ARIT-CBA-RA-0200-2017 La Resolución determinativa que se constituye en la omisión de pago de IVA IT, IUE la misma es anulada por la AIT, debido a que la administración tributaria no realizo una valoración fundamentada con documentación de los ingresos presuntos del contribuyente, lo que ocasiona que la vista de cargo no fue emitida con los requisitos previstos en la norma

ARIT-CBA-RA-0200-2017

Cochobamba 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBAIRA 0200/201

Recurrente 

: Mario Córdova Pinto, legalmente representada por Cinthia 

Torrico Orellana. 

Recurrido 

: Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio 

de Impuestos Nacionales, legalmente · representada por Rosmery Villacorta Guzmán 

Expediente 

ARIT-CBA-0022/201

Acto Impugnado : Resolución Determinativa N° 171739000010 de 10 de enero de 2017 

Fech

: Cochabamba, 2 de mayo de 2017 

VISTOS: El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT CBA/ITJ 0200/2017 de 2 de mayo de 2017, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

IUPUS 

voxa 

staniemy 2 Beddenrama 

Pe VoBO 0

ASJAD 

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO Resolución Determinativa N° 171739000010 de 10 de enero de 2017, que determinó las obligaciones impositivas del contribuyente Mario Córdova Pinto, en la suma de UFVs973.914.- equivalentes a Bs2,118.058.-, que consolida el tributo omitido, intereses, sanción por omisión de pago y multa por incumplimiento a deberes formales, correspondiente al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (UE) de la gestión concluida a diciembre de 2011; acto notificado mediante cédula al contribuyente el 16 de enero de 2017 (fojas 2982-3039 C-15 de antecedentes administrativos). 

19 Espada Estrada 

VoB 5) 

Aranibar vejia 

VoBo 

SJ

Villa Alanes 

VOBO

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA Jl. 1. Argumentos del Recurrente. Mario Córdova Pinto, legalmente representada por Cinthia Torrico Orellana conforme al Testimonio de Poder No 1188/2015 de 06 de octubre de 2015 (fojas 56-57 del expediente administrativo), interpuso. Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa No 171739000010 de 10 de enero de 2017, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (fojas 58-65 del expediente administrativo), argumentando lo siguiente: 

wa CHAHOO 

WV 

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Teresy Rosano 8. Rocha NoBo 

RIBUTARIN 

DER MY 

Sostuvo la vulneración al ordenamiento jurídico, por la notificación de actuaciones fuera del plazo legal, emitiendo una Resolución Determinativa con fundamentos contrarios a la 

NB: ISO 

9001 IBNORCA Sitisu de Cro

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Catikoda TECN1411 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Maria tasaq kuraq kamachiq(Quechua) 

normativa tributaria en vigencia, respecto a determinación sobre base presunta, lesionando el debido proceso e incurriendo en causales de nulidad. 

Vulneración al derecho a la impugnación, debido proceso, derecho a respuesta, principio pro actione por el incumplimiento del artículo 104 del Código Tributario y prescripción de facultades de determinación por parte de la Administración Tributaria. 

Señaló el incumplimiento del artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB), es decir, que al 21 de septiembre de 2016, la Administración Tributaria no cumplió con la emisión de la Vista de Cargo correspondiente; y menos le dieron a conocer prórroga justificada emitida por la MAE del Servicio de Impuestos Nacionales, para la ampliación de seis meses en el desarrollo de la fiscalización llevada a cabo, a pesar de haber solicitado el mismo, impidiendo ejercer su derecho a recurrir la inexistencia de la citada autorización de ampliación o prórroga, refiriéndose a la precisado en la STG/RJ/0162/2005 de 29 de julio de 2005, ampliando su argumentación, con la SC 0176/20003-R en cuanto al derecho a la petición. 

Por otro lado, alegó que debido a que los hechos generadores pertenecen a la gestión 2011, las facultades de la entidad recurrida prescribieron, estando la Resolución impugnada nula de pleno derecho

Martifestó, que los aspectos referidos previamente, fueron omitidos maliciosamente en la Resolución recurrida, destacando que si bien la vista de Cargo fue emitida en plazo, pero su notificación fue materializada 30 días después, es decir fuera de los 12 meses, cuando debierori hacerlo en un plazo máximo de cinco (5) días, refiriéndose al artículo 133 de la Ley N° 2341 (LPA); coligiendo la vulneración del derecho a la defensa y el debido proceso, impidiéndole conocer los motivos que impulsaron el atraso en el proceso de fiscalización y su ampliación respectiva, acotando que los actos administrativos surteri efectos en la fecha de sufriotificación y no en su fecha de emisión. 

Insistió que, la Resolución Determinativa recurrida, afectó los derechos fundamentales al debido proceso y seguridad jurídica, contemplado en el artículo 180 de la Constitución Política del Estado (CPE) y la vulneración al artículo 104 numerales My V de la Ley N° 2492 (CTB)

NO-ISO 

9001 IBNORCA Sistema de Galion 

44 Caldad Chtificado IEC27414 

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Cochabamba 

IM 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Nulidad de la Resolución impaga por la aplicación retroactiva de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13 de 08 de mayo de 2013. 

Señaló que la Vista de Cargo y el acto impugnado, utilizan como fundamento para la determinación sobre base presunta, la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13 de 08 de mayo de 2013, sin tomar en cuenta que los hechos generadores sucedieron en la gestión 2012, otorgando a dicha normativa la calidad de retroactiva, trasgrediendo el artículo 123 de la Constitución Política del Estado (CPE), la cual debe aplicarse prioritariamente ante cualquier otra norma jurídica inferior jerarquía, 

Asimismo, precisó que la Administración Tributaria procedió con la errónea aplicación de la

norma citada, pues no consideró y analizó el valor probatorio a la documentación recabada 

en dicho proceso, así como a los descargos producidos; además de no haber aplicado la normativa legal vigente en los periodos fiscalizados, correspondiendo dejar sin efecto, lo 

obrado por la entidad tributaria; correspondiendo la nulidad de dichas actuaciones, para la aplicación de las disposiciones jurídicas en vigencia en relación a la temporalidad de los 

BVPUGN

actos. 

ROPA RECO

Marta Pérez o rtanta 

VoBo 

RIBUTARN 

Determinación sobre base cierta y presunta, efectuada sin fundamentación. Que la determinación, no responde al principio constitucional de verdad material previsto en el artículo 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); y que de acuerdo a la doctrina, las reglas establecidas para la determinación, no dan opción o libertad de elección entre 

varios resultados posibles; predominando el principio de verdad material; y que la certeza de los hechos, establecería la seguridad necesaria para el cumplimiento de los fines de la 

Administración Tributaria, 

Escada Est348 

  1. 19. V 

Sostuvo que los fiscalizadores, no identificaron las diferencias inesperadas o la ausencia de diferencias esperadas, que debieron ser investigados sin recumir a la determinación sobre base cierta y presunta, lo cual no se encuentra contemplado en la normativa utilizada por la Administración Tributaria, coligiendo que el procedimiento no constituye por sí mismo, un elemento contundente y cierto de determinación de impuestos omitidos. 

BLOC INPUT 

Alanes 

VoB 

Y 312 

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Teresa Bestarice Bodi Rocha 

WoBo 

Expuso que, la determinación sobre base presunta, se basó en la información de controles cruzados que no reflejarían su realidad económica y/o la verdad material de sus operaciones, sustentando la existencia de ventas no declaradas en presunciones sobre el movimiento de cuentas bancarias, aludiendo a la Resolución de Recurso Jerárquico No AGIT-RJ-0306/2015, que establecen la realización de una determinación de tributos, sobre 

NB-ISO 

9001 IBNORCA 

ou do Gatis 

هیتلانا 

Ceruricador EC-27414 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymasa) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

base cierta basada en la revisión de toda la documentación proporcionada por el contribuyente. 

Indicó que la determinación sobre base presunta, debió ser utilizada como último recurso, sin contener el acto impugnado, una debida fundamentación de hecho y de derecho y menos para el método aplicado, reiterando la ausencia de una valoración de la prueba ofrecida, a pesar que la misma estaba notariada y foliada. 

Por tanto, precisó que el procedimiento estaría viciada de nulidad en virtud al inciso C) artículo 35 de la Ley N° 2341 (LPA) aplicable por mandato del artículo 74 de la Ley N° 2492 (CTB). 

Por otra parte, arguyó la vulneración de los artículos 96 y 99 de la Ley N° 2492 (CTB), indicando que ambos actos obvian establecer de manera adecuada los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten el reparo establecido por el IUE, debido a ingresos supuestamente no declarados que se basan en depósitos bancarios, existiendo únicamente la cuantificación de la misma, aspecto que vicia de nulidad dicha actuación. 

Asimismo, refirió lo señalado en el artículo 95 de la Ley N° 2492 (CTB), así como los artículos 16 y 17 de la mencionada norma legal, aclarando que con ellos, fueron establecidos formalidades y requisitos para evitar la discrecionalidad de la Administración Tributaria y que por el contrario, dicha determinación este acorde al principio de verdad material y debidamente respaldado con documento probatorio; por consiguiente, la información de los depósitos bancarios, no cumplen los requisitos establecidos en los artículos 95, 16 y 17 de la Ley N° 2492 (CTB), siendo deber del SIN, respaldar que dichos movimientos fueron originados en la percepción de ingresos gravados, aludiendo a la Sentencia No 35 – Auto Supremo N° 35/2016-S de 11 de mayo de 2016. 

