ARIT-CBA-RA-0061-2020 Revocatoria Parcial, Aplicación de Ley 1105 (Perdonazo Tributario) solo aplicó a los contribuyentes que cancelaron el Tributo Omitido.

ARIT-CBA-RA-0061-2020

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0061/2020 

Recurrente 

.

Compañía Nacional de Servicios de 

Ingeniería “CONALSI SRL”, representado —por Sergio Alberto Donoso Trigo

Administración recurrida 

Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por Maria Elena-Ramallo Zamora

Acto impugnado 

Auto Administrativo N° 391960000014. 

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Expediente 

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ARITTJA-0079/2019: 

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24 

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Lugar y/fecha 

Cochabamba, 6 de marzo de 2020

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  1. me. TT 

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VISTOS: 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARITCBA/ITJ 0061/2020 de 13 de marzo de 2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente

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ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. El Auto Administrativo No 391960000014 de 19 de julio de 2019, que declaró improcedente la solicitud de prescripción de las acciones de la Administración Tributaria, para imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria; por otra parte, también declaró improcedente la solicitud de condonación, exoneración y liberación, presentada por el Sergio Alberto Donoso Trigo en representación de CONALSI SRL, respecto de las Resoluciones Sancionatorias: No 62/2012 de 12 de junio de 2012, No 168/2012 de 12 de septiembre de 2012, No 045/2015 de 10 de junio de 2015 y No 18 00081-14 de 26 de septiembre de 2014, ordenando proseguir con la ejecución tributaria de acuerdo a normas legales vigente. Acto notificado el 22 de noviembre de 2019 (fojas 10 22 del C6 de antecedentes administrativos). 

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Calidad 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasag kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita. . mbaerepi Vae (Guaraní) 

Avenida Oquendo N° 381, entre Venezuela y Ecuador. Zona Central Norte Telfs.: (5914) 4140011 4140012. www.ait.gob.bo. Cochabamba, Bolivia 

IIIIIIIII 

INIT

TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA. II.1. Argumentos del Recurrente. La Compañía Nacional de Servicios de Ingenieria “CONALSI S.R.L“, representada por Sergio Alberto Donoso Trigo conforme acreditó el Testimonio de Poder No 1112/2011 de 30 de diciembre del 2015 (fojas 11 y 12 expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada mediante memoriales de 12 y 24 de diciembre de 2019. (fojas 2535 y 38 del expediente administrativo), contra el Auto Administrativo N° 391960000014 de 19 de julio de 2019 emitido por la Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales, manifestando lo siguiente: 

Que, el 22 de noviembre de 2019 fue notificado con el Auto Administrativo No 391960000014 de 19 de julio de 2019, el cual declaró Improcedente: 1) La solicitud de prescripción de las Acciones de la Administración Tributaria tanto para Imponer Sanciones Administrativas como para Ejercer la facultad de Ejecución Tributaria y 2) La solicitud de condonación, exoneración y liberación de multas y sanciones administrativas por contravenciones tributarias. 

Refirió que, en mérito al derecho de petición otorgado por los artículos 24 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 16 de la Ley N° 2341 (LPA), y al amparo de lo que disponen los artículos 5 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) y 58, 59, 60, 61 y 62 de la Ley N°2492 (CTB), presentó memorial a la Administración Tributaria el 28 de junio de 2019 solicitando a la Gerencia Distrital del Servicio de Impuestos Nacionales Regional Tarija la prescripción de las acciones y facultades de la Administración Tributaria para imponer sanciones administrativas por contravenciones tributarias respecto a los procesos administrativos con Proveidos de inicio de Ejecución Tributaria N° 727/2013, No 1029/2013, No 221/2015, No 188/2014 y PIET S/N que corresponde a la Resolución Sancionatoria No 139/2011 de 3 de octubre de 2011. 

Señaló que también solicitó la exoneración, condonación y liberación del pago de multas por delito de defraudación tributaria y por contravenciones tributarias en virtud a los beneficios de las Leyes N°1105 de 28 de septiembre de 2018, No1154 de 27 de febrero de 2019 y N°1172 de 2 de mayo de 2019

Sostuvo que, advirtió al ente fiscal que, los importes de la deuda tributaria que pretende cobrar provienen y corresponden exclusivamente de multas y sanciones por 

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III 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

contravenciones tributarias y no por tributo, según la relación de los Proveidos de inicio de Ejecución Tributaria: 1) N° 727/2013 emergente de la Resolución Sancionatoria No 62/2012; 2) N° 1029/2013 como consecuencia de la Resolución Sancionatoria C.D.C. No 168/2012; 3) N° 221/2015 proviene de la Resolución Sancionatoria N° 45/2015; 4) No 1882014 relacionado con Resolución Sancionatoria N° 18-0008114; y 5) Resolución Sancionatoria N°139/2011. 

Manifestó que las obligaciones tributarias por multas que el Fisco pretende cobrar, se encuentran extinguidas, toda vez que las acciones y facultades del Servicio de Impuestos Nacionales prescribieron conforme a los artículos 59, 60 y 61 del Código Tributario Boliviano (CTB). Agregó que las deudas por multas y sanciones fueron extinguidas por mandato de las Leyes N° 1105, No 1154 y No 1172, por las cuales el Gobierno dispuso la exoneración, condonación y liberación de las deudas, multas y sanciones por contravenciones tributarias. 

Sostuvo que es totalmente ilegal y arbitrario que el ente tributario pretenda ejecutar obligaciones tributarias prescritas y extinguidas por la propia inacción de la Administración tributaria y asimismo declarar improcedente la solicitud de prescripción y de condonación, exoneración y liberación de las deudas por contravenciones tributarias impuestas en las Resoluciones-Sancionatorias, vulnerando de esta manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales como son el Derecho a la petición, al Debido Proceso, Derecho a la Defensa y el Principio a la Seguridad jurídica. 

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Observó que el Fisco no valoró adecuadamente la prueba documental presentada, ni los fundamentos legales y argumentos técnicos desarrollados en dicha prueba. Citó los artículos 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB) con referencia a la prescripción de las acciones, facultades y potestades de la Administración Tributaria, extendió señalando que en el caso de ejecución tributaria, el término, se computa desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria, mientras que en el caso de sanciones por contravención tributaria, el 

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término se computa desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

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STAPUGHACIONES 

Señaló que las fechas de emisión y notificación de los títulos de ejecución tributaria, (Resoluciones Sancionatorias No 62/2012, No 168/2012 N° 45/2015 N° 18-00081-14 y No 139/2011), demuestran un tiempo de inacción por parte de la Administración Tributaria 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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superior a los 4 años, luego del cual las facultades del sujeto activo para ejercer su facultad de cobro y ejecución tributaria prescribieron, al efecto citó el artículo 5 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB). 

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Manifestó que la jurisprudencia tributaria sobre la prescripción estableció que se debe entender la institución jurídica de la “Praescriptio” en el ámbito tributario, como un instrumento de Seguridad Jurídica y de Tranquilidad Social, puesto que de otro modo la administración tributaria tendría facultades para perseguir el cobro de impuestos generados siglos atrás. Extendió que la doctrina entiende a la prescripción como la · caducidad de los derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos legales para su posible ejercicio, argumentando que la prescripción responde a los Principios de Certeza y Seguridad Jurídica

Citó la Ley N° 2492 (CTB) en su sección VII y en su artículo 58, además complemento que el Gobierno Nacional dictó y promulgó la Ley N° 1105 de 28 de septiembre de 2018, más conocida como Ley del Perdón Tributario, concluyendo que las multas que fueron impuestas por la Administración Tributaria quedaron liberadas, exoneradas y condonadas. 

Expresó que en un contexto doctrinario, jurisprudencial y legal, el principio tempus regit actumrige la aplicación de las normas procesales, que regulan las formalidades que debe cumplir para el inicio, desarrollo y conclusión de un trámite o proceso, regula la parte adjetiva o pasos procedimentales, en cambio el principio tempus comissi delicti”, aplica a la parte sustantiva de los procesos, en los que refiere aspectos de fondo relacionados con los derechos que originan un hecho, conceptos que dan lugar a la deuda tributaria, calificación de la conducta, causas de extinción de la misma, prescripción, condonación, compensación y cálculo de la deuda tributaria. Al efecto, citó el Recurso de Alzada ARIT CBARA0382/2014 de 10 de octubre de 2014. 

Citó las Sentencias Constitucionales Nos 0871/2010 de 10 de agosto de 2010 y No 0752/2002R de 25 de junio 2002, que disponen de manera imperante que toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa deben garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del Debido Proceso, el Derecho a la Defensa y el Derecho a la Seguridad Jurídica, por lo que el acto impugnado denota incongruencia y falta de 

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III 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

motivación y genera incertidumbre en el sujeto pasivo respecto a la normativa aplicable por el SIN. 

Alegó que el Código Tributario no reconocer las medidas coactivas como causales de suspensión o interrupción del cómputo de prescripción, agregó que el conocimiento que pueda tener el sujeto pasivo de la aplicación de medidas coactivas aplicadas por el Sujeto Activo, no expresan su voluntad de aceptación de la deuda tributaria ni un reconocimiento de la obligación tributaria, al efecto citó la Resolución de Recurso Jerárquico N° AGIT-RJ 001/2015 

Concluyó que los argumentos expuestos por la Gerencia Distrital del Servicio de impuesto Nacionales Tarija, en el Auto Administrativo N°391960000014 de 19 de julio de 2019 a tiempo de declarar. improcedente la solicitud de prescripción-y-de extinción de las multas por contravención tributaria, carecen de asidero legal y fundamento jurídico..

Por lo que en petitorio solicitó la revocatoria total del Auto Administrativo N° 391960000014 de 19 de julio de 2019. 

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11.2. Auto de Admisión. El 26 de diciembre de 2019, el Responsable departamental de Recursos de Alzada Tarija dependiente de esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Admisión Expediente ARITTJA0079/2019, correspondiente al Recurso de Alzada interpuesto Compañía Nacional de Servicios de Ingeniería “ÇONALSI SRL”, representado por Sergio Alberto Donoso Trigo, contra el Auto Administrativo N° 391960000014 de 19 de julio de 2019 Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por María Elena Ramallo Zamora (fojas 39 dėl expediente administrativo)

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11.3. Respuesta de la Administración Tributaria. La Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por María Elena Ramallo Zamora conforme acreditó la Resolución Administrativa de Presidencia No 031900001183 de 31 de diciembre de 2019 (fojas 42 y: 43 del expediente administrativo), por memorial presentado el 13 de enero de 2020 (fojas 44-55 del expediente administrativo), respondió al Recurso de Alzada con los siguientes fundamentos: 

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Que de acuerdo a la prueba documental cursante en obrados se tiene que por memorial presentado el 28 de junio de 2019, CONALSI SRL, representada legalmente por el Sergio Alberto Donoso Trigo solicitó prescripción de las acciones y facultades de la administración tributarla para determinar la deuda, imponer sanciones y en especial para ejercer su facultad de cobro y ejecución; asimismo opuso excepción de extinción de la deuda por condonación, exoneración y liberación de multas y sanciones en virtud a la Ley del perdón tributario por: 1) Resolución Sancionatoria C.D.C. N° 62/2012 de 12/06/2012 (Proveído de Inicio de Ejecución Tributarla GDTJA/DJCC/UCC/PROV/727/2013); 2) Resolución Sancionatoria C.D.C. N° 168/2012 de 12/09/2012. (Proveído de Inicio de Ejecución Tributarla GDTJA/DJCC/UCCI PROV/01029/2013); 3) Resolución Sancionatoria No 045/2015 de 10/06/2015 (Proveido de inicio de Ejecución Tributarla GDTJA/DJCC/UCCIPROV/00221/2015); 4) Resolución Sancionatoria 18-00081-14 de 26/09/2014 (Proveído de Inicio de Ejecución Tributarla GDTJA/DJCC/UCC/PROV/00188/2014); y 5) Resolución Sancionatoria No 139/2011 de 03/10/2011. 

