ARIT-CBA-RA-0186-2017 Anulación de la resolución determinativa debido a que los cargos expuestos en la vista de cargo, debido a que el contribuyente expuso argumentos que den evidencia de la comprensión del contribuyente frente al proceso, lo que vulneró el debido proceso y el derecho a la defensa

ARIT-CBA-RA-0186-2017

 

AUTORIDAD  DE

IMPUGNACIÓN  TRIBUTARIA

Estado Ptunnac1onal de Bolivia

 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0186/2017

 

Recurrente                 Industrias Duralit SA., legalmente representada por José Manuel Ramírez Pacheco

 

Recurrido                   Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente representada por Rosmery Villacorta Guzmán

 

Expediente                 ARIT-CBA-0187/2016

 

Acto   Impugnado       Resolución Determinativa Nº 17-00104-16 de 9 de marzo de 2016 Fecha           Cochabamba,25  de abrilde  2017

VISTOS:

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT­ CBNITJ 0186/2017 de 25 de abril de 2017, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente.

 

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

Resolución Determinativa Nº 17-00104-16 de 9 de marzo de 2016, que determinó las obligaciones impositivas del contribuyente Industrias Duralit SA., con NIT 1023265026 en la suma de UFV’s7’260.383.- equivalentes a Bs15’331.123.-, que consolida el tributo omitido, intereses, sanción por omisión de pago y multa por incumplimiento a deberes formales, correspondiente al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de la gestión 2012. Acto notificado de manera personal a José Manuel  Ramírez Pacheco en calidad de representante legal de Industrias Duralit S.A., el 11 de marzo de 2016 (fojas 24-71 del expediente administrativo).

 

 

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1.Argumentos del Recurrente

Industrias Duralit S.A., legalmente representada por José Manuel Ramírez Pacheco, conforme acredita el Testimonio de Poder N° 173/2014 de 24 de febrero de 2014 (fojas 14- 21 vta. del expediente administrativo), mediante oficio presentado el 1 de abril de 2016 (fojas 73-91 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa Nº 17-00104-16 de 9 de marzo de 2016, emitida por la Gerencia

argumentando lo siguiente:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que, la Administración Tributaria, incurrió en vicios omitiendo fundamentar la Vista de Cargo y Resolución Detenninativa al no contar con la valoración adecuada de los documentos aportados, valoración y fundamentación exigida por los artículos 96 y 99 de la Ley Nº 2492 (CTB), en razón a que lo expuesto en dichos actos carecen de contenido sustancial, restringiendo su derecho a la defensa; refirió también que, presentados los descargos, el SIN fundamentó dicho cargo con descripciones confusas, contradictorias, subjetivas y nada detenninantes incurriendo en la omisión denuncíada. Enfatizó que, no existe la valoración de la documentación requerida en la Orden de Fiscalización sin que se mencione cuáles son los elementos de valoración concreta y fáctica sobre cada concepto observado y menos una conclusión lógica y definitiva.

 

Refirió que, la documentación aportada en la etapa de fiscalización y documentación adicional presentada en el proceso determinativo fue suficiente; sin embargo, ésta no fue valorada, conteniendo una escasa fundamentación y descripción de la misma, además de no existir annonia entre el método  de detenninación y  la fundamentación, viciando de

nulidad la Resolución Detenninativa y el procedimiento de detenninación; citando  como

ejemplo la afirmación de la Administración Tributaria respecto ingresos que no fueron imputados a resultados de la gestión, calificando la misma como malintencionada y falsa y que jamás demostró ni demostrará indubitablemente que los ingresos son de fuente boliviana y menos aún que, no fueron imputados en los Estados Financieros, citando a tal efecto la Resolución Jerárquica STG-RJ-0634/2007, en relación a que, los datos, pruebas e

infonnación sean capaces de demostrar sin duda alguna la realización de los hechos generadores y pennitan establecer sin presumir nada, respaldando objetivamente cada conclusión.

 

Respecto a la observación de los intereses generados en el extranjero y no en Bolivia, advirtió un total desconocimiento del principio de fuente establecido en la Ley Nº 843, considerando como ingreso “Gravado” los intereses que los mismos funcionarios establecieron que la renta generada, no es objeto de observación, si no, el origen del capital que vulneró su derecho a la defensa y al debido proceso, asimilando su análisis a lo expuesto en el Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0173/2014, más cuando no se tomó en cuenta lo expuesto en la etapa de detenninación en el acto impugnado.

 

 

Expuso en relación al ajuste contable sobre el cargo/gasto  por provisiones genencas laborales  ante   posibles  contingencias  del  personal   retirado  o  similares,  imputados        a”

contablemente en la gestión 201O, fueron considerados como gastos no deducibles y en la     • gestión 2012, se ajustó contablemente esa provisión acumulada, originándose un ingreso

efectivo y por el principio de partida doble, si en la gestión pasada fue considerado como no deducible su ajuste genera un ingreso no imponible; caso contrario se estaría realizando un pago doble del IUE en la gestión 2010 y en la gestión 2012, vulnerando el principio de justicia

 

tributaria

Sostuvo que, los funcionarios actuantes, no realizaron un adecuado análisis e interpretación de toda la información, ya que se estaría desconociendo uno de los reportes que consideraron como soporte de la “Valuación de Inventario Producido Terminado” (Valuación de producto terminado por sub familia propio) que fue utilizado para realizar uno de los cuadros analíticos denominado “Cuadro de Análisis de Producción”; mientras que para realizar el análisis de los productos “No Propios” (Importados), en el papel de  trabajo “Cuadro de Análisis de Costo de Ventas” y teniendo acceso al reporte de “Valuación de Inventario Producto Terminado (Valuación de Producto Terminado por Sub Familia NO PROPIO” los funcionarios  no los consideraron, a pesar de que se volvieron a presentar en etapa de descargos, no se pronunciaron al respecto y cuestionaron los  Estados Financieros, cuando dichos registros se encuentran debidamente soportados por registros contables, ignorando que todo artículo o bien producido en el exterior que es vendido en el medio local necesariamente cuenta con un costo, proceder que afirma vulnera su derecho a la defensa y el debido proceso

Arguyó que, presentados los argumentos de descargo en los que explicó de forma fundada que es parte de la actividad de cualquier empresa que produce y comercializa, extraer muestras de cada tipo de producto disponible para la venta, aduciendo que presentó fotografías que respaldan lo argumentado y los registros contables presentados y la Administración Tributaria al no conocer a ciencia cierta se limita a desconocer estos costos de la actividad comercial, ignorando la invitación a conocer el proceso productivo de la planta limitándose a hacer suposiciones de escritorio y no verificaciones in situ, vulnerando el debido proceso y falta de fundamentación del proceso determinativo impugnado

Adujo que, Industrias Duralit SA., no procede a dar baja de sus inventarios de productos por obsolescencia por no encontrarse en desuso, además no permite la normativa nacional e internacional, como es el convenio suscrito por Bolivia C 162 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Administración Tributaria se limita a resolver que los costos Rotura de Almacén, Transporte y reposición gratuita no son deducibles porque cuenta con un informe que describe el proceso de reciclado con fecha 8 de enero de 2016, tratándose  de  procesos  habituales, rutinarios  y  constantes  de  la  industria  que  tampoco

fueron verificados por los funcionarios actuantes mediante una inspección física, denunciando vulneración al debido proceso de fiscalización.

 

Sostuvo que, la documentación presentada en etapa de descargos a la Administración Tributaria respecto a la Asesoría Técnica fue más que suficiente y dicha autoridad no tiene claro las definiciones de filial, subsidiaria y accionista, realizando una serie de valoraciones y contradicciones relacionadas al contrato de “Asesoría Técnica”, concluyendo inicialmente

que no está legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto considerándolo como no válido y posteriormente realizó un análisis subjetivo y parcializado del contenido de

las cláusulas del contrato, acusando la no valoración de toda la documentación presentada, limitándose  a  buscarle  errores, existiendo  contradicciones,  confusiones  y  aseveraciones

inadecuadas que vulneran el debido proceso y el derecho a la defensa al pretender exigir requisitos subjetivos e inventados careciendo de fundamentación .

 

Con referencia a los gastos por servicios de “Asistencia Técnica” refirió que la Administración Tributaria reiteró su equivocación respecto a la definiciones de filial, subsidiaria y accionista, aclarando que, Etemit Colombiana S.A., forma parte de la composición accionaria de Industrias Duralit S.A. mencionando que, la primera es subsidiaria  del  Grupo  Elementia  y  que  dicha  cuenta  se  encuentra  soportada  por

innumerables soportes comerciales, financieros, contables y comunicaciones electrónicas, gastos destinados a la elaboración y asesoramiento de mercadeo y publicidad y estrategias comerciales, evaluación comercial, estudio estadístico de las ventajas por región, análisis de ejecución de gastos comerciales, planificación de mercadeo y desarrollo de imagen corporativa, planificación, implementación de mejoras en el proceso de producción, evaluación, seguimiento y dirección de estrategias comerciales; conceptos aceptados como gastos corrientes deducibles en el artículo 8 y los incisos f) y g) del artículo 12 del Decreto Supremo Nº 24051 . En ese sentido, acusa la valoración contradictoria de los contratos al igual que el caso anterior, además de no señalar en que papeles de trabajo se realizó del análisis, valoración y conclusión del trabajo realizado, confrontando sus afirmaciones con los soportes presentados, reclamando también la aplicación de la verdad material sobre la formal.

 

 

En lo que respecta a la donación realizada al Club Aurora, sostuvo que es de conocimiento público que el fin de dicha entidad, es sin fines de lucro y si bien la normativa exige la

presentación de ciertos documentos del beneficiario, el espíritu de la norma

es para asegurarse que tal acción, no beneficie a cualquiera y con ánimos de lucro,      • aclarando además de que, la constancia de recepción se encuentra en los registros

 

contables presentados en la etapa de fiscalización, reclamando la aplicación delprincipio de verdad material.

 

Respecto de las bonificaciones sobre ventas, adujo que, a efecto de realizar los descargos correspondientes, ejecutaron el mismo procedimiento corrigiendo los errores cometidos en su cálculo, correspondiendo comparar dicho oficio con el elaborado por el fiscalizador y los documentos adicionales de soporte, los pagos, comprobantes y registros contables; toda vez que, estos últimos fueron presentados en su oportunidad en el proceso de fiscalización, no pudiendo hacer un nuevo requerimiento de documentos que fueron proporcionados, lo que vulneraria el debido proceso.

