ARIT-CBA-RA-0140-2017 Resolución determinativa emitida por el SIN por la omisión de pago de la deuda tributaria es confirmada por que la Administración realizo una correcta valoración de los documentos de prueba presentados por el contribuyente, por lo que esta resolución no está viciada de nulidad.

ARIT-CBA-RA-0140-2017

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Cochabamba 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBAIRA 0140/2017 

Recurrente : Edgar Saúl López Soliz 

Recurrido 

: Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio 

de Impuestos Nacionales, legalmente representada por Rosmery Villacorta Guzmán. 

Expediente 

: ARIT-CBA-0605/2016 

Acto Impugnado : Resolución Determinativa N° 17-01976-16 de 23 de noviembre de 

2016 

Fecha 

: Cochabamba, 13 de marzo de 2017 

VISTOS: El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT CBA/ITJ 0140/2017 de 13 de marzo de 2017, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

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  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO Resolución Determinativa N° 17-01976-16 de 23 de noviembre de 2016, determinando de oficio, por conocimiento cierto de la materia- imponible, las obligaciones impositivas del contribuyente López Soliz Edgar Saúl, con NIT 3601138013, correspondiente al Tributo Omitido actualizado e intereses, por el Impuesto al Valor Agregado, periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de la gestión 2012; además señaló que incluida la Sanción por Omisión de Pago y la Multa por Incumplimiento al Deber Formal, su obligación impositiva alcanza a UFV5217.090.- equivalente a la fecha de emisión de la presente Resolución Administrativa a Bs469.893.- asimismo, calificó la conducta del contribuyente como Omisión de Pago, sancionándole con una multa igual al 100% sobre el Tributo Omitido expresado en Unidades de Fomento de la Vivienda a la fecha de vencimiento e intimó al contribuyente para que dentro de los veinte (20) días calendario, computables a partir de su legal notificación deposite el importe adeudado. Acto notificado de forma personal a López Soliz Edgar Saúl el 30 de noviembre de 2016 (fojas 680-706 y 714 C-4 de antecedentes administrativos). 

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  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA II.1. Argumentos del Recurrente. Edgar Saúl López Soliz, mediante memorial presentado el 14 de diciembre de 2016 (fojas 28-34 del expediente administrativo), interpuso Recurso Alzada contra la Resolución 

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Av. Oquendo No 0381 entre Ecuador y Venezuela • zona Central Norte Telfs./Fax: 4140011 4140012 www.ait.gob.bo . Cochabamba Bolivia 

Determinativa N° 17-01976-16 de 23 de noviembre de 2016, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, argumentando lo siguiente: 

Que, la Administración Tributaria no valoró los descargos presentados a la vista de Cargo, además de la legitimidad del crédito fiscal; añadió que existe prueba clara de que los actos realizados por GRACO son ilegales; toda vez que, los antecedentes recién fueron puestos a su conocimiento al momento de la notificación de la Vista de Cargo, evidenciándose que los actos previos son nulos. 

Argumentó que, la Resolución Determinativa no realizó una valoración para señalar por qué la prueba de descargo a las notas observadas, no resultaría pertinente y menos para desestimar la validez probatoria del Libro de Comprobantes de Egreso, Libro Kardex Físico y el Libro de Dotación de Uniformes presentados, para justificar las transacciones observadas; por lo que, indicó que la decisión fue tomada de forma arbitraria sin realizar una correcta valoración de la prueba y criterios legales, de esta manera al vulnerar la garantía constitucional y carecer de fundamentación que valore adecuadamente los descargos presentados como defensa ante la Vista de Cargo, debe declararse nula. 

Señaló que, durante el procedimiento de fiscalización la Administración Tributaria ocasionó indefensión a la empresa que representa, al realizarse actos que implicaron producción 

prueba acusatoria, además de que no realizó la comunicación de resultados de fiscalización antes de la emisión de la Vista de Cargo, actos que incluyeron la supresión de fases procesales, requerimientos tardíos de documentos que conculcan el debido proceso; al efecto citó los artículos 117 y 119 de la Constitución Política del Estado. (CPE), la Sentencia Constitucional No 1234/2000-R de 21 de diciembre de 2001 así como las Sentencias Constitucionales SSCC 128/2001-R y 378/2000-R. 

Refirió que, durante el proceso de fiscalización observado, la Administración Tributaria no otorgó ninguna posibilidad de brindar descargos o conformar los reparos detectados en la auditoría, además que no realizó ninguna comunicación de resultados a la conclusión del proceso, aspecto contrario a lo resuelto en la Resolución de Recurso Jerárquico No STG RJ/178/2005, que derivó en la nulidad de obrados hasta la comunicación oportuna de todos los cargos. 

Arguyó que, durante la etapa de fiscalización no tuvo conocimiento de los actos con los que se efectuaron los cruces de información; toda vez que, la misma Administración Tributaria, 

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aceptó que la parte recurrente no participó ni tuvo conocimiento de los actuados del proceso hasta la notificación de la Vista de Cargo, por cuanto debió ponerse en conocimiento, la producción de prueba en su contra, resultando éstas nulas al vulnerar el artículo 117 de la Constitución Política del Estado (CPE). Afirmó además que, nunca dudó de la competencia de la Administración recurrida, para practicar los cruces de información, sino que los mismos debieron ser notificados a la empresa recurrente, para poder realizar actos de defensa, máxime si éstos sustentan discrecionales. 

Señaló que, acompañó como prueba sus declaraciones juradas y los Libros IVA que demostrarían el cumplimento de la obligación de contar con los registros contables exigidos por los numerales del artículo 70 citados; y que añadió como descargo: Libro de Comprobantes de Egresos, Libro de Kardex Físico así como un Libro de Dotación de Uniformes que acreditarían la legitimidad de las transacciones. 

Sostuvo que, la Administración Tributaria con base en suposiciones, no puede imputar a la empresa por los errores tributarios del proveedor, debido a que cuenta con un NIT activo, dosificación de facturas, declaraciones juradas; por lo que, debe considerarse que las transacciones fueron realizadas con un contribuyente legalmente constituido y registrado ante el SIN, lo que significa que cualquier error tributario en el que incurra es plena responsabilidad de éste y en ningún caso de la empresa que representa, toda vez que, las adquisiciones se realizaron de buena fe, al tratarse de una empresa de seguridad privada que adquiere uniformes y utensilios; con relación al punto citó el Auto Supremo No 248/2012 

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Por otra parte, haciendo alusión a los artículos 4 y 8 de la Ley N° 843 y artículo 8 del Decreto Supremo N° 21530, invocó los requisitos para beneficiarse con el cómputo del crédito fiscal, precisando la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/156/2007 y que en el caso que nos ocupa, los proveedores tengan observaciones en cuanto a sus domicilios y el incumplimiento del pago de sus obligaciones impositivas no sería responsabilidad de la empresa que representa, mereciendo para ellos el inicio de un procedimiento determinativo. 

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De igual forma aclaró, que las operaciones están referidas a la compra de uniformes de los guardias de seguridad y utensilios necesarios para el desarrollo de sus labores; reiterando que, cumplió a cabalidad los requisitos para beneficiarse del crédito fiscal, demostrando con descargos la realización de las transacciones, acompañando libros de dotación de 

uniformes, la debida entrega y recepción de los mismos por el personal dependiente; y que a pesar de todo lo expuestos, el acto impugnado, estableció de forma errónea un

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II 

contravención por omisión de pago descrita por el artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB), omitiendo realizar una descripción de los justificativos fácticos o legales para llegar a esa inferencia. 

