ARIT-CBA-RA-0241-2020 Determinación Anulada, el SIN no expuso un análisis de los descargos presentados por el contribuyente en todo el proceso, vulnerando los derechos y causando indefensión al mismo (contribuyente).

ARIT-CBA-RA-0241-2020

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MUDRACONIA CODIKTANTKUNA MADALALISTE ALORADA TAL

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

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Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0241/2020 

Recurrente 

La Naranja Catering S.R.L., representado por Gonzalo Gamboa Morat y Juan Luis Zuna Quintana. 

Administración recurrida 

Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por Marcelo Gonzales Yaksic. 

Acto impugnado 

No 

Resolución ; 172039000048. 

Determinativa 

ARIT-CBA0106/2020, 

Expediente No Lugar y fecha 

Cochabamba, 7 de septiembre de 2020. 

VISTOS: i ‘ 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-CBASITJ 0241/2020 de 7 de septiembre de 2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

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ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. La Resolución Determinativa N° 172039000048 de 7 de febrero de 2020, que determinó de oficio las obligaciones impositivas de La Naranja Catering S.R.L. en un importe de UFVS 9.934, correspondientes al tributo omitido actualizado e intereses por el Impuesto al Valor Agregado de los periodos enero, marzo, abril, junio, julio, noviembre y diciembre de la gestión 2017. Asimismo, calificó la conducta del sujeto pasivo como omisión de pago, aplicando una sanción equivalente al 100% del tributo omitido determinado y expresado en Unidades de Fomento de Vivienda de conformidad a lo dispuesto por los artículos 165 de la Ley 2492 y 42 del Decreto Supremo 27310. Acto notificado el 13 de febrero de 2020 (fojas 469-482 y 485 de antecedentes administrativos). 

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9001 IBNORCA Sistema de Gestió

de la calidad Certificador 77174 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Av. Oquendo N2381 entre Venezuela y Ecuador; Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012 www.ait.gob.bo. Cochabamba, Bolivia 

TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA. 

II.1. Argumentos del Recurrente. 

La Naranja Catering S.R.L., representado por Gonzalo Gamboa Morat, conforme acredito el Testimonio Poder N° 0269/2020 de 13 de marzo de 2020, mediante memoriales presentados el 2 y 17 de marzo de 2020 (fojas 16-18 y 30-33 del expediente administrativo) interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa No 172039000048 de 7 de febrero de 2020, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, manifestando lo siguiente: 

Que, la Resolución Determinativa no determinó el impuesto conforme a Ley, infringiendo disposiciones legales, afirmación que constituye una inobservancia de la verdad de los hechos; asimismo, acotó que el acto refirió el incumplimiento de lo dispuesto en el numeral 5 de los artículos 70 de la Ley 2492, 8 de la Ley 843, 8 del Decreto Supremo 21530 y disposiciones complementarias, normativa que señala fue interpretada a gusto y antojo de los fiscalizadores, lesionando los intereses de la empresa. 

Señaló que, la Administración Tributaria no tomó en cuenta los documentos entregados en el proceso de fiscalización y consistentes en Libro de Compras IVA y Declaraciones Juradas de los periodos observados, facturas y Kardex de movimientos, documentos de valor indubitable de acuerdo a disposiciones contenidas en la Resolución Normativa de Directorio que regula y deben cumplir las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes. 

Puntualizó que, todos sus actos fueron realizados en estricta observancia de las normas tributarias y las establecidas en la Constitución Política del Estado, por lo que no corresponderia la determinación de accesorios y multas, al no existir un tributo omitido; acotó que, conforme al acta de recepción de documentos, presentó todos los documentos que acreditaron las transacciones efectuadas, su procedencia y vinculación económica

Afirmó que, el crédito fiscal válido por los principios de causalidad y principio de verdad material, fue acreditado por los documentos presentados, los cuales debieron ser valorados conforme a lo dispuesto por los artículos 81 y 200 de la Ley 2492, empero de forma contraria el ente recaudador aplicó el artículo 8 de la Ley 843 y del Decreto Supremo 21530, mismos que establecen los requisitos que deben ser cumplidos para beneficiarse 

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del crédito fiscal y que fueron cumplidos, además que no se cambio de rubro, ni se agregó otro rubro que no sea el suministro de comidas y bebidas; al efecto, añadió que los proveedores son empresas debidamente registradas en el país y con muchos años de servicio, impidiendo la emisión de facturas de venta por productos que no fueron comprados. 

