de la factura No 61. fueron expuestas en las páginas 13 a 16 de’la Resolución Determinativa impugnada 

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Por los fundamentos expuestos, solicitó confirmar la Resolución Determinativa No 172039000056 de 11 de febrero de 2020. 

11.4. Apertura de término probatorio. El 25 de junio de 2020, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Apertura Término de Prueba EXPEDIENTE ARIT CBA-0112/2020 iniciando el término de prueba de 20 dias comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del inciso d) artículo 218 del Código Tributario Boliviano (fojas 89 del expediente administrativo). 

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El 27 de julio de 2020, la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante memorial ratificó inextenso la respuesta al 

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NB/150 

9001 IBNORCA 

Stomu doGet 

dala tud Certifikat N771/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mena tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oromita mbaerepi Vae (Guaran) 

Av. Oquendo N° 381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012. www.ait.gob.bo. Cochabamba, Bolivia 

Recurso de Alzada presentado, así como la documentación adjunta al mismo, presentadas en calidad de prueba preconstituida (fojas 91 del expediente administrativo)

El 3 de agosto de 2020, la EPTISA Servicios de Ingeniería S.L. Sucursal Bolivia representada por Carmen Mónica Vargas Montaño, mediante nota ratificó la prueba presentada a la Administración Tributaria; y solicitó que la referida documentación sea analizada por esta instancia de Alzada a fin de constatar la procedencia de lo peticionado en el recurso de alzada (fojas 94 del expediente administrativo)

11.5. Alegatos. El 21 de agosto de 2020, la parte recurrente presentó nota de alegatos, refutando las manifestaciones expuestos por la Administración Tributaria en el memorial de respuesta al Recurso de Alzada. Asimismo, replicó los argumentos del recurso de alzada, inherentes a la falta de fundamentación y motivación del acto impugnado, y que la entidad recurrida no realizó análisis alguno respecto al giro de la empresa a momento de observar de manera infundada la vinculación de los gastos, y que las facturas objeto de verificación cumplen con los requisitos para la apropiación del crédito fiscal, ya que cuentan con documentación de respaldo (fojas 103-112 vta. del expediente administrativo)

El 21 de agosto de 2020, la Administración Tributaria presentó memorial, apersonándose como representante legal Marcelo Gonzales Yaksic, conforme acredito la Resolución Administrativa de Presidencia No 032000000726 de 12 de agosto de 2020 (fojas 97-97 vta. del expediente administrativo), reiterando los argumentos del memorial de respuesta al recurso de alzada, respecto a que el acto impugnado cuenta con la correspondiente fundamentación, motivación, y correcta valoración de la prueba; asimismo reiteró que no fue vulnerado el debido proceso y derecho a la defensa del sujeto pasivo; que las observaciones realizadas fueron conforme a normativa, toda vez que el sujeto pasivo no respaldo la materialización y vinculación de las de las transacciones, según facturas objeto de verificación (fojas 98100 del expediente administrativo). 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA. 

El 5 de agosto de 2018, la Administración Tributaria emitió la Orden de Verificación No 18990209036 a efecto de verificar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) (Verificación 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Especifica Crédito IVA) de los periodos enero, abril, junio y octubre de la gestión 2017, del contribuyente EPTISA Servicios de Ingeniería S.L. Sucursal Bolivia. Acto notificado de manera personal, el 23 de agosto de 2018 (fojas 9 de antecedentes administrativos). 

El 5 de agosto de 2018, la Administración Tributaria emitió el Detalle de Diferencias No 18990209036, Form. 7531, solicitando al sujeto pasivo la presentación de documentación consistente en: Declaraciones Juradas de los periodos observados (Form. 200 0 210); Libro de Compras IVA de los periodos observados; facturas de compras originales detalladas en el citado anexo (Form. 7531); documentos que respalden el pago realizado; y otra documentación que el fiscalizador asignado considere necesario durante el proceso de verificación. Asimismo, mediante anexo adjunto al detalle de diferencias solicitó: Registros contables (Libros de Contabilidad Diario, Mayor, estado de cuentas del proveedor, comprobantes de egreso, traspaso, etc.) debidamente respaldados, a efecto de demostrar la materialización de las transacciones, mediante facturas observo de verificación; Medios de pago (recibos de caja, fotocopias de cheques anverso y reverso, notas de transferencia, depósito bancario, entre otros); y toda otra documentación de sustento que demuestre la efectiva realización de las transacciones realizadas a través de las facturas observadas. Acto notificado de manera personal, el 23 de agosto de 2018 (fojas 9-11 de antecedentes administrativos). 

1.**–*: El 19 de julio de 2019, la Administración Tributaria emitió la vista de Cargo No 291939000150, que liquido de manera preliminar la deuda tributaria en UFVs69.637. equivalente a Bs160.724.-, correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) actualizado, interés y sanción por contravención de omisión de pago, de los periodos enero, abril, junio y octubre de 2017. Acto notificado de manera personal a Carmen Mónica Vargas Montaño, en representación de la EPTISA Servicios de Ingeniería S.L. Sucursal Bolivia, el 15 de noviembre de 2019 (fojas 430-438 y 441 de antecedentes administrativos). 

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ISO 9001 

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El 13 de diciembre de 2019, la empresa EPTISA Servicios de Ingeniería S.L, Sucursal Bolivia, presentó nota de descargo a la Administración Tributaria, donde señaló cual seria el objeto de la empresa y que a fin de cumplir el mismo se ve en la necesidad de contratar y comprar diversos bienes y servicios y que las facturas objeto de verificación cuentan con la documentación de respaldo y en consecuencia cumplen con los tres requisitos para 

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9001 IBNORCA So de Gero

gola Cabded Certificado N71/1

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jacha kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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el beneficio del crédito fiscal (contar con la factura original, vinculación y efectiva realización de la transacción). Asimismo, reclamó que las observaciones realizadas por la Administración Tributaria, carecen de fundamento; y solicitó que toda la documentación acompañada y la que sería presentada como prueba de reciente obtención, sea valorada de manera correcta (fojas 450-461 de antecedentes administrativos). 

El 6 de enero de 2020, la Administración Tributaria emitió el Proveído No 242039000001, mediante el cual solicitó el sujeto pasivo, especifique y/o detalle la documentación a ser presentada en calidad de reciente obtención, además de su imposibilidad de presentarla en el plazo establecido en el artículo 98 de la Ley 2492, y en caso de haber realizado solicitudes a otras entidades, acompañar las notas de solicitud. Acto notificado de manera personal, el 10 de enero de 2020. En respuesta, el 15 de enero de 2020, el sujeto pasivo presentó nota y acompañó las notas de solicitud de certificación de cheque (fojas 475477 y 479-487 de antecedentes administrativos). 

El 24 de enero de 2020, el sujeto pasivo presentó, nota solicitando señalamiento de fecha y hora para el correspondiente juramento de prueba de reciente obtención. Asimismo, acompañó el Contrato privado de arrendamiento con Issa, gestión 2017 y copia legalizada del Testimonio de Constitución de la Sociedad Geogroup Davinci Consultora SRL. (Fojas 489-491, 493506 de antecedentes administrativos). 

