ARIT-CBA-RA-0203-2020 Resolución Sancionatoria Confirmada, Facilidad de Pagos Incumplidas. Sujeto Pasivo notificado en reiteradas ocasiones, haciéndose efectiva la notificación por cédula a un tercero.

ARIT-CBA-RA-0203-2020

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0203/2020 

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Recurrente 

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Constructora -y. Consultora TCC S.R.L., representada por Jose Willam Martínez Yujra. 

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Administración recurrida 

Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por Maria Elena Ramallo Zamora. 

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Resolución— .-Sancionatoria *** 181960001309.** 

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Cochabamba, 30 de julio de 2020.– 

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VISTOS: 

Éi-Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-CBA/ITJ 0203/2020 de 30 de julio de 2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

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ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. La Resolución Sancionatoria No 181960001309 de 28 de noviembre de 2019, que sancionó a la Constructora y Consultora TCC S.R.L. con UFV’s 12.620.-, por la contravención de Omisión de Pago de las Declaraciones Juradas no pagadas o pagadas parcialmente a la fecha de vencimiento, correspondientes a los formularios 500 del periodo fiscal concluido a marzo de 2015 y 2016; y 400 de los periodos fiscales mayo y diciembre de 2015; conforme disponen los artículos 161 numeral 1, y 165 de la Ley 2492. Acto 

notificado el 21 de enero de 2020 (fojas 65-67 y 70 de antecedentes administrativos). 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani). 

Avenida Oquendo N° 381, entre Venezuela y Ecuador. Zona Central Norte Telfs.: (5914) 4140011 4140012 www.ait.gob.bo.Cochabamba, Bolivia 

TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA. 11.1. Argumentos del Recurrente. La Constructora y Consultora TCC S.R.L., representada por Jose Willam Martínez Yujra, conforme acreditó el Testimonio N° 121/2020 de 26 de febrero de 2020 (fojas 59-64 del expediente administrativo), mediante memoriales presentados el 10 y 27 de febrero de 2020 (fojas 46-49 y 65 del expediente administrativo) interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria No 181960001309, emitida por la Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales, manifestando lo siguiente: 

Que, recién el 5 de febrero de 2020, fue notificado con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311860000321 de 28 de marzo de 2018, en franca violación de los artículos 84 parágrafo lll y 85 parágrafo tercero de la Ley 2492, al consignar a una vecina que no fue identificada con un número de carnet de identidad y nombre completo; y que, de las averiguaciones realizadas ante el representante del barrio, dicha testigo no es vecina, ni vivió cerca del domicilio. Añadió que tampoco cursa la firma, número de Cédula de Identidad y constancia de que la testigo sea mayor de edad

Señaló que, el 21 de enero de 2020 fue notificado el Proveido de inicio de Ejecución Tributaria No 331960001606 de 28 de noviembre de 2019; empero, que dicha notificación no consigna la firma ni constancia de entrega al representante legal de la empresa; y que en la misma fecha, le fue notificada la Resolución Sancionatoria N° 181960001309, en cuya notificación no cursa la firma de la persona que recepciona, ni el sello del funcionario firmante; por lo que sostuvo vulneración al artículo 91 de la Ley 2492, toda vez que la notificación debe ser practicada al representante legal registrado ante el SIN

Expuso que, el 4 de febrero de 2020, mediante nota solicitó a la Administración Tributaria, fotocopias legalizadas de todo el expediente, empero únicamente le proporcionaron fotocopias de las dos últimas actuaciones, negándole la entrega de todo el expediente y aduciendo -la Administración Tributaria-que, dicha documentación sería entregada previa cancelación de la presunta deuda tributaria. Agregó que la entidad recurrida tampoco quiso proporcionar copia del Acta de Entrega de Fotocopias, documento que se obligó a firmar acusando recibo de las mismas. Por lo que, arguyó que la empresa, fue privada de realizar una revisión técnica contable y jurídica sobre las actuaciones del SIN. 

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AUTORIDAD DE EMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

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Manifestó que, el acto impugnado fue emitido por presunto incumplimiento del plan de pagos, acontecido el 1 de junio de 2019, ya que realizó pagos durante el mes de marzo de 2019, inclusive, y se encontraba facultado a realizar un nuevo pago bimensual, hasta el último día hábil del mes de mayo de 2019; empero el 31 de mayo de 2019, le fue negada, por el Jefe de Recaudaciones, la posibilidad de pagar las cuotas que venía realizando cada dos meses, con el grave perjuicio de que al día siguiente se dio el incumplimiento del plan de pagos. Como respaldo a lo aludido, refirió el documento original impreso por el funcionario, donde consigna su nombre como el usuario que la proporcionó. Agregó que posteriormente, solicitó una reprogramación al mismo funcionario, quien le negó el beneficio que la Ley le facultaba. 

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Refirió que, el SIN emitió el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria No 331960001606 de 28 de noviembre de 2019, que fue objeto.de representación por su pàçte mediante nota que cursa en antecedentes, ya que al estar vigente el plan de pagos al momento del error del jefe de recaudaciones, no correspondía actuación que intimara al ‘pago de una obligación 

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Señáló ģue la Resolución Sancionatoria N° 181960001309, notificada el 21 de enero de 2020, violentó los artículos 84 parágrafo I, II III; 85 parágrafo I, II, III; y91-de la Ley 2492. Transcribió el citado marco legal, y replicó los reclamos aludidos respecto a la notificación (recepción por parte del Representante Legal de la empresa, datos que identifique al testigo de actuación y su mayoría de edad). 

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Manifestó que, las notificaciones registran la firma de dos funcionarios del SIN, con su respectivo sello, no pudiendo ninguno de ellos ser el testigo de actuación, pues incurriría en el hecho de que el mismo sería juez y parte, vulnerando las normas tributarias al respecto. 

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Aludió que, ante la notificación con la Resolución Sancionatoria N° 181960001309, en vulneración de los artículos los artículos 84 parágrafo III; 85 parágrafos II, III; y 91 de la Ley 2492, le fue privado el acceso oportuno a la información, y en consecuencia poder realizar un análisis contable-jurídico de las actuaciones del SIN, aspecto que también fue consecuencia del incumplimiento de deberes del Jefe de Recaudaciones del SIN Tarija, al riegarle el pago en plazo de la cuota que evitaba el supuesto incumplimiento del plan 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Avenida Oquendo N° 381, entre Venezuela y Ecuador. Zona Central Norte Telfs.: (5914) 4140011 4140012 www.ait.gob.bo.Cochabamba, Bolivia 

de pagos solicitado. Por lo que, aludió indefensión citando los artículos 115 parágrafos ly Il; 116 parágrafos I y ll; 117, parágrafos I, II y II de la Constitución Política del Estado. 

Por lo expuesto, solicitó la revocatoria de la Resolución Sancionatoria N° 181960001309 de 28 de noviembre de 2019, o en su caso la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo. 

II.2. Auto de Admisión. El 28 de febrero de 2020, el Responsable de Recursos de Alzada de Tarija dependiente de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió, el Auto de Admisión EXPEDIENTE ARIT-TJA-0004/2020 del Recurso de Alzada interpuesto por la Constructora y Consultora TCC S.R.L., representada por Jose Willam Martinez Yujra, contra la Resolución Sancionatoria N° 181960001309 de 28 de noviembre de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Tarija del SIN (fojas 66 del expediente administrativo). 

