ARIT-CBA-RA-0093-2020 Revocatoria Parcial al realizar el análisis del computo de prescripción de las Resoluciones Determinativas.

ARIT-CBA-RA-0093-2020

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AUTORIDAD DE JMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0093/2020 

Recurrente 

Guzmán Vargas & Hermanos S.R.L., representada por Wilfredo Guzmán Vargas: 

Administración recurrida 

“Gerencia Distrital Yacuiba del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por Miguel Ángel León Paco. 

Acto impugnado 

Administrativa 

No 

Resolución 2319610003722 

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Expediente No 

ARIT-TJA-0081/2019 

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Lugar y fecha 

Cochabamba, 12 de junio de 2020. 

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VISTOS 

Ei Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y*** producidas por las partes cursantės en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-CBA/ITJ No 0093/2020 de 10 de junio de 2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

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AFNOR CERTIFICANON 

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ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. La Resolución Administrativa N° 231961000372 de 11 de diciembre de 2019, que rechazo la solicitud de prescripción de Guzmán Vargas & Hermanos S.R.L., respecto a los Proveidos de inicio de Ejecución Tributaria N° 24-0402-09, 24-0403-09 de 12 de febrero de 2009; 24-0411-13, 24-0412-13 de 7 de marzo de 2013; y 24-0086-13, 24-0085-13 de 6 de febrero de 2013, manteniéndolos firmes y subsistentes. Acto notificado personalmente al sujeto pasivo el 12 de diciembre de 2019 (fojas 218-221 de antecedentes administrativos). 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Avenida Oquendo N° 381, entre Venezuela y Ecuador Zona Central Norte Telfs.: (591-4) 4140011 4140012.www.ait.gob.bo. Cochabamba, Bolivia 

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TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA. 11.1. Argumentos del Recurrente. Guzmán Vargas & Hermanos S.R.L. representada por Wilfredo Guzmán Vargas conforme acreditó el Segundo Testimonio de Poder N° 652/2005 de 14 de julio de 2005 (fojas 14-17 del expediente administrativo), mediante notas presentadas el 27 de diciembre de 2019 y 10 de enero de 2020 (fojas 8-11 y 23 de expediente administrativos), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa N° 231961000372 de 11 de diciembre de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Yacuiba del Servicio de Impuestos Nacionales, manifestando lo siguiente

Que, la Resolución Administrativa N° 231961000372 de 11 de diciembre de 2019, dispuso rechazar su solicitud de extinción de la obligación tributaria por prescripción liberatoria de la facultad de ejecución tributaria respecto a los Títulos de Ejecución Tributaria correspondientes a la Resolución Determinativa N° 30436631 (IVA)Resolución Determinativa N° 30436632 (IT), Resolución Determinativa N° 6110000047 (UE), Resolución Determinativa N° 6110000048 (IUE), Auto de Multa No 6134567551 (IUE) y Auto de Multa N°6134567549 (IUE); actos que corresponden a los impuestos IVA e IT del periodo mayo de 2004, así como el IUE de la gestión con cierre a diciembre de 2008 y diciembre de 2009. 

Arguyó que la Ley que debió aplicarse a su caso en particular, es el texto original de la Ley N° 2492 (CTB) que se encontraba vigente hasta el 22 de septiembre de 2012 (fecha en la que fue modificada mediante la Ley N° 291), considerando que los periodos fiscales que originaron los Títulos de Ejecución corresponden a la gestiones 2004, 2008 y 2009 respectivamente; para el efecto, citó el artículos 6 numeral 1, así como los artículos 17,59 (texto original) párrafos I y Ill y 60 parágrafos II y III de la Ley N° 2492 (CTB). 

