ARIT-CBA-RA-0084-2017 La resolución administrativa fue revocada parcialmente por la AIT en razón de que el termino de prescripción de los periodos fiscales de la gestión 2001 corrió sin interrupción, sin embargo, para el periodo fiscal de diciembre de 2001 aun continua vigente

ARIT-CBA-RA-0084-2017

(A

Cochabamba 

AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

– 

— 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARITCBAIRA 0084/2017 

Recurrente 

Recurrido 

: Cintia Callau de Antelo

: Gerencia Distrital de Santa Cruz I del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Eduardo Mauricio Garcés Cáceres 

Expediente ARITSCZ0639/2016 : Acto Impugnado : Resolución Administrativa N° 23-000023716 de 17 de agosto de 

. 2016 Fecha 

: Cochabamba, 7 de febrero de 2017 

VISTOS: El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT CBA/ITJ0084/2017 de 7 de febrero de 2017, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente.” 

OLIGION 

MELIONAL DEN 

CION IRI

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CIGMACION 

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  1. 1. ACTO ADMINISTRATIVO. IMPUGNADO Resolución Administrativa N° 23-000023716 de 17 de agosto de 2016, que rechazó la oposición formulada por la sujeto pasivo por prescripción de la facultad de ejecución tributaria, mediante PIET (1) 1225/2006 de 12 de diciembre de 2006 emergente de los títulos : de ejecución tributaria, presentados por el contribuyente mediante Declaraciones Juradas 

presentadas y no pagadas, estableciendo la existencia de deuda tributaria por el Impuesto a las Transacciones (IT), correspondientes a los períodos fiscales enero, febrero, marzo, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de la gestión 2001; asimismo rechazó de la prescripción de la acción de la administración tributaria para la ejecución de la sanción contenida en el PIET (II) No 1411/2007 de 26 de septiembre de 2007, emergente de la Resolución Sancionatoria N° 894/2007 de 2 de febrero de 2007 que estableció la sanción por evasión fiscal emergente de las declaraciones juradas presentadas y no pagadas, de los periodos antes referidos, manteniendo firmes ambos PIET’S. Acto notificado en Secretaría el 25 de agosto de 2016 (fojas 2-12, del expediente administrativo)

Espada Estrada 

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DE IMPUG

BEVINAL 

Henry Villa 

PUGNACIA 

WAL VLAAN 

Teresa del osario 

Borte Rocha š

PEDER MB 

  1. II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 1. Argumentos del Recurrente Cintia Callau de Antelo, mediante memorial presentado el 14 de septiembre de 2016 (fojas 14-16 vta., . del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa N° 23-0000237-16 de 17 de agosto de 2016, emitida por la 

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II 

Gerencia Distrital de Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales manifestando lo 

siguiente

Que, el PIET N° 1225 y la Resolución Sancionatoria 894/2007 no fueron notificados en el domicilio declarado que consta en el Padrón de Contribuyentes, por el contrario en un supuesto desconocimiento lo realizaron mediante edictos, sin estricta sujeción a las exigencias contenidas en el artículo 85 de la Ley N° 2492 (CTB), aspecto que vicia de nulidad dichos actos conforme lo establece la jurisprudencia sentada en la Sentencia Constitucional 1397/2011R y la del Tribunal Supremo N° 279/2012. 

Respecto a la oposición de la ejecución tributaria, señaló que, el instituto de la prescripción evita la inseguridad jurídica, en tal sentido, las autodeterminaciones por los períodos enero a marzo y julio a noviembre de 2001 no fueron objeto de cobro coactivo dentro el plazo establecido por el artículo 52 de la Ley N° 1340 (CTb abrogado), no existiendo interrupción de la misma, operando la misma desde que se demuestra la inactividad, por lo que, habiendo tomado conocimiento la Administración Tributaria desde el día siguiente de la presentación de las Declaraciones Juradas, las mismas prescribieron el 2006

Manifestó que, en cuanto a la sanción, por tratarse de un ilícito tributario, se debe aplicar el beneficio de la retroactividad de la norma establecida en el artículo 123 de la Constitución Política del Estado y la jurisprudencia al caso, y al estar prescritas, ya no se debió emitir los PIETs respectivos por no existir sanción a cobrar se debe declarar la prescripción de 

ambos PIETS. 

