ARIT-CBA-RA-0157-2017 Resolución determinativa confirmada por la AIT, que se constituyó en la sanción por omisión de pago de la deuda tributaria de los impuestos IVA, IT e IUE, por que el contribuyente realizó ventas no declaradas

ARIT-CBA-RA-0157-2017

Cochabamba 

II 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBAIRA 0157/2017 

Recurrente 

: Industria Molinera y Balanceados de Alimentos IMBA S.A., 

legalmente representada por José Osvaldo Monroy Antezana, Javier Fernando Pérez Antelo y Juan Carlos Rendón. 

Recurrido 

Gerencia de Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente representada por Rosmery Villacorta Guzmán. 

Expediente 

: ARIT-CBA-0059/2009 

Acto Impugnado : Resolución Determinativa N° 17-000372-09 de 24 de junio de 2009. 

Fecha 

: Cochabamba, 27 de marzo de 201

VISTOS: El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT CBA/ITJ 0157/2017 de 27 de marzo de 2017, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

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  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO Resolución Determinativa N° 17-000372-09, de 24 de junio 2009, que determina de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible las obligaciones impositivas del contribuyente por IVA, IT e UE en la suma de Bs 110.600.051.- equivalentes a 72.441.020. UFV que incluiria tributo omitido, mantenimiento de valor, interés, multa por incumplimiento de deberes formales y la sanción calificada como omisión de pago a la que corresponde una multa del 100% sobre el tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento según el artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB). Acto que fue notificado mediante cédula y con presencia de Notario de Fe Pública a Joaquín Hernán Siles Rivera representante legal de IMBA SA (fojas 7959-7982 C-5 de antecedentes administrativos). 

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  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 11.1. Argumentos del Recurrente. Industria Molinera y Balanceados de Alimentos IMBA S.A., legalmente representada legalmente por José Osvaldo Monroy Antezaria, Javier Fernando Pérez Antelo y Juan Carlos Rendón Gutiérrez, conforme Testimonio Poder No 108/2009 de 8 de julio de 2009 (fojas 105-112 C-1 del expediente administrativo), mediante memorial presentado el 16 de julio de 2009 (fojas 115-122 C-1 del expediente administrativo) interpuso Recurso de Alzada NB ISO contra la Resolución Determinativa GRACO N° 17-000372-09 de 24 de junio de 2009, se 

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Av. Oquendo. No 0381 entre Ecuador y Venezuela • zona Central Norte Telfs./Fax: 4140011 – 4140012 • www.ait.gob.bo .Cochabamba Bolivia 

emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes de Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, argumentando lo siguiente: 

Que, la determinación de la deuda tributaria de IMBA SA, carecería de todo sustento legal; toda vez que, la Resolución Determinativa ahora impugnada, vulneraría el artículo 43 de la Ley N° 2492 (CTB) que dispone que la base imponible podrá determinarse sobre base cierta, cuando se tome en cuenta documentos e información que permitan conocer de forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo, en este caso los reparos por ingresos o depósitos no declarados se basan en meras presunciones, ya que los extractos bancarios no son prueba directa ni indubitable de ventas no declaradas por la empresa. 

Manifestó que, el resultado de la fiscalización impositiva, carece de un proceso de auditoría, 

por no contener en antecedentes, pruebas que permitan demostrar que las cuentas mancomunadas o personales a nombre de empleados de la empresa, estén directamente relacionados a ingresos generados por ventas de IMBA S.A., o la omisión de registros contables, menos el nacimiento del hecho generador del IVA e IT. 

Sostuvo que, como respaldo en los argumentos de la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba, así como la falta de asidero legal-técnico en la vista de Cargo y la Resolución Determinativa, es el hecho de que la cuenta SAFI N° 81811601 del Banco Nacional de Bolivia, observada en primera instancia por el ente recaudador, fue posteriormente eliminada del reparo por no existir evidencia de alguna relación y/o vinculación con los movimientos económicos y actividad gravada de IMBA SA, dejando ver que la determinación de la deuda se basó en meras presunciones de los fiscalizadores que 

on como ingresos no declarados depósitos en cuentas bancarias que no pertenecen a la empresa, sin método ni modelo de auditoria que lo pruebe, con el simple argumento de la revisión de extractos bancarios, pretendiendo atribuir contravenciones inexistentes a IMBA SA. 

Arguyó que, el artículo 95 de la Ley N° 2492 (CTB) señalaría que la Administración Tributaria para dictar una Resolución Determinativa debe controlar, verificar, fiscalizar o investigar los hechos, actos, datos, elementos valoraciones y demás circunstancias que integren el hecho imponible declarados por el contribuyente; en este caso en ningún momento se probó la existencia cierta de ventas no facturadas, no sólo porque no existió 

una revisión del proceso productivo de inventarios o de ventas de la empresa, sino porque 

los supuestos ingresos no facturados, ni siquiera son hechos imponibles del IVA e IT, al no 

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Cochabamba 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

estar dentro lo establecido en los artículos 4 y 74 de la Ley N° 843, por lo que los reparos establecidos en la vista de Cargo y Resolución Determinativa son ilegales. 

Manifestó que, de ningún modo ni manera las transacciones de traspaso con los depósitos observados a la cuenta denominada “Caja Gerencia”, registrada y declarada contablemente por IMBA SA, pueden ser argumento suficiente para presumir que todos los montos observados, formen parte de la base imponible del IVA e IT, lo contrario sería vulnerar el principio de verdad material, certidumbre y proporcionalidad que todo acto administrativo debe cumplir. 

Al respecto, señaló que la doctrina nos enseña que la determinación es el conjunto de actos dirigidos a precisar en cada caso particular la existencia o no de deuda tributaria, quien es el obligado a pagarla y cual el importe; siempre sobre reglas y procedimientos establecidos, es decir, que las Resoluciones Determinativas para ser legales deben cumplir con los requisitos esenciales señalados en el artículo 99 del Código Tributario, dentro los cuales se encuentran la especificación de la deuda tributaria y fundamentos de hecho y derecho, verificándose en este caso que la entidad fiscalizadora vulneró los artículos 43, 96, 99 de la Ley N° 2492 (CTB) y 35 inciso c) de la Ley N° 2341 (LPA), al emitir la Resolución Determinativa N° 17-000372-09 prescindiendo total y absolutamente de los elementos, procedimientos y técnicas de auditoría tributaria existente para la determinación de la deuda impositiva sobre base cierta. 

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Por lo descrito, coligió que todos los actuados del ente recaudador son nulos de pleno derecho, correspondiendo anular obrados hasta el vicio más antiguo, de tal forma que se pueda realizar una verdadera determinación del tributo sobre base cierta; y que de cumplimiento a la normativa citada precedentemente, la Gerencia Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales, causó indefensión a IMBA SA por la vulneración del artículo 39 del Decreto Supremo 24051 (RIUE), cuando en el cuadro de Resumen de Adeudos, tanto de la Vista de Cargo como de la Resolución Determinativa impugnada, consignó el reparo del UE en forma mensual, siendo este un impuesto anual. Añadió que, el determinar los periodos fiscalizados de forma mensual (julio 2004 a junio de 2005), llevó a 

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la empresa a cometer errores en la presentación de descargos, ya que fue imposible presentar documentación desvirtuadora a los imaginarios reparos por UE, de forma 

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Por otra parte, mencionó que los artículo 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB), señalan que las acciones de la Administración Tributaria para imponer sanciones prescriben a los cuatro 

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años, computables a partir del primero de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del plazo de pago, por lo que las Actas por Contravenciones vinculadas a incumplimiento a deberes formales por los periodos de julio a diciembre de 2004 signadas del 3909 ACT 0053 al 0064 e incorporadas en el acto impugnado estarían prescritas en razón del transcurso del tiempo, al verificarse más de cuatro años desde el hecho generador hasta la emisión y notificación con la sanción, precisando también que concordarite al principio de irretroactividad de la Ley, se deben cumplir con los principios jurídicos de aplicación de las normas en el tiempo, como se instituye en las Resoluciones de Recurso Jerárquico No STG-RJ/0001/2004, No STG-RJ/0044/2004 y las Sentencias Constitucionales 560/2002-R y 0386/2004R

Por consiguiente, concluyó solicitando en petitorio la declaración de nulidad de la Resolución Determinativa N° 17-00037209, hasta el vicio más antiguo, hasta que la Administración Tributaria, emita una nueva Vista de Cargo que cumpla con lo establecido en el artículo 43 de la Ley N° 2492 (CTB) y establezca la prescripción de las Actas Contravencionales por incumplimiento a Deberes Formales. 

II.2. Auto de Admisión. . El 17 de julio de 2009, ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Admisión CBA/0059/2009, admitiendo el Recurso de Alzada interpuesto por José Osvaldo Moriroy Antezana, Javier Fernando Pérez Antelo y Juan Carlos Rendón en representación de la Industria Molinera y Balanceados de Alimentos – IMBA S.A., contra la Resolución Determinativa N° 17-00037209 de 24 de junio de 2009, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba de Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales (fojas 123 C1 del expediente administrativo). 

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria. La Gerencia Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente representada por Veimar Mario Can Morales, acredito personería conforme a Resolución Administrativa N° 030719-07 de 05 de noviembre de 2007 (fojas 134 C-1 del expediente administrativo), por memorial presentado el 10 de agosto de 2009 (fojas 135-145 C-1 del expediente administrativo) contestó negativamente el Recurso de Alzada interpuesto, exponiendo los siguientes argumentos

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Que, cumpliendo con sus facultades legales emitió la Orden de Fiscalización No 00080FE00878, para la verificación de las obligaciones impositivas de IMBA S.A., a objeto DOOR de comprobar el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con los Impuestos al Valor Sistema de Gestion 

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Agregado, a las Transacciones y a las Utilidades de las Empresas de los periodos fiscales de julio 2004 a junio de 2005; y que de la documentación presentada por el contribuyente y la obtenida por el ente recaudador, procedió a la notificación por cédula al sujeto pasivo, con la vista de Cargo N° 399-00080FE0078-0008/09, la cual determinó reparos a favor del fisco, otorgando 30 días para la presentación de descargos, plazo establecido por el artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB) y en el cual, la mencionada empresa presentó descargos parciales, para que posteriormente complemente la misma, aportando pruebas de reciente obtención; documentación que preciso, fue debidamente analizada y evaluada, dentro las reglas de la sana crítica, la pertinencia de la prueba y oportunidad previstas en el artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB). 

Manifestó que, una vez valorados los descargos emitió la Resolución Determinativa N° 17 000372-09, estableciendo una deuda tributaria de Bs110.600.051.- por concepto de facturas no válidas para crédito fiscal, ingresos no facturados por ventas de activos fijos, ingresos no declarados ni respaldados con Notas Fiscales verificados en 7 cuentas bancarias, castigo de pasivos pendientes de pago, gastos no vinculados a la actividad gravada, así como de activos realizables sin aceptación de la Administración Tributara, gastos por servicios personales sin aplicación del RC-IVA y que no cuentan con documentos de respaldo contable, Actas por Incumplimientos a deberes formales. ” 

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Mencionó que, los artículos 42, 43, 44, 45, 92 y 93 de la Ley N° 2492 (CTB) establecen, que la determinación es el acto por el cual el sujeto pasivo o la Administración Tributaria declararía la existencia o cuantía de una deuda tributaria, pudiendo ser esta de tres tipos: la realizada por el contribuyente, por la Administración Tributaria o mixta; existiendo a su vez dos métodos que permiten establecer, liquidar y determinar la base imponible, sobre la que se aplicará la alicuota respecto al tributo a pagar, que son el método sobre base cierta o sobre base presunta; y que se considera Base Cierta la base imponible calculada según los elementos materiales reales, ciertos obtenidos en la fiscalización y Base Presunta cuando se determina el monto de la obligación tributaria en mérito a vinculación con los hechos generadores de la obligación, que permiten deducir la cuantía de la obligación tributaria. 

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Arguyó que, la fiscalización desarrollada a IMBA S.A., determinó la existencia de deuda tributaria sobre base cierta, al existir elementos materiales consistentes no sólo en la información contable del sujeto pasivo, sino también en la documentación, certificaciones e información obtenidas en el proceso de fiscalización; acotó que, como resultado del trabajo realizado y a través de la información documentada remitida por las entidades financieras, fue constatada, la existencia de ingresos no declarados, establecidos en la revisión de las Sistema de Geration 

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cuentas bancarias utilizadas por el contribuyente, evidenciando mediante sus extractos, depósitos en efectivo, con cheques ajenos y propios, que no fueron declarados ni registrados contablemente, tampoco respaldados con notas fiscales y/o con documentación que sea prueba clara completa y fidedigna, que demuestren que estos no corresponden a ingresos y/o ventas no declaradas. 

Sostuvo que, el contribuyente incumplió lo establecido en el numeral 4 artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB) y artículo 44 del Decreto Ley N° 14379 (Código de Comercio), razón por la 

montos depositados, fueron ajustados como ingresos no declarados por el sujeto pasivo e incluidos en la determinación de la base imponible del IVA, IT e UE, para la liquidación de la deuda tributaria, dentro el marco de las Leyes 2492 (CTB), 843 y demás normativa tributaria conexa

Arguyó que, conforme el escenario y concluido el trabajo de fiscalización, procedió a la comunicación y explicación de resultados al contribuyente, dándole a conocer las omisiones detectadas, constituidas en ingresos no declarados; como efecto de ello y durante el proceso de notificación por cédula de la Vista de Cargo, el contribuyente presentó documentación complementaria a las observaciones efectuadas sólo para algunas de las cuentas bancarias observadas, consistente en un Contrato Privado de préstamo de dinero, equivalente a $us. 10.000.000.- (Diez millones 00/100 Dólares Americanos), de 15 de junio de 2004, suscrito entre José Osvaldo Monrroy Antezana en representación de IMBA S.A. (Deudor) y Joaquín Hernán Sjles Rivera, representante legal de IMBA S.A. (Acreedor); doce 

planillas denominadas memorándum para caja correspondientes a entrega fondos en efectivo por el préstamo efectuado y planillas de Estado de Conciliación de Cuentas Mensuales, elaboradas en función a comprobantes de traspaso. 

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Al respecto manifestó que, las Planillas Memorándum de Caja, presentadas en calidad de respaldo al supuesto préstamo, los estados de conciliación de cuentas de los fondos que hubieran recibido IMBA S.A. mensualmente y los comprobantes denominados traspasos, no se encuentran registrados contablemente, al verificarse que no existen las respectivas salidas a caja, ingresos a Banco, ni el registro del pasivo por la obligación pendiente de pago contraída (préstamo), hechos que vulnerarían lo establecido en el numeral 4 del artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB) y del artículo 44 del Decreto Ley N° 14379 (Código de Comercio). 

Por otra parte, agregó que no existiría coherencia en dichos documentos, ni seguridad de la legalidad de los mismos al tener firmas ilegibles que no identifican a los signatarios y que Sistema de Gestion 

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Certificado 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

consignan un sello de depósito diario, cuando en el proceso de fiscalización (extractos bancarios, analizados) evidencian que los depósitos efectuados a estas cuentas, se realizaron desde varias ciudades del país y no de forma global como señalaria el contribuyente; hechos que demuestran que la documentación presentada no es suficiente ni pertinente para desvirtuar las observaciones establecidas. 

Explicó que, tienen plenamente demostrados los siguientes aspectos: 1) El no registro contable de las cuentas bancarias observadas del Banco Nacional de Bolivia SA, admitidos por el sujeto pasivo. 2) El ingreso de Bs. 73.437.101,58 no registrados ni declarados por el contribuyente y 3) El manejo de cuentas bancarias de personas naturales (unipersonales y mancomunadas) para su actividad económica, conforme se evidencia de las cuentas bancarias registradas y declaradas contablemente por el mismo sujeto pasivo; observando · y comprobando además, que las cuentas. bancarias del reparo se encontrarían ineludiblemente vinculadas con las actividades económicas de la empresa, al verificar que: i) La documentación contable presentada por MBA SA le permitió establecer que la mayoría de las cuentas bancarias que forman parte de sus Estados Financieros y que están declaradas y registradas contablemente, se encontrarían a nombre de personas naturales, con relación laboral directa con el contribuyente. ii) Las cuentas bancarias financieras no registradas y declaradas por el sujeto pasivo, corresponderían a las mismas personas naturales quienes son titulares de las cuentas bancarias que sí están registradas y declaradas contablemente por el contribuyente. iii) Fueron evidenciados operaciones de traspaso bancario entre las cuentas observadas, con las cuentas registradas 

contablemente. 