Sostuvo que, las notas fiscales son válidas, toda vez que cumplen los requisitos establecidos en el artículo 41 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07, con el formato y las características técnicas; además que la empresa no tiene la facultad para emitir la orden de dosificación de las facturas, siendo que la Administración Tributaria es la única y directa responsable de verificar los requisitos para su emisión, verificando los rangos de autorización, otorgando números correlativos de factura; por cuanto, cuenta con normativa que regula el sistema de facturación; por ello, afirmó que el acto impugnado resulta ilegal e injusto, careciendo de fundamento al no brindar la completa como exacta fundamentación de su accionar, implicando su nulidad al tenor de lo establecido en los artículos 28 y 35 de la Ley 2341 y195 y 198 de la Ley 3092.’ 

Por lo expuesto, solicitó la revocatoria de la Resolución Determinativa N° 172039000048 de 7 de febrero de 2020 • de forma alternativa la anulación del procedimiento. 

11.2. Auto de Admisión... El 3 de junio de 2020, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Admisión EXPEDIENTE ARIT-CBA-0106/2020 correspondiente al Recurso de Alzada interpuesto por La Naranja Catering S.R.L. representada por Gonzalo Gamboa Morant, contra la Resolución Determinativa N° 172039000048 de 7 de febrero de 2020, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (fojas 34 del expediente administrativo). 

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11.3. Respuesta de la Administración Tributaria. 

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La Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, 

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representada por María del Carmen Julia Borda Orellana, conforme acreditó la Resolución Administrativa de Presidencia No 032000000405 de 7 de mayo de 2020, por memorial presentado el 24 de junio de 2020 (fojas 37 y 3841 del expediente administrativo), respondió el Recurso con los siguientes fundamentos: 

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dala talidad CmCN771/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti ofomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Av. Oquendo N° 381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos (5914) 41400114140012. www.ait.gob.bo. Cochabamba, Bolivia 

Que, el sujeto pasivo interpuso Recurso de Alzada, exponiendo argumentos incongruentes y carentes de fundamento al no ajustarse a la realidad de los hechos; asimismo, señaló que los artículos 4 y 8 de la Ley 843, 8 del Decreto Supremo 21530 y 70 numerales 4 y 5 de la Ley 2492, hacen referencia como requisitos para el beneficio del crédito fiscal: 1) Estar respaldado con la factura original; 2) Que la transacción se haya realizado efectivamente; y 3) Que se encuentre vinculado a la actividad gravada por la que es responsable del gravamen; y que en el presente caso las facturas de la empresa recurrente fueron depuradas, debido a que no cuenta con documentación de respaldo que se pueda considerar como prueba clara, completa y fidedigna que demuestre la efectiva realización de la transacción, 

Indicó que, el sujeto pasivo tiene la obligación de respaldar documentalmente la realización de sus transacciones, demostrando la efectiva participación entre el comprador, el vendedor y el objeto; por lo que los artículos 4 y 8 de la Ley 843, 8 del Decreto Supremo 21530 y 70 numerales 4 y 5 de la Ley 2492, ratifica y respalda la observación de las facturas que no cuentan con documentación suficiente que demuestre la procedencia y cuantía de los créditos; además que la obligación financiera del pago, es la manera de comprobar la realización efectiva de una transacción, resultando que el sujeto pasivo no comprendió la normativa legal expuesta 

Manifestó que, las páginas 6 y 7 de la Resolución Determinativa, expone claramente las observaciones realizadas a las facturas, evidenciando que para las facturas Nos. 2399, 19539, 25681, 20755 y 26883, según control cruzado al proveedor, el código de cliente 180180 no corresponde al sujeto pasivo; asimismo la factura No 1510 fue pagada por un tercero (Cinthia Vargas NIT 91104430), demostrando con ello que las facturas fueron correctamente depuradas

Puntualizó que, rigió su actuar a lo estipulado en las normas tributarias vigentes y la línea jurisprudencial sentada por el Tribunal Supremo de Justicia; además que de acuerdo al artículo 76 de la Ley 2492, la carga de la prueba le corresponde al sujeto pasivo; asimismo, el artículo 69 de la citada Ley, garantiza el cumplimiento de las obligaciones tributarias, no solo de los aspectos formales, sino también de los aspectos materiales vinculados con demostrar la verdad material; no siendo 

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responsabilidad de la Administración Tributaria que el sujeto pasivo incumpla sus obligaciones tributarias por su escaso conocimiento de la normativa, hecho demostrado al enunciar los principios de causalidad y de verdad material sin explicar la manera en que no fueron aplicados

Sostuvo que, al momento de determinar la deuda tributaria por la depuración de las facturas observadas, correspondió aplicar la omisión de pago, conforme los artículos 165 de la Ley 2492 y 42 del Decreto Supremo 27310. 