El 5 de febrero de 2020, el sujeto pasivo presentó, nota solicitando señalamiento de fecha y hora para el correspondiente juramento de prueba de reciente obtención. De la misma forma, acompañó el Certificaciones bancarias con fotocopias anverso y reverso de cheques y Adenda suscrita con la empresa Freemarket (fojas 205-521 de antecedentes administrativos). 

EL 6 de febrero de 2020, la Administración Tributaria emitió el Proveido No 242039000030, mediante el cual señaló fecha y hora para el juramento de prueba de reciente obtención. Asimismo, precisó que la prueba documental seria evaluada únicamente cuando el sujeto pasivo haya probado que la omisión de la presentación no fue con pausa propia, de conformidad a los artículos 81 de la Ley 2492; 2 del Decreto Supremo 27847; 1 y 3 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10.0035.05 de 13 de octubre de 2005. Acto notificado de manera personal a Carmen Mónica Vargas Montaño, en representación de 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinaconat de Bolivia 

la EPTISA Servicios de Ingeniería S.L. Sucursal Bolivia, el 7 de febrero de 2020 (fojas 550 551 y 556 de antecedentes administrativos). 

El 10 de febrero de 2020 fue llevado a cabo el juramento de prueba de reciente obtención, conforme cursa el “ACTA DE RECEPCION DE JURAMENTO DE PRUEBA DE RECIENTE OBTENCION” (fojas 557 de antecedentes administrativos). 

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El 11 de febrero de 2020, la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Resolución Determinativa No 172039000056, mediante la cual determinó de oficio obligaciones impositivas de EPTISA Servicios de Ingeniería S.L. Sucursal Bolivia, en la suma de UFVS 37.183 equivalentes a Bs86.918.- correspondientes al tributo omitido actualizado e intereses por el Impuesto a! Valor Agregado (IVA Crédito Fiscal) de los periodos fiscales’enero, abril, junio y octubre de la gestión 2017; asimismo, calificó la conducta del sujeto pasivo como omisión de pago, aplicando una sanción equivalente al 100% sobre el tributo omitido determinado, que asciende a UFVs 33.292, conforme a lo establecido en el artículo 165 de la Ley 2492 y articulo 42 del Decreto Supremo 27310, modificado por el parágrafo IX, articulo 2 del Decreto Supremo 2993. Acto notificado de manera personal, -el 14 de febrero de 2020 (fojas 579-598 y 600 de antecedentes administrativos). 

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FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA. Conforme a lo establecido en el artículo 211 parágrafo | del Código Tributario Boliviano, ésta instancia recursiva ingresará a resolver los reclamos efectuados por 

la EPTISA Servicios de Ingeniería S.L. Sucursal Bolivia representada por Camen Mónica Vargas Montaño, dentro de los cuales planteó para el análisis técnico jurídico los siguientes aspectos de forma y fondo: 1. Falta de Fundamentación para la depuración del crédito fiscal IVA; 2. La validez del Crédito Fiscal de las facturas observadas. 

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Cidad AFROL CERTIFICATION 

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Antes de ingresar al análisis técnico jurídico, corresponde dejar en manifiesto que, conforme a lo detallado en el párrafo anterior, pudo evidenciarse que la parte recurrente, planteó aspectos tanto de forma como de fondo; y si bien en el petitorio de su Recurso de Alzada, solicitó la revocatoria total del acto impugnado; no obstante, de acuerdo a los principios procesales y en resguardo del debido proceso y el derecho a la defensa de 

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NB/ISO 

9001 IBNORCA 

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ambas partes, esta instancia recursiva, no puede dejar de lado el análisis de los vicios procesales denunciados, razón por la cual, inicialmente serán atendidos los aspectos de forma reclamados y en caso de no ser evidentes, corresponderá la evaluación de los aspectos de fondo para determinar lo que en derecho corresponda

IV.1. Falta de Fundamentación para la depuración del crédito fiscal IVA. La parte recurrente manifestó que, la Administración Tributaria lejos de motivar o fundamentar la Resolución Determinativa impugnada, redactó el mismo, manteniendo la forma y los elementos, como una lista de puntos meramente formales a ser cumplidos, olvidando e incumpliendo su obligación de motivar y fundamentar el referido acto 

administrativo. 

Expuso que, la entidad recurrida, de manera infundada y sin sustento legal alguno, se limitó a establecer en todos los casos, que no corresponde el crédito fiscal, debido a que los servicios contratados no estarían vinculados a la actividad, bajo el único argumento de una ausencia de cotizaciones, pro formas u otros documentos de respaldo, como si dichos documentos pudiesen validar la vinculación de un bien o servicio contratado, lo que señala se tradujo en observaciones arbitrarias que afectaron a sus derechos legítimos como sujeto pasivo. 

Manifestó que, el sujeto activo mantiene observaciones carentes fundamento técnico juridico, respecto al por qué los servicios contratados no están vinculados a la actividad gravada, pese de haber presentado descargos a la vista de Cargo, donde explicó y presentó múltiples pruebas. Precisó que, la Administración Tributaria durante todo el proceso de verificación, fiscalización y determinación, menos en la valoración de los descargos, consideró el giro, negocio, objeto y actividades que realiza como empresa

Señaló que, sobre la vinculación del gasto según factura N° 65, la Administración Tributaria observó la inexistencia de cotizaciones, proformas y similares, como si dichos documentos fuesen idóneos para identificar la vinculación a la actividad de la empresa, aspecto que evidencia que la Resolución Determinativa no contiene fundamentación, respecto a el por qué no aceptó el contrato como vinculado. 

Expuso que, para las facturas N° 56, 101 y 102, la Administración Tributaria aceptó que como sujeto pasivo, presentó el Contrato, Adenda y comprobantes de pago, empero, sin 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinaconal de Bolivia 

ningún fundamento, argumento técnico o legal, estableció que dichos servicios contratados no están vinculados a la actividad gravada, sin decir, exponer o al menos argumentar el por qué dichos servicios no estarian vinculados a la actividad de la empresa, más cuando estos aspectos fueron explicados en los descargos presentados a la Vista de Cargo, donde explicó que por el objeto social y de negocio (administración, comercialización, contratación y promoción empresarial, dirigidas a la construcción y telecomunicaciones), en determinados momentos requiriere del apoyo y asesoramiento de otras empresas

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Por su parte, la Administración Tributaria señaló que el acto impugnado, cumplió con el principio de motivación, ya que este, expuso con claridad las razones que motivan la decisión; puesto que realizó un análisis objetivo de los hechos, la normativa procedimental y sustantiva a aplicarse; y valoró la documentación presentada en el proceso de verificación. Por lo que señala que no existió vulneración al debido proceso, que haya afectado la seguridad jurídica del sujeto pasivo, más cuando la Resolución Determinativa fue emitida en observancia de los artículos 99 parágrafo II de la Ley 2492 y 7 parágrafo | de la Resolución Normativa de Directorio 10-0032-16, y fue debidamente comunicada al sujeto pasivo, a fin de que haga uso de su derecho a la defensa, de manera irrestricta’y oportuna.