 

Sobre los Gastos de Representación y Relaciones Publicas, afirmó que los incentivos a los distribuidores son completamente necesarios para el incremento de su mercado y por ende la comercialización de sus productos, siendo obligación de la Gerencia Comercial expandir el mercado aplicando una serie de incentivos y prácticas de mercadeo que no necesariamente serán a sus empleados dependientes, si no a los vendedores mayoristas como son los distribuidores; independientemente a la comisión de ventas efectivas  que tiene distinto tratamiento y la Administración Tributaria al desconocer este tipo de gastos está desconociendo la normativa aplicable y los documentos de descargo presentados, vulnerando sus derechos.

 

En cuanto a las Bonificaciones (Bonos de Producción), arguyó que, como descargo presentó un papel de trabajo analítico, en el que demostró que, si bien el gasto de remuneración al personal, no fue pagado al cierre de gestión, el mismo fue cancelado dentro el plazo para la presentación de la Declaración Jurada F-500 IUE gestión 2012, evidenciándose que la Administración Tributaria, no realizó un análisis completo de la normativa vigente del IUE, siendo su interpretación inadecuada y arbitraria, vulnerando su derecho a deducir este tipo de gastos devengados.

 

Observó que, la Administración Tributaria, pretende que, para que sea deducible el cargo a resultados por “Previsión” (Indemnizaciones), debe liquidarse y pagar los finiquitos de todo el personal que permaneció trabajando en la gestiones 2011- 2012, lo que demuestra un verdadero desconocimiento de los conceptos de Previsión y Pago Efectivo, situándolos en un total estado de indefensión y vulnerando el debido proceso.

 

De la misma  manera, respecto  a  las vacaciones adujó que, en el caso de  los importes imputados en la cuenta transitoria 7205397, tienen un efecto neutro con la cuenta contable

 

7387002222, teniendo como efecto neto del rubro “Cero” y no tendría ninguna incidencia en la determinación del Impuesto IUE; toda vez que, la Administración Tributaria sobredimensionó erróneamente el gasto por concepto de vacaciones, siendo contradictorio que el descargo presentado sobre las cuentas transitorias con efecto cero (Recuperación Rotura   de   Producción),  fue   aceptado   como   argumento   válido   lo   que   resalta   una

inconsistencia con el concepto de “Vacaciones”; para finalmente enfatizar que los fundamentos expuestos en la Vista de  Cargo y en  los que se basa la Resolución Determinativa están viciados de nulidad por haber lesionado derechos fundamentales como el debido proceso y derecho a la defensa, además de haber vulnerado una serie de principios como el de seguridad jurídica , debido proceso, principio de congruencia y el principio de confiscatoriedad.

 

Por los fundamentos expuestos, en petitorio solicitó la nulidad del procedimiento tributario hasta antes de la emisión de la Vista de Cargo, por no contener los requisitos exigidos en los artículos 85 y 96 del Código Tributario, o en su caso la revocatoria total de la Resolución Determinativa impugnada.

 

11.2.            Auto de Admisión

El 8 de abril de 2016, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Admisión EXPEDIENTE ARIT-CBA-0187/2016, admitiendo el Recurso de Alzada

interpuesto por José Manuel Ramirez Pacheco en representación de Industrias Duralit S.A., contra la Resolución Determínativa Nº 17-00104-16 de 9 de marzo de 2016, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales (fojas 92 del expediente administrativo).

 

11.3.            Respuesta de la Administración Tributaria

La Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente representada por Mario Vladimir Moreira Arias, conforme acredita en la Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0146-16 de 1 de abril de 2016 (fojas 95 del expediente administrativo) mediante memorial presentado el 27 de abril de 2016 (fojas 96- 106 vta. del expediente administrativo), respondió negativamente·el Recurso, con los siguientes argumentos:

 

Que, el contribuyente realizó una calificación a los fundamentos establecidos en la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, sin exponer ni referir el motivo que le permite realizar tales afirmaciones , no identificando que descripciones resultarían confusas,cuáles y en que

partes son las contradicciones  y que valoraciones o fundamentos  serian porque, incumpliendo su obligación de fundamentar sus pretensiones conforme lo establece el inciso e) del artículo 198 de la Ley Nº 2492 (CTB), además de invocar violación a sus derechos fundamentales, sin identificar de qué manera la Administración Tributaria hubiera causado el agravio que denuncia, ya que de ser atendida su pretensión esta autoridad estaría incurriendo en arbitrariedad en contra de los principios de imparcialidad en igualdad de las partes de los procesos; adicionalmente refirió que si bien el recurrente denuncia contradicción y confusión, en el segundo punto de su impugnación, impugna el fondo de cada concepto determinado, demostrando la falta de sustento y veracidad en la nulidad que solicita, sin que pueda identificar las aseveraciones que alega por no ser reales.

 

Adujo que, el recurrente, no definió su pretensión sin impugnar de manera concreta el método de determinación empleado, afirmando que, la misma fue realizada sobre base cierta por la documentación proporcionada por el sujeto pasivo, como la obtenida del sistema SIRAT2, revisando la contabilidad de la empresa, estados financieros, contratos, documentos internos, declaraciones juradas etc., y que conforme consta en papeles de trabajo demuestra la situación impositiva económica y real del contribuyente, motivo por el cual señaló que no se debe confundir la valoración de la documentación con el método de determinación.

 

Respecto a los intereses sobre pagares, señaló qu. el capital de préstamo es de fuente boliviana y no extranjera como pretende ser considerado por el recurrente, lo que significa que el capital generado  en territorio fue el que generó ingresos y al ser producto de la realización de un acto en territorio nacional que produce  utilidades; adicionalmente, en relación a la doctrina jerárquica enunciada y transcrita calificó la misma como no aplicable al caso por falta de analogía y por no ser un precedente obligatorio, por otra parte señaló que la Administración Tributaria actuó en observancia al artículo 42 de la Ley Nº 843.

 

El relación a la cuenta Otros, referente a la reversión parcial de una cuenta de previsión, mencionó que es la falta de documentación que acredite el ajuste contable que realizó y la documentación presentada en etapa de fiscalización y descargos es la misma y no detalla información que permita corroborar que en la gestión 201O declaró como un gasto no deducible el monto revertido en la gestión 2012, ya que existen inconsistencia y contradicciones en la documentación del sujeto pasivo ya que la demanda del Dr. Moscoso fue interpuesta recién el 2011.

 

Con referencia a los Costos de Ventas,  afirmó que el recurrente, no presentó ninguna documentación  que  respalde  la  diferencia  del  costo  y  se  constituye  en  un costo  no  deducible, aclarando que en la valoración de la documentación y los descargos con el kardex físico valorado y expuesto en una hoja de trabajo, advirtiéndose que los productos importados ya vienen con un costo inmerso y el contribuyente incrementa ese costo sin justificación alguna sin que este último exponga su realidad económica y financiera en la presentación de sus Estados Financieros de la gestión 2012, poniendo en duda y contradiciendo sus propias actuaciones.

 

Sobre las muestras y obsequios sostuvo que, detectó un excedente en la imputación al gasto por el citado concepto sin respaldo normativo alguno, pretendiendo que las fotografías presentadas como descargo sean contrapuestas en la normativa tributaria vigente, mientras que la observación plasmada en los actos emitidos por la Administración Tributaria, tienen su sustento en la falta de documentac ión contable que acredite el excedente imputado y tampoco cuenta con la respectiva recuperación del Impuesto al Valor Agregado que acredite su posición y desvirtúe la observación, siendo que la misma es el reflejo de la documentación contable y las declaraciones impositivas del contribuyente.

 

Respecto a la Rotura de Almacén y Transorte y Reposición Gratuita, arguyó que, conforme al acto impugnado, el recurrente no presentó documentación contable y técnica que demuestre que los costos por rotura de almacén fueron incorporados al proceso de producción y finalmente que el informe de los profesionales de Duralit SA., además de fecha reciente y no de la gestión objeto de fiscalización ya que únicamente se describió el tratamiento de roturas y no demostró el cierre del ciclo de costo de producción, evidenciándose de que no respaldó documentalmente esta situación, sin tampoco rebatir la valoración de sus argumentos plasmados en el acto impugnado. Por su parte, en referencia a Transporte y Reposición Gratuita, el recurrente citó el mismo como subtitulo en su impugnación pero no menciona ninguna observación o argumento, entendiéndose  su conformidad por tal concepto.

 

Expuso en referencia a la cuenta Asesoria Técnica que, se evidenció la imputación al gasto en la gestión 2012, por remesas realizadas en periodos posteriores a la gestión revisada a la empresa Elementia Servicios Administrativos, Sociedad Anónima de Capital Variable por servicios de Asesoría en Tecnologia de la Información, pero el contribuyente no demostró que el gasto  cumpla con la condición de estar vinculado a la actividad gravada, sea necesario para la obtención de la utilidad gravada y la conservación de la fuente y al documentación presentada puso en evidencia la simulación de un acto jurídico respaldando la observación en que el contrato presentado no cumple con requisitos formales para ser

apreciado como legal y valedero, dicho documento no estipula el importe o manera de  subjetivos  y  cálculo del pago por el objeto del mismo, tampoco la emisión de un documento por el importe total imputado; tampoco exhibió documentación que respalde la realización y vinculación del gasto declarado al no presentar detalles, pormenores, evidencia o resultados de la consultoría y la documentación ofrecida por Duralit SA., no es específica para respaldar la imputación del gasto y la factura original, las transferencias bancarias, extractos bancarios, solicitud de transferencias bancarias, registros contables, libros mayores pero ante la realidad económica y la falta de sustento del contrato se verificó la incorrecta imputación del gasto.

 

En lo que respecta a la cuenta “Servicio de Asistencia Técnica”, el contribuyente no demostró que el gasto cumpla con la condición de estar vinculado a la actividad gravada y sea necesario para la obtención de la actividad gravada y la conservación de la fuente, demostrando más bien, con la documentación presentada, una simulación de un acto jurídico, al no demostrar documentalmente la realización, tampoco demostró que era necesario para  la empresa  y que efectivamente  se  benefició  con dicha asistencia.

Refiriendo también que, la Administración Tributaria en aplicación del principio de verdad material revisó y analizó el contenido del mismo, identificando el incumplimiento y la incongruencia de las cláusulas contractuales con los hechos, aclarando que la revisión realizada no otorga la validez “tacita” como pretende Industrias Duralit SA., y en cuanto a las remesas efectivamente realizadas y la declaración y pago del IUE beneficiarios al exterior, ante la falta de sustento del contrato, no existe la documentación que acredite la percepción del servicio a favor de la empresa, resaltando que es obligación del recurrente demostrar la correcta imputación del gasto, así como probar la legitima realización de la

transacción y su vinculación con la empresa Duralit S.A.