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Afirmó que, conforme al principio de especificidad, para que proceda la nulidad, ésta debe encontrarse expresamente dispuesta por norma; en ese sentido, el parágrafo II del artículo 99 de la Ley 2492 y el artículo 19 del Decreto Supremo 27310, establecen los requisitos que debe cumplir la Resolución _Determinativa, mismos que se encuentran plasmados en el acto impugnado; al efecto, citó la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0005/2015-S2, para indicar que lo alegado por el recurrente no se encuentra previsto por el artículo 35 de la Ley 2341, por lo que sustentó que el acto impugnado no es nulo. 

Manifestó que, del análisis y valoración de la documentación presentada por el sujeto pasivo, la información y documentación obtenida mediante cruce de información al proveedor, la información generada a través de los sistemas informáticos y la que se encuentra en poder de la Administración Tributaria, verificó que las facturas depuradas no se encuentran debidamente respaldadas con documentos suficientes que permitan verificar la efectiva realización de las transacciones y demuestren la vinculación con la actividad gravada. 

Por lo expuesto, solicitó confirmar la Resolución Determinativa N° 172039000048 de 7 de febrero de 2020. 

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11.4. Apertura de término probatorio. El 25 de junio de 2020, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Apertura Término de Prueba Expediente ARIT-CBA-0106/2020 dando apertura al término probatorio de 20 días comunes y perentorios para ambas partes, en 

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Cauticado N77114 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Av. Oquendo N2 381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012 www.ait.gob.boCochabamba, Bolivia 

aplicación del artículo 218 inciso d) del Código Tributario Boliviano (fojas 42 del expediente administrativo)

El 27 de julio de 2020, Maria del Carmen Julia Borda Orellana en representación de la Administración Tributaria recurtida, presentó memorial ratificando en extenso, el memorial de respuesta al Recurso de Alzada y la documentación adjunta (fojas 47 del expediente administrativo). 

El 3 de agosto de 2020, Juan Luis Zuna Quintana en base al Testimonio Poder No 0269/2020 de 13 de marzo de 2020, cursante a fojas 30-32 del expediente administrativo, se apersonó en representación legal de la empresa La Naranja Catering S.R.L., a objeto de presentar memorial señalando que dentro de la documentación del proceso de fiscalización que fue acompañada por la Administración Tributaria en su respuesta al Recurso de Alzada, se encuentra la documentación presentada por la empresa, por lo que se adhirió a dicha prueba, solicitando su consideración a fines de resolución (fojas 50 del expediente administrativo). 

11.5. Alegatos. El 21 de agosto de 2020, la empresa recurrente presentó memorial de alegatos señalando que las normas aplicadas en el acto impugnado fueron interpretadas a gusto y antojo de los fiscalizadores, que no fueron tomados en cuenta los documentos entregados al proceso; que la Administración Tributaria violento e inobservó los principios de legalidad, proporcionalidad, razonabilidad, igualdad, transparencia, buena fe, verdad material; siendo que la empresa desde el inicio de sus actividades cumplió con sus obligaciones tributarias y sus actos estuvieron en estricta observancia de las normas tributarias; y que presentó documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos para acceder al crédito fiscal (fojas 53-59 del expediente administrativo). 

El 24 de agosto de 2020, se apersonó Marcelo Gonzales Yaksic en representación de la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales conforme a la Resolución Administrativa de Presidencia No 032000000726 de 12 de agosto de 2020, a objeto de presentar alegatos, señalando que fue probado, que el sujeto pasivo no presentó documento que acredite el pago por las transacciones verificadas, incumpliendo los requisitos para el beneficio del crédito fiscal; por lo que la Administración 

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Tributaria, se rigió a lo estipulado en las normas tributarias vigentes, correspondiendo aplicar la omisión de pago: adicionalmente, sostuvo que lo alegado por el recurrente respecto a que el acto impugnado resultaría ilegal e injusto, carece de fundamento y no cumple con el principio de especificidad (fojas 62-64 del expediente administrativo). 

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III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA. 

El 13 de julio de 2018, la Administración Tributaria emitió la Orden de Verificación N° 18990208771 a efecto de verificar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) (Verificación Especifica Crédito IVA) de los periodos enero, marzo, abril, junio, julio, noviembre y diciembre de la gestión 2017, del sujeto pasivo la Naranja Catering S.R.L. Acto notificado de forma personal al representante legal de la referida empres, el 11 de septiembre de 2018 (fojas 12 de antecedentes administrativos)