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria. La Gerencia Distrital Tarija del SIN, representada por Maria Elena Ramallo Zamora, conforme acreditó la Resolución Administrativa de Presidencia No 032000000105 de 28 de enero de 2020 (fojas 71-76 del expediente administrativo), por memorial presentado el 20 de marzo de 2020 (fojas 46-49 del expediente administrativo), respondió el Recurso de Alzada con los siguientes fundamentos

Que, el’ Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311860000321, fue notificado por cédula el 3 de abril de 2018, no así el 5 de febrero de 2020, como refiere el sujeto pasivo (citó la foja 17): Agregó que, el actuado identifica a la persona que recibió el aviso de visita (Analía Pérez en calidad de vecina del representante legal del sujeto pasivo), dejando constancia de que la misma rehusó a firmar, por lo que no amerita dejar sin efecto el citado actuado. 

Señaló que, el 18 de abril de 2018, el sujeto pasivo solicitó un plan de facilidades de pagos, por las Declaraciones Juradas contenidas en el citado Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311860000321, por lo que la notificación cumplió su finalidad y no causó indefensión alguna. Al efecto, citó el artículo 36 parágrafos I y II de la Ley 2341

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Sobre la notificación con el Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria No 331960001602, aludida por la parte recurrente; precisó que, no corresponde realizar análisis alguno por esta instancia de Alzada, toda vez que el acto objeto de impugnación es la Resolución Sancionatoria N° 181960001309 y no el citado Proveido de inicio de Ejecución Tributaria ni su procedimiento de notificación. 

Manifestó que, a fojas 70 cursa la entrega de una copia del acto notificado y la diligencia de notificación de la Resolución Sancionatoria No 181960001309 a Soledad Martínez, en calidad de hermana del citado (no refiere), quien firmó en constancia de recepción; por lo que no es evidente lo señalado por el sujeto pasivo, respecto a la inexistencia de la firma de quien recepcionó el acto administrativo ni del funcionario actuante. Agregó que, el artículo 85 de la Ley 2492, no dispone como requisito de validez de la notificación por cédula, que la misma se encuentre sellada por el funcionario público que la practique. 

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Explicó que, conforme la consulta de Padrón de contribuyentes cursante a fojas 61, de antecedentes, la Empresa Constructora y Consultora TCC SRL registra a Martinez Yujra Jose Willam como Representante Legal, desde el 19 de septiembre de 2011 a la fecha, y precisamente es al citado representante legal que intento practicarse la notificación personál.con-là Resolución Sancionatoria N° 181960001309, concretándose mediante cédula el 21 de febrero de 2020, conforme dispone el parágrafo III del artículo 85 de la Ley 2499 

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Precisó que la notificación de la Resolución Sancionatoria N° 181960001309, cumplió su finalidad, toda vez que el sujeto pasivo conoció de manera oportuna dicho acto administrativo, a efecto de ejercer su derecho a la defensa y hacer uso de los recursos previstos por Ley; prueba de ello, la interposición del presente Recurso de Alzada, donde adjuntó la citada Resolución Sancionatoria No 181960001309. 

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Señaló que, los supuestos defectos -no evidentes-, fueron convalidados por el recurrente ya que el mismo interpuso Recurso de Alzada, por lo que la solicitud de nulidad carece de asidero legal. Agregó que conforme al artículo 83 y siguientes de la Ley 2492, la Administración Tributaria goza de plenas facultades de utilizar los medios de notificación más idóneos, en la medida de que el fin sea cumplido, que es dar a conocer al sujeto pasivo los actos y actuados; y que, en el presente caso, el recurrente no demostró la vulneración de ningún derecho subjetivo previsto por el artículo 68 de la Ley 2492. 

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Citó los artículos 35 parágrafo Il y 36 parágrafo IV de la Ley 2341; 55 del Decreto Supremo 27113; las Sentencias Constitucionales 779/2005-R de 8 de julio y 0083/2005 de 25 de octubre; SC 0731/2010-R de 26 de julio; SCP 0725/2013 de 6 de junio; y 0731/2010R de 26 de julio; respecto a los presupuestos para que opere la nulidad y sobre la validez de las notificaciones, manifestando que este último, tiene como único requisito que las partes tengan conocimiento de los actos procesales que suceden en un proceso administrativo o jurisdiccional, para que pueda ejercer un derecho o hacer uso de los medios de impugnación; y toda vez que en el presente caso el sujeto pasivo asumió defensa, no vulneró el debido proceso ni conculcó los derechos constitucionales dispuestos en los artículos 115, 116 y 117 de la Constitución Política del Estado: 

Expuso que, la solicitud de fotocopias del sujeto pasivo fue atendida mediante Proveído No 242060000008 de 5 de febrero de 2020 y Acta de Entrega de fotocopias legalizadas con el detalle de documentos entregados del procedimiento de Sumario Contravencional con Auto Inicial N° 311860000321, recepcionado por la esposa del representante legal (refirió las fojas 89 y 90 de antecedentes administrativos). 

Refirió que, la Resolución Sancionatoria N° 181960001309 y su diligencia de notificación ya se encontraban en poder del sujeto pasivo, cuando fue notificado el 5 de febrero de 2020, mismas que fueron adjuntas por el recurrente a su Recurso de Alzada interpuesto. 

Precisó que; la solicitud del sujeto pasivo, realizada mediante nota de 7 de febrero de 2020, solicitando fotocopia de su nota de 4 de febrero de 2020, fue atendida mediante Proveído No 242060000010 de 10 de febrero de 2020, donde señaló que no era posible entregar un documento que no fue emitido por la propia Administración Tributaria, empero si podría entregar una fotocopia simple. Agregó que a la fecha el sujeto pasivo no se apersonó a recoger dicha copia (refirió las fojas 92 y 93 de antecedentes administrativos). 

Señaló que, en ningún momento, negó o rechazó solicitud alguna realizada por el securrente, pues precauteló su derecho al debido proceso y a la defensa al haberle proporcionado, el 5 de febrero de 2020 todos los antecedentes administrativos cursantes en obrados; y el 21 de enero de 2020 la Resolución Sancionatoria impugnada más su diligencia de notificación

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Sobre el argumento del sujeto pasivo, respecto a que el 31 de mayo de 2019, la Administración Tributaria no le permitió el pago de su cuota de facilidades de pago ni la 

reprogramación de la misma; señaló que, conforme dispone el artículo 76 de la Ley 2492, el recurrente debió adjuntar prueba suficiente a su solicitud a efectos de demostrar los extremos señalados, pues un simple reporte de pagos no es suficiente prueba que demuestre una supuesta negativa a la autorización de un pago.. . 

Sostuvo que, en antecedentes administrativos, no se advierte-petición o documento alguno, mediante el cual el sujeto pasivo haya solicitado el pago o reprogramación de su facilidad de pago, y que en atención a la misma, la Administración Tributaria le hubiera negado su petición; al contrario, a fojas 52-54 cursa el Informe Técnico de FAP N° 71960000406 de 17 de junio de 2019 señala el incumplimiento de la facilidad de pago por parte del sujeto pasivo, al vencimiento de la cuota 11. 

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Agregó que, conforme el artículo 108 parágrafo I numeral 8 de la Ley 2492, la Resolución Administrativa de Facilidades de Pago incumplida se constituye en título de ejecución tributaria, por lo que el 28 de noviembre de 2019 ențitió el Proveído de Inicio de Ejecución tributária y paralelamente el acto ahora impugnado, al no haber presentado el sujeto pasivo-descargos al Auto Inicial de Sumario Contravencional ni conformado la deuda tributaria. 