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Señaló que, practicó un procedimiento determinativo transparente, respetando la motivación del acto administrativo y la normativa adjetiva que regula el procedimiento de verificación, aduciendo que por lo que no fue vulnerada la garantía de seguridad juridica del sujeto pasivo, mismo que no puede pretender que la documentación presentada, carente de respaldo, sea considerada como prueba válida bajo el pretexto de una falta de motivación que afecta el debido proceso y seguridad jurídica; y al no probar el perjuicio cierto e irreparable que le habría causado el acto impugnado y tampoco observarse el principio de trascendencia y legalidad, no corresponde la nulidad invocada por el sujeto pasivo

atao SO 9001 

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AFHS CTIVIT 

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Al respecto, la Sentencia Constitucional 2023/2010R de 9 de noviembre entre otras señaló que: “a garantia del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponerlos motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también 

Rojas 

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NA/ISO 

9001 IBNORCA Sistema de Gestió

de Calidad Coufado N 77114 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach‘a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti ofomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió (…) Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que se ha ambado, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia”

De igual manera, la Sentencia Constitucional N° 0871/2010 de 10 de agosto, señaló que es: “imperante además precisar que toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso, debe contener los siguientes aspectos a saber. a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición 

s aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio especifico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado”. 

Por su parte, la doctrina sostiene que la fundamentación o motivación del acto resulta imprescindible: C…) para que el Sujeto Pasivo sepa cuáles son las razones de hecho y derecho que justifican la decisión y pueda hacer su defensa o, en su caso, deducir los recursos permitidos (...)también expone que: La fundamentación del acto administrativo es un requisito imprescindible para la validez, pues de ello depende que el Sujeto Pasivo conozca los motivos de hecho y de derecho en que se basa el ajuste y 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

pueda formular su defensa, de modo que la carencia de ese requisito vicia de nulidad el acto(GIULANNI FONROUGE, Carlos M. Derecho Financiero. Volumen I. Buenos Aires Argentina: Editorial “De Palma“. 1987, Pág. 520, 521 y 557). 

A su vez, el artículo 115, parágrafo II de la Constitución Política del Estado, garantiza el derecho al Debido Proceso. En concordancia, el artículo 68, numeral 6 del Código Tributario Boliviano, establece que dentro de los derechos del sujeto pasivo se encuentra el derecho al Debido Proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados. 

Por otra parte, los parágrafos I y III del artículo 96 de la Ley 2492, disponen que, la Vista de Cargo,’contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación, fijando la base imponible sobre Base Cierta o Presunta, según corresponda, debiendo contener la liquidación previa del tributo adeudado; igualmente establece que, la ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el reglamento vicia de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención según corresponda: 

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Por su parte, el artículo 18 del Decreto Supremo 27310, establece que la Vista de Cargo deberá consignar los siguientes requisitos: a) Número, b) Fecha, c) Nombre o razón social del Sujeto Pasivo, d) Número de Registro Tributario, d) Indicación del tributo (s), periodo (s) fiscal (es), liquidación previa de la deuda tributaria, g) Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la calificación de la sanción en el caso de Contravenciones Tributarias y requerimiento a la presentación de descargos en el marco de lo previsto en el parágrafo I del artículo 98 de la Ley N° 2492, h) firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 

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Aranibar Meja 

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ToNet 

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De igual forma el parágrafo II del artículo 99 de la Ley 2492, establece: “La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos: Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción 

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NB/ISO 

9001 IONORCA 

CeritabN7711

Justicla tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a karnani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani

Av. Oquendo N 381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012 www.ait:gob.bo.Cochabamba, Bolivia 

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IT 

en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa

El artículo 19, del Decreto Supremo 27310, señala: “La Resolución Determinativa deberá consignar los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 999 de la Ley 2492. Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 47° de dicha Ley. (...)“. 

Expuesta la posición de las partes y el marco legal inherente al mismo, corresponde delimitar el alcance del presente análisis, por cuanto conforme se advierte de la lectura del Recurso de Alzada, el sujeto pasivo agravió la falta de fundamentación del Acto impugnado respecto a la depuración del crédito fiscal, particularmente sobre las observaciones inherente a la vinculación de los gastos (según facturas objeto de verificación), a lo que aludió que la entidad recurrida, durante todo el proceso de verificación, fiscalización y determinación, menos en la valoración de descargos, no consideró el giro de la empresa para concluir con la observación respecto a la vinculación. Asimismo, precisó que la entidad recurrida mantuvo observaciones carentes de fundamento técnico jurídico, relacionados a que los servicios contratados no están vinculados a la actividad gravada, pese haber presentado descargos a la Vista de Cargo, donde explicó y presentó múltiples pruebas

En ese contexto, esta instancia inicialmente ingresará al análisis de la Vista de Cargo a objeto de corroborar o desvirtuar el reclamo planteado por el sujeto pasivo, respecto a que la Administración Tributaria, observó la vinculación de los gastos -según facturas sujetas a revisión-, de manera infundada y sin considerar la actividad económica que realiza como sujeto pasivo. Para posteriormente, examinar el contenido del acto impugnado y continuar con la revisión de la fundamentación y motivación extrañada por la empresa recurrente, incluso posterior a la presentación de descargos. 

En ese entendido, a fojas 430-438 de antecedentes administrativos, cursa la Vista de Cargo N° 291939000150, donde la Administración Tributaria, después de exponer el alcance de la verificación (Impuesto al Valor Agregado de los periodos fiscales enero, abril, 

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junio y octubre de 2017), tipo de determinación (Base Cierta) y la liquidación previa del adeudo tributario, bajo el título “Hechos, actos, datos, elementos y valoraciones”, detalló parte de los antecedentes del caso, como ser: la notificación de la Orden de Verificación No 18990209036, el Detalle de Diferencias del mismo número y Anexo adjunto, la documentación requerida y la presentada por la empresa ahora recurrente (páginas 1-3 de la Vista de Cargo). 

Posteriormente, bajo el título “9. Impuesto al Valor Agregado (IVA)- crédito fiscal”, el Servicio de Impuestos Nacionales, en la vista de Cargo referida, señaló cuáles serían los requisitos, para el beneficio con el Crédito Fiscal IVA, como ser: 1) La existencia de la factura original; 2) Que la compra se encuentre vinculada con la actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen; 3) Que la transacción haya sido efectivamente realizada; y 4) Que la nota fiscal cumpla las formalidades establecidas en la normativa aplicable; al efecto. Y sostuvo que la apropiación del crédito fiscal depende del cumplimiento de requisitos sustanciales y formales que permitan establecer la existencia del hecho imponible y permitan considerarlos como válidos para fines fiscales (páginas 3 de la vista de Cargo). 

De la misma forma, en el acápite del mencionado acto, “9.1 Facturas No Válidas (NY) para el cómputo del crédito fiscal, por no contar con documentación de respaldo suficiente que demuestre la realización de las transacciones y su vinculación con la actividad gravada”, la entidad recurrida manifestó que, producto de análisis y valoración de la documentación proporcionada por el sujeto pasivo y la información 

generada a través de los Sistemas Informáticos de la Administración Tributaria, verificó facturas, con la observación “9.1 en el “DETALLE DE FACTURAS NO VÁLIDAS PARA CREDITO FISCAL“, sobre las cuales no fue demostrado documentalmente, la efectiva realización de las transacciones y su vinculación con la actividad gravada (páginas 3 de la Vista de Cargo). 

