ARIT-CBA-RA-0139-2017 Sanción emitida por omisión de pago de tributos de IVA después de que la administración tributaria realizará la valoración de documentación del contribuyente debido a que no pudo demostrar la efectiva realización de las transacciones se procedió a la depuración de crédito fiscal.

ARIT-CBA-RA-0139-2017

III 

Cochobamba 

III 

AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBAIRA 0139/201

Recurrente 

: Edgar Saúl López Soliz 

Recurrido 

Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente representada por Rosmery Villacorta Guzmán 

Expediente 

: ARIT-CBA-0604/2016 

Acto Impugnado : Resolución Determinativa N° 17-01877-16 de 10 de noviembre de 

2016 

Fecha 

: Cochabamba, 13 de marzo de 2017 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT CBA/ITJ 0139/2017 de 13 de marzo de 2017, emitido por la Sub Dirección Tributaria 

Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

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  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO Resolución Determinativa N° 1701877-16 de 10 de noviembre de 2016, que determinó de oficio, por conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones impositivas del contribuyente López Soliz Edgar Saúl, con NIT 3601138013, en la suma de UFV’s6.368.-, correspondientes al tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses e incluida la Sanción por Omisión de Pago, equivalentes a Bs13.766.-, por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del periodo fiscal junio de la gestión 2012, e intimó al contribuyente para que dentro de los veinte días calendario, computables a partir de su legal notificación deposite el importe adeudado. Acto notificado de manera personal a López Soliz Edgar Saúl el 25 de noviembre de 2016 (fojas 239-261 C2 de antecedentes administrativos). 

JON Escada Estrada We voB

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  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 11.1 Argumentos del Recurrente Edgar Saúl López Soliz, mediante memorial presentado el 14 de diciembre de 2016 (fojas 21-26 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 17-01877-16 de 10 de noviembre de 2016, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, argumentando lo siguiente: 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Ayrriara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Kechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guaran) 

Que, la Administración Tributaria no valoró los contundentes descargos presentados a la Vista de Cargo, además de la legitimidad del crédito fiscal; añadió que existe prueba clara de que los actos realizados por GRACO son ilegales; toda vez que, los antecedentes recién fueron puestos a su conocimiento al momento de la notificación de la Vista de Cargo, evidenciándose que los actos previos son nulos. 

Argumentó que, la Resolución Determinativa no realizó una valoración para señalar por qué la prueba de descargo a las notas observadas no resultaría pertinente y menos para desestimar la validez probatoria del Libro de Comprobantes de Egreso, Libro Kardex Físico y el Libro de Dotación de Uniformes presentadas para justificar las transacciones observadas; por lo que indicó que, la decisión fue tomada de forma arbitraria sin realizar una correcta valoración de la prueba y criterios legales, de esta manera al vulnerar la garantía constitucional, y carecer de fundamentación que valore adecuadamente los descargos presentados como defensa ante la Vista de Cargo, debe declararse nula. 

Señaló que, durante el procedimiento de fiscalización, la Administración Tributaria ocasiono indefensión a la empresa que representa, al realizarse actos que implicaron producción unilateral de prueba acusatoria, además de no realizar la comunicación de resultados de fiscalización antes de la emisión de la Vista de Cargo, actos que incluyeron la supresión de fases procesales, requerimientos tardíos de documentos que conculcan el debido proceso, al efecto citó el artículos 117 de la Constitución Política del Estado (CPE) y la Sentencia Constitucional N° 1234/2000-R de 21 de diciembre así como las Sentencias Constitucionales SSCC 128/2001-R y 378/2000-R. 

Refirió que, durante el proceso de fiscalización observado, la Administración Tributaria, no otorgó ninguna posibilidad de brindar descargos o conformar los reparos detectados en la auditoría, además que no realizó ninguna comunicación de resultados a la conclusión del proceso, aspecto contrario a lo resuelto en la Resolución de Recurso Jerárquico N° STG RJ/178/2005, que derivó en la nulidad de obrados hasta la comunicación oportuna de todos 

los cargos. 

Arguyó que, durante la etapa de fiscalización no tuvo conocimiento de los actos con los que se realizaron los cruces de información; toda vez que, la misma Administración Tributaria aceptó que la parte recurrente no participó ni tuvo conocimiento de los actuados del proceso hasta la notificación de la Vista de Cargo, por cuanto debió ponerse en conocimiento la producción de prueba en su contra, resultando éstas nulas al vulnerar el artículo 16 de la Constitución Política del Estado (CPE). Afirmó además que, nunca dudó de la competencia 

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Cochabamba 

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AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

de la Administración recurrida, para practicar los cruces de información, sino que los mismos debieron ser notificados a la empresa recurrente, para poder realizar actos de defensa, máxime si éstos sustentan discrecionales criterios. 

Señaló que, adjuntó como descargo documentación suficiente que evidencia la efectiva realización de la transacción, consistentes en declaraciones juradas, Libros IVA que acreditan el cabal cumplimiento de la obligación de contar con los registros contables exigidos por el artículo 37 del Código de Comercio, sosteniendo sus afirmaciones en la interpretación de los artículos 4 y 8 de la Ley N° 843 y el artículo 8 del Decreto Supremo 21530 que la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0156/2007 realiza. Aludió también que, las transacciones las realizó con un contribuyente legalmente constituido y registrado ante el SIN y en el supuesto de que el contribuyente no hubiese cancelado sus impuestos o declare erróneamente sus ventas mensuales es plena responsabilidad del mismo y no de la empresa a la que representa; resaltó que, las adquisiciones fueron realizadas de buena fe, al tratarse de una empresa de seguridad privada que adquiere uniformes y utensilios, con relación al punto citó el Auto Supremo N° 248/2012. 