El 13 de julio de 2018, la Administración Tributaria emitió el Detalle de Diferencias No 18990208771, Form. 7531, identificando las facturas sujetas a verificación y solicitando al sujeto pasivo documentación consistente en: Declaraciones Juradas de’ los periodos observados (Form. 200 0 210); Libro de Compras de los periodos observados; Facturas de compras originales detalladas en el citado anexo; documentos que respalden el pago realizado; y otra documentación que el fiscalizador asignado solicite durante el proceso de verificación: Asimismo, mediante anexo adjunto al detalle de diferencias solicitó: Medios fehacientes de pago, Registros Contables con su respectiva documentación de sustento (Libro Diario, Libro Mayor, Estado de Cuenta del proveedor, Comprobante de Egreso, Traspaso, Diario, entre otros); Toda otra documentación de sustento que demuestre la efectiva realización de las transacciones realizadas a través de las facturas sujetas a verificación; y cualquier documentación necesaria durante el proceso de verificación, que requiera el fiscalizador (fojas 1314 de antecedentes administrativos). 

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El 1 y 27 de noviembre de 2018, conforme Actas de Recepción de Documentos, el sujeto pasivo presentó los siguientes documentos: Facturas Nos. 16219, 15, 8980, 2399, 19359, 25981, 1510,2559, 20775, 26683; Comprobante de Contabilidad, Planilla de compras por proveedor, Transacción de Entrada, Libro Diario, Libro Mayor de los periodos observados; Declaraciones Juradas de los periodos observados; Libro de Compras IVA de los periodos observados; Menú del 21-24 de enero, 24-27 de julio, 21-24 de noviembre, 25-28 de diciembre; Transacción de Saluda de productos (fojas 22-23 de antecedentes administrativos). 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Av. Oquendo NP-381 entre Venezuela y Ecuador, Zona Central Norte Teléfonos: (5914) 4140011 4140012. www.ait.gob.bo.Cochabamba, Bolivia 

El 4 de septiembre de 2019, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo No 291939000198, que liquido de manera preliminar la deuda tributaria en UFV818.753, que consolida el tributo omitido correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) actualizado, interés y sanción por contravención de omisión de pago. Acto notificado de forma personal al representante legal de la empresa La Naranja Catering S.R.L. el 19 de noviembre de 2019 (fojas 436-445 de antecedentes administrativos). 

El 2 de diciembre de 2019, la empresa La Naranja Catering S.R.L. presentó memorial ante la Administración Tributaria solicitando la anulación de la Vista de Cargo, argumentando que la misma resultaría injusta, ilegal y atentatoria a sus intereses económicos, debido a que el proceso de fiscalización no fue adecuadamente concluido, al no plasmar si se hubiesen analizado debidamente la documentación e información que fue presentada por su persona, además que las observaciones no resultarían suficientes para atribuir la omisión de pago; acotó que determinó, declaró y pago la deuda tributaria en la forma, medios y plazos establecidos, respaldando su actividades mediante libros, declaraciones juradas y todos los documentos presentados en el proceso de verificación, demostrando la procedencia y cuantía de los periodos y gestión fiscal (fojas 452-454 de antecedentes administrativos). 

El 7 de febrero de 2020, la Gerencia Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Resolución Determinativa N° 172039000048, que determinó de oficio las obligaciones impositivas de La Naranja Catering S.R.L. en un importe de UFVs 9.934, correspondientes al tributo omitido actualizado e intereses por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos enero, marzo, abril, junio, julio, noviembre y diciembre de la gestión 2017; asimismo, calificó la conducta del sujeto pasivo como omisión de pago, aplicando una sanción equivalente al 100% del tributo omitido determinado y expresado en Unidades de Fomento de Vivienda de conformidad a lo dispuesto por los artículos 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del Decreto Supremo 27310 (RCTB). Acto notificado de forma personal el 13 de febrero de 2020 (fojas 469-482 y 485 de antecedentes administrativos)

  1. I

FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA. Conforme lo establece el artículo 211 parágrafo I del Código Tributario Boliviano, esta instancia recursiva ingresará a resolver los reclamos efectuados por la parte recurrente, percibiendo los siguientes: 1. Falta de consideración de los documentos presentados al proceso y; 2. Procedencia del Crédito Fiscal. 

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IV.1. Cuestión previa. Con carácter previo a resolver las cuestiones planteadas por las partes, en el presente Recurso de Alzada, es necesario aclarar el análisis que realizará ésta instancia recursiva, toda vez que, de la lectura del memorial de impugnación, se advierte que, si bien el mismo señaló que, el acto impugnado resultaría ilegal e injusto, careciendo de fundamento al no brindar la completa como exacta fundamentación de su accionar; dicho extremo, corresponde a la conclusión arribada respecto a los agravios de fondo planteados, motivo por el cual, será resuelto como consecuencia del análisis de la validez del crédito fiscal. 