La Resolución Determinativa determinó un IUE omitido, sin considerar las pérdidas 

acumuladas, gastos no deducibles y otros. Sostuvo que, la Administración Tributaria no consideró la aplicación del artículo 48 de la Ley N° 843 y artículo 32 del Decreto Supremo N° 24051, es decir, la compensación de las rdidas de fuente boliviana que la empresa tuviera acumuladas, falencia advertida en la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, las mismas que no fueron tomados en cuenta para reducir la supuesta utilidad imponible adicional establecida limitándose a aplicar el 25% a todas las depuraciones de gastos efectuados sin fundamento legal

NB ISO 

9001: IBNORCA Sistema de Gestió

de la Calidad Catile da NEC2744

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Cochabamba 

LI 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Mencionó que, la Resolución recurrida no tomó en cuenta los artículos 36 y 47 de la Ley N° 843, pues no consideró los Gastos No Deducibles, limitándose a multiplicar el valor de alicuota con los gastos depurados efectuados sin fundamento alguno. 

Depuración ilegal de las facturas observadas y determinación en base cierta con actuados insuficientes. Precisó que, las facturas observadas corresponden a insumos para la actividad económica, plenamente verificables con la Consulta a la Actividad Económica, debido a que los gastos forman parte de su utilidad, cumpliendo con los requisitos exigidos para beneficiarse del Crédito Fiscal, de acuerdo a los artículos 8 y 47 de la Ley N° 843 y artículo 8 del Decreto Supremo N° 21530, siendo necesarios para la obtención de la utilidad y conservación de la fuente

BUGILCE

Guardians 

GRECIO 

Prosiguió indicando los requisitos por ley y aquellos definidos jurisprudencialmente; y que más allá de ello, la Administración Tributaria posee las más amplias facultades 

investigar, verificar, fiscalizar los hechos, actos, datos y elementos que integren un hecho imponible, además que los proveedores declararon las citadas facturas en su Libro de Ventas IVA, no existiendo un control cruzado o requerimiento a los emisores de las notas fiscales observadas, encontrándose incompleta la determinación sobre base cierta

alderram

Actas por contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación, de establecer específicamente la contravención y sancionan por 

partida doble una misma contravención. 

espada Esyada 

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anidar Mejia 

Vobo SH 

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Adujo que, las Actas por Contravenciones Tributarias, no establecen específicamente los elementos requeridos que no fueron entregados; puntualizando que el segundo requerimiento del que fue objeto, omitiendo también detallar los documentos entregados y faltantes, como establece la Ley, sancionando por partida doble el incumplimiento con importes contradictorios e ilegales. 

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PVuat Alanes 

VoB

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En petitorio; -solicitó una resolución anulatoria, para que bajo el principio de verdad material, la Administración Tributaria requiera las facturas del emisor que demostrarían ampliamente la validez de las facturas observadas. 

Teresare Besanid

Beat Rocha

voBo 

[1.2. Auto de Admisión 

El 09 de febrero de 2017, ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Admisión EXPEDIENTE ARIT-CBA-0022/2017, admitiendo el Recurso de 

NB-ISO 

2001 JBNORC

Alzada interpuesto por Cinthia Torrico Orellana en representación de MARIO CÓRDOVA Sistema de Gestion 

de la Calldet 

Certificat

EC201

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Justicia tributaria para vivir bien Jamit‘ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

PINTO, contra el Resolución Determinativa N° 171739000010 de 10 de enero de 2017, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (fojas 66 del expediente administrativo). 

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria. La Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente representada por Rosmery Villacorta Guzmán, acredito personería conforme a Resolución Administrativa de Presidencia No 030391-16 de 01 de agosto de 2016 (fojas 69-70 del expediente administrativo), por memorial presentado el 03 de marzo de 2017 (fojas 71-78 del expediente administrativo) contestó negativamente al Recurso de Alzada interpuesto, exponiendo los siguientes argumentos: 

Sobre la vulneración del derecho de impugnación, debido proceso, derecho a respuesta por incumplimiento del artículo 104 del Código Tributario Boliviano. Sostuvo que no existió forma legal de justificar la aplicación del artículo 33 de la Ley N° 2341 (LPA), cuando existe normativa tributaria específica, aclarando su aplicación sólo en el caso de ausencia de norma

En cuanto al incumplimiento del artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB), puntualizando que la emisión de la Vista de Cargo debe efectuarse en un máximo de 12 meses desde el inicio del proceso de fiscalización, el cual comienza con la notificación de la Orden de Fiscalización, hecho que sucedió el 21 de septiembre de 2015 y la Vista de Cargo en cuestión fue emitida en el plazo previsto por el artículo citado previamente, fundada en hechos, actos, datos, elementos y lo exigido por el artículo 96 de la Ley N° 2492 (CTB); acto que se constituye en la comunicación oficial de los resultados arribados por la Administración Tributaria, dándole la posibilidad de asumir la defensa de rigor, razonamiento congruente con el artículo 18 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB). 

En virtud a lo expuesto, señaló que no existió vulneración al debido proceso previsto en el parágrafo Il artículo 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), garantizando además lo señalado en los numerales 6 y 7 artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB)

Manifestó que, las causales de nulidad, deben estar expresamente sancionadas en la norma legal y que emanen de la vulneración del debido proceso sobre todo el derecho a la defensa; y en el presente caso, fueron precauteladas las garantias constitucionales, siendo prueba de ellos, el conocimiento de todos y cada uno de los actuados emitidos por la 

NB-ISO 

9001 IBNORCA Salon de Gerlón 

de la Calld Certificado NEC27444 

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Cochabamba 

AUTORIDAO DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Administración Tributaria y las respuestas a las solicitudes presentadas por el sujeto pasivo, enunciando al respecto al Auto Supremo 089/2014 de 30 de abril de 2014 

Sostuvo que en el presente caso, el sujeto pasivo, no precisó la normativa legal que dispondría la nulidad; y menos que la supuesta omisión haya afectado sus derechos o limitado sus acciones. 

Por otro lado, sobre la falta de respuesta, arguyó que el recurrente no especificó cuál fue la solicitud carente de atención, aclarando que todas las peticiones de Mario Córdova Pinto fueron debidamente atendidos, mediante Proveídos expresos emitidos por ésta Gerencia GRACO Cochabamba y que los mismos fueron notificados mediante Secretaría conforme artículo 90 de la Ley N° 2492 (CTB); asimismo, precisó que el acto impugnado contiene un detalle cronológico de todas las solicitudes y sus correspondientes respuestas, demostrando así que no fueron trasgredidos derechos y garantías constitucionales. 

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15 Касетата 

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Aplicación indebida de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13 y la 

determinación de la base sobre base cierta y presunta en depósitos bancarios. Argumento que la forma de determinación, responde a las normas de derecho procesal o adjetivo, para el cual debe aplicarse la normativa vigente a momento de iniciar el procedimiento señalando al respecto, la Sentencia Constitucional No 1047/2013 y el principio tempus regis actum, destacando la utilización de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13, a todo procedimiento administrativo iniciado con posterioridad al 08 de mayo de 2013, debiendo entenderse que el caso sujeto a análisis, inició el 15 de septiembre de 21015, en plena vigencia de la Resolución Normativa de Directorio referida líneas previas, sin transgredir así, los artículos 123 y 150 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

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Por otra parte, en cuanto a determinación sobre base cierta y base presunta, alegó que los artículos 43, 44 y 45 de la Ley N° 2492 (CTB), no restinga menos limita el uso de ambos métodos para la determinación de la base imponible; resaltando que, la aplicación de dichos métodos, sobre conceptos diferentes, resultaría correcta: 1) Base Presunta para los depósitos en las cuentas bancarias y; 2) Gastos imputados a los resultados de la gestión 2011 sin documentación de respaldo, que demuestre la realización y que además 

sostengan su necesidad, para la obtención y conservación de la fuente generadora de – ingresos

Teresa de Rosario

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  1. 9001. IBNORCA Sistem de cad

Abid Centexto TEC ZUH 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

I

Reiteró que la determinación en base en función a los ingresos percibidos en cuentas bancarias Nos. 44722-002-4 M/N y 44722-000201-9, cumplió los requisitos establecidas por la Ley para la aplicación de este método, resaltando que en dos oportunidades solicitó documentación al contribuyente, la cual no fue atenida en su totalidad, razón que impulsó obtener información de terceros que permitan establecer la realidad económica del sujeto pasivo, ejerciendo su labor investigativa, no pudiendo reclamar el sujeto pasivo determinación sobre base cierta, señalando que cursa antecedentes del trabajo realizado y la documentación que respalda la posición asumida, dando cumplimiento a lo señalado en el artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10001713. 

Con relación a la determinación de base presunta de otros ingresos percibidos (depósitos) en cuentas Bancarias N° 44722-002-4 MN y N° 44722-00201-9 ME Banco Bisa S.A.”, aclaró que el Banco BISA S.A. informó la existencia de dos cuentas bancarias N° 44722 002-4 MIN y 44722-201-9 M/E registrada a nombre del contribuyente y otras 3 cuentas Nos. 69124-001-1 MIN, 69124201-3 ME y 69124-202-1 M/E que figuran a la empresa PECA GAS Envasadora de GLP, aspecto que fue solicitado al contribuyente y que a pesar de la ampliación de plazo de cinco (5) dias, no fue cumplida por el sujeto pasivo, realizando la determinación en función a la información proporcionada por la entidad información, no existiendo en los Estados Financieros del sujeto pasivo, registro de cuentas de exigible que haga presumir que dichos depósitos comprenden movimiento de periodos anteriores. 

Añadió que, el contribuyente no presentó documentación contable de sus transacciones) que demuestre el movimiento económico financiero reflejado en sus Estados Financieros a Diciembre 2011, comparando los ingresos expuestos en su Estado de Resultados y los declarados en el Formulario 200 y estableciendo una diferencia, demostrando así la presunción efectuada; añadiendo que no puede tomarse en cuenta el Auto Supremo No 35/2016-s, pues este, se refiere a la determinación sobre base cierta en el caso de depósitos bancarios. 