Refirió que con respecto a la prescripción de las facultades de la Administración Tributarla de la Resolución Sancionatoria C.D.C. N° 62/2012 de 12 de junio de 2012 (Próveído de Inicio de Ejecución Tributarla GDTJA/DJCC/UCC/PROV/727/2013) el contribuyente CONALSI SRL, presentó las Declaraciones Juradas del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por los periodos 09/2009, 04/2010 del Impuesto a las Transacciones (IT) por los periodos 06/2009, 08/2009, 09/2009, 10/2009, 11/2009, 12/2009, 02/2010, 03/2010 y 04/2010; que determinan obligaciones tributarlas que no fueron pagadas en el momento de su presentación

Señaló que para que opere la prescripción de las facultades de la Administración Tributarla 

para imponer sanciones administrativas, establecido en el numeral 3 parágrafo I del artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), correspondiente a las Declaraciones Juradas de la gestión 2009 y 2010, debe aplicar el término de cuatro (4) años, iniciando su cómputo el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento de pago del periodo respectivo, en cumplimiento del parágrafo i del artículo 60 del mismo cuerpo legal, agregó que la notificación de la Resolución Sancionatoria C.D.C. No 62/2012 realizada el 20 de julio de 2012, interrumpió la prescripción dentro del plazo de cuatro años conforme el articulo 61 y 154 de la Ley N° 2492 (CTB). 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Refirió con respecto a la facultad de ejecución tributarla de la Resolución Sancionatoria C.D.C. N° 62/2012, la interposición del Recurso de Alzada y Jerárquico impugnación que finalizó con la emisión de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0061/2013 en fecha 21/01/2013, que dio origen al inicio de la ejecución tributaria a través de Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria GDTJA/DJCCNUCC/PROVI727/2013 de 14 de junio de 2013; entonces el cómputo de prescripción de las facultades de ejecución tributarla feneció el 25 de enero de 2018. Extendió manifestando que ejerció su facultad de ejecución tributaria al aplicar las medidas coactivas con la hipoteca legal de tres líneas telefónicas

Refirió, que el artículo 61 de la Ley 2492 (CTB), cuenta con vacíos legales que permite aplicar de manera supletoria otras ramas del derecho, en el presente caso por el Derecho Civil, que refiere exclusivamente a la facultad de determinación de la deuda ya la voluntad de pagar la deuda tributaria o realizar un plan de pagos por parte del sujeto Pašivo. Al efecto señaló los artículos 5 y 8 parágrafosi de la Ley 2492 (CTņ) que permiten la aplicación del Código Civil en el artículo 1503. 

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Citó las medidas de cobro efectuadas por Proveído de Ejecución Tributaria GOTJAIDJCC) LUCPROVI727/2013, señalando que las mismas interrumpieron la prescripción de acuerdo a lo establecido en el artículo 1503 del Código Civil, y demostró así el ejercicio de . su facultad, no evidenciando negligencia 

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www.* menikacom mom toate formate Sostuvo que, la Resolución Sancionatoria C.D.C. N° 168/2012 de 12 de septiembre de 2012 interrumpió la prescripción, conforme los artículos 61 y 154 de la Ley N° 2492 (CTB). ante su notificación realizada el 9 de octubre 2012 y en cuanto a la facultad de ejecución tributaria, señaló que el sujeto pasivo interpuso Recurso de Alzada y Jerárquico, proceso que concluyó con la emisión de la Resolución de Recurso Jerárquico AGITRJ 0511/2013 de 29 de abril de 2013 que confirmó la Resolución Sancionatoria, dando origen al inicio de la ejecución tributaria a través del Proveído de inicio de Ejecución Tributaria GDTJA/DJCCIUCC/PROVI01029/2013. Extendió que respecto al cómputo de los cinco (5) años para que prescriban las facultades de ejecución tributaria, ejerció su facultad de ejecución tributaria al aplicar las medidas coactivas con la hipoteca legal de tres líneas telefónicas, 

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Refirió que a la fecha de solicitud de la prescripción efectuada el fecha 28 de junio de 2019, las facultades de la Administración Tributaria no se encontraban prescritas, además que al 

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Justicia tributaria para vivir bien . Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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haber solicitado el sujeto pasivo la prescripción, éste interrumpió el término antes de su cumplimiento de conformidad al inciso b) del artículo 61 de la 2492. Citó las medidas de cobro efectuadas por Proveído de Ejecución Tributaria GDTJA/DJCC LUCC/PROV/727/2013, y de esta manera interrumpió la prescripción de acuerdo a lo establecido en el artículo 1503 del Código Civil

Manifestó que notificó la Resolución Sancionatoria N° 045/2015 de 10 de junio 2015 el 15 de junio de 2015, interrumpiendo de esta manera el cómputo de prescripción para la 

n de sanciones administrativas y constituida en título de ejecución tributaria inició las facultades de ejecución tributaria. Extendió que con relación a la Resolución Sancionatoria 18-00081-14 de fecha 26 de septiembre de 2014 emergente del incumplimiento con la actualización del Padrón Biométrico Digital PRICOS Y GRACOS, cursa en obrados un pago con Boleta de pago 1000 N° de Orden 6088822179 emitiendo el Auto de Conclusión de Tramite N° 281960000769 en 18 de julio de 2019, declarando extinguida la multa

Señaló que la Resolución Sancionatoria No 139/2011 de 3 de octubre de 2011, fue emitida dentro del plazo de cuatro años establecido para imponer sanciones, y notificada al sujeto pasivo el 20 de octubre 2011, dando lugar a que éste interponga demanda Contenciosa Tributaria, y proceso que mereció la interposición del Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo de Justicia, emitiendo el Auto Supremo N° 320/2019 que declaró Infundado el Recurso de Casación en la forma y en el fondo, en consecuencia la Resolución Sancionatoria N° C.D.C. N° 139/2011 adquirió la calidad de título de ejecución tributaria en dicha fecha. Agregó que la interposición de Demanda Contenciosa Tributara suspendió el. plazo de la prescripción para ejecutar la sanción administrativa, reiniciándose el 6 de septiembre de 2019. 

Acotó que el contribuyente solicitó prescripción de las acciones de la Administración Tributaria por la Resolución Sancionatoria No 139/2011 solicitud que fue atendida a través del Auto N° 251760000066, misma que mereció la interposición de Recurso de Alzada y Recurso Jerárquico que resolvió mantener firme y subsistente las facultades de imposición de sanciones administrativas por lo que tiene la calidad de firme y ejecutoriada. 

Sostuvo que la condonación, exoneración y liberación son figuras legales que merecen un análisis para cada una, además que la condonación total o parcial de la deuda tributaria 

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proviene de una Ley, citó al efecto el artículo 58 de la Ley N° 2492 (CTB), agregó que para las gestiones 2009 a 2015, no se promulgó ninguna Ley que disponga la condonación total o parcial de las deudas tributarias, por lo que no corresponde declarar la extinción por condonación a las sanciones: — 

Afirmó que la Ley N° 1105 modificada y ampliada por.Leyes. N° 1154 y N° 1172, estableció un’ plazo. de regularización en el pago de deuda y multas de dominio nacional, otorgando la reducción, exoneración y liberación de multas por omisión de pago.y por incumplimientos a deberes formales, además de establecer condiciones para acogerse a sus beneficios, al’ respecto manifestó que las Resoluciones Sancionatorias N. 62/2012, No 168/2012 y No, 045/2015 fueron emitidas ante la contravención de omisión de pago de deudas tributarias tipificadas en los artículos 165 y 160 numeral 3 de la Ley N° 2492 (CTB)... 

– — Extendió que la Ley N° 1105 en el parágrafo Ill de su artículo 2-señala que con relación a las sanciones por omisión de pago, la liberación de las mismas, procederá solo en caso de que a la fecha de promulgación de la citada Ley los contribuyentes hubieran pagado el tributo omitido actualizado y refirió que de la revisión de obrados, el sujeto pasivo no cumplió con el requisito de acogerse a Facilidades de pago por la deuda o’pagó las deudas que originaron la sanción antes del 28 de septiembre de 2018, por lo que no corresponde. declarar la extinción por exoneración y liberación solicitada. Señaló además que la. Resolución Sancionatoria 18-00081-14 de 26 de septiembre de 2014 se encuentra cancelada con el beneficio de la reducción del 90% establecido por Ley N° 1105. 

Sustento que de la revisión de obrados se observa que respecto de la Resolución Sancionatoria No 139/2011, no se cumplió con el requisito de acogerse a Facilidades de pago por la deuda y menos aún que haya pagado las deudas que originaron la sanción antes 28 de septiembre de 2018 por lo que no corresponde declarar la extinción por exoneración y liberación solicitada. 

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Alegó que el presente caso refiere a la prescripción de las facultades del Sujeto Activo de ejecución tributaria y de la revisión de los antecedentes administrativos, dicha facultad fue ejercida por la Administración Tributaria previo a que opere el término de prescripción dentro del término de cinco años establecidos por Ley N° 2492 sin modificaciones, ante la aplicación de medidas coactivas. 

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Sistema de Gestión 

de la calidad CerchicadaN771/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit ayir jacha kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

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Avenida Oquendo No 381, entre Venezuela y Ecuador. Zona Central Norte Telfs.: (591-4) 4140011 4140012 www.ait.gob.bo.Cochabamba, Bolivia 

Manifestó que respecto al argumento de que las Resoluciones Sancionatorias, por la cuales solicita se declarare la prescripción de la ejecución tributaria, se originaron en Títulos de Ejecución Tributaria y Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria por pagos en defecto de las gestiones 2008, 2009, 2010 y 2011, y que los mismos fueron dejados sin efecto legal en cumplimiento de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0274/2018 de fecha 06/02/2018, dicho argumento no fue expuesto por el recurrente en su memorial de 28 de junio de 2019 ante la Administración Tributaria por lo que no mereció análisis en el Auto Administrativo N° 391960000014 de fecha 19 de julio de 2019. 

Sostuvo que en ninguno de los casos analizados por el Auto Administrativo No 391960000014 se puede advertir que operó la prescripción de las facultades de la administración tributaria, para imponer sanciones administrativas, o ejercer la facultad de cobro de ejecución tributaria. 

Por lo expuesto solicitó confirmar en todas su partes el Auto Administrativo No 391960000014 de 19 de julio de 2019. 

11.4. Apertura de término probatorio. El 14 de enero de 2020, el Responsable Departamental de Recursos de Alzada Tarija de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Apertura Término de Prueba Expediente ARIT-TJA-0079/2019, dando apertura al término probatorio de 20 días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del inciso d) artículo 218 del Código Tributario Boliviano (CTB) (fojas 56 de expediente administrativo). 

El 27 de enero de 2020 la Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por María Elena Ramallo Zamora presento memorial ratificando ante ésta instancia recursiva como prueba, los antecedentes administrativos acompañados al momento de responder al Recurso de Alzada (fojas 58 del expediente administrativo).

El 4 de febrero de 2020, la parte recurrente presentó memorial por el cual se ratificó en todo el tenor del Recurso de Alzada interpuesto, así como en la prueba presentada y adjuntó copia simple de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT RJ 0274/2018 de 6 de febrero de 2018 (fojas 6180 del expediente administrativo)

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

JI.5. Alegatos. El 11 de febrero de 2020, María Elena Ramallo Zamora en representación de la Gerencia Distrital de Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales, presento memorial de alegatos reiterando los argumentos expuestos en su memorial de respuesta al Recurso de Alzada interpuesto al-Auto Administrativo N° 391960000014, declarando la improcedencia de la solicitud de prescripción de las acciones de la Administración en cuanto a la imposición de sancionės administrativas y a ejercer su-facultad de ejecución tributaria, además de la condonación, exoneración y liberación de las Resoluciones Sancionatorias C.D.C. No 62/2012, C.D.C. N° 168/2012, No 045/2015, 1800081-14 y No 139/2011, de la misma forma refirió que el sujeto pasivo en la etapa probatoria no presento mayores elementos probatorios a efectos de respaldar su pretensión, por lo que reitera la confirmación de todas sus partes del Auto Administrativo señalado

El 26 de febrero de 2020, el sujeto pasivo Compañía Nacional de Servicios de Ingeniería “CONALỚI SRL” presentó memorial reafirmando los alegatos en conclusion, reiterando que la Administración Tributaria carece de facultad y de potestad para ejecutår el cobro de los títulos de ejecución tributaria y descritos en el Auto Administrativo N° 391960000014, argumentando que no tiene asidero legal, encoștrándose prescritas las acciones y facultades del ente tributario para la ejecución tributaria, por lo que reitera la revocatoria, total del acto impugnado

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA. 

El 28 de junio de 2019, la Compañía Nacional de Servicios de Ingeniería “CONALSI SRL”, a través de su representante legal Sergio Alberto Donoso Trigo, se apersono ante la Gerencia Distrital Tarija de Servicio de Impuestos Nacionales, a objeto de presentar memorial de solicitud de prescripción de las acciones y facultades de la Administración Tributaria para ejecutar la deuda tributaria, así como la extinción de la deuda por condonación y exoneración de multas y sanciones (fojas 38 del C6 de antecedentes administrativos). 