Por otro lado, cuestionó el incumplimiento a deberes formales sancionado por la entrega parcial de la documentación e información requerida por la Administración Tributaria, destacando que los propios funcionarios señalan “entrega de toda la información y documentación requerida, pero posteriormente manifiestan que los registros contables no están respaldados, motivo por el cual extorsivamente le otorgarían la multa. 

En virtud a los argumentos descritos, solicitó declarar nula o disponer la revocatoria de la Resolución impugnada, declarando la validez del crédito fiscal depurado. 

II.2. Auto de Admisión. El 20 de diciembre de 2016, ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Admisión EXPEDIENTE: ARIT-CBA-0605/2016, admitiendo el Recurso de Alzada interpuesto por Edgar Saúl López Soliz, contra la Resolución Determinativa N° 17-01976-16 de 23 de noviembre de 2016, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (fojas 35 del expediente administrativo). 

II.3. Respuesta de la Administración Tributaria. La Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente representada por Rosmery Villacorta Guzmán, quien acredita personería conforme Resolución Administrativa de Presidencia No 03-039116 de 01 de agosto de 2016 (fojas 39-40 del expediente administrativo), por memorial presentado el 11 de enero de 2017 (fojas 41-46 del expediente administrativo), respondió negativamente el Recurso de Alzada con los siguientes fundamentos: 

Señalando las Leyes Nos. 2492 (CTB), 14379 (Código de Comercio) y 843, así como la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0016-07, coligió que toda transacción comercial por compras de bienes o servicios, respaldada con nota fiscal, para su compensación, debe cumplir con los requisitos establecidos para su validez; por consiguiente, contar con documentación de respaldo que demuestren la efectiva realización de dichas operaciones y que el proveedor con quien la realizó, sea efectivamente, el consignado en la factura y por consiguiente el que recibió el pago por la transacción. 

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de la Calidad Cenificado N’EC-2744

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Cochabamba 

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Alegó que, el acto impugnado basó su análisis, desde el inicio hasta el final, en la documentación presentada por el contribuyente, puntualizando que los descargos no solamente fueron analizados y evaluados, sino debidamente detallados. 

Argumento que la Resolución Determinativa impugnada, señalaba la documentación ofrecida y las observaciones formuladas, quedándole al sujeto pasivo, adjuntar documentación y medios de pago que demuestren la realización de las transacciones, empero ni siquiera presentó los originales de todas las facturas, obviando la necesidad de contar con respaldos que demuestren la efectiva realización de la transacción, añadiendo lo previsto en los artículos 36, 37 y 40 del Decreto Ley N° 14379 (Código de Comercio)

Expuso que la Resolución Determinativa cumplió con lo normado en el artículo 99 parágrafo Il de la Ley N° 2492 (CTB), al contener los requisitos esenciales y la valoración de toda la documentación ofrecida por el sujeto pasivo, no correspondiendo la nulidad impetrada, pues carecería de respaldo fáctico y legal

Por otro lado, precisó que no existía la obligación de notificar al contribuyente con toda la información obtenida, siendo que la misma fue comunicada en la vista de Cargo, por ser ésta, el resultado del proceso de verificación, susceptible de modificación a través de la presentación oportuna por parte del contribuyente, de descargos contundentes que respalden sus transacciones, pero que en el presente caso no aconteció; en consecuencia, no se produjo supresión de actos procesales y menos conculcación al debido proceso, observado en todo momento dichos principios como caracteristica fundamental para proseguir el proceso y todas sus formalidades

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Señaló que consta la notificación de la Orden de Verificación N° 00153VE04897 así como de la Vista de Cargo N° 29-00142-16, demostrando el cumplimiento de los procedimientos definidos en norma legal; y que el cruce de información es facultad de la Administración Tributaria. 

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Manifestó que, si bien no es responsabilidad del administrado el cumplimento de las obligaciones tributarias, ni el control de actividades de los proveedores Shirley Catari Barcaya, Eliana Arroyo Dorado, María René Olivia Gálvez, Patricia Gabriela Herrera Cossio y Dante Omar Jiménez Ponce, no es menos cierto que no pueden exentarse de respaldar las facturas declaradas que obtuvo de dichos proveedores, porque el único beneficiario del IMA crédito fiscal es el contribuyente; y que lo contrario impediría comprobar fehacientemente la existencia de la operación y por ende la validez del crédito fiscal. 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvísa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaran!

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III 

Expuso que, el Libro de Kardex Físico mencionado por el contribuyente no fue presentado ante la Administración Tributaria en ninguna etapa y que los documentos propuestos, no se constituyeron en prueba suficiente sobre la compra de los bienes consignados en las facturas observadas, toda vez que no adjunto ningún medio de pago que demuestre la realización de las transacciones. 

Por otra parte, alegó que para el beneficio del crédito fiscal, las facturas o notas fiscales deben cumplir de manera estricta con los requisitos de validez, autenticidad y materialidad, sin quedar duda de que las operaciones que originaron la emisión de la factura hayan sido efectivamente consumadas; agregando que el contribuyente incumplió con el primer requisito esencial para el beneficio del crédito fiscal, porque no presentó las facturas originales Nos. 136, 118, 16680, 192, 49499, 294654 y 294 correspondiente a los proveedores Total Radio Sistems Ltda. Bolivia Trs. Ltda., Manufactura Boliviana S.A., Kointra Ltda. y Comteco Ltda.” 

Arguyó que, las observaciones formuladas, no fueron desvirtuados por el contribuyente, consecuentemente existió el pago en defecto de la obligación tributaria, adecuándose su conducta a lo previsto en el artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB). 

Por último, con relación al incumplimiento de deberes formales argumento que procedió a la verificación y control de dichos aspectos, evidenciando la presentación parcial de la documentación requerida mediante Orden 001501E04897 conforme consta en Actas de Recepción de Documentación de fechas 18/09/2015 y 23/11/2015, que derivó en una multa de UFV51.000. 

. Por los fundamentos expuestos, solicito confirmar la Resolución Determinativa N° 17 

01976-16 de 23 de noviembre de 2016. 

11.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba. El 12 de enero de 2017, ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Apertura Término de Prueba EXPEDIENTE: ARIT-CBA-0605/2016, disponiendo la apertura del término de prueba de 20 días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del inciso d) del artículo 218 de la Ley N° 2492 (CTB) (fojas 47 del expediente administrativo). 

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Cochabamba 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

11.4.1. Prueba Administración Tributaria. “El 25 de enero de 2017, la Administración Tributaria ratificó la prueba presentada con el memorial de respuesta al Recurso de Alzada consistente en los antecedentes administrativos (fojas 49 del expediente administrativo). 

If. 4.2 Prueba Sujeto Pasivo. El 06 de febrero de 2017, Edgar Saúl López Soliz ratificó la prueba adjunta al Recurso de Alzada así como la documentación consistente en el legajo administrativo (fojas 52 del expediente administrativo). 

11.5. Alegatos. 11.5.1. Administración Tributaria. El 20 de febrero de 2017, la Administración Tributaria mediante memorial ofreció alegatos, reiterando su posición sobre la insistencia de nulidad por falta de valoración; a correcta aplicación del procedimiento de determinación, la depuración legal de las facturas y la existencia de la sanción por omisión de pago así la multa por incumplimiento a deberes formales (fojas 55-57 del expediente administrativo). 