 

 

Referente a la cuenta de Publicidad y Propaganda, advierte que el principio de verdad material no significa el desconocimiento de la normativa vigente, tampoco puede estar sobrepuesta a las disposiciones legales vigentes debiendo desestimar lo fundamentado al respecto. De la misma manera, sobre la “Bonificaciones sobre Ventas” menciona que observó un excedente en la imputación del gasto por el citado concepto, devengadas en la gestión que no fueron cancelados en la gestión siguiente, siendo que el contribuyente no presentó la documentación de respaldo que acredite la realización de la transacción, ya que durante el proceso de determinación evidenció que, no existe ningún documento que demuestre el pago efectivo por la diferencia detectada y que la documentación presentada expone el detalle de montos referidos por el contribuyente pero no mostró ni evidenció el

pago señalado, además que el reparo o diferencia fue obtenido de su propia contabilidad, demostrando  que  el  contribuyente  elaboró  un  papel  de  trabajo  sin  observar  su  documentación y por el cual no corresponde el ajuste exigido; por otra parte, en lo referente a la documentación aclaró que el recurrente no acredito la efectiva realización de la transacción sobre las diferencias, negando que se haya la Resolución Determinativa haya exigido o solicitado documentación alguna.

 

Aseveró que, sobre los “Gastos de Representación y Relaciones Públicas” el recurrente insiste que “un viaje en crucero como premio al mejor distribuidor” es necesario para mantener y conservar la fuente de su actividad y permite expandir su mercado y reitera lo expuesto en la Resolución Determinativa en el sentido de que la empresa no tiene obligación con los distribuidores independientes y no tiene relación con la actividad del contribuyente, además de que este último no demostró que dicho gasto sea necesario, como se mencionó previamente. Por otra parte, sobre las “Bonificaciones”, citó que se evidencia que el respaldo adjunto por dicha cuenta, no acredita el pago realizado en los periodos de la gestión 2013, correspondan a los devengados en diciembre de la gestión 2012, al no existir documento contable valedero que exponga el correspondiente desglose.

 

Sobre la cuenta “Indemnizaciones’ , arguyó que siendo que el excedente observado se origina en una diferencia entre el importe imputado con relación a las planillas de sueldos y

las canceladas según finiquito, sin que se evidencie la correspondencia a previsiones como el recurrente sostiene. De la misma manera adujo que, la diferencia en la cuenta 11Vacaciones” se originó en el excedente de  la imputación al gasto por concepto de vacaciones devengadas en la gestión, con las efectivamente pagadas según finiquitos de personal retirado que fueron presentados por el mismo contribuyente.

 

Finalmente, sobre la calificación de conducta, alegó que a través de la fiscalización evidenció que el contribuyente imputó como gastos deducibles conceptos que no están sujetos a dicha condición, afectando su determinación sobre el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), reduciendo la carga fiscal que le correspondía pagar; por lo que, calificó su conducta como Omisión de Pago.

 

Por los fundamentos expuestos, solicitó confirmar la Resolución Determinativa Nº 17- 00104-16 de 9 de marzo de 2016.

 

11.4. Apertura de ténnino probatorio

El 28 de abril de 2016, la Autoridad  Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba emitió el Auto  de Apertura  Término de  Prueba  EXPEDIENTE  ARIT-CBA-0187/2016,

disponiendo la apertura del término de prueba de 20 días comunes y partes, en aplicación del inciso d) del artículo 218 de la Ley Nº 2492 (Título V CTB) (fojas 107 del expediente administrativo).

 

11.4.1.        Admi nistración Tributaria

El 20 de mayo de 2016, Mario Vladimir Moreira Arias en representación de la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, presentó memorial ante ésta instancia ofreciendo y ratificando en calidad de prueba los antecedentes administrativos acompañados al memorial de respuesta del Recurso de Alzada de 28 de abril de 2016, solicitando mantener firme y subsistente en todas sus partes la Resolución Determinativa impugnada (fojas 109 del expediente administrativo).

 

11.4.2.        Sujeto Pasivo

El 24 de mayo de 2016, José Manual Ramírez en representación de Industrias Duralit SA, por memorial se ratificó en la totalidad de la documentación e información presentada como prueba de acuerdo al requerimiento de Impuestos Nacionales, según actas de recepción y notas de constancia de entrega emitidas por Industrias Duralit SA., listando como pruebas adicionales de aclaración a los aspectos observados en el proceso de fiscalización: 1) Empastado del Libro Diario; 2) Papel de Trabajo de determinación del IUE; 3) Resumen de Costos de Productos no propios del costo de venta; 4) Empastados del Libro Mayor y Libro Diario de Costos de Venta; 5) Empastados de los Libros Diarios de utilización de materiales de las roturas de almacén; 6) Planillas de sueldos visados por el Ministerio de Trabajo del mes de enero de 2013 . Adicionalmente presentó como pruebas de reciente obtención: 1) Cédula de Identificación Fiscal (CIF) emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) Nº EAT01101HD1 del país de México, a fin de probar el servicio de Asesoría Técnica que fueron realizados, íncluyendo, el Análisis Funcional sobre Elementia Servicios, Formulario de Registro Único Tributario (RUT) Nº 860002302 emitido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) del país Colombia y el Análisis Funcional sobre Eternit Colombia; sin embargo, para estas últimas, habiendo sido señalado el Juramento de Reciente Obtención para el 3 de junio de 2016, la misma se declaró desierta, por lo que en aplicación del artículo 81 de la Ley Nº 2492 (CTB), las mismas no serán objeto de análisis y valoración por ésta instancia (fojas 112 vta. y 115 del expediente administrativo).

 

11.5.            Alegatos

11.5.1.        Administración Tributaria

El 13 de junio de 2016, Mario Vladimír Moreira Arias en su calidad de Gerente de Grandes Contribuyentes GRACO Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, solicitó se fije

fecha y hora para la realización de Audiencia de Alegatos Orales, misma que Proveído de 14 de junio EXPEDIENTE: ARIT-CBA-0187/2016 (fojas 121 del expediente administrativo), fue señalada para el 20 de junio de 2016; siendo que dentro la realización de la misma, GRACO Cochabamba, además de ratificarse y reiterar los fundamentos y

argumentos  expuestos  en  el  Responde  del  Recurso  de  Alzada,  enfatizó  y  centro  su

exposición en las cuentas: “Asesor ía Técnica” y ‘AServicio de Asistencia Técnica”, enfocando sus argumentos principalmente a la efectiva realización de las transacciones observadas, calificándolas como simuladas a fin de alterar su base imponible, aduciendo que durante el proceso de fiscalización, así como en la etapa de descargos a la Vista de Cargo, la empresa recurrente, no presentó documentación que respalde la fehaciente realización de la transacción, siendo que no respalda documentalmente los servicios prestados y menos la necesidad y resultados de los mismos, más cuando se trata de una empresa con más de

40 años de funcionamiento, que ya  se encuentra establecida, y genera y mantiene procesos propios dentro de sus sistemas no siendo identificables las necesidades y el trabajo realizado por los servicios previamente mencionados (fojas 123-125 vta. del expediente administrativo).

 

  1. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

El 10 de junio de 2014, la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, notificó de manera personal a José Manuel Ramírez representante legal de Industrias Duralit S.A., con la Orden de Fiscalización Nº 14990100209 , Form. 7504, con alcance al IUE Form. 500, gestión 2012 correspondiente a los meses enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2012; adjuntando el el Requerimiento de Documentación Nº 14390900012 , por el cual solicitó la siguiente documentación: a) Estados Financieros, b) Comprobantes de Egreso, e) Comprobantes de Diario, d) Comprobantes de Ingreso, e) Conciliaciones Bancarias, f) Declaraciones Juradas del Impuesto al Utilidad sobre las Empresas, g) Dictamen de Auditoria Externa, h) Extractos Banca, i) Inventarios, j) Kardex, k) Libro de

Contabilidad Mayores, 1) Libro de Contabilidad Diarios, 11) Notas Fiscales de Respaldo al

Crédito Fiscal, m) Notas Fiscales de Respaldo al Débito Fiscal, n) Registro en Fundempresa , ) Registro en la Cámara de Comercio, p) Los detallados en el anexo y cualquier otra documentación que el fiscalizador asignado solicite durante el proceso de fiscalización (fojas 2 y 6-8 C1 de antecedentes administrativos).

 

El 17 de junio de 2014, José Manuel Ramirez Pacheco en su calidad de representante legal de Industrias Duralit S.A., solicitó al Servicio de Impuestos Nacionales mediante memorial, la ampliación del plazo para la entrega de información en formato digital especial, misma

mediante perentorios a ambas  que fue atendida mediante Proveído Nº 24-00251-14 de 25 de junio de 2014 otorgándole plazo hasta el 2 de julio de 2014 (fojas 17 vta. y 18 C1 de antecedentes administrativos).

 

El 9 de diciembre de 2015, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: SIN/GGCBA/DF/FE/I NF/03258/2015, en el que se exponen antecedentes, objetivo y alcance, trabajo realizado, concluyendo que existen reparos a favor del Fisco por concepto del IUE, tipificando inicialmente su conducta dentro las previsiones del numeral 3)  del artículo 160 de la Ley N° 2492 (CTB); recomendando proseguir con la recuperación de los adeudos a favor del Fisco y emitir la Vista de Cargo correspondiente (fojas 4428-4441 C1O de antecedentes administrativos) .

 

El 9 de diciembre de 2015, el Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Vista de Cargo Nº 29-00331-15 , exponiendo la liquidación preliminar de la deuda tributaria en UFV’s7.192.171.-, equivalentes a Bs15.063.571.-, otorgándole treinta (30) días calendario para formular y presentar descargos que estime convenientes, recomendando que una vez vencido el citado plazo, se emita la Resolución Determinativa correspondiente; acto notificado de manera personal al representante legal de Industrias Duralit SA., el 10 de diciembre de 2015 (fojas 4444-4456 C10 de antecedentes administrativas).