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Afirmó que, cumplió a cabalidad los requisitos para beneficiarse del crédito fiscal, demostrando con descargos la realización de las transacciones; sin embargo, el acto impugnado al tipificar la conducta como omisión de pago, no realizó una descripción de los justificativos fácticos y legales para llegar a tal inferencia, alegando que su empresa dio cabal cumplimiento a la normativa vigente, utilizando crédito fiscal legítimo y notas fiscales habilitadas para justificar sus gastos, por lo que, no incumplió ninguna obligación tributaria para poder señalar que se configuró dicha figura punible. 

Exforda Estrada 

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En virtud a los argumentos descritos, solicitó declarar nula o disponer la revocatoria de la Resolución impugnada, declarando la validez del crédito fiscal depurado y dejar sin efecto las indebidas multas impuestas. 

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II.2. Auto de Admisión El 20 de diciembre de 2016, ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Admisión EXPEDIENTE: ARIT-CBA-0604/2016, admitiendo el Recurso de Alzada interpuesto por Edgar Saúl López Soliz, contra la Resolución Determinativa N° 1701877-16 de 10 de noviembre de 2016, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (fojas 27 del expediente administrativo). 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani.(Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Kechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guaran!) 

11.3 Respuesta de la Administración Tributaria 

La Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, 

legalmente representada por Rosmery Villacorta Guzmán, quien acredita personeria conforme Resolución Administrativa de Presidencia No 03-0391-16 de 1 de agosto de 2016 (fojas 31-32 del expediente administrativo), por memorial presentado el 6 de diciembre de 2016 (fojas 33-37 del expediente administrativo), respondió negativamente el Recurso de Alzada con los siguientes fundamentos: 

Que, el recurrente en forma ligera reclamo sobre la valoración de los argumentos de descargo presentados a la vista de Cargo, la falta de fundamentación de la Resolución Determinativa y la producción unilateral de pruebas, sin que se encuentre fundamentación real de lo manifestado, refirió que, la valoración de descargos se encuentra incluida en la página 6 del acto impugnado y la valoración de la prueba en las páginas 11 y 12 del referido documento, observó que, no se pude confundir la falta de valoración de descargos, con la conclusión de los descargos presentados no desvirtúan las observaciones realizadas por la Administración Tributaria, resaltó que expuso una a una la documentación presentada y dicha documentación no rebaten las observaciones realizadas y si dicha valoración no fue correcta debió rebatir los mismos dentro del presente Recurso de Alzada y no limitarse a mencionar que no existe valoración, sin que exista la causalidad entre el trabajo realizado por el sujeto activo y la vulneración al derecho reclamado. 

Refirió que, notificó al contribuyente con la orden de verificación, iniciando la revisión del IVA, del periodo junio de 2012 y por la cual solicitó documentación pertinente y específica; observó que, el sujeto pasivo pudo acompañar la documentación que creyese conveniente para respaldar las facturas descritas listadas en el detalle de diferencias, por lo que, afirmó que, la Administración Tributaria en ejercicio de sus atribuciones conferidas por Ley, obtuvo información relacionada con dicha verificación y que los elementos valorados por el SIN, fueron puestos en conocimiento del contribuyente al notificar la vista de Cargo cumpliendo lo establecido en el artículo 96 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que puso en conocimiento al contribuyente la información y elementos tomados por la mencionada autoridad tributaria; aseveró que los descargos presentados, fueron valorados y analizados dentro la Resolución Determinativa objeto de impugnación y descartó vulneración alguna de derecho al debido proceso, pretendiendo que se realicen actuaciones no establecidas dentro la normativa que regula los procesos de verificación, citándole para tal fin los derechos que le resguardan y resaltando que no existió observación respecto al objeto de verificación del contribuyente, respetando todas las actuaciones y etapas procesales del procedimiento de verificación. 

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Cochabamba 

AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Alegó que, el fundamento legal de la depuración de facturas, se sustenta en los numerales 4 y 5 del artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), así como en el artículo 8 de la Ley N° 843, artículo 8 del Decreto Supremo N° 21530 y artículo 36, 37 y 44 del Código de Comercio y el recurrente debe demostrar el cumplimiento de los requisitos contenidos en la referida norma de manera conjunta, toda vez que, no demostró la efectiva realización de la transacción ni la vinculación con la actividad gravada, invocando el artículo 2 de la Ley N° 843 y el numeral 4) del artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), aludiendo que las facturas Nos 525 y 549 emitidas por Ana Katerine Tordoya Gallinate, no cuenta con respaldo que acredite la efectiva materialización de la transacción, al no existir medios, fehacientes de pago por la compra realizada 

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Expuso que, la documentación presentada por el sujeto pasivo no acredita el destino o uso de los uniformes supuestamente adquiridos, debido a que el libro kardex físico, no cuenta con identificación de la personas responsable del manejo de estos, ni de la persona a cargo de su revisión y autorización de ingresos y salidas de uniformes; además que, el libro de dotación presentado, no cuenta con elementos que permitan apreciar la conformidad de los supuestos receptores de la dotación; por lo que, la documentación presentada, no puede ser considerada como fiel, fidedigna y confiable para rebatir la observación de la Administración Tributaria. Aclaró que, el cuadro de liquidación expuesto en el acto 

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impugnado, consigna correctamente el periodo verificado en junio de 2012, demostrando que el sujeto pasivo pretende caprichosamente la nulidad. 

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Finalmente adujo que, el SIN demostró que el contribuyente, no cumplió con sus obligaciones tributarias, evidenciando la existencia del ilícito tributario previsto y sancionado como omisión de pago, establecido en el artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB). 

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Por los fundamentos expuestos, solicitó confirmar la Resolución Determinativa N° 17 

01877-16 de 10 de noviembre de 2016. 