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Éxpuso que el reporte, generado por Julián Mendoza y señalado como prueba por la parte recurrente, fue generada cuando la facilidad de pago ya había sido incumplida, ya que dicho reporte, señala como fecha el 31 de mayo de 2019 y conforme el cuadro cursante en el Informe de Incumplimiento de Facilidades de Pago (fojas 53 de antecedentes), la facilidad de pago fue incumplida el último día del mes de abril, al no realizar el pago de la cuota 9 en dicho mes, conforme señala el parágrafo XI de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0020-16 que modificó el artículo 28 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-001-15. 

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Citó el articulo 70 numeral 1 de la Ley 2492, y sostuvo que a través del artículo 5 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-001-15, el Servicio de Impuestos Nacionales dispuso que los sujetos pasivos deben realizar el pago de sus facilidades de pago a través de la Oficina Virtual, con el usuario y contraseña asignada, de manera directa y sin necesidad de autorización alguna de la Administración Tributaria. 

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Señaló que el sujeto pasivo pretende justificar su incumplimiento, bajo el argumento de que la Administración Tributaria le negó el pago de sus cuotas, sin adjuntar prueba suficiente; cuando, conforme antecedentes es evidente que el recurrente incumplió su facilidad de pago al no realizar el pago de 3 cuotas consecutivas.

Manifestó que, conforme el artículo primero de la parte resolutiva de la Resolución Administrativa N° 231860000579 de 31 de octubre de 2018 (refirió fojas 50-51 de antecedentes administrativos), aplicó todos los beneficios establecidos en el parágrafo IV del artículo 2 de la Ley 1105 a la facilidad de pago otorgada al sujeto pasivo mediante la Resolución Administrativa N° 201860000227, advirtiéndole además que ante el incumplimiento daría lugar a la pérdida de dichos beneficios; por lo que legalmente, no fue posible una reprogramación de una facilidad incumplida, que se había beneficiado de la citada Ley 1105. 

Por lo expuesto, solicitó la confirmación de la Resolución Sancionatoria No 181960001309 de 28 de noviembre de 2019 en todas sus partes

11.4. Apertura de término probatorioEl 2 de junio de 2020, el Responsable de Recursos de Alzada de Tarija dependiente de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Apertura Término de Prueba EXPEDIENTE ARIT-TJA-0004/2019, disponiendo la apertura del término probatorio de 20 días comunes y perentorios para ambas partes, en aplicación del artículo 218 inciso d) del Código Tributario Boliviano (fojas 77 de expediente administrativo). 

11.5. Alegatos El 30 de junio de 2020, la parte recurrente presentó memorial de alegatos, donde expuso argumentos respecto el memorial de respuesta de la Administración Tributaria, replicando los reclamos planteados en el Recurso de Alzada, inherentes a los vicios de nulidad en la notificación con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311860000321 y con la Resolución Sancionatoria N° 181960001309; que fue privado de realizar una revisión técnica contable y jurídica sobre las actuaciones del SIN, ante la negativa de otorgarle una copia de los antecedentes administrativos y de la copia del acta de entregada de documentos; y que además fue privado de realizar el pago correspondiente a su facilidad 

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de pago. Asimismo, señaló que las actuaciones de Marco Antonio Blanco, se encuentran viciados de nulidad, debido a que dicho funcionario no contaba con un memorándum, una credencial y cédula de identidad que lo identifique; y que se vieron obligados a cambiar la fecha en la cual el sujeto activo le proporcionó la documentación (fojas 89-90 del expediente administrativo). 

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El 10 de julio de 2020, la Administración Tributaria presento memorial de alegatos, replicando los argumentos expuestos en el memorial de respuesta al Recurso de Alzada, inherentes a que la notificación del Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311860000321 y de la Resolución Sancionatoria N° 181960001309, fue practicada conforme dispone la normativa; y que las notificaciones realizadas cumplieron con su finalidad; asimismo, reiteró que en ningún momento, negó o rechazo solicitud alguna realizada por-el sujeto pasivo; añadiendo, que-la-facilidad de pago fue incumplida antes de la generación del reporte referido por la parte securrente; y que no era posible una reprogramación de una facilidad de pago incumplida y que además contaba con los beneficios de la Ley 1105 (fojas 94-98 del expediente administrativo)

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III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA.” 

El 28 de marzo de 2018, la Administración Tributaria emitió el AutoInicial de Sumario Contravencional N° 311860000321, que instruyó el inicio del sumario contravencional contra la Constructora y Consultora TCC S.R.L., “por existir indicios de incurrir en la contravención de omisión de pago por los importes no pagados en las Declaraciones Juradas Form. 500 del periodo fiscal concluido a marzo de 2015 y 2016; Form. 400 de mayo y diciembre de 2015; de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del CTB, concordante con el artículo 42 del Decreto Supremo 27310. Acto notificado mediante cédula el 3 de abril de 2018 (fojas 12-13 y 17 de antecedentes administrativos). 

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El 18 de abril de 2018, emitió la Resolución Administrativa de Facilidades de Pago No 201860000227, que aceptó la solicitud de facilidades de pago presentada por la Constructora y Consultora TCC S.R.L., en 60 cuotas mensuales por las deudas según Declaraciones Juradas: Form. 500 del periodo fiscal marzo de 2015 y 2016; Form. 400 de los periodos fiscales mayo y diciembre de 2015. Asimismo, señaló que el importe sería actualizado conforme dispone el artículo 47 de la Ley 2492 y sus

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Sistema de Gestión i de la Cerdad CertificadaN771/14 

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modificaciones, así como el parágrafo Il de los artículos 7 y 9 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10180000001; y dispuso que de verificarse el incumplimiento de la facilidad de pago, por las causales previstas en el artículo 27 de la RND citada, procederá a la ejecución de la citada Resolución Administrativa de Facilidades de Pago, conforme dispone el artículo 28 parágrafo V de la referida RND. Acto notificado por secretaría el 2 de mayo de 2018 (fojas 42-44 y 44 vta. de antecedentes administrativos)

El 31 de octubre de 2018, emitió la Resolución Administrativa N° 231860000579, resolviendo aplicar la facilidad de pago otorgada a la Empresa Constructora y Consultora TCC S.R.L., mediante Resolución Administrativa de Facilidades de Pago No 201860000227 de 18 de abril de 2018, lo dispuesto en el párrafo primero del parágrafo IV del artículo 2 de la Ley N° 1105 de 28 de septiembre de 2018, manteniendo la integridad de las demás condiciones establecidas en la citada Resolución Administrativa de Facilidades de Pago. Acto notificado por se 31 de octubre de 2018 (fojas 5051 y 51 vta. de antecedentes administrativos)

El 17 de junio de 2019, emitió el Informe N° 71960000406, señalando que la facilidad de pago otorgada mediante Resolución Administrativa de Facilidades de Pago No 201860000227, fue incumplida en virtud a lo establecido en el parágrafo XI de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0020-26 que modificó el artículo 28 de la Resolución Normativa de Directorio N° 100001-15, por lo que señaló se proceda con la imposición de sanciones según normativa vigente (fojas 52-54 de antecedentes administrativos). 