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El 19 de julio de 2019, la Gerencia Distrital Tarija de Servicio de Impuestos Nacionales emitió el Auto Administrativo N° 391960000014 que declaró improcedente la solicitud de prescripción de las acciones de la Administración Tributaria, para imponer sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria; por otra parte, también declaró 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)

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Avenida Oquendo N° 381, entre Venezuela y Ecuador Zona Central Norte Telfs.: (5914) 4140011 4140012 www.ait.gob.bo. Cochabamba, Bolivia 

improcedente la solicitud de condonación, exoneración y liberación, presentada por Sergio Alberto Donoso Trigo en representación legal de CONALSI SRL, respecto de las Resoluciones Sancionatorias: No 62/2012 de 12 de junio de 2012, No 168/2012 de 12 de septiembre de 2012, No 045/2015 de 10 de junio de 2015 y N° 1800081-14 de 26 de septiembre de 2014, ordenando proseguir con la ejecución tributaria de acuerdo a normas legales vigente. Acto notificado el 22 de noviembre de 2019 (fojas 10-22 del c6.de antecedentes administrativos)

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA. 

Conforme a lo establecido en el artículo 211 parágrafo I del Código Tributario Boliviano (CTB), ésta instancia recursiva ingresará a resolver los reclamos efectuados por la parte recurrente, dentro de los cuales plantes para el análisis técnico jurídico el siguiente reclamo: 1) Aplicación de la Ley N° 1105; 2) Falta de motivación en el Auto Administrativo N° 391960000014; y 3) Prescripción de las facultades de la Administración Tributaria. 

IV.1. Aplicación de la Ley N° 1105. La parte recurrente señaló que, por mandato de la Ley N° 1105 modificada y ampliada por la Ley N° 1154 y prorrogada por la Ley N° 1172, así como por el artículo 58 de la Ley N°2492 (CTB), las multas por contravenciones tributarias de manera automática, tácita e implícita quedan exoneradas, condonadas y liberadas las multas impuestas por la Administración Tributaria mediante las Resoluciones Sancionatorias Nos, 62/2012, 168/2012, 45/2015, 18-00081-14, 139/2011. 

En contrapartida, la Administración Tributaria señaló que la extinción de la deuda por condonación, exoneración y liberación de multas y sanciones en virtud a la ley del perdón tributario, procederá solo en caso de que a la fecha de promulgación de la Ley, los sujetos pasivos hubieran pagado el tributo omitido actualizado y en el presente caso, el recurrente no cumplió con este requisito, no correspondiendo la exoneración y liberación solicitada

Al respecto, cabe señalar que el inciso c) del artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA) señala: La i actividad administrativa se regirá por los siguientes principios: (...) C) Principio de sometimiento pleno a la Ley: La Administración Pública regirá sus actos con sometimiento pleno a la Ley, asegurando a los administrados el debido proceso (...)

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plucinacional de Bolivia 

A su vez, el artículo 6 de la Ley N° 2492 (CTB) dispone: “. Sólo la Ley puede: 1. Crear, modificar y suprimir tributos, definir el hecho generador de la obligación tributaria; fijar la base imponible y alicuota o el límite máximo y mínimo de la misma; y designar al sujeto pasivo. 2. Excluir hechos económicos gravables del objeto de un tributo. 3. Otorgar y suprimir exenciones, reducciones o beneficios. 4. Condonar total o parcialmente el pago de tributos, intereses y sanciones 5. Establecer los procedimientos jurisdiccionales. 6. Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones. 7. Establecer privilegios y preferencias para el cobro de las obligaciones tributarias. 8. Éstablecer regímenes suspensivos en materia aduanera

El artículo 160 de la Ley N° 2492 (CTB) señala que son contravenciones tributarias: 1. Omisión de inscripción en los registros tributarios; 2. No emisión de factura, nota fiscal o documento. equivalente; 3. Omisión.de pago; 4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181; 5. Incumplimiento de otros deberes formales; y 6. Las establecidas en leyes, especiales

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Prosiguiendo con la normativa åplicable al caso, se tiene que el parágrafo III del artículo 2 de la Ley N° 1105 de 28 de septiembre de 2018 manifiesta: “Ill. Los sujetos pasivos que a la fecha de la publicación de la presente Ley tengan pagado el tributo omitido actualizado, y mantengan deudas por interesés y/o multas por delitos de defraudación tributaria o aduanera, o contrávenciones de evasión u omisión de pago, quedan liberados del pago de. los intereses y las muitas adeudadas. (…)”. 

Citada la posición de las partes y la normativa concerniente al presente caso, corresponde la revisión de los antecedentes administrativos, donde se tiene que la Administración Tributaria emitió las Resoluciones Sancionatorias No 62/2012, No 168/2012, No 45/2015 y No 139/2011 ante la calificación de la conducta del sujeto pasivo como Omisión de Pago, contravención tributaria prevista en los artículos 160 numeral 3 y 165 de la Ley N° 2492 (CTB); por lo que sárcionó con el 100% del tributo omitido

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Ahora bien, la parte recurrente señaló que, por mandato de la Ley N° 1105 así como por el artículo 58 de la Ley 2492 (CTB) corresponde su exoneración, condonación y liberación de la multa impuesta ante la comisión por Contravención Tributaria de Omisión de Pago, sin embargo para su concesión debe tenerse en cuenta que el parágrafo III del artículo 2 de la 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) 

  • Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvísa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Avenida Oquendo N° 381, entre Venezuela y Ecuador. Zona Central Norte Telfs:: (591-4) 4140011 4140012.www.ait.gob.bo. Cochabamba, Bolivia 

II 

Ley N° 1105, dispone como requisito para beneficiarse de la liberación del pago de multas (entre ellas la omisión de pago), que a la fecha de la publicación de la merituada Ley, los sujetos pasivos tengan pagado el tributo omitido actualizado; motivo por el cual a fin de corroborar o desestimar lo argumentado por la parte recurrente, corresponde verificar si a la fecha de la publicación de la Ley N° 1105, el sujeto pasivo tenía pagado correctamente el tributo omitido y la actualización respectiva. 

En ese entendido, de la revisión de los antecedentes y la prueba adjunta por el sujeto pasivo al Recurso de Alzada interpuesto, se tiene que el mismo, no adjuntó prueba documental suficiente que permita evidenciar el pago del tributo omitido correspondiente a las deudas tributarias de los siguientes impuestos y periodos: Impuesto a las Transacciones (IT) por los periodos junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2009; febrero, marzo y abril de 2010, así como para el IVA de los periodos septiembre 2009 y abril de 2010, (Resolución Sancionatoria C.D.C. No 62/2012); Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) gestión con cierre a marzo de 2010 e Impuesto a las Transacciones (IT) periodo diciembre 2010 (Resolución Sancionatoria C.D.C. No 168/2012); Impuesto a las Transacciones (IT) del periodo agosto de 2011, (Resolución Sancionatoria 045/2015) y el Impuesto al Valor Agregado correspondiente al periodo agosto 2010 e Impuesto a las Transacciones (IT) correspondiente a los periodos julio y agosto 2010, (Resolución Sancionatoria C.D.C. No 139/2011). 

De lo referido previamente, considerando el artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), que establece: “En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos”; y toda vez que el sujeto pasivo, no acompañó prueba suficiente que evidencie el pago total del tributo omitido que originó la emisión de las Resoluciones Sancionatorias No 62/2012, N°168/2012, No45/2015 y N°139/2011 y en consideración de lo expresamente dispuesto por el artículo 2 parágrafo III de la Ley N° 1105 de 28 de septiembre de 2018, resulta evidente que el sujeto pasivo no podía beneficiarse con la liberación del pago de la multa, correspondiente a los procesos sancionadores establecidos en las Resoluciones Sancionatorias No 62/2012, No168/2012, No45/2015 y N°139/2011.

Asimismo, respecto a la Resolución Sancionatoria 1800081-14 de 26 de septiembre de 2014, misma que fue sanciona al contribuyente CONALSI SRL con NIT 1024185027, con 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

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el pago de la multa de UFVs 1500 (Un mil quinientas 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda) por incumplimiento a Deberes Formales (foja 14 a 16 C4 antecedente administrativos) de la compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que la Administración Tributaria emitió el Auto de Conclusión de Trámite N° 281960000769 que · declaró que el sujeto pasivo efectuó el pago integro de là Deuda Tributaria, declarando extinguida la sanción ante el pago total (fojas 42 243.C4 antecedentes administrativos), no méreciendo mayor análisis al respecto de la aplicación de la Ley N° 1105

Por otra parte, respecto al argumento del sujeto pasivo expuesto en su Recurso de Alzada referente al cumplimiento de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0274/2018 de 6 de febrero de 2018, se evidenció que el mismo no fue expuesto en el memorial de solicitud presentado ante la Administración Tributaria (fojas 3-8 C 6 de antecedentes administrativos), para que la misma.sea.considerada por esta entidad, y teniendo presente que en cumplimento al artículo 197 del Código Tributario Boliviano (CTB) esta instància recursiva circunscribe su competencia a la revisión de actos definitivos de alcance particular, y al verificar que dicho argumeșto no fue desarrollado por la entidad recaudadora en el Auto Administrativo N° 391960000014 de 19 de julio de 2019, no corresponde efectuar, un análisis del cumplimento de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RU 0274/2018.— 

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Sin perjuicio de lo señalado previamente es necesario aclarar que, la solicitud de la parte recurrente respecto de la consideración de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0274/2018, halla su sustento en el entendido de que la misma resuelve declarar la extinción por prescripción de la deuda tributaria que originó la contravención de omisión de pago, objeto del presente caso; sin embargo, corresponde señalar que, en sujeción del Principio de Legalidad y de Sometimiento a la Ley, se evidencia que la Ley N° 1105 de 28 de septiembre de 2018, no realiza una consideración respecto a la extinción de la multa por la comisión de contravenciones tributarias en caso de que el tributo omitido hubiera sido declarado extinguido por prescripción. Bajo este entendimiento, la Ley N° 1105 regula la extinción de la multa por contravenciones tributarias exclusivamente en el caso de que el sujeto pasivo pague el tributo omitido y su mantenimiento de valor, no pudiendo desconocer que las Resoluciones Sancionatorias. No 62/2012, No168/2012. N°45/2015 y N°139/2011 devienen del incumplimiento del pago del tributo determinado, en consecuencia, corresponde desestimar lo pretendido al respecto por la parte recurrente. 

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IV.2. Falta de motivación en el Auto Administrativo N° 391960000014. La parte recurrente, manifestó que, el acto impugnado, denota incongruencia y falta de motivación en la decisión, generando incertidumbre en el sujeto pasivo respecto a la normativa aplicable por el-Servicio de Impuestos Nacionales, vulnerando su derecho al Debido Proceso, Derecho a la Defensa y el Derecho a la Seguridad Jurídica

Al respecto la Administración Tributara, no efectuó ninguna consideración en el memorial que responde el Recurso de Alzada

En cuanto a la fundamentación y motivación de las Resoluciones, la Sentencia Constitucional Plurinacional No 0991/2015-S1 de 26 de octubre de 2015, señaló: “...) Por su parte, la motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales resulta ser una condición de validez de las resoluciones judiciales, puesto que la credibilidad de la administración de justicia radica básicamente en que las decisiones plasmadas en resoluciones estén debidamente motivadas y fundamentadas. La fundamentación implica explicar las razones jurídicas de la decisión judicial, es decir, la cita a las normas jurídicas (Constitución Potica del Estado, normas del bloque de constitucionalidad, leyes, etc., así como jurisprudencia constitucional y ordinaria) que son aplicables al caso” (las negrillas son añadidas)

La citada Sentencia Constitucional Plurinacional continua señalando: en tanto que la motivación consiste en establecer los motivos concretos de porqué el caso analizado se subsume en dichos fundamentos jurídicos, pudiendo intervenir en el análisis inclusive motivos de indole cultural, social, axiológico, entre otros, que guiaron a la autoridad judicial a tomar una decisión de una determinada forma. (...) En función a las consideraciones antes señaladas, la importancia de la fundamentación y motivación de las decisiones judiciales, radica básicamente en que el juzgador, a tiempo de emitir su veredicto debe plasmar de manera clara, las razones, motivos y, explicar las nomas en las que fundó su decisión, de modo que los justiciables tengan el conocimiento y control sobre la resolución que les involucra a ellos en su condición de partes en la sustanciación del proceso‘; entendimientos que no pueden limitarse exclusivamente al proceso judicial, sino también al administrativo o corporativo, conforme a la citada SCP 2184/2012” (las negrillas son añadidas). 