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11.4. Apertura de término probatorio El 12 de enero de 2017, ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Apertura Término de Prueba EXPEDIENTE ARIT-CBA-0604/2016, disponiendo la apertura del término de prueba de 20 días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del inciso d) del artículo 218 de la Ley N° 2492 (CTB) (fojas 38 del expediente administrativo). 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Kechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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11.4.1. Prueba Administración Tributaria El 25 de enero de 2017, la Administración Tributaria ratificó la prueba presentada con el memorial de respuesta al Recurso de Alzada consistente en los antecedentes administrativos (fojas 40 del expediente administrativo). 

  1. 4.2 Prueba Sujeto Pasivo El 6 de febrero de 2017, Edgar Saúl López Soliz, ratificó la prueba adjunta al Recurso de Alzada, asimismo la documentación consistente en el legajo administrativo (fojas 43 del expediente administrativo). 

11.5. Alegatos 11.5.1. Administración Tributaria 

El 1 de marzo de 2017, Rosmery Villacorta Guzmán en su calidad de Gerente de Grandes 

Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, presentó ante ésta instancia alegatos, refutando los argumentos del recurrente, reiterando lo expuesto en su memorial de respuesta al Recurso de Alzada (fojas 46-47 vta. del expediente administrativo). 

III. Antecedentes en Instancia Administrativa El 1 de septiembre de 2015, la Administración Tributaria emitió la Orden de Verificación N° 39150V100335, a efecto de verificar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del periodo junio de la gestión 2012, del contribuyente López Soliz Edgar Saúl. Acto notificado mediante cédula a López Soliz Edgar Saúl, el 8 de septiembre de 2015 (fojas 2 y 7-10 C1 de antecedentes administrativos). 

El 1 septiembre de 2015, la Administración Tributaria emitió el Detalle de Diferencias No 39150V100335, Form. 7531, solicitando al sujeto pasivo documentación consistente en Declaraciones Juradas Form. 200 0 210 de los periodos observados, Libro de compras IVA de los periodos observados, Facturas de Compras Originales detalladas en el anexo, medios fehacientes de pago (recibos de caja, fotocopias de cheques, notas de transferencia, depósitos bancarios, papeleta de giros y/o transferencia, entre otros) que respalden o acrediten el pago a sus proveedores, de las facturas sujetas a revisión, registros contables con las debidas formalidades establecidas por la normativa legal (Comprobantes de Egreso, Comprobantes Diario y/o traspaso, entre otros), debidamente respaldados (Órdenes de Compra, Ordenes de Servicio, notas de remisión, actas de recepción, inventarios, Kardex, ordenes de entrega, partes de recepción, contratos, planillas de avance de obras, entre otros), a efectos de demostrar la realización de la transacción de 

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NB-ISO 

9001 IBNORCA Sisteo de Gention 

de la calidad Certificado N’EC-27454 

Cochabamba 

AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

las facturas sujetas a revisión, cualquier otra documentación que considere necesaria para respaldar la realización de las transacciones registradas productos de las facturas sujetas a revisión y otra documentación que el Fiscalizador asignado considere necesario durante el proceso de verificación (fojas 3 C1 de antecedentes administrativos). 

El 16 de septiembre de 2015, Edgar Saúl López Soliz presentó a la Administración Tributaria, solicitud de ampliación de plazo para la presentación de la documentación requerida hasta el 30 de septiembre de 2015 (fojas 16 de antecedentes administrativos); oficio que fue atendido por Proveido No 24-00718-15 de 22 de septiembre de 2015, otorgándole tres (3) días hábiles posteriores a su legal notificación, mismo que fue notificado mediante cédula el 29 de septiembre de 2015 (fojas 17-21 C1 de antecedentes administrativos). 

El 2 de octubre de 2015, Edgar Saúl López Soliz presentó a la Administración Tributaria, la documentación requerida conforme el Acta de Recepción de Documentos No 3915OVI00335 (fojas 22 C1 de antecedentes administrativos). 

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TRIBUTA

El 18 de agosto de 2016, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: SIN/GGCBBA/DFNI/INF/01650/2016, en el cual expuso los antecedentes, el objetivo y alcance de la revisión, el trabajo realizado, el resultado de la verificación, la tipificación inicial de la conducta del contribuyente, concluyó y recomendó emitir la Vista de Cargo (fojas 60 

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65 C1 de antecedentes administrativos). 

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El 18 de agosto de 2016, la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Vista de Cargo N° 29-00141-16, determinando las obligaciones tributarias sobre Base Cierta por un importe de UFV56.327.-, equivalente a B$13.570.- que incluyó el impuesto omitido (IVA) actualizado, intereses y sanción por la calificación preliminar de la conducta, tipificando la conducta como omisión de pago. Acto notificado por cédula a López Soliz Edgar Saúl el 31 de agosto de 2016 (fojas 66-74 C1 de antecedentes administrativos). 

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El 29 de septiembre de 2016, Edgar Saúl López Soliz presentó memorial de descargo a la Administración Tributaria, denunciando vicios durante el procedimiento de fiscalizacióri que le ocasiono indefensión, al realizar el ente fiscal actos que implicaron producción unilateral de prueba acusatoria, además señaló que no comunicó los resultados de la fiscalización antes de la emisión de la Vista de Cargo, asimismo indicó que los reparos se hallan fundados en criterios discrecionales, resultando evidente la inexistencia de omisión de 

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  1. 2001. IBNORCA Sistema de Gestión 

de la Calidad Certbicado NEC-77014 

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pago, alegando que dio cumplimiento a la normativa legal vigente y no incumplió ninguna obligación tributaria (fojas 107-110 C1 de antecedentes administrativos). 