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lll. Antecedentes en Instancia Administrativa. El 05 de agosto de 2015, la Administración Tributaria emitió la Orden de Verificación No. 00150VE04897, a efecto de verificar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) derivado de la verificación del crédito fiscal de los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de la gestión 2012, del contribuyente López Soliz Edgar Saúl. Acto notificado mediante cédula a López Soliz Edgar Saúl, el 20 de agosto de 2015 (fojas 2 y 14 C1 de antecedentes administrativos). 

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El 05 de agosto de 2015, la Administración Tributaria emitió el Detalle de Diferencias No 001501E04897, Form. 7531, solicitando al sujeto pasivo documentación consistente en Libro de Compras IVA del periodo observado, Facturas de Compras Originales detalladas en el anexo, Declaraciones Juradas Form. 200′0 210 de los periodos observados, consistentes en: a) Declaraciones Juradas, b) Libro de compras, c) Facturas de compras originales detalladas en el mencionado anexo, d) Documento que respalde el pago realizado y e) Otra documentación que el fiscalizador asignado solicite durante el proceso para verificar las transacciones que respalden las facturas cuestionadas (fojas 4 de antecedentes administrativos). 

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El 27 de agosto de 2015, el sujeto pasivo solicitó ampliación de plazo en la presentación de los documentos requeridos en el Detalle de Diferencias, la misma que fue atendida por el SIN, mediante Proveído N° 24-00672-15; acto que fue notificado al administrado el 10 de septiembre de 2015 (fojas 16-18 C1 de antecedentes administrativos). 

El 18 de septiembre de 2015, conforme Acta de Recepción de Documentos, el sujeto pasivo presentó los siguientes documentos: Formulario 200, Libro de Compras IVA y facturas de compras desglosadas en el Anexo (fojas 19 C1 de antecedentes administrativos). 

El 15 de agosto de 2016, la Administración Tributaria emitió el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación No 00147655, para el contribuyente López Soliz Edgar Saúl, al haber incurrido en el incumplimiento del deber formal de entrega de toda la información y documentación requerida por la Administración Tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, formas, medios y lugares establecidos, contraviniendo los numerales 4 y 8 del artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), correspondiendo una multa de UFV81.000.- (fojas 32 C1 de antecedentes administrativos). 

El 18 de agosto de 2016, la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Vista de Cargo N° 29-0014216, determinando las obligaciones tributarias sobre Base Cierta por un importe de UFV8215.481.- equivalente a Bs462.165.- que incluyó el impuesto omitido (IVA) actualizado, intereses, sanción por la calificación preliminar de la conducta y multa por incumplimiento a deberes formales, tipificando la conducta como omisión de pago. Acto notificado por cédula a López Soliz Edgar Saúl el 31 de agosto de 2016 (fojas 631-640 y 643 C4 de antecedentes administrativos)

El 29 de septiembre de 2016, Edgar Saúl López Soliz presentó memorial de descargo a la Administración Tributaria, denunciando vicios durante el procedimiento de fiscalización que le ocasionó indefensión, al realizar el ente fiscal actos, que implicaron producción unilateral de prueba acusatoria, además que no comunicó los resultados de la fiscalización antes de la emisión de la Vista de Cargo; asimismo indicó que los reparos se hallan fundados en criterios discrecionales, resultando evidente la inexistencia de omisión de pago, toda vez que dio cabal cumplimiento a la normativa vigente, utilizando un crédito fiscal legítimo y notas fiscales legalmente habilitadas para justificar sus gastos, por lo que no incumplió la obligación tributaria alguna; ofreciendo en calidad de prueba: Libro de Comprobantes de 

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Egreso, Libro de Kardex Fisco, Libro de dotación de uniformes que acreditarían la legitimidad de las transacciones (fojas 718722 C4 de antecedentes administrativos). 

El 18 de noviembre de 2016, la Administración Tributaria emitió el Informe de Conclusiones CITE: SIN/GGCBBA/DJCCIUTJ/INF/00270/2016, ratificando los conceptos e importes inicialmente establecidos, reportados y comunicados mediante Vista de Cargo N° 29 0014216 para el IVA y el importe referido al Incumplimiento a Deberes Formales (IDF), consecuentemente liquido la Deuda Tributaria en UFVs217.090.– equivalente a Bs469.893. , que incluye tributo omitido actualizado, intereses, sanción por Omisión de Pago y Multa por Incumplimiento de Deberes Formales; asimismo recomendó emitir Dictamen de calificación de conducta y la Resolución Determinativa (fojas 655-677 C4 de antecedentes administrativos)

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El 23 de noviembre de 2016, la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa N° 1701976-16, determinando de oficio, por conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones impositivas del contribuyente López Soliz Edgar Saúl, con NIT 3601138013, correspondiente al Tributo Omitido actualizado e intereses, por el Impuesto al Valor Agregado, periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de la gestión 2012; además señaló que incluida la Sanción por Omisión de Pago y la Multa por Incumplimiento al Deber Formal, su obligación impositiva alcanza a UFVs217.090. equivalente a la fecha de emisión de la presente Resolución Administrativa a Bs469.893. asimismo, calificó la conducta del contribuyente como Omisión de Pago, sancionándole con una multa igual al 100% sobre el Tributo Omitido expresado en Unidades de Fomento de la Vivienda a la fecha de vencimiento e intimó al contribuyente para que dentro de los veinte (20) días calendario, computables a partir de su legal notificación deposite el importe adeudado. Acto notificado de forma personal a López Soliz Edgar Saúl el 30 de noviembre de 2016 (fojas 680-706 y 714 C4 de antecedentes administrativos). 

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  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA IV.1. Cuestión Previa. Conforme la revisión del Recurso de Alzada planteado por Edgar Saúl López Soliz, se evidenció que trajo a colación para el análisis técnico jurídico, situaciones y aspectos tanto de forma como de fondo; en ese entendido, de acuerdo a los principios procesales, precautelando el debido proceso y el derecho a la defensa de ambas partes, ésta instancia recursiva previamente efectuará la verificación y el análisis sobre la existencia de los vicios 

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aspectos de fondo para determinar lo que en derecho corresponda. 

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IV.2. De la falta de valoración. El sujeto pasivo argumento que la Resolución Determinativa no realizó una valoración; además de no señalar, por qué la prueba de descargo a las notas observadas, no resultaría pertinente y menos para desestimar la válidez probatoria del Libro de Comprobantes de Egreso, Libro Kardex Físico y el Libro de Dotación de Uniformes, Planillas de Sueldos y Salarios ofrecidos para justificar las transacciones observadas; por lo que, indicó que la decisión del SIN, fue tomada de forma arbitraria sin realizar una correcta valoración de la prueba y criterios legales; de esta manera sostuvo, que al vulnerar la garantía constitucional y carecer de fundamentación que valore adecuadamente los descargos presentados como defensa ante la Vista de Cargo, la Resolución impugnada debe declararse nula. 

Por su parte, la Administración Tributaria manifestó que el análisis del acto impugnado se basó en la documentación presentada por el contribuyente y los descargos no sólo fueron analizados y evaluados, sino están detallados en la Resolución Determinativa, añadiendo además la normativa tributaria que respalda la valoración efectuada. 