Por lo expuesto, solicitó la revocatoria total de la Resolución impugnada o se anulen obrados hasta el vicio más antiguo con todos los efectos legales correspondientes

11.2. Auto de Admisión El 17 de noviembre de 2016, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Admisión EXPEDIENTE ARITSCZ-0639/2016, que dispuso admitir el Recurso de Alzada interpuesto por Cintia Callau de Antelo, contra la Resolución Administrativa N° 23-0000237-16 de 17 de agosto de 2016, emitido por la Gerencia Distrital Santa Cruz | del Servicio de Impuestos Nacionales (fojas 45 del expediente administrativo)

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Cochabamba 

AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

II.3. Respuesta de la Administración Tributaria 

La Gerencia Distrital Santa Cruz | del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente representada por Eduardo Mauricio Garcés Cáceres, acreditó personería conforme la Resolución Administrativa de Presidencia No 03-0328-16 de 8 de julio de 2016 (fojas 58-59 del expediente administrativo), por memorial presentado el 8 de diciembre de 2016 (fojas 6063 vta. del expediente administrativo), respondió negativamente a la demanda expresando lo siguiente: 

Que, respecto a la nulidad de obrados por defecto de notificación, señaló que la Ley N° 2492 (CTB) otorga a la Administración Tributaria facultad de utilizar los medios de notificación más idóneos según correspondan en la medida que cumplan su fin que es el de poner en conocimiento del sujeto pasivo los actos y actuaciones emitidos, debiendo tomar en cuenta que la sujeto pasivo tuvo varias modificaciones de su domicilio, además que tomó conocimiento de los procesos, toda vez que acudió ante la Administración Tributaria para requerir copias y solicitar liquidaciones a través de su apoderada. Al efecto se cumplió con el procedimiento establecido al efecto de la notificación por edictos, no habiéndose ocasionado indefensión

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Señaló que, no existe prescripción, toda vez que, a la oposición invocada, respecto a las deudas auto determinadas de la gestión 2001, se debe aplicar los artículos 41, 52, 53, 54 y 55 de la Ley N° 1340 (CTb abrogado). Respecto a la sanción se debe aplicar el artículo 76 de la citada Ley N° 1340 (CTb abrogado), por cuya consecuencia al aplicar los 5 años, se tiene que la prescripción comenzó el 1 de enero del 2002 y debió concluir el 31 de diciembre de 2006, empero que se tiene, el término fue interrumpido por la notificación con el PIET N° 1225/2006 de 31 de diciembre de 2006, comenzando un nuevo cómputo el 2007, mismo que fue interrumpido por la solicitud de liquidación entregada el 25 de mayo de 2011 a la apoderada, comenzando otro cómputo el 1 de enero de 2012 que concluye el 31 de diciembre de 2016. 

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Juan José : Espelda Estrada 

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Con relación a la prescripción de la sanción por evasión fiscal establecida en la Resolución Sancionatoria N° 894/2007, manifestó que, de acuerdo el artículo 76 de la Ley N° 1340 (CTb abrogado), el cómputo comenzó el 1 de enero de 2002 y concluyó el 31 de diciembre de 2006. Además alego que el 8 de julio de 2007, la Administración Tributaria notificó la Resolución Sancionatoria N° 894/2007, adquiriendo firmeza al no haberse interpuesto recurso alguno; consecuentemente, elaboró el PIET N° 1411/2007 de 26 de septiembre de 2007, mismo que fue notificado el 9 de noviembre de 2007, interrumpiendo el curso de la prescripción e iniciando nuevamente el 1 de enero de 2008 hasta el 31 de diciembre de 

la Moore 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach‘a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiqi(Kechua) 

III 

III 

III 

2012, término interrumpido por la presentación de la solicitud de liquidación, por lo que señalo que al igual que el anterior se vuelve a computar los plazos, concluyendo que no operó la prescripción

Por lo expuesto, solicitó se confirme totalmente al Resolución Administrativa impugnada

11.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba El 9 de diciembre de 2016, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Apertura Término de Prueba EXPEDIENTE ARIT-SCZ-0639/2016, disponiendo la apertura del término de prueba de 20 días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del inciso d) artículo 218 de la Ley N° 2492 (Título V CTB) (fojas 64 del expediente administrativo). 

II.4.1. Prueba Administración Tributaria Por memorial de 3 de enero de 2017, la Administración Tributaria se ratificó en la prueba presentada con el memorial de respuesta, consistente en los antecedentes administrativos (fojas 68 del expediente administrativo) 

11.5 Alegatos 11.5.1. Sujeto Pasivo Mediante memorial presentado el 4 de enero de 2017, Cintia Callau de Antelo, fundamento sus alegatos, exponiendo los mismos argumentos de su Recurso de Alzada, reiterando en petitorio, la revocatoria total de la resolución impugnada y la nulidad del procedimiento de notificaciones de los PIETs (fojas 73-74 del expediente administrativo). 