El 28 de noviembre de 2019, emitió la Resolución Sancionatoria No 181960001309, que sancionó al contribuyente Constructora y Consultora TCC S.R.L. con UFV’s 12.620.-, por la contravención de Omisión de pago de las Declaraciones Juradas no pagadas o pagadas parcialmente a la fecha de vencimiento, correspondientes a los formularios 500 del periodo fiscal concluido a marzo de 2015 y 2016; y 400 de los periodos fiscales mayo y diciembre de 2015, conforme a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 161 y 165 de la Ley 2492. Acto notificado el 21 de enero de 2020 (fojas 65-67 y 70 de antecedentes administrativos). 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA 

Conforme a lo establecido en el artículo 211 parágrafo I del Código Tributario Boliviano, esta instancia ingresará a resolver los reclamos planteados por la parte recurrente, siendo los siguientes: 1. Nulidad en la notificación del-Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311860000321 y de la Resolución Sancionatoria N° 181960001309; y 2. Privación a tener acceso a las actuaciones de la Administración Tributaria. 

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IV.1. Cuestión Previa 

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Con la finalidad de aclarar los aspectos objeto de análisis, es necesario delimitar los mismos, toda vez que si bien el sujeto pasivo agravio situaciones inherentes a la notificación del Proveído de inicio de Ejecución Tributaria No 331960001606 de 28 de noviembre de 2019, el acto objeto de impugnación (Resolución Sancionatoria No 181960001309) emerge de un proceso sancionador, originado como consecuencia del incumpliņiento de una facilidad de pago, inherente a Declaraciones Juradas no pagadas; por lo que esta instancia de alzada, se ve impedida de revisar y/o emitir pronunciamiento alguno sobre actos ajenos al presente proceso sancionador impugnado, tal es el caso del citado Proverdo de Inicio de Ejecución Tributaria que tiene su propio proceso y tramitación 

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Por otro lado, cabe señalar que si bien los diferentes actuados emitidos por esta instancia de Alzada, como ser: “AUTO DE OBSERVACIÓN” de 13 de febrero de 2020; “AUTO DE ADMISIÓN” de 28 de febrero de 2020; “AUTO DE APERTURA DE TÉRMINO DE PRUEBA” de 2 de junio de 2020; entre otros, así como sus respectivas diligencias de notificación, refieren a la parte recurrente como “CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA TCC SRL”; de la lectura a los diferentes Testimonios acompañados al recurso interpuesto así como del contenido del acto impugnado, se tiene que los mismos consignan al sujeto pasivo como “CONSTRUCTORA Y CONSULTORA TCC SRL”; en tal sentido, siendo que tal aspecto, no desembocaría en una afectación a algún derecho de los sujetos procesales del caso presente, además que no fue observado por los mismos; corresponde precisar que el análisis técnico-jurídico, considerará el nombre que figura en los memoriales presentados por la parte recurrente y en los actos emitidos por la 

Administración Tributaria. 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Avenida Oquendo No 381, entre Venezuela y Ecuador Zona Central Norte Telfs.: (591-4) 4140011 4140012. www.ait.gob.bo. Cochabamba, Bolivia 

III 

IV.2. Nulidad en la notificación con el Auto Inicial de Sumario Contravencional y con la Resolución Sancionatoria 181960001309 La parte recurrente señaló que, el 5 de febrero de 2020, fue notificado con el Auto Inicial de Sumario Contravencional. N° 311860000321, en franca violación de los artículos 84 parágrafo ill y 85 parágrafo tercero de la Ley 2492, al consignar una vecina que no fue identificada (número de Cédula de Identidad y nombre completo), cuando de las averiguaciones realizadas, dicha testigo no es vecina, ni vivió cerca del domicilio. Añadió que tampoco cursa la firma, numero de Cédula de Identidad y constancia de que la testigo sea mayor de edad: 

Señaló que, el 21 de enero de 2020, le fue notificada la Resolución Sancionatoria No 181960001309 de 28 de noviembre de 2019, en cuya notificación no cursa la firma de la persona que recepcionó la misma, ni el sello del funcionario firmante; por lo que, sostuvo vulneración al artículo 91 de la Ley 2492, toda vez que la notificación a representantes legales debe ser practicada al representante legal registrado ante el SIN. Añadió que, las notificaciones registran la firma de dos funcionarios del SIN, con su respectivo sello, no pudiendo ninguno de ellos ser el testigo de actuación, pues incurriría en el hecho de ser juez y parte, lo que vulnera las normas tributarias al respecto

De la misma forma, aludió indefensión, debido a que, la notificación de la Resolución Sancionatoria No 181960001309, fue en vulneración de los artículos 84 parágrafo III; 85 parágrafos II, III; y 91 de la Ley 2492. 

Por su parte, la Administración Tributaria manifestó que, el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311860000321, fue notificado por cédula el 3 de abril de 2018, no así el 5 de febrero de 2020, como erróneamente sostuvo el sujeto pasivo (citó la foja 17). Agregó que, el actuado identifica a la persona que recibió el aviso de visita, dejando constancia de que la misma rehusó a firmar, por lo que no amerita dejar sin efecto el mencionado actuado.‘ 

” 

“. 

Agregó que, el 18 de abril de 2018, el sujeto pasivo solicitó un plan de facilidades de pagos, por las Declaraciones Juradas contenidas en el citado Auto Inicial de Sumario Contravencional, por lo que, la notificación cumplió su finalidad y no causó indefensión alguna. Al efecto, citó el artículo 36 parágrafos I y II de la Ley 2341.

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Explicó que, conforme la consulta del Padrón de Contribuyentes cursante a fojas 61 de antecedentes, la Empresa Constructora y Consultora TCC SRL registra a Martinez Yujra Jose Willam como representante legal, desde el 19 de septiembre de 2011 a la fecha, y precisamente es al citado representante que se intento practicar la notificación personal con la Resolución Sancionatoria N° 181960001309, concretándose mediante cédula, el 21 de febrero de 2020, conforme dispone el parágrafo III del artículo 85 de la Ley 2492. 

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Precisó que, la notificación de la Resolución Sancionatoria N° 181960001309, cumplió su finalidad, toda vez que el sujeto pasivo conoció de manera oportuna dicho acto administrativo, a efecto de ejercer su derecho a la defensa y hacer uso de los recursos previstos por Ley; prueba de ello la presentación del presente Recurso de Alžada, donde adjuntó la citada Resolución Sancionatoria N° 181960001309. 

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Al respecto, corresponde indicar preliminarmente que, de acuerdo-a-Manuel Ossorio, la notificación, se entiende como la “Acción y efecto de hacer saber, a un litigante o parte interesada en un juicio, cualquiera sea su indole, o a sus representantes y defensores, una resolución judicial’u otro acto del procedimiento” (OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas; Políticas y Sociales, pág. 489). !

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Asimismo, cabe anotar que la jurisprudencia constitucional sostiene que el sistema normativo tributario referido a las notificaciones tiene por finalidad dar a conocer a los sujetos de la relación jurídica tributaria, las decisiones o resoluciones emitidas para que las partes puedan cumplir con alguna obligación establecida o para ejercer su derecho de defensa; así lo ha entendido el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la Sentencia Constitucional N° 1845/2004-R, que establece: “que el conocimiento real y efectivo de la comunicación asegura que no se provoque indefensión en la tramitación y resolución en toda clase de procesos; pues no se llenan las exigencias constitucionales del debido proceso, cuando en la tramitación de la causa se provocó indefensión; sin embargo, en coherencia con este entendimiento, toda notificación por defectuosa que sea en su forma, que cumpla con su finalidad (hacer conocer la comunicación en cuestión), es válida. Aspecto ratificado en la Sentencia Constitucional N° 0164/2006-R. 