Manifestó que el acto impugnado señaló, que el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) sufrió modificaciones por la Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012 y la Ley N° 317 de 11 de noviembre de 2012, estableciendo que la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible; por otra parte, reconoció lo dispuesto en el artículo 60 parágrafo II del texto original de la Ley N° 2492 (CTB); mismo que refiere, que el plazo de la Administración Tributaria para ejercer su facultad de ejecución se computará desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Refirió que la Administración Tributaria en el acto impugnado vulneró los principios de Tempus Comissi Delicti, Seguridad Jurídica e Irretroactividad; por ello citó la Sentencia Constitucional N° 26/2018 de 31 de enero; la Sentencia Constitucional Plurinacional No 1169/2016-S3 de 26 de octubre, artículos 123 de la Constitución Política del Estado (CPE), los artículos 150 de la Ley N° 2492 (CTB), 3 de la Ley No 3092 de 7 de julio de 2005 y Disposiciones Transitorias del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), para enfatizar que fue vulnerado su derecho al debido proceso. 

En petitorio, solicitó la revocatoria de la Resolución. Administrativa N 231961000372 de 11 de diciembre de 2019, disponiendo la extinción de la obligación tributaria por prescripción de la facultad de la Administración Tributaria referida a los Títulos de Ejecución Tributaria correspondientes a la Resolución Determinativa N° 30436631 (IVA), Resolución Determinativa N° 30436632 (IT), Resolución Determinativa N° 6110000047 (IUE), Resolución Determinativa N° 61,10000048_(IUE), Auto de. Multa No 6134567551 (IUE) y Auto de Multa No 6134567549 (IUE). 

II.2. Auto de Admisión. El 13 de enero de 2020, el Responsable Departamental de Recursos de Alzada de Tarija dependiente de esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Admisión EXPEDIENTE ARIT-TJA-0081/2019, correspondiente al Recurso de Alzada interpuesto por Guzmán Vargas & Hermanos S.R.L, representado por Wilfredo Guzmán Vargas, contra la Resolución Administrativa No’ 231961000372 de 11 de diciembre de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Yacuiba del Servicio de Impuestos Nacionales (fojas 23 del expediente administrativo). 

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[1.3. Respuesta de la Administración Tributaria. · 

  • La Gerencia Distrital Yacuiba del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por Marcia Milenka Rueda Soliz, conforme acreditó Resolución Administrativa de Presidencia N° 031900000114 de 5 de febrero de 2019 (fojas 26-27 del expediente administrativo), por memorial presentado el 27 de enero de 2020 (fojas 29-31 del expediente administrativo), 

respondió al Recurso de Alzada con los siguientes fundamentos: 

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Que respecto a la prescripción de los Títulos de Ejecución Tributaria sostuvo que dichos aspectos se encuentran establecidos en el artículo 66 de la Ley N° 2492 (CTB) entre los que se distingue la facultad de determinación y la facultad de ejecución como 

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independientes; asimismo, señaló que el artículo 59 del referido cuerpo legal, refiere que las facultades de la Administración Tributaria en el tratamiento de la prescripción es distinto. 

Mencionó que el artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB) establece cuales son los mecanismos que suspenden la prescripción, motivo por el cual se evidencia que el cómputo de la prescripción para el IVA, IT e IVE correspondientes a las gestiones 2004, 2008 y 2009 fue interrumpido por la notificación de las Resoluciones Determinativas correspondientes. De forma seguida, expuso un cuadro en el que detalló cuales fueron los periodos de la suspensión de los plazos, identificando: impuesto, periodo, T.E.T., fecha de notificación, PIET, fecha de emisión y fecha de notificación; además, señaló que los Autos de Multa adquirieron calidad de Títulos de Ejecución Tributaria a partir de su notificación, elaborando también un cuadro descriptivo. 

Indicó que constituyéndose los tributos en exigibles y ejecutables por parte del Servicio de Impuestos Nacionales, comunicó al sujeto pasivo que daría inicio a la ejecución tributaria mediante la notificación de los Proveídos de Ejecución Tributaria; y que a partir del tercer día de su notificación, se adoptarían las medidas coactivas correspondientes conforme el artículo 110 de la Ley 2492 (CTB), hasta conseguir el pago total de la deuda; por otro lado, mencionó que conforme al artículo 59 de la mencionada Ley, la ejecución tributaria es imprescriptible. 