11.5.2. Administración Tributaria. El 24 de enero de 2017, Eduardo Mauricio Garcés Cáceres en su calidad de Gerente Distrital i Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales, presentó ante ésta instancia alegatos refutando los argumentos del recurrente repitiendo los fundamentos de su respuesta a la demanda (fojas 79-81. del expediente administrativo). 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA El 11 de diciembre de 2006, la Gerencia Distrital i Santa Cruz, del Servicio de Impuestos Nacionales, emitió Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 730/2006, contra la sujeto pasivo Callau Barba de Antelo Cintia por haber incurrido en la contravención tributaria de Evasión Fiscal respecto a los impuestos declarados y no pagados el IT, en los periodos enero, febrero, marzo, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2001. Sistema de com 

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Cochabamba 

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Acto notificado mediante edictos del 27 y 31 de diciembre de 2006 (fojas 13-20 de antecedentes administrativos)

El 12 de diciembre de 2006, el SIN emitió el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria GDSC/DTJC/UCC/PIET N° 1225/2006 declarando la firmeza y ejecutoriadas las declaraciones juradas Formularios 156 con Números de Orden 3493311, 2906928, 3493312, 4438499, 4684750, 5966053, 5966054, 5966055 y 5966056 y comunicando el inicio de la ejecución tributaria al tercer día de su legal notificación. Acto notificado por cédula el 27 y 31 de diciembre de 2006 (fojas 92-97 de antecedentes administrativos) 

El 2 de febrero de 2007 el ente fiscal, emitió la Resolución Sancionatoria N° 894/2007 que calificó la conducta de la ahora recurrente como evasión fiscal en vista que, mediante Declaraciones Juradas Formularios 156-1 con Números de Orden 3493311, 2906928, 3493312, 4438499, 4684750, 5966053, 5966054, 5966055 y 5966056 declaró el IT correspondiente a los periodos enero, febrero, marzo, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2001, con saldo a favor del fisco e importe a pagar 0 (cero). Acto notificado mediante edictos del 4 y 8 de julio de 2007 (fojas 2328 de antecedentes administrativos). 

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S.J.RS 

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El 26 de septiembre de 2007, el fisco emitió el Proveído de inicio de Ejecución Tributaria No DTJCC/1411/2007 declarando la firmeza y ejecutoria de la Resolución Sancionatoria No 894/2007 de 2 de febrero de 2007, por el monto de Bs7.906.– Acto notificado por cédula el 9 de noviembre de 2007 (fojas 29-34 de antecedentes administrativos). 

REIMPUGNACIO 

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Mediante Nota de 11 de noviembre de 2011, la sujeto pasivo, solicitó a la Administración Tributaria fotocopias del expediente, reiterado mediante nota de 18 de mayo de 2015 (fojas 46 y 53 de antecedentes administrativos).. 

HPUGNACIONAL 

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Henry Villala 

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Por nota del 27 de mayo de 2015, la recurrente solicitó la nulidad de obrados y prescripción con el argumento de que, la notificación de todos los actuados se los realizó por edictos, pese a conocerse el domicilio declarado en el padrón de contribuyentes, por lo que no se ajustaron a derecho vulnerando el derecho a la defensa y que la prescripción es una categoría del derecho que hace a la seguridad jurídica (fojas 60-61 de antecedentes administrativos). 

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El 17 de agosto de 2016, la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN emitió la Resolución 

Administrativa N° 23-0000237-16 que rechazó la oposición formulada por la sujeto pasivo 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jacha kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (kechua) 

TIA 

por prescripción de la facultad de ejecución tributaria, mediante PIET (1) 1225/2001 de 12 de diciembre de 2006 emergente de los títulos de ejecución tributaria, presentados por el sujeto pasivo mediante Declaraciones Juradas estableciendo la existencia de deuda tributaria por el Impuesto a las Transacciones (IT), correspondientes a los períodos fiscales enero, febrero, marzo, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de la gestión 2001; el rechazo de la prescripción de la acción de la administración tributaria para la ejecución de la sanción contenida en el PIET (II) N° 1411/2007 de 26 de septiembre de 2007, emergente de la Resolución Sancionatoria N° 894/2007 de 2 de febrero de 2007 que estableció la sanción por evasión fiscal emergente de las declaraciones juradas presentadas y no pagadas, de los periodos antes referidos, manteniendo firmes ambos PIETs. Acto notificado en Secretaría el 25 de agosto de 2016 (fojas 6575 y vtä., del expediente administrativo)