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Consecuentemente, debemos señalar que para que pueda considerarse la indefensión dentro de un procedimiento administrativo, el administrado debió estar en total 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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desconocimiento de las acciones o actuaciones procesales llevadas a cabo en su contra, motivo por el cual, no podría asumir su defensa, por lo que esta instancia verificará las notificaciones realizadas a fin de comprobar si se colocó en indefensión al sujeto pasivo de la obligación. 

En la normativa aplicable, se tiene que el artículo 2 parágrafo III de la Ley 812 de 30 de junio de 2016, modificó el artículo 83 de la Ley 2492, con el siguiente texto: “Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria, se notificarán por uno de los siguientes medios: 1. Por medios electrónicos; 2. Personalmente; 3. Por Cédula; 4. Por Edicto; 5. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o privado o por sistemas de comunicación electrónicos; 6. Tácitamente; 7. Masiva; 8. En Secretaria. 11. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. Con excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o a pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa competente podrá habilitar días y horas extraordinarias”. 

Por su parte, el artículo 85 de la Ley 2492 determina que cuando el interesado o sự representante no fuera encontrado en su domicilio, se dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto, a un vecino del mismo, bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a una hora determinada del día hábil siguiente; si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, se formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito de los cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se proceda a la notificación por cédula, la misma que estará constituida por copia del acto a notificar y será entregada en el domicilio del que debiera ser notificado, a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación que también firmará la diligencia

Expuesta la posición de las partes y el marco normativo inherente al caso, corresponde remitirse a los antecedentes administrativos a fin de corroborar o desvirtuar el reclamo planteado por la parte recurrente, respecto ‘a que la notificación del Auto Inicial de Sumario Contravencional N° : 311860000321 y la Resolución Sancionatoria No 181960001309, fue realizada en vulneración a los artículos 84 parágrafo 111; 85 parágrafos II, III; y 91 de la Ley 2492, que le causó indefensión.

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En ese contexto, se tiene que, el 28 de marzo de 2018, la Administración Tributaria emitió el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311860000321, que instruyó el inicio del sumario contravencional contra la Constructora y Consultora TCC S.R.L., por existir suficientes indicios de haber incurrido en la contravención de omisión de pago por los ‘importes no pagados en las Declaraciones Juradas Form. 500 del periodo fiscal concluido a marzo de 2015 y 2016;-y Form. 400 de los periodos fiscales mayo’y diciembre de 2015; ‘conforme a los artículos 165 del Código Tributario Boliviano y 42 del Decreto Supremo 27310 (fojas 12-13 de antecedentes administrativos). 

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Posteriormente, se advierte que funcionario de la Administración Tributaria, a efecto de notificar el citado Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311860000321, el 2 de abril de 2018 se constituyó en el domicilio ubicado en la C/Bolívar No 1468 B/ Virgen de Fátima y al no encontrar a Willam Jose Martínez.Yujra, representante legal de la Empresa Constructora y Consultora TCC SRL, dejó el primer aviso, señalando que el mismo sería nuevamente buscado el día hábil siguiente (fojas 15 de antecedentes administrativos). 

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Continuándo con la revisión de los antecedentes administrativos se advierte a “REPRESENTACIÓN YURADA”, donde el funcionario actuante argumentó que, habiéndose constituido en dos oportunidades, en el domicilio C/Bolivar No 1468 B/ Virgen de Fátima a objeto de notificar a Willam José Martínez Yujra, representante legal de la Empresa Constructora y Consultora TCC SRL, no encontró al mismo, por lo que solicito se instruya la notificación mediante cédula; en ese sentido, la Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante “INSTRUCCIÓN PARA LA NOTIFICACION POR CÉDULA” de 3 de abril de 2018, instruyó la notificación por Cédula, del Auto Inicial de Sumario. Contravencional N° 311860000321 de 28 de marzo de 2018 (fojas 16 de antecedentes administrativos). 

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De la misma forma, a fojas 17 de antecedentes administrativos, cursa la constancia de notificación por cédula, actuación que fue practicada el 3 de abril de 2018, a través de la cual la Administración Tributaria notificó a Willam José Martínez Yujra, en su calidad de representante legal de la Empresa Constructora y Consultora TCC SRL, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311860000321 de 28 de marzo de 2018, en el domicilio ubicado en la C/Bolivar No 1468 B/Fátima, notificación que fue practicada en presencia del testigo de actuación, quien suscribió al pie de la misma. 

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Avenida Oquendo N° 381, entre Venezuela y Ecuador – Zona Central Norte Telfs.: (591-4) 4140011 4140012. www.ait.gob.bo.Cochabamba, Bolivia 

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Prosiguiendo con la revisión de los antecedentes administrativos, se advierte que el 18 de abril de 2018, la Administración Tributaria emitió la Resolución Administrativa de Facilidades de Pago N° 201860000227, que aceptó las facilidades de pago presentada por la Constructora y Consultora TCC S.R.L., en 60 cuotas mensuales por las deudas según Declaraciones Juradas: Form. 500 del periodo fiscal concluido a marzo de 2015 y 2016; y Form. 400 de los periodos fiscales mayo y diciembre de 

  1. 2015

El 28 de noviembre de 2019, la Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria N° 181960001309, qué sancionó al contribuyente Constructora y Consultora TCC S.R.L. con UFV’s12.620, por la contravención de Omisión de Pago de las Declaraciones Juradas no pagadas o pagadas parcialmente a la fecha de vencimiento, correspondiente a los Formularios 500 del periodo fiscal concluido a marzo de 2015 y 2016; y 400 de los periodos fiscales mayo y diciembre de 2015, conforme a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 161 y 165 de la Le (fojas 65-67 de antecedentes 

administrativos).” 

Por lo que el funcionario de la Administración Tributaria, a efecto de notificar la citada Resolución Sancionatoria No. 181960001309, el 20 de enero de 2020 se constituyó en el domicilio ubicado en la C/Bolívar No 1468 y al no encontrar a Willam José Martínez.Yujra, representante legal de la Empresa Constructora y Consultora TCC SRL, dejó el aviso de visita, señalando que el mismo sería nuevamente buscado el día hábil siguiente (fojas 68 de antecedentes administrativos)

Prosiguiendo la revisión de los antecedentes administrativos se advierte la REPRESENTACIÓN JURADA PARA NOTIFICACION POR CÉDULA”, donde el funcionario actuante argumento que, habiéndose constituido en dos oportunidades, en el domicilio C/Bolívar No 1468 a objeto de notificar a Willam Jose Martínez Yujra, en su calidad de representante legal de la Empresa Constructora y Consultora TCC SRL, no encontró al mismo; por lo que solicitó, se instruya la notificación mediante cédula. En ese entendido, la Gerencia Distrital Tarija del SIN, mediante INSTRUCCIÓN PARA .NOTIFICACION POR CÉDULA”, instruyó la notificación por Cédula, de la Resolución Sancionatoria N° 181960001309 de 28 de noviembre de 2019 (fojas 69 de antecedentes administrativos)

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De la misma forma, cursa la constancia de notificación por cédula, actuación que fue practicada el 21 de enero de 2020, a través de la cual, la Administración Tributaria notificó a Willam José Martínez Yujra, en su calidad de representante legal de la Empresa Constructora y Consultora TEC SRL, con la Resolución Sancionatoria N° 181960001309, en el domicilio ubicado en la C/Bolívar No 1468, dejando copia de Ley y la diligencia de notificación a Soledad Martínez en su calidad de “Hermana” (fojas fojas 70 de antecedentes administrativos). . . . 