 

El 11 de enero de 2016, Industrias Duralit S.A., presentó ante la Administración Tributaria oficio en que refiere la presentación de descargos , observando el método de determinación del proceso de fiscalización,  los intereses sobre pagares, la cuenta “Otros”, el costo de ventas, muestras y obsequios, roturas de almacén, transporte y reposición gratuita, recuperación rotura de producción, asesoría técnica, servicios de asistencia técnica, publicidad propaganda y promoción, bonificación sobre ventas, gastos de representación y relaciones públicas, bonificaciones, indemnizaciones y vacaciones ; sosteniendo que, habiendo  sido descargados  los reparos  establecidos  en la Vista  de  Cargo, solicitó  una

adecuada  y objetiva  valoración de  los descargos  presentados, dejando  sin efecto  las

determinaciones que se le imputaron (fojas 4755-5633 C1O-C11 de antecedentes administrativas) .

 

El 7 de marzo de 2016, la Administración Tributaria emitió el Informe de Conclusiones CITE: SIN/GGCBBA/DJCC/UTJ/INF/00060/2016 , en el que se expusieron los antecedentes, el alcance de la verificación , el trabajo desarrollado y/o evaluación de descargos, detallando punto por punto las cuentas o aspectos observados por el contribuyente, advirtiendo que si bien no cuentan con sustento legal, ni técnico suficiente, se desvirtuaron las observaciones

por concepto de rotura de producción e indemnizaciones parcialmente; toda vez que, el  contribuyente presentó documentación suficiente que demuestra que dichos gastos están estrechamente vinculados  con la  actividad gravada y que dichos gastos son necesarios para el mantenimiento y conservación de la fuente y por las demás observaciones por gastos imputados como deducibles e ingresos percibidos no declarados, se ratifican las mismas, por no haber presentado documentación suficiente y/o mayor elemento técnico (fojas 5636-5680 C11 de antecedentes  administrativos).

 

El 9 de marzo de 2016, la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Resolución Determinativa Nº 17-00104-16, que determinó

las obligaciones impositivas del contribuyente Industrias Duralit SA., en la suma de UFV’s7’260.383.- equivalentes a Bs15’331.123.-, que consolida el tributo omitido, intereses, sanción por omisión de pago y multa por incumplimiento a deberes formales, correspondiente al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de la gestión 2012; acto notificado de manera personal a José Manuel Ramírez Pacheco en calidad de representante legal de Industrias Duralit SA., el 11 de marzo de 2016 (fojas 5684-5731 C11 de antecedentes administrativos).

 

El 4 de julio de 2016, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 0369/2016, que resolvió anular la Resolución Determinativa Nº 17-00104-16 de 9 de marzo de 2016, a objeto de que el SIN emita un nuevo acto, fundamentando y realizando una valoración completa e individualizada de los descargos presentados, considerando además que estos condigan con las observaciones inicialmente planteadas en la Vista de Cargo (fojas 141-154 del expediente administrativo).

 

El 12 de septiembre de 2016, la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1107/2016, que resolvió anular la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 0369/2016 de 4 de julio de 2016, con reposición hasta el vicio más antiguo; esto es, hasta la citada Resolución de Alzada, a fin de que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba emita un nuevo acto debidamente motivado, conforme al artículo 28 inciso e) de la Ley Nº 2341 (LPA), circunscribiéndose a los agravios expuestos por el Sujeto Pasivo en su Recurso de Alzada y pronunciándose sobre todas las cuestiones planteadas, en cumplimiento a lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 211 del Código Tributario Boliviano (fojas 234-249 vta. del El 17 de noviembre de 2016, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0658/2016 que resolvió anular la Resolución Determinativa Nº 17-00104-16 de 9 de marzo de 2016, a fin de que el SIN emita un nuevo acto, fundamentando y realizando una valoración integra de la documentación presentada a fin de que su análisis y valoración sea de total comprensión e interpretación de parte del recurrente (fojas 272-284 del expediente administrativo).

 

El 14 de febrero de 2017, la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0127/2017, que resolvió anular la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0658/2016 de 17 de noviembre de 2016, con reposición hasta el vicio más antiguo; esto es, hasta la citada Resolución de Alzada, a fin de que la instancia de alzada emita un nuevo acto en la que exponga de manera fundamentada sus razones que inducen a emitir su Resolución, cumpliendo el artículo 28, inciso e) de la Ley Nº 2341 (LPA) (fojas 318-329 del expediente administrativo).

 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA JURÍDICA

IV.1.             Cuestión Previa

Conforme se tiene de la revisión del Recurso de Alzada planteado por la empresa Duralit S.A., representada por José Manuel Ramirez Pacheco, se evidenció que trajo a colación para el análisis técnico jurídico situaciones y aspectos tanto de forma como de fondo; en ese entendido, de acuerdo a los principios procesales precautelando el debido proceso y el derecho a la defensa de ambas partes, ésta instancia recursiva previamente efectuará la verificación y el análisis sobre la existencia de los vicios procesales denunciados y en caso de no ser evidentes, se ingresará al análisis de los aspectos de fondo  para determinar lo que en derecho corresponda, emitiendo un pronunciamiento expreso, positivo y preciso de las cuestiones planteadas conforme al parágrafo 1 del artículo 211 de la Ley N° 2492 (CTB).

 

IV.1.1.         Sobre la omisión de fundamentación de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa

El recurrente en principio acusa de que la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa carecen de contenido sustancial restringiendo absolutamente su derecho a la defensa, refiriendo que la Vista de Cargo deberá fundamentar y soportar adecuadamente de forma amplia los hechos establecidos y normativa que se contraviene, tampoco se menciona los elementos de valoración concreta y fáctica sobre cada concepto observado y menos una conclusión lógica y definitiva. Adicionalmente mencionó que, el acto impugnado no contiene la   valoración    correcta   ni   la   fundamentación   de   los   documentos    aportados expediente administrativo) . fundamentándose en descripciones confusas, contradictorias subjetivas omitiendo fundamentación.

 

Por su parte, la Administración Tributaria sostiene que, no puede tomarse como cierto, ni entenderse la pretensión del sujeto pasivo, ya que el mismo, no identificó de qué manera el SIN le hubiera causado el agravio que denuncia; de la misma manera, en cuanto a la contradicción y confusión alega que el recurrente demostró la falta de sustento de su impugnación ya que en la segunda parte de su impugnación observa el fondo de cada aspecto determinado.

 

En principio, corresponde mencionar que, la doctrina determina que: “e/ acto debe estar razonablemente fundado, o sea, debe explicar en sus propios considerandos, los motivos y los razonamientos por los cuales arriba a la decisión que adopta. Esa explicación debe ser tanto de los hechos y antecedentes del caso, como del derecho, en

virtud del cual se considera ajustada a derecho la decisión y no pueden desconocerse fas pruebas existentes ni Jos hechos objetivamente ciertos” (Agustín Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, 11-36 y 37, T. IV). En cuanto a la fundamentación o motivación del acto, la doctrina nos señala que ésta es imprescindible “…para que el sujeto pasivo sepa cuáles son las razones de hecho y derecho quejustifican la decisión y pueda hacer

su defensa o, en su caso, deducir los recursos permitidos …” (Giulanni Fonrouge,

Carlos M. Derecho Financiero. Volumen l. Ed.De Palma. 1987 Pág.557).

 

Por su parte, el parágrafo 11 del artículo 29 del Decreto Supremo  Nº 27113 (RLPA) establece que el acto deberá contener resolución que: a) Observe estrictamente disposiciones constitucionales, legales o administrativas de máyor jerarquía. b) Cumpla con lo determinado en las sentencias del Tribunal Constitucional. e) Asegure derechos adquiridos mediante sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada o mediante actos administrativos que se encuentren firmes en sede administrativa. d) Sea precíso y claro. e) Sea de cumplimiento posible. f) No se encuentre en contradicción con la cuestión de hecho acreditada en el expediente o la situación de hecho reglada por las normas.

 

En el presente caso, el recurrente relacionó la vulneración del derecho a la defensa con la carencia de contenido sustancial de la Vista de Cargo y la consecuente Resolución Determinativa, actos emitidos y que le fueron notificados, lo que le cuarto la posibilidad de presentar   los   descargos   correspondientes,  acusando   además,  la   existencia   de

descripciones confusas, contradictorias y subjetivas nada determinantes . A ello debemos indicar que la se 1534/2003-R de 30 de octubre, definió al derecho a la defensa como:

“…potestad inviolable del individuo a ser escuchado enjuicio presentando las pruebas que  estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea. Asimismo, implica la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal en las mismas condiciones con quien lo procesa, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente …”; jurisprudencia que ha sido reiterada en las SSCC 0183/2010-R,0281/2010-R , entre otras.

 

De la revisión minuciosa de los antecedentes administrativos, se evidencia que la Administración Tributaria notificó a través de su representante legal a Industrias Duralit S.A. con la Orden de Fiscalización Nº 14990100209, Requerimiento de Documentación Nº 14390900012 y su Anexo (fojas 2 y 6-8 C1 de antecedentes administrativos), mismos que fueron cumplidos conforme se registra en el Acta de Recepción de Documentación de 2 de julio de 2014 (fojas 19 C1 de antecedentes administrativos), sin que se haya labrado Acta por Contravenciones Vinculadas al Proceso de Determinación; documentación en la que la Administración Tributaria basó su análisis y reparos que fueron expuestos en la Vista de Cargo Nº 29-00331-15 (4444-4456 de antecedentes administrativos) . Cabe aclarar también, que durante el proceso de fiscalización, la Autoridad Recurrida realizó solicitud específica de documentación adicional, mediante Nota CITE: SIN/GGCBNDF/FE/NOT/01258/20 15 de

26 de octubre de 2015 (fojas 1841 de antecedentes administrativos}, recibida con conformidad ya que no fue objeto de multas por incumplimiento a deberes formales y que fue empleada para el análisis de cuentas especificas dentro del alcance de la revisión.

 

 

Ahora bien, si volcamos todo el contexto doctrinal y normativo hasta aquí expuesto al proceso de fiscalización iniciado contra la Empresa Duralit S.A.; además, considerando que la Administración Tributaria, en aplicación de los artículos 66 y 100 de la Ley Nº 2492 (CTB), arribó a los resultados que se exponen en la Vista de Cargo a fin de que las observaciones sean conformadas y/o descargadas de acuerdo a lo establecido en el artículo 98 del citado cuerpo legal; al respecto, corresponde aclarar, que dicho documento cumple con los requisitos esenciales enunciados en el artículo 96 del Código Tributario, siendo que dicha norma textualmente cita: “… hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes  de  la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación.” (las negrillas son propias) y es que además de concluir formalmente con la fiscalización, el citado documento pone en conocimiento del sujeto pasivo los resultados a los que arribó la Administración Tributaria, producto de su revisión y el reparo determinado por estos, otorgándole la oportunidad de presentar descargos  así como de pagar  la deuda determinada concediéndole el beneficio de reducción de sanciones en función a la oportunidad de pago en aplicación del artfculo 165 de la Ley Nº 2492 (CTB).