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Ahora bien, señalar que, de acuerdo al parágrafo II del artículo 115 de la Constitución Politica del Estado (CPE), el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; por su parte, el artículo 117 parágrafol de la misma norma constitucional, dispone que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso, esto concordante con el artículo 68, numerales 2, 6 y 7 de la Ley 2492 (CTB). 

Por su parte, el artículo 28 inciso e) de la Ley N° 2341. (LPA), establece como elementos : esenciales del acto administrativo, entre otros, el fundamento, debiendo expresar en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto. Asimismo, el artículo 31, parágrafo II del Decreto Supremo N° 27113 (RLPA), sobre la motivación de los actos, establece. “La motivación expresará sucintamente los antecedentes y circunstancias, que resulten del expediente; consignará las razones de hecho-y-de derecho que justifican el dictado del acto; individualizará la norma aplicada, y valorará las pruebas determinantes para la 

decisión” 

En este entendido, corresponde señalar que en general “los vicios determinan las consecuencias que ocasionan, conforme a un criterio cualitativo, de práctica jurisprudèncial y política-jurídica; así a menor grado del vicio, el acto puede ser válido o anulable; por el contrario si el vicio es grave o muy grave, el acto será nulo y sólo en casos de grosera violación del derecho ofálta de seriedad, será inexistente” (GORDILLO Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 3, p. XI-40). 

Asimismo, la Ley N° 2341 (LPA) en su artículo 36, parágrafo II, aplicable supletoriamente al caso, en virtud del artículo 74, numeral 1 de la Ley N° 2492 (CTB), que dispone que los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del Derecho Administrativo, dispone que el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

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Ahora bien, expuestas las posiciones de las partes, así como el marco normativo inherente, inicialmente corresponde remitirse al contenido del Auto Administrativo N° 391960000014 de 19 de julio de 2019, advirtiendo que el mismo en su Considerando ll expone la normativa aplicable al caso, transcribiendo los artículos: 5, 8, 58, 59, 60, 61, 70, 74, 94, 109, 110 y 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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154 de la Ley N° 2492 (CTB), 5 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), 2 de la Ley N° 1105 y 1503 del Código Civil; posteriormente respecto a la prescripción, realizó en su acápite “I. DE LA PRESCRIPCIÓN, una relación de las Resoluciones Sancionatorias No 62/2012, No 168/2012, No 45/2015, No 139/2011 y 18-0008114, efectuando el cómputo de la prescripción de la facultad para imponer sanciones y ejecutar las mismas, concluyendo que para la facultad de imposición de sanciones, dichos actos interrumpieron el cómputo de la prescripción; asimismo en relación a la prescripción de la facultad de ejecución, refirió la existencia de procesos de impugnación interpuestos contra las Resoluciones Sancionatorias, identificando el momento en que dichos actos se constituyeron en Títulos de Ejecución Tributaria, por las cuales aplicó medidas coactivas que interrumpieron el cómputo de la prescripción en aplicación del Código Civil ante la existencia de un vacío en la Ley N° 2492 (CTB) respecto al instituto analizado en etapa de ejecución. 

De esta manera, respecto a la solicitud de prescripción, el acto impugnado señaló: Que, en ninguno de los casos analizados individualmente se puede advertir que haya operado el plazo para la prescripción de la Administración Tributaria para: 1) Imponer Sanciones Administrativas, 2) Ejercer la Facultad de cobro y ejecución tributaria, de acuerdo al artículo 59, 60, 61 y 109 del Código Tributario Boliviano (Ley N° 2492) y artículo 1503 del Código Civil, ya que la Administración Tributaria previo a que opere el mismo realizó acciones que interrumpen y suspenden la prescripción, detallados en los 5 puntos del Considerando III del presente Auto, en consecuencia corresponde negar la prescripción solicitada, dejando expresamente manifestado que se encuentran firmes e inalterables los Títulos de Ejecución Tributaria cuestionados como prescritos” (foja 21 del c6 de antecedentes administrativos). 

Posteriormente, la Resolución impugnada en el acápite “II. DE LA DECLARATORIA DE EXTINCIÓN POR CONDONACIÓN, EXONERACIÓN Y LIBERACIÓN” de su Considerando II, desarrolló la fundamentación respecto a la declaratoria de extinción por condonación, exoneración y liberación de las multas, exponiendo los requisitos para la aplicación de la Ley N° 1105 de 28 de septiembre de 2018, con relación a las Resoluciones Sancionatorias No 62/2012, No168/2012, No45/2015 N°18-0008114 y N°139/2011, concluyendo: “Que, al no existir una Ley que disponga la condonación de las deudas tributarias en el aplicables a los adeudos tributarios cuestionados conforme las previsiones de la Ley N° 2492 (Código Tributario Boliviano) y no cumplirse las condiciones exigidas por 

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la Ley N° 1105 (…) no corresponde declarar la extinción solicitada (...)” (foja 21 del C6 de antecedentes administrativos). 

En ese contexto, de la revisión de-la-fundamentación del acto administrativo impugnado, se infiere que la entidad recaudadora, explicó la aplicación de la norma al presente caso, realizo el cómputo de la prescripción para la totalidad de las Resoluciones Sancionatorias solicitadas y expuso las acciones por las cuales refiere haber interrumpido el cómputo de prescripción de la facultad para imponer sanciones y ejecutar las mismas; asimismo también se advierte la existencia de una fundamentación para rechazar la solicitud de extinción de las multas por aplicación de la Ley N° 1105. 

Consecuentemente, el ente recaudador en la emisión del Auto Administrativo N° 391960000014 de 19 de julio de 2019 el sujeto activo expuso, los elementos del acto administrativo previstos en los artículos 28, inciso e) de la Ley N° 2341 (LPA); y 31, parágrafos 1 y ll del Decreto Supremo N°27113 (RLPA); en resguardo de los derechos al debido proceso y a la defensa, que asisten al sujeto pasivo, conforme enseña los artículos 115, páráğrafo II y 117, parágrafo I de la Constitución Política del Estado (PE); y 6R, numerales 2, 6 y 7 de la Ley N° 2492 (CTB), correspondiendo desestimar el agravio alegado al respecto de la falta de fundamentación y motivación del Auto Administrativo No 391960000014-de 19 de julio de 2019, considerando al efecto el entendimiento de las Sentencias Constitucionales N°0871/2010 de 10 de agosto de 2010 y N°0752/2002-R de 25 de junio 2002, citadas por la parte recurrente. 

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IV.3. Prescripción de las facultades de la Administración Tributaria. Con carácter previo y ante la emisión de Sentencias Constitucionales que denotan un nuevo criterio respecto al instituto jurídico de la prescripción, corresponde desarrollar previamente entendimiento a fin de determinar el marco normativo sobre el cual se basará el presente análisis. . – 

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IV.3.1. Respecto a la aplicación de los nuevos entendimientos constitucionales sobre el cómputo de la prescripción. De forma inicial, resulta necesario efectuar algunas consideraciones respecto a la aplicación de los nuevos entendimientos de la jurisprudencia constitucional, sobre el análisis de la prescripción en materia tributaria; en ese entendido, enfatizar que, la construcción del nuevo Estado Boliviano, a partir de la vigencia de la nueva Constitución 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvísa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní). 

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III 

Política del Estado, requiere de cambios que nos obligan mutar viejos paradigmas, para asumir el verdadero rol de administradores de justicia, por cuanto omnia mutantur, nos et mutamur in illis” (Todas las cosas cambian y nosotros con ellas). 

La nueva teoria general del derecho boliviano, comienza por el reconocimiento de que el texto constitucional está impregnado del carácter de “Estado Constitucional de Derecho, que responde a un modelo de naturaleza eminentemente garantista, donde deben regir los valores de justicia e igualdad como eje central del andamiaje del nuevo ordenamiento jurídico, que coadyuvará al Estado en el logro de sus fines, garantizando el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución. 

Por ello, los administradores de justicia resultan garantes primarios de la estricta aplicación de la norma constitucional, como constante ineludible en la nueva administración de justicia, para llegar al Estado Constitucional de Derecho (culminación del Estado de Derecho), donde prevalece el principio de constitucionalidad, y por ende, el sometimiento de los órganos y el legislador a la Constitución y la vinculación del juzgador a la ponderación de valores, principios y derechos fundamentales en aplicación del artículo 410 parágrafo 1 de la norma constitucional. 

Entonces, la prescripción resulta: “(…) una categoria general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace” (García Novoa Cesar, Presidente del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario ILAT. Memoria III Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario 2010); y al decir de este autor: su fundamento radica en la seguridad jurídica, pues las pretensiones deben ejercitarse en un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto de derecho quede indefinidamente a merced de la actuación de otro

En ese sentido, el instituto de la prescripción, es una categoría jurídica, por la que se le atribuye la función de ser una causa extintiva de la obligación tributaria, que es necesaria para el orden social, que responde a los principios constitucionales de certeza y seguridad jurídica praescriptio, patrona generis humani” (La prescripción, patrona del género humano), puesto que: “El fundamento del instituto de la prescripción estriba en evitar la inseguridad que trae aparejada el transcurso del tiempo sin el ejercicio de un derecho. En otros términos, su objeto es evitar la falta de certeza en las relaciones jurídicas, producto 

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de la inactividad de un sujeto titular de un derecho” (Buitrago Ignacio Josué, Presidente del Tribunal Fiscal de la Nación Argentina. Memoria IV Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario 2011); por cuanto, se debe entender que, la praescriptio introducta est odio negligentiae, non favore praescribentis” (La prescripción se introdujo más bien en: contra de la.negligencia que en favor de quien prescribe). 

Bajo el escenario descrito, esta instancia de alzada, en resguardo del principio de seguridad juridica consagrada en la Constitución Política del Estado, concluye que, el instituto jurídico de la prescripción, debe entenderse, conforme establezcan los nuevos entendimientos desarrollados por el intérprete de la Constitución Política del Estado; razón por la que, en aras de hacer justicia tributaria, debe modularse el critério asumido anteriormente, reconduciéndolo conforme a los fundamentos ut supra estàblecidos, concluyendo que, la prescripción como instituto jurídico de extinción de obligaciones en materia tributaria, no es de oficio y se aplica-por, la negligenciaAdministración Tributaria en ejercer sus facultades dentro el término establecido en la normativa tributària

En ese entendido, es menester traer a colación, el entendimiento expuesto por el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 0255/2019-S2. de 21 de mayo, mediante la cual, establece el carácter vinculante, de aplicación-directa y obligatoria de las Sentencias Constitucionales puntualizando que: ..no deviene de la solicitud o no que haga el adṁinistrado de aplicar algún fallo constitucional de manera específica; sino que, como se tiene dicho, deviene de un mandato constitucional, que en virtud del carácter normativo de nuestra Noma Suprema es de aplicación directa y obligatoria. Entonces, según este entendimiento, no resulta necesario que el sujeto pasivo en calidad de contribuyente o su sustituto que acuden como recurrentes, deban citar algún precedente constitucional, para que este sea aplicable al caso concreto, sino que, en la labor de administración de justicia, corresponde su aplicación directa y obligatoria, sin necesidad de requerimiento expreso

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Al efecto, sobre el instituto jurídico que nos ocupa, la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0269/2019-S2 de 24 de mayo, en su punto “Ill. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO, efectuó el siguiente entendimiento en relación al momento que debe computarse la prescripción: (...) de la compulsa y análisis de los fundamentos de la Resolución impugnada, se advierte que los mismos se constituyen en arbitrarios; por cuanto, no se consideró que la prescripción no debió ser computada desde el momento en la que 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaéti onomita mbaerepi Vae (Guarani). 