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Continuando con la lectura de los antecedentes administrativos, se advierte que el 4 de febrero de 2020, el sujeto pasivo presentó la Nota 003/TCC020, solicitando a la Administración Tributaria, fotocopias legalizadas de los expedientes respectivos y señalando que: “Habiendo sido notificado en fecha 21 de enero de 2020, con resolución sancionatoria N° 181960001309 de fecha 28 de noviembre del año 2019 (…)” (fojas 12 de antecedentes administrativos). —, 

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En virtud a lo descrito en párrafos previos, inicialmente se advierte que el funcionario actuarte de la Administración Tributaria, siguió el procedimiento establecido en el artículo 85 de la Ley 2492 a efectos de notificar con el Auto Inicial de Sumario Contavencional N° 311860000321 de 28 de marzo de 2018 y, la Resolución Sancionatoria No 181960001309 de 28 de noviembre de 2019 (fojas 15-17 y 68-70 de antecedentes administrativos), asegurando de esta forma, el conocimiento real y efectivo de los citados actos administrativos, cumpliendo de esta manera la finalidad de toda notificación. 

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Prueba de lo expuesto en el párrafo previo (finalidad de toda notificación), que en este caso es el Plan de Facilidades de Pago, al cual accedió la empresa ahora recurrente, mediante Resolución Administrativa de Facilidades de Pago No 201860000227, respecto a las Declaraciones Juradas: Form. 500 del periodo fiscal marzo de 2015 y 2016; Form. 400 de mayo y diciembre de 2015, contenidas en el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311860000321; y ante la notificación de la Resolución Sancionatoria N° 181960001309 de 28 de noviembre de 2019, presentó la Nota No 003/TCC020 de 4 de febrero de 2020 en la que aceptó, la existencia de una notificación, desarrollada el 21 de enero de 2020, con la citada Resolución Sancionatoria, al manifestar: “Habiendo sido notificado en fecha 21 de enero de 2020, con resolución sancionatoria N° 181960001309 de fecha 28 de noviembre 

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Avenida Oquendo N° 381, entre Venezuela y Ecuador Zona Central Norte Telfs.: (591-4) 4140011 4140012 www.ait.gob.bo.Cochabamba, Bolivia 

del año 2019 (...)(el resaltado es nuestro) (fojas 42-44 y 72 de antecedentes administrativos), por lo que se puede advertir que las notificaciones practicadas con el Auto Inicial de Sumario Contravencional y la Resolución Sancionatoria, cumplieron 

su finalidad. 

A lo expuesto, se suma el hecho de que, la empresa recurrente, precisamente en cabal conocimiento del Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311860000321 y la Resolución Sancionatoria No 181960001309 de 28 de noviembre de 2019, presentó en los plazos previstos, el Recurso de Alzada ahora analizado, haciendo uso de los derechos y garantías constitucionales que la Ley le faculta y acompañando además los citados actos administrativos (fojas 1-3, 1516 y 46-49 de expediente administrativo)

En consecuencia, la parte recurrente, mal podría alegar que la notificación fue llevada a cabo en vulneración de los artículos 84 parágrafo Ill; 85 parágrafos II, III; y 91 de la Ley 2492, mucho menos podría alegar indefensión, cuando, conforme fue descrito en párrafos previos -concordante con los antecedentes administrativos-, és evidente que la notificación practicada por la Administración Tributaria, cumplió con el procedimiento establecido en el artículo 85 de la Ley 2492 y cumplió su finalidad principal, que es dar a conocer al administrado, el inicio del proceso sancionador mediante Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311860000321 de 28 de marzo de 2018 y la conclusión del mismo mediante Resolución Sancionatoria N° 181960001309 de 28 de noviembre de 2019; por lo que, corresponde desestimar el reclamo planteado por la empresa recurrente. 

Por otro lado, sobre el argumento de la parte recurrente, respecto a que la notificación realizada el 5 de febrero de 2020, con el Auto Inicial de Sumario Contravencional No 311860000321, no consigna una vecina identificada y que de las averiguaciones realizadas, dicha testigo no es vecina, ni vivió cerca del domicilio; y que tampoco cursa la firma, número de Cédula de Identidad y constancia de que la testigo sea mayor de edad; precisar que, conforme fue expuesto en párrafos previos, la notificación del citado Auto Inicial de Sumario Contravencional fue practicada el 3 de abril de 2018 (fojas 17 de antecedentes administrativos), no así el 5 de febrero de 2020 como alegó el sujeto pasivo; y si bien adjuntó una certificación de Efrain-Subia Salgado, Presidente B. la pampa distrito 4 Tarija, el mismo hace referencia de datos concernientes a la gestión 2020, toda vez que 

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la certificación fue emitida el 6 de enero de 2020 y refiere que “la Sra. Analía Pérez no tiene domicilio fijado en la calle Bolivar entre Avenida España y calle Federico Ávila ni calles adyacentes, así también señaló que durante las gestiones que he fungido como presidente del Barrio la Pampa, no ha conocido a.la Sra. Analía Pérez como vecina de la zona mencionada”, y si bien hace mención a gestiones que hubiera fungido como presidente, no detalla las mismas, y menos hace un detalle de la gestión 2018, año en que se practicó la notificación del Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311860000321; y como se expuso en un párrafo previo, la notificación del referido acto, permitió que la empresa recurrente ejerza sus derechos durante el proceso sancionatorio analizado, debiendo desestimar las observaciones al no advertir algún vicio de nulidad que las respalde. 

Asimismo, sobre la vulneración del artículo-91-(Notificación a-Representantes) de la Ley 2492, aludida por la parte recurrente; es evidente que, la Administración Tributaria a fin de notificar, el Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311860000321 y la Resolución Sancionatoria N° 181960001309 de 28 de noviembre de 2019, en los diferentes avisos de visita, y diligencias de notificación, consignó a Willam José Martínez Yujra como représentante legal de la Empresa Constructora y Consultora TCC SRL, aspecto que es corroborado en el Padrón de Contribuyentes del SIN (fojas 3, 14, 315-17 y. 68-70 de: antecedentes administrativos): donde se evidencia que funge.como representante legal; ... por lo que corresponde.desestimar lo argüido por la empresa recurrente al advertir que las diligencias de notificación fueron dirigidas al representante legal, debidamente registrado en el Padrón de Contribuyentes. 

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Calidad 

Sobre el argumento del sujeto pasivo, respecto a que las notificaciones registran la firma de dos funcionários del SIN, con su respectivo sello, no pudiendo ninguno de ellos ser el testigo de actuación, pues se constituiría en juez y parte; precisar que la Ley 2492, establece los principios, instituciones, procedimientos y normas fundamentales que regulan el régimen jurídico del sistema tributario boliviano, aplicables a todos los tributos de carácter nacional, departamental, municipal y universitario; y no prohibe que otro funcionario de la Administración Tributaria, se constituya en testigo de actuación, respecto a la notificación practicada; por lo que, corresponde desestimar lo aludido por el sujeto pasivo, máxime si ese hecho, no le causó vulneración alguna y la notificación del acto administrativo cumplió su finalidad. 