Al respecto, la jurisprudencia constitucional en la Sentencia Constitucional N° 2023/2010-R de 9 de noviembre entre otras- estableció que: “La garantia del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justíciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las part que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión esregida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decid. Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que se ha arribado, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia (...)” 

De igual forma, la Sentencia Constitucional SC 0752/2002-R de 25 de junio, dispone que: “(…) la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas, al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas” 

Asimismo, la Sentencia Constitucional N° 0871/2010, de 10 de agosto de 2010, dispuso: “Es imperante además precisar que toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso debe contener los siguientes aspectos a saber: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición dara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia juridica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.”. 

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Por su parte, los numerales 6, 7 y 10 artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB), establecen como derechos del sujeto pasivo el debido proceso, el formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución, a ser oído y juzgado de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

De la misma forma el parágrafo Il artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB) dispone que: “Il. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos 

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mínimos, Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad 

la Resolución Determinativa.” 

Justicia tributaria para vivir bien 

Página 11 de 25 Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita 

Av. Oquendo N°0381 entre Ecuador y Venezuela – zona Central Norte mbaerepi Vae (Guaranl) 

Telfs./Fax: 4140011 – 4140012. www.ait.gob.bo . Cochabamba Bolivia 

NB-ISO 

9001 IBNORCA Salam dt Garo

de la Calidad Certificado IVEC-274′14 

Remitiéndonos a los antecedentes administrativos, se tiene que a fojas 718-722 C-4 de antecedentes administrativos, cursa el memorial con fecha de recepción de 29 de septiembre de 2016, a través del cual Edgar Saúl López Soliz presentó descargos a la Vista de Cargo N° 2900142-16 adjuntando prueba documental consistente en: Libro de Comprobantes de Egreso, Libro de Kardex Físico y el Libro de Dotación de Uniformes, manifestando que dicha documentación acreditaria la legitimidad de las transacciones; empero revisado obrados, no comprobamos existencia alguna de la documentación de descargo referida por el administrado; más aún cuando examinando el sello de 

memorial aludido con anterioridad, comprobamos que éste, solamente se 

refiere a cinco (5) fojas, sin que exista registro de documentación adjunta, coligiendo que lo único presentado por el administrado, fue el memorial de descargo y no así los aludidos por el recurrente. 

Asimismo, se advierte que la Resolución Determinativa impugnada a fojas 689 C-4 de antecedentes administrativos señala: “…y a los argumentos vertidos por el contribuyente LÓPEZ SOLIZ EDGAR SAÚL en su memorial de descargos a la vista de Cargo N° 29 0014216, es preciso señalar y analizar las siguientes disposiciones legales y fundamentos que a continuación se describen: En aplicación a la normativa tributaria vigente (Código Tributario Ley N° 2492, Ley N° 843 T.O.V., Decreto Supremo N° 21530, Resolución Normativa de Directorio N° 10-001607 y demás disposiciones normativas conexas), para que un contribuyente se beneficie con el crédito fiscal IVA, este debe cumplir mínimamente con los siguientes requisitos fundamentales (no solo uno): 1) La existencia de la factura original; 2) Que la compra se encuentre vinculada con la actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen; y 3) Que la transacción haya sido efectivamente realizada (Verdad Material – onerosidad y transferencia de dominio), de lo referido, el contribuyente tiene la obligación de cumplir con todos ellos sin prescindir de ninguna de ellas. En el presente caso, se advierte que el contribuyente no demostró la materialización de la transacción respecto a las facturas observadas en la vista de Cargo..., advirtiendo que la entidad fiscalizadora tuvo cocimiento de la argumentación ofrecida por el sujeto pasivo en calidad de descargo, la misma que fue motivo por parte del SIN, de un análisis y un pronunciamiento debidamente desglosado en el acto impugnado. 

Prosiguiendo con nuestra revisión, comprobamos que el SIN además en la Resolución impugnada, fue describiendo los reclamos elevados por el recurrente, vinculados con la producción unilateral de la prueba, la restricción del derecho a la defensa y la 

obtención de prueba obtenida ilegalmente, todo ello sobre los cruces de información 

NB: 

realizados por la Administración Tributaria, de aquellos proveedores que participaron en la 

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de la Calidad Certificado N*EC-2701

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Cochabamba 

II

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

emisión de las facturas de compras, declaradas por el sujeto pasivo en los meses sujetos a verificación (fojas 690-694 C-4 de antecedentes administrativos). 

Ahora bien, en cuanto a la documentación de descargo la entidad recurrida aclaró lo siguiente: “Al respecto, es preciso señalar que el contribuyente como descargo a la vista de Cargo presentó únicamente memorial mediante el cual expone diferentes argumentos de hecho y derecho inherentes a las observaciones de la vista de Cargo de referencia, prueba de ello es la Hoja de Ruta N° 5266 GGC 2016 y sello de recepción de fecha 29/09/2016 a fojas 5, fundamentos que fueron valorados por la Administración Tributaria en la presente Resolución; respecto al Libro de Kardex Fisico mencionado por el contribuyente, no fueron presentados ante la Administración Tributaria en el proceso de fiscalización, ni como descargo a la vista de Cargo, siendo los únicos documentos entregados por el contribuyente: Formularios – 200 de los perdidos de enero a agosto de 2012; Libro de Compras de enero a agosto de 2012 y Facturas conforme consta Actas de Recepción de Documentación de fechas 18/09/2015; asimismo presenta Comprobantes de Egreso, Libro de Dotación de Uniformes y Planillas de Sueldos y Salarios, conforme consta en el Acta de fecha 23/11/2015 cursantes a Fs (19 y 20).” (fojas 699 C-4 de antecedentes administrativos); enunciación que tampoco fue objeto de cuestionamiento por parte del contribuyente en su recurso de alzada, lo cual demuestra que el reclamo sobre una falta de valoración del SIN, de las pruebas de descargo, carece de sustentación fáctica, debiendo ser desvirtuada en virtud al artículo 76 y parágrafo Il artículo 80, ambos de la Ley N° 2492 

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De la misma manera, el SIN dejó debidamente expuesto el fundamento legal utilizado para cuestionar la validez del crédito fiscal declarado por el contribuyente, señalando para tal fin: “Al respecto, en aplicación a la normativa tributaria vigente (Código Tributario Ley N° 2492, Ley N° 843 T.O.V., Decreto Supremo N° 21530, y demás disposiciones normativas conexas, la eficacia probatoria de la Factura, en términos tributarios, depende de

cumplimiento de los requisitos de validez y autenticidad que normativamente se disponga y para que un contribuyente se beneficie con el crédito fiscal IVA, este debe cumplir mínimamente con los requisitos fundamentales (no solo uno): 1) La existencia de la factura original; 2) Que la compra se encuentre vinculada con la actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen; y 3) Que la transacción haya sido efectivamente realizada; de lo referido, el contribuyente tiene la obligación de cumplir con todos ellos sin prescindir de ninguno. En consecuencia, la apropiación del crédito fiscal depende del cumplimiento de requisitos sustanciales y formales, que permitan establecer la existencia del hecho imponible y que permitan que la Administración Tributaria pued

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Av. Oquendo N°0381 entre.Ecuador y Venezuela . zona Central Norte Telfs./Fax: 4140011 – 4140012 www.ait.gob.bo . Cochabamba – Bolivia 

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considerarlos como válidos para fines fiscales. Por lo que en el presente caso, el contribuyente incumplió con el tercer requisito esencial para beneficiarse del cómputo del crédito fiscal, asimismo, no presentó las factura originales N° 136, 118, 16680, 192, 49499, 294654 y 294 correspondientes a los “proveedores” TOTAL RADIO SISTEMS LTDA. BOLIVIA TRS. LTDA. con NIT 120601023; MANUFACTURA BOLIVIANA S.A. con NIT 1023149021, KOINTRA LTDA CON NIT 125245025 y COMTECO LTDA con NIT 1009379021, requisito fundamental para la validez del cómputo del crédito fiscal.” (fojas 695 C-4 de antecedentes administrativos). En ese entendido, la entidad fiscalizadora, también hizo referencia a los artículos 2, 4 y 8 de la Ley N° 843 en cuanto las condiciones de transmisión de dominio y onerosidad que puedan demostrar la efectiva realización de la transacción; así como el artículo 17 numeral 1 de la Ley N° 2492 (CTB). 