Avenida Oquendo No 381, entre Venezuela y Ecuador · Zona Central Norte Telfs.: (5914) 4140011 4140012 www.ait.gob.bo. Cochabamba, Bolivia 

fue opuesta o solicitada, ni desde la emisión de la Resolución Determinativa, sino desde el año en que se inició el cómputo del plazo de la prescripción; y que por otra parte, ésta debió ser resuelta conforme y de acuerdo a la normativa vigente al momento del hecho generador del adeudo tributario; en este entendido, y al no haberse observado estos dos transcendentales aspectos, queda claro que se lesionó la garantía de la irretroactividad de ley. En efecto, si consideramos que (...) se refieren a adeudos tributarios (...) respecto al periodo fiscal diciembre 2009, el cómputo de la prescripción debió realizarse en base y de acuerdo a los arts. 59 y 60 del CTB antes de su reforma por las Leyes 291 y 317 de septiembre y diciembre de 2012, respectivamente, y la Ley 812 de julio de 2016, ya que las mismas fueron promulgadas de manera posterior al hecho generador (…)” 

La merituada Sentencia Constitucional Plurinacional, continuó sosteniendo lo siguiente: “En este contexto la prescripción sometida a análisis, tuvo, necesariamente que considerar la normativa vigente al periodo fiscalizado y en consecuencia, determinar şi ésta operó o no, en función a los plazos y mecanismos de cómputo estipulados en dicha normativa; pues, no resulta constitucionalmente aceptable que se pretenda la aplicación retroactiva de normas tributarias posteriores al hecho generador del adeudo tributario, máxime, si éstas no resultan más favorables (...)

Consecuentemente, la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0269/2019-S2 desglosada en párrafos previos, permite colegir de forma clara que, la normativa aplicable en el instituto de la prescripción, es la vigente al momento del hecho generador y no la vigente al momento en que el sujeto pasivo solicita la prescripción; en ese entendido, y considerando que las Sentencias Constitucionales, son de aplicación directa, por su carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, conforme lo señala el articulo 203 de la Constitución Política del Estado (CPE) y articulo 15 parágrafo II del Código Procesal Constitucional (CPC), reiterada en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0255/2019-S2 de 21 de mayo, corresponde su inclusión en el presente análisis de prescripción. 

De la misma forma, es preciso manifestar que, respecto a la aplicación de las decisiones asumidas por el Tribunal Supremo, como precedentes judiciales, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0255/2019-52 de 21 de mayo, en su punto “III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO“, emitió el 

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siguiente entendimiento: “(...) cabe resaltar que las decisiones asumidas por el Tribunal Supremo de Justicia (en sus Autos y Sentencias), son precedentes judiciales que a pesar de no constituir fuente directa del derecho tributario; empero, su aplicación no se! encuentra restringida ni prohibida para las diferentes instancias respecto a los conflictos suscitados, considerando que dicho Tribunal, tiene por finalidad unificar sus precedentes a nivel nacional con el propósito de corregir la diversidad de interpretaciones del derecho y evitar sus posibles transgresiones. En tal contexto, en el caso de análisis resulta irracional que la Administración Tributaria y la Autoridad de Impugnación Tributaria -AIT- (Regional y General) actúen como si sus decisiones fueran, aisladas, desconociendo la posición asumida por la justicia constitucional, y el Tribunal Supremo de Justicia en casos donde se constituyeron en parte-procesal y se analizó la problemática de la vigencia temporal del art. 59 del CTB respecto al cómputo de la prescripción y.las modificaciones introducidas a dicha norma por las Leyes 291, 317 y 812”. 

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Lo expụesto, resulta concordante con el entendimiento que efectuó el Tribunal Constitucional Plurinacional en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0566/2018-91 de 1 de octubre, que señaló lo siguiente: “Por otro lado, cabe igualmente señalar que, si bien las decisiones asumidas (Autos y Sentencias) por el Tribunal Supremo de Justicia, son precedentes judiciales que no se encuentran como fuente del derecho tributario, ese aspecto no limita su aplicación para las diferentes materias que les toca resolver, toda vez que se debe tomar en cuenta que la finalidad principal, otorgada por la Norma Fundamental a dicho Tribunal, es la unificación de la jurisprudencia nacional con el único propósito de corregir-la diversidad de interpretaciones del derecho, así como se operen correctivos a la diversidad de interpretaciones que se pudieran realizar y la transgresión en las que incurran contra la legislación; bajo esa interpretación, en el caso de análisis no se puede soslayar el hecho de que habiéndole otorgado la Norma Fundamental la atribución a esa instancia de armonizar la jurisprudencia, los operadores actúen como si sus decisiones fueran aisladas desconociendo los principios rectores y que informan nuestro ordenamiento jurídico y el andamiaje procesal”. 

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En virtud al entendimiento precedentemente expuesto en la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0255/2019S2 de 21 de mayo, es preciso resaltar que, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia precisamente en el Auto Supremo Nro. 490/2016 de 7 de noviembre, respecto a la aplicación normativa, sustentó lo siguiente: “En autos, siendo que el hecho generador nació en los periodos fiscales julio y agosto de 2007, 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani)

Avenida Oquendo No 381, entre Venezuela y Ecuador Zona Central Norte Telfs.: (591-4) 4140011 4140012• www.ait.gob.bo. Cochabamba, Bolivia 

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corresponde aplicar las normas de prescripción vigentes en el momento del nacimiento del hecho imponible; es decir, los arts. 59 al 62 del CTB (Ley 2492) sin las modificaciones dispuestas el año 2012, pues se entiende que la normativa actualmente vigente es aplicable a los hechos imponibles que nazcan a partir del año 2012 y no anteriormente”. Posteriormente, el Auto Supremo N° 006/2017 de 12 de enero, respecto a la prescripción y su cómputo expresó: Establecido lo anterior, y teniendo en cuenta que el hecho generador (…), nació el año 2007, corresponde aplicar las normas de prescripción vigentes en el momento del nacimiento del hecho imponible; es decir, los arts. 59 al 62 del CTB (Ley 2492) sin las modificaciones dispuestas el año 2012 por la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, pues se entiende que la normativa actualmente vigente es aplicable a los hechos imponibles que nazcan a partir del año 2012 y no anteriormente”

Finalmente, también resulta preciso señalar que, la Sentencia No 055/2019 de 17 de abril de 2019 emitida por la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, emitió su entendimiento de la siguiente manera: “En ese contexto, se tiene que la irretroactividad de las disposiciones legales en general, es parte del principio de legalidad y es que no se puede pedir el cumplimiento de disposición legal alguna en tanto no se encuentre legalmente en vigencia en ese momento, intelecto que va relacionado con la teoría de los hechos cumplidos, que establece que cada norma jurídica debe aplicarse a los hechos que ocurran durante su vigencia, materializando así el principio de seguridad jurídica”. (...) “A, de la revisión minuciosa de obrados, se pudo evidenciar que los periodos fiscalizados son de abril a diciembre de 2010 y de enero a marzo de 2011, por lo que corresponde aplicar la norma sustantiva referida a la prescripción vigente en ese momento, es decir, que debe aplicarse el art. 59 de la Ley 2492 (sin las modificaciones de las Leyes No 291 y 317 ...)“. 

Prescripción de la facultad de la Administración Tributaria para imponer sanciones administrativas. La parte recurrente señaló que corresponde la prescripción de las acciones y facultades de la Administración Tributaria para imponer las sanciones por contravenciones tributarias contenidas en las Resoluciones Sancionatorias No 62/2012, No 168/2012, No 45/2015, No 139/2011 y N° 18-0008114.

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Por su parte, la Administración Tributaria señaló que, antes que opere el término de prescripción para la aplicación de sanciones administrativas conforme el articulo 61 y 154 de la Ley N° 2492 (CTB) emitió y notificó las Resoluciones Sancionatorias C.D.C. No 62/2012, No 168/2012, Nr-045/2015 y No-139/2011; asimismo, respecto a la Resolución Sancionatoria-18-00081-14 de fecha 28 de septiembre de 2014, señaló que cursa en obrados’un pago con Boleta de pago 1000 N° de Orden.6088822179 emitiendo el Auto de Conclusión de Tramite N° 281960000769 en 18 de julio de 2019, declarando extinguida la multa. 

Al respecto, con relación a la prescripción de la facultad de imposición de sanciones administrativas y en consideración a lo expuesto en el acápite. “IV.3.1. Respecto a la aplicación de los nuevos entendimientos constitucionales sobre el cómputo de la prescripción” del presente análisis, corresponde aplicar la Ley No 2492 (CTB) sin modificaciones, en este entendido, cabe puntualizar que, el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), señala que las acciones de la Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar, tributos; 12. Determinar la deuda tributaria; 3. Imponer sanciones administrativas; y 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

.‘ 

Asimismo; el artículo 60 parágrafo de la Ley N° 2492 (CTB), establece que, excepto en.el numeral 4 del parágrafo 1 del artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. 

Por su parte, el artículo 160 de la Ley N° 2492 (CTB) señala que: son contravenciones tributarias: 1. Omisión de inscripción en los registros tributarios; 2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; 3. Omisión de pago; 4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del artículo-181; 5. Incumplimiento de otros deberes formales; y 6. Las establecidas en leyes especiales. 

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Expuesta la normativa, incumbe la revisión de los antecedentes administrativos y toda vez que el sujeto pasivo solicitó la prescripción de la facultad de imposición de sanciones administrativas de las contravenciones que merecieron la emisión de las Resoluciones Sancionatorias NO 62/2012, No 168/2012, No 45/2015, No 139/2011 y 18-0008114, para 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasag kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani)..

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un mejor entendimiento se expondrán los antecedentes y análisis por cada una de las Resoluciones Sancionatorias alegadas

Resolución Sancionatoria C.D.C. N° 62/2012 de 12 de junio de 2012. . De la revisión de los antecedentes administrativos, se tiene que el 27 de septiembre de 2010, la Administración Tributaria emitió, la Resolución Administrativa N° 20-0063-10 que resolvió conceder al sujeto pasivo CONALSI SRL, las facilidades de Pago respecto al monto adeudado Neto de Bs633.145.-, á pagarse en veintisiete (27) cuotas mensuales, respecto de las Declaraciones Juradas Form. 400 (IT) de los periodos junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2009; Form. 200 (IVA) de septiembre de 2009; Form. 400 (IT) de los periodos febrero, marzo, abril, de 2010; y Form. 200 (IVA) de abril de 2010, mismas que fueron declaradas consignando un importe a favor del fisco que no fue pagado dentro del plazo establecido para el efecto (fojas 58-60 C1 de antecedentes administrativos). 

El 15 de julio de 2011, la Administración Tributaria emitió el Informe F.P. No 107/2011, señalando que el sujeto pasivo incumplió con el Plan de Facilidades de Pago otorgado, por lo que recomendó la remisión del caso al Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva, para que se proceda conforme el inciso a) y c) del caso 3, numeral 1 del artículo 18 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-000409 (fojas 84 y. 85 C1 de antecedentes administrativos). 

El 12 de junio de 2012, la Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria C.D.C. No 62/2012, resolviendo sancionar al sujeto pasivo con la multa de UFVs 484.883. equivalente a Bs852.735., de conformidad a lo establecido en el artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB); asimismo, intimó al sujeto pasivo para que en el plazo de 20 días de su legal notificación, cancele la suma citada por la contravención de Omisión de Pago, bajo conminatoria de iniciarse la ejecución tributaria. Acto notificado mediante cédula el 20 de julio de 2012 (fojas 109110 y 114 C1 de antecedentes administrativos). . . 

Bajo este contexto, la contravención tributaria sancionada a través de la Resolución Sancionatoria C.D.C. N° 62/2012 de 12 de junio de 2012, corresponde a la omisión de pago de las Declaraciones Juradas Form. 400 (IT) de los periodos junio, agosto, septiembre octubre, noviembre, diciembre de 2009; Form. 200 (IVA) de septiembre de 2009; Form. 400 (IT) de los periodos febrero, marzo, abril, de 2010; Form. 200 (IVA) de 

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abril de 2010 (fojas 58-60 C1 de antecedentes administrativos), producto de la presentación de Declaraciones Juradas consignando un saldo a favor del fisco que no fue cancelado dentro del plazo previsto para el efecto, motivo por el cual la conducta contraventora se configuro-al día siguiente del vencimiento de pago de la obligación tributaria, mismo que aplicación del artículo 10 de la Ley N° 843 (IVA) y el artículo 7 del Decreto Supremo N° 21532 (IT), tanto el IVA como el.IT debieron ser-liquidados y pagados al més siguiente. .. 