La determinación no considera la pérdida acumulada y los gastos no deducibles. Que para la determinación del UE, dio cumplimiento al artículo 48 de la Ley N° 843 modificado por la Ley 169 de 09 de septiembre de 2011, que establece la posibilidad de compensación de la pérdida de fuente boliviana, como máximo hasta los 3 años siguientes; acotando que el sujeto pasivo no efectuó la determinación del IUE conforme a lo previsto en la Ley N° 843, Decreto Supremo N° 24051, numeral 11 artículo 66 de la Ley N° 2492 (CTB) modificada por el artículo 20 de la Ley No 062, artículo 37 del Decreto Supremo N° 27310, modificada por la Disposición Final Cuarta del Decreto Supremo 772, en los artículos 1, 2, 3 Skien de Gracion 

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NB-ISO 

9001 [BXORCA Skierta de Grauon 

de Caldxd Certificado IEC2741

AIT

Cochabamba 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

y 6 y parágrafo | artículo 7 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0011-11 y otras 

disposiciones conexas. 

Con relación a la omisión de los gastos no deducibles, precisó que el contribuyente al momento de declarar el formulario 500 V-2 de la gestión 2011, no incluyó gastos no deducibles en la casilla 71; en consecuencia su reclamo, careceria de consistencia y congruencia 

Por último, arguyó la ausencia de documentación que respalde los argumentos expuestos, tal como exige el artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB). 

Depuración ilegal de las facturas observadas. Sostuvo que la depuración se debió a la falta de sustento documental que demuestre la realización de los gastos expuestos en su Estado de Resultados, así como su vinculación con la actividad gravada y la condición de ser un gasto necesario para la obtención y conservación de la fuente generadora de ingresos, señalando los documentos ofrecidos por parte del sujeto pasivo, aclarando además el incumplimiento de lo requerido al inicio de la fiscalización. Asimismo, expuso que fue contravenido el artículo 35 del Decreto Supremo No 24051 referido a los registros y operaciones contables, determinando diferencias que no cuentan con documentación de respaldo. 

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Las Actas por contravenciones Tributarias sancionan dos veces la misma contravención. Manifestó que las Actas fueron labradas porque el contribuyente incumplió lo dispuesto en el numeral 8 artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), procediendo a sancionar por la entrega parcial de información y documentación requeridos mediante Orden de Fiscalización No 00150FE00013 y Requerimiento No 127403, así como el incumplimiento de la Nota No 06 01303-16; sanciones que fueron expuestas en las Actas Nos. 147775 y 147777, destacando que no fue multado el contribuyente dos veces por el mismo incumplimiento, pues efectuó dos requerimientos de documentación en diferentes oportunidades y fue el sujeto pasivo quien no cumplió con lo previsto en el artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB). 

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VoBo 

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Por todo lo descrito, solicitó Resolución de Recurso de Alzada, confirmando en todas sus partes la Resolución Determinativa N° 171739000010 de 10 de enero de 2017. 

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  1. IBNORCE Sub de Gestio

dboarded Cartrido KEC-27414 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitäyir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

11.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba. EI 06 de marzo de 2017, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Apertura Término de Prueba EXPEDIENTE ARIT-CBA-0022/2017, disponiendo la apertura del término de prueba de 20 días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del inciso d) artículo 218 de la Ley N° 2492 (Título V CTB) (fojas 79 del expediente administrativo). 

11.4.1. Prueba Administración Tributaria, El 23 de marzo de 2017, Rosmery Villacorta Guzmán en representación de la Gerencia Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales, se apersonó y ratificó en calidad de prueba documental los antecedentes administrativos (fojas 81 del expediente administrativo). 

11.5. Alegatos. 11.5.1. Alegatos Sujeto Pasivo. . Por memorial presentado el 17 de abril de 2017, Cinthia Torrico Orellana apoderada de Mario Córdova Pinto, presentó alegatos refiriendo que la Resolución impugnada es anulable, encontrándose viciada y que dentro de sus elementos mínimos y su procedimiento se realizó imperfectamente, vulnerando la Administración Tributaria los derechos fundamentales ignorando la normativa legal, asimismo que la Administración Tributaria perdió por el transcurso del tiempo, sus facultades de acción de acuerdo a lo establecido en el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que solicitó se rechace o acepte la solicitud de prescripción (fojas 84-85 del expediente administrativo).

11.5.2. Alegatos Sujeto Activo. Por memorial presentado el 17 de abril de 2017, la Administración Tributaria presentó alegatos, ratificando los argumentos esgrimidos a momento de contestar el Recurso de Alzada (fojas 90-94 del expediente administrativo). 

  1. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA. .. El 04 de septiembre de 2015, la Gerencia GRACO Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Orden de Fiscalización N° 00150FE00013, que comprendia la verificación de los hechos y/o elementos relacionados con el IUE por la gestión concluida al 31 de diciembre de 2011. Acto que fue notificado mediante cédula, a los representantes legales del sujeto pasivo, el 21 de septiembre de 2015 (fojas 3 y 15 C-1 de antecedentes administrativos). 

NB-150 

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de Cax Corticado NEC27414 

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(AIT

Cochabamba 

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AUTDRIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

El 15 de septiembre de 2015, la Administración Tributaria emitió el Formulario de Requerimiento No 00127903 y Anexo, manifestando que para el inicio de la fiscalización de referencia, requiriendo documentación que fue detallada en originales, fotocopias y en los casos requeridos en medios magnéticos. Otorgando un plazo para la documentación solicitada de 5 días hábiles a partir de la notificación. Acto que fue notificado mediante cédula, a los representantes legales del sujeto pasivo, el 21 de septiembre de 2015 (fojas 4 7 y 15 C-1 de antecedentes administrativos). 

Por carta presentada el 24 de septiembre de 2015, Mario Córdova Pinto, solicitó al Servicio de Impuestos Nacionales, la ampliación de quince (15) días a partir de la legal notificación del requerimiento; petición que fue atendida por la Administración Tributaria mediante Proveido No 24-00746-15, otorgándole el plazo de 10 días para cumplir con los requerimientos notificados (fojas 1723 C-1 de antecedentes administrativos)

DE WPUGU 

El 22 de octubre de 2015, el SIN emitió el Requerimiento No 00127932 y su anexo, exponiendo documentación e información referida a la verificación y objeto de fiscalización e incluso aclaraciones sobre los saldos expuestos en su Estado de Resultados. Actos que fueron notificados el 30 de octubre de 2015 (fojas 2430 C-1 de antecedentes administrativos)

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El 03 de noviembre de 2015, el contribuyente mediante memorial, solicitó la ampliación de plazo para la presentación de la documentación requerida en el Formulario N° 4003 Requerimientos Nos. 00127933 y 00127932, el cual fue concedida por ocho (8) días mediante Proveido No 24-0085915, acto que fue notificado el 18 de noviembre de 2015 (fojas 3237 C1 de antecedentes administrativas). 

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La Administración Tributaria, mediante Actas de Recepción de Documentación, recepcionó la documentación entregada por el contribuyente, en fechas 13 de octubre, 12 y 20 de noviembre, así como el 03 de diciembre todos ellos de la gestión 2015 (fojas 58-62 C1 de antecedentes administrativos). 

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Le Teresa del Rosario 

El 05 de abril de 2016, la Administración Tributaria mediante CITE: SIN/GGCBBA/DF/NOT/00373/2016 comunicó al contribuyente la realización de una inspección ocular con el propósito de evidenciar físicamente los activos fijos declarados – (fojas 38 C1 de antecedentes administrativos). 

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9001 IBNORCA 5 de GenICA 

de la Casa Certificado NEC-2014 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kurag kamachiq (Quechua

El 09 de mayo de 2016, conforme a CITE: SINGGCBBA/DF/FE/NOT/00564/2016 el SIN solicitó al contribuyente, información referente al Banco BISA Cta. Cte. MN No 44722002 4, Cta. Cte. ME N° 44722-201-9, Cta. Cte. MXN No 69124001-1, Cta. Cte. M/E N° 69124 201-3, Cta. Cte. MN No 44722-0024, Cta. Cte. ME 447222019 y Cta. Cte. MN No 69124-0011. Acto que fue notificado el 13 de mayo de 2016 (fojas 39-50 C-1 de antecedentes administrativos). 

El 20 de mayo de 2016, mediante nota, el contribuyente solicitó una ampliación para la presentación de la información bancaria requerida; la misma que fue atendida por la Administración Tributaria con el Proveido No 24-00413-16 que fue notificado mediante cédula, el 31 de mayo de 2016 (fojas 52-57 C1 de antecedentes administrativos). 

El 19 de septiembre de 2016, la Administración Tributaria emitió Informe Final CITE: SIN/GGCBBA/DFNV/INF/02100/2016, salando que con el propósito de proseguir la determinación y recuperación de adeudos a favor del fisco, resultado de la Orden de Fiscalización No 00150FE00013, correspondía la emisión de la Vista de Cargo de conformidad a lo previsto en el artículo 96, parágrafo I y articulo 104 parágrafo IV de la Ley N° 2492 (CTB) (fojas 2663-2716 de C-14 de antecedentes administrativos). 

El 19 de septiembre de 2016, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo N° 29 0018916, estableciendo un reparo por Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de Bs766.699.-, derivando en una deuda tributaria total de Bs.2.077.936.- equivalente a UFVs 965.893.- que incluye tributo omitido, intereses, sanción por la calificación de la conducta del contribuyente y multas por incumplimiento a deberes formales. Acto que fue notificado mediante Cédula el 18 de octubre de 2016 (fojas 27172766 de C-14 de antecedentes administrativos). 

El 15 de septiembre de 2016, el contribuyente mediante oficio solicitó a la Administración Tributaria la devolución de los documentos entregados en las órdenes de Fiscalización Nos. 00150FE00013 y 00150FE00014 de 04 de septiembre de 2015, haciendo referencia también a la ausencia de notificación del acto, que establezca la ampliación de la fecha de finalización de la fiscalización, argumentación que fue atendida por la Administración Tributaria mediante Proveido N° 2400880-16 (fajas 2907-2908 C-15 de antecedentes administrativos). 