En virtud a lo descrito hasta este punto, el Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Resoluci Determinativa N° 17-01976-16, teniendo el cuidado de expresar las causas para cuestionar la validez. del crédito fiscal, haciendo referencia a los proveedores que intervinieron en la emisión de las facturas depuradas, garantizando de esta forma el debido proceso y por ende el derecho de la defensa, previsto en los artículos 115, 117 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

Por otra parte, con relación a la documentación de descargo, debemos reiterar que en el caso del Libro de Dotación de Uniformes por ejemplo, el SIN precisó que dicha documentación no fue proporcionada por el contribuyente en la etapa de descargos, tal como fue aclarado en parágrafos previos; la misma que fue ofrecida durante el trabajo de campo, conforme Acta de Recepción de Documentación de 09 de noviembre de 2015 (fojas 20 C-1 de antecedentes administrativos) y del cual, la Administración Tributaria indicó que: “Respecto a las planillas denominadas “Dotación Vigilanteya sea de Cochabamba y/o Santa Cruz, estas son meramente enunciativas, asimismo No cuentan con la firma de conformidad de la persona (vigilante) que supuestamente recepciona la ropa de trabajo o accesorios de seguridad.” (fojas 683 C-4 de antecedentes administrativos). 

De esta forma, podemos concluir que la Administración Tributaria valoró los argumentos formulados como descargo por parte del sujeto pasivo, asignándole un valor probatorio a cada uno de ellos; y que los mismos así como la documentación ofrecida durante la verificación desarrollada, no se constituyen en suficiente para demostrar la efectiva realización de la transacción; manifestando además el sustento legal, que motivo la M depuración del crédito fiscal declarado por el contribuyente en los periodos enero, febrero, Motor marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de la gestión 2012, relacionado con los proveedores 

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de la Calidad Certificado NEC-27414 

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Cochabamba 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Shirley Giovana Catari Barcaya, Eliana Arroyo Dorado, María Rene Oliva Gálvez, Patricia Gabriela Herrera Cossio, Total Radio Systems Ltda Bolivia TRS. Ltda., Manufactura Boliviana S.A., Kointra Ltda., Dante Omar Jiménez Ponce, Comteco Ltda. y Digital Security Systems SRL, cumpliendo así, lo previsto en los numerales 6 y 7 artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB). 

En ese sentido, toda vez que el ente fiscal, efectuó la valoración de la documentación de prueba y argumentos de descargo presentados por el administrado, señalando de forma precisa, las razones por las cuales, fueron considerados como insuficiente para demostrar la materialización de la transacción; cumpliendo con el parágrafo Il artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB) y consecuentemente resguardando el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa dispuestos en el parágrafo ll del artículo 115 y parágrafo 1 del artículo 117 de la Constitución Política del Estado (CPE); corresponde rechazar lo manifestado por el recurrente, por consiguiente el presente agravio. 

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IV.3. De la vulneración al derecho a la defensa y el debido proceso referido a los cruces de información. El sujeto pasivo señaló que las acciones de la Administración Tributaria ocasionaron indefensión, toda vez que, no tuvo conocimiento de los cruces de información efectuados a sus proveedores y que la propia entidad recurrida, aceptó que no tuvo participación ylo conocimiento de los actuados del proceso hasta la notificación de la Vista de Cargo; arguyendo que debió darse a conocerse, la producción de prueba en su contra, para poder realizar actos de defensa, máxime si éstos sustentan discrecionales criterios. 

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Asimismo manifestó que, no le comunicaron los resultados de la fiscalización antes de la 

emisión de la Vista de Cargo, suprimiendo fases procesales, sin otorgarle posibilidad de brindar descargos o conformar los reparos detectados en la auditoría, aspecto contrario a lo resuelto en la Resolución de Recurso Jerárquico N° STG-RJ/178/2005, que derivó en la 

nulidad de obrados hasta la comunicación oportuna de todos los cargos. 

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Al respecto, debemos indicar que las Sentencias Constitucionales 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de agosto y 12 de noviembre de 2004 respectivamente, disponen que: “(…) el error o defecto de procedimiento será calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los defectos procedimentales provoquen indefensión material a la parte procesal que los denuncia y sea determinante para la decisión (...)”. En este sentido, el fundamento 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani

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de toda nulidad de procedimiento, recae en la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la defensa y al debido proceso, imputable a la autoridad administrativa. 

Bajo ese lineamiento, se debe dejar en claro, que no se produce indefensión cuando una persona conoce el procedimiento que se sigue en su contra y actúa en el mismo en igualdad de condiciones, tal como lo señala la SC 0287/2003-R, de 11 de marzo de 2003, que establece la siguiente doctrina y precedente constitucional: “(...) la indefensión no se produce si la situación en la que el ciudadano se ha visto colocado se debió a una actitud voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable por falta de la necesaria diligencia (…) no se encuentra en una situación de indefensión la persona a quien se ha dado a conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir en él, ni aquella otra que conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por un acto de su voluntad”

En la normativa tributaria, se tiene que los parágrafo I y IV artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB) dispone: “. Sólo en casos en los que la Administración, además de ejercer su facultad de control, verificación e investigación efectúe un proceso de fiscalización, el procedimiento se iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autoridad competente de la Administración Tributaria, estableciéndose su alcance, tributos y periodos a ser fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, así como la identificación del o los funcionarios actuantes, conforme a lo dispuesto en normas reglamentarias que a este efecto se emitan. I.V.A la conclusión de la fiscalización, se emitirá la Vista de Cargo correspondiente.” 

Asimismo, conforme a la facultad normativa de la Administración Tributaria establecida en el artículo 64 de la Ley N° 2494 (CTB), el Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Resolución Normativa de Directorio N° 10005-13, la cual señala en su artículo 9: “Toda modalidad de fiscalización se iniciará con la notificación de la Orden de Fiscalización o Verificación. En todos los casos el Departamento de Fiscalización procederá a la emisión del Informe de actuación, emitiéndose dentro de los diez (10) dias calendario siguientes la Vista de Cargo.” 

Por su parte, el parágrafo | artículo 96 de la Ley N° 2492 (CTB) establece: l La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado.” 

El artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB) refiere de forma clara que: “Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para formular y presentar los descargos que estime convenientes.” 