 

En consecuencia, de lo expuesto precedentemente se advierte claramente. la importancia de la Vista de Cargo para garantizar las garantías y derechos fundamentales del sujeto pasivo como es el debido proceso y el derecho a la defensa ya sea para presentar los descargos correspondientes o para honrar la deuda determinada, además que los cargos y conceptos expuestos en el documento de referencia deben ser claros y objetivos, facilitando el entendimiento y compresión del sujeto pasivo a fin de presentar los descargos que sean de comprensión de la misma manera por ambas partes, aspectos que en el presente caso el recurrente reclama en su Recurso de Alzada. Adicionalmente, corresponde enfatizar que lo precedentemente mencionado de ninguna manera afirma, asevera o califica de alguna forma el trabajo realizado por la Administración Tributaria.

 

Asimismo, cabe señalar que:”el derecho al debido proceso (intimamente relacionado con la correcta fundamentación de hecho y derecho), según la Doctrina Administrativa tiene por objeto el cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente en materia de procedimiento para garantizar la justicia al recurrente; es decir, que se materializa con la posibilidad de defensa que las partes deben tener, con la producción de pruebas que se ofrecieren y una decisión pronta del juzgador (OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Pol ticas y Sociales. Nueva Edición. Buenos Aires – Argentina. Editorial Heliasta. 2006. Pág. 804).Criterio que concuerda con la amplia doctrina constitucional como un elemento del debido proceso; la Sentencia Constitucional 0791/2012, reiterando lo señalado en varias otras (0082/2001-R, 0157/2001-R, 0798/2001- R, 0925/2001-R, 1 028/2001-R, 1 009/2003-R, 1797/2003-R, 0101/2004-R, 0663/2004-R,

0022/2006-R)  ha señalado: “en consonancia  con los  tratados  internacionales  citados, a

través de la  jurisprudencia constitucional se ha establecido que los elementos que componen al debido proceso son el ( … ) derecho a Ja valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones”.

 

En la normativa interna, el artículo 115 parágrafo 11 de la Constitución Política del Estado (CPE) establece que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; el artículo 117 parágrafo 1 de la norma suprema citada dispone que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso; continuando con la norma citada el artículo 119 parágrafo 11 que dispone que toda persona tiene derecho inviolable a la Por su parte, el numeral 6 artículo 68 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que constituye derecho del sujeto pasivo al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código.

 

Asimismo, el parágrafo 11 artículo 29 del Decreto Supremo Nº 27113 (RLPA) establece que, el acto deberá contener resolución que: a) Observe estrictamente disposiciones constitucionales, legales o administrativas de mayor jerarquía . b) Cumpla con lo determinado en las sentencias del Tribunal Constitucional. c) Asegure derechos adquiridos mediante sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada o mediante . actos administrativos que se encuentren firmes en sede administrativa. d) Sea preciso y claro. e) Sea de cumplimiento posible. f) No se encuentre en contradicción con la cuestión de hecho acreditada en el expediente o la situación de hecho reglada por las normas.

 

Asimismo, en referencia a la prueba, el artículo 76 de la Ley 2492 (CTB), indica que, se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se encuentra en poder de la Administración Tributaria, en relación a esto, el artículo 81 del mismo cuerpo normativo, explica que las pruebas se apreciaran conforme  a las reglas de  la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, más específicamente el artículo 217 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB) contempla que se admitirán como prueba documental -entre otros- los documentos presentados por las partes en respaldo a sus posiciones siempre que sea original o copia de este legalizada por autoridad competente.

 

Bajo ese contexto, del análisis de la Vista de Cargo, la Administración Tributaria después de exponer los datos generales y la liquidación preliminar de la deuda tributaria en la primera página realizó el análisis de las cuentas de ingresos y análisis de cuentas de costos y gastos, desglosándolas por el código de cada cuenta observada, mencionándose también la documentación base que fue presentada por el recurrente a solicitud de la Administración Tributaria, coligiéndose que Duralit S.A., interpretó y asimiló el concepto de tales observaciones y en función a eso presentó los descargos que consideraba pertinentes; sin embargo, la vulneración del debido proceso y el derecho a la defensa que esta instancia observa, no se hace evidente hasta contraponer dichos conceptos con los expuestos en la Resolución Determinativa, ahora objeto de impugnación. defensa. En ese sentido, previo a desarrollar lo mencionado, es imperante considerar que, si bien el Derecho Tributario, a pesar de ser una rama del Derecho Público dentro del Derecho Financiero, no está catalogada como una ciencia y por lo mismo, responde principalmente al criterio profesional del profesional/funcionario que  aplica  la  normativa  que  circunscribe ese todo fiscal en el que el Estado ejerce su poder tributario; consecuentemente, sibien, la Administración Tributaria, en uso y aplicación de sus amplias facultades establecidas en los articules 66 y 100 de la Ley Nº 2492 (CTB) referidas al control, comprobación, fiscalización e investigación, así como la de exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, ya sea cualquier libro, documento y correspondencia con  efectos tributarios, requirió al recurrente la documentación necesaria para llevar adelante la verificación, enfatizando que dichas facultades no son restrictivas o limitadas a los sistemas propios de la Administración Tributaria o elementos que podrían entenderse como subjetivos bajo otro

criterio ajeno al del fiscalizador: por lo que, dicha autoridad sih afectar la presunción de legitimidad enunciada en el artículo 65 de la Ley Nº 2492 (CTB), tiene y debe armonizar su criterio o por lo menos socializarlo con el contribuyente, de tal manera que ambas partes encuadren sus acciones dentro de parámetros o limites claramente establecidos.

 

Consecuentemente , redundando en lo expuesto, habiendo concluido una etapa preliminar del proceso de fiscalización y la posterior presentación de descargos para su valoración, la normativa tributaria, específicamente el Código Tributario a través de la Ley Nº 2492 (CTB), explícitamente no limita la aplicación de las amplias facultades mencionadas en párrafos anteriores solo a actividades dentro del proceso de verificación, ya que cuando el contribuyente asume defensa al presentar descargos, su criterio y aseveraciones deberán ser entendidas. atendidas, vali dadas y/o desvi rtuadas por el Ente Fi scali zador, justamente armonizando sus criterios; es importante también y no se debe confundir la participación del sujeto pasivo en la primera parte del proceso de determi ación como “aportante” de documentación o información, ya que esta inicialmente será enfocada, empleada y aplicada en función del alcance de la revisión y consecuente criterio del funcionario actuante, considerando lógicamente como constante permanente la  aplicación normativa, aspecto que de ninguna manera garantiza ni hace definitivo o acredita verdad absoluta a los hallazgos realizados por el funcionario fiscalizador y justamente para ello la Ley prevé una etapa de descargos.

 

 

Por otra parte, pero sin alejamos de la problemática -como ya se mencionó- el artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), claramente establece que en los procedimientos tributarios administrativos y jur isdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar l os hechos  constitutivos  de  los  mismos, y subrayamos esta última parte ya que es  un elemento íntimamente e innegablemente vinculado al concepto de la verdad material que se constituye en un principio del que hacer administrativo a través del inciso d) del artículo 4 de la Ley Nº 2341 (LPA), correspondiendo citar al respecto la SC 0427/2010-R  de 28 de junio de 201O, que señala: “En lo que se refiere a la verdad material, cabe considerar que la doctrina es uniforme al establecer que la verdad material: “es aquella  que busca en el procedimiento administrativo, el conocimiento de la realidad, de esa verdad, en la acepción latina del término veritas: lo exacto, riguroso. No permite contentarse con el mero estudio de las actuaciones sino que deben arbitrarse los medios por los cuales, al momento del dictado

de la decisión, se conozcan todas aquellas cuestiones, permitiendo así el conocimiento exacto o lo más aproximado a los hechos que dieron origen al procedimiento”. (ABELAZTURY , CILURZO, Curso de Procedimiento Administrativo Abeledo – Perrot, pág.

29).

 

Adicionalmente y resaltamos que, en la legislación boliviana, se tiene que los artículos 36, 37 y 40 del Decreto Ley Nº 14379 (Código de Comercio) establecen la obligatoriedad del comerciante de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia y organización de la empresa, sobre una base uniforme que permita demostrar la situación de sus negocios y una justificación de sus actos sujetos a contabilización; siendo obligatorio que lleven Libro Diario, Mayor, Inventarios y Balances, encuadernados y notariados, debiendo además llevar registros auxiliares que estime convenientes para lograr mayor orden y claridad, para así obtener información y ejercer control; toda vez que, dicha documentación permite demostrar la situación de sus negocios y una justificación clara de todos y cada uno de los actos y operaciones sujetos a contabilización, dando certeza irrefutable de las transacciones registradas, cumpliendo así con los principios de exposición, uniformidad, materialidad y realidad económica. Tales aspectos, necesariamente dentro de un escenario de derecho, deben ser considerados, asimilados y aplicados por la Administración Tributaria en el entendido de que la fiscalización al tratarse en esencia de una auditoria de naturaleza fiscal, esta debe obedecer y sujetarse a normas de auditoria y entre ellas, esta que el auditor/revisor debe tener conocimiento del giro negocio suficiente para que le sea posible identificar y comprender  los  eventos, transacciones y prácticas que, a su juicio, puedan tener un efecto importante, así como concertar enfoques y criterios a fin  de  validar,  confirmar  o  desvirtuar los cargos o reparos determinados.