De esta manera, en consideración a lo expuesto se tiene que, el cómputo de la prescripción quedó configurado de la siguiente manera: 

1 Vencimiento 

inicio de 

Rino 

Termino de la 

lempuesto 

periodo 

de pago 

07/2009 

*** 4 años– 

09/2009 

4 años 

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09/2009 

09/2009 

10/2009 

Inicio de Término de la prescripción de prescripción 

01-01-2010 07-01-2010 01-012010 

4 años 01-01-2010 

4 anos 01-01-2010 

4 años 01012010 

4 años 01-01-2011 :,4 años 01-01-2011 4 años 01-01-2011 4 años 01-012011 4 años 01-01-2011 

A prescripción 

3112-2013 3112-2013 3112-2013 31122013 31-12-2013 31-12-2013 

31-12-2014 . 31-12-2014 (. 3112-2014 » 

31-12-2014 **-31-12-2014 – minimum 

10/2009 10/2009 11/2009 12/2009 01/2010 03/2010 04/2010 05/2010 05/2010 

11/2009 

12/2009 

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– 

02/2010 03/2010 04/2010 04/2010- 

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En consideración al cuadro expuesto precedentemente y tomando en cuenta que el Servicio de Impuestos Nacionales notificó la Resolución Sancionatoria C.D.C. No 62/2012 el 20 de julio de 2012 (fojas 109110 y 114 C1 de antecedentes administrativos), se advierte que la Administración Tributaria, respecto a la sanción por omisión de pago de las Declaraciones Juradas Form. 400 (IT) de los periodos junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2009; Form. 200 (IVA) de septiembre de 2009; Form. 400 (IT) de los periodos febrero, marzo, abril, de 2010; Form. 200 (IVA) de abril de 2010 ejerció su facultad de imposición de sanciones antes de configurarse la prescripción. 

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Resolución Sancionatoria C.D.C. N° 168/2012 de 12 de septiembre de 2012. El 12 de septiembre de 2012, el ente recaudador emitió la Resolución Sancionatoria C.D.C. N° 168/2012, resolviendo, sancionar al sujeto pasivo con la multa de UFVS 69.476 

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III III 

equivalentes a Bs 123.496.- de conformidad a lo establecido en el artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB); asimismo, intimó al sujeto pasivo para que en el plazo de 20 días de su legal notificación, cancele la suma citada por la contravención de Omisión de Pago, bajo conminatoria de iniciarse la ejecución tributaria. Acto notificado mediante cédula el 9 de octubre de 2012 (fojas 32-33 y 37 de antecedentes administrativos)

En este entendido, la contravención tributaria sancionada por la Resolución Sancionatoria C.D.C. N° 168/2012 de 12 de septiembre de 2012, corresponde a la omisión de pago de las Declaraciones Juradas correspondiente al Impuesto sobre las Utilidades a las Empresas (IUE) al periodo 03/2010 y el Impuesto a las Transacciones (IT) del periodo 12/2010, mismas que fueron declaradas consignando un saldo a favor del fisco que no fue cancelado dentro del plazo establecido para el efecto, por lo que la conducta contraventora se configuró al día siguiente de vencido el plazo para el cumplimiento de la obligación, por lo que considerando el plazo establecido en los artículos 46 de la Ley N° 843 (UE) y 7 del Decreto Supremo 21532 (IT), el cómputo de la prescripción quedó configurado de la siguiente manera: 

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  1. 23

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periodo 

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03/2010 

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12/2010 

01/2011 

0101-2012 

4 años

31122015 

De esta manera, en consideración al cuadro precedente y tomando en cuenta que la Administración Tributaria efectuó la notificación mediante cédula el 9 de octubre de 2012 de la Resolución Sancionatoria C.D.C. N° 168/2012 de 12 de septiembre de 2012 (fojas 32-33 y 37 de antecedentes administrativos), se evidencia que la Administración Tributaria respecto a la sanción por omisión de pago correspondiente al Impuesto sobre las Utilidades a las Empresas (IUE) al periodo 03/2010 y el Impuesto a las Transacciones (IT) del periodo 12/2010 ejerció su facultad de imposición de sanciones antes de configurarse la prescripción. 

La Resolución Sancionatoria 1800081-14 de 26 de septiembre de 2014. El 26 de septiembre de 2014, la Administración Tributaria emitió, la Resolución Sancionatorsa 180008114, resolviendo sancionar al sujeto pasivo con el pago de la multa 

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de UFVs 1.500, por concepto de Incumplimiento a Deberes Formales; e intimó a la empresa ahora recurrente para que en el término de 20 (veinte) días de su legal notificación con la citada Resolución cancele la suma precedentemente mencionada, bajo conminatoria de iniciarsela-ejecución tributaria en caso de incumplimiento y consiguiente aplicación de medidas coactivas conforme lo dispuesto por el artículo 100 de la Ley N° 2492 (CTB). Acto notificado al sujeto pasivo el 22 de octubre de 2014 (fojas 1416 y 21 C4 antecedente administrativo). 

Bajo este contexto, la contravención tributaria sancionada por la Resolución Sancionatoria C.D.C. N° 18-00081-14 de 26 de septiembre de 2012, corresponde al incumplimiento con la actualización del Padrón Biométrico Digital, el cómputo de la prescripción que refiere quedó configurado de la siguiente manera: 

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(31-122016 () La fecha límite para la actualización del Padrón Biométrico Digital ‘fue obtenida de la Resolución Normativa de Directorio N° 100003-12. 

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– 

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4412 

– 

Por lo expuesto en el cuadro anteriör ý considerando que la Admiņistración Tributaria notifico mediante cédula el 22 de octubre de 2014 de la Resolución Sancionatoria 18 0008114 de 26 de septiembre de 2014 (fojas 1416 y 21 C4 antecedente administrativo), se evidenció que la Administración Tributaria con relación a la aplicación de sanciones administrativas ante el incumplimiento con la actualización del Padrón Biométrico Digital, ejerció su facultad en plazo, antes de configurarse el término de la prescripción

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AFNOR CERTIFICATIO

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Resolución Sancionatoria 045/2015 de 10 de junio de 2015. De la revisión de los antecedentes administrativos, se tiene que el 10 de junio de 2015, la Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria No 045/2015, resolviendo sancionar al sujeto pasivo con la suma de UFV’s 2.227.- equivalente a B$4.583, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB); asimismo, intimo al sujeto pasivo para que en el plazo de 20 días de su legal notificación, cancele la suma citada por la contravención de Omisión de Pago, bajo conminatoria de iniciarse la ejecución tributaria de acuerdo al artículo 110 de la citada Ley. Acto notificado mediante cédula el 15 de junio de 2015 (fojas 12-13 y 17 C2 de antecedentes administrativos). 

5282 

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Justicia tributaria para vivir bien Jaņ mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Avenida Oquendo No 381, entre Venezuela y Ecuador Zona Central Norte Telfs.:(5914) 4140011 4140012 www.ait.gob.bo. Cochabamba, Bolivia 

II 

Bajo este entendimiento, la contravención tributaria. sancionada por la Resolución Sancionatoria No 045/2015 de 10 de junio de 2015, corresponde a la omisión de pago de las Declaraciones Juradas Form. 400 (IT) del periodo 08/2011, producto de la presentación de Declaraciones Juradas consignando un saldo a favor del fisco que no fue cancelado dentro del plazo previsto para el efecto, motivo por el cual la conducta contraventora se configuró al día siguiente del vencimiento de pago de la obligación tributaria, mismo que aplicación del 7 del Decreto Supremo 21532, el impuestos IT tanto el IVA como el IT debieron ser liquidados y pagados al mes siguiente. 

De esta manera, en consideración a lo expuesto se tiene que el cómputo de la prescripción quedó configurado de la siguiente manera

Fys 

upuesto 

Vencimiento 

de pago 09/2011 

pr 

inicio de prescripción 01-01-2012 

Término de la prescripción 

4 años 

Finaliza la prescripción 31122015 

IT 

08/2011 

De esta manera, en consideración al cuadro expuesto precedentemente y tomando en cuenta que el Servicio de Impuestos Nacionales notificó la Resolución Sancionatoria No 045/2015 mediante cédula el 15 de junio de 2015 (fojas 1213 y 17 C2 de antecedentes administrativos), se advierte que la Administración Tributaria, ejerció su facultad de imposición de sanciones administrativas en plazo, es decir, antes de configurarse el instituto de la prescripción. 

Resolución Sancionatoria C.D.C. N° 139/2011 de 3 de octubre de 2011. De la revisión de los antecedentes administrativos, se tiene que el 3 de octubre de 2011, la Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria C.D.C. N° 139/2011 y resolvió sancionar al contribuyente CONALSI SRL con la multa de UFVs 65.683. equivalentes a Bs. 110.464.-, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB); asimismo, intimó al sujeto pasivo para que en el plazo de 20 días de su legal notificación, cancele la suma citada por la contravención de Omisión de Pago, bajo conminatoria de iniciarse la ejecución tributaria de acuerdo al artículo 110 de la citada Ley. Acto notificado de manera personal el 20 de octubre de 2011 (fojas 40-42 C5 antecedentes administrativos)

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– 

– 

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— 

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– 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

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– 

Bajo este contexto, se tiene que la contravención tributaria sancionada por la Resolución Sancionatoria C.D.C. N° 139/2011 de 3 de octubre de 2011, corresponde a la omisión de pago de las Declaraciones Juradas Form. 400 (IT) de los periodos julio y agosto de 2010 y Form. 200 (IVA) de agosto de 2010 (fojas 40-42 C5 antecedentes administrativos), producto de la presentación de Declaraciones Juradas consignando un saldo a favor del fisco qué no fue cancelado dentro del plazo previsto para el efecto, motivo por el cual la conducta contraventora se configuró al día siguiente del vencimiento de pago de la obligación tributaria, mismo que aplicación de los artículos 10 de la Ley N° 843 (IVA) y 7 del Decreto Supremo 21532 (IT), tanto el IVA como el IT debieron ser liquidados y pagados al mes siguiente

De esta manera, en consideración a lo expuesto se tiene que el cómputo de la prescripción quedó configurado de la siguiente manera: 

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de pago : 07/2010 08/2010 0 8/2010 09/2010 08/2010 09/2010 

inicio de Término de la prescripción prescripción | 01-01-2011 4 años 

01-01-2011 4 años 0101-2011 1 4 años 

Finaliza la prescripción

31-12-2014 : | 3112-2014 131-122014 

IVA 

De esta manera, en consideración al cuadro expuesto precedentemente y tomando en củenta que el Servicio de Impuestos Nacionales notificó la Resolución Sancionatoria C.D.C. N° 139/2011 de forma personal el 20 de octubre de 2011 (fojas 40-42 C51 antecedentes administrativos), se evidencia que la Administración Tributaria ejerció su facultad de imposición de sanciones administrativas en plazo, a fin de sancionar la omisión de pago de las a la omisión de pago de las Declaraciones Juradas Formulario 400 (IT) de! los periodos julio y agosto de 2010 y Formulario 200 (IVA) de agosto de 2010. 

afao ISO 900

IV.3.2 Prescripción de la facultad de ejecución de la Administración Tributaria. La parte ́recurrente señaló que, luego de la notificación de las Resoluciones Sancionatorias Nos 62/2012, 168/2012, 45/2015, 18-00081-14 y.139/2011, se demuestra un tiempo de inacción por parte de la Administración Tributaria superior a los 4 años, estando prescritas las facultades del Sujeto Activo para ejercer su facultad de cobro y ejecución tributaria. 

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Por su parte, la Administración Tributaria señaló que el artículo 61 de la Ley 2492 (CTB), cuenta con vacíos legales que permiten la aplicación del Código Civil en el artículo 1503, 

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con el entendido de interrumpir el cómputo de prescripción de la facultad de la Administración Tributaria de ejecución, mediante la aplicación de medidas coactivas, en ese entendido sostuvo que en ninguno de los casos analizados en el Auto Administrativo N° 391960000014 operó la prescripción de las facultades de la administración tributaria para ejercer la facultad de cobro de ejecución tributaria. 

Al respecto, para comprender la naturaleza de la facultad de la Administración Tributaria de ejecutar sus actos, con carácter previo corresponde tener presente lo señalado por la doctrina, que indica: (…) la ejecutoriedad y la ejecutividad actúan en dos planos distintos: la primera hace a las facultades que tiene la Administración para el cumplimiento del acto administrativo, sin intervención judicial, utilizando excepcionalmente la coacción; la ejecutividad en cambio se refiere al título del acto en el plano procesal, siendo ejecutivo -conforme a todo nuestro ordenamiento jurídico procesal-aquel acto que, dictado con todos los recaudos que prescriben las normas legales, desencadena la pretensión procesal de utilizar el proceso de ejecución (...) (CASSAGNE, Juan Carlos. (2017). Derecho Administrativo. Tomo I. Perú: Palestra Editores. Pág. 786). 