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El 07 de noviembre de 2016, el sujeto pasivo, mediante a oficio hizo notar al SIN que la documentación original recibida como devuelta, se encontraría incompleta; situación que s 

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IBNORCA Sisterca de Gest

de la Cdxd Certificado KÉG21

Cochabamba 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

requiere sea considerado como parte del expediente administrativo (fojas 2017-2018 C-15 de antecedentes administrativos). 

El 07 de noviembre de 2016, el contribuyente mediante memorial, solicitó aclaración y complementación del Proveido No 24-00880-16 de 20 de septiembre de 2016, referido a

tiempo suscitado hasta a la notificación de la Vista de Cargo N° 2900189-16 y del acto administrativo, vinculado con la ampliación para la fiscalización desarrollada (fajas 2922 2923 C15 de antecedentes administrativos). 

El 21 de noviembre de 2016, la entidad fiscalizadora mediante CITE: SINGGCBBA/DJCC/UTJ/PROV/00018/2016, emitió el Proveido No 24-0103316 atendió el memorial de 07 de noviembre, señalando además que fueron notificadas las vistas de Cargo Nos. 29-00189-16 y 29-00187-16 y que se encontrarían en la etapa de descargos previstas en el artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB); y que la argumentación expuesta en dicho memorial seria atendida y valorada en la Resolución Determinativa conforme lo prevé el artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB). Acto que fue notificado cedulariamente, el 29 de noviembre de 2016 (fojas 2926-2930 C-15 de antecedentes administrativos). 

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El 06 de enero de 2017, el SIN emitió el Informe de Conclusiones CITE: SIN/GGCBBA/DJCC/UTJ/INF/13/2017 ratificando los conceptos e importes inicialmente establecidos, reportados y comunicados mediante Vista de Cargo N° 29-00189-16, por las que el sujeto pasivo no presentó descargos, ni anunció su presentación, para ser considerados en la determinación de la Deuda Tributaria: recomendando la prosecución con la determinación y recuperación de adeudos tributarios a favor del fisco, en consecuencia la emisión de la Resolución Determinativa correspondiente (fojas 2931-2981 C-15 de antecedentes administrativos). 

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EI 06 de enero de 2017, la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa No 171739000010 de 10 de enero de 2017, determinando las obligaciones impositivas del contribuyente Mario Córdova Pinto, en la suma de UFVs973.914.- equivalentes a Bs2.118.058.-, que consolida tributo omitido, intereses, sanción por omisión de pago y multa por incumplimiento a deberes formales, correspondiente al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de la gestión concluida a diciembre de 2011; acto notificado mediante cédula al contribuyente el 16 de enero de 2017 (fojas 2982-3039 C15 de antecedentes administrativos). 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq(Quechua) AA..intatas..–L--1–!l. 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA IV.1. Cuestión Previa. Conforme se tiene de la revisión del Recurso de Alzada planteado por Mario Córdova Pinto a través de su representante Cintia Torrico Orellana, evidenciamos que trajo a colación para el análisis técnico jurídico, situaciones y aspectos tanto de forma como de fondo; en ese entendido, de acuerdo a los principios procesales precautelando el debido proceso y el derecho a la defensa de ambas partes, ésta instancia recursiva previamente efectuará la verificación y el análisis sobre la existencia de los vicios procesales o de forma denunciados 

caso de no ser evidentes, ingresará al análisis de los aspectos de fondo para determinar lo que en derecho corresponda

1.2. Sobre el incumplimiento del artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB). El sujeto pasivo, alégó que la Administración Tributaria omitió notificarle con el acto pertinente que prorrogue el plazo de fiscalización, impidiéndole el derecho a la defensa y la posibilidad de recurrir, a pesar que dicha omisión fue reclamada oportunamente a la entidad recurrida y que la misma hizo caso omiso de ello, transgrediendo el derecho de contar con una respuesta pronta y oportuna. 

De igual forma, precisó el incumplimiento al artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB), toda vez que la Vista de Cargo fue emitida y notificada posterior a los doce (12) meses previstos en la citada norma legal, observación que la sustenta además, arguyendo el artículo 33 de la Ley N° 2341 (LPA)

Al respecto la Administración Tributaria, sostuvo que el artículo 33 de la citada Ley N° 2341 (LPA) no es aplicable al presente caso, al existir normativa específica referida a la emisión y notificación de la Vista de Cargo; arguyendo que cumplió con los plazos y procedimientos establecidos en la Ley N° 2492 (CTB), pues el citado acto fue emitido dentro los doce (12) meses previstos en el artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB), conteniendo todos los elementos y requisitos señalados en el artículo 96 de la Ley N° 2492 (CTB), comunicación formal que le dio la posibilidad al administrado, de asumir la defensa correspondiente, coligiendo que sus actuaciones garantizaron el debido proceso, no existiendo normativa referida por el sujeto pasivo, que sustente la nulidad argüida, además de no especificar la solicitud que no hubiera sido atendida por dicha Administración Tributaria, destacando que todas las peticiones del ahora recurrente fueron atendidas mediante la emisión de Proveídos. 

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9001 IBNORCA Sistema de Gestion 

de la Gardxd Certificado NEC2744

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AUTORIDAD DE LAPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Al respecto, la doctrina administrativa considera que en general los vicios determinan las consecuencias que ocasionan, conforme a un criterio cualitativo, de práctica jurisprudencial y política jurídica; así a menor grado del vicio, el acto puede ser válido o anulable; por el contrario si el vicio es grave o muy grave, el acto será nulo y sólo en casos de grosera violación del derecho o falta de seriedad, será inexistente(GORDILLO Agustin, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 3, p. XI40). Asimismo, Manuel Ossorio en el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Pág. 90, considera anulable a la condición de los actos o negocios jurídicos que pueden ser declarados nulos e ineficaces por existir en su constitución un vicio o defecto capaz de producir tal resultado, los actos anulables son 

válidos mientras no se declare su nulidad”. 

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Igualmente, el diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales de Manuel Ossorio citado previamente, define la “Anulabilidadcomo: “(…) Condición de los actos o negocios jurídicos que pueden ser declarados nulos e ineficaces por existir en su constitución un vicio o defecto capaz de producir tal resultado. Así como los actos nulos carecen de validez por sí mismos, los anulables son válidos mientras no se declare su nulidad (…), de la misma forma define la “nulidadcomo: ...) Ineficacia en un acto jurídico como consecuencia de carecer de las condiciones necesarias para su validez, sean ellas de fondo o de forma (…).vicio de que adolece un acto jurídico si se ha realizado con violación u omisión de ciertas formas o requisitos indispensables para considerarlo como válido, por lo cual la nulidad se considera insita en el mismo acto, sin necesidad de que se haya declarado o juzgado (…) la nulidad se entiende que es siempre de pleno derecho, porque no necesita ser reclamada por parte interesada, inversamente a lo que sucede con la anulabilidad (v.) de los actos jurídicos, que se reputan válidos mientras no sean anulados, y solo se tendrán por nulos desde el día de la sentencia que así los declare. Y puede la nulidad ser completa, cuando afecta a la totalidad del acto, o parcial, si la disposición nula no afecta a otras disposiciones válidas, cuando son separables (…)”. De tal modo que la “nulidades entendida como la sanción legal que se establece para los actos administrativos en los que se omiten algunos de los requisitos fundamentales que la ley demanda para su existencia

Juan José Espadresada

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Teresa del Mesario 

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En cuanto al debido proceso, la Sentencia Constitucional N° 0119/2003-R de 28 de enero, señaló lo siguiente: “...comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos, (...) Se entiende que el derecho al debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales o administrativas y constituye una garantia de legalidad procesal que 

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de GCaHxd Certificado EC-27014 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jacha kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq(Quechua

ha previsto el Constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales…”

Por su parte, la Sentencia Constitucional N° 073/2014 de 3 de enero, estableció lo siguiente: “La jurisprudencia saló que el debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales, jurisdiccionales y administrativas, y constituye una garantia de legalidad procesal prevista por el constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales o administrativas. Abarca un conjunto de derechos y garantías mínimas que garantizan el diseño de los procedimientos judiciales y administrativos, entre sus elementos se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma, es decir, debe llevar al convencimiento que se hizo justicia, tanto a las partes, abogados, acusadores y defensores, así como a la opinión pública en general; de lo contrario, no sólo se suprimiria una parte estructural de la resolución sino impediría que las partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas legales, basta con que ésta sea concisa pero clara y satisfaga todos los aspectos demandados”

En la normativa interna, el artículo 115 parágrafo II de la Constitución Política del Estado (CPE) establece que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; el artículo 117 parágrafo de la norma suprema citada dispone que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso; continuando con la norma citada el artículo 119 parágrafo ll que dispone que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. 

Por su parte, el numeral 6 del artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB), dispone que constituye derecho del sujeto pasivo, el debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código

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9001 IBNORCA Selma Gelin 

de la calidxd Cutiikado NEC2741

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Cochabamba 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

En ese contexto, el parágrafo !! artículo 29 del Decreto Supremo N° 27113 (RLPA) establece que el acto deberá contener resolución que: a) Observe estrictamente disposiciones constitucionales, legales o administrativas de mayor jerarquía; b) Cumpla con lo determinado en las sentencias del Tribunal Constitucional; c) Asegure derechos adquiridos mediante sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada o mediante actos administrativos que se encuentren firmes en sede administrativa; d) Sea preciso y claro; e) Sea de cumplimiento posible; f) No se encuentre en contradicción con la cuestión de hecho acreditada en el expediente o la situación de hecho reglada por las normas. 