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Asimismo, respecto a la determinación del Impuesto a las Utilidades de las Empresas, aclaró que realizó la liquidación por toda la gestión comprendida entre julio 2004 a junio 2005, esto en el entendido de que las empresas agroindustriales conforme establece el Decreto Supremo N° 24051 en su artículo 39, cierran su gestión fiscal al 30 de junio de cada año, demostrándose de esta manera que dio cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 47 de la Ley N° 2492 (CTB) y 8 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), al haber efectuado la liquidación del UE por la gestión completa, y no en forma mensual como insinúa el contribuyente en su recurso. 

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Precisó que, los artículos 47 y 169 de la Ley N° 2492 (CTB) y 29 del Decreto Supremo 27310 (RCTB) claramente señalan que son componentes de la Deuda Tributaria, el Tributo Omitido y las muitas cuando correspondan, si en una determinación total se detectaran incumplimientos a deberes formales, estos cargos deben ser incorporados a dicha deuda, 

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II III 

donde la Vista de Cargo hará las veces de Auto Inicial de Sumario Contravencional y de apertura de término de prueba y la Resolución Determinativa se asimilará a una Resolución 

Sancionatoria. 

Expuso que, bajo el contexto normativo referido, las multas aplicadas por incumplimiento a deberes formales verificados en la fiscalización, se sancionaron vía Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación, demostrando así que realizó una correcta aplicación de la norma tributaria, no habiendo operado prescripción alguna, como erróneamente afirma el contribuyente, esto en virtud a que los términos de prescripción de la deuda Tributaria se sujetan a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB), referido a la suspensión de la prescripción

Por otro lado, indicó que los antecedentes administrativos de fiscalización, son suficientes para desvirtuar todos y cada uno de los argumentos expuestos en el Recurso de Alzada interpuesto por el contribuyente; sobre todo considerando que existen actos y manifestaciones voluntarias del fiscalizado que constituyen confesiones espontáneas de una situación tributaria que comprobada y determinada. 

Ahora bien, con relación a la cuenta SAFI N° 81811601 M/E registrada a nombre de Osvaldo Monroy, arguyó que ésta fue retirada de las observaciones, en razón a que la documentación proporcionada por las entidades financieras no permitió establecer la existencia de transacciones que vinculen el uso de los dineros depositados en esa cuenta, con los movimientos económicos y gravados de la empresa

Por lo expuesto, solicitó en petitorio la confirmación de la Resolución Determinativa N° 17 000372-09 de fecha 24 de junio de 2009. 

11.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba El 24 de enero de 2017, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Apertura Término de Prueba EXPEDIENTE ARITCBA-0059/2009, disponiendo la apertura del término de prueba de 20 días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del inciso d) artículo 218 de la Ley N° 2492 (Título V CTB), en virtud a la Sentencia Constitucional Plurinacional 1442/2016-S3 de 07 de diciembre de 2016, por el cual se ordenó dar cumplimiento a la Sentencia No 21/2015 de 23 de febrero de 2015 (fojas 1245 C7 del expediente administrativo)

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

11.4.1. Sujeto Pasivo. Rosmery Villacorta Guzmán, en representación de la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, conforme Resolución Administrativa de Presidencia No 03-0391-16, solicitando la ampliación de veinte (20) días a partir de la notificación con el correspondiente Proveído, porque el correspondiente desglose al presente no se encontraría ordenado y que los antecedentes administrativos cursan dentro la demanda Contenciosa Administrativa interpuesta por esa Gerencia contra la Resolución Jerárquica N° AGIT-RJ 0109/2011 (fojas 1249 C-7 del expediente administrativo). 

Asimismo, el 14 de febrero de 2017 mediante memorial la Administración Tributaria, requirió por última vez, la ampliación de plazo por quince (15) días adicionales, con la finalidad de acompañar la documentación faltante y que de no ser considerada su solicitud, dejaría expresa constancia de la existencia de la documentación extrañada consistente en fojas 5.340 divididas en 4 cuerpos, la misma que sería presentada como prueba de reciente ‘obtención, una vez que obtenga los antecedentes administrativos faltantes (fojas 1254 C-7 

del expediente administrativo). 

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El 20 de febrero de 2017 Rosmery Villacorta Guzmán, en su calidad de Gerente de Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, señalando que ante las insistentes gestiones efectuadas ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia el 16 de febrero, razón por la cual, cumpliendo lo ordenado por esta instancia de alzada, complementa el memorial de 13 de febrero de 2017, entregando la documentación faltante a fojas 5310 (fojas 1257-1258 C-7 del expediente administrativo)..

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11.5. Alegatos. MELIPUGNA 

11.5.1. Administración Tributaria. El 06 de marzo de 2017 la Administración Tributaria recurrida; mediante memorial ofreció alegatos, refiriéndose al método de determinación aplicado sobre base cierta, señalando que durante el desarrollo de la fiscalización, identificó 7 cuentas existentes en el Banco Nacional de Bolivia y que revisado la documentación contable aportada por el sujeto pasivo, logró identificar que las mismas no se encontrarían debidamente contabilizadas, tampoco respaldados con notas fiscales ylo documentación que demuestre de manera clara, completa y fidedigna que dicho dinero no correspondían a ingresos y/o ventas no declaradas. Por otra parte, también se refirió a la Sentencia No-21/2015 y la obligación de ésta instancia de alzada de valorar la prueba presentada que fue descartada por la Resolución de Alzada y Jerárquica, en el marco de los principios que rigen el procedimiento tributario que se encuentran establecidos en el artículo 200 numeral 1 de la Ley N° 2492 Skatema de Gestion 

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Telfs./Fax: 4140011 – 4140012 • www.ait.gob.bo . Cochabamba – Bolivia 

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(CTB), artículo 180 parágrafo I y numeral 4 inciso d) ambos de la Constitución Política del Estado (CPE) (fojas 1262-1264 C-7 del expediente administrativo). 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA El 25 de octubre de 2007, Dante Muñoz Moyano y Susana Machicado Calderon, presentaron memorial a la Presidencia Ejecutiva del Servicio de Impuestos Nacionales, denunciando a IMBA S.A, en sentido, de que esta empresa defraudaría impuestos por ventas sin facturas y que el dinero de estas ventas en ocasiones fue depositado a cuentas bancarias de la Empresa y otras a la cuenta personal del Presidente Ejecutivo, conforme a instrucción contenida en la Nota 6C00799 de 10 de agosto de 1999 (fojas 4374-4375 C-3 de antecedentes administrativos). 

El 8 de mayo de 2008, la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del SIN, notifico mediante cédula a Joaquín Hernán Siles Rivera, representante legal de IMBA S.A., con el Requerimiento No 93303, en el que solicitó el detalle de las granjas reproductoras que posee y el número de huevos mensuales que proveen a las plantas reproductoras

a adquisición de huevos aptos para la incubación de proveedores ajenos, de ser así, listar nombre de los proveedores y cantidades mensuales de huevos adquiridos; detalle de las plantas reproductoras con que cuenta y su capacidad; detalle del número de incubadoras, nacedoras, la capacidad de incubación de cada una y la cantidad de veces que son usadas por año; detalle de las granjas que les proveen pollos bb (bebé); detalle mensual de compra de pollos bb a proveedores, así como por cría de terceros; detalle del número de granjas de engorde y su capacidad; detalle del número de plantas de faenamiento y su capacidad; detalle de insumos necesarios para elaborar 1 kilo de alimento balanceado para alimento de engorde para la cría de pollos; detalle de productos producidos; lista de precios de los productos que comercializa y fotocopias legalizadas del Libro Mayor de las cuentas Materias Primas/Insumos, Productos en Proceso y Productos Terminados; información que fue proporcionada por IMBA SA (fojas 4634 vta.-4636 y 4640 4646 al 4700 C3 de antecedentes administrativos). 

El 30 de junio de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe. GNF/DIF/1227/2008 

mediante el cual señala el comportamiento tributario del contribuyente IMBA S.A. sobre sus 

ventas, encontrando inconsistencias en las mismas, por lo que sugiere emitir una Orden de. Fiscalización Externa Parcial con alcance de los impuestos IVA, IT e UE por los periodos comprendidos entre el 1 de julio de 2004 al 30 de junio de 2005 (fojas 4701-4704 C-3 de antecedentes administrativos). 

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de Cuidad Certificado HEC27014 

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Cochabamba 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

El 23 de julio de 2008, la Gerencia de Grandes Contribuyentes Cochabamba del SIN, notifico mediante cédula a Joaquín Hernán Siles Rivera representante legal de IMBA SA, con la Orden de Fiscalización N° 0008OFE0078, modalidad Fiscalización Parcial cuyo alcance comprende el IVA, IT e UE correspondiente a los períodos fiscales julio 2004 a junio 2005; asimismo, notificó el Requerimiento N° 94143, en el cual solicitó documentación consistente en duplicados de declaraciones juradas dėl IVA, IT e UE, Libros de Ventas y Compras IVA, notas fiscales de respaldo al Débito y Crédito Fiscal IA, Extractos Bancarios, Planilla de Sueldos, Comprobantes de Ingresos y. Egresos con respaldos, Estados Financieros y Dictamen de Auditoria de la gestión que cierra a junio de 2005, Plan Código de Cuentas Contables, Libros de Contabilidad Diario y Mayor, Inventarios, Copia de la Escritura de Constitución, Poder del Representante Legal, Documentación correspondiente a Contratos de Préstamos otorgados y recibidos, otros que se requieran en el transcurso de la fiscalización (fojas 10-11 y 13-13 vta. C-1 de antecedentes administrativos). 

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El 27 de octubre de 2008, la Gerencia de Grandes Contribuyentes Cochabamba del SIN mediante nota CITE: GDGC/DF-N° 0889/08 de 24 de octubre de 2008, requirió a la Gerencia Nacional de Fiscalización que por su intermedio se solicite a la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras información generada por el sistema bancario sobre Cajas de Ahorro, Cuentas Corrientes, Depósitos a Plazo Fijo, Créditos, Pagos al Exterior y otras operaciones financieras que mantuvieron en cuentas conjuntas como en cuentas individuales de: IMBA SA, Siles Rivera Joaquín Hernán, Rivera Fiorilo Hernán; Rivera de Siles Ruth y Asín Claros Patricia Karen, incluyendo la documentación correspondiente; asimismo, mediante la Superintendencia de Pensiones Valores y Seguros se proporcione la información documentada de los movimientos de Fondos de Inversión en la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, de las personas citadas, toda la información por los períodos comprendidos de julio 2004 a junio 2005 (fojas 307-308 C-1 de antecedentes administrativos). 

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El 6 de noviembre de 2008, la Gerencia de Grandes Contribuyentes Cochabamba del SIN mediante nota CITE: GDGC/DF-No 0920/08 de 5 de noviembre de 2008, requirió a la Gerencia Nacional de Fiscalización, solicitó a la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras información respecto a las fechas desde las cuales IMBA S.A. tiene sus cuentas bancarias clausuradas, cerradas y/o congeladas. En la misma fecha, según nota CITE: GDGC/DF-No 0921/08 de 5 de noviembre de 2008, requirió se solicite a la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras información sobre Cajas de Ahorro, Cuentas Corrientes, Depósitos a Plazo Fijo, Créditos, Pagos al Exterior y otras operaciones 

Página 11 de 51 Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasag kuraq kamachiq (Quechua). Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita 

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financieras que mantuvieron en cuentas conjuntas e individuales de: Monroy Antezana José Osvaldo, Pérez Antelo Javier Fernando y Cadima Céspedes Jackelin Rocío, que incluya la documentación correspondiente; asimismo, se solicite a la Superintendencia de Pensiones Valores y Seguros se proporcione la información documentada de los movimientos de fondos de inversión en la Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, de las personas citadas, correspondiente a los períodos comprendidos entre julio 2004 a junio 2005 (fojas 309 y 310-311 C-1 de antecedentes administrativos). 

El 24 de noviembre de 2008, la Gerencia Distrital La Paz del SIN, según nota CITE: GDLP/DJTCC/UCC-526/08, remitió a GRACO Cochabamba la información del Banco SAFI Unión (fojas 653-656 C-1 de antecedentes administrativos). 

El 28 de noviembre de 2008, la Gerencia Nacional de Fiscalización del SIN, según nota CITE: GNF/DIF/OF./N° 2566/2008, remitió a GRACO Cochabamba la documentación presentada por BNB SAFI, BISA SAFI, Credifondo, Mutual La Paz, Citi Bank, SAFI Mercantil, Banco Ganadero, Fortaleza SAFI y Banco BISA (fojas 511-610 C-1 de antecedentes administrativos). 

El 8 de enero de 2009, la Gerencia Nacional de Fiscalización del SIN, mediante nota CITE: SIN/GNF/DNIF/NOT/020/2009, remitió a la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba la información presentada por el Banco Unión SA, Banco BISA, BNB SAFI, Fortaleza SAFI, Credifondo, Mutual La Paz, SAFI Mercantil Santa Cruz, Banco Nacional de Bolivia y BISA SAFI (fojas 318-509 C-1 de antecedentes administrativos). 

El 15 de enero de 2009, la Gerencia Nacional de Fiscalización del SIN, según nota CITE: 

SIN/GNF/DNIF/NOT/039/2009, remitió a GRACO Cochabamba la información presentada 

por el Banco Nacional de Bolivia, Banco Ganadero, PRODEM, Citibank, Mutual la Primera y 

FIE S.A. (fojas 612-651 de antecedentes administrativos, carpeta I, parte 1). xi. El 27 de enero de 2009, la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del SIN mediante Requerimiento N° 94287 solicitó a IMBA SA planillas de sueldos, planillas tributarias y cotizaciones sociales de los períodos julio 2004 a junio 2005, Diagrama de flujo del proceso productivo detallado; kardex mensual físico y valorado de materias primas, productos en proceso y productos terminados por unidad productiva; detalle histórico de producción mensual por producto de las últimas cinco gestiones; detalle de los porcentajes de producto terminado destinado al mercado interno, extemo y los destinados como insumos a otras unidades productivas de las últimas cinco gestiones; relación de los porcentajes estándares oor y porcentajes reales sobre la mortalidad, mermas y pérdidas de la empresa en los últimos Sistema de Gestion 

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Cochabamba 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

cinco años; composición detallada de materia prima, productos en proceso y productos terminados que figuran en el cuadro Costo de Producción de sus Estados Financieros y la Lista Maestra de registros de las áreas de almacenes y producción (fojas 4753-4758 vta. C 3 de antecedentes administrativos). 

El 16 de febrero de 2009, la Administración — Tributaria según nota CITE: SIN/GGC/DF/FE/NOT/0110/2009, requirió se solicite a la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras documentación que respalda todos los movimientos de débitos y créditos de las cuentas: No 53932-001-1 del Banco BISA S.A., perteneciente a Siles Ribera Joaquín Hernán, No 88051-001-1 del Banco BISA S.A. perteneciente a Asin Claros Patricia Karen, N° 300-0108714 del Banco Nacional de Bolivia de Monroy Antezana José O., No 340-0197392 del Banco Nacional de Bolivia de Monroy Antezana José O. No: 350-0140088 del Banco Nacional de Bolivia de Asín Claros Patricia Karen, No 400-0102402 del Banco Nacional de Bolivia de Martínez Callahuanca Jaqueline y N° 412.-2-1-02360-7 de F.F.P. PRODEM S.A. de Monroy Antezana José O.; además de los extractos bancarios de la cuenta N° 53932-001-1 del Banco BISA S.A., toda la documentación relativa a los períodos julio 2004 a junio 2005 (fojas 312 C-1 de antecedentes administrativos). 

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El 19 de febrero de 2009, la Gerencia GRACO Cochabamba mediante nota CITE: SIN/GGC/DF/FE/NOT/0117/2009, requirió a la Gerencia Nacional de Fiscalización solicite a la Superintendencia de Pensiones Valores y Seguros proporcione la documentación que respalda todos los movimientos de depósitos y retiros generados por las Sociedades Administradoras de Fondos de inversión por las cuentas N° 520401201 y N° 520401203 ambas de Siles Ribera Joaquín Hernán y No 81811601 de Monroy Antezana José Osvaldo, todas del Nacional SAFI de los períodos comprendidos entre julio 2004 a junio 2005 (fojas 313 C-1 de antecedentes administrativos). 

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El 3 de marzo de 2009, la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del SIN mediante CITE: SIN/GGC/DFNI/NOT/0137/2009, requirió documentación adicional a IMBA S.A. consistente en kárdex detallado por períodos y por unidad productiva de materia prima e insumos, productos en proceso y productos terminados; notas de ingreso al almacén de pollo vivo a faenamiento; notas de salidas de almacén para distribución; notas de pedido y despacho de productos (ventas); notas de control de pesaje de entrada y salida de los camiones que ingresan a la planta de faenamiento; documentación de respaldo de los datos presentados referidos a la producción y lista maestra de registros de la Unidad Productiva de Faenamiento (fojas 4764 C-3 de antecedentes administrativos). 