IV.FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA IV.1. Cuestión Previa Inicialmente por los argumentos vertidos por el recurrente y la contestación de la Administración Tributaria respecto a la prescripción de la ejecución tributaria, se tiene que este, es un acto administrativo que emerge de un proceso de auto determinación efectuada por el sujeto pasivo que establece la existencia de una obligación tributaria auto determinada y de la aplicación de la facultad de la Administración Tributaria para ejecutar medidas coactivas para el cobro de la deuda tributaria y la imposición de la sanción 

correspondiente; consecuentemente corresponde aclarar que, ésta instancia recursiva, analizará en primera instancia la prescripción solicitada del PIET N° 1225/2001, de 12 de diciembre de 2006, que involucra los períodos fiscales enero, febrero, marzo, julio, agosto, septiembre, octubre .y noviembre de la gestión 2001 y el PIET N° 1411/2007 de 26 de septiembre de 2007, el cual, además de incluir los periodos antes referidos, adicionó el periodo fiscal diciembre 2001, por cuanto, en el acto impugnado (Resolución Administrativa N° 23000023716), el cuadro N°1 demostrativo y detallado, en el segundo PIET (No 1411/2007 de 26 de septiembre de 2007), no se expone el periodo fiscal diciembre de 2001 tal como se encuentra en la Resolución Sancionatoria N° 894/2007 de 2 de febrero de 2007 objeto de emisión del PIET antes aludido; por lo que, se aclara que para los efectos legales, este período será analizado, por ser parte indisoluble de los actos citados y el acto impugnado. 

Por cuestión pedagógica y con el objeto de lograr que la presente resolución sea más didáctica, nos vemos en la necesidad de ordenar la forma de responder el recurso, toda vez 

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que algunos agravios son complementarios, redundantes y guardan estrecha relación entre

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MIT 

Cochabamba 

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sí, sin que ello signifique la alteración de los fundamentos del recurrente o la vulneración del principio de congruencia se responderá

IV.2. De la nulidad de las notificaciones La recurrente señaló que, el PIET N° 1225 y la Resolución Sancionatoria 894/2007 no fueron notificados en el domicilio declarado que consta en el Padrón de Contribuyentes, y lo realizaron mediante edictos, sin sujeción a lo establecido en el artículo 85 de la Ley N° 2492 (CTB), aspecto que vicia de nulidad. 

Por su parte, la Administración Tributaria señaló que, la Ley N° 2492 (CTB) le faculta utilizar los medios de notificación más idóneos para poner en conocimiento del sujeto pasivo los actos y actuaciones emitidos, además que la sujeto pasivo, tuvo varias modificaciones de su domicilio, habiendo tomado conocimiento de los procesos

Al respecto, debemos referir que para que pueda considerarse la indefensión dentro de un procedimiento administrativo, ésta debía estar en total desconocimiento de las acciones o actuaciones procesales llevadas a cabo en su contra, motivo por el cual, no podría asumir su defensa; por lo que, ésta instancia verificará las notificaciones realizadas por la Administración a fin de comprobar si se colocó en indefensión a la sujeto pasivo de la obligación

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En este sentido, corresponde precisar que las Resoluciones Jerárquicas STG RJ/00111/2009 de 27 de marzo de 2009, AGITRJ/ 0238/2011, de 25 de abril de 2011 –entre otras– establecen que, no se produce la indefensión cuando una persona conoce del procedimiento que se sigue en su contra y actúa en el mismo en igualdad de condiciones, tal como lo señala la SC 0287/2003-R, de 11 de marzo, que ha establecido la siguiente doctrina constitucional y precedente: (...) la indefensión no se produce si la situación en la que el ciudadano se ha visto colocado se debió a una actitud voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable por falta de la necesaria diligencia (…) no se encuentra en una situación de indefensión la persona a quien se ha dado a conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir en él, ni aquella otra que conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por un acto de su voluntad.” 

SUGNACION 

Henry VIVER 

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De acuerdo a la doctrina la notificación es “la acción y efecto de hacer saber, a un litigante o DER 

parte interesada en un juicio, cualquiera que sea su indole, o a sus representantes y defensores, una resolución judicial u otro acto del procedimiento. Couture dice que es también constancia escrita, puesta en los autos, de haberse hecho saber a los litigantes una 

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resolución del juez u otro acto del procedimiento” (OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Pág. 489)

En nuestra legislación, el parágrafo II del artículo 115 de la Constitución Política del Estado garantiza el derecho al debido proceso en concordancia con los numerales 6 y 7 del artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB), que establecen que dentro de los derechos del sujeto pasivo, se encuentra el derecho al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada, a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados; además a aportar, en la forma y plazos previstos, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta al redactar la correspondiente Resolución, el artículo 83 de la Ley N° 2492 (CTB), establece las formas y medios de notificación, entre los que se encuentra la personal, por cédula, por edicto, por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o privado o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares, tácitamente, masiva, en secretaria. De igual forma refiere que es nula toda notificación que se ajuste a las formas anteriormente descritas. 

Por su parte, el artículo 86 de la Ley N° 2492 (CTB), determina que intentada la notificación por cualquiera de las formas previstas en el Código Tributario y no se hubiese podido realizar, se practicara la notificación por edictos publicados en dos oportunidades con un intervalo de por lo menos tres días corridos entre la primera y segunda publicación. 