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Calidad AENOH CERTIFICATION 

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Extendió sosteniendo que el sujeto pasivo, no presentó documentación e información suficiente relativa a la integridad y veracidad de las transacciones comerciales y financieras sujetos a revisión, que permitan valorar los hechos previstos por Ley como generadores de la obligación tributaria, documentación e información que le fue requerida 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

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mediante Orden de Verificación No 18990209036 con Detalle de Diferencias y Anexo al 

detalle de diferencias (páginas 3 de la Vista de Cargo). 

Continuando con la lectura de la Vista de Cargo N° 291939000150, se tiene que la Administración Tributaria, señaló las siguientes observaciones, respecto a la documentación proporcionada por el sujeto pasivo: a) Que los correos electrónicos, contienen mensajes no identificados claramente, con hechos relacionados en las facturas sujetas a revisión, lo que imposibilitó que se constituyan en prueba contundente de la realización de las transacciones; b) Que el Adendum (facturas Nos. 56, 101 y 102) fue presentado en fotocopias simple y no el contrato principal que respalde los servicios de asesoramiento; además, establece como honorario profesional del 4% del valor neto del contrato comercial adjudicado, empero no cuenta con dicha documentación (páginas 3-4 de la Vista de Cargo). 

Extendió explicando que: c) El contrato privado de arrendamiento de bien inmueble, presentado para la factura No 65, indica “Ocupar y utilizar única y exclusivamente para vivienda estando prohibido utilizar el mismo para otros fines” (octava parte del contrato punto 8.2.4): y que el inmueble adquirido se encuentra ubicado en una dirección que no tiene relación con las direcciones fiscales del contribuyente según consta el padrón de contribuyentes; d) Que el Libro Diario, para la factura No 61, este no refleja de manera específica y clara las transacciones sujetas a revisión, de tal manera que cada partida exprese claramente la cuenta o cuentas deudoras o acreedoras de las operaciones y sus importes, ya que los registros son globales; y e) Que del Cheque, Boucher y certificación, para la factura No 61, evidenció que el desembolso fue a una tercera persona y no al emisor de la factura; por lo que concluyó que la documentación presentada por el sujeto pasivo, resulta insuficiente para respaldar la efectiva realización de la transacción (páginas 4 de la Vista de Cargo)

Asimismo, la Administración Tributaria plasmó en la vista de Cargo analizada, observaciones respecto a las facturas objeto de verificación, en el cuadro denominado “DETALLE DE FACTURAS NO VALIDAS PARA CREDITO FISCAL CONCEPTO OBSERVADO 1.1″, donde señaló respecto a las facturas observadas-, la fecha, NIT de proveedor, Razón social del proveedor, número de factura, número de autorización, importe sujeto a crédito fiscal, concepto de la compra, medio fehaciente de pago, 

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Realización del Gasto ylo Costo, Observación, entre otros. En las columnas Medio Fehaciente de Pago” y “Realización del Gasto ylo Costo, detalló la documentación presentada por el sujeto pasivo (Libro Diario; fotocopias de Cheque, Boucher, extracto bancario, Adendum; reconocimiento de fimas de contrato de arrendamiento; contrato privado; contrato civil de prestación de servicios, documento privado para proyectos y correos) y señaló el concepto registrado en el documento contable acompañado por el sujeto pasivo (paginas 4-5 de la Vista de Cargo). 

Ahora bien, para las facturas N° 56, 101 y 102, en la columna “Observación” del cuadro citado en el párrafo previo, la Administración Tributaria en la renombrada Vista de Cargo N° 291939000150 señaló: 1. Que en los registros contables, no fue posible ‘identificar la salida del efectivo; 2. Que el Cheque fue depositado por una persona no vinculada con la empresa; 3. Que el sujeto pasivo no acompañó documentación adicional que demuestre la prestación del servicio adquirido ni justificación del gasto “(Cotizaciones, Solicitudes, Ordenes de servicio, Contratos, (…)“. y 4. Que el Adendum presentado en fotocopia simple, ‘refiere el pago del 4% del valor neto del contrato comercial adjudicado, empero no cuenta con la base para realizar dicho porcentaje. Finalmente, señaló: “Portanto, no existe elementos suficientes que permitan verificar la realización de la transacción y su vinculación con actividades propias de la empresa” (página 4-5 de la Vista de Cargo). 

Respecto a la factura N° 65; la entidad recurrida, manifestó: 1. Que los registros contables, son globales por lo que no fue posible identificar la salida del efectivo, más cuando muestra 

un abono en la cuenta de Caja MN y la factura fue cancelada con Cheque; 2.Que no adjuntó ningún documento adicional que demuestre la prestación del servicio adquirido ni la justificación del gasto con las actividades propias de la empresa “Cotizaciones, Ordenes de servicio, informes técnicos en relación a la justificación del servicio”, 3. Que el contrato privado presentado, refiere que el inmueble sería utilizado exclusivamente para vivienda y para ningún otro fin. Por lo que concluyó: “Por tanto, no existe elementos suficientes que permitan verificar, que el servicio prestado esté vinculado con actividades propias de la empresa” (página 4 de la Vista de Cargo). 

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Sobre la factura No 61, la Administración Tributaria sostuvo en la vista de Cargo mencionada: 1. Que en los registros contables, al ser globales, no identificó la salida del efectivo ni a que cuenta fue cargado el gasto; 2. Que el Cheque, Boucher y certificación, 

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refieren el pago a Huaygua Paye Adolfo, por lo que no demostró la percepción del pago por el proveedor consignado en la factura; 3. Que no adjuntó ningún otro respaldo adicional que demuestre la prestación del servicio, ni la justificación del gasto “(Cotizaciones, Solicitudes, Órdenes de servicio, Notas de Conformidad, Planillas de control, Informes técnicos, u otros Documentos de Propiedad)“, y 4. Que el monto pactado en el contrato civil de prestación de servicios, difiere al importe facturado. Por lo que concluyo: Por tanto, no existe elementos suficientes que permitan verificar la veracidad de la transacción, ni su vinculación con actividades propias de la empresa(página 5 de la Vista de Cargo)

En el párrafo siguiente al cuadro denominado “DETALLE DE FACTURAS NO VALIDAS PARA CREDITO FISCAL-CONCEPTO OBSERVADO 1.1“, la Administración Tributaria en el acto analizado, arguyó que las facturas observadas, no son válidas para cómputo del Crédito Fiscal, toda vez que: “(…) no se encuentran debidamente respaldados, con documentación suficiente y pertinente que pruebe de forma contundente e irrefutable la efectiva realización de las transacciones con los proveedores y la vinculación de las compras con las operaciones gravadas de la empresa (...)”

Como marco legal respecto a la realización de la transacción, la entidad recaudadora citó los artículos 2, 8 de la Ley 843 y 8 del Decreto Supremo 21530, conceptualizó la compra, venta y onerosidad. Respecto a la vinculación con la actividad del sujeto pasivo, transcribió los artículos 8 de la Ley 843 y 8 del Decreto Supremo 21530; continuó con la transcripción de los artículos 70 (numerales 4 y 5), 70 de la Ley 2492; 25 (numerales 4, 5 y 6), 36, 37, 44 y 40 del Decreto Supremo 14379; 7 del Decreto Supremo 27310. En párrafos siguientes, señaló la inexistencia de contravenciones tributarias por incumplimiento a deberes formales; mostró el tributo omitido determinado (Bs73.252.), refirió la configuración de indicios de la contravención tributaria “Omisión de Pago” y detalló el plazo para la presentación de descargos.conforme el artículo 98 de la Ley 2492 (página 5-8 de la Vista de Cargo). 