De la norma citada precedentemente, se establece con claridad que los procedimientos de determinación efectuados por la Administración Tributaria en uso de su facultad de control, verificación, fiscalización e investigación establecidas en el numeral 1 artículo 66 de la Ley N° 2492 (CTB), inician con la notificación de la Orden de Fiscalización o Verificación y culminan con la emisión y notificación de la Vista de Cargo, acto que debe contener los hechos, actos, datos y elementos verificados durante la sustanciación del procedimiento y que respaldan los cargos imputados al sujeto pasivo, con la finalidad de que este último, presente los argumentos y documentos de descargo que creyera convenientes en el plazo establecido de treinta (30) días. 

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Consecuentemente, la Ley N° 2492 (CTB) establece a la vista de Cargo, como el acto por el cual la Administración Tributaria comunica los resultados arribados en la fiscalización o verificación efectuada, constituyéndose en una imputación preliminar que puede ser desvirtuada con la presentación de descargos; de esta forma, al ser la Vista de Cargo una actuación que establece de forma preliminar los cargos, a fin de que el sujeto pasivo asuma defensa, de conformidad a lo establecido en el artículo 96 de la Ley N° 2492 (CTB), debe contener los elementos de prueba que fueron recabados por el ente administrativo en uso de sus facultades de control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación. 

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Ahora bien, conforme el propio sujeto pasivo reconoció en su Recurso de Alzada, que llegó a tener conocimiento de los elementos de prueba de la Administración Tributaria, con la notificación de la Vista de Cargo; en ese entendido, éste contaba con el plazo de treinta (30) días establecido en el artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB) para objetar y refutar dicha prueba, lo cual fue materializado por el recurrente, mediante la presentación del memorial ante la entidad recurrida, el 29 de septiembre de 2016 (fojas 718-722 C-4 de antecedentes administrativos); por lo que, no existió supresión de fases probatorias como erróneamente indicó el recurrente, por cuanto la Administración Tributaria cumplió con el procedimiento legalmente establecido en el artículo 104 de la citada Ley, preservando el derecho a la 

defensa; asimismo, la normativa legal no establece que deba existir una comunicación de 

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resultados previa a la emisión de la Vista de Cargo o en su caso el inicio del procedimiento de cruce de información o los resultados de éste, ya que la misma -Vista de Cargo- es la que contiene los resultados preliminares arribados por la Administración Tributaria durante la fase de fiscalización, no correspondiendo lo manifestado por el recurrente al respecto. 

Por lo descrito, no existe indicio alguno que permita impulsar la nulidad reclamada por el sujeto pasivo, al carecer de sustento fáctico y legal que permita colegir algunas de las situaciones previstas en el parágrafo Il artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria en virtud al artículo 201 de la Ley N° 2492 (CTB); debiendo en consecuencia proceder al análisis de las cuestiones de fondo plasmados en el presente Recurso de Alzada, 

IV.4. De la validez del crédito fiscal. 

Inicialmente debemos indicar que el sujeto paşivo sostuvo que, la Administración Tributaria, con base en suposiciones, no puede imputar a la empresa por los errores tributarios del proveedor, debido a que este último cuenta con un NIT activo, dosificación de facturas, declaraciones juradas, por lo que debe considerarse que las transacciones fueron realizadas con un contribuyente legalmente constituido y registrado ante el SIN, lo que significa que cualquier error tributario en el que incurra es plena responsabilidad de éste y en ningún caso de la empresa que representa; toda vez que, las adquisiciones se realizaron de buena fe, al tratarse de una empresa de seguridad privada que adquiere uniformes y utensilios. 

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Al respecto, es menester indicar que si bien, la Resolución Determinativa impugnada, hace merición a que el proveedor presentaría una actividad inexistente y tendría un comportamiento tributario irregular, empero, este aspecto se constituye como un elemento más a considerar en la depuración del crédito fiscal; toda vez que, la Administración Tributaria estableció que las facturas verificadas no son válidas para el crédito fiscal, en razón a que el sujeto pasivo no presentó documentación que demuestre la efectiva realización de la transacción, siendo este, el fundamento y la razón por la cual determinó la invalidez de las facturas observadas. 

Por otra parte, la línea doctrinal establecida en las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0198/2013, AGIT-RJ 0709/2014 y AGIT-RJ 0459/2014 señalan que: “la experiencia reveló la existencia de situaciones en las cuales se producen operaciones in “simuladasdel acto jurídico, es decir, actos dirigidos únicamente al fin de reducir la carg

JBNORCA fiscal del contribuyente, siendo que las partes intervinientes actúan como si se hubiera 

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Sistema de Gestion 

de la Calidad Cartificado NEC-7741

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

celebrado el acto jurídico, cuando en realidad la operación resulta inexistente. Ante tal situación, el artículo 8 de la Ley 2492 (CTB), ha previsto el método interpretativo de la “realidad Económica” que permite a la Administración Tributaria apartarse de las formas adoptadas por el sujeto pasivo y establecer la verdad de los hechos, observando si se cumplieron los presupuestos económicos de la operación. Por otro lado, existen situaciones en las cuales los “compradores de buena fe pagan el gravamen a proveedores que se consideraban “legitimos”, los que sin embargo emiten una factura de una empresa inexistente o existente, pero que no cumplía con las obligaciones fiscales” (FENOCHIETTO, Ricardo. El impuesto al Valor Agregado. 2° Edición. Buenos Aires: Ed. La Ley, 2007. Pág. 612), situación por la cual, ante la existencia de un documento inválido, se precautela el 

derecho del contribuyente al crédito fiscal siempre y cuando demuestre que la operación 

que dio origen al mismo tuvo lugar en los hechos.” 

De esta forma, en consideración a lo expuesto y siendo que la relación tributaria del proveedor con la Administración Tributaria, para el presente caso, se constituye en un elemento complementario a la depuración del crédito fiscal de las facturas observadas, que depende de la demostración de la efectiva realización de la transacción, se puede colegir, que el cumplimiento de las obligaciones tributarias del proveedor no implicaría que las facturas emitidas sean válidas para el crédito fiscal; toda vez que, la apropiación del crédito fiscal exige el cumplimiento de requisitos sustanciales y formales, que coadyuven a establecer la existencia del hecho imponible y que la Administración Tributaria pueda considerarlos como válidos para fines fiscales, consecuentemente, ésta instancia recursiva verificará si la documentación presentada por el recurrente cumple con los requisitos necesarios para la validez del crédito fiscal. , 

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Ahora bien, el recurrente señaló también que la prueba presentada como descargo al proceso de fiscalización es por demás clara para demostrar la realización de las transacciones, además de manifestar, que se cumplieron a cabalidad los requisitos que permiten considerar como válido el crédito fiscal declarado, demostrándose con descargos la realización de las transacciones; sin embargo, el acto impugnado al tipificar la conducta como omisión de pago no realizó una descripción de los justificativos fácticos y legales para llegar a tal inferencia. 