Al respecto, el Tribunal Constitucional en la SC 1845/2004 de 30 de noviembre, estableció que: los emplazamientos, citaciones y notificaciones (notificaciones en sentido genérico), que son la modalidades más usuales que se utilizan para hacer conocer a las partes o terceros interesados las providencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales o administrativos, para tener validez, deben ser realizados de tal forma que se asegure su recepción por parte del destinatario; pues la notificación, no está dirigida a cumplir una formalidad procesal en sí misma, sino a asegurar que la determinación judicial objeto de la misma sea conocida efectivamente por el destinatario (asi SC 0757/2003-R, de 4 de junio), dado que sólo el conocimiento real y efectivo de la comunicación asegura que no se provoque indefensión en la tramitación y resolución en toda clase de procesos, pues no se llenan las exigencias constitucionales del debido proceso, cuando en la tramitación de la causa se provocó indefensión (art. 16:// y IV de la CPE); sin embargo, en coherencia con este entendimiento, toda notificación por defectuosa que sea en su forma, que cumpla 

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((AI

Cochabamba 

II 

AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

con su finalidad (hacer conocer la comunicación en cuestión ), es válida. (EL resaltado y subrayado ex profeso es de nuestra autoría). 

Lo anotado, así como la jurisprudencia señalada, nos permiten concluir que: la notificación efectuada por edictos, tanto del Auto Inicial de Sumario Contravencional N° 730/2006 de 11 de diciembre de 2016, y del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria GDSC/DTJC/UCC/PIET N° 1225/2006 de 12 de diciembre de 2006, efectuados ambos, el 27 y 31 de diciembre de 2006 en el periódico de circulación nacional “El Mundo”, cumplió la finalidad de hacer conocer la comunicación del inicio del sumario contravencional y el inicio de la ejecución tributaria, no en vano es el hecho de que, la ahora recurrente, ejercito como medio de defensa la impugnación de las mismas, en principio solicitando la nulidad de obrados e impetrando la prescripción y por este medio, el Acto que rechazó la oposición de prescripción planteada, para hacer valer sus pretensiones, dentro el plazo establecido en el artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB) y en consecuencia, no puede alegar que la Administración Tributaria le hubiesen causado indefensión, por cuanto la recurrente, si tuvo conocimiento respecto a la emisión de los actos; por lo que, no corresponde la nulidad solicitada por la recurrente, no existiendo vulneración al debido proceso ni la vulneración del derecho a la defensa, conforme establece el parágrafo II del artículo 115 de la Constitución Política del Estado y numeral 6 del artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB). 

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IV.3. De la oposición de la ejecución tributaria por prescripción 

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Respecto a la oposición de la ejecución tributaria, señaló que, las autodeterminaciones por los períodos enero a marzo y julio a noviembre de 2001, no fueron objeto de cobro coactivo dentro el plazo establecido por el artículo 52 de la Ley N° 2492 (CTB), no existiendo interrupción de la misma, operando la prescripción el 2006. 

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Por su parte, la Administración Tributaria, señaló que, no existe prescripción, toda vez que, se debe aplicar los artículos 41, 52, 53, 54 y 55 de la Ley N° 1340 (CTb abrogado), de donde se tiene que, la prescripción comenzó el 1 de enero del 2002 y debió concluir el 31 de diciembre de 2006, empero el término fue interrumpido por la notificación con el PIET N° 1225/2006 de 31 de diciembre de 2006, comenzando un nuevo cómputo el 2007, mismo que fue interrumpido por actos. 

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En ese entendido, la doctrina entiende a la prescripción como: Ja caducidad de los derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos legales para su posible 

ejercicio“, asimismo, debe tomarse en cuenta que la prescripción responde a los principios ‘ . de certeza y seguridad jurídica, que son pilares básicos del ordenamiento jurídico (Ossorio, 

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Manuel. Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales. Pág. 601) (García Vizcaíno. Catalina. Derecho Tributario. Tomo I)

De igual forma, José María Martín, señala que: La prescripción es generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquélla” (MARTIN José María, Derecho Tributario General, 28 edición, Pág. 189). Asimismo, el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual establece que la prescripción de las obligaciones no reclamadas durante cierto tiempo por el acreedor o incumplidas por el deudor frente a la ignorancia o pasividad prolongadas del titular del crédito, tomándose las obligaciones inexigibles, por la prescripción de acciones que se produce (CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 24a edición, pág. 376).