El 10 de noviembre de 2016, la Administración Tributaria emitió el Informe de Conclusiones CITE: SIN/GGCBBA/DFNV/INF/02955/2016, ratificando los conceptos e importes inicialmente establecidos, reportados y comunicados mediante Vista de Cargo N° 29 00141-16, consecuentemente liquidó la Deuda Tributaria en UFVs6.368.- equivalente a Bs 13.766.-, cifra que incluye tributo omitido actualizado, intereses y sanción por Omisión de Pago; asimismo recomendó la emisión y notificación de la Resolución Determinativa (fojas 220-236 C2 de antecedentes administrativos). 

El 10 de noviembre de 2016, la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa — N° 17-01877-16 que determinó de oficio, por conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones impositivas del contribuyente López Soliz Edgar Saúi, con NIT 3601138013, correspondiente al Tributo Omitido actualizado e intereses del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del periodo junio de la gestión 2012; además señaló que incluida la Sanción por Omisión de Pago, su obligación impositiva alcanza a UFV’s6.368, equivalente a la fecha de emisión del citado documento a Bs 13.766.-; asimismo calificó la conducta del contribuyente como Omisión de Pago, sancionándole con una multa igual al 100% sobre el Tributo Omitido expresado en Unidades de Fomento de la Vivienda a la fecha d

vencimiento e intimó al contribuyente para que dentro de los veinte días calendario, computables a partir de su legal notificación deposite el importe adeudado. Acto notificado por cédula a López Soliz Edgar Saúl el 25 de noviembre de 2016 (fojas 239-261 C2 de antecedentes administrativos). 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA 

IV.1. Cuestión Previa Inicialmente, corresponde manifestar que en estricta aplicación del artículo 211.de la Ley N° 2492 (CTB), ésta instancia recursiva pronunciará una decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas tanto por la parte recurrente así como por la Administración recurrida, de acuerdo a los principios procesales precautelando el debido proceso y el derecho a la defensa de ambas partes. 

NB ISO 

IV.2. Sobre la falta de valoración de los descargos El sujeto pasivo argumento que, la Resolución Determinativa, no realizó una valoración para señalar por qué la prueba de descargo a las notas observadas, no resultaría pertinente y menos para desestimar la validez probatoria del Libro de Comprobantes de Egreso, Libro 

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9001 

IBNORCA Sistema de Gestion 

de la Calidad Certifierdo KEC 27014 

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Cochabamba 

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AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

Estado Plurinacional de Bolivia 

Kardex Físico y el Libro de Dotación de Uniformes, acusando que la decisión fue tomada de forma arbitraria sin realizar una correcta valoración de la prueba y criterios legales, de esta manera al vulnerar la garantía constitucional y carecer de fundamentación que valore adecuadamente los descargos presentados como defensa ante la Vista de Cargo, debe declararse nula. 

Por su parte, la Administración Tributaria manifestó que, el análisis del acto impugnado se basó en la documentación presentada por el contribuyente y los descargos no solo fueron analizados y evaluados, ya que dicha documentación, – no rebaten las observaciones realizadas y si dicha valoración no fue correcta debió rebatir los mismos dentro del presente Recurso de Alzada y no limitarse a mencionar que no existe valoración, sin que exista la causalidad entre el trabajo realizado por el sujeto activo y la vulneración al derecho reclamado, aclarando que la valoración reclamada esta detallada en la Resolución Determinativa. 

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Al respecto, la jurisprudencia constitucional en la Sentencia Constitucional 2023/2010-R de 9 de noviembre – entre otras- estableció que: “La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que se ha arribado, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia (…)”. 

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De igual forma, la Sentencia Constitucional SC 0752/2002-R de 25 de junio, dispone que: BMW 

NB-ISO “(…) la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, 9001 

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Certificado EC 774114 

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satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas, al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas“. 

Asimismo, la Sentencia Constitucional N° 0871/2010, de 10 de agosto de 2010, dispuso: “Es imperante además precisar que toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso debe contener los siguientes aspectos a saber: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las 

partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno 

de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a 

cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las 

denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia juridica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.” 

Por su parte, los numerales 6, 7 y 10 del artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB), establecen como derechos del sujeto pasivo al debido proceso, el formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución, a ser oído y juzgado de conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Política del Estado. 

De la misma forma el parágrafo II del artículo 99 de la Ley N° 2492(CTB) dispone que: “II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido seexpresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa.” 

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AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Remitiéndonos a los antecedentes administrativos, se tiene que a fojas 80-83 vta., cursa el memorial de 29 de septiembre de 2016, a través del cual Edgar Saúl López Soliz presentó descargos a la vista de Cargo N° 29-00141-16 adjuntando prueba documental consistente en: Libro de Comprobantes de Egreso, Libro de Kardex Físico y el Libro de Dotación de Uniformes, manifestando que dicha documentación acreditaría la legitimidad de las transacciones. 

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Asimismo, se advierte que la Resolución Determinativa impugnada a fojas 243-244 C2 de los antecedentes administrativos señala: “A efecto de realizar un análisis ecuánime a los descargos presentados por el contribuyente consistentes en argumentos técnicos y legales expuestos en su Memorial de fecha 28/09/2016 receptado por la Administración Tributaria mediante NUIT 5265 GGC 2016 de fecha 29/09/2016…”; asimismo, dentro el mismo documento desde fojas 244-255 realiza la valoración tanto de la documentación presentada, así como de los argumentos formulados en su memorial de descargos, para 

cho análisis refiriendo: “de la valoración de toda la documentación presentada por el contribuyente en el transcurso de la verificación, de los argumentos vertidos en su memorial de descargo, mismos que fueron evaluados conforme las regla 