Expuesto el contenido íntegro de la Vista de Cargo N° 291939000150 de 19 de julio de 2019, se advirtió que es evidente que la entidad recurrida, al momento de establecer las observaciones para depurar el crédito fiscal de las facturas 56, 65, 101, 102 y 61, detalló la documentación acompañada por el sujeto pasivo, mostrando las observaciones 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

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advertidas para cada una de ellas (registros contables globales, documentos de pago no 

evidencian el desembolso al titular de la factura, falta de respaldo para determinar la base sobre el cual fue determinado el importe facturado). 

De la misma forma, sobre la observación inherente a la materialización de la transacción señaló que: para las facturas No 56, 101, 102.y 61, el sujeto pasivo no acompañó documentación adicional alguna que demuestre la prestación del servicio adquirido ni justificación del gasto, para después referir: “(Cotizaciones, Solicitudes, Ordenes de servicio, Contratos, (...) Cotizaciones, Solicitudes, Ordenes de servicio, Notas de Conformidad, Planillas de control, Informes técnicos, u otros Documentos de Propiedad)”. Sobre la factura 65, sostuvo que el sujeto pasivo no adjunto documento adicional que demuestre la prestación del servicio adquirido o la justificación del gasto con las actividades propias de la empresa, refiriendo nuevamente a: “(Cotizaciones, Órdenes de servicio, informes técnicos en relación a la justificación del servicio)“(página 4-5 de la Vista de Cargo). 

Respecto a la vinculación del gasto, la entidad recurrida después de señalar que el sujeto pasivo no acompañó documentación adicional que demuestre la prestación del servicio, concluyó: -Para las facturas 56, 101 y 102, la inexistencia de elementos suficientes que permitan verificar la realización de la transacción y su vinculación con actividades propias de la empresa; factura 65, la inexistencia de elementos suficientes que permitan verificar, que el servicio prestado esté vinculado con actividades propias de la empresa; y factura 61, la inexistencia de elementos suficientes que permitan verificar la veracidad de la transacción, ni su vinculación con actividades propias de la empresa (paginas 4-5 de la Vista de Cargo). 

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Lo expuesto en el párrafo previo, permite advertir que la entidad recurrida se limitó a concluir la inexistencia de elementos suficientes que le permitan verificar la vinculación con actividades propias del sujeto pasivo y que este no presentó: “Cotizaciones, Solicitudes, Ordenes de servicio, Contratos, (…) Cotizaciones, Solicitudes, Ordenes de servicio, Notas de Conformidad, Planillas de control, Informes técnicos, (...)”; empero no expuso menos fundamentó y motivó el por qué ylo cual el análisis realizado entre la documentación proporcionada por el sujeto pasivo y la actividad gravada del mişmo, par

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así sostener que el recurrente no demostró la vinculación de los gastos según facturas objeto de verificación, con su la actividad gravada

A lo expuesto se suma el hecho de que la Administración Tributaria, tampoco realizó análisis alguno sobre cuál y/o cuales serían las actividades gravadas del sujeto pasivo y las razones para concluir qué los servicios según facturas observadas, no están vinculadas con dichas actividades, por lo que dicha entidad, mal podría concluir que no existen elementos suficientes que le permitan verificar la vinculación con la actividad gravada del sujeto pasivo, cuando revisado el contenido integro de la Vista de Cargo No 291939000150, se tiene que la entidad recurrida no preciso, menos realizó un análisis e identificación de las actividades gravadas del sujeto pasivo, y por qué la documentación proporcionada por la empresa recurrente, para cada una de las facturas, en consideración a su actividad gravada, no demuestran la vinculación de los gastos

En consecuencia, es evidente el reclamo planteado por la empresa recurrente, respecto a que la Administración Tributaria incurrió en una falta de fundamentación, motivación y consideración de la actividad gravada que realiza como empresa, al momento de observar la vinculación. 

Continuando la revisión de los antecedentes administrativos, se tiene que el 13 de diciembre de 2019, la empresa EPTISA Servicios de Ingeniería S.L. Sucursal Bolivia presentó nota de descargo a la vista de Cargo, en el cual entre otros aspectos, señaló que a efecto de que el SIN comprenda la vinculación de las compras a la actividad gravada, explicaría el giro, negocio y actividades que realiza, ya que ese extremo no fue considerado por el personal de la Administración Tributaria durante el proceso de verificación. A continuación, el sujeto pasivo bajo el título “3.1 Antecedentes del giro, rubro, negocio y actividades de la empresa” de la referida nota, detalló las diferentes actividades económicas realizadas como empresa, para después sostener que cuenta con un giro y negocio amplio para la generación de ingresos, y que resulta evidente, la necesidad de contratar y comprar diversos servicios y bienes a fin de cumplir con sus objetivos (fojas 453 vta. y 454 de antecedentes administrativos). 

Por tanto, corresponde ingresar al análisis de la Resolución Determinativa impugnada, a fin de corroborar o desvirtuar el reclamo planteado por el sujeto pasivo, respecto a que la 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinadonal de Bolvia 

Administración Tributaria, mantuvo observaciones carentes de fundamento y motivación, respecto a la vinculación de los gastos, pese de haber explicado el rubro de la empresa, en etapa de descargos a la Vista de Cargo, aspecto (giro de la empresa) que además no habría sido considerado. 

En ese entendido, se tiene que, la Resolución Determinativa N° 172039000056 de 11 de febrero de 2020, en cuyo “CONSIDERANDO“, expuso el mismo contenido de la Vista de Cargo N° 291939000150 respecto a los “Hechos, actos, datos, elementos y valoraciones(fojas 430vta. 436 y 580-584 de antecedentes administrativos). Continuó señalando, la inexistencia de contravenciones tributarias por incumplimiento a deberes formales; la presentación de descargos a la vista de Cargo; detalló los documentos presentados por el administrado; refirió la emisión de Proveidos respecto a la prueba de reciente obtención, ofrecida y presentada por el sujeto pasivo, así como el correspondiente juramento de presentación de prueba de-reciente obtención y la documentación presentada como tal (páginas 6-8 del acto impugnado). 

Posteriormente bajo el título “VALORACIÓN Y EVALUACIÓN A DESCARGOS PRESENTADOS POR EL CONTRIBUYENTE SEGUIDO DE LA POSICION DE L’A ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA”, la entidad recurrida en el acto impugnando, transcribió parte de los argumentos de descargo presentados por el sujeto pasivo a la Vista de Cargo N° 291939000150, para cada una de las facturas objeto de verificación y la posición asumida por la Administración Tributaria. Asimismo, para todas las facturas (65, 56, 101, 102 y 61) replicó la observación señalada en la citada Vista de Cargo, respecto a que el Libro Diario corresponde a un registro global y no fue posible identificar la salida de efectivo, ya que el importe abonado es mayor al de la factura, por lo que, señaló que el sujeto pasivo no demostró la materialización de la transacción a través de sus registros contables (página 9, 11 y 13 del acto impugnado). 