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IV.2. Falta de consideración de los documentos presentados al proceso La empresa fecurrente señaló que, conforme al acta de recepción de documentos, presentó todos aquellos acreditadores de las transacciones efectuadas; su procedencia y vinculación económica; asimismo, acotó que; la Administración-Tributaria, no tomo en cuenta los documentos entregados en el proceso de fiscalización, consistentes en Libro de Compras.IVA y Declaraciones Juradas de los periodos observados, Facturas y Kardex de movimientos, documentos de valor indubitable de acuerdo a disposiciones contenidas en la Resolución Normativa de Directorio que regula y deben cumplir las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes. 

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Por su parte, la Administración Tributaria manifestó que, del análisis y valoración de la documentación presentada por el sujeto pasivo, la información y documentación obtenida mediante cruce de información al proveedor, la información generada a través de los sistemas informáticos y la que se encuentra en poder de la Administración Tributaria, verificó que, las facturas depuradas, no se encuentran debidamente respaldadas con documentos suficientes que permitan verificar la efectiva realización de las transacciones y que demuestren la vinculación con la actividad gravada. 

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Adicionalmente, el ente recaudador sostuvo que, conforme al principio de especificidad, para que proceda la nulidad, ésta debe encontrarse expresamente dispuesta por norma; en ese sentido, el parágrafo II del artículo 99 de la Ley 2492 y el artículo 19 del Decreto Supremo 27310, establecen los requisitos que debe cumplir la Resolución Determinativa, mismos que se encuentran plasmados en el acto 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Av. Oquendo NR 381 éntre Venezuela y Ecuador; Zona Central Norte Teléfonos:(5914) 4140011 4140012.www.ait.gob.boCochabamba, Bolivia 

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impugnado; al efecto, citó la Sentencia Constitucional Plurinacional 0005/2015S2, 

para indicar que, lo alegado por el recurrente, no se encuentra previsto por el artículo 35 de la Ley 2341 (CTB); por lo que, adujo que el acto impugnado no es nulo. 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado, dispone que: “9. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legitimos. II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. Asimismo, el artículo 117 de la referida Constitución Política del Estado establece que: “. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso

Con referencia a la valoración de la prueba, la Sentencia Constitucional N° 0871/2010, de 10 de agosto de 2010, señala que es: (.…) imperante además precisar que toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso, debe contener los siguientes aspectos a saber: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada (...)” 

En ese marco normativo constitucional, que precautela el derecho al debido proceso con el que cuenta el recurrente; en el ámbito tributario, los derechos del sujeto pasivo están reconocidos en los numerales 6 y 7 del artículo 68 de la Ley 2492, que establecen que el sujeto pasivo, tiene derecho al debido proceso, formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución, 

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Por otra parte, el parágrafo I del artículo 96 de la Ley 2492 dispone: “9. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la 

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Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado”. 

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Así también, el artículo 99 de la Ley 2492, en su parágrafo Il señala que: “La Resolución determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos: lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido seexpresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa

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Con relación a la nulidad de los actos administrativos, los parágrafos I y Il del artículo 36 de la Ley’ 2341, aplicable supletoriamente al caso, en atención a los artículos 74 numeral 1 y/201 del Código Tributario Boliviano, señalan que serán anulables los actos adņinistrativos cuando ‘incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico; o cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados. 

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La normativa expuesta precedentemente, permite colegir que es deber de la Administración Tributaria efectuar una valoración y análisis de todos los argumentos y documentos que fueron presentados por el sujeto pasivo durante la sustanciación del procedimiento determinativo, efectuando un pronunciamiento debidamente fundamentado, ya sea positivo o negativo a las pretensiones, alegaciones y solicitudes del administrado, aspecto que será verificado en el presente acápite en relación a lo argumentado por la parte recurrente. 

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Bajo ese contexto, de la compulsa de los antecedentes administrativos, pudo advertirse que, la Administración Tributaria, al inicio del proceso determinativo, emitió el 13 de julio de 2018 la Orden de Verificación N° 18990208771 y el Detalle de Diferencias Form. 7531, estableciendo el alcance de la verificación, identificando las facturas sujetas a verificación 

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Justicla tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

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y solicitando al sujeto pasivo documentación consistente en: Declaraciones Juradas de los periodos observados (Form. 200 o 210); Libro de Compras de los periodos observados; Facturas de compras originales detalladas en el citado anexo; documentos que respalden el pago realizado; y otra documentación que el fiscalizador asignado, solicite durante el proceso de verificación. Asimismo, mediante anexo adjunto al detalle de diferencias la entidad recurrida solicitó: Registros Contables con su respectiva documentación de sustento; Medios de pago; Toda otra documentación de sustento que demuestre la efectiva realización de las transacciones realizadas a través de las facturas sujetas a verificación; y cualquier documentación necesaria durante el proceso de verificación, que requiera el fiscalizador (fojas 1214 de antecedentes administrativos). 