. En el presente caso, al tratarse de una autodeterminación efectuada por el sujeto pasivo, en relación a las Declaraciones Juradas, podemos indicar que las Declaraciones Juradas se constituyen en el medio por el cual el sujeto pasivo comunica los resultados obtenidos, producto del ejercicio de la actividad gravada, a efecto de proceder a la liquidación del tributo a pagar, consecuentemente dicha declaración se constituye en un medio por el cual se comunica al fisco el ejercicio de la actividad económica. 

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En cuanto a la interrupción de la prescripción, el profesor César García Novoa en las III Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, expuso: Las causas de interrupción son aquellas circunstancias que determinan el efecto de interrupción de la prescripción. Estas causas de interrupción de la prescripción conllevan la ruptura del silencio e impiden que la prescripción se produzca, imponiendo que el tiempo tenga que volver a contarse de nuevo por entero. Por tanto, a efectos de garantizar la consolidación e inamovilidad de las situaciones jurídicas (en este caso, de consolidar la posición del deudor), las causas de interrupción del plazo de prescripción deben regularse escrupulosamente e interpretarse de modo estricto. En la medida en que la interrupción de la prescripción impide la consumación de la misma, se trata de una medida que afecta negativamente a la seguridad jurídica. Y por razones de seguridad, tales causas de interrupción deben estar tasadas(Págs. 246 y 247). 

Asimismo, las Sentencias Constitucionales Nos. 1606/2002-R y 205/2006-R, disponen que “Cuando el contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda tributaria con calidad de 

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cosa juzgada, considere que el adeudo tributario o la acción para su cobro ha prescrito, debe plantear esa cuestión en el procedimiento de ejecución a cargo de las autoridades Tributarias; igualmente, determina que: La petición de prescripción del contribuyente ejecutado no puede ser considerada un nuevo procedimiento administrativo, pues es una cuestión accesoria al procedimiento administrativo principal de ejecución del adeudo tributario ejecutoriado; en consecuencia, la autoridad tiene la obligación de declarar la prescripción o negarla, y señala también que: el acto por medio del cual la autoridad tributaria acepta o rechaza la prescripción, debe ser recurrible…

Bajo este enfoque, se establece que la Administración Tributaria tiene un plazo, según normativa legal, para hacer valer sus derechos y que vencido dicho término, se extingue la facultad de la Administración Tributaria, para ejercer dichas acciones; para ello deben concurrir dos elementos, uno objetivo que es el transcurso del tiempo y otro subjetivo que es la inacción del titular del derecho. En ese sentido, se determinará si la facultad de ejecución tributaria del SIN, se encuentra prescrita a la fecha en la cual fue reclamada esta figura por el sujeto pasivo. Asimismo, es pertinente aclarar que las obligaciones objeto de este análisis, corresponden a hechos suscitados en vigencia plena de la Ley N° 1340 (CTb abrogado). 

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Sobre el tema en cuestión, el artículo 7 de la Ley N° 1340 (CTB), establece que “En los casos que no puedan resolverse por éste Código o de las leyes expresas sobre cada materia, se aplicarán supletoriamente los principios generales del derecho tributario y en su defecto los de otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particulary el artículo 52 de la citada Ley N° 1340 (CTb), determina que “La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos, multas, intereses

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recargos prescribe a los cinco años”. 

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En función a lo manifestado, se advierte que, en la Ley N° 1340 (CTb Abrogada) existe un vacío jurídico respecto a la manera de computar el plazo de prescripción para la etapa de ejecución, cuando la obligación tributaria quedó determinada y firme; por tanto, en virtud de la analogía y subsidiariedad prevista en los artículos 6 y 7 de la Ley N° 1340 (CTb Abrogada), corresponde también aplicar las previsiones del Código Civil sobre prescripción, el cual, en el artículo 1492 (Efecto extintivo de la prescripción), determina que “l. Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece.... Asimismo, el artículo 1493 de la misma Ley (Comienzo de 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Kechua) 

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la prescripción) dispone que La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo”. 

En consecuencia, la prescripción de la ejecución tributaria, opera cuando se demuestra la inactividad del acreedor, durante el término de cinco (5) años previsto en el artículo 52 de la Ley N° 1340 (CTb Abrogada); es decir, que el sujeto activo haya dejado de ejercer su derecho por negligencia, descuido o desinterés, conforme con los citados artículos 1492 y 1493 del Código Civil. 