Señaló que la prescripción para la ejecución tributaria establecida en la Ley N° 291 de 22 

  • de septiembre de 2012, no condiciona el momento de su aplicación, siendo que la 

imprescriptibilidad fue introducida en las modificaciones a la Ley N° 2492 (CTB) a través de las Leyes Nos. 291 y 317; además indicó que en el caso presente, la Administración Tributaria desarrolló medidas coactivas de cobro en contra del sujeto pasivo, no existiendo inactividad por su parte como ente recaudador. 

Manifestó que el 22 de septiembre de 2012, fue publicada la Ley N° 291, a través de la cual fue modificado el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), estableciendo nuevos términos de prescripción para las acciones de la Administración Tributaria; tomando en cuenta la gestión en la que se produjo el hecho generador, determinando además, que la facultad para ejecutar la deuda tributaria es imprescriptible. Mencionó también que la Ley N° 317 de 11 de diciembre de 2012, incluye previsiones sobre las reglas de prescripción; por lo 

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que señaló, que no existió violación a la seguridad jurídica ya que actuó en base al ordenamiento jurídico. 

Refirió que sus facultades como Administración Tributaria para ejecutar la deuda tributaria, se encuentran plenamente vigentes; señalado que corresponde declarar firme y subsistente el acto impugnado, considerando la imprescriptibilidad de la facultad de ejecución. 

Por los fundamentos expuestos, solicitó declarar firme y subsistente el Resolución Administrativa N° 231961000372 de 11 de diciembre de 2019. 

II.4. Apertura de término probatorio. El 28 de enero de 2020, el Responsable Departamental de Recursos de Alzada de Tarija dependiente de esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Apertura Término de Prueba EXPEDIENTE ARITTJA-0081/2019, disponiendo la apertura del término probatorio de veinte (20) dias comunes y perentorios para ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 218 del Código Tributario Boliviano (CTB) (fojas32 del expediente administrativo)

Dentro el plazo señalado en el párrafo precedente, la empresa recurrente ratificó la prueba presentada en su memorial de interposición del Recurso de Alzada. 

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11.5. Alegatos. Dentro el plazo establecido en el parágrafo II del artículo 210 del Código Tributario Boliviano (CTB), ninguna de las partes procesales presentó alegatos. 

ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA. El 22 de noviembre de 2019, Guzmán Vargas & Hermanos S.R.L., representada por Wilfredo Guzmán Vargas se apersonó ante el Servicio de Impuestos Nacionales, solicitando la prescripción de las facultades de ejecución tributaria (fojas 215-217 de antecedentes administrativos). 

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El 11 de diciembre de 2019, la Gerencia Distrital Yacuiba del Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Resolución Administrativa N° 231961000372 que resolvió rechazar la solicitud de prescripción, respecto a los Proveidos de inicio de Ejecución Tributaria No 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach‘a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Avenida Oquendo N° 381, entre Venezuela y Ecuador · Zona Central Norte Telfs.: (591-4) 4140011 4140012.www.ait.gob.bo. Cochabamba, Bolivia 

24-0402-09, 24-0403-09 de 12 de febrero de 2009; 24-041113, 24-041213 de 7 de marzo de 2013; y 240086-13 y 240085-13 de 6 de febrero de 2013, manteniéndose firmes y subsistentes. Acto notificado personalmente al sujeto pasivo el 12 de diciembre de 2019 (fojas 218-221 de antecedentes administrativos). 

FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA. Conforme a lo expuesto en el artículo 211 parágrafo I del Código Tributario Boliviano (CTB), ésta instancia recursiva ingresará a resolver los reclamos efectuados por la parte recurrente, aclarando que planteó como único agravio para el análisis técnico jurídico, la configuración de la prescripción de la facultad de ejecución de la Administración Tributaria, concerniente a los Proveídos de inicio de Ejecución Tributaria N° 24-040209, 240403-09 de 12 de febrero de 2009; 24-0411-13, 24-041213 de 7 de marzo de 2013; 240086-13 y 24008513 de 6 de febrero de 2013. 