En respuesta a dicho requerimiento y conforme acreditan las Actas de Recepción de Documentos de 1 y 27 de noviembre de 2018, la empresa recurrente, presentó ante la Administración Tributaria, documentación consistente en Facturas signadas con los Nos. 16219, 15, 8980, 2399, 19359, 25981, 1510, 2559, 20775, 26683; comprobante de contabilidad, planilla de compras por proveedor, transacción de entrada, Libro Diario, Libro Mayor de los periodos observados; Declaraciones Juradas de los periodos observados; Libro de Compras IVA de los periodos observados; Menú del 2124 de enero, 24-27 de julio, 21-24 de noviembre, 25-28 de diciembre; Transacción de Saluda de productos (fojas 22-23 del expediente administrativo)

Lo expuesto en párrafos previos, permite advertir que, el sujeto pasivo, al inicio del proceso determinativo y ante la solicitud de la propia Administración Tributaria, presentó documentación para ser considerada dentro del proceso determinativo, aspecto que, desde luego, exige al ente recaudador que, en el contenido de la Vista de Cargo -como acto emitido a la culminación del trabajo de campo- efectué un análisis y valoración de forma positiva o negativa de la documentación presentada, máxime si la misma fue requerida bajo el entendido de que resulta necesaria para efectuar la verificación por la entidad recaudadora. 

Ahora bien, de la compulsa de la Vista de Cargo N° 291939000198 de 4 de septiembre de 2019, llegó a evidenciarse que, la Administración Tributaria de forma inicial sostuvo que, en uso de sus facultades atribuidas por la Ley 2492, determinó las obligaciones tributarias sobre base cierta, como resultado de la revisión, evaluación y análisis de la 

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documentación proporcionada por el sujeto pasivo, durante el transcurso de la verificación; posteriormente en el acápite “IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)-CRÉDITO FISCAL” señaló que la eficacia probatoria de la factura, depende del cumplimiento de los siguiente requisitos: 1) La existencia de la factura original; 2) Que, la compra se encuentre vinculada con la actividad gravada; 3) Que, la transacción haya sido efectivamente realizada y 4) Que, la nota fiscal cumpla las formalidades establecidas en la normativa al efecto (fojas 436 y 438 de antecedentes administrativos). 

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De forma seguida la citada Vista de Cargo, consignó el subtítulo: “Facturas No Válidas (NV) para el cómputo del crédito fiscal, por no contar con documentación de respaldo suficiente que demuestre la efectiva realización de las transacciones y/o su vinculación con la actividad gravada”, que las facturas verificadas, no se encuentran debidamente respaldadas con elementos suficientes que permitan verificar la efectiva realización de las transacciones y demuestren la vinculación de estas compras como gastos destinados a la actividad gravada; asimismo en párrafos posteriores sostuvo que: “(…) el contribuyente presento documentación insuficiente consistente en: DD.JJ. Libros de compras, facturas, comprobantes de contabilidad, Libro Mayor y Diario, planilla de compras por proveedor, transacción de entrada; transacción de salida de productos; empero no se evidencia documentalmente el pago realizado al proveedor” (fojas 438-439 de antecedentes administrativos). 

De igual forma, el merituado acto administrativo antes referido, precisó en relación a las facturas lo siguiente: “(…) la factura es un documento que prueba un hecho generador relacionado directamente con un débito o crédito fiscal; sin embargo para su plena validez, debe contar con respaldo suficiente que permita verificar la efectiva realización de una transacción; pues la factura por si sola, no es determinante al momento de verificar la existencia de medios de pago, pues esta debe estar también respaldada con documentación contable y financiera (...) Asimismo, se debe verificar la transmisión de dominio al momento de comprobar la validez de una compra, puesto que el sujeto pasivo debe demostrar la propiedad del bien objeto de la transacción. Por otra parte (…) los bienes adquiridos deben guardar relación directa con la actividad sujeta del gravamen (…)(fojas 439 de antecedentes administrativos). 

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ISO 1900

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Finalmente, la Vista de Cargo concluyó que, las operaciones efectuadas por el sujeto pasivo, no cuentan con documentación de respaldo suficiente que demuestre la 

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9001 IBNORCA Sistem de Geld 

de la calidad Certificado N 77114 

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realización de las transacciones, ni su vinculación con la actividad gravada; exponiendo de forma seguida el cuadro “DETALLE DE FACTURAS NO VALIDAS PARA CÓMPUTO DE CRÉDITO FISCAL” y consignando en la columna “Observación”, las razones por las cuales consideró que las facturas no resultarían válidas para el cómputo del crédito fiscal, bajo el argumento de que los registros contables presentados, no adjuntan respaldo que acrediten el desembolso de efectivo, además que, no fue adjuntada documentación que demuestre el uso y destino de los productos adquiridos (fojas 441 de antecedentes administrativos). 