En el presente caso, corresponde resolver en prima facie, si la acción de la Administración Tributaria para ejecutar la deuda tributaria conforme lo establecido en el artículo 52 de la Ley N° 1340 (CTb abrogado), se encontraría prescrita, toda vez que, al tratarse de una autodeterminación, las Declaraciones Juradas, se constituyen en título de ejecución; en consecuencia el fisco, podía ejercer su facultad de ejecución tributaria, contando con el plazo de 5 años para ejecutar la deuda tributaria auto determinada, conforme lo establece la norma antes referida, a partir de la notificación al-Sujeto Pasivo con el Proveído de inicio de Ejecución Tributaria (PIET), por ser el actuado con el que la Administración Tributaria comunica de manera formal y oficial, el ejercicio de su facultad de ejecución tributaria, mandato delegado por la normativa antes mencionada

Consiguientemente el cómputo de la prescripción de la facultad de ejecución tributaria (cobro coactivo) de la Administración Tributaria, conforme el razonamiento desarrollado en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT- RJ- 1049/2015 de 16 de junio de 2015, opera cuando se demuestra la inactividad del acreedor, durante el término de cinco (5) años previsto en el Artículo 52 de la Ley N° 1340 (CTb abrogado), es decir, que el Sujeto Activo haya dejado de ejercer su derecho por negligencia, descuido o desinterés, conforme con los citados Artículos 1492 y 1493 del Código Civil; por lo que, corresponde a esta instancia de alzada verificar y comprobar si durante el término de prescripción, e produjo la inactividad para cobrar por parte de la Administración Tributaria y si se operó la prescripción solicitada. 

En el presente caso, de la revisión de los antecedentes administrativos, se advierte que la Administración Tributaria durante el término establecido por Ley, inició las acciones de cobro emitiendo el inicio de Ejecución Tributaria (PIET) N° 1225/2006 el 12 de diciembre de 2006 (fojas 92 de antecedentes administrativos), siendo notificado el 27 y 31 de diciembre de 2006, comunicando que se dará inicio a la ejecución del título al tercer día de su notificación (fojas 92-97 de antecedentes administrativos); en ese sentido, al evidenciarse la acciones tendientes al cobro con la emisión del PIET, se demuestra el ejercicio del cobro de 

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la Administración, lo que impidió que la prescripción siga corriendo, de acuerdo con lo previsto en los artículos 1492 y 1493 del Código Civil, interrumpiendo de este modo su curso; por lo que, se inició un nuevo cómputo de cinco (5) años, conforme al numeral 3 del artículo 1340 (CTb abrogado); es decir, que el nuevo cómputo inicio el 1 de enero de 2007 concluyendo el 31 de diciembre de 2011; asimismo se evidenció que en antecedentes, no consta actuado alguno emitido por el ente fiscal tendiente al cobro de la deuda que pueda ser considerado como acto interruptor, sino hasta el 1 de agosto de 2012 que 

: SIN/GDSC/DJCC/UCC/NOTI 3031/2012, el fisco solicitó a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) retención de fondos en los que se incluyó a la sujeto pasivo actual recurrente (fojas 105 de antecedentes administrativos), es decir, luego del 31 de diciembre de 2011 que era el plazo para ejecutar medidas tendientes al cobro e interrumpir la prescripción; por lo que la facultad de ejecución del PIET GDSC/DTJC/UCC/PIET N° 1225/2006, no se encuentra vigente. 

PACION TRIBE 

BEIMPUGHAC

IV.4. De la prescripción de la sanción En cuanto a la sanción, señaló que, por tratarse de un ilícito tributario, se debe aplicar el . beneficio de la retroactividad de la norma establecida en el artículo 123 de la Constitución Política del Estado y la jurisprudencia al caso, y al estar prescritas, ya no se debió emitir los PIET’s respectivos por no existir sanción a cobrar se debe declarar la prescripción de ambos PIETs

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Al respecto el ente fiscal señaló que, con relación a la prescripción de la sanción por evasión fiscal establecida en la Resolución Sancionatoria N° 894/2007, de acuerdo al artículo 76 de la Ley N° 1340 (CTb abrogado), el cómputo comienza el 1 de enero de 2002, concluyendo el 31 de diciembre de 2006. El 8 de julio de 2007 la Administración Tributaria, notificó la Resolución Sancionatoria N° 894/2007, adquiriendo firmeza al no haberse interpuesto recurso alguno, por lo que se elaboró el PIET N° 1411/2007 de 26 de septiembre de 2007, notificado el 9 de noviembre de 2007, interrumpiendo el curso de la 

prescripción e iniciando nuevamente otro cómputo. SOEUMPUGNACIO 

Por los fundamentos esgrimidos como respuesta a este punto por la Administración Tributaria en el entendido que el 8 de julio de 2007, notificó a la sujeto pasivo con la Resolución Sancionatoria N° 894/2007, cuando por mandato del inciso 1) del artículo 76 de la Ley N° 1340 (CTb abrogado), la acción de la Administración Tributaria para aplicar sanciones, y exigir el pago de las mismas, prescribe a los cinco (5) años, computados desde el 19 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se cometió el delito o contravención, – es decir, de la evasión fiscal- por lo que, el ente fiscal para hacer valer sus 

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HGUI ARIA COLE 

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III 

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derechos, tenía ese plazo, vencido el término se extingue su facultad para ejercer dichas acciones. 