1.1. Prescripción de la facultad de ejecución de la Administración Tributaria. El sujeto pasivo solicitó la prescripción de la facultad de ejecución de la Administración Tributaria, argumentando que el acto impugnado vulneró los principios de tempus comissi delicti, Seguridad Jurídica e Irretroactividad, toda vez que la Ley que debió aplicarse a su caso en particular es el texto original de la Ley N° 2492 (CTB) la cual se encontraba vigente hasta el 22 de septiembre de 2012, teniendo presente que los Títulos de Ejecución Tributaria (Resolución Determinativa N° 30436631 (IVA), Resolución Determinativa No 30436632 (IT), Resolución Determinativa N° 6110000047 (IUE), Resolución Determinativa No 6110000048 (IUE), Auto de Multa No 6134567551 (IUE) y Auto de Multa No 6134567549 (IUE), corresponden a las gestiones 2004, 2008 y 2009 respectivamente. 

Por su parte, la Administración Tributaria señaló que respecto a la prescripción de los Títulos de Ejecución Tributaria debe tomarse en cuenta lo establecido en el artículo 66 de la Ley N° 2492 (CTB), mismo que distingue la facultad de determinación y la facultad de ejecución como independientes; asimismo, manifestó que el artículo 59 del mismo cuerpo legal refiere que las facultades de la Administración Tributaria en el tratamiento de la prescripción es distinta y que el artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB) establece cuales son 

canismos que suspenden la prescripción; motivo por el cual sostuvo que el cómputo de la prescripción para el IVA, IT e UE de las gestiones 2004, 2008 y 2009 fue interrumpido con la notificación de las Resoluciones Determinativas correspondientes. 

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Al respecto, de forma inicial resulta necesario efectuar algunas consideraciones sobre el análisis de la prescripción en materia tributaria; en ese entendido, cabe señalar que la prescripción resulta: “(…) una categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace” (García Novoa Cesar, Presidente del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario ILAT. Memoria III Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario 2010); y al decir de este autor: “su fundamento radica en la seguridad jurídica, pues las pretensiones deben ejercitarse en un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto de derecho quede indefinidamente a merced de la actuación de otro”. 

En ese sentido, el citado instituto de la prescripción es una categoría jurídica por la que, se le atribuye la función de ser una causa extintiva de la obligación tributaria, que es necesaria para el orden social, que responde a los principios constitucionales de certeza y seguridad jurídica “praescriptio, patrona generis humani” (La prescripción, patrona del género humano); puesto que: “El fundamento del instituto de la prescripción estriba en evitar la inseguridad que trae aparejada el transcurso del tiempo sin el ejercicio de un derecho. En otros términos, su objeto es evitar la falta de certeza en las relaciones jurídicas, prodụcto de la inactividad de un sujeto titular de un derecho” (Buitrago Ignacio Josué, Presidente del Tribunal Fiscal de la Nación Argentina. Memoria IV Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario 2011); por cuanto se debe entender que la “praescriptio introducta est odio negligentiae, non favore praescribentis” (La prescripción se introdujo más bien en contra de la negligencia que en favor de quien prescribe). 

Bajo el escenario descrito y en resguardo del principio de seguridad jurídica consagrada en la Constitución Política del Estado, se concluye que, el instituto jurídico de la prescripción debe entenderse de acuerdo al entendimiento desarrollado por el intérprete de la Constitución Política del Estado; razón por la que, en aras de hacer justicia tributaria, se concibe la prescripción como instituto jurídico de extinción de obligaciones en materia tributaria y se aplica por la negligencia de la Administración Tributaria en ejercer sus facultades dentro el término establecido en la normativa tributaria, no operando de oficio. 