De esta manera, la descripción realizada hasta este punto, permite advertir que, si bien la Administración Tributaria, en el contenido de la Vista de Cargo, refirió que como resultado de la revisión, evaluación y análisis de la documentación proporcionada por el sujeto pasivo durante el transcurso de la verificación, estableció la depuración del crédito fiscal contenido en las facturas sujetas a revisión; empero, no expuso ni desarrolló el análisis efectuado a la documentación presentada por la empresa recurrente durante la sustanciación del proceso determinativo, más propiamente al Libro de Compras IVA y las Declaraciones Juradas de los periodos observados, aspecto relevante con la problemática analizada, por cuanto, conforme a lo expresado en el Recurso de Alzada, el sujeto pasivo entiende que dichos documentos aportarían valor indubitable a las facturas; siendo evidente que, el ente fiscalizador, limitó su accionar a extrañar otra documentación y señalar que dicho aspecto, no permitió acreditar el pago y el destino de los bienes adquiridos mediante las notas fiscales verificadas, sin señalar el porqué de dicha conclusión

En relación a las facturas presentadas, la Administración Tributaria sostuvo que, la nota fiscal por sí sola, no es suficiente para acreditar la validez del crédito fiscal, siendo necesario respaldo documental adicional, aspecto que permite advertir, que el ente recaudador expuso una explicación respecto al valor probatorio de las notas fiscales, aportado por la empresa recurrente en relación al análisis del crédito fiscal. 

Por otra parte, en lo referido al Kardex de movimientos, de la compulsa exhaustiva de los antecedentes administrativos, no se advierte que el sujeto pasivo haya presentado dicho documento, aspecto corroborado con las Actas de Recepción de Documentos, en los que, no figuran el referido Kardex, motivo por el cual, mal podría el recurrente sostener su falta 

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III 

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USALTO 

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de consideración, máxime cuando tampoco aportó prueba que demuestre su presentación al proceso determinativo a efectos de poder ser considerado por el Servicio de Impuestos Nacionales. 

Entonces, resulta evidente en parte lo agraviado por el recurrente, por cuanto, la Administración Tributaria, no tomó en cuenta el Libro de Compras IVA y las Declaraciones Juradas de los periodos observados, exponiendo una explicación o desarrollo sobre el aporte probatorio al análisis del crédito fiscal, omisión que compromete la fundamentación de la Vista de Cargo y deriva como consecuencia lógica, en el incumplimiento de los requisitos establecidos en el parágrafo I del artículo 96 de la Ley 2492 referidos a los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa ahora impugnada, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable y de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria, impidiendo que, el acto, cumpla su finalidad de atribuir de forma preliminar y fundada los cargos al sujeto pasivo.

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la falta de pronunciamiento de la Administración Tributaria, generó indefensión al sujeto pasivo, toda vez que, al no conocer el valor probatorio de la documentación que fue presentada y requerida por la propia administración, se encontró limitado en el ejercicio de su derecho a la defensa, al no comprender la forma en que la documentación presentada derivó en las observaciones contenidas en la vista de Cargo, situación también señala por la parte recurrente en su memorial de descargo de 2 de diciembre de 2019, al manifestar: “(…) el proceso de fiscalización no ha sido adecuadamente concluido, 

prueba de ello son los cargos que los fiscalizadores pretende imponer (….) no se habrian plasmado en la VISTA DE CARGO N° 291939000198, si se hubiesen analizado debidamente la documentación e información que aportamos a la fiscalización (...)” (fojas 452 de antecedentes administrativos). 

atao ISO 900

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19 Aralık 

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No obstante la falencia descrita, la Administración Tributaria, emitió la Resolución Determinativa N° 172039000048, limitándose a replicar en su parte considerativa, el fundamento realizado en la Vista de Cargo, incurriendo en la misma omisión al momento de valorar los descargos presentados; por cuanto, se limitó a salar que, la documentación presentada por el sujeto pasivo, fue considerada y valorada derivando en las observaciones establecidas en la vista de Cargo, dejando establecido el hecho de que, 

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si no es favorable al sujeto pasivo, no significa una falta o inadecuada valoración; sin embargo, la entidad recurrida, no expuso la valoración realizada a cada documento, ni identificó el mismo dentro de la Vista de Cargo (fojas 475 de antecedentes administrativos). 