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Av. Oquendo No 0381 entre Ecuador’y Venezuela – zona Central Norte Telfs./Fax: 4140011 – 4140012 • www.ait.gob.bo . Cochabamba – Bolivia 

El 9 de marzo de 2009, la Administración Tributaria mediante nota CITE: SIN/GGC/DF/FE/NOT/0145/2009, dirigida a IMBA SA, señaló que habiendo verificado la existencia de quince cuentas bancarias (contiene detalle de las mismas) con movimiento en los períodos julio 2004 a junio 2005, las que no se encontrarían registradas ni declaradas en su contabilidad, por lo que reiteró la solicitud verbal de 4 de marzo de 2009, para que presente toda la documentación que respalda los movimientos de dichas cuentas; solicitud que fue reiterada el 24 de marzo de 2009, según nota CITE: SIN/GGC/DF/FE/NOT/0186/2009 que otorga un plazo máximo de presentación hasta el 31 de marzo de 2009 (fojas 314-315 C1 de antecedentes administrativos). 

El 10 de marzo de 2009, la Administración Tributaria mediante nota CITE: SIN/GGC/DF/FE/NOT/0149/2009, requirió: 1) Pólizas de Seguro, 2) Contratos suscritos, informes de producción y otra documentación de respaldo al servicio prestado a IMBA SA por quince contratistas, 3) documentación de respaldo a los préstamos bancarios que figuran en su contabilidad y Estados Financieros, correspondientes a: Banco BISA Nos. 306728-00, 306785-00 y 306811-00; Banco Santa Cruz No 152486, Banco Citibank No 1042803, Banco de Crédito N° 301000081115 y Banco BISA N° 334175 a nombre de Joaquín Siles Rivera, y 4) Cuadros de detalle del activo fijo con sus correspondientes actualizaciones y depreciaciones anuales y acumuladas, todos correspondientes a la gestión sujeta a revisión (fojas 14-15 C-1 de antecedentes administrativos)

El 16 de marzo de 2009, la Administración Tributaria mediante nota CITE: SIN/GNF/DNIF/NOT/202/2009, remitió a GRACO Cochabamba documentación presentada por el Banco BISA y Banco Unión (fojas 921-955 C1 de antecedentes administrativos). 

El 24 de marzo de 2009, la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del SIN mediante nota CITE: SIN/GGC/DF/FE/NOT/0187/2009, dirigida a la Gerencia Nacional de Fiscalización, saló que de acuerdo a solicitudes al Banco BISA S.A., dicha entidad proporcionó el detalle de cuentas bancarias relacionadas con IMBA S.A., adjuntando sus extractos, excepto de la cuenta corriente N° 53932-001-1, por lo que según solicitud del 16 

de febrero pidió al Banco citado proporcione los extractos de dicha cuenta; en respuesta, el 

Banco BISA S.A., en contradicción con su primera nota, señaló que la cuenta mencionada está a nombre de Patricia Karen Asín Claros y no de Siles Rivera Joaquín Hernán sin adjuntar el extracto de esta cuenta, por lo que solicita que a través de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras se proporcione los extractos bancarios de la referida cuenta (fojas 316 C-1 de antecedentes administrativos). 

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Cochabamba 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

El 24 de marzo de 2009, IMBA S.A. mediante nota CITE GER-16/03; dio respuesta a la solicitud CITE: SIN/GGC/DF/FE/NOT/0145/2009 de la Administración Tributaria, indicando que los Depósitos a Plazo Fijo (DPF) 63435, 63434, 63437 y 63436 se encuentran registrados en la cuenta Depósitos a Plazo Fijo y con relación a la cuenta No 2346907-01 a nombre de IMBA S.A. adjunta el extracto correspondiente; complementando, el 31 de marzo de 2009, IMBA S.A., aclarando que el 24 de marzo envió la información y documentación respaldatoria de los DPF 63435, 63434, 63437, 63436 y extractos bancarios de la cuenta registrada a nombre de IMBA S.A. N° 2346907:01, además explicó que por problemas contables en dicho período, a la fecha no disponen de otra documentación, con referencia a dicha solicitud (fojas 951-955 y 957 C-1 de antecedentes administrativos). 

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El 13 de abril de 2009, la Gerencia Nacional de Fiscalización mediante nota CITE: SIN/GNF/DNIF/NOT/311/2009, dirigida a la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del SIN, remitió la información proporcionada por Banco Los Andes, FASSIL, Banco do Brasil, PRODEM y BNB SAFI (fojas 658-919 C-1 de antecedentes administrativos). 

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El 15 de abril de 2009, la Administración Tributaria mediante nota CITE: SIN/GGC/DF/FENOT/0262/2009 comunicó a IMBA S.A., la conclusión del trabajo de campo de la Orden de Fiscalización Parcial N° 0008OFE0078, solicitando la presencia del representante legal en las oficinas de la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del SIN (fojas 6797 C-4 de antecedentes administrativos). .. 

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El 16 de abril de 2009, la Administración Tributaria según Acta de Reunión, efectuó la explicación del trabajo realizado en la ejecución de la Orden de Fiscalización Parcial N° 00080FE0078 y entregó copias de los papeles de trabajo de las observaciones establecidas; asimismo notificó doce Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 3909ACT0053, 3909ACT0054, 3909ACT0055, 3909ACT0056 y 3909ACT0057, por no haber registrado en su Libro de Ventas, en forma cronológica y correlativa, las notas fiscales de exportación de los períodos fiscales agosto a diciembre de 2004 respectivamente; N° 3909ACT0058 por haber realizado registros incorrectos en su Libro Mayor; Nos. 3909ACT0059, 3909ACT0060, 3909ACT0061, 3909ACT0062, 3909ACT0063 y 3909ACT0064 por el registro incorrecto del crédito fiscal en su Libro de Compras de los periodos fiscales julio, agosto 2004 y enero a abril 2005, cada una sancionada con 1.500 UFV (fojas 6798 y 6799-6810 C-4 de antecedentes administrativos). 

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El 22 de abril de 2009, IMBA S.A. mediante nota GER.COM 045/09, señaló que analizado el detalle sobre del crédito fiscal observado, adjuntaría el resumen de su proveedor CORDILL S.A. quien les provee insumos para la elaboración de productos denominados pre-elaborados (fojas 2909 C2 de antecedentes administrativos). 

El 22 de abril de 2009, la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del SIN emitió el Informe CITE: SINGGC/DFNI/INF/0233/2009 en el que refiere el análisis de la Estructura de Costos y de los procesos productivos, con base en la documentación presentada por IMBA SA y las visitas realizadas a las diferentes unidades productivas ubicadas en Cochabamba, proceso que se encuentran divididos en unidades productivas como ser, Unidad de Alimentos Balanceados, Unidad Reproductora, Unidad de Incubación, Unidad de Granjas Avícolas y Unidad de Faenamiento (fojas 4712-4715 C-3 de antecedentes administrativos). 

El 27 de abril de 2009, la Administración Tributaria notificó al representante legal de IMBA S.A. con la Notificación de Finalización de Fiscalización N° 0008OFE0078 (fojas 6815-6816 C-4 de antecedentes administrativos). 

El 27 de abril de 2009, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: SIN/GGC/DF/FE/INF/0244/2009, estableciendo para el IVA observaciones producto de: 1) la depuración de crédito fiscal por tratarse de compras que no se encuentran vinculadas con la actividad gravada, así como facturas que incumplen las condiciones establecidas en Resoluciones del SIN, conceptos que también fueron considerados en la determinación de la base imponible del IUE, 2) ingresos no facturados originados en ventas de vehículos del activo fijo, 3) ingresos no declarados ni respaldados con notas fiscales,

con notas fiscales, que fueron establecidos en la revisión de las cuentas bancarias y cuentas en Fondos Común de Valores -según datos proporcionados por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras y por la Superintendencia de Pensiones Valores y Seguros que no fueron declarados ni registrados contablemente, tampoco fueron respaldados con notas fiscales ylo documentación que sea prueba clara completa y fidedigna que demuestre que éstos no corresponden a ingresos y/o ventas declaradas

De igual forma, sigue desglosando el informe eri relación al IVA, precisando que la mayoría de las cuentas bancarias con las que trabajó no se encuentran a nombre de IMBA S.A., sino de personas riaturales con firmas mancomunadas, por lo que solicitó a la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras y a la Superintendencia de Pensiones Valores y Seguros proporciorie copias de los extractos bancarios de las cuentas de IMBA Sistema de Gestion 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

S.A. y de sus dependientes, para verificar que la totalidad de dichas cuentas se encuentran registradas en su contabilidad, como resultado de dicho procedimiento estableció la existencia de 4 cuentas bancarias y 4 Cuentas en Fondo Común que no se encuentran registradas y declaradas por el contribuyente en su contabilidad, sin embargo, verificó la existencia de débitos y créditos bancarios por transferencias de fondos entre las cuentas registradas en la contabilidad de IMBA S.A. con aquellas que no están registradas en su contabilidad, lo que le permitió afirmar que el movimiento en las cuentas no contabilizadas corresponden a su actividad gravada y económica; asimismo, constató que estas operaciones fueron contabilizadas con cargos o abonos a una cuenta del Activo Disponible denominada Caja Gerencia, cuando estas operaciones corresponden a traspasos (entre las cuentas bancarias contabilizadas y las no contabilizadas por IMBA S.A.), lo que tambiéri demuestra que los ingresos a las cuentas no declaradas ni registradas, corresponden a su actividad gravada y económica. 

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Ahora bien, con relación al IT, el citado Informe explicó que, los ajustes se originaron en la determinación de ingresos no declarados, concepto similar al que origina el cargo señalado en el número 3) para el IVA. Respecto del IUE; estableció observaciones por: 1) la omisión de la contabilización de ingresos no declarados ni respaldados con notas fiscales, establecidos en la revisión de las Cuentas Bancarias, concepto similar al que origina el cargo en el numeral 3) del IVA, además de la omisión de imputación a ingresos de la gestión, castigos de pasivos pendientes de pago producto de condonaciones de intereses bancarios por pagar y cuentas por cobrar, que debieron ser imputadas a cuentas de ingreso de la gestión y no así a cuentas patrimoniales, y observaciones establecidas en la revisión de la cuenta Resultados Acumulados; 2) gastos imputados a resultados de la gestión como producto de la depuración de gastos no vinculados, castigos de activos realizables, sin la correspondiente aceptación del SIN, gastos por intereses financieros sin el correspondiente respaldo de contratos de préstamo bancario u otro documento, gastos por servicios personales, vacaciones y comisiones consignados en planillas de sueldos y comprobantes contables, no así en planillas impositivas, gastos que no cuentan con documentación de respaldo, gastos no vinculados con la actividad gravada y otros no deducibles-conforme el artículo 47 de la Ley N° 843 y pagos al exterior a los que no se aplicó las retenciones por IUE-BE. De acuerdo a lo señalado, estableció un tributo omitido por IVA de Bs9.653.270.-, por IT de Bs2.203.113.- e UE de Bs17.373.051.- que totalizan-B$29.229.434.- .por tributo omitido y sugiere la emisión de la Vista de Cargo (fojas 6817-6823 C-4 de antecedentes administrativos). 

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El 30 de abril de 2009, la Administración Tributaria notifico mediante cédula a Joaquín Hernán Siles Rivera representante legal de IMBA S.A. con la vista de Cargo N° 399 00080FE0078-0008/2009 de 27 de abril de 2009, que establece las obligaciones fiscales sobre base cierta, del contribuyente por IVA, IT e IVE correspondiente a los períodos fiscales de julio 2004 a junio 2005, en Bs101.401.864.- equivalentes a 66.935.460 UFV que incluyen tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, incumplimiento de deberes formales y la sanción por la conducta del contribuyente calificada preliminarmente como omisión de pago, que sanciona con el 100% sobre el tributo omitido en UFV, además, en cumplimiento del art. 98 de la Ley N° 2492 (CTB) otorga treinta (30) días para que el contribuyente formule descargos (fojas 6829-6834 C-4 de antecedentes administrativos). 

El 19 de mayo de 2009, IMBA S.A. presentó nota a la Administración Tributaria, acompañando descargos a las facturas de compras observadas por IVA e UE por compras de productos para la elaboración de subproductos; compras de alimentos y refrigerios para el personal, asesores y técnicos; compra de envases para la venta de productos; pasajes, gastos de viaje y hospedaje a personeros de asesoramiento, gastos relacionados con el mantenimiento, combustible y repuestos de vehículos, pagos de energía eléctrica de un inmueble en alquiler; adicionalmente, presenta descargos por observaciones de gastos deducibles en el UE por devoluciones en ventas; registro de la depreciación de edificios; 

servicio de limpieza sin factura ni retención; honorarios profesionales y gastos judiciales; 

cargo al costo de materias primas por consumo de gas adquirido de EMCOGAS; y castigo de gastos diferidos por fotocopiadora. 

Continúa en relación a los descargos por ajustes a los ingresos por el castigo de una cuenta pendiente de pago AFP; registro en resultados acumulados de la condoriación de intereses por préstamo; respecto a los depósitos en la cuenta del Banco BISA N° 88051-001-1 a nombre de Patricia Asín C., los depósitos en Fondo Común de Valores, cuenta Nacional SAFI 520401201 y 52040123 a nombre de Joaquín Siles R. y la cuenta Nacional SAFI 81811601 a nombre de Osvaldo Monroy, señala que son cuentas personales y patrimoniales según certificación que adjunta, por lo tanto, al ser un movimiento particular no corresponde su observación. Añade que respecto de los demás reparos, continúa efectuando su análisis, concluido el mismo enviarán nueva nota (fojas 7374-7381 C-5 de aritecedentes administrativos). 

El 21 de mayo de 2009, IMBA S.A. mediante nota presentada a la Administración Tributaria, presentó descargos complementarios a las facturas de compras observadas en el IVA e UE por gastos de representación de los ejecutivos de la empresa como ser 

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Cochabamba 

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pasajes, gastos de viaje y hospedaje; así como descargos por gastos deducibles en el IUE por devoluciones en ventas, honorarios profesionales imputados a gastos generales, consumo de gas cargado al costo de materia prima, castigo de gastos diferidos por fotocopiadora, y con relación a los ajustes por ingresos debido al registro a resultados acumulados por condonación de intereses por préstamos (fojas 7562-7567 C-5 de antecedentes administrativos). 

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El 25 de mayo de 2009, IMBA S.A. presentó nota a la Administración Tributaria acompañando nuevos descargos consistentes en las facturas con relación al consumo de gas natural de Emcogas (fojas 7627 C-5 de antecedentes administrativos). 

WOT 

El 1 de junio de 2009, IMBA S.A. mediante nota sin número, presentó descargos adicionales, en relación a los depósitos en cuentas bancarias observadas, aclarando que las cuentas No 350-0140088 M/N, 340-0197392 ME (ambas del Banco Nacional) y la cuenta del Banco BISA N° 88051-001-1 que se encontrarían a nombre de Patricia Asín C., son cuentas personales según certificación que adjunta y los Depósitos en Fondo Común de Valores, Cuenta SAFI N° 520401201 y No 520401203 a nombre de Joaquín Siles R y la Cuenta SAFI N° 81811601 a nombre de Osvaldo Monroy también son cuentas personales; por tanto, al ser particulares, ‘no corresponde su observación (fojas 7666-7667 C-5 de antecedentes administrativos). 

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El 5 de junio de 2009, la Administración Tributaria, emitió el Informe de Conclusiones CITE: SIN/GGC/DF/FE/INF/0356/2009, señalando que analizados los descargos presentados por el contribuyente, éstos surten efecto parcialmente, por lo que el impuesto omitido por IVA, IT e UE disminuye a un total observado de Bs28.460.314.- (fojas 7895-7912 C-5 de antecedentes administrativos). 

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Teresa Rosario Botik Rocha 

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El 19 de junio de 2009, IMBA S.A. mediante nota sin número, presentó descargos de última obtención consistentes en certificaciones de las entidades bancarias que aclaran, quienes son los titulares de las cuentas observadas (fojas 7919-7922 C-5 de antecedentes administrativos). 

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El 23 de junio de 2009, la Administración Tributaria, emitió el Informe CITE: SIN/GGC/DF/FE/INF/0394/2009, expresando que las certificaciones aportadas como prueba de reciente obtención, no aportan ningún elemento nuevo a la fiscalización, toda vez que ya se conoce los titulares de las cuentas observadas por tanto no modifican las observaciones establecidas (fojas 7930-7934 C-5 de antecedentes administrativos). 