Por otro lado, el parágrafo | artículo 96 de la Ley N° 2492 (CTB), dispone que la Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado. Además el parágrafo !!! de dicho referente legal, dispone que la ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el reglamento, viciará de nulidad la Vista de Cargo. 

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Continuando con la normativa citada, el parágrafo II del artículo 99 de la ley No 2492 (CTB). establece que la Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

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Teresa del Rosario 

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En cuanto a la nulidad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 36 parágrafo ll de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable supletoriamente en materia tributaria conforme lo previsto por el numeral 1) artículo 74-de la Ley N° 2492 (CTB), los actos administrativos son anulables cuando carezcan de los requisitos formales para alcanzar su fin o cuando den lugar a la indefensión de los interesados, concordante con el artículo 55 del Decreto Supremo No 27113 (RLPA), que señala que “será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimientos, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los imp administrados o lesione el interés público”. 

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Por otro lado, el artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB), en su parágrafo V, prevé que desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no podrán transcurrir más de doce (12) meses, sin embargo cuando la situación amerite un plazo más extenso, previa solicitud fundada, la máxima autoridad ejecutiva de la Administración Tributaria podrá autorizar una prórroga hasta por seis (6) meses más. 

Conforme a la normativa y los argumentos expuestos tanto por el sujeto pasivo como por el SIN, nos remitimos a obrados del presente caso, comprobando que la Orden de Fiscalización No 00150FE00013 con alcance IUE de la gestión 2011, fue notificada al recurrente mediante cédula el 21 de septiembre de 2015 (fojas 3 y 15 C-1 de antecedentes administrativos); acompañando dicha actuación, el Formulario de Requerimiento N° 4003 N° 00127903 y Anexo (fojas 4-5 C-1 de antecedentes administrativos), el cual amerito por parte del contribuyente, una respuesta mediante nota de 24 de septiembre de 2015, quedando claro con ello, su pleno conocimiento sobre el inicio de las facultades de verificación y control del Servicio de Impuestos Nacionales referente al IVE correspondiente a la gestión concluida al 31 de diciembre de 2011

Asimismo, comprobamos que a la conclusión del trabajo de campo, la Administración Tributaria en fecha 19 de septiembre de 2016, elaboró la Vista de Cargo N° 29-00189-16, estableciendo una deuda tributaria de UFV5965,893.- por el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (UE) de la gestión 2011; acto que fue notificado a Mario Córdova Pinto mediante cédula el 18 de octubre de 2016 (fajas 27172764 C-14 de antecedentes administrativos); comprobando que desde el inicio de la fiscalización (21 de septiembre de 2015) hasta la emisión de la Vista de Cargo citada en líneas previas, no transcurrieron más de (12) doce meses, quedando sentado que la emisión del citado acto, la Administración Tributaria cumplió lo previsto en el parágrafo V artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB).

Por otro lado, en cuanto a la notificación de la Vista de Cargo N° 29-00189-16, el artículo mencionado en el párrafo anterior, no define plazo alguno, para que la entidad fiscalizadora, deba materializar la notificación de la Vista de Cargo referida; y menos que dicha situación, pueda considerarse como un vicio de nulidad que comprometa la emisión del renombrado acto administrativo

Al respecto, si bien el parágrafo III artículo 33 de la Ley N° 2341 (LPA) define que la notificación deberá ser realizada en el plazo máximo de cinco (5) días a partir de la fecha en la que el acto haya sido dictado; dicha disposición en el ámbito tributario, es de aplicación supletoria tal como establece el numeral 1 articulo 74 y artículo 201 de la Ley N° 2492 sterren hoe Goulion 

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Cochabambo 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

(CTB) y solamente ante la ausencia de una disposición expresa, que impulse su aplicación; 

condición que en el presente caso no se advierte, toda vez que en el Código Tributario 

Boliviano, cursa no solamente un régimen de notificaciones, sino también el contexto 

nomativo referido al desarrollo del proceso de fiscalización, siendo evidente que las labores del SIN, referidas a la emisión del acto y su notificación, deben enmarcarse a dicho referente legal, no pudiendo el contribuyente, sustentar una nulidad bajo condiciones que no encuentran previstas en la normativa tributaria respectiva. 

De igual forma, señalar que con la notificación de la Vista de Cargo, el sujeto pasivo tuvo pleno conocimiento de los reparos establecidos, así como el origen de los mismos, no 

advirtiendo reclamo alguno por parte de Mario Córdova Pinto, durante la etapa de descargo, que haga presumir lo contrario; más cuando las actuaciones del recurrente, se centraron simplemente en solicitar la devolución de la documentación entregada en las Ordenes de Fiscalización Nos. 00150FE00013 y 00150FE00014 de 04 de septiembre de 2015, la aclaración y complementación al Proveido No 24-00880-16, éste último vinculado con el cuestionamiento sobre el tiempo asumido por el SIN para la emisión y notificación de la Vista de Cargo N° 29-00189-16 (fojas 2907, 2917-2918, 2922-2923 C-15 de antecedentes administrativos), dejando entrever la plena conformidad del recurrente sobre la forma como fue expuesta la sustentación fáctica, legal y los resultados arribados en la determinación desarrollada por la entidad fiscalizadora; en consecuencia la notificación de la Vista de Cargo no pudo vulnerar el derecho a la defensa, así ésta, se haya materializado después de aproximadamente un mes de la emisión del citado acto; puesto que el SIN en ningún momento, generó por el transcurso de dicho tiempo, otros cargos que no hayan sido de 

conocimiento al administrado. 

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Prosiguiendo con nuestro análisis, debemos dejar sentado que el tiempo asumido por la Administración Tributaria para materializar la notificación de sus actos, puede derivar en la configuración de responsabilidad por la función pública, empero este aspecto no puede constituirse en una causal que motive una nulidad de actos emitidas en el desarrollo de las facultades previstas en los artículo 66 y 100 de la Ley N° 2492 (CTB), más cuando como se expuso en párrafos-previos, la normativa tributaria específica como es el Código Tributario Boliviano, no establece un plazo que deba ser cumplido para la notificación de la Vista de Cargo, una vez que dicho acto haya sido emitido. 

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Ahora bien, en cuanto a la exigencia del contribuyente sobre un acto que prorrogue el plazo para el desarrollo de la fiscalización y que a decir del recurrente, fue solicitado al Servicio de Impuestos Nacionales, nos remitimos a las actuaciones de la Administración Tributaria 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

identificando que las solicitudes expuestas por el sujeto pasivo, fueron atendidos por el SIN mediante la emisión de Proveídos; y el reclamo particular que analizamos, fue dado a conocer a la entidad recurrida, mediante oficio del 15 de septiembre de 2016 (fojas 2907 C 15 de antecedentes administrativos; sin embargo, no cursaría una solicitud expresa en cuanto a la emisión del acto extrañado, limitándose a señalar lo siguiente: “...ni haberse puesto en mi conocimiento autorización alguna de la Máxima Autoridad del SIN para ampliar el plazo de la fiscalización; a fin de no lesionar mi derecho al debido proceso en su componente defensa y acceso a la impugnación y los principios de legalidad y verdad material al amparo del artículo 115 de la Constitución Politica del Estado; solicito la devolución de todos y cada uno de los documentos originales entregados...”; coligiendo que hasta este punto, la intención del contribuyente, fue contar con la documentación entregada al SIN, para que en base a ésta, pueda materializar su derecho a la defensa. 

Asimismo, el sujeto pasivo en el mencionado oficio, sostuvo que: “El que no se concluya hasta la fecha la fiscalización de acuerdo a procedimiento no configura únicamente responsabilidades administrativas...además lesiona mi defensa, ya que al no notificarme con resolución de ampliación de plazo alguna y al no tener acceso a una fundamentación de la misma no puedo ejercer mi derecho a la impugnación., advirtiendo nuevamente, que no cursó petición para la emisión del acto extrañado, más al contrario, su observación se centró en cuestionar la finalización de la fiscalización fuera de la fecha prevista en procedimiento; inquietudes que fueron atendidas por el SIN mediante Proveido No 24-. 0088016, notificado en Secretaría el 21 de septiembre de 2016 (fojas 2908 C-15 de antecedentes administrativos), en el cual, deja sentado que el cómputo previsto en el artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB), se iniciaría con la notificación al sujeto pasivo o tercero responsable. Es importante, destacar que la solicitud de devolución de documentación fue reiterada por el contribuyente, mediante oficio de 07 de noviembre de 2016, el cual amerito una respuesta por la entidad fiscalizadora a través del Proveido No 24 01033-16; empero dicho aspecto no fue incluido entre los reclamados materializados por Mario Córdova Pinto en su Recurso de Alzada. 

Adicionalmente, el sujeto pasivo en etapa de descargos, solicitó aclaración y complementación a Proveído No 24-00880-16 de 20 de septiembre de 2016, reiterando su observación con relación a la notificación de la Vista de Cargo N° 290018916 y el incumplimiento de veintiséis (26) días del plazo previsto en el artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB), reiterando que no le notificaron con el acto administrativo fundamentado que autorice prórroga para la realización de la fiscalización (fojas 2922-2923 C-15 de antecedentes administrativos); inquietud que fue atendida por la Administración Tributaria ste 

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Cochabamba 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

mediante Proveldo No 24-01033-16, precisando que el citado memorial formaria parte de los descargos ofrecidos por el contribuyente en virtud a lo previsto en el artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB) y que sería valorada, analizada y respondida en la Resolución Determinativa, acto que fue notificado mediante cédula, el 29 de noviembre de 2016 (fojas 2926 y 2930 C-15 de antecedentes administrativos). 