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Stema de Gestión | delacalidad CertificadaN7717

Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachig (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Avenida Oquendo N° 381, entre Venezuela y Ecuador. Zona Central Norte Telfs.: (591-4) 4140011 4140012 www.ait.gob.bo. Cochabamba, Bolivia 

IV.3. Sobre el acceso a las actuaciones de la Administración Tributaria.. La empresa recurrente arguyó que, fue privada de realizar una revisión técnica contable y jurídica sobre las actuaciones del SIN, toda vez que el 4 de febrero de 2020, mediante nota solicitó a la Administración Tributaria, fotocopias legalizadas de todo el expediente; empero, únicamente le proporcionaron fotocopias de las dos últimas actuaciones, negándole la entrega de todo el expediente y aduciendo, que dicha documentación sería entregada previa cancelación de la presunta deuda tributaria. Agregó que la entidad recurrida tampoco quiso proporcionar copia del Acta de Entrega de Fotocopia’s”, documento que se obligó a firmar, acusando recibo de las mismas.

Por su parte, la Administración Tributaria, señaló que la solicitud de fotocopias del sujeto pasivo fue atendida mediante Proveído No 242060000008 y Acta de Entrega de fotocopias legalizadas, receptada por la esposa del representante legal (refirió las fojas 89 y 90 de antecedentes administrativos). Agregó que, la Resolución Sancionatoria No 181960001309y su diligencia de notificación ya se encontraban en poder del sujeto pasivo, cuando fue notificado el 5 de febrero de 2020, las que fueron adjuntas por el recurrente al Recurso de Alzada interpuesto..

Manifestó que, la solicitud del sujeto pasivo, realizada mediante nota de 7 de febrero de 2020, fue atendida mediante Proveído No 242060000010 de 10 de febrero de 2020, donde señaló que no era posible entregarle un documento que no fue emitido por la propia Administración Tributaria, empero si podía entregar una fotocopia simple. Agregó que a la fecha el sujeto pasivo no se apersonó a recoger dicha copia (refirió las fojas 92 y. 93 de antecedentes administrativos). 

Precisó que, en ningún momento negó o rechazó solicitud alguna realizada por el recurrente, pues precauteló su derecho al debido proceso y a la defensa al haberle proporcionado, el 5 de febrero de 2020 todos los antecedentes administrativos cursantes en obrados; y el 21 de enero de 2020 la Resolución Sancionatoria impugnada más su diligencia de notificación

Así expuestos los argumentos de las partes, es necesario traer a colación la Sentencia Constitucional Plurinacional 1041/2017-S3 de 10 de octubre, que entre otros– precisó y reiteró el siguiente entendimiento: “El derecho de petición se encuentra reconocido en el 

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art. 24 de la CPE, que establece lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario”. La SC 1068/2010-R de 23 de agosto, sobre la naturaleza del derecho de petición y los-ámbitos en los que se vulnera el mismo, sostuvo que: “La Constitución Política del Estado actual ha ubicado a este derecho en el art. 24, dentro de la categoria de los derechos civiles, pues se entiende que parten de la dignidad de las persona entendiendo que cuando se aduzca el derecho de petición, la autoridad peticionada, ya sea dentro de cualquier trámite o proceso, éste tiene el deber respecto al u otros individuos de responder en el menor tiempo y de forma clara. En resumen las autoridades vulneran el derecho de petición cuando: a) La respuesta no se pone en conocimiento del peticionario; b) Se presenta la negativa de recibirla o se obstaculiza su presentación; c) Habiéndose presentado la petición respetuosa, la autoridad no la responde dentro de un plazo razonable; y, d) La solicitud no es atendida de manera clara, precisa, completa y congruente con lo solicitado” (las negrillas son nuestras). 

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En concordancia con lo precedido, resulta pertinente señalar que el artículo 24 de a Constitución Política del Estado, expone que toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de éste derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario 

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De la misma forma, el parágrafo II del artículo 115 de la Constitución Política del Estado, establece que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. Asimismo, el artículo 68 de la Ley 2492, en su numeral 6, garantiza al sujeto pasivo, el conocimiento del estado de la tramitación de los procesos o procedimientos tributarios en los cuales sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones administrativas efectuadas ante la Administración Tributaria, previsiones legales que están directamente vinculadas con el ejercicio del derecho a la defensa. 

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Bajo el contexto anterior, corresponde remitirse a los antecedentes administrativos con el propósito de corroborar o desvirtuar el reclamo planteado por el sujeto pasivo, respecto a que la Administración Tributaria, le privo de realizar una revisión técnica 

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Justicia tributaria para vivir bien Ján mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Avenida Oquendo N° 381, entre Venezuela y Ecuador Zona Central Norte Telfs.: (591-4) 4140011 4140012 www.ait.gob.bo.Cochabamba, Bolivia 

contable y jurídica sobre las actuaciones del SIN, al no proporcionarle todos los antecedentes y señalarle que previamente debía realizar el pago de la supuesta deuda tributaria

En ese entendido, se tiene que el 4 de febrero de 2020, el sujeto pasivo presentó a la Administración Tributaria, la nota No 003/TCC020 con la referencia Solicita fotocopias legalizadas”, mediante la cual, después de señalar que fue notificado con la Resolución Sancionatoria N° 181960001309; entre otros, solicitó fotocopias legalizadas de los expedientes respectivos (fojas 72 de antecedentes administrativos): 

En atención a la nota citada en el párrafo previo, el 5 de febrero de 2020, la Administración Tributa emitió el Proveído. No 242060000008 con referencia “Autorización de fotocopias, donde saló que en aplicación del artículo 18 parágrafo I de la Ley 2341, se otorgue lo solicitado, previa constancia de registro de entrega al solicitante (fojas 89 de antecedentes administrativos).

Continuando con la revisión de los antecedentes administrativos, se tiene el “ACTA DE ENTREGAde 5 de febrero de 2020, donde la entidad recurrida detalló la siguiente documentación, en calidad de entregada: Notificación del Auto Inicial de Sumario Contravencional No 311860000321 (3 fojas); Foto captura del pegado de la notificación del Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311860000321 (1 foja); Consulta de Padrón (1 foja); Actualización de deuda tributaria al 18 de abril de 2018 (i foja); Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 311860000321 (2 fojas); Formulario 8000 solicitud de Facilidades de Pago (2 fojas); Reporte definitivo de plan de pagos (2 fojas); Cálculo de accesorios – deuda tributaria al 18 de abril de 2018 (4 fojas); Liquidación de deudas sujetas a Facilidades de Pago (1 foja); Boletas de Pago 1000 con número de orden 6077077291 y 6077077152 (2 fojas) y Resolución Administrativa de Facilidades de Pago No 201860000227 (3 fojas). Acta que consigna la firma de entregado y recibido conforme (fojas 90 de antecedentes administrativos)

De la misma forma, cursa la nota No 006/TCC20 con la referencia “Solicita fotocopias legalizadas, presentada a la Administración Tributaria por el contribuyente el 7 de febrero de 2020, mediante la cual, solicitó dos copias legalizadas 

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de la nota con CUCE: 003/TCC020 presentada a la Administración Tributaria el 4 de febrero de 2020 (fojas 92 de antecederites administrativos). 

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Por lo que, el 10 de febrero de 2020, la entidad recurrida emitió el Proveido No 242060000010 con referencia “Autorización de fotocopias”, señalando que, la Administración Tributaria, no podía extender fotocopias legalizadas de notas que, no fueron emitidas por la misma, si no, por el propio sujeto pasivo solicitante, por lo que, refirió la extensión de fotocopia simple; de la nota con CUCE: 003/TCC020. Acto notificado por Secretaría el 12 de febrero de 2020 (fojas 93 de antecedentes administrativos). 