 

Volcando los conceptos y elementos hasta aquí expuestos y retomando la vulneración al debido proceso y derecho a la defensa identificada, se advierte que la Administración Tributaria en la Resolución Determinativa impugnada expone sus hallazgos y los contrapone con la normativa aplicable y si bien menciona los argumentos expuestos por la empresa recurrente y la documentación que esta presenta como descargo, es claro que los criterios para valorar dicha prueba difieren de los inicialmente planteados, en razón a que el SIN no vertió observación alguna sobre la correspondencia y competencia de la documentación presentada durante la sustanciación del proceso de verificación, en el sentido a que la misma cumplió con los artículos del Código de Comercio mencionados líneas arriba, así como tampoco identificó incumplimiento formal alguno sobre la presentación de la misma; por lo que, dicha autoridad mal podría observar dentro el acto impugnado la ausencia o carencia de respaldo de transacciones u operaciones que desde su punto de vista resultan dudosas y es donde claramente se identifica lo que ésta instancia pretende hacer notar; dicho de otra manera, la empresa recurrente presentó a la Administración Tributaria documentación que bajo sus necesidades de control interno e información cumplen sus requerimientos a satisfacción, mientras que el Servicio de Impuestos Nacionales observa varios aspectos de la misma dentro su enfoque y alcance de revisión y es en este punto que el SIN debería solicitar explícitamente documentación adicional o en su caso plasmar ello en la Vista de Cargo para que la presentación de los descargos sea más objetiva y efectiva para el recurrente fin de subsanar las observaciones, debiendo resaltar en este punto que no existe proscripción normativa para que la Administración Tributaria haga notar dichas falencias, más cuando en la Resolución Determinativa adopta una redacción en la que da opciones o menciona documentación con la que sí podría haberse subsanado o conformado cada observación, lo que desde luego compromete el derecho a la defensa, dentro los preceptos del debido proceso, al limitar la comprensión del sujeto pasivo sobre los motivos que impulsaron la desestimación de la prueba documental propuestas por Duralit S.A.

 

Asimismo, en materia tributaria desde ningún punto de vista su interpretación podría limitarse o excusarse en la aplicación objetiva de la Ley, más cuando el parágrafo 11 del artículo 8 de la Ley Nº 2492 (CTB) refiere entre sus líneas: “… la interpretación deberá asignar el significado que más se adapte a la realidad económica.”, aspecto congruente con la la SC 0718/2005-R de 28 dejunio, que menciona:”…la parte procesal, que se considera agraviada con los resultados de la interpretación porque lesionan sus derechos fundamentales, exprese de manera adecuada y precisa los fundamentos jurídicos que sustenten su posición,fundamentos en los que deberá exponer con claridad y precisión los principios o criterios interpretativos que no fueron cumplidos o fueron desconocidos por el juez  o  tribunal  que  realizó  la  interpretación  y  consiguiente  aplicación  de  la  norma

interpretada …; pues  resulta  insuficiente  la  mera  relación  de  hechos  o  la  enumeración de las normas legales supuestamente infringidas; porque sólo en la medida en que el recurrente expresa adecuada y suficientemente sus fundamentos jurídicos la jurisdicci ón constitucional podrá realizar la labor de contrastación entre la interpretación legal realizada por la jurisdicción ordinaria y los fundamentos que sustentan la interpretación y las conclusiones a las que arribó, con los fundamentos y pretensiones expuestos por el recurrente del amparo constitucional” (las negrillas son propias); siendo que en el presente caso la parte recurrente explícitamente menciona en su Recurso de Alzada: “… la Resolución Determinativa impugnada, que se origina por efecto de la Vista de Cargo se debería fundamentar y soportar adecuadamente con papeles de trabajo analíticos y otros en forma amplia los hechos establecidos y normativa que se contraviene , pero lo único que se plasmó en estos documentos es una confección insípida y escaza de papeles que más que mostrar un análisis adecuado muestran simples vaciados de libros mayores con observaciones subjetivas contradictorias incluso en si misma… la valoración de la documentación requerida en la orden de fiscalización NO EXISTE, no se nos dice en ninguna de sus partes, cuales son los elementos de valoración concreta y fáctica sobre cada concepto observado y menos una conclusión lógica y definitiva,…”.

 

Adicionalmente , es menester traer a colación el entendimiento del principio que razonabilidad    que    desarrolla     la     Sentencia     Constitucional     1390/2011-R de 30 de septiembre de 2011, en la cual se menciona: “…respecto al principio de razonabilidad, debe entenderse el mismo como la facultad de los órganos jurisdiccionales, de limitar el ejercicio del poder del Estado frente a los administrados, esto es, que, cuando exista una norma que únicamente mande o prohíba de acuerdo su reglas y mecanismos instituidos por ella misma, en aplicación del principio de razonabilidad, deberá cuidarse que dicha norma sea constitucional; es decir, que respete el valor justicia, reconocido, entre otros, en el art. 8.11 de la CPE, lo cual permite que dicho principio se constituya en la base del proceso sustantivo; en ese sentido, cuando el principio de razonabilidad es vulnerado, se entiende la existencia de lesión al debido proceso.”  (las negrillas son propias), siendo que bajo el concepto de aplicación analógica de la Ley, se ajusta al

‘fl:!irr– presente caso toda vez Industrias Duralit S.A. textualmente reclama: “… si realizamos una lectura lógica, analítica y objetiva del procedimiento descrito tanto en la Vista de Cargo como en la Resolución Determinativa NO EXISTE para nada una armonía entre el método de determinación establecido (Parte del Vistos) y la escaza fundamentación (parte Considerativa y Resolutiva), esta contradicción evidente o falta de armonía vicia de nulidad la Resolución Determinativa y el procedimiento de determinación de oficio por la Administración Tributaria…”.sola  enumeración de las normas legales supuestamente infringidas; porque sólo en la medida en que el recurrente expresa adecuada y suficientemente sus fundamentos jurídicos la jurisdicci ón constitucional podrá realizar la labor de contrastación entre la interpretación legal realizada por la jurisdicción ordinaria y los fundamentos que sustentan la interpretación y las conclusiones a las que arribó, con los fundamentos y pretensiones expuestos por el recurrente del amparo constitucional” (las negrillas son propias); siendo que en el presente caso la parte recurrente explícitamente menciona en su Recurso de Alzada: “… la Resolución Determinativa impugnada, que se origina por efecto de la Vista de Cargo se debería fundamentar y soportar adecuadamente con papeles de trabajo analíticos y otros en forma amplia los hechos establecidos y normativa que se contraviene , pero lo único que se plasmó en estos documentos es una confección insípida y escaza de papeles que más que mostrar un análisis adecuado muestran simples vaciados de libros mayores con observaciones subjetivas contradictorias incluso en si misma… la valoración de la documentación requerida en la orden de fiscalización NO EXISTE, no se nos dice en ninguna de sus partes, cuales son los elementos de valoración concreta y fáctica sobre cada concepto observado y menos una conclusión lógica y definitiva,…”.

 

Adicionalmente , es menester traer a colación el entendimiento del principio que razonabilidad    que    desarrolla     la     Sentencia     Constitucional     1390/2011-R de 30 de septiembre de 2011, en la cual se menciona: “…respecto al principio de razonabilidad, debe entenderse el mismo como la facultad de los órganos jurisdiccionales, de limitar el ejercicio del poder del Estado frente a los administrados, esto es, que, cuando exista una norma que únicamente mande o prohíba de acuerdo su reglas y mecanismos instituidos por ella misma, en aplicación del principio de razonabilidad, deberá cuidarse que dicha norma sea constitucional; es decir, que respete el valor justicia, reconocido, entre otros, en el art. 8.11 de la CPE, lo cual permite que dicho principio se constituya en la base del proceso sustantivo; en ese sentido, cuando el principio de razonabilidad es vulnerado, se entiende la existencia de lesión al debido proceso.”  (las negrillas son propias), siendo que bajo el concepto de aplicación analógica de la Ley, se ajusta al

‘fl:!irr– presente caso toda vez Industrias Duralit S.A. textualmente reclama: “… si realizamos una lectura lógica, analítica y objetiva del procedimiento descrito tanto en la Vista de Cargo como en la Resolución Determinativa NO EXISTE para nada una armonía entre el método de determinación establecido (Parte del Vistos) y la escaza fundamentación (parte Considerativa y Resolutiva), esta contradicción evidente o falta de armonía vicia de nulidad la Resolución Determinativa y el procedimiento de determinación de oficio por la Administración Tributaria…”.

En ese entendido, la Sentencia Constitucional Nº 0073/2014 de 3 de enero, estableció lo siguiente: “La jurisprudencia  señaló que el debido proceso  es de aplicación inmediata,

vincula a todas las autoridades judiciales , jurisdiccionales y administrativas, y constituye

una garantía de legalidad procesal prevista por el constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resolucionesjudiciales o adminístratívas. Abarca un conjunto de derechos y garantías mínimas que garantizan el diseño de los procedimientos judiciales y administrativos, entre sus elementos se encuentra la fundamenfación y moUvación de las resoluciones, a las que toda autoridad a cargo de un

proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma, es decir, debe llevar al convencimiento que se hizo justi cia, tanto a las partes, abogados, acusadores y defensores, as! como a la opinión pública en general; de lo contrario, no sólo se suprimiría

una parte estructural de Ja resolución sino impedir!a que las partes del proceso conozcan

los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas legales, basta.con que ésta sea concisa pero clara y satisfaga todos los aspectos demandados”.

 

Asimismo, la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0177/2013 de 22 de febrero de 2013, estableció que “toda resolución …debe contener una motivación comprensible, punf ual, concreta y en todos los casos lógica, incluyendo el análisis de todos los aspectos relacionados al asunto principal y de aquellos otros derivados del eje central en cuestión •

mfnima petita- correspondiendo efectuarse una relación de causalidad estrecha en.tre los hechos y la normativa inherente al caso específico y la parte resolutiva¡ pues sólo  asi,  se podría  resguardar  el debido proceso  en su  elemento  congruencia interna  y externa. . .” (las negrillas son propias).

 

 

Por su parte, la SC 132612010-R  de 20 de septiembre, ha dispuesto: ‘La jurisprudencia constitucional ha establecido, que la garantía del debido proceso comprende entre uno de sus elementos la exigencia de Ja motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica , debe ineludiblemente  exponer  los motivos  que sustentan  su  decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática Jo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador  lea y comprenda  la misma. pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como

en la forma, dejará pleno convencimiento a las parles  de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las nonnas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose   cualquier   interés   y   parcialidad,   dando    al    administrado    el    pleno

convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de  la forma en que se decidió.” (Las negrillas son propias).

 

De igual manera, la ausencia de una valoración congruente, a la desestimación de los argumentos y documentos presentados como descargo transcrito en la Resolución impugnada y los cargos expuestos en la Vista de Cargo, compromete de igual forma la fundamentación técnica que debe poseer todo acto adminístrativo, tal como establecen los incisos b) y e) del artículo 28 de la Ley Nº 2341 (LPA) aplicable supletoriamente en materia impositiva en virtud del artículo 201 de la Ley Nº 2492 (CTB), más si anteponemos lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 96 de la Ley Nº 2492 (CTB) que textualmente señala que la Vista de Cargo contendrá los hechos, actos, datos, elementos valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, por lo que la citada normativa deja en claro la necesidad de exponer los hechos y antecedentes que sirvieron de causa, además de expresar en forma concreta las razones que indujeron a emitir el acto, enunciado que no puede considerarse como cumplido cuando de forma escueta, el SIN en la Vista de Cargo, expone sus observaciones mencionando la documentación revisada contraponiéndola con la normativa aplicable y fue a su criterio vulnerada por el recurrente, aspecto que se replica en el acto ahora impugnado con el aditamento que se mencionan los argumentos planteados en los descargos presentados.