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Para las facturas 56, 101, 102 y 61, aclaró que no observó el sistema contable (modular) aplicado por el contribuyente, sino que el Libro Diario no registra día por día y en orden progresivo las operaciones realizadas por la empresa, ya que, de la verificación realizada a la documentación, el referido Libro Diario solo refleja importes globales y mayores a los consignados en las facturas; y señaló que fueron vulnerados los artículos 70 de la Ley 2492 y 44 del Código de Comercio (páginas 11, 13 y 14 del acto impugnado). 

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De la misma forma, para todas las facturas objeto de verificación (65, 56, 101, 102 y 61), la Administración Tributaria en la Resolución recurrida, levantó la observación inherente al pago, en virtud a la documentación presentada por el sujeto pasivo, en calidad de reciente obtención (certificaciones bancarias y fotocopias de cheque, Testimonio de la Escritura Pública de Transferencia de cuotas de Capital de la Sociedad Geogrup Davinci Consultora S.R.L. N° 692/2017 y Copia Legalizada del Testimonio de la Revocatoria del Poder General de Administración y Representación Legal N° 635/2017) (páginas 10, 11, 12 y 15 del acto impugnado). 

Continuando con el análisis de la Resolución Determinativa, serán expuestos los argumentos que la Administración Tributaria señaló en el citado acto administrativo, para sostener y depurar el crédito fiscal de las facturas objeto de verificación (facturas 65, 56, 101, 102 y 61), respecto al requisito vinculación de los gastos con la actividad gravada de la empresa. 

En ese contexto, para la factura 65, la entidad recurrida citó los artículos 40 y 44 del Código de Comercio, refirió dos de los requisitos para el beneficio del Crédito Fiscal (vinculación y efectiva realización de la transacción), señaló que, la apropiación del crédito fiscal depende del cumplimiento de requisitos sustanciales y formales, que adviertan la existencia del hecho imponible y que le permitan considerarlos como válidos para fines fiscales, sosteniendo que dicha situación no aconteció, toda vez, que el sujeto pasivo no presentó “Cotizaciones, Órdenes de servicio, informes técnicos en relación a la justificación del servicio”, u otros documentos que permitan acreditar la efectiva prestación del servicio. Agregó que, el contrato privado, establece que el inmueble alquilado sería utilizado solo para vivienda y no con otros fines, situación que tampoco permitió establecer la vinculación de ese servicio de alquiler con la Actividad Gravada del contribuyente (páginas 9-10 del acto impugnado). 

Extendió y señaló en el acto impugnado, que el contrato original de 29 de diciembre de 2016, no contiene reconocimiento de firmas, empero igual procedió a su valoración, señalando que de dicho documento refiere que el uso del inmueble seria únicamente como vivienda y para ningún otro uso. Y que el sujeto pasivo no adjuntó otro respaldo adicional que demuestre la prestación del servicio adquirido, ni la justificación del gasto con las actividades propias de la empresa. Precisó que “(...) la observación es a la 

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vinculación del servicio por falta de documentación de sustento, además se observó que el inmueble adquirido se encuentra ubicado en (…) dirección que no tiene relación alguna con las direcciones fiscales del contribuyente según consta el padrón de contribuyentes(subrayado es nuestro) (páginas 10 del acto impugnado). 

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En párrafos siguientes de la Resolución Determinativa N° 172039000056, el Servicio de Impuestos Nacionales señaló que: “(...) aclarar que la observación radica en la falta de respaldo adicional que demuestre la prestación del servicio adquirido y por ende la justificación del gasto con las actividades propias de la empresa, situación por lo que no demostró la relación del servicio con actividades propias del sujeto pasivo por ende no acreditó la efectiva realización de la transacción y su vinculación con la actividad gravada” (subrayado es nuestro) (páginas 1011 del acto impugnado). 

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Finalmente, respecto a la factura 65, la entidad recaudadora manifestó, que la empresa recurrente no demostró con documentación suficiente la vinculación del servicio de arrendamiento, con la actividad gravada asimismo ratificó la observación determinada en la Vista de Cargo N° 291939000150, observó el crédito fiscal de la factura 65 y citó los artículos 8 de la Ley 843; 8 del Decreto Supremo 21530; 70′ numerales 4 y 5 de la Ley 2492 (páginas 11 del acto impugnado)

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para las facturas 56, 101 y, 102, el ente fiscal’ precisó que la observación va dirigida a la vinculación del servicio, toda vez que el sujeto pasivo no adjunta documentación como ser. Cotizaciones, Solicitudes, órdenes de servicio, Contratos, Notas de conformidad, Planillas de control, Informes técnicos u otros Documentos del servicio que demuestre la prestación del servicio adquirido y la justificación del gasto realizado” (páginas 12 del acto impugnado)

afao ISO 9001 

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Calidair 

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AFNOR CALIFICATION 

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Respecto al Acuerdo Marco de Prestación de Servicios de Asesoramiento Comercial” de 1 de julio de 2014, el Servicio de Impuestos ales señaló que si bien el contrato se encuentra vigente al momento de la transacción, no establece un importe que determine el precio convenido por el servicio adquirido, limitándose a señalar que la remuneración sería fijada en base a cada proyecto y formalizada en cada adendum; sobre el “Adendum al Acuerdo Marco de Prestación de Servicios de Asesoramiento Comercial(Original) (presentado como prueba de reciente obtención), dicha entidad manifesto, que dicho 

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del Calidad CardicadoN771/1

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documento refiere como honorarios profesionales, la suma total equivalente al 4% del valor neto, una vez deducidos impuestos y tasas, del contrato comercial adjudicado; empero el sujeto pasivo no presentó documentación que determine el valor neto y/o la base sobre la cual se calculará el porcentaje pactado, a fin de revisar si evidentemente el importe facturado es el correcto (páginas 12 del acto impugnado)

Una vez más, al igual que para la factura 58, la entidad fiscalizadora refirió dos de los requisitos para que un contribuyente se beneficie con el crédito fiscal IVA (vinculación y efectiva realización), añadiendo que la apropiación del crédito fiscal, depende del cumplimiento de requisitos sustanciales y formales, que permitan establecer la existencia del hecho imponible y considerarlos como válidos para fines fiscales. Aspectos que no fueron cumplidos, ya que el “Adendum al Acuerdo Marco de Prestación de Servicios de Asesoramiento Comercialy “Acuerdo Marco de Prestación de Servicios de Asesoramiento Comercial, no son suficientes para demostrar la vinculación del servicio con la actividad gravada; toda vez, que el sujeto pasivo, no presentó Cotizaciones, Solicitudes, Ordenes de servicio, Contratos, Notas de conformidad, Planillas de control, Informes técnicos u otros Documentos del servicio, documentos que justifiquen el servicio u otros documentos que permitan acreditar la efectiva prestación del servicio” (páginas 13 del acto impugnado). 

Citó los artículos 8 de la Ley 843 y 8 del Decreto Supremo 21530 y sostuvo que el sujeto pasivo no demostró con documentación suficiente, la vinculación con la actividad gravada, ratificó la observación determinada en la vista de Cargo, observó el crédito fiscal de las facturas 56, 101 y 102 y citó los artículos 8 de la Ley 843; 8 del Decreto Supremo 21530; 70 numerales 4 y 5 de la Ley 2492 (páginas 13 del acto impugnado)

En lo que respecta a la factura 61, explicó que el Contrato Civil estableció el importe total de Bs48.210.– y tanto la factura como el cheque refieren el importe de Bs43.913,42, lo que evidenció una diferencia de Bs4.296,58, sobre el cual el sujeto pasivo no presentó documentación de respaldo alguno; por lo que concluyó que: no existen elementos suficientes que permitan verificar la veracidad de la transacción, ni su vinculación con actividades propias de la empresa, toda vez que no adjunta ningún otro respaldo adicional que demuestre la prestación del servicio adquirido, ni la justificación del gasto (Cotizaciones, Solicitudes, Ordenes de servicio, Notas de conformidad, Planillas de 

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control, Informes técnicos u otros Documentos de propiedad). Citó los artículos 8 de la Ley 843 y 8 del Decreto Supremo 21530 y (página 14 del acto impugnado)

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Precisó que como Administracion Tributaria, realizó la verificacion y valoracion de toda la documentacion presentada por el contribuyente en las diferentes etapas del proceso de verificación, empero extrañó documentacion que acredite la vinculacion con la actividad de la empresa, como ser “(Notas de conformidad, Planillas de control, Informes técnicos u otros Documentos relacionados al servicio), ni tampoco documentacion de respaldo que demuestre la efectiva realización de las transacciones y por consiguiente su vinculación con la actividad sujeta del gravamen”. Agregó que, con el objeto de determinar la veracidad de las transacciones declaradas por el contribuyente, obtuvo información de terceros y verificó la información que cursa en poder la Administración Tributaria (página 15 del acto impugnado). 

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En párrafos siguientes del acto impugnado, la Administración Tributaria expuso argumentos relacionados a que el sujeto pasivo conoció todos los actuados emitidos durante el proceso determinativo, que garantizó el debido proceso, derecho a la defensa y seguridad jurídica, que no fueron vulnerados los artículos 76 y 69 de la Ley 2492; así como argumentos respecto al debido proceso, las facultades otorgadas por la Ley 2492, la emisión de la Vista de Cargo en el plazo previsto, el plazo para la presentación de descargos, entre otros. Finalmente, estableció que el sujeto pasivo, no descargó las observaciones determinadas, toda vez que no demostró con documentación, la procedencia y cuantía de la imputación del crédito Fiscal observado; y procedió a determinar la base imponible del tributo omitido por concepto de Impuesto al Valor Agregado (páginas 16-17 del acto impugnado)

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Expuesto el contenido integro del acto impugnado, se advierte que la Administración Tributaria, en el Acto impugnado inicialmente plasmó las mismas observaciones y argumentos expuesto en la vista de Cargo No 291939000150 y analizados, luego de transcribir fragmentos de los argumentos de descargos al referido acto, presentados por el sujeto pasivo, observó los documentos contables debido a que los mismos no permitieron identificar de manera precisa la transacción objeto de revisión y levantó las observaciones (expuestas inicialmente en la vista de Cargo), respecto el pago a los proveedores. 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach‘a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Av. Oquendo N2381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012 – www.ait.gob.bo.Cochabamba, Bolivia 

Asimismo, es evidente que la entidad recurrida depuró el crédito fiscal de todas y cada una de las facturas, sosteniente que el sujeto pasivo no proporcionó documentación suficiente como ser: “Cotizaciones, Ordenes de servicio, informes técnicos en relación a la justificación del servicio (…); Cotizaciones, Solicitudes, Órdenes de servicio, Contratos, Notas de confomidad, Planillas de control (...) Notas de conformidad, Planillas de control, 

Informes técnicos u otros Documentos relacionados al servicio (...), ni tampoco 

documentacion de respaldo que demuestre la efectiva realización de las transacciones y por consiguiente su vinculación con la actividad sujeta del gravamen

De la misma forma, el Servicio de Impuestos Nacionales observó en la Resolución impugnada: Respecto a la factura 65, que el contrato refiere el alquiler de un inmueble con el único uso de “vivienda”, que la dirección del mismo no tiene relación con el domicilio fiscal registrado ante el SIN por el sujeto pasivo; sobre las facturas 56, 101 y 102 manifestó 

mentos presentados refieren un pago del 4 % luego de deducciones de impuestos y tasas; empero, el sujeto pasivo no acompañó documento que le permita advertir cual fue la base para el cálculo del referido 4% a fin de corroborar si este es coincidente con las facturas sujetas a revisión; y sobre la factura 61 refirió que el contrato establece un importe distinto al consignado en la factura y documento de pago, diferencia sobre la cual el sujeto pasivo no acompañó respaldo alguno. Argumentos con los cuales concluyó que la empresa ahora recurrente no demostró la vinculación de los gastos con su actividad gravada

Sin embargo, la citada entidad acreedora, no señaló porque dichos documentos, no permiten advertir la vinculación del gasto con las actividades propias de la empresa recurrente; y si bien, en el caso de la factura 65 señaló, que la dirección del inmueble alquilado, no figura en el padrón del sujeto pasivo, tampoco explicó por qué dicho aspecto se traduce en una observación a la vinculación del gasto; de la misma forma, no expuso las razones por las cuales, las diferencias en cuanto al importe facturado y los consignados en los documentos proporcionados por el sujeto pasivo, se traducen en observar y desconocer la vinculación del gasto. 

A lo expuesto, se suma el hecho de que en el contenido integro del acto impugnado, no cursa análisis alguno realizado por la Administración Tributaria, respecto a cuál ylo cuales serían las actividades gravadas del sujeto pasivo, mucho menos el fundamento técnico y 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

Estado Plurinacional de Bolivia 

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legal que permita constatar, independientemente de las diferencias en direcciones e importes -advertidos en los documentos de respaldo-, y que los gastos según facturas objeto de revisión, no se encuentran vinculadas con la actividad gravada del sujeto pasivo, ya que mai, la entidad recurrida podría observar este aspecto, cuando en ningún momento hizo referencia alguna, a cuales son las actividades gravadas por el IVA realizadas por el sujeto pasivo y de que forma los gastos observados no pueden relacionarse con las mismas. 

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Por tanto, la Administración Tributaria, al emitir el acto definitivo producto del proceso determinativo llevado en contra de la empresa recurrente, incurrió en las mismas deficiencias advertidas en la vista de Cargo N° 291939000150; toda vez que, en la Resolución Determinativa impugnada tampoco existe referencia alguna sobre la actividad gravada del sujeto pasivo y el análisis realizado en consideración de dichas actividades , para concluir que las facturas no cumplieron con el requisito de vinculación. 

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Lo expuesto, sin duda pone en estado de indefensión al sujeto pasivo, pues, no le permitió comprender por qué las transacciones según facturas objeto de revisión, no se encuentran vinculadas con sus actividades gravadas, mucho menos conocer el criterio considerado por, la Administración Tributaria para concluir en la falta de vinculación, cuando -valga la redundancia- en ningún momento señaló incluso cuales serían las actividades objeto del gravamen que realiza el sujeto pasivo; máxime cuando la empresa recurrente, como descargo a la Vista de Cargo, detalló todas las actividades que realiza y señaló que por las características del rubro al cual se dedica, las compras y servicios según facturas objeto de revisión son necesarios para el desarrollo económico de su actividad, aspecto que tampoco formó parte de los argumentos de la entidad recurrida para sostener la observación por falta de vinculación. 