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El 26 de junio de 2009, la Administración Tributaria, notifico mediante cédula y en presencia de un Notario de Fe Pública de Primera Clase, a Joaquín Hernán Siles Rivera representante legal de IMBA S.A., con la Resolución Determinativa N° 17-000372-09 de 24 de junio 2009, que determinio de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible las obligaciones impositivas del contribuyente por IVA, IT e IUE en la suma de Bs 110.600.051. equivalentes a 72.441.020.- UFV que incluiría tributo omitido, mantenimiento de valor, interés, multa por incumplimiento de deberes formales y la sanción calificada como omisión. de pago a la que corresponde una multa del 100% sobre el tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento según el artículo 165 de la citada Ley (fojas 7959-7982 C-5 de 

antecedentes administrativos). 

El 18 de noviembre de 2009, la Autoridad de Impugnación Tributaria Regional Cochabamba, emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBARA 0133/2009, revocando parcialmente la Resolución Determinativa GRACO N° 17-000372-09 de 24 de junio de 2009, disminuyendo del monto del reparo por ingresos no declarados la suma de Bs 19.641.804.-, de la deuda tributaria consignada para la gestióri fiscal con cierre al 30 de junio de 2005, quedando firme y subsistente en cuanto a lo demás. Acto que fue notificado el 18 de noviembre de 2009 (fojas 759-767 C-4 del expediente administrativo). 

El 22 de marzo de 2010, la Autoridad General de Impugnación Tributaria, emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0106/2010 revocando parcialmente la Resolución ARITCBAIRA 0133/2009, de 18 de noviembre de 2009, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Industria Molinera y Balanceados de Alimentos (IMBA S.A.), contra la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en la parte referida a los ingresos observados correspondientes a las cuentas bancarias del Banco Nacional de Bolivia 350-0140088 Caja de Ahorro, 3400197392 ME Cuenta Corriente, 88051-0011 MN Cuenta Corriente, 300-0108714 MN Cuenta Corriente, 520401201 ME Fondo Común de Valores y 2344690701 ME Fondo Común de Valores, por diferencias en transcripción y por existencia del respaldo documental de los depósitos observados, debiéndose mantener firme y subsistente el saldo revocado por la instancia de Alzada; consiguientemente, se modifica la deuda tributaria a favor del fisco de Bs110.600.051.– equivalentes a 72.441.020.- UFV a Bs79.664. 124.- equivalentes a 52.178.551.– UFV, de acuerdo con la liquidación efectuada al 24 de junio de 2009, quem a corresponde a la fecha de emisión de la Resolución Determinativa, la misma que debeesco ser actualizada a la fecha de pago según lo establecido en el art. 47 de la Ley N° 2492 Sistema de Gestion 

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(CTB). Acto notificado mediante cédula, el 30 de marzo de 2010 (fojas 921-983 C-5 del expediente administrativo). 

El 28 de septiembre de 2010, la Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Superior del Distrito de La Paz, dictó Resolución A.A.C. N° 03/10-SSA-I, concediendo la Acción de Amparo Constitucional solicitada por Nelson Ángel Tapia Flores en representación legal de la Sociedad Industrial Molinerà Balanceado de Alimentos para Aves y Ganado Agroindustrial Rivera S.A. (IMBA S.A.); disponiendo la nulidad del Recurso Jerárquico AGIT-RJ/0106/2010 de 22 de marzo de 2010, debiendo la Autoridad General de Impugnación Tributaria dictar nueva resolución (fojas 1048-1053 C-6 del expediente administrativo). 

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El 18 de febrero de 2011, la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0109/2011, anulando la Resolución ARIT CBA/RA 0133/2009 de 18 de noviembre de 2009, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Industria Molinera y Balanceados de Alimentos (IMBA S.A.); contra la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la vista de Cargo N° 399-0008OFE0078 0008/2009, de 27 de abril de 2009, inclusive, a objeto de que la Administración Tributaria emita una nueva Vista de Cargo debidamente fundamentada y que cumpla con lo dispuesto en los artículos 96, 42 y siguientes de la Ley N° 2492 (CTB), todo en cumplimiento y estricta ejecución de la Resolución A.A.C. N° 03/10-SSA-I, de 28 de septiembre de 2010, de la Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Superior del Distrito de La Paz, que estableció los vicios de anulabilidad y de acuerdo con los fundamentos expuestos. Acto que fue notificado a la Administración Tributaria el 25 de febrero de 2011 y al sujeto pasivo el 01 de marzo de 2011 (fojas 1107-1139, 1145 y 1149 C-6 del expediente administrativo). 

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El 27 de diciembre de 2012, mediante memorial presentado a la Autoridad de Impugnación Tributaria Regional Cochabamba, el Servicio de Impuestos Nacionales solicitó el cumplimiento de la Sentencia Constitucional Plurinacional 1291/2012 que revocó la Resolución de 28 de septiembre de 2010, pronunciada por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior de Justicia (ahora Tribunal Departamental de Justicia) La Paz; denegando en consecuencia, la tutela solicitada por el contribuyente IMBA S.A. (fojas 1170 C-6 del expediente administrativo), reiterando dicha petición mediante memorial de 04 de febrero de 2013 (fojas 1175 C-6 del expediente administrativo). 

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El 23 de febrero de 2015, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia emitió la 

Sentencia 21/2015, declarando probada la demanda contencioso administrativa incoada por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales y conforme los argumentos expuestos, dejó sin efecto las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0106/2010 de 22 de marzo, así como la Resolución de Alzada ARIT CBARA 0133/2009 de 18 de noviembre de 2009, anulando obrados hasta que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, en aplicación del principio de oficialidad previsto en el artículo 200.1 de la Ley N° 2492 (CTB), abra el término de prueba y se pronuncie en el fondo respecto a los hechos debidamente sustentados y la aplicación del método de determinación de la base imponible (fojas 1207-1211 C-7 del expediente 

administrativo). 

El 10 de diciembre de 2015, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia emitió la Resolución 319/2015 declarando no ha lugar la explicación solicitada referida a la Sentencia N° 21/2015 (fojas 1206 C-7 del expediente administrativo)

El 07 de octubre de 2016, el Juzgado Público en Materia Civil y Comercial No 9 de la Capital, constituido como Tribunal de Garantias Constitucionales del Tribunal Departamental de Justicia emitió el AACC N° 05/2016 de 07 de octubre de 2016, dejando sin efecto la Sentencia No 021/2015 de 23 de febrero de 2015 y la Resolución N° 319/2015 de 10 de diciembre de 2015, ordenando a los Magistrados accionados, emitan una nueva resolución en la que se pronuncien sobre los aspectos que fundan la demanda contenciosa administrativa interpuesta por aquellos, en estricto cumplimiento del debido proceso en su dimensión de la adecuada fundamentación y respeto al principio de congruencia (fojas 11751193 C-7 del expediente administrativo). 

El 07 de diciembre de 2016, el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió la SCP 1442/2016-S3 revocando la Resolución 05/2016 de 07 de octubre, pronunciada por la Jueza Pública Civil y Comercial Novena de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia denegar la tutela solicitada, en atención a los fundamentos expuestos en la citada Sentencia Constitucional Plurinacional (fojas 1233-1238 C7 del expediente administrativo)

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA.. IV.1. Cuestión Previa. Señalar que la Resolución 05/2016 de 07 de octubre, pronunciada por la Juez Pública Civil NSO y Comercia! Ina. de la Capital del Departamento de Cochabamba, dejó sin efecto la sistema de Gestion 

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Sentencia No 021/2015 de 23 de febrero de 2015 y la Resolución N° 319/2015 de 10 de diciembre de 2015; actos últimos que a su vez, dejaban sin efecto la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0106/2010 de 22 de marzo de 2010, así como la Resolución de Alzada ARIT-CBARA 0133/2009 de 18 de noviembre de 2009, anulando obrados hasta que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, en aplicación del principio de oficialidad previsto en el artículo 200, parágrafo 1 de la Ley N° 2492 (CTB) abra el término de prueba y se pronuncie en el fondo respecto a los hechos debidamente sustentados y la aplicación del método de determinación de la base imponible; no obstante el 07 de diciembre de 2016, el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió la SC 1442/2016-S3, revocando la Resolución 05/2016 referida al inicio de éste párrafo denegando la tutela solicitada por la Gerencia Grandes Contribuyentes (GRACO) de Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales. 

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En este sentido, el Tribunal Constitucional mediante la SC 1442/2016-S3 revocó la Resolución 05/2016 de 07 de octubre, otorgando validez a la Sentencia 21/2015, la cual dejó sin efecto la Resolución de Recurso jerárquico AGIT-RJ 0106/2010 y la Resolución de Alzada ARIT-CBARA 0133/2009, conminando a ésta, instancia de alzada, emitir pronunciamiento en el fondo respecto a los hechos debidamente sustentados y la aplicación del método de determinación de la base imponible (fojas 1212 vta. C-7 del expediente administrativo); en consecuencia, ésta instancia administrativa, ingresará a 

analizar las cuestiones precisadas por el Tribunal Supremo de Justicia; emitiendo un : pronunciamiento sobre la determinación de la base imponible utilizada por el SIN para el 

establecimiento de los reparos impositivos e ingresando a la valoración de la documentación que en su momento, fue desestimada en virtud al artículo 217 de la Ley N° 2492 (CTB). 

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En ese entendido, debemos resaltar que nuestro análisis se circundará a los conceptos precisados en el párrafo previo, sin embargo, con el propósito de cumplir con lo reclamado por el contribuyente en el Recurso de Alzada formulado, sé desglosará el mismo acompañado del pronunciamiento respectivo por parte de esta instancia administrativa, enfatizando que la Sentencia 21/2015 de 23 de febrero de 2015, dejó sin efecto la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0106/2010 de 22 de marzo de 2010, así como la Resolución de Alzada ARIT/CBARA 0133/2009 de 18 de noviembre de 2009, debido a la ausencia de análisis y valoración de todos y cada uno de los documentos descartados por ser fotocopias simples-, puntualizando los extractos bancarios (fojas 1211 C-7 del expediente administrativo), coligiendo de dicha explicación, la inexistencia Ô 

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do Calidad Certificado EC-27414 

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cuestionamiento a la valoración efectuada sobre el procedimiento aplicado por el SIN para la determinación de ingresos que no estarían referidos a los extractos bancarios

Por consiguiente, destacar que la Sentencia 21/2015 emitida por el Tribunal Supremo de Justicia dejó plenamente claro, que algunos extractos fueron considerados inválidos y otros válidos en la Resolución de Alzada (ARITCBAIRA 0133/2009), ...sin una adecuada compulsa y valoración de la prueba, apoyándose únicamente en el hecho de tratarse de fotocopias simples, cuando en realidad y por responsabilidad, debía analizar, compulsar y valorar la pertinencia y oportunidad de la información contenida en los reportes avalados 

por la entidad bancaria remitente...(fojas 1211 C-7 del expediente administrativo); 

coligiendo que el nudo principal de la mencionada decisión, radica en la necesidad de efectuar una compulsa de los extractos bancarios obtenidos durante el desarrollo de la fiscalización analizada, por s que estos se encuentren en fotocopias simples, o en su caso evaluar la licitud o ilicitud en la obtención de dichos documentos; sin embargo, el procedimiento adoptado por el SIN para conseguir esa prueba no fue cuestionado por el contribuyente, aspecto que en virtud al parágrafo I artículo 211 de la Ley N° 2492 (CTB), no será atendido en el presente Recurso de Alzada. 

IV.2. Sobre la validez de los actos emitidos. Es importante destacar que el análisis efectuado en el presente punto, se efectúa en cumplimiento de lo previsto en el parágrafo I artículo 211 de la Ley N° 2492 (CTB); es decir, el análisis de los hechos denunciados por el sujeto pasivo, que comprometen la validez en la emisión de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa que de ser evidentes, impulsarían su nulidad. 

Al respecto, las disposiciones en actual vigencia, establecen la obligación del ente fiscalizador de consignar el resultado de dicho proceso determinadito, en los actos que vaya a emitir, así el parágrafo | artículo 96 de la Ley N° 2492 (CTB) dispone que la Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la 

Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero 

responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los 

resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado; y que la ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el reglamento viciará de nulidad la AN

NB150 Vista de Cargo. 

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De igual forma, el parágrafo Il artículo 99 de la citada Ley N° 2492 (CTB) prevé que la Resolución Determinativa deberá contener como requisitos mínimos: lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente y que la ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, la viciará de nulidad. 

Por su parte, el artículo 18 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), determina que la Vista de Cargo deberá consignar: Número; Fecha; Nombre o razón social del sujeto pasivo; Número de registro tributario; Indicación del tributo (s), periodo (s) fiscal:(es); Liquidación previa de la deuda tributaria; Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la calificación de la sanción en el caso de las contravenciones tributarias y requerimiento a la presentación de descargos; firma, nombre y cargo de la autoridad competente; el artículo 19 de la misma norma, establece que las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y determinación del adeudo tributário calculado de acuerdo a lo establecido en el artículo 47 de la Ley 2492 (CTB). 

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En ese contexto, doctrinario, legal y de los antecedentes administrativos, toda vez que en los procesos de determinación se realizan diferentes actos administrativos, dirigidos a determinar la existencia o no de la deuda tributaria; en el caso que nos ocupa, së tiene que el proceso se inició con la notificación de la Orden de Fiscalización N° 0008OFE0078, estableciendo los impuestos y períodos a ser fiscalizados, es decir, IVA; IT; períodos fiscales julio 2004 a junio 2005 e IUE gestión 2005, aperturando una etapa preliminar destinada al trabajo de campo, sobre la base de la documentación presentada por el contribuyente y la generada por terceros conforme a las facultades de fiscalización, verificación, control e investigación otorgadas a la Administración Tributaria por el numeral 1) artículo 66 y 100 de la Ley N° 2492 (CTB). 

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En ese entendido, en la primera etapa de la fiscalización, el SIN desde el inicio, con la 

notificación del Requerimiento N° 94143, solicitó al contribuyente la presentación de toda la documentación referente a la fiscalización, especificando en el reverso de dicho requerimiento, que se presenten los contratos de préstamos otorgados y recibidos; asimismo se advierte que mediante las notas CITES: SIN/GGC/DFNI/NOT/0137/2009, SIN/GGC/DF/FE/NOT/0145/2009, SINGGC/DF/FE N OT/0186/2009 y SIN/GGC/DF/FE/NOT/0149/2009, solicitó la presentación de documentación contable, de producción, económico y financiero-bancario, ante lo cual el contribuyente presenta documentación el 30 de julio de 2008 y el 24 de marzo de 2009; sin embargo, pese a que s 

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de la Calidad Certificado TEC-2741¢ 

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en Acta de Recepción y Devolución de Documentos (fojas 17 C1 de antecedentes administrativos), se consignó la entrega de contratos de préstamo, de la revisión de antecedentes administrativos no se evidenció la presentación de ningún contrato de préstamo en las fechas citadas, como señala en el recurso de alzada; documentación que fue revisada y analizada por la Administración Tributaria, cuyo trabajo se plasma en Papeles de Trabajo. 

En los referidos Papeles de Trabajo advertimos la elaboración de cuadros de: verificación, comparativos, resumen de los Libros de Compras IVA, ventas, seguimiento a ingresos de la gestión según Libro Mayor, detalle de las facturas observadas; se establecen los ingresos no declarados correspondiente a depósitos bancarios, depósitos en valores; se realiza cuadros de las cuentas bancarias proporcionadas por el contribuyente y la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (actualmente ASFI), depósitos bancarios no registrados contablemente, composición de las cuentas por fondo común de valores proporcionada por el contribuyente y la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, detectando cuentas observadas, depósitos de ingresos en Fondo Común de Valores, no registrados contablemente que corresponde a ingresos no declarados, composición de débitos y créditos bancarios relacionados entre las cuentas registradas y no registradas contablemente de la documentación del IVA, IT y IVE, aspecto que demuestra la valoración y análisis de la documentación presentada por el contribuyente. 

Prosiguiendo con nuestro análisis, advertimos que el 14 de abril de 2009, mediante CITE: SIN/GGC/DF/FE/NOT/0262/2009, la Administración Tributaria comunicó a IMBA S.A., la conclusión del trabajo de campo de fiscalización, solicitando la presencia del representante legal en sus oficinas, a efectos de realizar una reunión, la misma que se llevó a cabo el 16 de abril de 2009, en la que explicó el trabajo realizado, entregando copias de los Papeles de Trabajo de las observaciones establecidas, tal como consta en el Acta de Reunión (fojas 67976798 C-4 de antecedentes administrativos); hecho que permitió al sujeto pasivo presentar documentación adicional el 22 de abril de 2009, según Acta de Recepción de Documentación de 22 de abril de 2004 (fojas 22 C1 de antecedentes administrativos). 