 

Ahora bien, del análisis, revisión del acto impugnado y en cumplimiento a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0127/2017 de 14 de febrero de 2017 , la cual dentro su análisis mencionó: “no obstante aquello, no fundamentó su decisión, al haber omitido la ARIT señalar para cada uno de los reparos, en forma concreta y detallada, que aspectos no estarian adecuadamente expuestos técnicamente, cuales resultarían incongruentes, o hubieran causado confusión y por ende indefensión en el contribuyente…”, por lo que esta instancia, pasará a realizar detallado de las cuentas o conceptos observados desde el enfoque  propuesto.

 

IV.1.2. Cuentas de Ingreso

Intereses sobre pagares (Código de cuenta 4210054007-0)

Respecto a los intereses sobre pagares,dentro la valoración realizada por la Administración Tributaria, se mencionó que: “… es claro y contundente, que la renta generada en territorio

extranjero de Bs757.839,60 durante la gestión 2012, no se constituyen en ingresos de

fuente boliviana desde ningún punto de vista por consiguiente este ingreso es en la determínacíón del impuesto IUE.”; poniéndose en evidencia que la Administración Tributaria no validó objetivamente la documentación requerida por ellos y que fue presentada por el recurrente en etapa de descargo (fojas 1481-1537 C4 y 4772-4871 de antecedentes administrativos) , en la misma se advierte que si bien la nomenclatura/título de la cuenta puede sugerir o motivar otra interpretación, los respaldos contables demuestran que el capitaltraspasado en calidad de préstamo se encontraba registrado como un pasivo, aspecto que no fue validado objetivamente por el SIN.

 

IV.1.2.1. Otros (Código de cuenta 4255951111-0)

En referencia a las previsiones realizadas en la cuenta “Otros”, producto de los juicios de carácter laboral que la empresa recurrente afrontaba, como se mencionó con anterioridad, las facultades de control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación, no se encuentran restringidas o limitadas, más cuando el ajuste contable observado en la cuenta de referencia, origina la duda sobre la naturaleza en su provisión en gestiones anteriores, quedando dicha información perfectamente al alcance de la Autoridad Fiscalizadora siendo tenedora de Estados Financieros de gestiones pasadas, documentos en los cuales podría respaldar fehacientemente dicha observación, bajo un entendimiento integro de los registros históricos y la hermenéutica contable, sin que esto signifique trasladar la carga de la prueba al contribuyente , ya que como se dijo , la observación responde al criterio del fiscalizador o en su caso dicha información debió haber sido solicitada explícitamente ya sea durante la sustanciación del proceso o ser parte de la observación dentro la Vista de Cargo ya que no existe proscripción normativa de tal extremo. Consecuentemente, dicho reparo fue determinado sobre la documentación presentada por el mismo recurrente y la

naturaleza de dichas observaciones corresponden a interpretaciones y criterios específicos

del fiscalizador , que en apego a la normativa aplicable, deben ser revisados por la entidad recurrida en pro de un debido proceso y por ende garantizar el derecho a la defensa sobre aspectos que vayan a constituirse en ciertos, conocidos y comprendidos de la misma manera por ambas partes a fin de asumir defensa bajo los mismos términos y razonamiento del revisor; por lo que, el citado aspecto se constituye en un vicio de nulidad bajo los términos  inicialmente  expuestos.

 

IV.1.3. Cuentas de comercialización y producción Costo de Ventas (Código de cuenta 6120 y 6135) Muestras y Obsequios (Código de cuenta 6120 y 35)

Rotura de Almacén (Código de cuenta 6120961-0, 61209610-0, 61209611-0, 61209618-

0, 61209619-0, 6120962-0, 6120965-0, 6120968-0, 6120969908-0 y 6120969909-0)

Transporte y Reposición Gratuita (Código de cuenta 5235521111-3005) NO Dentro de las cuentas citadas, toda vez que, se relacionan con el rubro de producción, como se mencionó en la primera parte del presente análisis, la Administración Tributaria debió enfocar sus observaciones  bajo los términos que la empresa emplea y ejercita sus registros y actividades, redundando en el hecho de que el funcionario actuante debería tener pleno y certero conocimiento de los procesos productivos de la empresa fiscalizada, ya que la objetividad y precisión afectan de manera significativa en los hallazgos dentro del proceso productivo, como se advierte en el presente caso, no pudiendo ser aplicables criterios genéricos o empíricos asimilados de otras entidades, que de ninguna manera son “adaptables” o aplicables de una empresa a otra, debiendo considerar específicamente las particularidades del proceso de producción a fin de tener entendimiento pleno de todos los pormenores al respecto o en su caso solicitar información expresa y específica sobre el tópico para una mejor comprensión.

 

Dentro  del  mismo  contexto, la Administración Tributaria  omitió   pronunciarse   concreta   y espec íficamente sobre el i nforme del Jefe de Producción de  la empresa  recurrente (fojas 5215-5224    de    antecedentes    administrativos),    vulnerando    el    debido    proceso    y principalmente su derecho a la defensa, quedando expresamente desvirtuado el criterio de omitir su valoración al tratarse de un informe expresamente destinado a  conformar la observación, principalmente por la fecha que este fue emitido; debiendo enfatizar en este punto, que el mismo responde a la necesidad de informar a la Autoridad Tributaria sobre los pormenores de las observaciones realizadas, sin que tal aspecto (la fecha),se constituya en un factor  concluyente  que  lo excluya  de su  análisis o  valoración, ya  que, también debe entenderse que, no es un documento corriente o habitual para la empresa y su proyección fue motivada a fin de interiorizar al fiscalizador sobre las operaciones de la empresa, más si partimos de un razonamiento básico y formal bajo el entendido que el SIN conforme a sus

facultades específicas establecidas en el artículo 66 de la Ley N° 2492 (CTB), podia haber

solicitado información específica y explicita sobre el proceso productivo y su contabilización durante la sustanciación del proceso de fiscalización, criterio que se armoniza perfectamente con el Código de Comercio que exige ajustar todo registro a la naturaleza y giro de la empresa, considerando además lo mencionado dentro el presente análisis, que la documentación generada por el sujeto pasivo cumple requerimientos de control interno y de información, entendiéndose que si dicha documentación no es de satisfacción, conformidad o provocan dudas en la Administración Tributaria, como sujeto activo está facultado legalmente para requerir lo necesario a fin de sustanciar y respaldar su verificación en estricta aplicación del artículo 69 de la Ley Nº 2492 (CTB), además de actuar siempre en resguardo de las garantías y derechos constitucionales que amparan al sujeto pasivo, entre las que se incluye el derecho a la defensa que se activará cuando los cargos imponible sean comprendidos, entendidos y de ninguna manera la exposición o transcripción de la normativa a título de “aplicación objetiva de la norma” sustituya una exposición objetiva, incluso valiéndose de otros medios, como cuadros u hojas de cálculo, que en cuestión de números y aritmética es lo más óptimo, aspecto que ésta instancia identifica como un vicios de nulidad en función a los agravios planteados por la empresa recurrente.

 

IV.1.4. Gastos Vinculados a la producción

Asesoría Técnica (Código de cuenta 5110351111-2102)

Servicio de Asistencia Técnica (Código de cuenta 51351511111-2102)

Sobre las citadas cuentas en particular, de las que se observa la fehaciente realización de la transacción, presumiendo la simulación de actos jurídicos con el fin de reducir la base imponible del impuesto, argumentos que fueron expuestos por la Administración Tributaria durante la realización de los alegatos orales, además de sustentar su posición en base a la validez del contrato firmado entre la empresa recurrente, Elementia SA. y Eternit Colombia

S.A., aslcomo la congruencia de sus cláusulas con la documentación revisada.

 

 

Por su parte,el recurrente, en ambos casos,observó la confusión que se origina al valorar y analizar los contratos, siendo que los calificó como no válidos y sin efecto ante terceros, reclamó también la subjetiva valoración de la documentación presentada tanto en etapa de fiscalización así como en descargos a la vista de cargo.

 

Al respecto, la Sentencia Constitucional 1351/2003-R de 16 de septiembre de 2003, en el marco constitucional dispuso que el derecho a la defensa es un instituto integrante de las garantías del debido proceso, precepto que desde el punto de vista teleológico ha sido creado para poner de relieve esta garantía fundamental, que debe ser interpretada siempre conforme al principio de la favorabilidad antes que restrictivamente, considerándolo como un principio informador de todo el ordenamiento jurídico de todo Estado, esto quiere decir que, nadie puede ser sancionado o afectado en sus derechos e intereses legítimos sin el

desarrollo de un debido proceso establecido por Ley, revestido de las garantías que la Constitución y las leyes le dispensan y dentro de ello, posibilite el inviolable derecho a la defensa. Este derecho a la defensa se halla relacionado también con el derecho de igualdad de las partes, esto es, que arbitrariamente, no se puede establecer una decisión

particular, que afecte los intereses de la otra parte sin comunicar o por lo menos informar la decisión tomada a fin de activar los mecanismos de defensa, en igualdad de condiciones , ofreciendo por los interesados los descargos que considere pertinentes; es decir, existe la obligación legal de la Administración Tributaria de realizar la valoración de la prueba puesta en su conocimiento por el administrado en los plazos establecidos.

Los numerales 2, 6, 7 y 1O del artículo 68 de la Ley Nº 2492 (CTB), establecen como derechos del sujeto pasivo a que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones reglamentarias, dentro de los plazos establecidos; al debido proceso,formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución, a ser oído y juzgado de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Política del Estado.

 

Además el inciso c) del artículo 4 de la Ley Nº 2341 (LPA), establece que, la actividad administrativa, debe regirse por los principios de sometimiento pleno a la Ley, asegurando a los administrados el debido proceso. Por su parte el inciso h) del articulo 16 del mismo cuerpo legal, dispone que en su relación con la Administración Pública, las personas tienen el derecho a obtener una respuesta fundada y motivada a las peticiones y solicitudes que formulen.