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Sobre el punto en cuestión, Ricardo Fenochietto señala: Las disposiciones vigentes y los principios generales del derecho tributario nos permiten concluir que la deducción de un gasto en el Impuesto a las Ganancias y/o el cómputo de un crédito fiscal en el IVA está condicionado a la existencia real de una operación que en principio se encuentre 

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de la calidad Certificado NEC-27444 

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respaldada por un documento debidamente emitido, correspondiendo al responsable que pretende hacer valer los mismos, la prueba de dicha existencia cuando ello esté en duda y sea requerido de manera fundada por el Fisco. Para ello no alcanza con cumplir con las formalidades que requieren las normas, requisito necesario pero no suficiente, sino que 

cuando ello sea necesario deberá probarse que la operación existió, pudiendo recurrirse a . cualquier medio de prueba procesal (libros contables, inventario de la firma, testigos, pericias, que la operación se ha pagado y a quién, particularmente si se utilizan medios de pago requeridos, como cheque propio o transferencia bancaria de los que queda constancia en registros de terceros. El Impuesto al Valor Agregado, 2da. Edición, 2007, pág. 630631. 

En la normativa tributaria, se tiene que el numeral 5) artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB) dispone la obligación que tiene el sujeto pasivo de demostrar la procedencia y cuantía de sus créditos impositivos. Siendo que para tal cometido, los artículos 36, 37 y 40 del Decreto Ley N° 14379 (C.Com) establecen la obligatoriedad de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia y organización de la empresa, sobre una base uniforme que permita demostrar la situación de sus negocios y una justificación de sus actos sujetos a contabilización, siendo obligatorio que lleven Libro Diario, Mayor, Inventarios y Balances, encuadernados y notariados, debiendo además llevar registros auxiliares que estime convenientes para lograr mayor orden y claridad, para así obtener información y ejercer control; toda vez, que dicha documentación permite demostrar la situación de sus negocios y una justificación clara de todos y cada uno de los actos y operaciones sujetos a contabilización, dando certeza irrefutable de las transacciones registradas, cumpliendo así con los principios de exposición, uniformidad, materialidad y realidad económica

Consecuentemente, se puede advertir que la factura por sí misma no otorga elementos probatorios acerca de la efectiva realización de la transacción, toda vez que en ella no hace prueba del pago y destino de los productos facturados o el servicio prestado, siendo un documento que necesita ser respaldado con mayor documentación financiera y contable a fin de poder establecer el efectivo uso y destino de los bienes y/o servicios adquiridos en la actividad por la que el sujeto pasivo es responsable del gravamen, de ésta forma, la factura constituye un documento que prueba el hecho generador relacionado con un débito o crédito fiscal que para su validez tiene que ser corroborado con otras pruebas o documentos que demuestren que se efectuó la transacción. 

Es así que, desde la perspectiva integral que comprende la verdad material de una operación, es necesario la comprobación de todos los elementos del ciclo de la transacción, siendo uno de estos el registro contable de la operación, resultando menester mencionar 

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de la calidad Certificado N’EC274/14 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

que el ciclo contable es todo un proceso de registro de información que culmina y se refleja en los Estados Financieros, mismos que proporcionan información general y clasificada que debe guardar correspondencia entre sí, además de poder ser comprobada a partir del desglose que exponen los Libros Diarios y Mayores, que a su vez fueron elaborados en base de los comprobantes Diarios, de Egresos e Ingresos; cabe también aclarar, que los comprobantes de egreso son registros de primera entrada que incluyen y exponen información referente a la contabilización sólo y únicamente de transacciones u operaciones que generan salida real de fondos de la empresa, asimismo, los citados comprobantes de egreso deben ser mayorizados o clasificados en Libros Mayores con la finalidad de totalizar sumatorias en débitos o créditos, de manera que se pueden determinar sus saldos y proporcionar información clasificada, base para la preparación de los Estados Financieros. (TERÁN GANDARRILLAS Gonzalo J., Temas de Contabilidad Básica e intermedia, 1998, Págs. 50 y 77). 

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Ahora bien, en el presente caso, en cuanto a la validez del crédito fiscal de las facturas de los proveedores Shirley Giovana Catari Barcaya con NIT 5287731014, Eliana Arroyo Dorado con NIT 6328089010, Maria Rene Oliva Gálvez con NIT 6510487011, Dante Omar Jiménez Ponce con NIT 6837386011, y Patricia Gabriela Herrera Cossio con NIT 7924211013, podemos advertir de la revisión de los antecedentes administrativos, que el recurrente cuenta con las facturas originales, hecho que fue también identificado por la entidad fiscalizadora, cumpliendo así con el primer requisito; el concepto facturado refiere la compra de uniformes de los guardias de seguridad y necesarios para que los empleados puedan realizar sus labores de seguridad; constituyéndose en productos utilizados en su actividad gravada; asimismo de la revisión del Padrón de Contribuyentes cursante a fojas. 

  • 44 C-4 de antecedentes administrativos, se advierte que el recurrente tenía inscrita la actividad principal de Seguridad Privada; por lo que cumplió con el segundo requisito. 

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Por otra parte, en lo que respecta a la materialización de la transacción, debemos indicar que conforme la revisión de los antecedentes administrativos, comprobamos que el sujeto pasivo presentó como documentación de descargo Comprobantes de Egreso, los cuales, si bien consignan las facturas sujetas a revisión, evidenciando que fueron imputadas a la cuenta “Almacén Uniformes y Accesorios de Seguridad” y canceladas a través de la cuenta “Caja Moneda Nacional”; sin embargo, dichos comprobantes no poseen la identificación de las personas intervinientes, de la misma manera, el sujeto pasivo no presentó Libros Diarios y Mayores para poder contrastar lo plasmado en los comprobantes de Egreso, siendo que al ser transacciones efectuadas en efectivo a través de la cuenta Caja Moneda Nacional, es necesario contar con mayor documentación que hagan al ciclo site de rent 

Página 21 de 25 Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechwa) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita 

Av. Oguendo No 0381 entre Ecuador y Venezuela zona Central Norte mbaerepi Vae (Guaranl) 

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de la calidad Certificado NEC-77814 

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contable y financiero que registre y respalde el pago, es así que, los comprobantes de egreso no pueden considerarse como un medio fehaciente de pago, siendo que de conformidad al artículo 2 de la Ley N° 843, a fin de corroborar la transacción efectuada, el sujeto pasivo debió probar la onerosidad y la incorporación del servicio prestado o bienes adquiridos en la actividad gravada activando el ciclo contable y financiero precedentemente citado, mismo que debería permitir, dar seguimiento e identificar con precisión las transacciones por las facturas observadas, por lo que, al no poder verificar la disponibilidad de fondos de la empresa ni la recepción efectiva del pago por parte de proveedor, se puede colegir que el sujeto pasivo no demostró el pago de las facturas observadas. 

Adicionalmente cabe referir que, los Comprobantes de Egreso, no contienen una identificación de las personas intervinientes, sin haber demostrado también, la disposición y empleo de los ítems adquiridos en la actividad gravada del contribuyente, como parte de la efectiva realización de la transacción; por cuanto no brinda elementos probatorios referidos 

al pago o la transferencia de dominio de los materiales por parte del proveedor, al no 

evidenciarse de forma física y explícita la intervención de este último. 