En ese entendido, constatamos que el contrato privado de préstamo suscrito el 15 de junio de 2004 y documentos contables relacionados con el mismo (Memorándum de Caja y hojas de traspaso) (fojas 1112-1488 C-1 de antecedentes administrativos), cursan en antecedentes con el sello de verificación de la Administración Tributaria de 22 de abril de NW 2009, aspectos que permiten deducir que dicho contrato y documentación habría sido 9001 

IBNORCA presentada en esa fecha; es decir, después que el contribuyente tomó conocimiento de los Statema de Gestion 

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resultados de la fiscalización, encontrándose dentro la documentación que fue analizada por el SIN de acuerdo a lo referido en el Informe CITE: SIN/GGC/DF/DF/FE/NF/0244/2009 (fojas 6817-6823 C-4 de antecedentes administrativos), el cual señaló, que fueron revisados los documentos presentados el 22 de abril de 2009. 

De igual forma, advertimos que el referido contrato fue suscrito entre Joaquín Hernán Siles Rivera y la empresa IMBA S.A., en el que acuerdan el desembolso a favor de IMBA SA de forma gradual de la suma de $us. 10.000.000.- (Diez millones de dólares americanos), que serán devueltos en el transcurso de dos años y que en caso de imposibilidad de devolución, dicho monto se convertirán en parte de capital en calidad de acciones, contrato de préstamo, sustentado con los traspasos de dinero, mismos que no se encuentran incluidos en la contabilidad del contribuyente, hecho corroborado en el Pasivo del Balance General, en el que no se encuentra registrado como pasivo corriente ni pasivo a largo plazo, ni otra cuenta del pasivo y tampoco se encontraría registrado en el Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, que totaliza las transacciones. 

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De lo manifestado, evidenciamos que la Administración Tributaria en toda la etapa de verificación, solicitó la documentación relacionada con la fiscalización, siendo obligación del contribuyente presentar de forma oportuna todos los documentos que hagana su derecho de acuerdo al artículo: 76 de la Ley N° 2492 (CTB); sin embargo, se pudo observar la presentación de descargos de forma parcial, incompleta e inoportuna, desconociendo que es obligación del mismo, presentar toda la documentación que sustente su actividad o movimiento económico cuando la Administración Tributaria lo requiera, tal como establece los numerales 4 y 7 artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB); y a pesar de dicho incumplimiento, el SIN analizó toda la documentación presentada de forma previa a la emisión de la Vista de Cargo. 

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En función a lo señalado y conforme la revisión de la Vista de Cargo N° 3990008OFE0078 0008/2009, de 27 de abril de 2009, se advierte que la misma fue emitida contra IMBA SA, Industria Molinera y Balanceados de Alimentos, con NIT 1023201022, estableciendo reparos por IVA e IT, períodos fiscales julio 2004 a junio 2005 e IUE gestión 2005, sobre Base Cierta; efectuando la liquidación de la deuda tributara de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley N° 2492 (CTB), a cuyo efecto realiza un cuadro, en el que refleja el tributo omitido, por impuesto y periodo, calculando los intereses y sanción e incumplimiento 

de deberes formales, además de contar con la firma del Gerente GRACO Cochabamba del 

  • SIN, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto Supremo No. 27310 (RCTB). 

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Por otra parte, logramos comprobar que la citada Vista de Cargo, contiene los hechos, datos, elementos y valoraciones que sustentan los reparos, detallando en cuanto al IVA, que se depuró crédito fiscal por compras no vinculadas con la actividad gravada, facturas que incumplen con las condiciones establecidas por Ley y por la determinación de ingresos no facturados, entre ellos la venta de bienes muebles del activo fijo e ingresos no declarados ni respaldados con nota fiscal; para el IT señaló que el reparo fue originado en los ingresos no declarados ni respaldados con nota fiscal, para el UE indicó que el reparo surgió de la omisión de la contabilización de ingresos de la gestión, impugnación de gastos imputados a resultados de la gestión, desarrollando de forma especifica los conceptos y la normativa aplicada; asimismo tipificó preliminarmente la conducta del contribuyente como omisión de pago, detallando las Actas emitida por incumplimiento a deberes formales. 

De acuerdo al análisis efectuado precedentemente, cabe especificar que en la vista de . Cargo, la entidad recurrida estableció que los ingresos no declarados ni respaldados con notas fiscales, fueron obtenidos de la revisión de las cuentas bancarias y cuentas en Fondos Común de Valores, sobre la base de la información otorgada por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (actualmente ASFI) y. Superintendencia de Pensiones Valores y Seguros; aclarando que dichas observaciones no fueron respaldadas por el sujeto pasivo con notas fiscales o documentación que sea prueba clara completa y fidedigna, que demuestre que éstos no corresponden a ingresos o ventas declaradas; conclusión a la que llega la entidad fiscalizadora, en virtud del trabajo de campo 

efectuado sobre la base de los documentos presentados por el contribuyente y otras 

entidades. 

Conforme a lo descrito, colegimos que la Vista de Cargo contiene los hechos, datos y valoraciones que se efectuaron respecto a los impuestos y periodos fiscalizados, reflejando la pretensión de la Administración Tributaria, a la que llega una vez revisada y valorada la documentación presentada por el contribuyente y la obtenida de terceros en su función de investigación, otorgada conforme el numeral 1 artículo 66 y artículo 100 de la Ley N° 2492 (CTB), no siendo requisito, que dicho acto contenga todos los papeles de trabajo realizados previamente, en los que se detallan las observaciones a la documentación revisada; mucho más si se explicó al sujeto pasivo cuales eran las mismas y se le entregó una copia de los papales de trabajo, lo que le permitió asumir defensa, presentando documentación una vez concluida la fiscalización, la cual fue considerada y valorada por el SIN; en consecuencia, siendo que la Vista de Cargo contiene los requisitos establecido en el parágrafo l artículo 96 

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Cochabamba 

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de la Ley N° 2492 (CTB) y 18 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), no existiendo causa fáctica o contravención legal que impulse la nulidad del acto analizado. 

Posteriormente una vez notificada la vista de Cargo, evidenciamos que el sujeto pasivo, en fechas 19, 21, 25 de mayo de 2009 y 1 de junio de 2009, presentó descargos para desvirtuar los reparos establecidos, los cuales fueron evaluados en el Informe CITE: SIN/GGC/DF/FE/INF/0356/2009, de 5 de junio de 2009, señalando que analizados los descargos presentados por el contribuyente, surten efecto parcial disminuyendo el total observado de Bs28.460.314.- (fojas 7895-7912 C-5 de antecedentes administrativos); encontrándose entre los descargos evaluados a detalle, el contrato de préstamo de 15 de junio de 2009, las planillas denominadas Memorando para Caja, Estado de Conciliaciones de Cuentas y traspasos, adjuntas a la misma. 

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Por otro lado, en la evaluación efectuada en el referido Informe, la Administración Tributaria aclaró que el contrato de préstamo de 15 de junio de 2004, fue presentado después de la explicación de los resultados de la conclusión de la fiscalización, indicando, que estaban observando cuentas bancarias en el Banco Nacional de Bolivia Nos. 350-0140088 y 340 0197392, pretendiendo demostrar que el préstamo de dinero, fue desembolsado en efectivo, para luego ser depositados por IMBA S.A. en las cuentas bancarias cuestionadas; sin embargo, de la revisión del contrato, evidenciamos que solo contiene una firma llegible, además que no se evidencia que el mismo cumpla con las formalidades que la Ley exige para su plena validez; con relación a las planillas Memorándúm para Caja, los Estados de Conciliación de Cuentas, advertimos que los depósitos fueron realizados gradualmente y diariamente a estas dos cuentas bancarias por medio de conciliaciones respaldadas con comprobantes de traspaso, empero, dichos documentos no se encuentran registrados contablemente, ya que no existen salidas de caja y menos ingresos a los bancos; lo que demuestra que el contrato de préstamo sí fue considerado y analizado previa y posteriormente a la emisión de la Vista de Cargo. 

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El 19 de junio de 2009, IMBA S.A. mediante nota, presentó descargos de última obtención LEDE

consistentes en certificaciones de las entidades bancarias que aclaran, quienes son los titulares de las cuentas observadas (fojas 7919-7922 y 79267927 C-5 de antecedentes administrativos), señalando que estas cuentas son de personas particulares y de patrimonios propios; dando lugar al Informe CITE: SIN/GGC/DF/FE/INF/0394/2009, mediante el cual, la Administración Tributaria expresa que las certificaciones aportadas 

NB-iso como prueba de reciente obtención, no aportan ningún elemento nuevo a la fiscalización, 

IBNORCA toda vez que, ya conocían a los titulares de las cuentas observadas, por tanto no pueden Statement de les con 

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modificar las observaciones establecidas y debidamente comunicadas al sujeto pasivo 

(fojas 7930-7934 C5 de antecedentes administrativos). 

De lo expuesto, advertimos que el contribuyente en uso del derecho a la defensa, otorgado por el artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB), presentó descargos a la vista de Cargo, los cuales fueron evaluados por el SIN e incluso dieron lugar a una disminución del monto establecido en el citado del acto, tal como se evidenció en el Informe CITE: SIN/GGC/DF/FE/INF/0356/2009 de 5 de junio de 2009, emitiendo con esos datos, la 

ativa N° 17-00037209 de 24 de junio 2009, que determina por IVA, IT e UE en la suma de Bs110.600.051.– equivalentes a 72.441.020.– UFV que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, interés y la sanción calificada como omisión de pago en aplicación de los artículos. 148 y 160 numeral 3 de la Ley N° 2492 (CTB), a la que corresponde una multa del 100% sobre el tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento según el artículo 165 de la citada Ley (fojas 7959-7978 vta. C5 de antecedentes administrativos). 

Bajo el escenario descrito y conforme lo señalado por el recurrente, de que la Resolución Determinativa no especificaría la deuda tributaria y que dicha falencia motivaría su nulidad; cabe señalar que el artículo 19 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), en el párrafo segundo, establece que las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo al artículo 47 de la Ley No 2492 (CTB), en ese entendido, comprobamos que la Resolución Determinativa N° 17 000372-09, en el primer considerando, detalló el origen y los conceptos que dan lugar a los reparos; en el segundo considerando expuso la valoración a la pruebas de descargo presentadas a la Vista de Cargo y de las pruebas de reciente obtenció advertimos que el cálculo del adeudo tributario se efectúo en aplicación del artículo 47 de la Ley N° 2492 (CTB), a cuyo efecto realizó un cuadro resumen de adeudos, consignando el impuesto omitido respecto al IVA e IT por períodos y para el IVE por la gestión que abarca julio 2004 a junio 2005; a la vez estableció multa por omisión de pago y por incumplimiento de deberes formales; evidenciándose que dicho acto contiene los requisitos y especificaciones de la deuda tributaria conforme establecen el parágrafo Il artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB) y párrafo segundo artículo 19 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB). 

Por todo lo descrito, ésta instancia, pudo corroborar que la entidad recaudadora emitió la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa conforme a los requisitos establecidos en el parágrafo Il artículo 96 y parágrafo Il artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), así como los Noise artículos 18 y 19 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB); sin evidenciar vicio de nulidad, Sistema de Gestion 

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IBNORC

de la Calidad Ceruficado EC-27014 

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Cochabamba 

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pues los merciorados actos fuerori emitidos conforme a procedimiento legal, permitierido al contribuyente en todo momento materializar su derecho a la defensa respecto a la determinación tributaria, no siendo aplicables al caso lo previsto en el artículo 35 y parágrafo Il artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA), aplicables supletoriamente en materia tributaria conforme el artículo 201 de la Ley N° 2492 (CTB); debiendo desestimar lo agraviado por el contribuyente sobre este purito: .. 

De igual forma, es importante señalar que la valoración de la prueba por parte del juzgador, de acuerdo al artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB) debe enmarcarse en las reglas de la sana crítica, lo que compreride una acción abierta y libre eri virtud a la experiericia del responsable de esta labor, cuyo resultado es perfectible y por eride sujeto a modificación en virtud a los elementos que puedan ser ofrecidos por la parte reclamante y la búsqueda de verdad material; en consecuencia, cualquier cambio eni uria decisión adoptada debe encontrarse fundamentada, garantizando en el caso de análisis el conocimiento necesario para que los interesados, puedan hacer uso de su derecho a la deferisa, recurrierido a las instancias dispuestas por Ley para su revisión; escenario que fue debidamente garantizado por la Admiristración Tributaria; sierido prueba de ello, lo expuesto en párrafos previos y las condiciones en las cuales el SIN, emitió la Vista de Cargo N° 399-00080FE0078 0008/2009 y la Resoluciónı Determinativa N° 17-000372-09, las mismas que cumplieron lo dispuesto en los artículo 96 y 99 de la Ley N° 2492 (CTB), rio existiendo en consecuericia, sustento fáctico que permitan sustentar la discrecionalidad denuriciada por la empresa recurrente. 

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Por otro lado, con relación a la carencia de modelo o método de auditoría, el sujeto pasivo, rio ofreció prueba precisa que permita demostrar lo argüido, limitáridose à enunciar como sustento de ese reclamo, la decisión de la Administración Tributaria de levantar las observaciones referente a la Cuenta SAFI N° 81811601 del Banco Nacional de Bolivia; sierdo importante destacar que a diferericia de lo expuesto por el administrado, el Servicio de Impuestos Nacionales, desarrollo su fiscalización eri virtud a un Programa de Auditoría (fojas 27-29 C-1 de antecedentes administrativos), el cual fue debidamente referericiado con los Papeles de Trabajo referidos a los procedimientos definidos al efecto, siendo hecho por demás evidente, que permite desestimar las preterişiories del contribuyerite y su cuestionamiento al trabajo de fiscalización desarrollado por el SIN, reiterando que la valoración de la prueba se sostiene no solamente en un Programa de Auditoria como erróneamente pretende el coritribuyente, sino también eri las reglas de la saria crítica previstos eri el artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB). 

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IV.3. Sobre los reparos establecidos. 

La empresa recurrente, sostuvo que más allá de insistir en la ausencia de un adecuado procedimiento en la determinación de la base imponible, añadiendo que los supuestos ingresos no facturados, ni siquiera corresponden a hechos imponibles del IVA e IT, al no estar dentro lo establecido en los artículos 4 y 74 de la Ley N° 843, por lo que los reparos establecidos en la vista de Cargo y Resolución Determinativa resultarían ilegales

Al respecto, señalar que el hecho generador doctrinalmente, es la “...hipótesis legal y condicionante, cuyo acaecimiento hace nacer la obligación tributaria. La hipótesis condicionante (hecho imponible), debe contener en forma indispensable: la descripción objetiva de un hecho o situación (aspecto material); datos necesarios para individualizar a la persona que debe realizar el hecho o en la situación descrita (aspecto personal); el momento en que se configura el hecho imponible (aspecto temporal); y el lugar donde debe acaecer el hecho imponible (aspecto espacial); es el hecho jurídico tipificado previamente en la ley, en cuanto sintoma o indicio de una capacidad contributiva y cuya realización determina el nacimiento de una obligación tributaria. Entiéndase por obligación tributaria como el vínculo jurídico que nace de un hecho, acto o situación, al cual la ley vincula la obligación del particular (persona física o jurídica) de pagar una prestación pecuniaria. Dicha ley tiene su fundamento en la potestad soberana del Estado, que acuerda a éste el derecho de imposición y de coerción” (Héctor Villegas, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, p. 273). 

Por otro lado, el artículo 16 de la Ley N° 2492 (CTB) define al hecho generador como “...El presupuesto de naturaleza juridica o económica expresamente establecido por Ley para configurar cada tributo, cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria; igualmente el artículo 17 de la citada norma legal, establece que se considera ocurrido el hecho generador y existentes sus resultados, en las situaciones de hecho, desde el momento en que se hayan completado o realizado las circunstancias materiales previstas por Ley; y en las situaciones de derecho, desde el momento en que están definitivamente 

constituidas de conformidad con la norma legal aplicable. 

En el contexto descrito, el artículo 1 de la Ley N° 843 establece como objeto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) las ventas de bienes muebles situados o colocados en el territorio del país, los contratos de obras, de prestación de servicios y toda otra prestación, cualquiera fuere su naturaleza, realizadas en el territorio de la Nación, y las importaciones definitivas; AME por su parte el artículo del mismo cuerpo legal, dispone que el hecho imponible se perfecciona, en el caso de ventas, sean éstas al contado o a crédito, en el momento de la Sistema de Gestion 

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III 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la cual deberá 

obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota fiscal o documento equivalente. 