Así también la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0249/2012, de 29 de mayo 2012, que dispuso: “La jurisprudencia constitucional por su parte, entre otras, en la SC 0107/2003 de 10 de noviembre, señaló que: “Acto administrativo es la decisión general o especial de una autoridad administrativa, en ejercicio de sus propias funciones, y que se refiere a derechos, deberes e intereses de las entidades administrativas o de los particulares respecto de ellas. El pronunciamiento declarativo de diverso contenido puede ser de decisión, de conocimiento o de opinión. Los caracteres jurídicos esenciales del acto administrativo son: (...) 4) La ejecutividad, constituye una cualidad inseparable de los actos administrativos y consiste en que deben ser ejecutados de inmediato; 5) La ejecutoriedad, es la facultad que tiene la Administración de ejecutar sus propios actos sin intervención del órgano judicial; 6) La ejecución, que es el acto material por el que la Administración ejecuta sus propias decisiones (…)”

En lo que corresponde a la ejecución de actos administrativos emitidos por la Administración Tributaria, el artículo 108, parágrafo I, numeral 1 de la Ley N° 2492 (CTB) señala: “9. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la notificación de los siguientes títulos: 1. Resolución Determinativa o Sancionatoria firmes, 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

por el total dela deuda tributaria o sanción que imponen, 3. Resolución que se dicte para resolver el Recurso Jerárquico 5. Sentencia Judicial ejecutoriada por el total de la deuda tributaria que impone”, y el artículo 4 del Decreto Supremo N° 27874 que dispone: La ejecutabilidad de los títulos listados en el parágrafo I del Artículo 108 de la Ley N° 2492, procede al tercer día siguiente de la notificación con el proveido que de inicio a la ejecución tributaria (...)”

En observancia de lo dispuesto por la-Sentencia Constitucional Plurinacional No 1169/2019-92 desglosada en acápite “IV.3.1. Respecto a la aplicación de los nuevos entendimientos constitucionales sobre el cómputo de la prescripción del presente documento, misma que deviene del análisis de la prescripción de la facultad de ejecución de las sanciones impuestas por la Administración Tributaria y concluye que la norma aplicable para el análisis de la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria en etapa de ejecución, debe ser aquella vigente al momento del inicio del cómputo del plazo de prescripción, y en consideración a que la facultad del ente recaudador analizada en el presente caso, comprende el ejercicio de la facultad de ejecución de Títulos de Ejecución Tributaria según lo dispuesto por el artículo 108, parágrafo I, numeral 1 de la Ley N° 2692′ (CTB), corresponde indicar que, la normativa aplicable al presente caso, es aquella vigente al momento en que objetivamente la pretensión de la ejecución. puede ejercitarse. 

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Bajo este contexto, corresponde verificar el momento en el cual las Resoluciones Sancionatorias No 62/2012, No 168/2012 N° 45/2015 N° 1800081-14 y No 139/2011 adquirieron firmeza, comenzado la fase de ejecución, dentro la cual, el Servicio de Impuestos Nacionales en ejercicio de su facultad de ejecución, emitió los correspondientes Proveídos de Ejecución Tributaria, por lo que corresponde en el presente caso analizar cada Resolución Sancionatoria a fin de determinar la normativa a aplicar. 

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Calidad 

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Bajo este contexto y de la compulsa de los antecedentes administrativos, se tiene que la Resolución Sancionatoria C.D.C. N° 139/2011 de 3 de octubre de 2011, de la revisión de los antecedentes administrativos, se verifica que la misma, mereció la interposición de la Demanda Contencioso Tributario, por parte del sujeto pasivo, que en su primera etapa culminó con la Sentencia No 6/2012 de 12 de marzo de 2012, que declaró improbada la demanda confirmando la Resolución Sancionatoria (foja 83 C5 antecedentes 

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2 Aranibor Mejla 

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administrativos), posteriormente, la citada Sentencia fue confirmada por el Auto de Vista N° 194/2017 de 14 de noviembre de 2017 (fojas 122-125 C5 de antecedentes administrativos) y toda vez que el Tribunal Supremo de Justicia emitió el Auto Supremo No 273/2019 que resolvió Infundado el Recurso de Casación (fojas 164172 C5 de antecedentes administrativos), notificando su decisión el 30 de julio de 2019, momento a partir del cual, la Resolución Sancionatoria adquirió firmeza, emitiendo la Administración Tributaria el 6 de septiembre 2019, el Proveido de Ejecución Tributaria No 331960001260. a fin de ejecutar la Resolución Sancionatoria C.D.C. N° 139/2011. 

Por otra parte, la Resolución Sancionatoria C.D.C. No 62/2012 de 12 de junio de 2012, fue objeto de impugnación en sede administrativa, derivando en que la Autoridad General de impugnación Tributaria emita la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0061/2013 el 21 de enero de 2013, resolviendo confirmar la Resolución de Recurso de Alzada ARIT CBAIRA 0306/2012 de 26 de octubre de 2012, manteniendo firme y subsistente la Resolución Sancionatoria’ (fojas 178-191 de antecedentes administrativos); fallo administrativo que fue notificando el 25 de enero de 2013 (fojas 177 de antecedentes administrativos) adquiriendo firmeza y posibilitando la emisión del Proveido de inicio de Ejecución Tributaria GDTJ/DJCC/UCC/PROV/727/2013, que derivó en la aplicación de medidas coactivas correspondientes conforme dispone el artículo 110 de la Ley N° 2492 (CTB)

Respecto a la Resolución Sancionatoria C.D.C. N° 168/2012 de 12 de septiembre de 2012, de la compulsa de los antecedentes administrativos, se advierte que, luego de culminar el proceso de impugnación iniciado por el sujeto pasivo en contra de la citada resolución sancionatoria, el 29 de abril de 2013 la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0511/2013 de 29 de abril de 2013, resolviendo confirmar la Resolución de Recurso de Alzada ARITCBARA 0051/2013 de 4 de febrero de 2013, en consecuencia mantuvo firme y subsistente la Resolución Sancionatoria C.D.C. N° 168/2012 de 12 de septiembre de 2012 (fojas 100 114 C3 de antecedentes administrativos), fallo administrativo que fue notificado el 6 de mayo de 2013, momento a partir del cual adquirió firmeza la Resolución Sancionatória; posteriormente el ente recaudador emitió el 27 de septiembre de 2013, el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria GDTJA/DJCC/UCC/PROV/01029/2013, ejecutando medidas 

coactivas (foias 138 y 142 C3 de antecedentes administrativos). 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivi

Con relación a la Resolución Sancionatoria 045/2015 de 10 de junio de 2015, los antecedentes administrativos evidencian que el sujeto pasivo una vez notificado con la misma por cédula el 15 de junio de 2015 (fojas 17 C 2 de antecedentes administrativos), no impugnó la misma en el plazo de 20 días dispuesto por el artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), en consecuencia adquirió firmeza el 7 de julio de 2015, ejecutando la Administración Tributaria medidas coactivas correspondientes conforme dispone el artículo 110 de la Ley N° 2492 (CTB) (fojas 17 C2 de antecedentes administrativos). 

En este entendido las Resoluciones Sancionatorias C.D.C. No 139/2011 de 3 de octubre de 2011, No 62/2012 de 12 de junio de 2012, No 168/2012 de 12 de septiembre de 2012 y 045/2015 de 10 de junio de 2015, se constituyeron en títulos de ejecución tributaria en vigencia de las modificaciones realizadas al instituto de la prescripción establecido en la Ley N° 2492. (CTB), a través...de..las, Leyes. Nos..29.1.7.-317,..correspondiendo en consecuencia su aplicación toda vez que estas últimas, estuvieron vigentes al momento del inicio del cómputo de la prescripción de la facultad de ejecución tributaria, en el entendido de que al momento de adquirir los actos administrativos firmeza, son pasibles de ejecución, pudiendo la Administración Tributaria aplicar medidas de cobro. 

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Bajo este contexto, el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), modificada por la Ley N° 291; en sy parágrafo 11 refiere que, el término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los cinco (5) años. Asimismo, el artículo 60 del mismo cuerpo legal dispone que con relación a la facultad de ejecución tributaria el término de prescripción de ejecución de contravenciones tributarias se computará desde el momento que adquiera la 

calidad de título de ejecución tributaria. 

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De esta manera, en consideración a lo expuesto hasta el momento, se tiene que el término de la prescripción de cinco años para que la Administración Tributaria ejerza su facultad de ejecución de sanciones por contravenciones tributarias, inició su cómputo desde que el acto administrativo que impone la multa (Resoluciones Sancionatorias C.D.C. N°139/2011 de 3 de octubre de 2011, No 62/2012 de 12 de junio de 2012, No 168/2012 de 12 de septiembre de 2012 y No 045/2015 de 10 de junio de 2015) adquirió la calidad de título de ejecución tributaria, de esta manera el cómputo de dicho instituto quedó configurado de la siguiente manera: 

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Sistema de Gestión 

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... 

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2492 modificada por la Ley N° 291 

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N° 168/2012 

06/05/2013 

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5 años 

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N° 045/2015 

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5 años 

07/07/2020″ 

“Lo expuesto en el cuadro precedente, permite advertir que el cómputo de la prescripción de cinco años para el cobro de las contravenciones tributarias impuestas por la Resoluciones Sancionatoria C.D.C. N° 139/2011 de 3 de octubre de 2011, inició el 30 de julio de 2019 y concluirá el 30 de julio de 2024; para la Resolución Sancionatoria C.D.C. No. 62/2012 de 12 de junio de 2012, inició el 25 de enero de 2013 y concluyó el 25 de enero de 2018; para la Resolución Sancionatoria C.D.C. N° 168/2012 de 12 de septiembre de 2012 inició el 6 de mayo de 2013 y finalizó el 6 de mayo de 2018 y para la Resolución Sancionatoria No 045/2015 inició el 7 de julio de 2015 y concluirá el 7 de julio de 2020. 

Por el análisis desarrollado hasta este punto, se concluye que la facultad de ejecución de las contravenciones tributarias (sanción por omisión de pago) contenidas en las Resoluciones Sancionatorias Nos. 62/2012 y 168/2012 se encuentran prescritas; empero, en lo que respecta a la sanción por omisión de pago contenida en las Resoluciones Sancionatorias Nos. 139/2011 y 045/2015 las facultades de la Administración Tributaria, aún se encuentran vigentes. 

Por otro lado, con relación a la Resolución Sancionatoria 18-00081-14 de 26 de septiembre de 2014, la Administración Tributaria emitió el Proveido de inicio de Ejecución Tributaria GDTJADUCC/UCC/PROVI00188/2014, (fojas 23 C4 de antecedentes administrativos), 

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cancelando el sujeto pasivo la multa impuesta, mereciendo la emisión del Auto de Conclusión de Tramite N° 281960000769, (fojas 42-43 C4 antecedentes administrativos), por lo que al encontrase extinguida la multa no merece mayor análisis respecto a la prescripción. 

Ahora bien, la Administración Tributaria, en el acto-impugnado, expresó la existencia de médidas y acciones tendientes al cobro de las contravenciones, refiriéndolas como causales de interrupción al término de la prescripción de la facultad de ejecución, indicando como fundamento legal las disposiciones sobre prescripción del Código Civil, aplicables en virtud de lo dispuesto por los artículos 5 y 8 de la Ley N° 2492 (CTB), ante la existencia de un vacío en la normativa tributaria, por lo que aplicó por la analogía con la normativa civil en sus artículos 1492, 1493 y 1497. 

… 

– 

– 

No obstante, corresponde aclarar que, el’instituto jurídico de la presèripción, para el presente caso se encuentra regulado por el Código Tributario Boliviano, Ley N° 2492 (CTB), en los artículos 59, 60 y 61 que prevén el término, cómputo, suspensión e interrupción del término de prescripción, incluyendo la etapa de ejecución tributaria y dei manera específica en el artículo 61 del merituado cuerpo legal señala los actos que interrumpen el cómputo de la prescripción (sin hacer discriminación respecto a la facultad)., entre los que no se encuentran las medidas y acciones de cobro, lo que determina que no corresponde aplicar por analogía y/o subsidiariedad previsiones del Código Civil sobre prescripción en dicha etapa. 