crítica, se ratifica la observación contenida en la vista de Cargo N° 29-00141-16 por concepto de “Facturas No Válidas para el cómputo del crédito fiscal, por no contar con documentación de respaldo suficiente que demuestre la efectiva realización de la transacción, el pago al proveedor y/o su vinculación con la actividad por la que el sujeto pasivo resulta responsable del gravamen”; toda vez que, la documentación presentada por el contribuyente en la etapa de fiscalización, y los argumentos vertidos en su memorial de descargos, no son suficientes para demostrar la efectiva realización y/o materialización de la transacción (que la transacción se haya realizado efectivamente – onerosidad transferencia de dominio); por tanto, no son válidas para el computo de crédito fiscal de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2° y 8° de la Ley N° 843, Artículo 8o del D.S. 21530, Art. 7° del D.S. 27310, considerando adicionalmente que no ha cumplido con lo previsto en los Artículos 17°, Numérales 4 y 5 del Artículo 70°, y Artículo 76° de la Ley N° 2492 CTB y Artículos 36°, 37°, 40o y 44o del Decreto Ley N° 14379 Código de Comercio.” 

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De esta forma, se evidencia que la Administración Tributaria, valoró de forma individual los 

Teresa del Rosario 

argumentos expuestos como prueba de descargo, contraponiendo a cada poştulado u observación, la normativa aplicables y el criterio aplicado para la depuración del crédito fiscal, concluyendo que dichos argumentos no son suficientes para demostrar la efectiva realización de la transacción; sin embargo, no obstante a lo referido anteriormente, s

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) . Mana tasaq kuraq kamachiq (kechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

puede advertir que, el SIN consideró el hecho de que las transacciones fueron efectuadas en efectivo, razón por la que el ente recaudador depuró las facturas al no haber presentado mayor documentación que respalde los pagos efectuados. 

Consecuentemente, no corresponde lo manifestado por el recurrente al respecto, toda vez que el ente fiscal efectuó la valoración de los argumentos, fundamentos expuestos y la documentación presentada como descargo, señalando de forma precisa las razones por las cuales las considera insuficientes para demostrar la materialización de la transacción; cumpliendo de ese manera con el parágrafo || del artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB); corresponde enfatizar que la parte recurrente no presentó ninguna documentación adicional de descargos en sede administrativa ni arite ésta instancia recursiva. 

IV.3. De la vulneración al derecho a la defensa y el debido proceso El sujeto pasivo señaló que le ocasionaron indefensión, toda vez que, no tuvo conocimiento de los actos con los que se realizaron los cruces de información, siendo que la misma Administración Tributaria, reclamando que no participó ni tuvo conocimiento de los actuados del proceso hasta la notificación de la Vista de Cargo, por cuanto debió ponerse en conocimiento la producción de prueba en su contra, para poder realizar actos de defensa, máxime si éstos sustentan discrecionales criterios. Asimismo manifestó que no se realizó la comunicación de resultados de fiscalización antes de la emisión de la Vista de Cargo, actos que incluyeron la supresión de fases procesales, de esta forma no se otorgó ninguna posibilidad de brindar descargos o conformar los reparos detectados en la auditoría, aspecto contrario a los resuelto en la Resolución de Recurso Jerárquico No STG RJ/178/2005, que derivó en la nulidad de obrados hasta la comunicación oportuna de todos 

los cargos. 

Al respecto, debemos indicar que las Sentencias Constitucionales 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de agosto y 12 de noviembre de 2004 respectivamente, disponen que: “…) el error o defecto de procedimiento será calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los defectos procedimentales provoquen indefensión material a la parte procesal que los denuncia y sea determinante para la decisión (…)”. En este sentido, el fundamento de toda nulidad de procedimiento, recae en la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la defensa y al debido proceso, imputable a la autoridad administrativa. 

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Bajo ese lineamiento, se debe dejar en claro que, no se produce indefensión cuando una persona conoce el procedimiento que se sigue en su contra y actúa en el mismo en 

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Cochabamba 

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igualdad de condiciones, tal como lo señala la SC 0287/2003-R, de 11 de marzo de 2003, que establece la siguiente doctrina y precedente constitucional: “(…) la indefensión no se produce si la situación en la que el ciudadano se ha visto colocado se debió a una actitud voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable por falta de la necesaria diligencia (…) no se encuentra en una situación de indefensión la persona a quien se ha dado a conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir en él, ni aquella otra que conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por un acto de su voluntad”. 

En la normativa tributaria, se tiene que el parágrafo I y IV del artículo 104 de la Ley N° 2492 (CTB) dispone: “ Sólo en casos en los que la Administración, además de ejercer su facultad de control, verificación, e investigación efectúe un proceso de fiscalización, el procedimiento se iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autoridad competente de la Administración Tributaria, estableciendose su alcance, tributos y períodos a ser fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, así como la identificación del o los funcionarios actuantes, conforme a lo dispuesto en normas reglamentarias que a este efecto se emitan. /V. A la conclusión de la fiscalización, se emitirá la Vista de Cargo correspondiente.” 

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Asimismo, conforme a la facultad normativa de la Administración Tributaria establecida en el artículo 64 de la Ley N° 2494 (CTB), el Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Resolución Normativa de Directorio N° 10-005-13, la cual señala en su artículo 9: “Toda modalidad de fiscalización se iniciará con la notificación de la orden de Fiscalización o Verificación. En todos los casos el Departamento de Fiscalización procederá a la emisión del Informe de actuación, emitiéndose dentro de los diez (10) dias calendario siguientes la Vista de Cargo.” 

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Por su parte, el parágrafo I del artículo 96 de la Ley N° 2492 (CTB) establece: “. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado.” 

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El artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB) refiere de forma clara que: “Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero responsable tiene un plazo perentorio e 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasag kuraq kamachiq (Kechua) 

Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita “mbaerepi Vạe (Guarani

improrrogable de treinta (30) días para formular y presentar los descargos que estime convenientes.” 