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Lo expuesto previamente, pone en evidencia que, sobre la solicitud de documentación realizada por-el-sujeto pasivo, mediante -notas-de-4-. y..7-de-febrero de 2020, la Administración Tributaria dio respuesta a través de los proveidos Nos. 242060000008, 242060000010 y el “ACTA DE ENTREGA” de 5 de febrero de 2020, último documento donde detalló la documentación proporcionada al solicitante (fojas 72, 89, 90, 92 y 93 de antecedentes administrativos); corroborando de esta manera que el sujeto pasivo, sí tuvo acceso a los antecedes administrativos a fin de realizar la revisión que considere necesaria, y que su solicitòd si fue atendida por la Administración Tributaria. 

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Asimismo, es importante precisar..que. la parte recurrente no señaló cual. Ocuales los documentos que la entidad recurrida no le habría proporcionado y de qué manera la ausencia de dicha documentación vulneró el debido proceso y le habría ocasionado indefensión; cuando, conforme fue desarrollado en el acápite IV.2. Nulidad en la Notificación del Auto Inicial de Sumario Contravencional y de la Resolución Sancionatoria“, el sujeto pasivo, conoció el inicio y conclusión del proceso sancionador llevado en su contra, y precisamente en uso de su derecho a la defensa, interpuso el Recurso de Alzada en el plazo previsto por Ley además de lo previsto en el artículo 68 numeral 6 de la Ley 2492; por lo que corresponde desestimar el reclamo planteado por la parte recurrente. 

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Por otro lado, sobre los argumentos del sujeto pasivo, respecto a: 1) Que la Administración Tributaria se negó a proporcionarle todo el expediente, aduciendo que el mismo sería entregado previa cancelación de la presunta deuda tributaria; y que tampoco le 

Eric Dysbelto Rojas auto 

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de la Calidad CatficadoN771/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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proporcionó -el sujeto activo-copia del “Acta de Entrega de Fotocopias” (documento sobre el cual, la parte recurrente además aludió que, se obligó firmar acuse de recibido); 2) Que el 31 de mayo de 2019, le fue negada, por el jefe de recaudaciones, la posibilidad de pagar las cuotas que venía realizando cada dos meses, con el grave perjuicio de que al día siguiente se dio el incumplimiento del plan de pagos; y 3) que posteriormente, solicitó una reprogramación al mismo funcionario, quien le negó el beneficio que la Ley le facultaba. 

Precisar que, de la revisión de los antecedentes administrativos, no cursa documento alguno que permita corroborar o probar las aseveraciones realizadas por el sujeto pasivo detalladas en el párrafo previo-; tampoco presentó ante esta instancia de alzada; prueba alguna que haga de sustento a dichos reclamos conforme dispone el artículo 76 de la Ley 2492; y ante la carencia de los mismos, no se pude ingresar a verificar la denuncia y menos realizar pronunciamiento alguno en méras presunciones, siendo que la parte recurrente tenía la obligación de demostrar con prueba idónea los hechos constitutivos del mismo, conforme establece el artículo 76 de la Ley 2492. 

Asimismo, sobre el documento original impreso por el funcionario Julián Mendoza, que consigna su nombre como el usuario que l’a proporcionó, documento aludido por el sujeto pasivo como sustento alargumento de que el SIN le habría negado el pago de las cuotas de su plan de pagos; señalar que, de la revisión de expediente administrativo, a fojas 40, se tiene la impresión denominada “CONSULTA DETALLE BOLETAS DE PAGO” que refiere: ‘”(Usuario): julian.mendoza; (fecha): 31/05/2019 05:51p.m.; (Dependencia): Tarija; (N° de Orden de FAP): 18603400252 (…)”, y muestra diferentes datos como ser: el código de la Boleta de Pago, fecha de pago, importe pagado, concepto, entre otros. Asimismo, a fojas 41-42 cursa el documento sin denominación que también refiere “(…) (usuario): julian.mendoza; (…) (Nro. RA): 21860000227; (…); (Fecha de Actualización): 31/05/2019″, detallando el número de cuota, fecha de vencimiento de la cuota, importe referencia de la cuota, importe pagado; importe actualizado y estado de la 

cuota. 

Ahora bien, respecto la documentación detallada previamente, señalar que, además de corresponder a impresiones simples sin ningún tipo de firma y/o aval de quien generó dicha documentación, que entre otros aspectos expone datos inherentes a pagos realizados; de ninguna manera se constituyen en documentos que respalden la 

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aseveración de la empresa recurrente, es decir no demuestran que la entidad recurrida haya negado al sujeto pasivo a realizar el pago correspondiente a su Facilidad de Pago, precisamente porque únicamente refiere datos de pagos realizados y no señalan ylo refieren a una negativa por parte de la Administración Tributaria; por lo que corresponde desestimar lo-prétendido por la parte recurrente. .. 

A lo expuesto, se suma el hecho de que, conforme establece el numeral 1 del artículo 70 de la Ley 2492, es obligación del sujeto. pasivo el determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, medios plazos y lugarès establecidos por la Administración Tributaria, por lo que mal podría aludir que la entidad recurrida le negó un pago que pretendía realizar, cuando los pagos realizados por parte de los sujetos pasivos (en el presente caso, cuotas inherentes a una Facilidad de Pago), no están condicionados a la aceptación y/o rechazo por parte de la Administración Tributaria, 

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Por otro lado, de la lectura de los alegatos presentados por el sujeto pasivo mediante memorial de 30 de junio 2020 (fojas 91-92 del expediente administrativo), se advirtió que, la misma trajo a colación nuevos aspectos que, no fueron planteados en el recurso interpuesto a la Resolución Sancionatoria No. 181960001309 de 28 de noviembre de 2019, refiriendo que las actuaciones de Marco Antonio Blanco, -se encuentran viciados de nulidad, porque dicho funcionario, no contaba con un memorándum, una credencial y cédula de identidad que lo identifique y que se vieron obligados a cambiar la fecha en la cual el sujeto activo le proporcionó la documentación; al respecto, corresponde aclarar que conforme a lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 211 del Código Tributario Boliviano, referido al contenido de las resoluciones, dicho apartado legal establece que las mismas deben ser pronunciadas de forma expresa, positiva y precisa sobre los puntos recurridos, bajo ese entendido, al no estar planteados los nuevos argumentos, en el memorial de Recurso de Alzada; esta instancia recursiva, se ve impedida de pronunciarse sobre dichos aspectos; por lo que, no merece mayor análisis. 

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En suma, del examen de lo argumentado por las partes, la compulsa de los antecedentes administrativos y de acuerdo al análisis técnico jurídico realizado, al no ser evidentes los reclamos planteados por elo sujeto pasivo, respecto a una indefensión producto de las 

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de la Calidad CertificadaN77174 

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N° 311860000321 y del acto administrativo así como la falta de acceso a los antecedentes administrativos; corresponde a esta instancia recursiva, confirmar la Resolución Sancionatoria N° 181960001309 de 28 de noviembre de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales

POR TANTO: 

El suscrito Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y artículo 147 del Decreto Supremo N° 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° 181960001309 de 28 de noviembre de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales; sea de conformidad con artículo 212 parágrafo I inciso b) del Código Tributario Boliviano. 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario Boliviano (CTB), será de cumplimiento obligatorio para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley N° 2492 (CTB) y sea con nota de atención

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 de la Ley N° 2492 (CTB), el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente, resolución es de 20 días computables a partir de su notificación

Eric Austerto Rojas Urquiza 

DIRECTOR EJECUTIVO REGIONAL 

DIRECCIÓN EJECUTIVA REGIONAL utoridad Regional de Impugnación Tributaria Coba

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