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Asimismo, es importante precisar que, la Administración Tributaria, no podría pretender que la observación respecto a la falta de documentación que le permita advertir la efectiva realización de la transacción, implique a su vez y automáticamente la observación de vinculación del gasto, pues, bajo el principio del debido proceso, es obligación del sujeto activo, exponer las razones por las cuales concluyó que, las facturas objeto de revisión, no cumplieron con el requisito de vinculación con la actividad gravada, aspecto que, no podría ser subsanado con el argumento de que, el sujeto pasivo no presentó 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

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documentación como ser: “Cotizaciones, Ordenes de servicio, informes técnicos en relación a la justificación del servicio (…); “Cotizaciones, Solicitudes, Ordenes de servicio, Contratos, Notas de conformidad, Planillas de control (...) Notas de conformidad, Planillas de control, Informes técnicos u otros Documentos relacionados al servicio (...)”. 

En consecuencia, al limitarse la entidad recurrida a extrañar documentación y no realizar análisis alguno sobre las actividades gravadas del sujeto pasivo, se infiere que es evidente el reclamo planteado por la empresa recurrente, respecto a que la Administración Tributaria, durante todo el proceso de verificación fiscalización y determinación y menos en etapa de valoración de descargos, consideró la actividad económica que realiza EPTISA Servicios de Ingeniería S.L. Sucursal Bolivia, para fundamentar la decisión asumida en los actos emitidos cuyo análisis fue desarrollado en párrafos anteriores. 

Lo expuesto hasta este punto, pone en evidencia que tanto la Vista de Cargo, como la Resolución Determinativa impugnada, incurrieron en una falta de fundamentación y motivación; toda vez que al conocer el argumento del sujeto pasivo sobre las actividades económicas realizadas, no expuso los motivos que sustentaron su decisión, cuando correspondía la exposición y análisis sobre los hechos establecidos, a fin de poner en conocimiento del sujeto pasivo las razones técnico legales que le llevaron a la concluir que las facturas sujetas a verificación no cumplieron con el requisito de vinculación con la actividad gravada. Asimismo, precisar que no es suficiente plasmar los requisitos para el beneficio del crédito fiscal, la conceptualización de compra, venta, onerosidad, citar y transcribir el marco legal inherente al Impuesto al Valor Agregado, las obligaciones del sujeto pasivo, forma de llevar la contabilidad, sin realizar la correspondiente motivación y argumentación de las observaciones arribadas, a fin de permitir al sujeto pasivo, conocer el análisis realizado entre el marco legal citado, los respaldos aportados y la decisión asumida en este caso por el Servicio de Impuestos Nacionales

Por el análisis desarrollado en párrafos previos, los argumentos para el rechazo de los vicios de nulidad, vertidos por la entidad recurrida en el memorial de respuesta al Recurso de Alzada, quedan desestimados, por cuanto fue evidente la falta de fundamentación y motivación, tanto en la vista de Cargo como en el acto impugnado. 

Por otro lado, sobre el argumento del sujeto pasivo, respecto a que el contrato vigente para la factura 65, no fue valorado, ni aceptado por la Administración Tributaria, cabe 

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señalar que, en la página 10 del acto impugnado, la entidad recurrida, valoró y aceptó dicho documento, toda vez que, si bien observó la inexistencia de Reconocimiento de Firmas, posteriormente señaló: “Sin embargo, se procederá a su valoración (…)“y extrajo lo dispuesto en la “Clausula Octava 8.1” para señalar que, el uso del inmueble era únicamente de vivienda; por lo que, corresponde desestimar lo aludido por la parte recurrente. 

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Asimismo, es preciso señalar que, si bien el sujeto pasivo al momento de reclamar la falta de fundamentación sobre la observación de vinculación realizada por la Administración Tributaria, para la factura 61, refirió que: “(…) es alarmante la falta de revisión y detalle de la documentación aportada (...)”, al inicio de su recurso de alzada también afirmó que, presentó todos los respaldos (documentales y argumentativos) para las facturas objeto de revisión y pese a que la entidad recurrida aceptó y valoró la misma, mantuvo las observaciones manera infundada (fojas 59 vta. y 73 del expediente administrativo); por lo que, es evidente que el sujeto pasivo aceptó que la documentación presentada ante la Administración tributaria fue valorada rrespondiendo emitir mayor pronunciamiento al respecto. 

En,’suma; del análisis desarrollado así como de la compulsa de los antecedentes administrativos, se advirtió que el procedimiento de determinación se encuentra viciado de nulidad, al vulnerar el debido proceso previsto en los artículos 115 parágrafo Il y 117 parágrafo I de la Constitución Política del Estado, toda vez que la vista de Cargo y la Resolución Determinativa carecen de fundamentos de hecho y derecho necesarios para establecer los cargos atribuidos al sujeto pasivo, y que afectan al derecho a la defensa, incumpliendo lo dispuesto en los artículos 96 parágrafo I y 99 parágrafo II de la Ley 2492 concordante con los artículos 18 y 19 del Decreto Supremo 27310; portanto, ésta instancia de Alzada se ve impedida de pronunciarse sobre el reclamo de fondo planteado por el sujeto pasivo, inherente a la correspondencia del Crédito Fiscal IVA de las facturas 65, 56, 101, 102 y 61. 

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En consecuencia, de conformidad al artículo 36 parágrafo ll de la Ley 2341, aplicable en materia tributaria en virtud del artículo 201 del Código Tributario Boliviano, corresponde a ésta instancia recursiva anular la Resolución Determinativa N° 172039000056 de 11 de febrero de 2020, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del 

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Justicia tributaria para vivir bien Jen mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti ofomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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Servicio de Impuestos Nacionales hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Vista de Cargo N° 291939000150 de 19 de julio de 2019, inclusive, efectos que la citada Administración Tributaria, emita nuevos actos que consideren los aspectos señalados precedentemente. 

POR TANTO

El suscrito Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y artículo 141 del Decreto Supremo N° 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE 

PRIMERO: ANULAR la Resolución Determinativa N° 172039000056 de 11 de febrero de 2020, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Vista de Cargo No 291939000150 de 19 de julio de 2019 inclusive, por vulnerar el debido proceso en su vertiente de fundamentación de los actos administrativos, a efectos de la que la citada Administración Tributaria, reponga obrados considerando lo expuesto en el presente análisis, sea de conformidad con el artículo 212 parágrafo I inciso c) del Código Tributario 

Boliviano. 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario Boliviano (CTB), será de cumplimiento obligatorio para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley N° 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

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MARILI MONTANEAMINARIATURAN ANDA DIRETORIA 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 de la Ley N° 2492 (CTB), el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computables a partir de su notificación. 

Regístrese, notifiquese y cúmplase. 

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Eric Ausberto Rojas Urquiz

DIRECTOR EJECUTIVO REGIONAL 

DIRECCION EJECUTIVA REGIONAL Autoridad Regional de Impugnación Fributaria Cbba. 

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