Ahora bien, revisado la Resolución Determinativa impugnada pudimos advertir que en su Considerando II, la entidad recurrida hizo referencia a todos los argumentos presentados por el contribuyente durante la etapa de descargos, así como lo Proveídos emitidos comunicando al sujeto pasivo las acciones que serian adoptadas (fojas 3026-3028 C-15 de antecedentes administrativos), para luego proceder a realizar las aclaraciones respectivas, referidas a la devolución de documentos y la duración de la fiscalización llevada a cabo, destacando que la vista de Cargo N° 29-00189-16, fue emitida el 19 de septiembre de 2016, dentro los doce (12) meses señalados en el artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB) y que la misma se encontraria fundada en hechos, actos, datos, elementos, valoraciones y demás circunstancias que integran o condicionan el hecho imponible declarado por el sujeto pasivo, reiterando que dio estricto cumplimiento a lo dispuesto en el parágrafo V del artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB) y que el acto en cuestión fue emitido dentro los doce (12) meses; y que con la notificación del mismo, el contribuyente pudo asumir la defensa correspondiente tal como prevé el artículo 96 de la Ley N° 2492 (CTB) y artículo 18 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) (fojas 3029 C-15 de antecedentes administrativos); no existiendo en consecuencia la necesidad de efectuar prórroga alguna para ampliar el plazo 

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ación, concluyendo la improcedencia de lo manifestado por el recurrente (fojas 

3030 C-15 de antecedentes administrativos). 

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Por lo descrito, resulta evidente que la acción de la entidad fiscalizadora, con el pronunciamiento referido en la Resolución impugnada, cumplió con lo previsto en el artículo 24 de la Constitución Política del Estado (CPE) y numeral 2 artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB), pues garantizó el derecho a la petición del administrado, asegurando una respuesta a todos los cuestionamientos formulados en la etapa de descargos, consecuentemente, el reclamo del sujeto pasivo carece de la sustentación fáctica necesaria, pues los hechos advertido, demuestran que no existió vulneración que haya comprometido o limitado su derecho a la defensa o la posibilidad de recurrir los resultados establecidos por el Servicio de Impuestos Nacionales. 

Teresa dirasario 

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Asimismo, destacar que la respuesta del SIN fue concreta y dejó claro, que no cursaría 

necesidad de comunicar al contribuyente una ampliación del trabajo de fiscalización, pues 

Justicla tributaria para vivir bien 

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9001 JONORCA Site de Gestio

ob Cake Cercado EC-3741 

dicha facultad culminó, conforme prevé el artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB), fundamentación que fue conocida por Mario Córdova Pinto, a través de la notificación de la Resolución Determinativa N° 171739000010, actuar que se enmarcó en el debido proceso, asegurando el derecho a la defensa previsto en los artículos 115, 117 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE), tal como fue expuesto a lo largo del presente, no existiendo elementos de convicción fácticamente sustentados, que sustenten las transgresiones reclamadas por el sujeto pasivo en la emişión y notificación tanto de la Vista de Cargo N° 29-00189-16 como de la Resolución impugnada. 

IV.3. Nulidad de la Resolución impaga por la aplicación retroactiva de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-001713 de 08 de mayo de 2013. El contribuyente cuestionó, la aplicación de la Resolución Normativa de Directorio N° 10 0017-13 sobre hechos imponibles que se perfeccionaron antes de la emisión de dicha normativa, otorgándole de esa forma el carácter de retroactivo, añadiendo la ausencia de una valoración de la documentación obtenida en el proceso de revisión. 

Sobre este punto, la entidad fiscalizadora, señaló que la forma de determinación, responde a las normas de derecho procesal o adjetivo, para el cual debe aplicarse la normativa vigente a momento de iniciar el procedimiento señalando al respecto, la Sentencia Constitucional N° 1047/2013 y el principio tempus regis actum, destacando la utilización de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13, a todo procedimiento administrativo iniciado con posterioridad al 08 de mayo de 2013, debiendo entenderse que el caso sujeto a análisis se inició el 15 de septiembre de 2015, en plena vigencia de la Resolución Normativa de Directorio referida líneas previas, sin transgredir así, los artículos 123 y 150 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

Al respecto, la Resolución Normativa de Directorio N° 10-001713 en su artículo 1, tiene como objeto: …reglamentar los medios para la determinación de la Base Imponible sobre Base Presunta y establecer el tributo que corresponda paga., asimismo, en cuanto al Tempus Regit Actum El tiempo que rige el acto, siendo una de las fórmulas determinadas de la validez de los actos jurídicos en cuanto a la forma y el fondo, a menos de establecer retroactividades o caducidad; asimismo por Tempus Comissi Delicti, se entiende la “Época o tiempo del delito”. (Cabanellas, Guillermo, Diccionario Enciclopédico del Derecho Usual, Tomo VIII, p. 31). Así pues, dicho razonamiento se encuentra considerado en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-00562010 que expone: Para aplicar los principios referidos, es necesario determinar que el Derecho Tributario puede ser sustantivo o de fondo, encontrándose entre ellas las normas relativas al hecho generador, tipificación de la Sistema de Gestion 

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NBISO 

9001 IBNORCA Sestat de Gestió

de la calidad Certificada NEC2741

Cochabamb

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conducta, prescripción, condonación, cálculo de la deuda tributaria; o adjetivo o procedimental, entre los que se encuentran todos los procedimientos 

administrativos y de impugnación.” (El resaltado es nuestro). 

Ahora bien, en nuestra legislación, la Ley 2492 (CTB), en la Disposición Transitoria Segunda, establece que: “Los procedimientos administrativos o procesos jurisdiccionales, iniciados a partir de la vigencia plena del presente Código, serán sustanciados y resueltos bajo este Código”. Asimismo, el artículo 11 del Decreto Supremo N° 27874 (RCTB), dispone que: “A efectos de delimitar la aplicación temporal de la norma, deberá tomarse en cuenta la naturaleza sustantiva de las disposiciones que desarrollan el concepto de la 

deuda tributaria vigente a la fecha de acaecimiento del hecho generador, concluyendo que los procesos de revisión al constituirse en procedimientos administrativos, deben someterse 

a la normativa vigente al momento de efectuar el mismo, con excepción de aquellos procesos que ya dieron inicio; aspecto congruente con lo establecido en la Deposición Final Única de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-00017-13 que precisó: “La presente Resolución Normativa de Directorio entrará en vigencia a partir de su publicación, 

alcanzando la misma a los procesos de determinación en los que la Vista de Cargo aún no haya sido emitida.”, en el entendido que no existió un pronunciamiento oficial de los resultados arribados como resultado de los métodos y técnicas utilizados al efecto. 

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Asimismo, resaltar que el proceso de fiscalización analizado, empezó el 21 de septiembre de 2015 con la notificación mediante cédula, de la Orden de Fiscalización No 00150FE00013 (fojas 3.y 15 C-1 de antecedentes administrativos) posterior a la emisión de la Resolución Normativa N° 10-00017-13, normativa emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales al amparo de lo previsto en el artículo 64 de la Ley N° 2492 (CTB) y que al encontrarse en vigencia, durante la materialización de la fiscalización, asume el carácter de fuente de derecho tributario y de cumplimiento obligatorio, pues como se expuso, la misma reglamenta el procedimiento que deberá utilizar la Administración Tributaria para comprobar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte del sujeto pasivo, en virtud a las facultades previstas en los articulos 66 y 100 de la Ley N° 2492 (CTB) 

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Por consiguiente, el momento en el cual se perfeccionó el hecho imponible, si bien se constituye en referencia para la aplicación de una normativa, ésta debe referirse a conceptos como objeto, sujeto, alícuota o en su caso los actores de la relación jurídico tributaria; los cuales no fueron afectados por la Resolución Normativa de Directorio 

analizada y que más al contrario, dicha disposición previo, las acciones que debieron Sink 

Justicia tributaria para vivir bien 

Página 23 de 32 Jari mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

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asumir como Administración Tributaria, para establecer el sustento técnico necesario vinculado con la existencia de una obligación tributaria incumplida; razonamiento que se 

principio del tempus regis actum; por lo tanto, no existe sustento alguno que permita, el desarrollo de una labor investigativa cuyo marco legal no se encuentre vigente; debiendo desestimar lo agraviado por el contribuyente. 

De igual forma, bajo el razonamiento explicado con anterioridad, tampoco existiria una vulneración a lo previsto en el artículo 123 de la Constitución Política del Estado (CPE), pues en ningún momento se aplicó de forma retroactiva, normativa que haya afectado el hecho imponible o cualquier de los componentes que hagan la obligación tributaria como la alicuota, base imponible o los sujetos intervinientes; reiterando que el Servicio de Impuestos Nacionales actuó en función a la normativa tributaria vigente en ese momento, debiendo recordar que de acuerdo a lo señalado en el artículo 65 de la Ley N° 2492 (CTB), las actuaciones de la Administración Tributaria, por estar sometidas a la ley, se presumen legítimos, no existiendo prueba o argumento alguno que permita presumir lo contrario. 

Por otro lado, en cuanto a la valoración de la prueba, el sujeto pasivo no preciso, qué valor probatorio omitió considerar la Administración Tributaria de la documentación ofrecida durante la fiscalización desarrollada, más cuando durante la etapa de descargos, el sujeto pasivo no presentó documentación alguna que pueda oponerse a los reparos establecidos por la entidad fiscalizadora; y tampoco existió reclamo especifico del administrado, sobre documentación que haya sido presentada durante el trabajo de campo y que fue omitida por el SIN al momento de emitir en la vista de Cargo N° 29-00189-16; en consecuencia, lo agraviado por el recurrente carece de sustento fáctico que impulse a cuestionar la valoración de los documentos ofrecidos por Mario Córdova Pinto; más cuando por cada cuenta de gasto observada, cursa en Vista de Cargo referida previamente y la Resolución Determinativa impugnada, una clasificación de las observaciones que fundamentaron los reparos, advirtiendo entre ellos la ausencia de documentación de respaldo, sobre la realización de la transacción, del gasto y/o la vinculación con la actividad gravada; y en el caso de la información bancaria, de la cual presumió los ingresos no declarados, la entidad recurrida desglosó el procedimiento asumido para llegar a ese resultado, tal como se puede advertir en el cuadro “DETERMINACIÓN DE INGRESOS PERCIBIDOS Y OMITIDOS GESTIÓN 2011 – PERIODOS ENERO A DICIEMBRE(fojas 2990 C-15 de antecedentes administrativos). 

En virtud a lo explicado con anterioridad, no existen elementos proporcionados por el contribuyente, que permita identificar la omisjón valorativa cometida por la entidad Sistema de Gestion 

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IBNORCA Sistema de Carlio

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Cochabamba 

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recaudadora durante el desarrollo del proceso de fiscalización; más al contrario, tanto en la Vista de Cargo N° 29-00189-16 como en la Resolución Determinativa No 171739000010, 

cursa la valoración y motivación necesaria, sobre los documentos proporcionados por el 

sujeto pasivo, garantizando en el contribuyente, el conocimiento necesario para que pueda ofrecer prueba y argumentación de descargo sobre el procedimiento asumido y los resultados obtenidos por el SIN; por tanto, el accionar asumido por la entidad fiscalizadora, no vulneró el debido proceso y/o el derecho a la defensa. 

IV.4. Determinación sobre base cierta y presunta, efectuada sin fundamentación. El contribuyente precisó que la determinación efectuada por el Servicio de Impuestos Nacionales no responde al principio constitucional de verdad material previsto en el artículo 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); y que las reglas establecidas para la determinación, no prevén la elección de método entre varios resultados, coligiendo que la determinación no es un elemento contundente y cierto de determinación de impuestos 

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Por su parte la Administración Tributaria, sostuvo que los artículos 43, 44 y 45 de la Ley N° 2492 (CTB), no restringen menos limita, el uso de ambos métodos para la determinación de la base imponible; asimismo resaltó que la aplicación de ambos métodos, sobre conceptos diferentes, resultaría correcta: 1) Base Presunta para los depósitos en las cuentas 

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bancarias y; 2) Gastos imputados a los resultados de la gestión 2011 sin documentación de 

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respaldo, ausencia de prueba que demuestre la realización de los gastos imputados; así como gastos imputados carente de prueba documental que además sostengan su necesidad para la obtención y conservación de la fuente generadora de ingresos. 

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En ese sentido, el artículo 42 de la Ley N° 2492 (CTB), dispone que la base imponible o gravable, es la unidad de medida, valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar; normativa legal que además en su artículo 43, expone los métodos de determinación de la base imponible, destacando entre ellos base cierta y base presunta, además de definir las circunstancias en las cuales la entidad fiscalizadora, puede aplicar cada uno de ellos; en consecuencia, las directrices definidas en dicho apartado legal no restringe a la Administración Tributaria al uso de ambos métodos durante su labor fiscalizadora, toda vez que el propósito de los mismos, es establecer de la mejor forma posible la base imponible sobre la cual se aplicará la alicuota correspondiente; y tomando en cuenta que el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (UE), se desprende de la utilidad imponible establecida en una determinada gestión fiscal, la cual a su vez emerge de la comparación 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) ML.,..,...-i d.d-L .-L–15—-– 

de ingresos y egresos, conceptos últimos que se constituyen en suma en el objeto propiamente de revisión; y los cuales para el caso en cuestión, existe información que .permite establecer con certeza, la cuantía de un concepto como es el gasto, sin necesidad de establecer presunciones, pues se conoce de forma certera, el importe que afectó la determinación del UE y que en la revisión desarrollada, el SIN advirtió el incumplimiento de lo previsto en los articulos 7 y 8 del Decreto Supremo N° 24051 (RIVE) y numerales 4 y 5 artículo 70 de Ley N° 2492 (CTB)

Ahora bien, para el otro componente que participa en la determinación de la base imponible como es el ingreso obtenido por el sujeto pasivo- la información bancaria obtenida por la Administración Tributaria, le permitió a éste ente recaudador, la confrontación de la misma con la información proporcionada por el administrado, coligiendo de ésta, diferencias asumidas como ingresos no declarados por Mario Córdova Pinto; hecho que fue debidamente expuesto por el Servicio de Impuestos Nacionales aclarando que “De la revisión de los Estados Financieros (Balance Gereral y Estado de Resultados) se evidencia que el contribuyente no registra ni declara contablemente la cuenta de activo Bancos” toda vez que el registro del movimiento de efectivo de sus transacciones comerciales se realizó a través de la cuenta Caja Moneda Nacional., argumentación que se encuentra expuesta tanto en la vista de Cargo N° 29-00189-16 (fojas 2720 C-14 de antecedentes administrativos) como en la Resolución Determinativa N° 171739000010 (fojas 2988 C15 de antecedentes administrativos). 

Asimismo, la entidad fiscalizadora desglosó los requerimientos efectuados al contribuyente con el propósito de contar con información referida al movimiento bancario advertido, además de precisar la solicitud efectuada a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) así como las respuestas obtenidas y las diferencias arribadas, las cuales debido a la ausencia de documentación de descargo, ofrecida por el contribuyente, conformaron la base de cálculo de los ingresos imponibles que intervinieron en la determinación del UE por la gestión concluida a Diciembre de 2011.

En dicho sentido, la determinación de la base de cálculo del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (UE) aplicada por la Administración Tributaria, considerando base cierta : para establecer los gastos depurados y base presunta para estimar los ingresos no imponibles; no transgreden lo previsto en los artículos 42 y 43 de la Ley N° 2492 (CTB); toda vez que dicha normativa, no restringe el uso de los métodos de determinación de la NN base irriponible sobre base cierta y presunta de forma conjunta en un proceso de fiscalización, más aun cuando la entidad recaudadora aplicó dichos métodos de forma se 

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diferenciada para conceptos diferentes, no existiendo indicio que permita presumir una vulneración al debido proceso y/o al derecho a la defensa y en consecuencia, pueda impulsar la nulidad del trabajo desarrollado por la Administración Tributaria, debiendo desestimar lo argüido por el sujeto pasivo. 

IV.5. En cuanto a la determinación sobre Base Presunta. Por otro lado, el contribuyente indicó que la determinación sobre base presunta, debió ser utilizada como último recurso, sin contener el acto impugnado, una debida fundamentación de hecho y de derecho y menos para el método aplicado, reiterando la ausencia de una valoración de la prueba ofrecida, a pesar que la misma estaba notariada y foliada. 

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Al respecto; sobre este agravio el SIN precisó que la determinación, en base en función á los ingresos percibidos en cuentas bancarias Nos. 44722-002-4 MIN y 44722-201-9, cumplió los requisitos establecidas por la Ley, permitiendo la aplicación de este método; resaltando que en dos oportunidades solicitó documentación al contribuyente, la cual no fue atenida en su totalidad, razón que impulsó a obtener información de terceros, que permitan establecer, la realidad económica del sujeto pasivo, ejerciendo su labor investigativa; no pudiendo reclamar el sujeto pasivo determinación sobre base cierta, señalando que cursa antecedentes del trabajo realizado y la documentación que respalda la posición asumida, dando cumplimiento a lo señalado en el artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13. 

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En ese contexto, la doctrina considera a un Proceso de Determinación como: “Al acto o conjunto de actos dirigidos a precisar, en cada caso particular, si existe una deuda tributaria; en su caso, quién es el obligado a pagar el tributo al fisco y cuál es el importe de la deuda tributaria”, y dentro de ese conjunto de actos, se encuentra la Vista de Cargo, que en doctrina se denomina Vista al Determinado, considerada como: “el resultado al cual se llega Juego de la etapa introductoria que a veces es presuncional En muchas oportunidades ocurrirá que ha subsistido una notable incertidumbre sobre la operación presuntamente gravada en sí misma y un gran grado de ignorancia sobre su cuantía, no obstante lo cual, la administración se ve obligada a transformar esas dudas y desconocimientos en una verdad procedimental. (VILLEGAS Héctor. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. Edición Cuarta. Buenos Aires Argentina Págs. 265 y 299-300). (El resaltado es nuestro). 

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Asimismo sobre la determinación, Fonrouge señaló que en las suposiciones: (...) la autoridad debe recumir al conjunto de hechos o circunstancias que, por su vinculación o 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq(Quechua) AL .........t.d.-..L...! .-..- 

conexión normal con los (…) previstos legalmente como presupuesto material del tributo, permiten inducir en el caso particular la existencia y monto de la obligación.” (GIULANI Fonrouge, Carlos M. Derecho Financiero, Sl Edición, Volumen 1, Buenos Aires: Ediciones “Depalma”, 1993. Págs. 507510). 

Por otro lado, en cuanto a la anulabilidad de los actos, se considera anulable à la “condición de los actos o negocios jurídicos que pueden ser declarados nulos e ineficaces por existir en su constitución un vicio o defecto capaz de producir tal resultado, los actos anulables son válidos mientras no se declare su nulidad” (OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Politicas y Sociales. Editorial Heliasta SRL, Nueva Edición 2006, Pág. 90). 