De la norma citada precedentemente, se establece con claridad que los procedimientos de determinación efectuados por la Administración Tributaria en uso de su facultad de control, verificación, fiscalización e investigación establecidas en el numeral 1 del artículo 66 de la Ley N° 2492 (CTB), inician con la notificación de la Orden de fiscalización o verificación y culminan con la emisión y notificación de la Vista de Cargo, acto que debe contener los hechos, actos, datos y elementos verificados durante la sustanciación del procedimiento y que respaldan los cargos imputados al sujeto pasivo, con la finalidad de que este último, presente los argumentos y documentos de descargo que creyera convenientes en el plazo establecido de 30 días. 

Consecuentemente, la Ley N° 2492 (CTB) establece a la Vista de Cargo, como el acto por el cual la Administración Tributaria comunica los resultados arribados en la fiscalización o 

verificación efectuada, constituyéndose en una imputación preliminar que puede ser desvirtuada con la presentación de descargos; de esta forma, al ser la vista de Cargo una actuación que establece de forma preliminar los cargos, a fin de que el sujeto pasivo asuma defensa, de conformidad a lo establecido en el artículo 96 de la Ley N° 2492 (CTB) debe contener los elementos de prueba que fueron recabados por el ente administrativo en uso de sus facultades de control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación. 

Ahora bien, conforme el propio sujeto pasivo reconoció en su Recurso de Alzada, que llegó a tener conocimiento de los elementos de prueba de la Administración Tributaria con la notificación de la Vista de Cargo, consecuentemente contaba con el plazo de 30 días establecido en el artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB) para objetar y refutar dicha prueba, por lo que no existiría supresión de fases probatorias como erróneamente indica el sujeto pasivo, por cuanto la Administración Tributaria cumplió con el procedimiento legalmente establecido en el artículo 104 de la citada ley, preservando el derecho a la defensa; asimismo, la normativa legal no establece que debe existir una comunicación de resultados previa a la emisión de la Vista de Cargo, ya que la misma es la que contiene los resultados preliminares arribados por la Administración Tributaria durante la fase de fiscalización, no correspondiendo lo manifestado por el recurrente al respecto. 

IV.4. Respecto a la producción unilateral de prueba. 

El sujeto pasivo, acusó que la Administración Tributaria le ocasionó indefensión al realizarse 

acto que implicaron producción unilateral de prueba acusatoria sin realizar la comunicación de resultados antes de la emisión de la Fiscalización. 

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Cochabamba 

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Toda vez que, este agravio resulta ser incongruente, por cuanto de la misma lectura del Recurso de Alzada, es el propio recurrente que afirma que esta información -usada para establecer los reparos- fue presentada por la empresa, y que también no duda de la competencia de la Administración Tributaria para practicar los cruces de información; consecuentemente, no se logra establecer y tampoco menciona cual es la prueba unilateral la cual.considera vulneradora a sus garantías y derechos, desconociendo que precisamente la carga de la prueba corresponde a quien pretenda hacer valer sus derechos conforme lo establece el artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB); debiendo resaltar que en todo caso – redundando en lo expuesto en el acápite anterior- el SIN mediante la Vista de Cargo comunicó al sujeto pasivo, de todos los elementos de prueba utilizados y obtenidos durante el trabajo de campo, permitiendo que durante treinta (30) días, la empresa recurrente pueda ofrecer todo sustento (argumentativo y documental) para desestimar los reparos establecidos por el SIN; por consiguiente, el reclamo sobre este punto, resulta dilatorio y superfluo, debiendo desestimarse. 

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IV.5. Sobre la validez del crédito fiscal inicialmente debemos indicar que, el sujeto pasivo, sostuvo que, debe considerarse que las transacciones fueron realizadas con un contribuyente legalmente constituido y registrado ante el SIN, lo que significa que cualquier error tributario en el que incurra es plena responsabilidad de éste y en ningún caso de la empresa que representa, toda vez que las adquisiciones se realizaron de buena fe, al tratarse de una empresa de seguridad privada que adquiere uniformes y utensilios. 

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Juan José 

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Al respecto, es menester indicar que si bien, la Resolución Determinativa impugnada hace mención a que los proveedores presentarían comportamiento tributario irregular, empero este aspecto se constituye como un elemento más a considerar en la depuración del crédito fiscal, toda vez que la Administración Tributaria estableció que las facturas verificadas no son válidas para el crédito fiscal, en razón a que el sujeto pasivo no presentó documentación que demuestre la efectiva realización de la transacción, siendo este el fundamento y la razón por la cual determinó la invalidez de las facturas observada 

5 Teresadelosari

Por otra parte, la línea doctrinal establecida en las Resoluciones de Recurso Jerárquico PANELER 

AGIT-RJ 0198/2013, AGITRJ 0709/2014 y AGIT-RJ 0459/2014 señalan que: “a KEPPUGNACIO experiencia reveló la existencia de situaciones en las cuales se producen operacione

“simuladas” del acto jurídico, es decir, actos dirigidos únicamente al fin de reducir la carga 

fiscal del contribuyente; siendo que las partes intervinientes actúan como si se hubiera SETY DER 

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celebrado el acto jurídico, cuando en realidad la operación resulta inexistente. Ante tal situación, el artículo 8 de la Ley 2492 (CTB), ha previsto el método interpretativo de la realidad Económicaque permite a la Administración Tributaria apartarse de las formas adoptadas por el sujeto pasivo y establecer la verdad de los hechos, observando si se cumplieron los presupuestos económicos de la operación. Por otro lado, existen situaciones en las cuales los “compradores de buena fe pagan el gravamen a proveedores que se consideraban legitimos, los que sin embargo emiten una factura de una empresa inexistente o existente, pero que no cumplia con las obligaciones fiscales” (FENOCHIETTO, Ricardo. El Impuesto al Valor Agregado. Edición. Buenos Aires: Ed. La Ley, 2007. Pág. 612), situación por la cual, ante la existencia de un documento inválido, se precautela el derecho del contribuyente al crédito fiscal siempre y cuando demuestre que la operación que dio origen al mismo tuvo lugar en los hechos.” 