De lo señalado hasta este punto, se colige que la documentación presentada por el sujeto pasivo no es suficiente para demostrar la efectiva realización de las transacciones observadas, al constituirse en registros aislados que necesitan ser corroborados y complementados con más documentación contable y financiera que pueda demostrar la efectiva erogación de fondos para cubrir el pago de las transacciones, la recepción del pago 

por parte del proveedor y la transferencia de dominio de los productos adquiridos con su 

inclusión en el desarrollo de la actividad gravada; correspondiendo en consecuencia, la depuración del crédito fiscal de las facturas observadas; quedando demostrado que los gastos cuestionados por el SIN, no cumplieron con los requisitos necesarios para la validez del crédito fiscal, conforme la doctrina y sustento legal expuestos a lo largo del presente análisis; e inclusive se encuentran inmersos en el Auto Supremo N° 248/2012 expuesto por el mismo contribuyente en su Recurso de Alzada, debiendo recalcar que la invocación de un referente jurisprudencial, como el citado Auto Supremo, no se constituye en sustento suficiente para demostrar la validez de un crédito fiscal, más cuando la misma, carece de prueba documental referida a la efectiva realización de la transacción; y al contrario cursa en obrados prueba del SIN, sobre la verificación del domicilio fiscal del proveedor Shirley Giovanna Catari Barcaya, Eliana Arroyo Dorado, María Rene Oliva Gálvez y Patricia Gabriela Herrera Cossio, cuyo resultado fue expuesto por la Administración Tributaria tanto en en la Vista Cargo N° 29-0014216 como en la Resolución Determinativa N° 17-01976-16, 

IBNORCA bajo el siguiente texto: “...según testimonios de los vecinos y/o hija del propietario del sistema de formation 

NB-750 9001 

Silloma de Gestion 

de la Calidad Certificado NEC 27044 

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Cochabamba 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

inmueble (tal como consta en las respectivas “Actas de Acciones y Omisiones” que forman parte de los antecedentes) estos afirman no conocerlos y que en tales direcciones (declaradas como domicilio fiscal de los proveedores) nunca hubo actividad económica alguna relacionada a las declaradas por los proveedores.” (fojas 638 y 688 C-4 de antecedentes administrativos).

Por último, el contribuyente no hizo referencia u ofreció prueba pertinente, que revierta además de lo expresado en párrafos previos, el cumplimento del primer requisito para el beneficio del crédito fiscal, vinculado con la posesión del documento original para los proveedores Total Radio Systems Ltda Bolivia TRS Ltda., Manufactura Boliviana S.A., Kointra Ltda. y Comteco Ltda; pues evidenciamos que la Administración Tributaria tanto en los Papeles de Trabajo como en la vista de Cargo N° 29-00142-16 y la Resolución Determinativa N° 17-01976-16, expuso dicha falencia y a pesar de ello, no cursa explicación por parte de Edgar Saúl López Soliz que permita desvirtuar la depuración realizada por el Servicio de Impuestos Nacionales, para los citados proveedores. 

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Por otra parte, agregar que existieron otras observaciones que impulsaron la depuración del crédito fiscal, que no fueron cuestionadas por el sujeto pasivo y que fueron expuestos debidamente en el Papel de Trabajo “Análisis de Facturas Observadas” (fojas 30 C-1 de antecedentes administrativos) y Detalle de Facturas No Válidas para Cómputo de Crédito Fiscal expuesto en el acto impugnado (fojas 700-701 C-4 de antecedentes administrativos). 

Manfredy Perez Hoekderram

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En dicho sentido, al no existir prueba alguna que desvirtúe la depuración formulada por la Administración Tributaria, se entiende que el sujeto pasivo se beneficio de un Crédito Fiscal 

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que incumplió con los requisitos previstos en la normativa tributaria vigente, no siendo válido para la compensación con el Débito Fiscal de los periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de la gestión 2012, generado por el desarrollo de su actividad gravada; lo que derivó desde luego, en el pago en defecto de una obligación impositiva como resulta el IVA, perfeccionándose en consecuencia la figura de Omisión de Pago, prevista en el artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB), concordante con el artículo 42 del Decreto Ley N° 27310 (RCTB); debiendo mantenerse la sanción prevista para dicha contravención tributaria, desestimando de esta forma, la aseveración formulada por el contribuyente sobre este punto. 

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Teresa del Rosatoren le Bera-cocha 

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9001 IBNORCA Sistema de Gestion 

de la calidad 

Por último en cuanto a la multa por incumplimiento a deberes formales debido a la entrega parcial de la documentación e información requerida por la Administración 

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Tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, controle 

Certificado N*EG-27414 Justicia tributaria para vivir bien 

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investigación en los plazos, formas y lugares establecidos; el recurrente, sostuvo la existencia de una confusión por parte de la entidad recaudadora, pues ésta señaló la “ENTREGA DE TODA LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA” para posteriormente manifestar que los registros contables no están respaldados (fojas 34 del expediente administrativo); situación que nos impulso a revisar las Actas de Recepción de Documentación, advirtiendo que estás fueron elaboradas en diferentes fechas, 18 de septiembre de 2015 y 09 de noviembre de 2015 (fojas 19-20 C-1 de antecedentes administrativos); y que conforme el Proveido No 24-00672-15, notificado el 10 de septiembre de 2015 (fojas 17-18 C-1 de antecedentes administrativos) la ampliación del plazo otorgada por el SIN, para la presentación de la documentación requerida en el Detalle de Diferencias de la Orden de Verificación N° 00150VE04897 y Anexo al Detalle de Diferencias (fojas 4-5 C-1 de antecedentes administrativos), precluyó el 21 de septiembre de 2015; por esta razón, los documentos presentados por el recurrente el 09 de noviembre de 2015, se encontraban fuera del plazo otorgado por la Administración Tributaria, hecho que desde cualquier punto de vista, se constituye en una deber formal incumplido, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 4 subnumeral 4.2. del Anexo | Régimen General de la R.N.D. N° 10-0032-15 y artículo 162 de la Ley N° 2492 (CTB); además que en ningún momento el contribuyente dejó claro la inexistencia de alguno los documentos requeridos por el SIN, tal como quedó sentado en el Anexo al Detalle de Diferencias (fojas 5 C-1 de antecedentes administrativos); aspecto que desde luego, coadyuvo en la imposición de una multa por la presentación parcial de la documentación peticionado por la entidad fiscalizadora. 

En suma, conforme se tiene del análisis realizado, la revisión y verificación de los antecedentes administrativos, la Resolución Determinativa contiene los fundamentos de que justifican la depuración del crédito fiscal haciendo una valoración a la prueba y argumentos de descargo presentados; asimismo, el recurrente no demostró la efectiva realización de las transacciones observadas, por lo que, procede la depuración del crédito fiscal y la aplicación de la correspondiente sanción por omisión de pago, referido a los periodos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de la gestión 2012; correspondiendo a ésta instancia recursiva, confirmar la Resolución Determinativa N° 17 01976-16 de 23 de noviembre de 2016, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales. 

POR TANTO: La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de impugnación Tributaria de Cochabamba, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

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NB-ISO 

9001 IBNORCAL Sistema de Gestion 

de la Calidad Certificado N*EC-7701

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Cochabamba 

III III 

. AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 17-01976-16 de 23 de noviembre de 2016, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales; sea de conformidad con el inciso b) parágrafo I del artículo 212 de la Ley N° 2492 (Título V CTB). 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB), será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

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TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley N° 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 de la Ley N° 2492 (CTB), el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente Resolución de Recurso de Alzada es de 20 días computables a partir de su notificación. 

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Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

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Teresa del Rosarto Borda Rochi DIRECTORA EJECUTIVA REGIONAL’ 

DIRECCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cbba. 

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de la Calidad Cenificado NEC-27414 

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