Asimismo, el artículo 72 de la Ley N° 843 establece que el ejercicio en el territorio nacional, del comercio, industria, profesión, oficio, negocio, alquiler de bienes, obras y servicios o de cualquier otra actividad – lucrativa o “no- cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la preste, estará alcanzado por el impuesto a las Transacciones (IT), en las condiciones que se determinan en los artículos siguientes, el artículo 74 de la citada Ley dispone que se determinará sobre la base de los ingresos brutos devengados durante el período fiscal por el ejercicio de la actividad gravada, aclarando que se considera ingreso bruto el valor o monto total – en valores monetarios o en especie- devengados en concepto de venta de bienes, retribuciones totales obtenidas por los servicios, la retribución por la actividad ejercida, los intereses obtenidos por préstamos de dinero o plazos de financiación y en general, de las operaciones realizadas. 

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Por su parte, el artículo 36 de la Ley N° 843, crea el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), aplicable a las utilidades obtenidas de los Estados Financieros al cierre de cada gestión anual; ajustadas de acuerdo a lo que disponga esta Ley y su reglamento; asimismo, el artículo 40 de la citada Ley dispone que a los fines de este impuesto se consideran utilidades, rentas, beneficios o ganancias las que surjan de los estados financieros, tengan o no carácter periódico. 

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Ahora bien, tomando en cuenta el sustento – normativo previo ingresamos a valorar las 

actuaciones de la Administración Tributaria relacionadas con la determinación de los 

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reparos contenidos en el acto impugnado, pudiendo advertir que la documentación, ofrecida por el contribuyente, una vez conocido los resultados del trabajo de campo (fojas 1112, 1113, 1115, 1117, 1119, 1121, 1123, 1125, 1127, 1129, 1131, 1133 y 1135 C-1 de 

antecedentes administrativos), evidenciando de esta documentación, que la misma carece la Teresa del Rosario 

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de un respaldo contable, conforme el contenido del Libro Mayor y los comprobantes presentados al efecto por la empresa recurrente y que cursan én antecedentes del presente caso, debiendo enfatizar que el contribuyente aun conociendo dicha observación, tampoco presentó prueba que desvirtue la carencia señalada en líneas previas, tal como establece el artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), concordante con el parágrafo | artículo 80 del mismo cuerpo legal; en consecuencia, persiste evidencia documental sobre el origen de los fondos NA que son administrados en las cuentas bancarias cuestionadas por la Administración 

Tributaria. 

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Por otro lado, señalar que el sujeto pasivo presentó como descargos a la Vista de Cargo, certificaciones de las cuentas Banco Nacional de Bolivia 3500140088 M/N, Banco Nacional de Bolivia 3400197392 M/E y Banco BISA N° 88051-001-1, Depósitos en Fondo Común de Valores Cuenta Nacional SAFI 520401201 y 520401203 y la Cuenta Nacional SAFI 81811601, aclarando que las citadas cuentas son personales y patrimoniales, condición que no pudo ser demostrada debidamente por el contribuyente, más cuando existe constancia de los traspasos suscitados entre las cuentas bancarias expuestos que forman parte del reparo de la Administración Tributaria, aspecto que demuestra certeramente que los fondos advertidos en las cuentas bancarias cuestionadas, tuvieron injerencia en su actividad gravada; debiendo efectuar las siguientes puntualizaciones, tal como fuerori expuestas en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJO106/2010, además de incluir 

establecida por el Tribunal Supremo de Justicia en la Sentencia 21/2015 con 

relación a la valoración de toda la documentación bancaria incluyendo aquella cursante en fotocopias simples, para lo cual, se tiene lo siguiente

IV.3.1. De las cuentas Bancarias. El análisis que se realizará a las cuentas bancarias inmersas en los reparos establecidos por la Administración Tributaria, se llevará a cabo en base a la documentación prevista en obrados del presente (fojas 307-1480 C-1 de antecedentes administrativos) así como aquella la prueba aportada por la entidad recurrida (fojas 15318 Prueba Administración Tributaria); los mismos que están referidos a extractos bancarios, Boletas Bancarias, cheques emitidos por el sujeto pasivo; en suma, información proporcionada por las entidades financieras que comprenden entre otras, Transferencia de Fondos. 

Conforme los extractos bancarios cursante en obrados (fojas 373430 C1 de antecedentes administrativos), destacar que los depósitos registrados en la cuenta Caja de Ahorro del Banco Nacional de Bolivia 3500140088 M/N, fueron considerados por la entidad recurrida como ingresos no declarados; y que revisado la prueba documental cursante en obrados, comprobamos traspasos de foridos a la cuenta corriente N° 3000108706 del Banco Nacional de Bolivia, esta última debidamente contabilizada por el sujeto pasivo (fojas 3681 C-3 de antecedentes administrativos), cuyos titulares son José Osvaldo Monroy Antezana y Javier F. Pérez A. (Gerente Administrativo y Gerente de Finanzas (fojas 957 y 837 C1 de antecedentes administrativos) y según el extracto bancario de dicha cuenta (fojas 330-345 C-1 de antecedentes administrativos); consecuentemente, los importes por dichos traspasos se encuentran registrados en la contabilidad de IMBA S.A., mediante Neroso Comprobantes de Diario con débito a la cuenta FONDOS CUENTAS CORRIENTES Banco Sistema de Gestion 

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Cutiendo NEC2741

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Cochabamba 

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Nacional de Bolivia MN P.A. No 108706 y abono a la cuenta CAJAS Caja Gerencia MN, cuya glosa señala Traspaso fondos al BNB 108706, lo que permite confirmar lo señalado por la Administración Tributaria, en sentido que, de la cuenta del Banco Nacional de Bolivia 350-0140088 MN a nombre de Patricia Karen Asin y Javier Pérez Antelo se efectuaron traspasos a cuentas registradas en la contabilidad de IMBA S.A., siendo evidente la vinculación que existen con la actividad gravada, de aquellas cuentas bancarias que son reclamadas como ajenas por el sujeto pasivo, porque las mismas se encontrarían a nombre de personas naturales; aspecto que desde ningún punto de vista puede considerarse como suficiente prueba para desestimar el hecho de la relación directa entre los fondos generados por IMBA por su actividad comercial y operativa que son traspasados a cuentas a nombre de terceros; es decir, que el contribuyente no aportó elementos de convicción que demuestren, que los fondos cuestionados cumplieron con las obligaciones tributarias pertinentes; observación a la cual se debe añadir, que la cuenta bancaria 350-0140088 Moneda Nacional a nombre de terceros, se encuentran expuesta como activo disponible en los Estados Financieros elaborados al 30 de junio de 2005 (fojas 958 y 969 C-1 de antecedentes administrativos). 

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Igualmente, advertimos, conforme extractos bancarios (fojas 360-364 C-1 via de antecedentes administrativos, carpeta) el movimiento de la cuenta corriente del Banco Nacional de Bolivia 340-0197392 M/E, cuyos depósitos fueron observados como ingresos no declarados por la Administración Tributaria y que se encuentran a nombre de José Osvaldo Monroy Antezana y Javier F. Pérez A., observando traspasos (salidas) a la cuenta corriente del Banco Nacional de Bolivia 340-0197406, esta última registrada en la contabilidad de IMBA S.A. (fojas 3681 C-3 de antecedentes administrativos), cuyos titulares son Patricia Karen Asín Claros y Javier F. Pérez A. según el extracto bancario de dicha cuenta (fojas 365-372 C-1 de antecedentes administrativos), además de precisar, que los importes por dichos traspasos, se encuentran incluidos en la contabilidad de IMBA S.A., mediante comprobantes de Diario con débito a la cuenta Fondos Cuentas Corrientes Banco Nacional de Bolivia ME P.A. No. 197406 y Crédito a la cuenta CAJAS Caja Gerencia MN, cuya glosa señala Trasp. al BNB 197406. 

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Asimismo señalar que, la cuenta acreedora de los fondos, se encuentran expuesto como activo disponible según los estados Financieros elaborados al 30 de junio de 2005 (fojas 6898 C-4. de antecedentes administrativos), situación que no sucede con la cuenta 340 0197392 ME Banco Nacional de Bolivia, cuya documentación fue proporcionado por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (actualmente ASFI), tal como se 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

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puede evidenciar en los Papeles de Trabajo elaborados por el SIN (fojas 127 C-1 de 

antecedentes administrativos). 

En ese entendido, las Boletas de Depósitos obtenidas por la Administración Tributaria, las mismas se encuentran identificadas con el nombre de la empresa IMBA S.A. y en otros casos se encuentran consignada la dirección de la misma o de aquellas declaradas como sucursal por parte del recurrente según lo registrados en el Padrón de Contribuyentes; aspecto que permite establecer, desde un punto de vista operativo y administrativo, que los fondos manejados en la cuentas bancarias analizadas, se encuentran vinculados con la actividad gravada del sujeto pasivo; pues tanto, en su contabilidad como en su administración, tienen una referencia precisa, que se constituyen en identificadores y estas comprenden la información consignada en las Boletas Bancarias y la exposición de dichos fondos en el activo disponible de IMBA SA. 

Ahora bieri, resulta importante destacar que en el análisis señalado con anterioridad, fueron incluidas las fotocopias simples de las boletas de depósitos cursante en obrados del presente caso y que corisignan, la misma información precisada en el párrafo anterior, no existiendo evidencia documental que pueda oponerse a la apreciación formulada por el SIN, sobre el manejo de fondos de las cuentas baricarias descritas eri parágrafos previos; pues, el cuestionamiento de la empresa recurrente, sobre una pre determinación de los reparos, considerando cuentas bancarias ajenas a la institución, tendría que encontrarse adecuadamente respaldado con documentos que permitan entender, la razón para que siendo fondos que supuestamente pertenecen a otras personas formen parte de su activo disponible, según los Estados Financieros elaborados al 30 de junio de 2005. 

Asimismo, de la revisión realizada a la documentación referida al movimiento bancario desarrollado (fojas 307-1480 C-1 de antecedes administrativos) pudimos evidenciar que para las cuentas bancarias Nos. 350-0140088 – Moneda Nacional y 340-0197392 – Moneda Extranjera, dichos depósitos fueron realizados por funcionarios registrados en 

Planillas de Sueldos de la empresa recurrente; registrando en las boletas de depósito la dirección de las direcciones de sucursales de IMBA S.A., tal como fue esbozado en párrafos previos, siendo evidente el cuestionamiento expuestos por la Administración Tributaria en el Papel de Trabajo “Depósitos Bancarios no registrados contablemente que corresponden a Ingresos no Declarados” (fojas 128-262 C-1 de antecedentes LVA administrativos), pues partiendo de las cuentas bancarias debidamente contabilizadas por IMBA S.A., pudo establecerse la existericia de cuentas bancarias que reciben fondos Sitema de Gestion 

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de la calidad Certificado NEC2741

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propios de la actividad a la que se dedica el sujeto pasivo, no existiendo prueba que demuestre un entendimiento contario al argüido en líneas previas. 

De igual forma, es preciso destacar que el Servicio de Impuestos Nacionales al momento de efectuar el análisis de la información de las cuentas bancarias cuestionadas, elaboró el Papel de Trabajo Composición de los Débitos y Créditos relacionados entre cuentas de Fondos Comunes de Valores y/o Cuentas Bancarias, no registradas contablemente (fojas 284-285 C-1 de antecedentes administrativos), así como el Papel de Trabajo Composición de los Débitos y Créditos relacionados entre cuentas no registradas contablemente (fojas 286-306 C-1 de antecedentes administrativos); no pudiendo existir duplicidad entre traspasos de fondos, cuyo origen no fue debidamente sustentado por el administrado, dejando claro, que el contribuyente no efectuó reclamo válido sobre este aspecto durante el periodo de descargo definido en el artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB), pues mediante notas de aclaración así como declaraciones de los titulares de las cuentas, pretende establecer que las mismas son ajenas al sujeto pasivo y no tienen relación con su movimiento financiero, empero no puede explicar porque las boletas de depósito consignan 

como depositante a la empresa IMBA S.A. 

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Por otro lado, para el caso de la cuenta bancaria N° 88051-001-1 del Banco BISA S.A., fue advertido por esta instancia de alzada, un número de seis (6) depósitos sujetos a. reparo, debidamente registrados en Extracto Bancario legalizado por el Banco BISA, destacando que la citada cuenta se encuentra a nombre de Patricia Karen Asin Claros dependiente del sujeto pasivo y Joaquín Hernán Siles’ Rivera representante legal de la empresa recurrente (fojas 573-574 C-1 de antecedentes administrativos) y que a pesar de la titularidad de las cuentas que no pertenecen al contribuyente- se advierten un movimiento de fondos los mismos que de acuerdo a las Boletas de Depósito, los fondos abonados fueron efectuados por funcionarios de la empresa recurrente, los cuales tuvieron el cuidado de consignar como depositante a IMBA S.A.; y al no existir prueba en contrario, que sustente un origen diferente al concebido por la Administración Tributaria y lo expuesto en la documentación ofrecidas por las entidades bancarias, debemos mantener la observación expuesta en el acto recurrido; añadiendo que permanece presente la renombrada vinculación entre las cuentas bancarias registradas contablemente por el sujeto pasivo y aquellas que fueron identificadas durante el proceso de fiscalización como en el presente caso, prueba de ello, es la transacción del 07 de marzo de 2005 (fojas 285 C-1 de antecedes administrativos) entre la cuenta corriente del Banco Bisa 88051-001-1 Moneda Nacional y la cuenta del Fondo de Valores Nacional SAFI 520401203. 

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de la Calidad Certificado HEC-27014 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) 

Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) i Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita ! mbaerepi Vae (Guaraní) 

Av: Oquendo No 0381 entre Ecuador y Venezuela zona Central Norte Telfs./Fax: 4140011 – 4140012. www.ait.gob.bo . Cochabamba Bolivia 

Para el caso de la cuenta N° 300-008714 (Moneda Nacional) – Banco Nacional de Bolivia, la misma tiene como titular a José Osvaldo Monroy Antezana y Javier Fernando Pérez Antelo (346-359 C1 de antecedentes administrativos), pudiendo comprobar que en los Papeles de Trabajo (fojas 286-306 C-1 de antecedentes administrativos) la entidad recaudadora estableció los movimientos carentes de respaldos contables, no solamente en lo referente al ingreso de fondos, sino también en cuanto a las salidas o débito bancarios efectuados; y que si bien los reparos fueron concentrados en depósitos correspondientes

los meses de mayo y junio de 2005, los mismos se obtuvieron del análisis integral 

efectuado por el SIN y de la ausencia de prueba documental por parte del sujeto pasivo; aspecto que se mantuvo incluso hasta después de la notificación de la Vista de Cargo, toda vez que la nota de descargo en lo referente a este punto (fojas 73797381 C5 de antecedentes administrativos), sólo hizo referencia a las cuentas bancarias: BISA N° 88051 001-1, SAFI del Banco Nacional de Bolivia N° 520401201 y No 52040123, así como la SAFI del Banco Nacional de Bolivia N° 81811601, lo que impulsó la emisión de Resolución Determinativa, manteniendo el reparo analizado en el presente párrafo. 

Por otra parte, destacar que aun existiendo una relación evidente, de la cuenta bancaria señalada en el párrafo anterior con los fondos generados por la empresa IMBA S.A., pues no logró explicar, con el debido respaldo documental, la razón para que sea identificada como depositante en la información bancaria proporcionada por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (actualmente ASFI), falencia que también coadyuvó para que el SIN pueda establecer como reparo la cuenta analizada en párrafos previos. 

Asimismo, sobre la cuenta bancaria N° 520401201 Moneda Extranjera del Banco Nacional de Bolivia (SAFI), al igual que en las cuentas bancarias inmersas en la determinación del reparo por parte del SIN, logramos advertir la existencia de Boletas de Depósitos y Comprobantes de Compra de Cuotas de Participación, que identifican como depositante a IMBA S.A.” siendo prueba irrefutable que los mismos emanan del ciclo operativo y administrativo de la empresa recurrente, lo que desde luego comprende la parte productiva y la comercial; y que al no existir prueba alguna que sustente una apreciación contraria a la citada, se mantiene incólume la observación de la Administración Tributaria, sobre la generación de ingresos que no fueron debidamente declaradas por el sujeto pasivo, en sujeción a lo señalado en el artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB) y el parágrafo II artículo 80 del mismo cuerpo legal. 