En ese entendido, los parágrafos I y II del artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable supletoriamente al caso, en atención al artículo 74, numeral 1 de la Ley N° 2492 (CTB), señala que serán anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico; o cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados, siendo que el artículo 55 del Decreto Supremo N° 27113 (RLPA), prevé que es procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público, 

Ahora bien, para atender el reclamo del sujeto pasivo, nos remitimos inicialmente a lo previsto en el artículo 44 de la Ley N° 2492 (CTB), la cual establece que la Administración Tributaria podrá determinar la base imponible usando el método sobre base presunta, sólo cuando habiéndolos requerido, no posea los datos necesarios para su determinación sobre base cierta por no haberlos proporcionado el sujeto pasivo, destacando el numeral 4 referida a la falta de presentación de los libros y registros de contabilidad, la documentación respaldatoria o en su caso, que los administrados no proporcionen los informes relativos al cumplimiento de las disposiciones normativas, comprobando que luego, la entidad fiscalizadora se refirió a la Resolución Normativa de Directorio N° 10001713, destacando los artículos 4, 5 y 6, este último vinculado con el numeral 2, en cuanto a la inducción como medio para cuantificar la Base Presunta, permitiendo al Servicio de Impuestos Nacionales utilizar aquellos elementos que indirectamente acrediten la existencia de bienes y rentas, así como de los ingresos, ventas, costos y rendimientos que sean normales en el respectivo sector económico, considerando las características de las unidades económicas que deban compararse en términos tributarios, sustentación que fue debidamente expuesta en los actos emitidos y notificados por la entidad fiscalizadora (fojas 2720 C-14 y 2988 C-15 

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de antecedentes ‘administrativos), 

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Cochabamba 

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De lo expuesto previamente, podemos colegir que dicha fundamentación le obliga a la Administración Tributaria, a identificar elementosque acrediten la existencia de factores normales en el sector económico al que pertenece el contribuyente; y que en el caso objeto de análisis, sería la venta al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos y de productos conexos, tal como se advierte en Consulta de Padrón (fojas 2772 C-14 de antecedentes administrativos); condición que no fue expuesta por el Servicio de Impuestos Nacionales al momento de emitir tanto la Vista de Cargo N° 29-00189-16 y la Resolución Determinativa N° 171739000010, pues en ningún momento cursa información referente al movimiento económico y/o financiero del rubro al que pertenece el sujeto pasivo; de igual forma, omite incluir las características de las unidades económicas que se constituyen en objeto de comparación en términos tributarios. 

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Asimismo, prosiguierdo con el análisis de la fundamentación expuesta por el contribuyente, logramos evidenciar en la vista de Cargo y Resolución Determinativa recurrida; la exposición del artículo 8, inciso b) de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13, en cuanto a la técnica de Relación Ingreso – Gasto, haciendo énfasis en el numeral 1 con el siguiente texto: Cuantificar los ingresos registrados a favor del contribuyente que se reflejen en extractos del sistema financiero (extractos bancarios, de tarjetas de débito o de crédito y otros) que estén a nombre del contribuyente fiscalizado o de terceros vinculados con éste. Se considerarán las cuentas que hayan sido utilizadas para las transacciones del giro comercial del contribuyente.(fojas 2720 C-14 y 2988 C-15 de antecedentes administrativos); destacando que la obligación de la entidad fiscalizadora se concentra en cuantificar los ingresos reflejados en extractos del sistema financiero. 

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En ese sentido, el escenario descrito previamente obliga al ente fiscalizador, a señalar la existencia de prueba, que permita presumir, que los registros (depósitos) corsiderados ‘ conforme a la información de los extractos bancarios obtenidos- corresponden a ingresos generados por el sujeto pasivo; lo cual en el presente caso, no fue advertido; porque si bien el ente fiscalizador, expuso: Es importante aclarar que para la determinación de los importes para cada una de las cuentas bancarias, en función de los extractos bancarios proporcionados por la Entidad Financiera, no se consideraron los créditos y/o abonos por concepto de: Traspasos entre Cuentas y otros; habiéndose considerado los Depósitos en efectivo, Transferencia de Terceros y Depósitos de cheques...(fojas 2721 C-14 y 2920 C 15 de antecedentes administrativos); la base de cálculo de los supuestos ingresos, lo conforman transferencia de terceros, carentes de prueba documental que otorguen certeza, que los mismo corresponden a ingresos por actividades gravadas por el contribuyente, más cuando la Administración Tributaria sustenta en su mayoría, dicho ingreso no declarado, 

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solamente en virtud a la información cursante en los extractos bancarios y sus Papeles de Trabajo, sin mayor sustento documental alguno que haga que el origen de recursos, sea la actividad gravada desarrollada por el contribuyente, situación que fue consta la documentación adjunta al Papel de Trabajo: “INGRESOS NO DECLARADOS Y DEPOSITADOS EN LA CUENTA CORRIENTE N° 44722-0024 DEL BANCO BISA S.A.” 

De igual forma, dicho extremo también fue constatado en el caso de la Cuenta Corriente No 44722-201-9 Banco BISA, donde incluso, la ausencia de respaldo documental, que demuestre el origen de los recursos depositados en dicha cuenta bancaria, tal como exige el numeral 1, inciso b) articulo 8 de la Ley N° 2492 (CTB), alcanza a los depósitos en efectivo, cursantes en el Extracto Bancario correspondiente (fojas 70187 C-1 de antecedentes administrativos); aspecto que desde luego compromete la fundamentación argüida por el Servicio de Impuestos Nacionales y que fue cuestionada por el contribuyente en el presente Recurso de Alzada

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En ese sentido, el Servicio de Impuestos Nacionales al momento de emitir la Vista de Cargo N° 29-00189-16 y la Resolución Determinativa N° 171739000010, para sustentar la presunción de los ingresos no declarados, se limito a consignar como fundamentación, las tareas desarrolladas referidas a los requerimientos efectuados durante la fiscalización y la información obtenida de los extractos bancarios obtenidos de terceros, desglosando también la sustentación legal que fue analizada en parágrafos previos (fojas 2718-2724 C 14 y 2986-2991 C-15 de antecedentes administrativos), pudiendo comprobar, la ausencia de sustento documental, que haga presumir el cumplimiento cabal de lo señalado en el numeral 2 artículo 6 y numeral 1 artículo 8 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10 0017-13, es decir, el desarrollo de un procedimiento enmarcado a las exigencias normativas en actual vigencia, que permita comprender, que los importes identificados como base de cálculo por el SIN, corresponden a ingresos obtenidos por el sujeto pasivo en el desarrollo de su actividad gravada; falencia que compromete la fundamentación de los actos emitidos por el SIN y por ende de las acciones materializadas en el presente caso, vulnerando lo dispuesto en los artículo 96 y 99 de la Ley N° 2492 (CTB)

Por otro lado, la Autoridad General de Impugnación Tributaria sobre el tema analizado, emitió criterio, mediante la emisión de la Resolución de Recurso Jerárquico AGITRJ0322 2015, señalando lo siguiente: “(…) que con relación a la determinación de ingresos no declarados sobre Base Presunta, la Administración Tributaria no demostró que los Depósitos Bancarios correspondan a la venta de bienes inmuebles (…) únicamente se limitó en señalar a los depósitos en la cuenta No 3001012031045, que en función a la

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

información proporcionada por las entidades financieras, se evidenció depósitos en la cuenta bancaria del Banco Los Andes ProCredit a nombre del contribuyente, que se presumen como ingresos obtenidos por la venta de bienes inmuebles (…) En consecuencia, es evidente que la Vista de Cargo no expone los hechos, actos, datos

elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, ya que para 

el caso de los ingresos presuntos, consideró la información de los Depósitos en cuenta, sin ningún respaldo (...).” Página 53, parágrafos xviii y xix. El resaltado es nuestro

os cuardi

Por todo lo expuesto, la ausencia de una adecuada fundamentación en el trabajo desarrollado como en la emisión de la Vista de Cargo N° 29-00189-16 y Resolución Determinativa N° 171739000010, aspecto que fue explícitamente reclamado por el recurrente y que al ser evidente dicho agravio de forma, impide a ésta instancia ingresar al análisis de las cuestiones de fondo, hasta que la entidad recurrida garantice al sujeto pasivo, un debido proceso con la emisión de actos que cumplan los requisitos previstos en el parágrafo I artículo 96 y parágrafo Il artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB) y lo dispuesto en los artículos 6 y 8 de la Resolución Normativa de Directorio N° 100017-13; y de esta forma garantizar además, los derechos constitucionales referidos en los artículos 115, 117 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE); correspondiendo anular la Resolución Determinativa N° 171739000010 de 10 de enero de 2017 emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales; con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Vista de Cargo N° 29 00189-16 de 19 de septiembre de 2016, inclusive, debiendo la Administración Tributaria emitir una nueva Vista de Cargo. contemplando la fundamentación requerida por la normativa legal vigente, observando el análisis.expuesto precedentemente, a fin de que no se incurra en la vulneración del derecho al debido proceso y el derecho a la defensa. 

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POR TANTO: La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Cochabamba, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art, 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009

de 2009 

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RESUELVE PRIMERO: ANULAR la Resolución Determinativa N° 171739000010 de 10 de enero de 2017, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta 

la Vista de Cargo N° 29-00189-16 de 19 de septiembre de 2016, de tal forma que la 

Justicia tributaria para vivir bien 

Página 31 de 32 Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

NB-ISO 

9001 ENQACA Sister or Gerion 

Cadd Certlicado EC27444 

AAL..–.-.-– 

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Administración Tributaria, pueda emitir nuevos actos, debidamente fundamentados, conforme al parágrafo | artículo 96, parágrafo || artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB) y Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017-13; sea de conformidad con lo dispuesto en el inciso c) parágrafo I del artículo 212 de la Ley N° 2492 (Título V CTB). 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 de la Ley No 3092 (Título V del CTB), será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley N° 2492 (CTB) y sea con nota de atención

CUARTO: Conforme prevé el articulo 144 de la Ley N° 2492 (CTB), el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente Resolución de Recurso de Alzada es de 20 dias computables a partir de su notificación

Regístrese, notifiquese y cúmplase. 

Bordo 

Terasa il Rosario Copa Noelia DIRECTORA EJECUTIVA REGIONAL : DIRECCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Autoridad Regional de Impugnadan Tributaria Cbba

NS-ISO 

9001 IBNORCA Sistema de Ghio

de la calidad Certificada NEC-27414 

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