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Al efecto, sobre el instituto jurídico que nos ocupa, la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 1169/2016-S3 de 26 de octubre de 2016, en su punto “III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO” efectuó el siguiente entendimiento en 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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relación al momento que debe .computarse la prescripción: “Concordante con el precedente constitucional esta Sala considera que la irretroactividad de la ley al constituir una garantia a favor del ciudadano y no del Estado, impide también, que una norma reciente pueda afectar a plazos de prescripción que empezaron a computarse en vigencia de una norma anterior, pues ello significaría desconocer el principio de irretroactividad de la ley y consentir una aplicación retroactiva, pues a los actos que se produjeron en un determinado tiempo, corresponde se aplique la normativa legal vigente en ese momento, lo contrario significaria contrariar el mandato constitucional de la irretroactividad como garantia a favor del ciudadano, desconocer el orden público, la seguridad y estabilidad juridica”. 

La merituada Sentencia Constitucional Plurinacional, continuó sosteniendo en el acápite respecto del plazo de prescripción y la forma de aplicación en el tiempo: “Sobre la forma en que debe computarse el plazo de prescripción de acuerdo a la doctrina, por regla generales a partir del momento en que objetivamente la pretensión puede ejercitarse (...)“, y posteriormente concluye: “Es decir, que la norma aplicable al plazo de prescripción debe ser aquella vigente al momento del inicio del cómputo del plazo de prescripción y no la nueva que modificó el plazo, sin que ese criterio ponga en duda la constitucionalidad de las Leyes 291 y 317, criterio que es compartido por esta Sala, pues tratándose de una interpretación de legalidad corresponde que la Autoridad Tributaria, determine que nomma debe aplicarse al caso concreto, tomando en cuenta como escala interpretativa el art. 123 de la CPE, que en definitiva en el Estado Constitucional orienta la actividad de todos los órganos de poder(las negrillas son añadidas)

Bajo el contexto descrito y toda vez que el recurrente refiere la prescripción de la facultad de ejecución, para comprender la naturaleza de la misma y la facultad de la Administración Tributaria de ejecutar sus actos, con carácter previo corresponde tener presente lo señalado por la doctrina, que indica: “(…) la ejecutoriedad y la ejecutividad actúan en dos planos distintos: la primera hace a las facultades que tiene la Administración para el cumplimiento del acto administrativo, sin intervención judicial, utilizando excepcionalmente la coacción; la ejecutividad en cambio se refiere al título del acto en el plano procesal, siendo ejecutivo -conforme a todo nuestro ordenamiento jurídico procésal-aquel acto que, dictado con todos los recaudos que prescriben las normas legalès, desencadena la pretensión procesal de utilizar el proceso de ejecución (...

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(CASSAGNE, Juan Carlos. (2017). Derecho Administrativo. Tomo I. Perú: Palestra Editores. Pág. 786). 

Corresponde citar también la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0249/2012, de 29 de mayo 2012; que dispuso: “La jurisprudencia constitucional por su parte, entre otras, en la SC 0107/2003 de 10 de noviembre, señaló que: “Acto administrativo es la decisión general o especial de una autoridad administrativa, en ejercicio de sus propias funciones, y que se refiere a derechos, deberes e intereses de las entidades administrativas o de los particulares respecto de ellas. El pronunciamiento declarativo de diverso contenido puede ser de decisión, de conocimiento o de opinión. Los caracteres jurídicos esenciales del acto administrativo son: (…) 4) La ejecutividad, constituye una cualidad inseparable de los actos administrativos y consiste en que deben ser ejecutados de inmediato; 5) La ejecutoriedad, es la facultad que tiene la Administración de ejecutar sus propios actos sin intervención del órgano judicial; 6) La ejecución;-que es el acto material por el que la Administración ejecuta sus propias decisiones ...)” (Las negrillas son añadidas). 

Por su parte el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) sin modificaciones refiere:” 1. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 1. Controlar, -investigar, verificar; comprobar y fiscalizar tributos.2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. Il. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligacn de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda. III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos (2) años. 