Igualmente, debemos destacar que en la etapa de descargos, la empresa recurrente ofreció al Servicio de Impuestos Nacionales nota, aclarando que las cuentas se 

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de la Calidad Certificado X-EC-2741

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

encontraban a nombre de Joaquín Siles Rivera y que la misma sería personal y patrimonial, a cuyo efecto acompañó también “Declaración de la persona señalada, añadiendo que ésta no tiene relación o vínculo con los ingresos de la empresa IMBA SA (fojas 7380 y 7559 C-5 de antecedentes administrativos), elementos que no pueden contraponerse a la documentación bancaria obtenida por la Administración Tributaria, pues ésta al obtenerse de fuentes independientes (a los actores de la relación jurídico tributaria), aportan elementos cuya declaración cierta, consignan como depositante, a la empresa IMBA S.A. 

En consecuencia, los obrados expuestos ante ésta instancia permiten identificar que los fondos administrados en las cuentas bancarias analizadas, tienen como origen, la actividad desarrollada por IMBA S.A.; y que las cuentas, se encuentren a nombre de personas naturales, no pueden constituirse en el presente caso, en un obice para la disposición de los mismos en la gestión operativa del sujeto pasivo, más. cuando los “titulares” de las cuentas, son personas que forman parte del personal dependiente de la empresa recurrente. 

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Prosiguiendo con nuestro análisis, tenemos la cuenta N° 520401203 Moneda Extranjera del Banco Nacional de Bolivia (SAFI), que tiene similar comportamiento, a la cuenta No 520401201, a tal punto que el sujeto pasivo, ofreció el mismo argumento de descargo ante la Administración Tributaria; lo cual tampoco puede considerarse como suficiente, pues de acuerdo a lo previsto en el artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), sólo pueden considerarse como válidas aquellas pruebas que no sean inconducentes y tratar de desvirtuar la vinculación de los fondos cuestionados por el SIN, con la simple argumentación del titular de la cuenta bancaria, que los mismos no tendrían relación con la empresa IMBA SA., vulneraría el citado referente legal, debido a que las Boletas de Depósito, identifican como depositante, a la empresa recurrente, aspecto por el cual, no se advierte por parte del contribuyente aclaración alguna, sustenta en una adecuada documentación, coadyuvando de esta forma a mantener el reparo previsto al efecto por el Servicio de Impuestos 

Nacionales. 

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Por último, ingresando a examinar la cuenta bancaria No 234690701 Moneda Extranjera del Banco Nacional de Bolivia (SAFI); la observación realizada por el SIN según Papeles de Trabajo (fojas 513-522 C-1 de antecedentes administrativos), no ameritando por parte del contribuyente, ofrecimiento de prueba alguna, manteniendo el reparo pertinente surgido 

AN de la citada cuenta; identificando para el caso que nos ocupa, Comprobantes de Rescate de Cuotas de Participación (fojas 841-843 C-1 de antecedentes administrativos), que consignan a IMBA S.A. como aportante, aspecto que tal como se desglosó en párrafos sistem 

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Ay. Oquendo No 0381 entre Ecuador y Venezuela • zona Central Norte mbaerepi Vae (Guaran

Telfs./Fax: 4140011 4140012 • www.ait.gob.bo . Cochabamba Bolivia 

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anteriores, se constituyen en común denominador de todas las observaciones arribadas por 

la entidad recaudadora, es decir, que el sujeto pasivo sea identificado como depositante, aspecto que es complementado con las Cartas de Instrucciones, mediante las cuales Javier Pérez A. (Gerente de Finanzas de IMBA SA), instruyó a Nacional SAFI efectuar transferencias con cargo a la cuenta 5204012-02 de Joaquín Siles (fojas 844 C-1 de antecedentes administrativos), aspectos que convergen en la fundamentación para que el Servicio de Impuestos Nacionales, ratifique los reparos referidos a los depósitos pertenecientes a esta cuenta bancaria, más cuando no existió prueba o argumento expuestos por el contribuyente durante el periodo de descargo previsto en el artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB). 

Por lo descrito, la actuación de la Administración Tributaria se sujeto a la documentación presentada por el sujeto pasivo y la obtenida en virtud a sus facultades investigativas previstas en los artículos 66 y 100 de la Ley N° 2492 (CTB), las cuales contribuyeron para establecer, la existencia de fondos, cuya administración y origen no fue debidamente declarada por el sujeto pasivo, con la debida exposición del sustento contable, que desestime su vinculación con la actividad gravada de la empresa recurrente, debiendo por consiguiente, mantener el reparo previstos por el SIN, suscitado del análisis de las cuentas bancarias explicadas en el presente caso. 

IV.4. De la determinación efectuada. Al respecto, el contribuyente sostuvo que la determinación desarrollada por la Administración Tributaria vulnera el artículo 43 de la Ley N° 2492 (CTB) que dispone la determinación de la base imponible sobre base cierta, cuando se toma en cuenta documentos e información que permitan conocer de forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo, en este caso, sostuvo que los reparos por ingresos o depósitos no declarados, se basarian en meras presunciones, agregando que los extractos bancarios no son prueba directa ri indubitable de ventas no declaradas por la empresa. 

En cuanto al proceso de determinación, la doctrina la considera como: al acto o conjunto de actos dirigidos a precisar, en cada caso particular, si existe una deuda tributaria; en su caso, quién es el obligado a pagar el tributo al fisco y cuál es el importe de la deuda tributaria, deritro de ese conjunto de actos se encuentra la vista de Cargo, que en la doctrina se denomina Vista al Determinado, considerada como: El resultado al cual se llega luego de la etapa introductoria que a veces es presuncional. En muchas oportunidades ocurrirá que ha subsistido una notable incertidumbre sobre la operación presuntamente gravada en sí misma y un gran grado de ignorancia sobre su cuantía, no obstante lo cual, la Sistema de Gestion 

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de la Calidad Certificado NEC2741

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Cochabamba 

AUTORIDAD DE . IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

administración se ve obligada a transformar esas dudas y desconocimientos en una verdad procedimental. Es evidente que el aporte del sujeto pasivo, haciendo las aclaraciones y demostraciones relativas a sus derechos, contribuirá a corregir posibles errores de hecho o derecho en que pueda haber incurrido la administración al ejercitar sus extremas atribuciones de investigación, y a todos beneficiará por igual que el resultado de la determinación se traduzca en irrealidades o en montos desmesuradamente alejados de los correctos” (Villegas Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, edición cuarta, Págs. 285, 299-300). 

De igual forma, sostiene que “la determinación tributaria es el acto por el cual se llega a establecer la existencia de una deuda tributaria, se individualiza al obligado a pagarla y se fija el importe de la misma” (Derecho Tributario, Económico Constitucional-Sustancial, Administrativo-Penal; Osvaldo H. Soler; Pág. 305). 

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Por otra parte, manifiesta que: “a base imponible constituye uno de los elementos estructurales del tributo. Se define como la valoración cuantitativa del elemento objetivo del 

hecho imponible y cumple dos funciones: una de parte, es la medida del hecho imponible, por lo que, si ha sido correctamente establecida debe ser congruente con el hecho imponible y de otra, sirve como plataforma para aplicar sobre ella el tipo de gravamen y calcular la cuota del tributo. Los métodos para la deferminación de la base imponible pueden ser directos o indiciarios; los primeros toman para su cálculo datos reales y actuales; los segundos atienden a indicios y a presunciones.” (Diccionario Jurídico Espasa, Pág. 222). 

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Sobre los métodos de determinación, Carlos M. Giuliáni Fonrouge, enseña que: “Hay determinación con base cierta cuando la administración fiscal dispone de todos los antecedentes relacionados con el presupuesto de hecho, no sólo en cuanto a su efectividad, sino a la magnitud económica de las circunstancias comprendidas en él: en una palabra, cuando el fisco conoce con certeza el hecho y valores imponibles”. Respecto a los elementos informativos indica que “pueden haberle llegado por conducto del propio deudor o del responsable (declaración jurada) o de terceros (declaración jurada o simple información), o bien por acción directa de la administración (investigación y fiscalización) y, por supuesto, deben permitir la apreciación directa y cierta de la materia imponible: de lo contrario, la determinación sería presuntiva“. 

El citado autor añade que “Si la autoridad administrativa no ha podido obtener los antecedentes necesarios para la determinación cierta, entonces puede efectuarse por 

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  1. 9001. IBNORCA Sister of Gtion 

do Cuidad Certificado APEC-77441

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Maria tasaq kuraq kamachiq (Quechua). Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Av. Oquendo No 0381 entre Ecuador y Venezuela : zona Central Norte Telfs./Fax: 4140011 4140012. www.ait.gob.bo. Cochabamba Bolivia 

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presunciones o indicios, es lo que se conoce como determinación con base presunta.” Añade que en las suposiciones ...la autoridad debe recurrir al conjunto de hechos o circunstancias que, por su vinculación o conexión normal con los …previstos legalmente como presupuesto material del tributo, permiten inducir en el caso particular la existencia y monto de la obligación., asimismo, indica que Los promedios y coeficientes generales que aplique no pueden ser fijados arbitrariamente o tomados al azar, sino que deben elaborarse sobre la base de la actividad del contribuyente o, por lo menos, adaptarse a las características y circunstancias de la explotación que se trate o según experiencia estadística recogida en actividades de la misma naturaleza” (Derecho Financiero, Volumen 1, 5a Edición, 1993, Págs. 507-510)

La legislación nacional establece en el artículo 42 de la Ley N° 2492 (CTB) que la base imponible o gravable es la unidad de medida, valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar; en este sentido, el artículo 43 de la citada Ley N° 2492 (CTB) establece cuáles son los métodos que se deben aplicar para efectuar la determinación de la base imponible, siendo éstos: determinación sobre base cierta, la cual se efectúa tomando en cuenta los documentos e informaciones que permiten conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo; y sobre base presunta la cual se efectúa en mérito a los hechos y circunstancias que por su vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permiten deducir la existencia y cuantia de la obligación cuando concurra alguna de las circunstancias reguladas en el artículo 44 de la Ley N° 2492 (CTB)

Conforme a lo desglosado en los párrafos precedentes, colegimos que la determinación se sustenta en la información, datos y referentes que pueda obtener la Administración Tributaria, obtenida no sólo del contribuyente sino también aquella generada de su labor investigativa, prevista en el numeral 1 artículo 66 y artículo 100 de la Ley N° 2492 (CTB), con el propósito de acumular la prueba necesaria que permita formalizar un concepto válido y racional sobre el perfeccionamiento del hecho generador por los periodos objetos de fiscalización y en el caso de base cierta, nos permita conocer la cuantía de la base imponible. 

En dicho sentido, corresponde ingresar nuevamente a examinar las actuaciones registradas en obrados del presente caso, identificando que la Administración Tributaria, con carácter previo a la emisión y notificación de la Orden de Fiscalización, el 8 de mayo de 2008, según Requerimiento No 93303 (fojas 4635-4636 C-3 de antecedentes administrativos), solicitó a IMBA S.A., información relativa a su infraestructura y procesos de producción, así como 

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da 4 Calidad Ceruricado NEC2741

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

detalle y capacidad de: las plantas reproductoras, incubadoras, nacedoras, granjas que proveen pollos bb (bebé), granjas de engorde, plantas de faenamiento, insumos para elaborar 1. kilo de alimento balanceado, Libro Mayor de Materias Primas/Insumos, Productos en Proceso y Productos Terminados; información que fue proporcionada por IMBA S.A.; ahora bien, de acuerdo al “Informe GNF/DIF/I-227/2008 emitido por el SIN, establecido diferencias en cuanto a las ventas declaradas y aquellas consignados en sus Estados Financieros y debido a la diferencia arribada en el análisis de producción del sujeto pasivo, concluyó en la necesidad de efectuar una fiscalización; es decir que incluso antes del inicio de la verificación, la entidad recaudadora tenía una apreciación concreta sobre el comportamiento tributario del contribuyente, emanada de la información proporcionada por el contribuyente, logrando establecer de forma precisa la existencia de elementos vinculados con la existencia de los hechos gravados por IVA, IT e UE. 

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Igualmente, el renombrado Informe GNF/DIF/I227/2008, menciona que debido a la naturaleza de la denuncia y los concepto involucrados (fojas 4374-4375 C-3 de antecedentes administrativos), la Administración Tributaria solicitó al sistema bancario’a través de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (actualmente ASFI) información sobre los movimientos bancarios del sujeto pasivo y de sus socios, entre ellos Joaquín Hernán Siles Rivera; información que permitió evidenciar a la entidad fiscalizadora, la carencia de movimientos significativos de recursos financieros, en las cuentas que IMBA SA aparece como titular de las mismas, cuestionando que los mismos no guardan proporción con los ingresos establecidos según su movimiento productivo, además de no exponer todas las cuentas bancarias que pertenecerían al sujeto pasivo; y que a pesar de ello, la Administración Tributaria no pudo identificar sustento documental que permita desestimar la denuncia efectuada; es decir, que persiste la certeza, en base a la información obtenida por el SIN, sobre la disposición de los fondos generados en las ventas realizadas durante los meses sujetos a fiscalización. 

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Bajo el contexto descrito, la entidad fiscalizadora efectuó las diligencia previas necesarias para contar con los instrumentos que coadyuven a establecer el andamiaje sobre el cual estructuró las observaciones que fueron comunicadas al contribuyente, tomando en cuenta que desde la notificación con la Orden de Fiscalización N° 0008OFE0078, el Requerimiento N° 00094143 y Solicitud de Documentación CITE: SIN/GGC/DF/FE/NOT/0149/2009 el contribuyente tuvo siempre presente la posibilidad de demostrar, que las pretensiones del SIN carecían de fundamento, hecho que no aconteció en su totalidad, siendo relevante destacar y enfatizar que la entidad recurrida para aquella prueba que lograba demostrara la posición del sujeto pasivo, fue retirada la observación al momento de emitir el acto emitido, Sistema de Gestión 

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Av. Oquendo N° 0381 entre Ecuador y Venezuela zona Central Norte mbaerepi Vae (Cuarani) 

Telfs./Fax: 4140011 – 4140012• www.ait.gob.bo . Cochabamba Bolivia 

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Sistema de Gestion 

de la calidad Certificado NEC-27414 

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coligiendo que los reparos emergían de valores ciertos que podían ser descargados y en ningún momento se concentraban en presunciones como pretende hacer entender el contribuyente. 

Igualmente, la Administración Tributaria requirió en varias oportunidades documentación al sujeto pasivo para efectuar la determinación, misma que fue proporcionada por dicha empresa y sobre la cual, estableció la existencia de diferencias en las diferentes etapas que comprenden su proceso productivo desde la reproducción hasta el saneamiento, advirtiendo inconsistencia que limitaron ciertas tareas de verificación y control como el caso 

de la reconstrucción de inventarios, de procesos de producción u otros procedimientos; lo 

cual oblial SIN a obtener información de terceros como la proporcionada por las 

entidades financieras y fondo de valores, con la firme intención de enmarcar la revisión y 

sus resultados a la realidad económica circundante a la actividad gravada desarrollada por 

IMBA S.A. 

Ahora bien, una vez concluida la etapa preliminar o trabajo de campo, el Servicio de Impuestos Nacionales dio a conocer las observaciones arribadas en el mismo, lo que permitió al contribuyente tal como se señaló en varias oportunidades a lo largo del presente- ejercer su derecho a la defensa y empezar argumentaciones mediante notas asi como documentación adicional a la ofrecida al inicio del trabajo de fiscalización. 

En ese entendido, en el Informe CITE: SIN/GGC/DF/DFIFE/INF/0244/2009, la entidad fiscalizadora, dejó sentado la existencia de débitos y créditos bancarios por transferencias de fondos entre las cuentas registradas en su contabilidad con aquellas que no lo están, permitiendo afirmar que las cuentas no registradas en su contabilidad corresponden a la actividad gravada y económica de IMBA S.A.; de igual forma, después de la comunicación de resultados, en base a la documentación ofrecida por el sujeto pasivo, quedó expuesto, que estas operaciones fueron contabilizadas con cargos o abonos a una cuenta del Activo Disponible denominada Caja Gerencia”, cuando estas operaciones corresponden a traspasos entre las cuentas bancarias registradas en su contabilidad y las no registradas. 