En el caso en cuestión, se tiene que, para los periodos fiscales enero, febrero, marzo, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre 2001, de acuerdo a la norma supra mencionada, el término de prescripción comenzó desde el 1 de enero de 2002 y concluyó el 31 de diciembre de 2006; y para el periodo diciembre de 2001, el plazo corrió del 1 de enero de 2003 y culminó el 31 de diciembre de 2007; por cuya consecuencia, al haberse notificado con la Resolución Sancionatoria el 8 de julio de 2007; es decir, el fisco sancionó la evasión fiscal respecto a la presentación de Declaraciones Juradas del IT de los periodos enero, febrero, marzo, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre 2001, cuando su derecho a aplicar tales sanciones ya estaba prescrito para esos periodos; sin embargo, para el periodo diciembre de 2001, la notificación de la Resolución Sancionatoria efectuada (8/07/2007), logró interrumpir la prescripción. 

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En ese entendido, la Administración Tributaria emitió el Proveído de inicio de Ejecución Tributaria N° DTJCC/1411/2007, notificada el 9 de noviembre de 2007; por lo que, corresponde verificar si dentro el plazo del nuevo computo de la prescripción, el ente fiscal realizó acciones tendientes al cobro con la emisión del PIET, a ello se tiene que el 24 de abril de 2009, mediante Cite: SIN/GDSC/DJCC/UCCINOT/0470/2009, el fisco solicitó a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) retención de fondos en los que se incluyó a la sujeto pasivo actual recurrente (fojas 35 de antecedentes administrativos), computándose un nuevo plazo a partir del 1 de enero de 2010 concluyendo el 31 de diciembre de 2014; el 1 de agosto de 2012 mediante Cite: SIN/GDSC/DJCC/UCC/NOTI 3031/2012 el fisco solicitó a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) retención de fondos de la sujeto pasivo (fojas 105 de antecedentes administrativos); por lo que, logró interrumpir el cómputo de la prescripción, por otros cinco años, comenzando el 1 de enero de 2013 concluyendo el 31 de diciembre de 2017; por lo que, la facultad de ejecución del PIET NO DTJCC/1411/2007 respecto al periodo fiscal diciembre 2001, se encuentra vigente

En suma, conforme se tiene del análisis realizado, la revisión y verificación de los antecedentes administrativos, la recurrente, pudo demostrar lo argumentado en su Recurso de Alzada, siendo incorrecto lo establecido por la Administración Tributaria, correspondiendo a esta instancia recursiva revocar parcialmente la Resolución Administrativa N° 23-000023716 de 17 de agosto de 2016 emitida por la Gerencia Distrital de Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales, declarando la prescripción de la 

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Cochabamba 

AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

deuda tributaria contenida en el PIET N° 1225/2016 de 12 de diciembre de 2006 con relación a las declaraciones juradas del Impuesto a las Transacciones (IT), correspondientes a los períodos fiscales enero, febrero, marzo, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de la gestión 2001, asimismo dejando sin efecto parcialmente la obligación contenida en la Resolución Sancionatoria N° 894/2007 de 2 de febrero de 2007 por prescripción del derecho de la Administración Tributaria de aplicar sanciones con excepción del periodo fiscal diciembre 2001 por encontrarse vigente de cobro, de acuerdo al razonamiento expresado en el fundamento anterior. 

POR TANTO: La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Cochabamba, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

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RESUELVE PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Administrativa N° 23-0000237-16 de 17 de agosto de 2016 emitida por la Gerencia Distrital de Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales, declarando la prescripción de la deuda tributaria contenida en el PIET N° 1225/2016 de 12 de diciembre de 2006 con relación a las declaraciones juradas del Impuesto a las Transacciones (IT), correspondientes a los períodos fiscales enero, febrero, marzo, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de la gestión 2001, asimismo dejando sin efecto parcialmente la obligación contenida en la Resolución Sancionatoria No 894/2007 de 2 de febrero de 2007 por prescripción del derecho de la Administración Tributaria de aplicar sanciones con excepción del periodo fiscal diciembre 2001 por encontrarse vigente de cobro; sea de conformidad con el inciso a) parágrafo I del artículo 212 de la Ley N° 2492 (Título V CTB). 

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  • SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 

de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB), será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente

DE IMPI 

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TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley N° 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

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CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 de la Ley N° 2492 (CTB), el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente Resolución de Recurso de Alzada es de 20 días computables a partir de su notificación

Regístrese, notifiquese y cúmplase

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t Teresa del Rosario fBorda Rochi DIRECTORA EJECUTIVA REGIONAL 

DIRECCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cbba

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