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A su vez corresponde citar el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) que contiene la modificación prevista en la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 291 de 22/09/2012 y posterior derogación parcial prevista en las Disposiciones Derogatorias y Abrogatorias, Primera de la Ley N° 317 de 11/12/2012, que a la letra dice: I. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en 2015, ocho (8) años en gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017, y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para : 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. II. Los términos de 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Avenida Oquendo No 381, entre Venezuela y Ecuador. Zona Central Norte Telfs.: (5914) 4140011 4140012.www.ait.gob.bo. Cochabamba, Bolivia 

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prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente al que le corresponde. III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los cinco (5) años. IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible

En lo que corresponde a la ejecución de actos administrativos emitidos por la Administración Tributaria, el artículo 108, parágrafo I, numeral 1 de la Ley N° 2492 (CTB) señala: “). La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la notificación de los siguientes títulos: 1 Resolución Determinativa (...)”, y el artículo 4 del Decreto Supremo N° 27874 que dispone: “La ejecutabilidad de los títulos listados en el parágrafo / del Artículo 108 de la Ley N° 2492, procede al tercer día siguiente de la notificación con el proveido que dé inicio a la ejecución tributaria (…)“. 

En observancia de lo dispuesto por la Sentencia Constitucional Plurinacional No 1169/2019-S2 desglosada en párrafos previos, misma que abarca el análisis de la prescripción de la facultad de ejecución de las sanciones administrativas impuestas por la Administración Tributaria, concluye que la norma aplicable para el análisis de la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria en etapa de ejecución, debe ser aquella vigente al momento del inicio del cómputo del plazo de prescripción: :

En ese sentido, el presente caso comprende el análisis del ejercicio de la facultad de ejecución de los Títulos de Ejecución Tributaria correspondientes a la Resolución Determinativa N° 30436631 (IVA), Resolución Determinativa N° 30436632 (IT), Resolución Determinativa N° 6110000047 (UE), Resolución Determinativa No 6110000048 (IUE), Auto de Multa No 6134567551 (IUE) y Auto de Multa No 6134567549 (IUE), los cuales adquirieron firmeza y se constituyeron en Títulos de Ejecución Tributaria y permitió al Servicio de Impuestos Nacionales ejercer su facultad de ejecución. 

Bajo este contexto y de la compulsa de los antecedentes administrativos, se tiene que las Resoluciones Determinativas Nos. 30436631 y 30436632, ambas de 9 de febrero de 2007, fueron notificadas mediante cédula el 26 de abril de 2007 (fojas 79 de antecedentes administrativos), por lo que estas adquirieron firmeza al no existir recurso de impugnación en su contra, dentro del plazo establecido para el efecto; entonces la Administración 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Tributaria emitió los Proveídos de inicio de Ejecución Tributaria Nos. 24-0402-09 y 24 0403-09 de 12 de febrero de 2009; en este entendido, las Resoluciones Determinativas se constituyeron en Títulos de Ejecución Tributaria, posibilitando al Servicio de impuestos Nacionales, la realización de acciones a fin de ejecutar el adeudo tributario. 

En virtud a los hechos expuestos en el párrafo anterior, corresponde la aplicación de la Ley N° 2492 (CTB) sin modificaciones, al momento de analizar la facultad de ejecución tributaria del SIN; debiendo puntualizar que el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), señala que las acciones de la Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Deteiminar la deuda tributaria; 3. Imponer sanciones administrativas; y 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria; por consiguiente, el cómputo de la prescripción para ejecutar la deuda tributaria contenida en las Resoluciones Determinativas Nos. 30436631 y 30436632 de 9 de febrero de 2007, se encuentra configuľado; quedando prescrita la referida-facultàd

Con relación a la facultad de la Administración Tributaria para ejecutar las Resoluciones Determinativas Nos. 6110000047 y 6110000048 ambas de 13 de septiembre de 2012; de cómpulsa de obrados, se advierte que las mismas fueron notificadas mediante Cédula el 22 de octubre de 2012 (fojas 39 y 43 de antecedentes administrativos); en vigencia de las modificaciones establecidas al artículo 59 del Código Tributario Boliviano (CTB) mediante Ley N° 291; por lo que al no existir recurso de impugnación en su contra, los mencionados actos, adquirieron firmeza el 12 de noviembre de 2012 emitiendo la entidad recurrida los Proveidos de inicio de Ejecución Tributaria Nos. 24-0411-13 y 24 04.1213 de 7 de marzo de 2013. 