De esta forma, en consideración a lo expuesto y siendo que la relación tributaria de los proveedores con la Administración Tributaria, para el presente caso, se constituye en un elemento complementario a la depuración del crédito fiscal de las facturas observadas, que depende de la demostración de la efectiva realización de la transacción, se puede colegir que el cumplimiento de las obligaciones tributarias del proveedor no implica que las facturas emitidas sean válidas para el crédito fiscal, toda vez que la apropiación del crédito fiscal exige el cumplimiento de requisitos sustanciales y formales, que permitan establecer la existencia del hecho imponible y que la Administración Tributaria pueda considerarlos como válidos para fines fiscales, consecuentemente esta instancia recursiva verificará si la documentación presentada por el recurrente cumple con los requisitos necesarios para la validez del crédito fiscal

Ahora bien, el recurrente señaló que la prueba presentada como descargo al proceso de fiscalización se demuestra la realización de las transacciones, además que, se cumplieron a cabalidad los requisitos para beneficiarse del crédito fiscal, demostrándose con descargos la realización de las transacciones; sin embargo, el acto impugnado al tipificar la conducta como omisión de pago no realiza una descripción de los justificativos fácticos y legales para llegar a tal inferencia. 

Sobre el punto en cuestión, Ricardo Fenochietto señala: “Las disposiciones vigentes y los principios generales del derecho tributario nos permiten concluir que la deducción de un gasto en el Impuesto a las Ganancias y/o el cómputo de un crédito fiscal en el IVA está condicionado a la existencia real de una operación que en principio se encuentre respaldada por un documento debidamente emitido, correspondiendo al responsable que 

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de L Cidad Certificado “EC27414 

TONYAVIV YU

Cochabamba 

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pretende hacer valer los mismos, la prueba de dicha existencia cuando ello esté en duda y 

sea requerido de manera fundada por el Fisco. Para ello no alcanza con cumplir con las 

formalidades que requieren las normas, requisito necesario pero no suficiente, sino que cuando ello sea necesario deberá probarse que la operación existió, pudiendo recurrirse a cualquier medio de prueba procesal (libros contables, inventario de la firma, testigos, pericias, que la operación se ha pagado y a quién, particularmente si se utilizan medios de pago requeridos, como cheque propio o transferencia bancaria de los que queda constancia en registros de terceros”. El Impuesto al Valor Agregado, 2da. Edición, 2007, pág. 630-631. 

En la normativa tributaria, se tiene que el numeral 5) del artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB) dispone la obligación que tiene el sujeto pasivo de demostrar la procedencia y cuantía de sus créditos impositivos. Siendo que para tal cometido, los artículos 36, 37 y 40 del Decreto Ley N° 14379 (C.Com) establecen la obligatoriedad de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia y organización de la empresa, sobre una base uniforme que permita demostrar la situación de sus negocios y una justificación de sus actos sujetos a contabilización; siendo obligatorio que lleven Libro Diario, Mayor, Inventarios y Balances, encuadernados y notariados, debiendo además llevar registros auxiliares que estime convenientes para lograr mayor orden y claridad, para así obtener información y ejercer control; toda vez, que dicha documentación permite demostrar la situación de sus negocios y una justificación clara de todos y cada uno de los actos y operaciones sujetos a contabilización, dando certeza irrefutable de las transacciones registradas, cumpliendo así 

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con los principios de exposición, uniformidad, materialidad y realidad económica, 

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Consecuentemente, se puede advertir que la factura por sí misma no otorga elementos probatorios acerca de la efectiva realización de la transacción; toda vez que, ella no hace prueba del pago y destino de los productos facturados o el servicio prestado, siendo un documento que necesita ser respaldado con mayor documentación financiera y contable a fin de poder establecer el efectivo uso y destino de los bienes y/o servicios adquiridos en la actividad por la que el sujeto pasivo es responsable del gravamen, de esta forma, la factura constituye un documento que prueba el hecho generador relacionado con un débito o crédito fiscal que, para su validez, tiene que ser corroborado con otras pruebas o documentos que demuestren que se efectuó la transacción. 

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Es así que, desde la perspectiva integral que comprende la verdad material de una TPUGNAC 

operación, es necesario la comprobación de todos los elementos del ciclo de la transacción, las pocation 

siendo uno de estos el registro contable de la operación, resultando menester mencionar que el ciclo contable es todo un proceso de registro de información que culmina y se refleja 

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en los Estados Financieros, mismos que proporciona información general y clasificada que debe guardar correspondencia entre sí, además de poder ser comprobada a partir del desglose que exponen los Libros Diarios y Mayores, que a su vez fueron elaborados en base de los comprobantes Diarios, de Egresos e Ingresos; cabe también aclarar, que los comprobantes de egreso son registros de primera entrada que incluyen y exponen información referente a la contabilización solo y únicamente de transacciones u operaciones que generan salida real de fondos de la empresa; asimismo, los citados comprobantes de egreso deben ser mayorizados o clasificados en Libros Mayores con la finalidad de totalizar sumatorias en débitos o créditos, de manera que se pueden determinar sus saldos y proporcionar información clasificada, base para la preparación de los Estados Financieros. (TERÁN GANDARRILLAS Gonzalo J., Temas de Contabilidad Básica e intermedia, 1998, Págs. 50.y77). 