 

En ese sentido, se evidencia que la Administración Tributaria originó una confusión en el recurrente al calificar como no validos los contratos firmados por Duralit SA., siendo que en el acto impugnado ingresa a su análisis y valoración, contraponiendo las clausulas resueltas en dichos documentos con la documentación que el recurrente presentó como respaldo a las transacciones observadas y si bien la documentación presentada fue mencionada como descargo, la misma no  recibió una asignación de valor probatorio o desestimarlas sí correspondiese; sin embargo, se debe considerar que la documentación que el recurrente presentó hacen a los registros de Duralit SA., cumpliendo sus requerimientos de control interno e información que son respaldados con acciones administrativas de curso común (correos, mail’s, notas) que se enfocan a comprobar la fehacientica de sus operaciones, necesariamente merecen un pronunciamiento sobre su validez o no, así como el criterio empleado para su valoración o desestimación, considerando adicionalmente que la condición o calidad de alguno de los documentos , no se constituye en condicionante para la invalidez de otros, siempre bajo los principios que rigen la actividad administrativa como es el sometimiento pleno a la Ley y la verdad material, sin que la “aplicación objetiva de la Ley” que la Administración Tributaria predica, coarte o vulnere en su actuar los derechos del recurrente, teniendo en cuenta el principio de razonabilidad inicialmente expuesto.

 

Consiguientemente, es  concluyente  que  en  resguardo  y  aplicación  de  las  garantías constitucionales  y  derechos  que  revisten  en  principio  un  proceso  administrativo  y  en consecuencia          al   sujeto   pasivo,   conforme   a   la   doctrina   y      normativa   expuesta

precedentemente, el SIN debe pronunciarse sobre todas y cada una de los documentos y/o pruebas presentadas por la empresa Duralit S.A. de manera individual, asignándoles un valor probatorio o fundamentando su desestimación en su caso, bajo el entendido que en aplicación del principio de objetividad, la data de los documentos emitidos por la fuente del recurrente también deberá ser objeto de análisis, considerando que la misma se trata de información generada para conformar las observaciones o hallazgos de la verificación, y remitida justamente para aclarar los requerimientos de la fiscalización que condicen con el ejercicio del derecho a la defensa, redundando en que la manera de exponer y valorar los hechos no son coincidentes en la Vista de Cargo y en la Resolución Determinativa, ya que simplemente se concluye que no se demuestra como tal la efectiva realización del gasto por falta de respaldo documental que demuestre tal hecho, aspecto coincidente y que ya fue desarrollado dentro del análisis de otras cuentas, debiendo garantizarse el debido proceso que en el presente caso se encuentra vulnerado, más cuando el extremo contrario tampoco fue probado por la Administración Tributaria.

 

IV.1.5.Gastos relacionados con elmantenimiento de la fuente

Publicidad,Propaganda y Promoción (Código de cuenta 5235601111-3011)

En relación a la citada cuenta, asi como se expuso al inicio del presente análisis, se debe dejar claramente establecido que, las amplias facultades con las que cuenta la Administración Tributaria, no son restrictivas o limitadas y tampoco corresponde el traslado de la carga de la prueba al sujeto pasivo, cuando es el criterio del fiscalizador el que prevalecer en el análisis y valoración de la documentación presentada, en el caso específico, la observación se centra en la donación al Club Aurora y dicho importe es reparado por incumplir la Resolución Administrativa N° 05-0041-99, por no adjuntar uno de los requisitos para que dicha deducción surta efecto; no obstante, la observación plasmada en la Vista de Cargo, no se encuentra con la claridad con la que es expuesta en el acto impugnado, siendo más que plausible, la vulneración al debido proceso y el derecho a la defensa, al privar al recurrente de la oportunidad de conformar tal aspecto, lo que explícitamente se constituyen en un vicio de nulidad por cuenta de la motivación y fundamentación con la que debe contar una Resolución de carácter definitivo, además de la congruencia que debe existir entre un acto precedente que funda la Resolución y la determinación como tal; es decir, es necesario que se conserve y se mantengan uniformes los criterios de revisión y valoración,tanto en uno como en otro documento. IV.1.5.1.Bonificaciones sobre Ventas (Código de cuenta 529505)

Gastos de Representación y Relaciones Públicas (Código de cuenta 5295201211- 3002)

De las cuentas de referencia, dentro del acto impugnado, la Administración Tributaria

deberá considerar el pronunciamiento de la Autoridad General de Impugnación Tributaria a través de la Resolución de  Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1246/2014 en la que dicha autoridad sienta una línea doctrinal  específicamente sobre los conceptos tratados, resultando imperante la valoración y pronunciamiento sobre la documentación acompañada , tomando la misma como un todo y de ninguna manera considerarla individualmente.

 

IV.1.6.Gastos relacionados con el Personal

Bonificaciones (Bono de Producción) (Código de Cuenta 7205497216 – 7305297216) Indemnizaciones

Vacaciones

En relación a este rubro, tanto la parte recurrente como la Administración Tributaria exponen su criterio sobre la contabilización de dichos conceptos y siendo que el acto impugnado expone la inclusión de los mismos dentro la base imponible de los mismos, en base a la documentación propia del recurrente, no corresponde mayor pronunciamiento.

 

 

Lo expuesto demuestra, que los cargos u observaciones realizadas por la Administración Tributaria, después de concluir el trabajo de campo y notificadas al sujeto pasivo mediante la Vista de Cargo, conforme a lo precedentemente desarrollado no fueron de la entera comprensión al enfoque de la Administración Tributaria sobre las mismas ya que advertimos que si bien la empresa Duralit S.A. presentó documentación requerida por la mencionada autoridad, asi como descargos al acto que le fue notificado, la misma no confonnó las observaciones, además que no se advirtió un desglose de la valoración asignada a la documentación presentada por el sujeto pasivo producto de los requerimientos realizados durante la sustanciación del proceso administrativo; por consiguiente, en cuanto a la valoración de la prueba,si bien la entidad recurrida expresó que, el sujeto pasivo, no presentó documentación que respalde sus registros contables, tampoco explicó con precisión, cual fue el motivo para desestimar la documentación aportada por el sujeto pasivo; o en su caso precisar qué documentación fue omitida por el contribuyente y qué impulso a la conclusión de la carencia de respaldo, debiendo añadir que a pesar que la Administración Tributaria recepcionó los documentos de prueba ofrecidos por el contribuyente, tal como evidenciamos en las Actas de Recepción y que los mismos fueron incluidos en los Papeles de Trabajo, no existió en la Vista de Cargo Nº 29- 00331-15 y a su vez en la Resolución Determinativa Nº 17-00104-16, una exposición técnica, clara y concreta sobre la valoración asignada a la misma y el fundamento que impulsó desestimarlas.

 

Asimismo, lo señalado con anterioridad, asume relevancia cuando, no se advierte la existencia de un requerimiento adicional que haga presumir, que la documentación presentada por el contribuyente, resultó insuficiente, acrecentando la necesidad de contar con una justificación precisa para dar a entender al administrado, por qué razón su prueba documental , no  respaldó  sus  registros  contables  de  l as  cuentas  que  i ntervienen   en l a determinación del I mpuesto sobre l as Utilidades de l as Empresas, sin obviar la congruencia que de acuerdo a la jurisprudencia expuesta en el presente caso, se  constituye en un elemento esencial que garantiza el derecho a la defensa y desde  luego coadyuva a la adecuada fundamentación del acto administrativo emitido, tal como exponen los incisos b) y

  1. e) articulo 28 de la Ley Nº 2341 (LPA). aspecto que condice con el conocimiento que debe tener funcionario fiscalizador sobre el giro de la empresa a fin de poder identificar la documentación apropiada y analizar objetivamente los hallazgos y requerirla de ser necesario; por consiguiente, el acto impugnado carece de una valoración técnica que afectó su fundamentación , restringiendo su efectlvidad y la finalidad del mismo, resaltando que es una deficiencia que se origina en la Vlsta de Cargo y vicia de nulidad la misma.

 

 

Conforme a lo expuesto, esta instancia recursiva se ve imposibilitada de pronunciarse sobre los aspectos de fondo planteados por la parte recurrente, toda vez que, se identificaron vicios procesales que necesariamente tienen que ser subsanados por la Administración Tributaria a fin de garantizar el debido proceso en su componente el derecho a la defensa, siendo     que     los     cargos      determinados      en      la      Vista      de      Cargo, no fueron de total comprensión por parte de la empresa Duralit S.A., lo que afecta de manera significativa en la fundamentación del citado acto e incide directamente en el acto impugnado por el grado de relación entre ambos documentos , aspecto que vulneró el debido proceso y el derecho a la defensa, así como de los derechos previstos en los artículos 115 y 117 de la Constitución Politica del Estado; los incisos b) y e) artículo 28 de la Ley Nº 2341 (LPA); consecuentemente, de conformidad al parágrafo 11 del artículo 36 de la Ley Nº 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria en virtud del arUculo 201 de la Ley Nª 2492 (Titulo V del CTB), corresponde a ésta instancia recursiva, anular la Resolución Determinativa Nª 17-00104-16 de 9 de marzo de 2016, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, hasta el vicio más antiguo; es decir, hasta la Vista de Cargo Nº 29-00331-15 de 9 de dicíembre de 2015, correspondiendo a la Administración Tributaria emitir nuevos actos, fundamentando y realizando una valoración íntegra de la documentación presentada a fin de que su análisis y valoración sea de total comprensión e interpretación de parte del recurrente para que éste, pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa.

 

POR TANTO:

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Cochabamba , en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009.

 

RESUELVE

PRIMERO: ANULAR la Resolución Determinativa N° 17-00104-16 de 9 de marzo de 2016, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, hasta el vico más antiguo, es decir, hasta la Vista de Cargo Nº 29-00331-15 de

9 de diciembre de 2015, debiendo la Administración Tributaria emitir nuevos acto. fundamentando y realizando una valoración íntegra de la documentación presentada a fin de que su análisis y valoración sea de total comprensión e interpretación de parte del recurrente para que éste, pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa; sea de conformidad con el inciso c) parágrafo 1 del artículo 212 de la Ley Nº 2492 (Título V CTB).

 

SEGUNDO : La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme,conforme establece el artículo 199 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

 

TERCERO : Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artfculo 140 inciso c) de la Ley Nº 2492 (CTB) y sea con nota de atención.

 

CUARTO : Conforme prevé el artículo 144 de la Ley Nº 2492 (CTB), el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente Resolución de Recurso de Alzada es de 20 días computables a partir de su notificación.

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase.