ARIT-CBA-RA-0092-2020 Revocatoria Total de Resolución Determinativa por prescripción de facultades. Al contribuyente se le determinó ingresos en cuentas bancarias personales, que aumentaba el cálculo del IUE.

ARIT-CBA-RA-0092-2020

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

  • Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBARA 0092/2020 

Recurrente 

— –– 

Mario Córdova Pinto, representado por 

Cinthia Torrico Orellana. 

Administración recurrida 

Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por Jaime Alejandro Pozo López. 

Acto impugnado 

No 

Resolución Determinativa 171939000898. —– –– 

Expediente No 

ARIT-CBA-0394/2019

Lugar y fecha 

Cochabamba, 12 de junio de 2020. 

VISTOS

E!’ Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, elAuto de apertura de plazó-probatorio, las pruebas ofrecidas-y.producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Juridico ARIT-CBA/ITJ 0092/2020 de 10 de junio de 2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

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Calidad AFNOR CERTIFICATION 

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ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. La Resolución Determinativa N° 171939000898 de 10 de diciembre de 2019, que resolvió determinar de oficio las obligaciones impositivas de Mario Córdova Pinto en un importe de UFVs 589.743, correspondientes al tributo omitido actualizado e intereses por el Impuesto Sobre las Utilidades de las Empresas (IVE) de la gestión con cierre a diciembre de 2011; asimismo, calificó la conducta del sujeto pasivo como omisión de pago, aplicando una sanción equivalente al 100% del tributo omitido determinado y expresado en Unidades de Fomento de Vivienda de conformidad a lo dispuesto en los artículos 165 de la Ley N° 2492 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach‘a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Avenida Oquendo N° 381, entre Venezuela y Ecuador. Zona Central Norte Telfs.: (5914) 4140011 4140012.www.ait.gob.bo. Cochabamba, Bolivia 

III 

(CTB) y 42 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB). Acto notificado mediante cédula el 19 de diciembre de 2019 (fojas 32883345 y 3348 de antecedentes administrativos)

  1. II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA. 1. Argumentos del Recurrente. Mario Córdova Pinto, representado por Cinthia Torrico Orellana, conforme acreditó el Testimonio N° 1188/2015 de 6 de octubre de 2015 (fojas 61-62 del expediente administrativo), mediante memorial presentado el 30 de diciembre de 2019 (fojas 64-69 del expediente administrativo) interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° 171939000898 de 10 de diciembre de 2019, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, 

manifestando lo siguiente: 

Que para la determinación de ingresos percibidos y omitidos en cuentas bancarias no declaradas ni registradas, la Administración Tributaria señaló considerar los depósitos, 

transferencias de terceros y depósitos de cheques, indicando que corresponde ajustar dichos ingresos en la determinación de la base imponible para el IUE de la gestión 2011; empero las personas naturales pueden mantener cuentas propias, cuyos depósitos no necesariamente implican la existencia de ingresos alcanzados por el IUE; por lo que, los movimientos personales en cuentas particulares no requieren ser registrados, documentados ni justificados contablemente. 

Indicó que, llevar una contabilidad en base a caja o efectivo y no registrar la cuenta Bancos, responde al hecho de que, al ser una persona natural, constituye una empresa unipersonal y puede mantener cuentas propias, siendo que, no podría considerarse un tipo societario, criterio que se encontraría respaldado y analizado en las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0401/2013 y AGITRJ 2115/2013. 

Manifestó que el Servicio de Impuestos Nacionales se limitó a señalar, que realizó la determinación de ingresos percibidos y no declarados en base a depósitos en efectivo, transferencias de terceros y depósitos de cheques; empero, la resolución impugnada no expuso, detalló, ni realizó investigación alguna que permita establecer de forma específica los movimientos en las cuentas no asociadas a la contabilidad, los productos o servicios objeto de venta, su precio, el comprador, cantidad y fecha; aspectos que impiden identificar 

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con precisión y en forma individual las transacciones observadas, imposibilitando de esta manera ejercer el derecho a la defensa. 

Indicó que la determinación de la Administración Tributaria se limitó a establecer una diferencia entre los ingresos percibidos mensualmente en las cuentas bancarias y los ingresos declarados tomando en cuenta el mayor,-resultando una metodología carente de un criterio técnico e insuficiente; de esta manera el ente-recurrido se limitó a exponer importes globales observados por mes, sin establecer de forma individualizada las transacciones, aspecto que impidió asumir defensa; por vulnerar el debido proceso y el derecho a la defensa señalados en los artículos 24 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), así como el numeral 6 del artículo 68 de la Ley No 2492 (CTB) 

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Refirió que el Servicio de Impuestos Nacionales aplicó incorrectamente el criterio y. circunstancia como justificativo legal para aplicar la base presunta, siendo que, una persona natural registrada como empresa unipersonal, no tiene la obligación de registrar ni respáldarmovimientos de sus cuentas personales en sự contabilidad, debido a que distorsionaria el principio de realidad económica y el principio de ente reconocidos por la norma tributaria. 

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Mạnifestó -que-sobre la cuenta compras, el SIN señaló contradictoriamente que fueron presentadas facturas de compra de GLP a la empresa PECA GAS, a su vez dicha empresa presentó facturas de venta y los recibos de caja que confirman el pago emitido; asimismo, indicó que las compras observadas cuentan con la factura original, la copia del emisor, los recibos de pago y cumplen el principio de causalidad, al tener como objeto la generación de rentas gravadas ylo el mantenimiento de la fuente, por lo que de conformidad a lo dispuesto en los artículos 47 de la Ley N° 843 y 7 del Decreto Supremo N° 24051, son deducibles a efectos del cálculo de la base imponible del IUE. 

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Argumentó que el SIN desconoció el principio de realidad económica y el artículo 8 del Decreto Supremo N° 24051, por cuanto cumplió con la exigencia de contar con documentación original de respaldo, y teniendo en cuenta que la demás normativa señalada por el ente recaudador como incumplida, resultaría de forma y no de fondo, no existiendo una exposición de normativa tributaria que justifique que por dichos conceptos se produzca reparos. 

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Afirmó que los artículos 47 de la Ley N° 843, así como 7 y 8 del Decreto Supremo N° 24051 establecen que la base imponible del IUE se determina a partir de la utilidad bruta obtenida de deducir a los ingresos, los costos de bienes vendidos y los gastos necesarios para obtener dicho ingreso; de la misma forma la citada normativa también establece que se consideran necesarios, todos los gastos realizados a condición de que estén vinculados con la actividad gravada y respaldados con documentos originales, empero en ningún momento establece que la falta de presentación de registros contables, invalida la condición de deducible, máxime en consideración a que el principio de realidad económica evidencia que los gastos son indispensables para la actividad. 

Puntualizó que la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 1169/2016-$3 de 26 de octubre de 2016 estableció que, la norma aplicable al plazo de prescripción debe ser aquella vigente al momento del inicio del cómputo de la plazo de prescripción, correspondiendo para el presente caso la Ley N° 2492 sin modificaciones aspecto ratificado en aplicación analógica de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB). 

Manifestó que, la Administración Tributaria, pretende desconocer el efecto de la Resolución emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, que dispuso anular todos los actuados hasta la Vista de Cargo, empero dicha resolución no exceptuó la tramitación de los recursos; por otra parte, acotó que, lo pretendido por el SIN, vulnero el principio de irretroactividad de la Ley regulado por el artículo 123 de la Constitución Política del Estado (CPE), por lo que la interpretación del artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), efectuada por el ente recaudador, resultaría errónea

Refirió que existió vulneración del debido proceso, ya que la Administración Tributaria en la parte resolutiva del acto impugnado, no dictó decisión expresa aceptando o rechazando la prescripción, por lo que, fueron vulnerados los artículos 115 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 68 numeral 6 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que adujo que corresponde el saneamiento del proceso conforme a lo previsto en el artículo 36 parágrafo I y II de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria por mandato del artículo 74 parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB)

Sostuvo que en cada uno de los reparos y en la contestación a la solicitud de prescripción, la Resolución Determinativa impugnada carece de la debida fundamentación, elemento 

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inherente a la garantía jurisdiccional del debido proceso, por lo que el sustento de los reparos resultaría incompleto e inconsistente, al no permitir conocer los hechos puntuales sujetos a observación para poder ser revisados a través de las instancias de impugnación correspondientes; asimismo añadió que la Resolución impugnada contiene imprecisiones y errores en la aplicación de la normativa legal, el cálculo de plazos, los actos y fechas, lesionando los derechos al debido proceso, en su elemento de fundamentación y congruencia, derecho a la defensa, a la petición y el principio de seguridad jurídica. 

.–… 

Por lo expuesto, solicitó la anulación de la Resolución Determinativa N° 171939000898 de 10 de diciembre de 2019

11.2. Auto de Admisión. El 31 de diciembre de 2019, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Admisión EXPEDIENTE ARITCBA-0394/2019 correspondiente al Recurso de Alzada interpuesto por Mario Córdova Pinto, representado por Cinthia Torrico Orellana, contra la Resolución Determinativa N° 171939000898 de 10 de diciembre de 2019, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio, de Impuestos Nacionales (fojas 70 del expediente administrativo). 

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11.3. Respuesta de la Administración Tributaria. Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por Deysi Gómez-Ugarte, conforme acreditó la Resolución Administrativa de Presidencia No 031900001139 de 27 de diciembre de 2019 (fojas 76-77 del expediente administrativo), por memorial presentado el 23 de enero de 2020 (fojas 46-49 del expediente administrativo), respondió el Recurso con los siguientes fundamentos

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Calidad AFNOR CENTJUICANON 

Que del análisis de los Estados Financieros, evidenció que el sujeto pasivo no registró ni declaró contablemente la cuenta de activo “Bancos, registrando sus movimientos de efectivo a través de la cuenta “Caja Moneda Nacional”, por lo que a efectos de determinar el origen y destino de los ingresos, solicitó documentación de respaldo que no fueron presentados por el sujeto pasivo, consecuentemente ante dicho incumplimiento, requirió información documentada a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), respecto a las cuentas de caja de ahorro, cuentas corrientes, boletas de garantía, transferencias entre otros- a nombre del sujeto pasivo; en respuesta el Banco BISA SA., remitió documentación relacionada a los 

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III 

ingresos y egresos registrados en las cuentas bancarias 447722-0024 y 44722-201 9, verificando la existencia de ingresos percibidos por la venta de GLP y retiros por concepto de transferencias a la cuenta 069124-001-1 de propiedad de Peca Gas (único proveedor de GLP del sujeto pasivo)

Manifestó que lo argumentado por el sujeto pasivo, respecto a que al ser una empresa unipersonal no necesita reflejar en su contabilidad la cuenta bancos, carece de veracidad y resultarían contrarios a la normativa tributaria; además que comprobó la existencia de ingresos percibidos que no fueron declarados por el sujeto pasivo y que no fueron considerados en la determinación.de la base imponible del UE. 

Argumento, que efectuó un trabajo pormenorizado.y detallado para la determinación de todos los reparos, haciendo uso de sus facultades de investigación, seguimiento y control, realizando requerimientos al sujeto pasivo para que esclarezca la naturaleza de sus cuentas bancarias y sustente el origen de sus ingresos; empero, señaló que el sujeto pasivo no presentó la documentación requerida, para posteriormente observar que el SIN le imposibilitó ejercer su defensa; por lo que no puede haber indefensión cuando el propio sujeto pasivo no presentó la documentación solicitada

Manifesto, que realizó un análisis de los ingresos del sujeto pasivo, realizando la comparación de los ingresos percibidos en sus cuentas bancarias con los ingresos declarados y expuestos en los Estados Financieros, determinando una diferencia entre ambos como ingresos omitidos de Bs997.156,79, por lo que no fue vulnerado el debido proceso y mucho menos se generó indefensión al contribuyente, por cuanto el mismo estuvo al tanto del proceso todo el tiempo. 

Sostuvo que las cuentas bancarias señaladas por el sujeto pasivo se encuentran relacionadas con la actividad gravada, por lo que debieron ser declaradas y registradas contablemente en los Estados Financieros, por lo que en una correcta aplicación de los artículos 42, 46, 47 de la Ley N° 843, y 4, 6 y 7 del Decreto Supremo N° 24051, correspondió ajustar sus ingresos en la determinación de la base imponible del IUE de la gestión 2011. 

Refirió que la Resolución impugnada fundamentó el método de determinación de la base imponible sobre base presunta, en lo establecido en la Ley N° 2492 (CTB), y la 

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Resolución. Normativa de Directorio N° 10-0017-13, por lo que utilizando la información proporcionada por las entidades financieras y la que se encuentra en poder de la Administración Tributaria, estableció sobre base presunta los ingresos percibidos en las cuentas bancarias 44722-002-4 y 44722-00201-9 que no fueron registrados ni cuentan con documentación de respaldo; consecuentemente señala que el acto impugnado se encuentra completamente fundamentado tanto técnica como legalmente y en ningún momento vulneró el debido proceso ni el derecho a la defensa, 

Manifestó que ante el incumplimiento del sujeto pasivo de presentar la documentación solicitada, clasificó las facturas presentadas, según el concepto detallando en cada una de ellas, para posteriormente comparar los totales clasificados con los saldos expuestos en el Estado de Resultados, obteniendo una diferencia que no se encuentra respaldada por documento alguno;-es decir, factura,-recibo, comprà con retención y otro; por lo que el sujeto pasivo no presentó documentación que permita demostrar que los gastos realizados estén vinculados con la actividad gravada. 

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Puntualizó que el sujeto pasivo incumplió lo dispuesto en los artículos 70 numeral 8 de la Ley N° 2492 (CTB), 36, 37 y 44 del Código de Comercio, además del artículo 35 del Decreto Supremo N° 24051, referido a los registros y operaciones contables, debido a que verificados los gastos declarados y la exposición de los mismos en el Éstado de Resultados. —– 

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Indicó que el sujeto pasivo pretende respaldar los gastos a través del documento “Caja Egresos”; sin embargo, el mismo no identificó el número de factura, la cuenta contable de gasto, ni la identidad de la persona o empresa que recibió el pago, por lo que no constituye de ninguna manera en prueba indubitable de la realización de la transacción; asimismo et sujeto pasivo presentó el “acta de registros contables” pretendiendo reemplazar el Libro Diario, apartándose del Código de Comercio; consecuentemente, refiere que no fueron presentados registros contables, que permitan verificar la apropiación contable a cuentas de gastos de los importes reflejados en las facturas presentadas, por lo que no evidenció la vinculación de los gastos a la actividad gravada, desconociendo el destino y/o aplicación del bien adquirido o servicio percibido, tampoco la presentación de medios probatorios de pago que evidencien de manera contundente el pago efectivo al proveedor. 

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Sostuvo que dio una respuesta fundamentada de la prescripción incoada, en base al análisis de los descargos ofrecidos, aplicando la normativa y rechazando la prescripción mediante los fundamentos expuestos a fojas 50 a 53 de la Resolución Determinativa impugnada; asimismo, refirió que para el cómputo de la prescripción, el término de 4 años fue suspendido por la notificación de la Orden de Fiscalización y al estar vigentes las Leyes Nos. 291, 317 y 812 su aplicación sobre derechos no perfeccionados resulta imperativa, por lo que la aplicación de dichas leyes resulta correcta y no vulnera o afecta ningún derecho. 

Argumento que para interpretar la prescripción, corresponde aplicar la normativa vigente al momento de la solicitud, que para el presente caso resulta el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) modificado por la Ley N° 812, de cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 164 parágrafo ll de la Constitución Política del Estado (CPE); por tanto, sostuvo que como Administración Tributaria, tiene un plazo para el ejercicio de su facultad de determinación desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2020, sin considerar las causales de suspensión ocurridas como efecto de la notificación de la orden de fiscalización, la Resolución Determinativa y la interposición del Recurso de Alzada, consecuentemente dicha facultad no se encuentra prescrita 

de ningún modo. 

Manifestó que el sujeto pasivo interpuso Recurso de Alzada el 6 de febrero de 2017 y que los antecedentes administrativos fueron devueltos a la Administración Tributaria el 11 de abril de 2018, suspendiendo el término de prescripción por 1 año, 2 meses y 5 días. 

Afirmó que realizó un análisis pormenorizado, tanto de la documentación presentada por el sujeto pasivo como la que se encontró en su poder y la solicitada a terceros, por lo que desarrolló un trabajo minucioso y detallado de toda la información recopilada, determinando los presupuestos tanto para la determinación de la base presunta como de la base cierta; análisis amparado legal, técnica y fácticamente, desarrollando para cada reparo una investigación fundamentada, estableciendo cuadros que detallan el estudio realizado, además de una explicación de toda la normativa aplicada a cada caso concreto; consecuentemente, manifestó que el trabajo desarrollado se encuentra debidamente fundamentado. . 

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Señaló que la Administración Tributaria dio cabal cumplimiento a la Resolución de Recurso Jerárquico AGITRJ 1782/2017; además que fue anulado el procedimiento de determinación, pero no así la tramitación del Recurso de Alzada que concluyó con la emisión de la citada. Resolución de Recurso Jerárquico. 

Por lo expuesto, solicitó confirmar la Resolución-Determinativa N° 171939000898 de 10 de diciembre de 2019 en todas sus partes. 

11.4. Apertura de término probatorio. El 24 de enero de 2020, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Apertura Término de Prueba Expediente ARIT-CBA0394/2019 dando apertura al término probatorio de 20 días comunes y perentorios para ambas partes, en aplicación del artículo 218 inciso d) del Código Tributario Boliviano (CTB) (fojas 87 del expediente administrativo). 

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Dentro, el término probatorio señalado en el párrafo anterior, la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales representada por Jaime Alejandro Pozo López, conforme acreditó la Resolución Administrativa de Presidencia No 032000000079 (fojas 89 del expediente administrativo), mediante memorial, se apersonó y ratificó la respuesta al Recurso de Alzada y la documentación adjunta al mismo en calidad de prueba pre constituida (fojas 90 del expediente administrativo). ——- 

II.5. Alegatos. – El 21 de febrero de 2020 la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de impuestos Nacionales presentó memorial de alegatos reiterando los argumentos vertidos en el memorial de respuesta al Recurso de Alzada, referidos a los reparos establecidos sobre base presunta, la existencia de respaldos para los reparos, la fundamentación legal de la determinación, la existencia de reparos sobre base cierta en compras observadas sin respaldo, la improcedencia de la prescripción solicitada, la fundamentación expuesta en el acto impugnado y el cumplimiento de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1782/2017 (fojas 94-98 del expediente administrativo). 

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Por su parte, el recurrente dentro el plazo establecido en el artículo 210 parágrafo Il del Código Tributario Boliviano (CTB), no presentó alegatos ante esta instancia recursiva

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III. 

ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA. El 4 de septiembre de 2015, la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió la Orden de Fiscalización N° 00150FE00013, que comprendía la verificación de los hechos y/o elementos relacionados con el UE por la gestión concluida al 31 de diciembre de 2011. Acto que fue notificado mediante cédula, a Córdoba Pinto Mario, el 21 de septiembre de 2015 (fojas 3 y 15 de antecedentes administrativos). 

El 5 de abril de 2016, la Administración Tributaria . mediante. CITE: SINĪGGCBBA/DF/NOT/00373/2016 comunicó al contribuyente la realización de una inspección ocular con el propósito de evidenciar físicamente los activos fijos declarados (fojas 38 de antecedentes administrativos). 

El 9 de mayo de 2016, conforme a CITE: SIN/GGCBBA/DFIFE/NOT/00564/2016 el SIN solicitó al contribuyente, información respecto a las cuentas bancarias tanto de los ingresos como de egresos, además requirió la presentación de certificación y/o aclaración sobre la naturaleza de las mismas (origen y destino de los fondos, referente a las cuentas en el Banco BISA Cta. Cte. MIN N° 44722-002-4, Cta. Cte. ME N° 44722-201-9, Cta. Cte. MIN N° 69124-0011, Cta. Cte. MIE N° 69124-201-3, Cta. Cte. MIN N° 44722-002-4, Cta. Cte. M/E 44722-201-9 y Cta. Cte. MIN N° 69124-001-1. Acto que fue notificado mediante cedula 13 de mayo de 2016 (fojas 3950 de antecedentes administrativos). 

El 19 de septiembre de 2016, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo N° 29 0018916, que liquido preliminarmente un reparo por Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de Bs766.699., derivando en una deuda tributaria total de Bs 2.077.936. equivalente a UFV’s965.893, que incluyó tributo omitido, intereses, sanción por la calificación de la conducta del contribuyente y multas por incumplimiento a deberes formales. Acto que fue notificado mediante cédula el 18 de octubre de 2016 (fojas 2717 2766 de antecedentes administrativos)

El 15 de septiembre de 2016, Mario Córdova Pinto mediante oficio solicitó a la Administración Tributaria la devolución de los documentos entregados en las órdenes de Fiscalización Nos. 00150FE00013 y 00150FE00014 de 4 de septiembre de 2015, refirió también respecto a la ausencia de notificación del acto, que establezca la ampliación de la fecha de finalización de la fiscalización, argumentación que fue atendida por la 

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Administración Tributaria mediante Proveido No 24-00880-16 (fojas 2907-2908 de antecedentes administrativos). 

El 7 de noviembre de 2016, el sujeto pasivo, mediante oficio hizo notar al SIN que la documentaciónoriginal recibida como devuelta, se encontraria incompleta; situación que requiere sea considerado como parte del expediente administrativo (fojas 2917-2918 de antecedentes administrativos)

El 7 de noviembre de 2016, Mario Córdova Pinto mediante memorial; solicitó aclaración y complementación del Proveído N° 24-00880-16 de 20 de septiembre de 2016, referido al tiempo suscitado hasta a la notificación de la Vista de Cargo N° 29-00189-16 y del acto administrativo, vinculado con la ampliación para la fiscalización desarrollada (fòjas 2922 2923 de antecedentes administrativos). 

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El 21 de noviembre de 2016, la entidad fiscalizadoľa emitió el Proveido No 24-01033-16 atendió, el memorial de 7 de noviembre, señalando además que fueron notificadas las Vistas de Cargo Nos. 29-0018916 y 29-0018716; asimismo, señaló que se encuentran en la etapa de descargos previstas en el artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB); y que la argymentación expuesta en dicho memorial seria atendida y, valorada en la Resolución Determinativa conforme lo prevé el artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB). Acto que fue notificado por cédula, el 29 de noviembre de 2016 (fojas 2926-2930 de antecedentes administrativos). 

  • El 10 de enero de 2017, la Administración Tributaria emitió la Resolución Determinativa No 171739000010, que determinó las obligaciones impositivas del contribuyente Mario Córdova Pinto, en la suma de UFV8973.914, equivalentes a Bs2.118.058.-, que consolida tributo omitido, intereses, sanción por omisión de pago y multa por incumplimiento a deberes formales, correspondiente al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de la gestión concluida a diciembre de 2011; acto notificado mediante cédula a Córdoba Pinto Mario, el 16 de enero de 2017 (fojas 2982-3039 de antecedentes administrativos). 

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El 2 de mayo de 2017, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARITCBARA 0200/2017, que anuló la Resolución Determinativa N° 171739000010 de 10 de enero de 2017, con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, hasta la Vista de Cargo N° 29-00189-16 de 19 de 

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deblad Cettcado N77104 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Avenida Oquendo N° 381, entre Venezuela y Ecuador. Zona Central Norte Telfs.: (5914) 4140011 4140012. www.ait.gob.bo.Cochabamba, Bolivia 

septiembre de 2016, a efectos de que la Administración Tributaria pueda emitir nuevos actos debidamente fundamentados, conforme al parágrafo I del artículo 96 y parágrafo 11 del artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB) y Resolución Normativa de Directorio N° 10-0017 13. 

El 18 de julio de 2017, la Autoridad General de Impugnación Tributaria, emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0915/2017, que anuló la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0200/2017 de 2 de mayo de 2017, con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la citada Resolución del Recurso de Alzada inclusive, a objeto que se emita una nueva Resolución en la que se pronuncie sobre todos los aspectos impugnados en el Recurso de Alzada. 

El 22 de septiembre de 2017, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBARA 0373/2017, disponiendo confirmar Resolución Determinativa N° 171739000010 de 10 de enero de 2017, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales; no obstante, dicha resolución fue anulada el 19 de diciembre de 2017 por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, mediante la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1782/2017 (fojas 3046-3065 y 3067-3086 de antecedentes administrativo). 

El 19 de agosto de 2019, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo No 291939000189 que liquidó preliminarmente un reparo por el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de UFVS 988.318, que incluyó tributo omitido, intereses, sanción por la calificación de la conducta del contribuyente y multas por incumplimiento a deberes formales. Acto que fue notificado mediante cédula el 16 de octubre de 2019 (fojas 3153 3212 de antecedentes administrativos). 

El 8 de noviembre de 2019, Mario Córdova Pinto presentó nota de descargo a la vista de Cargo, solicitando la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria para determinar adeudos tributarios correspondientes al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de la gestión con cierre a diciembre de 2011, argumentando la aplicación del término de 4 años establecido en el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), asimismo, refirió como causal de suspensión de la prescripción, la notificación de la Orden de Fiscalización (fojas 3228-3230 de antecedentes administrativos)

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

El 10 de diciembre de 2019, la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Resolución Determinativa N° 171939000898, que resolvió determinar de oficio las obligaciones impositivas de Mario Córdova Pinto en un importe de UFVS 589.743, correspondientes al tributo omitido actualizado e intereses por el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) de la gestión con cierre a diciembre de 2011; asimismo calificó la conducta del sujeto pasivo como omisión de pago, aplicando una sanción equivalente al 100% del tributo omitido determinado y expresado en Unidades de Fomento de Vivienda de conformidad a lo dispuesto en los artículos 165 de la Ley N° 2492 (CTB) y 42 del Decreto Supremo N° 27310 (RCĪB). Acto notificado mediante cédula el 19 de diciembre de 2019 (fojas 3288-3345 y 3348 de antecedentes administrativos). 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA.…….. 

Conforme a lo establecido en el artículo 21-1-parágrafo I del Código-Tributario Boliviano (CTB), ésta instancia recursiva ingresará a resolver los reclamos efectuados por la parte recurrente; aclarando que, de la lectura del Recurso de Alzada, se advierte que el sujeto pasivo planteó agravios tanto de forma y fondo para el análisis técnico jurídico. 

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Sin perjuicio a lo señalado precedentemente, con carácter previo y antes de ingresar al análisis técnico-jurídico, corresponde dejar sentado que el sujeto pasivo en el contenido de su Recurso de Alzada, requirió -entre otros aspectos- la prescripción de las facultades de determinación de la Administración Tributaria respecto al IVE de la gestión con cierre a diciembre de 2011; aspecto relevante en el análisis del presente Recurso de Alzada por la consecuencia que generaría su configuración, esto en consideración de que conforme a la “Sección VII: FORMAS DE EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN” del Capítulo Ill del Título I de la Ley N° 2492 (CTB), la prescripción constituye una forma de extinción de la obligación tributaria y su configuración deriva en que el objeto del proceso también quede extinguido; por ello, ésta instancia de Alzada de forma inicial ingresará a resolver el instituto de prescripción invocado por el administrado. 

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IV.1. Prescripción. Mario Córdova Pinto en su Recurso de Alzada agravió la prescripción de la facultad de determinación de la Administración Tributaria relacionada al UE de la gestión con cierre a diciembre de 2011, manifestando que la Sentencia Constitucional Plurinacional No 1169/2016-S3 de 26 de octubre de 2016, estableció que la norma aplicable al plazo de 

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de la Calidad CertificadaN771/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jän mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Avenida Oquendo N° 381, entre Venezuela y Ecuador Zona Central Norte Telfs.: (5914) 4140011 4140012 www.ait.gob.bo. Cochabamba, Bolivia 

prescripción debe ser aquella vigente al momento del inicio del computo del plazo de prescripción, siendo para el presente caso la Ley N° 2492 (CTB) sin modificaciones; aspecto ratificado en aplicación analógica de lo establecido en la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB). 

Asimismo, manifestó que la Administración Tributaria pretendió desconocer el efecto de la Resolución emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria que dispuso anular todos los actuados hasta la Vista de Cargo; empero, no exceptuó la tramitación de los recursos; por otra parte, acotó que lo establecido por el SIN vulneró el principio de irretroactividad de la Ley, regulado por el artículo 123 de la Constitución Política del Estado (CPE), por lo que la interpretación del artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) efectuada por el ente recaudador, resultaría errónea. 

Por su parte, la Administración Tributaria sostuvo que, dio una respuesta fundamentada de la prescripción solicitada, en base al análisis de los descargos ofrecidos, aplicando la normativa y rechazando la prescripción mediante los fundamentos expuestos a fojas 50 a 53 de la Resolución Determinativa impugnada; asimismo, refirió que para el cómputo de la prescripción, el término de 4 años fue suspendido por la notificación de la Orden de Fiscalización y al estar vigentes las Leyes Nos. 291, 317 y 812 su aplicación sobre derechos no perfeccionados resulta imperativa; por lo manifiesta que la aplicación de dichas leyes resulta correcta y no vulnera o afecta algún derecho. 

Adicionalmente, el ente recaudador señaló que, para interpretar la prescripción, corresponde aplicar la normativa vigente al momento de la solicitud, y que para el presente caso resulta el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) modificado por la Ley N° 812, esto en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 164 parágrafo II de la Constitución Política del Estado (CPE), teniendo por ello un plazo para el ejercicio de su facultad de determinación reclamado por el administrado, desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2020, sin considerar las causales de suspensión ocurridas como efecto de la notificación de la Orden de Fiscalización, la Resolución Determinativa y la interposición del Recurso de Alzada; consecuentemente, refiere que dicha facultad no se encuentra prescrita

De esta manera, lo expuesto hasta este punto permite colegir que el objeto de controversia, radica en dilucidar la configuración de la prescripción de la facultad de 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

determinación de la Administración Tributaria en relación al IUE de la gestión con cierre a diciembre de 2011; bajo ese entendido, y considerando que de forma previa 

a establecer el cómputo de prescripción, es necesario identificar la normativa a ser aplicada en el presente análisis, toda vez que la parte recurrente argumentó la aplicación del artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) sin modificaciones; y en contraposición la Administración recurrida refirió la aplicación de las modificaciones realizadas a través de las Leyes Nos. 291, 317 y 812; entonces corresponde efectuar previamente un pronunciamiento respecto a los nuevos entendimientos constitucionales sobre la prescripción 

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IV.1.1. Respecto a la aplicación de los nuevos entendimientos constitucionales sobre el cómputo de la prescripción. Al respecto, de forma inicial resulta necesario efectuar algunas consideraciones respecto a la aplicación de los nuevos entendimientos de la jurisprudencia constitucional sobre el análisis de la prescripción en materia tributaria; en ese entendido, enfatizar que la construcción del nuevo Estado boliviano a partir de la vigencia de la nueva Constitución Política del Estado, requiere de cambios que nos obligan mutar viejos paradigmas, para asumir el verdadero rol de administradores de justicia, por cuanto omnia mutantur, nos et mutamur in illis” (Todas las cosas cambian y nosotros con ellas).

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La nueva teoria general del derecho boliviano, comienza por el reconocimiento de que el novel texto constitucional está impregnado del carácter de “Estado Constitucional de Derecho“, que responde a un modelo de naturaleza eminentemente garantista donde deben regir los valores de justicia e igualdad como eje central del andamiaje del nuevo ordenamiento jurídico, que coadyuvará al Estado en el logro de sus fines, garantizando el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución. 

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Por ello, los administradores de justicia resultan garantes primarios de la estricta aplicación de la norma constitucional, como constante e ineludible en la nueva administración de justicia, para llegar al Estado Constitucional de Derecho (culminación del Estado de Derecho), donde prevalece el principio de constitucionalidad, y por ende el sometimiento de los órganos y el legislador a la Constitución y la vinculación del juzgador a la ponderación de valores, principios y derechos fundamentales en aplicación del artículo 410 parágrafo I de la norma constitucional. 

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de la Caldad CatificadoN771/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq(Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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Entonces, la prescripción resulta: “(…) una categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace” (García Novoa Cesar, Presidente del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario ILAT. Memoria III Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario 2010); y al decir de este autor: “su fundamento radica en la seguridad jurídica, pues las pretensiones a n ejercitarse en un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto de derecho quede indefinidamente a merced de la actuación de otro“. .. 

En ese sentido, el instituto de la prescripción, es una categoría jurídica por la que, se le atribuye la función de ser una causa extintiva de la obligación tributaria, que es necesaria 

social, que responde a los principios constitucionales de certeza y seguridad jurídica praescriptio, patrona generis humani” (La prescripción, patrona del género humano); puesto que: “El fundamento del instituto de la prescripción estriba en evitar la inseguridad que trae aparejada el transcurso del tiempo sin el ejercicio de un derecho. En otros términos, su objeto es evitar la falta de certeza en las relaciones jurídicas, producto de la inactividad de un sujeto titular de un derecho(Buitrago Ignacio Josué, Presidente del Tribunal Fiscal de la Nación Argentina. Memoria IV Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario 2011); por cuanto se debe entender que la praescriptio introducta est odio negligentiae, non favore praescribentis(La prescripción se introdujo más bien en contra de la negligencia que en favor de quien prescribe). 

Bajo el escenario descrito, ésta instancia de Alzada, en resguardo del principio de seguridad jurídica consagrada en la Constitución Política del Estado, concluye que, el instituto jurídico de la prescripción debe entenderse conforme establezcan los nuevos entendimientos desarrollados por el intérprete de la Constitución Política del Estado; razón por la que, en aras de hacer justicia tributaria, debe modularse el criterio asumido anteriormente, reconduciéndolo conforme a los fundamentos ut supra establecidos, concluyendo que la prescripción como instituto jurídico de extinción de obligaciones en materia tributaria, no es de oficio y se aplica por la negligencia de la Administración Tributaria en ejercer sus facultades dentro el término establecido en la normativa tributaria. 

En ese entendido, es menester traer a colación el entendimiento expuesto por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la Sentencia Constitucional Plurinacional 0255/2019-S2 de 21 de mayo, mediante la cual establece el carácter vinculante de las Sentencias Constitucionales ...no deviene de la solicitud o no que haga e

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

administrado de aplicar algún fallo constitucional de manera específica; sino que, como se tiene dicho, deviene de un mandato constitucional, que en virtud del carácter normativo de nuestra Norma Suprema es de aplicación directa y obligatoria”. Y reafirma el carácter de irretroactividad de la ley y la forma de aplicación del plazo de prescripción en el tiempo. Entonces, cabe resaltar que, según el entendimiento del precedentemente citado, no resulta necesario que el sujeto pasivo o recurrente, deba citar algún precedente constitucional para que este sea aplicable al caso en concreto, sino que en la labor de administración de justicia corresponde su aplicación directa y obligatoria, sin necesidad de requerimiento expreso. 

Al efecto, sobre el instituto jurídico que nos ocupa, la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0269/2019-S2 de 24 de mayo de 2019, en su punto “II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO” efectuó el siguiente entendimiento en relación al momento que debe computarse la prescripción: “...) de la compulsa y análisis de los fundamentos de la Resolución impugnàda, se advierte que los mismos se constituyen en arbitrarios; por cuanto, no se consideró que la prescripción no debió ser computada desde el momento en la que fue opuesta o solicitada, ni desde la emisión de la Resolución Determinativa, sino desde el año en que se inició el cómputo del plazo de la prescripción; y que por otra parte, ésta debió ser resuelta conforme y de acuerdo a.la normativa vigente al momento del hecho generador del adeudo tributario; en este entendido, y al no haberse observado estos dos transcendentales aspectos, queda claro que se lesionó la garantía de la irretroactividad de ley. En efecto, si consideramos que (…) se refieren a adeudos tributarios (…) respecto al periodo fiscal diciembre 2009, el cómputo de la prescripción debió realizarse en base y de acuerdo a los arts. 59 y 60 del CTB antes de su reforma por las Leyes 291 y 317 de septiembre y diciembre de 2012, respectivamente, y la Ley 812 de julio de 2016, ya que las mismas fueron promulgadas de manera posterior al hecho generador (…)”. 

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Aranibar Mejias 

La merituada Sentencia Constitucional Plurinacional, continuó sosteniendo lo siguiente: “En este contexto la prescripción sometida a análisis, tuvo necesariamente que considerar la normativa vigente al periodo fiscalizado y en consecuencia, determinar si ésta operó o no, en función a los plazos y mecanismos de cómputo estipulados en dicha normativa; pues, no resulta constitucionalmente aceptable que se pretenda la 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach‘a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua). Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarann 

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aplicación retroactiva de normas tributarias posteriores al hecho generador del adeudo tributario, máxime, si éstas no resultan más favorables (…)

Consecuentemente, la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0269/2019-S2 desglosada en párrafos previos, permite colegir de forma clara que para normativa aplicable en el instituto de la prescripción, es la vigente al momento del hecho generador y no la vigente al momento en que el sujeto pasivo solicita la prescripción; en ese entendido y considerando que las Sentencias Constitucionales, son de aplicación directa, vinculante y obligatoria conforme lo señala el artículo 203 de la Constitución Política del Estado (CPE), articulo 15 parágrafo II del Código. Procesal Constitucional (CPCo) y reiterada en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0255/2019 S2 de 21 de mayo de 2019, corresponde su. inclusión en el presente análisis de prescripción. 

De la misma forma, es preciso manifestar que, respecto a la aplicación de las decisiones asumidas por el Tribunal Supremo, como precedentes judiciales, el Tribunal Constitucional Plurinacional en la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0255/2019-S2 de 21 de mayo de 2019, en su punto III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO” emitió el siguiente entendimiento: (…) cabe resaltar que las decisiones asumidas por el Tribunal Supremo de Justicia (en sus Autos y Sentencias), son precedentes judiciales que a pesar de no constituir fuente directa del derecho tributario; empero, su aplicación no se encuentra restringida ni prohibida para las diferentes instancias respecto a los conflictos suscitados; considerando que dicho Tribunal, tiene por finalidad unificar sus precedentes a nivel nacional con el propósito de corregir la diversidad de interpretaciones del derecho y evitar sus posibles transgresiones. En tal contexto, en el caso de análisis resulta irracional que la Administración Tributaria y la Autoridad de Impugnación Tributaria -AIT- (Regional y General) actúen como si sus decisiones fueran aisladas, desconociendo la posición asumida por la justicia constitucional y el Tribunal Supremo de Justicia en casos donde se constituyeron en parte procesal y se analizó la problemática de la vigencia temporal del art. 59 del CTB respecto al computo de la prescripción y las modificaciones introducidas a dicha norma por las Leyes 291, 317 y 812″. 

Lo expuesto, “resulta concordante con el entendimiento que efectuó el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0566/2018-S1 de 1 de 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

octubre, que señaló lo siguiente: “Por otro lado, cabe igualmente señalar que, si bien las decisiones asumidas (Autos y Sentencias) por el Tribunal Supremo de Justicia, son precedentes judiciales que no se encuentran como fuente del derecho tributario, ese aspecto no limita su-aplicación para las diferentes materias que les toca resolver, toda vez que se debe tomar en cuenta que la finalidad principal, otorgada por la Norma Fundamental a dicho Tribunal, es la unificación de la jurisprudencia nacional con el único propósito de corregir la diversidad de interpretaciones del derecho, así como se operen correctivos a la diversidad de interpretaciones que se pudieran realizar y la transgresión en las que incurran contra la legislación; bajo esa interpretación, en el caso de análisis no se puede soslayar el hecho de que habiéndole otorgado la Norma Fundamental la atribución a esa instancia de armonizar la jurisprudencia, los operadores actúen como si sus decisiones fueran aisladas desconociendo los principios rectores y que informan nuestro ordenamiento-juridico, y el andamiaje procesal 

En virtud al; entendimiento precedentemente expuesto en la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0255/2019-S2 de 21 de mayo de 2019, es preciso resaltar que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia precisamente en el Alto Supremo Nro. 490/2016 de 7 de noviembre de 2016, respecto aplicación normativa, sustentó lo siguiente: “En autos, siendo que el hecho generador nació en los periodos fiscales julio y agosto de 2007, corresponde aplicar las normas de prescripción vigentes en el momento del nacimiento del hecho imponible; es decir, los arts. 59 al 62 del CTB (Ley 2492) sin las modificaciones dispuestas el año 2012, pues se entiende que la normativa actualmente vigente es aplicable a los hechos imponibles que nazcan a partir del año 2012 y no anteriormente“. Posteriormente, el Auto Supremo No 006/2017 de 12 de enero de 2017, respecto a la prescripción y su cómputo expresó: “Establecido lo anterior, y teniendo en cuenta que el hecho generador (…), nació el año 2007, corresponde aplicar las normas de prescripción vigentes en el momento del nacimiento del hecho imponible; es decir, los arts. 59 al 62 del CTB (Ley 2492) sin las modificaciones dispuestas el año 2012 por la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, pues se entiende que la normativa actualmente vigente es aplicable a los hechos imponibles que nazcan a partir del año 2012 y no anteriormente“. 

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Finalmente, también resulta preciso señalar que la Sentencia No 055/2019 de 17 de abril de 2019 emitida por la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y 

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1.A 

Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, emitió su entendimiento de la siguiente manera: “En ese contexto, se tiene que la irretroactividad de las disposiciones legales en general, es parte del principio de legalidad y es que no se puede pedir el cumplimiento de disposición legal alguna en tanto no se encuentre legalmente en vigencia en ese momento, intelecto que va relacionado con la teoría de los hechos cumplidos, que establece que cada norma jurídica debe aplicarse a los hechos que ocurran durante su vigencia, materializando así el principio de seguridad jurídica. (...) Así, de la revisión minuciosa de obrados, se pudo evidenciar que los periodos fiscalizados son de abril a diciembre de 2010 y de enero a marzo de 2011, por lo que corresponde aplicar la norma sustantiva referida a la prescripción vigente en ese momento; es decir, que debe aplicarse el art. 59 de la Ley 2492 (sin las modificaciones de las Leyes No 291 y 317 (...)”. 

De esta manera, para el análisis de la prescripción de las facultades de determinación de la Administración Tributaria en relación al IVE de la gestión con cierre a diciembre de la gestión 2011, corresponde aplicar la norma vigente al momento del nacimiento del hecho generador

1.1.2. Prescripción de la facultad de determinación relacionada al IUE de la gestión con cierre a diciembre de 2011. En cuanto la prescripción de las facultades de determinación de la Administración Tributaria respecto al IVE de la gestión con cierre a diciembre de 2011 y conforme al razonamiento esgrimido en el acápite “IV.2.1. Respecto a la aplicación de los nuevos entendimientos constitucionales sobre el cómputo de la prescripción”, se destaca que, los hechos generadores que se abordaran para la gestión referida previamente, en cuanto a las facultades del Servicio de Impuestos Nacionales para la determinación de la deuda tributaria, fiscalización e imposición de sanciones administrativas en el presente caso, ocurrió en plena vigencia de la Ley N° 2492 (CTB), cuyo artículo 59, establece que las acciones de la Administración Tributaria señaladas previamente, prescribirán a los cuatro (4) años. 

Por su parte, el artículo 60 parágrafo I de la citada norma, disponía que excepto en el numeral 4 del parágrafo I del artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento, del periodo de pago respectivo. 

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LILIT 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

En ese sentido, el cómputo de la prescripción del IVE de la gestión con cierre a diciembre de 2011, de conformidad a los artículos 59 y 60 parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB), comienza a partir del 1 de enero del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago, teniendo en cuenta que la prescripción opera a los cuatro años; por consiguiente, el cómputo de la prescripción queda configurada de la siguiente manera: 

CÓMPUTO DE LA PRESCRIPCIÓN 

471 

  1. 1

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Gestión 

Termino’o 12

1994 

Ley# *” 

aplicable 

de Pago y prescripción 

prescripción | prescripción 

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diciembre de Abril de 2012 

01-01-2013

2492 

4 años 

31-12-2016 

2011 

Del cuadro expuesto precedente, se establece que el cómputo de la prescripción de cuatro años para que la Administración Tributaria ejerza su facultad de determinación relacionada al IUE de la gestión con cierre a diciembre de 2011, inició el 1 de enero de 2013 y concluyó, el 31 de diciembre de 2016. Ahora bien, con relación a las causales de interrupción previstas por el artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB), para la referida gestión es preciso señalar que, de la compulsa de los antecedentes administrativos, no se.advierte, la configuración de causales de interrupción del cómputo de la prescripción. 