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En este entendido, para las Resoluciones Determinativas Nos. 6110000047 y 6110000048, en virtud a los antecedentes desglosados en el párrafo anterior, corresponde la aplicación del artículo 59 parágrafo IV de la Ley N° 2492 (CTB), modificada por la Ley N° 291; por lo que la facultad de ejecución de la Administración Tributaria se encuentra 

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Con relación a la facultad de ejecución de Autos de Multa Nos. 6134567551 y 6134567549 de 26 de junio de 2012, los mismos fueron notificados por la entidad recurrida el 17 de julio de 2012 (fojas 31 de antecedentes administrativos) constituyéndose en títulos 

BY B

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Avenida Oquendo No 381, entre Venezuela y Ecuador Zona Central Norte Telfs.: (591-4) 4140011 4140012. www.ait.gob.bo.Cochabamba, Bolivia 

DELICA 

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de ejecución tributaria el 8 de agosto de 2012; y al no existir recurso de impugnación en su contra dentro del plazo previsto para el efecto, dichos actos adquirieron firmeza, derivando en la emisión por parte del Servicio de Impuestos Nacionales, de los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 240085-13 y 24-0086-13 de 6 de febrero de 2013. 

De acuerdo a lo expuesto, en consideración a que los Autos de Multa Nos. 6134567551 y 6134567549 se constituyeron en Títulos de Ejecución Tributaria el 8 de agosto de 2012, antes de la entrada en vigencia de la Ley N° 291, corresponde aplicar el término de dos” (2) años dispuesto en el artículo 59 parágrafo ill de la Ley N° 2492 (CTB) sin modificaciones, referente legal que determina: (...) III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos (2) años“, en consecuencia, la facultad de ejecución de las sanciones del Servicio de Impuestos Nacionales se encuentra prescrita

Conforme al análisis realizado con base en los antecedentes administrativos, corresponde a esta instancia recursiva revocar parcialmente la Resolución Administrativa No 231961000372 de 11 de diciembre de 2019 emitida por la Gerencia Distrital Yacuiba del Servicio de impuestos Nacionales, declarando prescrita la facultad de ejecución tributaria de la deuda tributaria contenida en las Resoluciones Determinativas Nos. 30436631 y 30436632 así como de las sanciones impuestas en los Autos de Multa Nos: 6134567551 y 6134567549; manteniendo vigente la facultad de ejecución tributaria, respecto a las Resoluciones Determinativas Nos. 6110000047 y 6110000048. 

POR TANTO; 

El suscrito Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley 2492 (CTB) y artículo 141 del Decreto Supremo N° 29894 de 7 de febrero de 2009

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Administrativa No 231961000372 de 11 de diciembre de 2019, emitida por la Gerencia Distrital Yacuiba del Servicio de Impuestos Nacionales, declarando prescrita la facultad de ejecución 

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INTUITI 

II 

AUTORIDAD DE SMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

tributaria de la deuda tributaria contenida en las Resoluciones Determinativas Nos. 30436631 y 30436632, así como de las sanciones impuestas en los Autos de Multa Nos. 6134567551 y 6134567549, pero manteniendo vigente la facultad de ejecución tributaria, correspondiente a la deuda tributaria contenida en las Resoluciones Determinativas Nos. 6110000047 .y-6110000048; sea de conformidad con el. inciso a) del parágrafo I y parágrafo II del artículo 212 del Código Tributário Boliviano (CTB). 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario Boliviano (CTB), será de cumplimiento obligatorio para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

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TERCERO: Enviar copia de la presente-Resolución al-Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley N° 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 de la Ley N° 2492 (CTB), el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computables a partir de su notificación. 

Regístrese, notifiquese y cúmplase. 

Luis M Ak2a13 

Eric Adsuerto Rojas. Urquiza 

DIRECTOR EJECUTIVO REGIONAL 

DIRECCIÓN ÉJECUTIVA REGIONAL – Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Coba. 

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