Consecuentemente, la fundamentación de la Resolución Determinativa, se vio comprometida por la omisión incurrida por la Administración Tributaria, esto, en consideración a que el citado acto, se limitó a replicar los argumentos expuestos en la Vista de Cargo analizada y referir en la valoración de los descargos que, la documentación fue valorada sin demostrar dicha situación; aspecto que, desde luego, implica que el acto impugnado, no cumplió con todos los requisitos establecidos en el parágrafo 11 del artículo 99 de la Ley 2492, respecto de los fundamentos de hecho y derecho; situación sancionada con la nulidad del acto en el mismo articulado. 

De esta manera, la falta de una valoración y explicación de los documentos presentados por el sujeto pasivo dentro del proceso determinativo, constituye un vicio que determina la anulación de los actos analizados y no así la nulidad de pleno derecho, motivo por el cual corresponde desestimar lo argumentado por el ente recaudador, respecto a que lo agraviado por el recurrente, no se encuentra dispuesto en el artículo 35 de la Ley 2341, siendo que la anulación de los actos administrativos, se encuentra regulada por el artículo 36 del citado cuerpo legal, al señalar que: serán anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico; o cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados, situaciones que fueron advertidas en el presente caso, conforme lo ampliamente desarrollado y que permiten advertir la concordancia del presente análisis con la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0005/2015S2. 

Finalmente, respecto a lo argumentado por la empresa recurrente en su memorial de alegatos de 21 de agosto de 2020, referido a que la Administración Tributaria violento e inobservó los principios de legalidad, proporcionalidad, razonabilidad, igualdad, transparencia, buena fe, verdad material, cabe indicar que, dicho aspecto, no formó parte del Recurso de Alzada, motivo por el cual, no corresponde su análisis; máxime cuando el recurrente no explicó ni desarrolló la forma en la que el acto impugnado, vulneró dichos 

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principios; lo contrario, implicaría una vulneración del debido proceso y limitaría la defensa de la Administración recurrida, 

En suma, del análisis del proceso determinativo sustanciado, así como de la compulsa de los antecedentes administrativos y los actos emitidos por la Administración Tributaria, se tiene que, dicha entidad vulneró el debido proceso y el derecho a la defensa del sujeto pasivo establecidos en los artículos 115 parágrafo II y 117.parágrafo I de la Constitución Politica el Estado y 68 numerales 6 y 7 de la Ley 2492, resultando evidente que, el proceso de determinación, se encuentra viciado de nulidad, toda vez que, los actos emitidos, al no exponer una valoración y consideración de la totalidad de los documentos presentados por el sujeto pasivo, incumplieron los requisitos dispuestos en el parágrafo I del artículo 96 y parágrafo II del artículo 99 de la Ley 2492, situación que impide a ésta instancia recursiva a dilucidar los aspectos de fondo planteados por el recurrente, en tanto el ente fiscal, no subsane ;la omisión incurrida; consecuentemente, de conformidad -al parágrafo II del artículo 36 de la Ley 2341, aplicable en materia tributaria en virtud del artículo 201 del Código Tributario Boliviano; corresponde anular la Resolución Determinativa No 172039000048 de 7 de febrero de 2020 emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Vista de Cargo N° 291939000198 de 4 de septiembre de 2019, a efectos de que la citada Administración, emita nuevos actos exponiendo una valoración y consideración de la totalidad de los documentos presentados por el sujeto pasivo. 

1015 MAT:107253 

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POR TANTO

El suscrito Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y artículo 141 del Decreto Supremo N° 29894 de 7 de febrero de 2009. 

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PRIMERO: ANULAR la Resolución Determinativa No 172039000048 de 7 de febrero de 2020 emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Vista de Cargo No 

291939000198 de 4 de septiembre de 2019, por vulneración al debido proceso ante la – falta de valoración y consideración de la totalidad de los documentos presentados como 

Eric Posterto 

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Suma de Gestión 

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prueba por parte del sujeto pasivo; a cuya consecuencia la citada Administración Tributaria, debe emitir nuevos actos exponiendo una valoración y consideración de la totalidad de los documentos presentados por el sujeto pasivo; sea de conformidad con artículo 212 parágrafo I inciso c) del Código Tributario Boliviano

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario Boliviano (CTB), será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley N° 2492 (CTB) y sea con nota de atención

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 de la Ley N° 2492 (CTB), el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 dias computables a partir de su notificación

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

Eric Ausberto Bojas Urquiza 

DIRECTOR EJECUTIVO REGIONAL 

DIRECCIÓN EJECUTIVA REGIONAL . distcridad Regional de Impugnación Tributaria Cbba

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