Igualmente, la información obtenida por el SIN, permitió establecer la existencia de débitos y créditos bancarios por transferencias de fondos entre las cuentas registradas en su 

contabilidad con aquellas que no lo están, concluyendo de esta forma, que las cuentas no . registradas en su contabilidad corresponden a la actividad gravada y económica de IMBA KWA 

S.A., pues con el disponible registrado en las cuentas bancarias expuestas en sus Estados 

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IBNORCA Financieros, la empresa recurrente no podría tener un normal desenvolvimiento operativo, Sistema de Gestion 

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Sistema de Gestion 

de la Calidad Certificada N’EC 27.410 

Cochabamba 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

hecho que no resulta advertido en el presente caso, demostrando de esta forma, que los ingresos a las cuentas no registradas corresponden a la actividad gravada y económica del administrado, originando de esta forma, el reparo sobre base cierta, del IVA, IT e IUE, expuestos preliminarmente en la vista de Cargo que establece un impuesto omitido por IVA, IT e UE de Bs29.229.434.- que sumados al interés, sanción y Actas por Contravenciones Tributarias totalizan B$ 101.401.864.- equivalentes a 66.935.460 UFV. 

Por lo descrito, comprobamos que la Administración Tributaria sustentado en un análisis económico del proceso productivo de IMBA S.A., obtuvo pruebas y efectuó el análisis que le permitió establecer la omisión en la declaración de ingresos gravados, advirtiendo una ausencia de relación racional y proporcional entre la producción analizada y el movimiento de las cuentas bancarias expuestas por IMBA S.A. en sus Estados Financieros, escenario que impulsó a la Administración Tributaria, asumir diferentes criterios de investigación con el propósito de obtener información que le permita establecer de forma cierta, el movimiento económico y financiera del sujeto pasivo, referido al desarrollo de su actividad gravada, tal como resultaron los extractos bancarios y boletas de depósitos, obtenidos conforme lo establece el parágrafo 1 artículo 71 de la Ley N° 2492 (CTB).” 

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En ese sentido, la obligación de proporcionar prueba en el caso. en particular, recaía sobre el sujeto pasivo, pues la Administración Tributaria, obteniendo los elementos necesarios para establecer la base imponible, dio a conocer a la empresa recurrente los resultados del proceso de fiscalización, mediante la notificación Vista de Cargo 399-00080FE0078 0008/2009 y posteriormente la Resolución Determinativa GRACO N° 17-000372-09, no existiendo consecuentemente vulneración al debido proceso o derecho a la defensa que pueda comprometer la determinación efectuada por el SIN, menos aún la forma como fueron establecidos los reparos imputados al contribuyente, pues los mismos emanaron de valores ciertos que no necesitaron ser estimados y cuya fuente (información bancaria) estuvieron vinculado de forma directa con la fuente generadora de tributos; por consiguiente, carece de sustento el reclamo del sujeto pasivo en cuanto a la determinación del base imponible sobre base presunta. 

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Asimismo, destacar que el artículo 44 de la Ley N° 2492 (CTB), establece las circunstancias para la determinación sobre base presunta, debiendo establecer que la misma se centra en la inexistencia de elementos y/o datos necesarios para la determinación sobre base cierta o en su caso cuando se configuren las siguientes situaciones: 9. Que no se hayan inscrito en los registros tributarios correspondientes. 2. Que no presenten declaración o en ella se omitan datos básicos para la liquidación del tributo, conforme al procedimiento Statoma de Gestion 

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de la calidad Certicado KTEC-ITV1L

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir.jach’a kamani (Aymara) Mana tasag kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Av. Oquendo No 0381 entre Ecuador y Venezuela zona Central Norte Telfs./Fax: 41400114140012 www.ait.gob.bo . Cochabamba – Bolivia 

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determinativo en casos especiales previsto por este Código. 3. Que se asuman conductas que en definitiva no permitan la iniciación o desarrollo de sus facultades de fiscalización. 4. Que no presenten los libros y registros de contabilidad, la documentación respaldatoria o no proporcionen los informes relativos al cumplimiento de las disposiciones normativas.”; condiciones que no fueron advertidas en el presente caso, pues el contribuyente, se encuentra debidamente inscrito en el Padrón de Contribuyente poseyendo un NIT, que durante el periodo sujeto a fiscalización no existieron declaraciones juradas con datos omitidos en cuanto a su identificación, tampoco conductas que hayan impedido el desarrollo de la fiscalización, más al contrario, presentó la información contable necesaria, para la consecución de la verificación, tal como podemos advertir en el Acta de Recepción y Devolución de Documentos (fojas 16-17 C-1 de antecedentes administrativos). 

Señalar que, la entidad fiscalizadora partió del número mensual de huevos que proveen las plantas reproductoras de 380.730 huevos (dato proporcionado por IMBA SA), al que multiplicó por los doce meses del año, obteniendo la producción anual de huevos de 4.568.760 unidades, a la que restó el 4% por mortalidad (182.750 unidades, dato obtenido de la página web) y añadió 129.700 pollos importados (según datos del sistema Discovery de la Aduana Nacional de Bolivia), obteniendo la cantidad total de 4.515.710 pollos, que multiplicó por el peso promedio por pollo de 2,40 kilos (dato obtenido de la página web de IMBA SA), del que resulta un total de 10.837.703 de kilos de pollo que multiplicó por el precio de pollo por kilo de Bs7.- (el precio más bajo, obtenido del listado proporcionado por IMBA SA), resultando un total de ingresos según fiscalización de Bs75.863.921.-, cifra a la que restó las ventas declaradas del contribuyente de Bs38.240.013.-, resultando una diferencia de Bs37.623.908.- a la que dedujo Bs2.907.411.- por exportaciones de pollos (dato extraído del Anexo 1 de la Información Tributaria del Contribuyente), obteniendo finalmente los ingresos no facturados de Bs34.716.497. 

De igual forma, comprobamos que la Administración Tributaria efectuó un análisis sobre la capacidad de las incubadoras y nacedoras, concluyendo ingresos no facturados en base a este dato; adicionando al mismo, las diferencias advertidas en el análisis de las plantas de faenamiento, aspectos que inicialmente establecieron para el SIN; la necesidad de efectuar una verificación a IMBA S.A. Industria Molinera y Balanceados de Alimentos, la cual se centró en la Orden de Fiscalización N° 0008OFE0078, cuyos resultados fueron debidamente expuestos en los actos emitidos por la entidad recaudadora, destacando entre ellos, sobre la capacidad instalado con la producción real en la gestión fiscalizada, diferencias en cuanto al movimiento de inventarios, diferencias por la comparación del kárdex físico valorado con el kárdex detallado ambos por materia prima identificando 

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diversas variaciones en el valor de la materia prima; además que en las Notas de Ingreso y de Salida de almacén de materia prima verificó salidas sin fecha, fechas que no coinciden con la registrada en el kárdex detallado, no existe cronología en varias notas, además que faltan varias notas de ingresos; además de puntualizar entre otras observaciones, inconsistencias en la reconstrucciones del movimiento de pollo faenado, considerando los porcentajes de mermas y almacenamiento, establecido saldos negativos de dicho producto (fojas 4966-5020 C-3 de antecedentes administrativos). 

Conforme lo advertido, el SIN elaboró el 27 de abril de 2009, el Informe CITE: SIN/GGC/DF/DF/FE/INF/0244/2009 (fojas 6817-6823 C-4 de antecedentes administrativos), estableciendo reparos por concepto de IA, producto de la depuración de crédito fiscal, observación que también fue considerada para la determinación de la base imponible del IUE; así como ingresos no facturados por venta de vehículos; e ingresos no declarados ni respaldados con notas fiscales establecidos en la revisión de las cuentas bancarias y cuentas en Fondo Común de Valores que no fueron declarados ni registrados contablemente, tampoco fueron respaldados con notas fiscales y/o documentación que sea prueba clara, completa y fidedigna que demuestre que éstos no corresponden a ingresos y/o ventas declaradas. 

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Al respecto, la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0322-2015, señalando con relación a la determinación: “Asi también respecto a que el método sobre Base Presunta sólo se aplica cuando no se posea datos necesarios para su determinación sobre Base Cierta, la Resolución del Recurso de Alzada estableció que: “(…) la determinación tributaria debe realizarse, procurando en lo posible, sobre base cierta, pudiéndose utilizar el método sobre base presunta sólo cuando la Administración Tributaria se vea imposibilitada de obtener elementos certeros necesarios para conocer con exactitud si la obligación tributaria sustancial existe y cuál es la dimensión pecuniaria, en otras palabras, la determinación sobre base presunta es un recurso ultima ratio”. 

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En ese entendido, la Administración Tributaria procedimentalmente hizo uso de las facultades previstas en los artículos 66 y 100 de la Ley N° 2492 (CTB), obteniendo información y datos, que permitieron establecer de una forma cierta, la base imponible y las obligaciones tributarias emergentes de la actividad gravada desarrollada por el sujeto pasivo conforme a los artículos 43 y 44 de la Ley N° 2492 (CTB) por la gestión concluida al. 30 de junio de 2005. 

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III 

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Asimismo, conforme a lo descrito hasta este punto, podemos señalar que la entidad recaudadora cumplió con lo previsto en el artículo 95 de la Ley 2492 (CTB) disposición que en su parágrafo I establece: “Para dictar la Resolución Determinativa la Administración Tributaria debe controlar, verificar, fiscalizar o investigar los hechos, actos, datos, elementos, valoraciones y demás circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible declarados por el sujeto pasivo, conforme a las facultades otorgadas por este Código y otras disposiciones legales tributarias.; pues expuso en los actos emitidos, las labores desarrolladas, los procedimientos aplicados, así como las observaciones advertidos y los resultados arribados, los cuales perfeccionaron los reparos y por ende, la deuda tributaria imputada al sujeto pasivo, no existiendo elementos que hagan presumir, que el comportamiento de la Administración Tributaria en la materialización de la fiscalización 

analizada, vulneró el citado artículo 95 de la Ley 2492 (CTB), más cuando los actos que 

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fueron notificados al contribuyente, cumplieron los requisitos señalados en el parágrafo | artículo 96 y parágrafo Il artículo 99 del mismo cuerpo legal. 

IV.5. Prescripción de las multas por incumplimiento de deberes formales. IMBA S.A., sostuvo que la prescripción de la facultad de imponer sanciones administrativas en virtud del tiempo trariscurrido de cuatro (4) años y lo previsto en los artículos 59 y 60 de la Ley N° 2492 (CTB), referido a las sanciones interpuestas para los periodos de julio a diciembre de 2004. 

Al respecto, en relación a este punto, en la doctrina tributaria, José María Martín señala que: “La prescripción es generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla(MARTIN José María, Derecho Tributario General, 28 edición, Pág. 189). En la doctrina, la prescripción de acciones se entiende como: “a caducidad de los derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos legales para su posible ejercicio, asimismo, debe tomarse en cuenta que la prescripción responde a los principios de certeza y seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento jurídico (Ossorio, Manuel. Diccionario de ciencias juridicas, políticas y sociales. Pág. 601) (García Vizcaírio. Catalina. Derecho Tributario. Tomo I). 

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Asimismo, cabe señalar que el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), dispone que las acciones de la Administración Tributaria prescriberi a los cuatro (4) años para: 1. Controlar, s

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investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda tributaria; 3. Imponer sanciones administrativas y 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

Ahora bien, antes de emitir un pronunciamiento es importante señalar que la Sentencia 21/2015 (fojas 1207-1211 C-7 del expediente administrativo), estableció la necesidad de emitir un pronunciamiento sobre el fondo del presente caso, lo que representa la valoración de toda la prueba obtenida por la Administración Tributaria referido a las cuentas bancarias utilizadas por el sujeto pasivo, aspecto que fue atendido por esta instancia de alzada en los parágrafos desglosados con anterioridad; en este sentido, no existió reclamo alguno en cuanto al análisis de prescripción previsto en la Resolución de Recurso de Alzada ARIT CBA/RA 0133/2009 de 18 de noviembre de 2009 y Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0106/2010 de 22 de marzo de 2010. 

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Bajo el contexto, señalar que el SIN sancionó el incumplimiento a deberes formales cometidos por el contribuyente, en los periodos julio a diciembre de 2004 y enero a junio de 2005, debiendo precisar que de acuerdo al parágrafo | artículo 60 de la Ley N° 2492 (CTB), el cómputo de ésta figura jurídica, se computa desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo; por consiguiente, para los meses de diciembre 2004 a junio 2005, inició el 01 de enero de 2006, concluyendo el 31 de diciembre de 2009, siendo afectada por el efecto suspensivo de la notificación de Orden de Fiscalización N° 00080FE0078; ampliando el cómputo de la prescripción hasta el 30 de junio de 2010, tal como establece el parágrafo 1 del artículo 62 de la citada norma legal, prórroga en el cual fue notificada la Resolución Determinativa No 17-000372-09, dejando plenamente definido, que la Administración Tributaria impuso las sanciones administrativas por los periodos diciembre 2004 a junio 2005, dentro el término previsto en la normativa tributaria vigente. 

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De igual forma, para el caso de los periodos mensuales comprendidos entre julio a noviembre de 2004, el cómputo de la prescripción inició el 01 de enero de 2005, concluyendo el 31 de diciembre de 2008, plazo que fue suspendido con la notificación de la Orden de Fiscalización N° 00080FE0078, señalada en el párrafo’ a anterior y que fue suscitada el 23 de julio de 2008 (fojas 10 C-1 de antecedentes administrativos), ampliando en consecuencia el término de la prescripción hasta el 30 de junio de 2008, plazo en el cual fue notificada la Resolución recurrida en el presente Recurso de Alzada; demostrando con 

ello, que la facultad para imponer sanciones administrativas fue establecida por el SIN, en ... los plazos previstos en las disposiciones tributarias emitidas al efecto. 

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Por otra parte, con el propósito de corroborar el análisis efectuado en los párrafos anteriores, debemos traer a colación lo señalado en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0106/2010, sobre la imposición de sanciones administrativas, el mismo que expone: ...cabe señalar que la unificación del procedimiento sancionatorio al proceso de determinación, se da en aquellos casos en los que de la revisión efectuada durante el proceso de determinación se detectan incumplimientos de deberes formales, unificándose ambos procedimientos, figura juridica que se encuentra regulada en los arts. 169-1 de la Ley 2492 (CTB) y 18 inc. g) del DS 27310 (RCTB), aspecto corroborado por los arts. 99-11 de la ley 2492 (CTB) y 21 inc. c) del DS 27310 (RCTB), que establecen que la Resolución Determinativa debe contener la sanción en el caso de contravenciones, acto que hace las veces también de Resolución Sancionatoria.”

Finalmente, reiterar que las facultades del SIN para imponer sanciones administrativas, se encontraban vigentes a la fecha de emisión de la Resolución Determinativa impugnada; 

acto último que fue objeto de recursos administrativos, los mismos que de acuerdo al 

parágrafo Il artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB), tienen un efecto suspensivo en el cómputo de la prescripción analizada. 

En consecuencia, no corresponde la prescripción aludida por el sujeto pasivo, al evidenciarse actos administrativos que permitieron comprobar la imposición de las multas por incumplimiento a deberes formales conforme establece la normativa tributaria emitida al efecto; debiendo enfatizar que la empresa recurrente tampoco efectuó reclamo alguno sobre ésta figura jurídica ante la Administración Tributaria, cuando tuvo conocimiento de dichas sanciones mediante la notificación de la Vista de Cargo N° 399-0008OFE0078 0008/2009; siendo contradictorio que ahora pretenda la extinción de una sanción por la cual tampoco aportó prueba en contrario durante el plazo previsto en el artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB) o solicitó la prescripción. 

En suma, conforme se tiene del análisis realizado, la revisión y verificación de los antecedentes administrativos, la Resolución Determinativa contiene los fundamentos de derecho que justifican los reparos expuestos en el mencionado acto referidos a los impuestos: IVA, IT e UE, descartando los vicios de nulidad acusados y la existencia de prueba documental que puedan suprimir las observaciones arribadas por el Servicio de Impuestos Nacionales así como la deuda tributaria establecida; toda vez que, el recurrente no demostró que las obligaciones tributarias identificadas por la entidad recaudadora carezcan de fundamentación normativa y fáctica sobre las transacciones observadas; siendo procedente los reparos arribados por la entidad fiscalizadora; y en consecuencia, Sistemas de Gracion 

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corresponde a esta instancia recursiva, confirmar la Resolución Determinativa GRACO. No 17-000372-09 de 24 de junio de 2009, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales. 

POR TANTO: La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Cochabamba, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del, D.Ş. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

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RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa GRACO N° 17-000372-09 de 24 de junio de 2009 emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales; sea de conformidad con lo dispuesto en el inciso b) parágrafo I del artículo 212 de la Ley N° 2492 (Título V CTB). 

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SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 de la Ley No 3092 (Título V del CTB), será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

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. TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley N° 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

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CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 de la Ley N° 2492 (CTB), el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente Resolución de Recurso de Alzada es de 20 días computables a partir de su notificación. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

Bendo, Teresa del Rosario Porda Rocka DIRECTORA EJECUTIVA REGIONAL 

DIRECCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chhe 

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