– 4-. 

– 

— 

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Respecto a las causales de suspensión del cómputo de la prescripción previstas por el artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB), cabe manifestar que,” verificados los antecedentes administrativos del caso, pudo evidenciarse la existencia de la Orden de Fiscalización No 00150FE00013, que fue notificada al sujeto pasivo mediante cédula el 21 de septiembre de 2015 (fojas 3 de antecedentes administrativos); por consiguiente, dicho acto administrativo suspendió el cómputo de la prescripción por el lapso de seis (6) meses, conforme establece el parágrafo I del artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB). 

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Calidad 

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Adicionalmente, corresponde señalar que, de la compulsa de los antecedentes administrativos y conforme a lo señalado por el sujeto pasivo y la Administración Tributaria, también fue advertido que de forma anterior, Mario Córdova Pinto impugno el presente proceso determinativo, a través de la interposición de un Recurso de 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit‘ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) . Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita 

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Avenida Oquendo N° 381, entre Venezuela y Ecuador. Zona Central Norte Telfs: (5914) 4140011 4140012. www.ait.gob.bo. Cochabamba, Bolivia 

Alzada el 6 de febrero de 2017, fecha que fue reconocida de forma expresa por el ente recurrido y ratificada en el sistema informático de la Autoridad de Impugnación Tributaria; derivando en la emisión de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1782/2017 de 19 de diciembre de 2017. 

De esta manera, corresponde señalar que conforme a lo dispuesto en el parágrafo: 11 del artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB), la impugnación sustanciada de forma anterior en contra del presente proceso determinativo, suspendió el cómputo de la prescripción desde la interposición del Recurso de Alzada el 6 de febrero de 2017, hasta la recepción formal del. expediente administrativo por parte del Servicio de : Impuestos Nacionales, a efecto de dar cumplimiento lo dispuesto en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1782/2017 de 19 de diciembre de 2017; de esta manera tomando en cuenta que conforme al sello de recepción de la nota AGITSC DEV-1681/2018, la devolución de los antecedentes administrativos se produjo el 11 de abril de 2018, en tal sentido se infiere que el cómputo de la prescripción de las facultades del ente recaudador, entre ellas la de determinación, estuvo suspendido por 429 días. 

Consecuentemente el cómputo de la prescripción, considerando las causales de suspensión señaladas precedentemente, quedó configurado de la siguiente manera: 

Impuesto 

) ‘Fin de la prescripción

Gestión 

Inicio de’la prescripción: 

Suspensión de Suspensión de 

la prescripción la prescripción 1 Término de la por la 

por la prescripción, notificación de interposición 

la Orden de de recursos de Fiscalización impugnación 

‘ 

‘ 

IUE 

con cierre a diciembre de 

201

01-012013 

4 años 

6 meses 

429 dias 

02-09-2018 

Del cuadro expuesto, se tiene que, el cómputo de la prescripción de las fac de determinación de la Administración Tributaria respecto al IUE de la gestión con cierre a diciembre de 2011, considerando las causales de suspensión establecidas en el artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB), finalizó el 2 de septiembre de 2018; consecuentemente, se advierte que las facultades del Servicio de Impuestos Nacionales prescribieron antes de la emisión de la Resolución Determinativa No 171939000898, y su consiguiente notificación que data del 19 de diciembre de 2019

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– 

AI

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Bajo el contexto descrito previamente, cabe señalar que al configurarse la prescripción de las facultades de determinación de la Administración Tributaria respecto al UE de la gestión con cierre a diciembre de 2011, la obligación emergente del proceso determinativo sustanciado, por lógica-consecuencia quedó extinguido; motivo por el cual, ya no corresponde a esta instancia recursiva ingresar a revisar y efectuar mayor análisis respecto a los otros agravios señalados en el presente Recurso de Alzada. 

Por lo expuesto y de acuerdo al análisis realizado con base en los antecedentes administrativos, se tiene que la facultad de determinación de la Administración Tributaria, reclamado por el sujeto pasivo, respecto al IVE de la gestión con cierre a diciembre de 2011 prescribió antes de la emisión y notificación del acto impugnado; en tal sentido, corresponde revocar totalmente la Resolución Determinativa N° 171939000898 de 10 de diciembre de 2019, emitida por la Gerencia Grandes-Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales. 

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.- 

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POR TANTO: 

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LUL N ATIZANI 

El suscrito Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos -132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y artículo 141 del Decreto Supremo N° 29894 de 7 de febrero de 2009. 

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bir 

Md 

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ONAL DE I

Brigitte S. 

Huures 

SI

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Determinativa N° 171939000898 de 10 de diciembre de 2019, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, toda vez que, la facultad de determinación de la Administración Tributaria -reclamado por el sujeto pasivo, respecto al IUE de la gestión con cierre a diciembre de 2011- prescribió antes de la emisión y notificación del acto impugnado; sea de conformidad con artículo 212 parágrafo linciso a) del Código Tributario Boliviano (CTB). 

APUGUIN 

atao ISO 900

Calidad 

MACION 

AENOR CURTICATIO

ls Pan lo Aranibar Mella 

VoBo 

AD

2UTA

SI

MENI 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario Boliviano (CTB), será. de 

Serie Ausberto 

Rojas 

outra 

DER 

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NB/ISO 

9001 IBNORCA Setema de Gestión 

dela cartad Certificada No 771/14 

Justicia tributaria para vivir bien : Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Avenida Oquendo N° 381, entre Venezuela y Ecuador. Zona Central Norte Telfs.: (591-4) 4140011 4140012. www.ait.gob.bo. Cochabamba, Bolivia 

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte 

recurrente. 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley N° 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 de la Ley N° 2492 (CTB), el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computables a partir de su notificación

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

Eric Aysberto Rojas Urquiza 

DIRÉCTOR EJECUTIVO REGIONAL 

DIRECCIÓN ESECUTIVA REGIONAL Autoridau Regional de Impugnación tribe:aria Coba. 

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