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Ahora bien, en el presente caso, en cuanto a la validez del crédito fiscal de las facturas de la – proveedora Ana Katerine Tordoya Gallinate, con NIT 9318899018, podemos advertir de la 

revisión de los antecedentes-administrativos que, el recurrente cuenta con las facturas originales, cumpliendo con el primer requisito; el concepto facturado refiere la compra de chamarras-y pantalones, constituyéndose en productos utilizados en servicios de seguridad; asimismo de la revisión del padrón de contribuyentes cursante a fojas: 14 de antecedentes administrativos, se advierte que el recurrente tiene inscrita la actividad de actividades de Seguridad Privada; por lo que cumplió con el segundo requisito 

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Por otra parte, en lo que respecta a la materialización de la transacción, debemos indicar :: que de la revisión de los antecedentes administrativos, se advierte que el sujeto pasivo presentó como documentación requerida los Comprobantes de Egreso; en ese entendido, corresporide indicar inicialmente que si bien los comprobantes de egreso presentados, consignan las facturas sujetas a revisióri, evidenciando que fueron imputadas a la cuenta “Almacén Uniformes y Accesorios de Seguridad” y canceladas a través de la cuenta “Caja – . Moneda Nacional”, sin embargo, dichos comprobantes, no poseen la identificación de las personas intervinientes, de la misma manera, el sujeto pasivo no presentó libros diarios y mayores para poder contrastar lo plasmado en los comprobantes de egreso, siendo que al ser transacciones efectuadas en efectivo a través de la cuenta caja, es necesario contar con mayor documentación que hagan al ciclo contable y financiero que registre y respalde el pago, es así que, los comprobantes de .egreso no pueden considerarse como un medio fehaciente de pago, siendo que de conformidad al artículo 2 de la Ley N° 843, a fin de NX corroborar la transacción efectuada, el sujeto pasivo debió probar la onerosidad y la conso incorporación del servicio prestado en la actividad gravada activando el ciclo contable

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Cochabamba 

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AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

financiero precedentemente citado, mismo que debería permitir dar seguimiento e identificar 

con precisión las transacciones por las facturas observadas, por lo que, al no poder verificar la disponibilidad de fondos de la empresa ni la recepción efectiva del pago por parte de proveedor, se puede colegir que el sujeto pasivo no demostró el pago de las facturas observadas. 

Adicionalmente y como se mencionó en párrafos precedentes, Edgar Saúl López Soliz, no presentó en sede administrativa ni ante esta instancia, mayor documentación o prueba que permita verificar lo que asevera en su recurso de alzada; por lo que, no corresponde mayor pronunciamiento al respecto. 

De lo señalado hasta este punto, se colige que, la documentación presentada por el sujeto pasivo no es suficiente para demostrar la efectiva realización de las transacciones observadas, al constituirse en registros aislados que necesitan ser corroborados y complementados con más documentación contable y financiera que pueda demostrar la efectiva erogación de fondos para cubrir el pago de las transacciones, la recepción del pago por parte del proveedor y la transferencia de dominio de los productos adquiridos con su inclusión en el desarrollo de la actividad gravada, correspondiendo en consecuencia la depuración del crédito fiscal de las facturas observadas. 

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IV.6. Sobre la Omişión de Pago, Por otra parte, el recurrente refiere que, el acto impugnado al tipificar la conducta como: omisión de pago, no realizó una descripción de los justificativos fácticos y legales para llegar a tal inferencia y no ha incumplido ninguna obligación tributaria para poder señalar que se configuró dicha figura punible. 

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Al respecto, se debe explicar que la sanción analizada se establece en virtud del artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB), concordante con el artículo 42 del Decreto Supremo No 27310 (RCTB), sobre el 100% del tributo omitido determinado a la fecha de vencimiento, expresado en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFVS); lo que implica que al identificarse un Crédito Fiscal IVA, utilizado en la determinación de obligaciones impositivas (Débito Fiscal IVA), que incumplan las condiciones definidas en el artículo 8 de la Ley N° 843 y Decreto Supremo N° 21530, así como lo previsto en los numerales 4 y 5 artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), deriva en una determinación por defecto del tributo determinado por concepto de IVA y consecuentemente un tributo omitido, que en le presten caso que fue 

identificado por la Administración Tributaria, en virtud a sus facultades de control, terech kocha 

comprobación, verificación, fiscalización e investigación, establecidas en el numeral 1 

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artículo 66 de la reiterada Ley N° 2492 (CTB); por tanto, para el presente caso, la sanción 

por omisión de pago se enmarcó a lo previsto en la normativa tributaria vigente y en la 

declaración de un Crédito Fiscal IVA carente de respaldo documental, que no logró ser 

desestimado por el contribuyente. 

En suma, conforme se tiene del análisis realizado, la revisión y verificación de los antecedentes administrativos, la Resolución Determinativa contiene los fundamentos que justifican la depuración del crédito fiscal, haciendo una valoración a la documentación y argumentos de descargo presentados; asimismo, el recurrente no demostró la efectiva realización de las transacciones observadas, por lo que procede la depuración del crédito fiscal; en consecuencia, corresponde a ésta instancia recursiva confirmar la Resolución Determinativa N° 17-01877-16 de 10 de noviembre de 2016, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales. 

POR TANTO: La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Cochabamba, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 17-01877-16 de 10 de noviembre de 2016, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales; sea de conformidad con el inciso b) parágrafo I del artículo 212 de la Ley N° 2492 (Título V CTB). 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 de la Ley No 3092 (Título V del CTB), será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley N° 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

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AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 de la Ley N° 2492 (CTB), el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente Resolución de Recurso de Alzada es de 20 días computables a partir de su notificación. 

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Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

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