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—- 

– 

– 

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– 

– 

– 

– 

Por todo lo expuesto, conforme al análisis realizado con base en los antecedentes administrativos, corresponde a esta instancia recursiva revocar parcialmente el Auto Administrativo. N° 391960000014 de 19 de julio de 2019, emitido por Gerencia Distrital Tarija del Servicio de. Impuestos Nacionales, declarando vigente la facultad de imposición de sanciones administrativas efectuadas por las Resoluciones Sancionatorias C.D.C. N° 139/2011 de 3 de octubre de 2011, No 62/2012 de 12 de junio de 2012, No 168/2012 de 12 de septiembre de 2012, 045/2015 de 10 de junio de 2015 y 

00081-14, de 26 de septiembre de 2014; con relación a la facultad de ejecución de las contravenciones tributarias, declarar prescrita dicha facultad para la sanción por omisión de pago contenida en las Resoluciones Sancionatorias Nos. 62/2012 y 168/2012 

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y vigente para la ejecución de la sanción por omisión de pago contenidas en las Resoluciones Sancionatorias N° 139/2011 y 045/2015. 

POR TANTO

El suscrito Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley.No 2492 (CTB) y artículo 141 del Decreto Supremo N° 29894 de 7 de febrero de 2009

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE el Auto Administrativo N° 391960000014 de 19 de julio de 2019, emitido por Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales; declarando vigente la facultad de imposición de sanciones administrativas efectuadas por las Resoluciones Sancionatorias C.D.C. No 139/2011 de 3 de octubre de 2011, No 62/2012 de 12 de junio de 2012, No 168/2012 de 12 de septiembre de 2012, 045/2015 de 10 de junio de 2015 y 18-0008114 de 26 de septiembre de 2014; con relación a la facultad de ejecución de las contravenciones tributarias, declarar prescrita dicha facultad para la sanción por omisión de pago contenida en las Resoluciones Sancionatorias Nos. 62/2012 y. 168/2012 y vigente para ejecución de la sanción por omisión de pago contenidas en las Resoluciones Sancionatorias No 139/2011 y 045/2015; sea de conformidad con el inciso a) del parágrafo I y parágrafo II del artículo 212 del Código Tributario Boliviano (CTB)

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo

.115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario Boliviano (CTB), será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley N° 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 de la Ley N° 2492 (CTB), el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computables a partir de su notificación. 

Regístrese, notifiquese y cúmplase. 

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Eric Ausberto Restas Urquiza 

DIRECTOR EJECUTIVO REGIONAL“ 

DIRECCION EJECUTIVA REGIONAL Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cbba. 

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AFNOR CERTIFICATION 

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NB/ISO 

9001 IBNORCA 

Sistemade Gestión 

cridad CotcoN77104 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Avenida Oquendo N° 381, entre Venezuela y Ecuador. Zona Central Norte Telfs.: (5914) 4140011 4140012• www.ait.gob.bo. Cochabamba, Bolivia 

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, TAPA 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

AUTO DE RECTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN ARIT-CBAR

002/2020 Cochabamba, 9 de junio de 2020 

Expediente

ARITTJA-0079/2019 

Recurso de Alzada: : 

Interpuesto por Compañía Nacional de Servicios de Ingenieria- “CONALSI SRL, representado por Sergio Alberto Donoso Trigo..contra el Auto Administrativo No 391960000014 de 19 de julio de 2019, pronunciada por la Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por María Elena Ramallo 

Zamora.— 

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  • VISTOS Y CONSIDERANDO 

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La solicitud de rectificación y aclaración de la Resolución de Recurso de Alzada ART 

CBĄRA 00061/2020 de 16 de marzo de 2020, emitida por la Autoridad, Regional de 

  • Impugnación Tributaria Cochabamba, formulada por Maria Elena, Ramallo Zamora, en 

representación de la Gerencià Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionáles. 

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CONTENIDO DE LA SOLICITUD... 

EI 02 de junio de 2020, Maria Elena Ramallo Zamora, en representación de la Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales, solicitó aclaración y rectificación de la Resolución del Recurso de Alzada ARITCBAIRA 0061/2020 de 16 de marzo de 2020, pronunciada por la Autoridad Regional de impugnación Tributaria Cochabamba,’expresando lo siguiente

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ISO 9001 

Calida

AFNOR CERTIFICATION 

YOBO 

SMENT 

SYSTEM 

Que el análisis respecto al cómputo de inicio y finalización del término de prescripción de las facultades de ejecución tributaria referido a la Resolución de Sancionatoria C.D.C No 62/2012 de 12 de junio de 2012 y Resolución Sancionatoria C.D.C. de 168/2012 de 

12 de septiembre de 2012, no consideró todos los argumentos vertidos como BH Alberto

Administración Tributaria y formulados en sus memoriales de contestación y alegatos; además de la prueba cursante en obrados, que deben merecer un análisis bajo el 

principio de verdad material, así como un análisis y puntual pronunciamiento. Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jacha kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuviså tendodegia mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guaraní).” 

Avenida Oquendo No 381, entre Venezuela y Ecuador. Zona Central Norte Telfs: (5914) 4140011 4140012.www.ait.gob.bo.Cochabamba, Bolivia 

DER 

. NB/ISO 

9001 IBNORCA 

Sistema de Gestió

dela calidad CertificadaN77174 

Realizó una descripción breve del contenido de los memoriales de contestación y de alegatos presentados respecto de la facultad de ejecución tributaria de la Resolución de Sancionatoria C.D.C-No 62/2012 de 12 de junio de 2012, sostuvo que: “De la revisión de los obrados se evidencia que notificada la Resolución Sancionatoria C.D.C. N° 62/2012 de 12 de junio de 2012 el contribuyente interpuso Recurso de Alzada y Jerárquico (…), dicho proceso de impugnación de concluyó con la emisión fundamentación de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0061/2013 de 21 de enero de 2013 y notificado a la Administración Tributaria el 25 de enero de 2013, el computo de los cinco (5) años para que prescriban las facultades de ejecución tributaria se inicia a partir de dicha fecha, concluyendo el mismo el 25 de enero de 2018(...)”, acotando que conforme al tercer parágrafo del artículo 60 de la Ley N° 2492 modificada por las Leyes Nos. 291 y 317 en la gestión 2012; el término de prescripción extendería inclusive hasta el 10 de octubre de 2018, tomando en cuenta además que los antecedentes administrativos fueron devueltos por la Autoridad General de Impugnación Tributaria con nota AGIT-SC 1155/2013 de 10 de octubre de 2013. 

Asimismo, para la Resolución Sancionatoria C.D.C. de 168/2012 de 12 de septiembre de 2012, después de hacer una descripción sucinta de lo señalado en los memoriales de contestación y alegatos, manifestó que el plazo de suspensión se extendería inclusive hasta el 10 de septiembre de 2019, toda vez que los antecedentes administrativos fueron devueltos por la Autoridad General de Impugnación Tributaria con nota AGIT-SC 1425/2014, el 10 de septiembre de 2014, para luego citar el parágrafo II del artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB) y refirió las conclusiones vertidas, respecto que al 28 de junio de 2019, las facultades de la Administración Tributaria no se encontraban prescritas, reiterando que el plazo de dicho instituto se cumplia el 10 de septiembre de 2019; para luego acotar que la solicitud de prescripción o extinción de sus deudas o contravenciones tributarias efectuada por el sujeto pasivo, constituye un reconocimiento de sus obligaciones tributarias pendientes, según el artículo 61 inciso b) de la Ley N° 2492 (CTB). 

Finalizó manifestando que la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBARA 0061/2020 de 16 de marzo de 2020 no efectuó la debida fundamentación y motivación, al no pronunciarse puntualmente sobre la suspensión del cómputo de la prescripción hasta la devolución de los antecedentes administrativos efectuado por la Autoridad General de Impugnación Tributaria y sobre el efecto interruptivo de la solicitud de prescripción presentada el 28 de junio de 2019; en el entendido de que dicha solicitud, 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

constituiría un reconocimiento del sujeto pasivo de las obligaciones tributarias, señalando que las Resoluciones Sancionatorias No 62/2012. y N° 168/2012 tendrían como fecha de finalización de la prescripción el 10 de octubre de 2018 y 10 de septiembre de 2019 respectivamente y que a su entender determinan que no operó la prescripción. 

FUNDAMENTOS DEL AUTO MOTIVADO. 

El artículo 213 del Código Tributario Boliviano (CTB), ha previsto en materia tributaria la rectificación y aclaración de Resoluciones, señalando expresamente: “Dentro del plazo fatal de cinco (5) dias, a partir de la notificación con la Resolución que resuelve el Recurso, las partes podrán solicitar la corrección de cualquier error material, la aclaración de algún concepto oscuro sin alterar lo sustancial o que se supla cualquier omisión ‘en que se hubiera incurrido sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas” (las negrillas son añadidas). —- – 

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A efecto de resolver la solicitud planteada por Maria Elena Ramallo Zamora, en : representación de la Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales, 

dentro del alcance del artículo 213 del Código Tributário Boliviano (CTB), se debe puntualizar la trascendencia de la Rectificación y Aclaración de la Resolución de un Recurso de Alzada, debe estar relacionada con cualquier error material; concepto oscuro o, cualquier omisión en que se hubiera incurrido al dictar la citada Resolución, sin alterar lo-sustancial del.Acto Administrativo, lo que significa que la aclaración del contenido 1 de una Resolución es sólo con relación a algún concepto oscuro que se hubiera vertido, o para corregir algún error material, o subsanar alguna omisión; en consecuencia, no tiene la finalidad de dilucidar interpretaciones de las normas jurídicas, conceptos o puntos de vista, menos para modificar materialmente la citada Resolución. En este . sentido, corresponde señalar lo siguiente: 

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De la lectura del mémorial de rectificación y aclaración de Recurso de Alzada presentado 

afao por María Elena Ramallo Zamora, en representación de la Gerencia Distrital Tarija del ISO 9001 Servicio de Impuestos Nacionales se evidencia que la misma expreso en sus cuestionamientos que esta Autoridad: “no consideró todos los argumentos vertidos como Administración Tributaria y formulados en sus memoriales de contestación y alegatos; añadiendo que las pruebas cursantes en obrados, merecen un análisis bajo el principio de verdad material, así como un análisis y puntual pronunciamiento” (fojas 1-2 memorial de rectificación y aclaración). 

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NB/ISO: 

9001 IBNORCA

Sistemade Gestion 

debCalidad CertificadoN77194 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kasani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Avenida Oquendo No 381, entre Venezuela y Ecuador · Zona Central Norte Telfs.: (5914) 4140011 4140012. www.ait.gob.bo.Cochabamba, Bolivia 

Continúo señalando en el memorial citado en el párrafo anterior y de manera textual que: · Se puede evidenciar que no existió la debida fundamentación y motivación de la Resolución de Recurso de Alzada al no haberse pronunciado sobre estos puntos señalados por la Administración Tributaria, que cursan en obrados y que tienen relevancia jurídica, pues determinan que no opero la prescripción por haberse interrumpido la misma.(fojas 4 memorial de rectificación y aclaración)

En consecuencia y de la lectura de dicha solicitud, se infiere que los argumentos expuestos por María Elena Ramallo Zamora para la aclaración y rectificación del Recurso de Alzada, no van dirigidos a solicitar la aclaración de algún concepto oscuro, o la corrección de algún error material en la Resolución de Recurso de Alzada, conforme se encuentra enmarcado en el artículo 213 de la Ley N° 2492 (CTB) precedentemente citado, toda vez que se evidenció que la petición efectuada por la Administración Tributaria, más que señalar oscuridad, se encuentra dirigida a cuestionar la fundamentación asumida por esta instancia recursiva en la Resolución de Recursos de Alzada No 0061/2020 de 16 de marzo de 2020 en lo que incumbe a la determinación asumida, realizando una exposición sobre la falta de fundamento de la misma y la no consideración de los argumentos de su responde; aspecto que no se enmarca en los presupuestos que conlleva una solicitud de rectificación o aclaración conforme el artículo 213 ya referido; puesto que se pretende bajo dicho tenor, que esta instancia recursiva revise el fundamento de la Resolución de Alzada, lo cual no puede ser viable a través de esta vía; no correspondiendo pronunciarse al respecto. 

En ese entendido y solo a efectos de aclaración, cabe señalar que la Resolución de Recurso de Alzada ARITCBAIRA 0061/2020 de 16 de marzo de 2020, contiene un pronunciamiento claro y detallado de las razones que indujeron a la decisión de declarar prescrita la facultad de ejecución de la Administración Tributaria, respecto a la Resolución de Sancionatoria C.D.C N° 62/2012 de 12 de junio de 2012 y Resolución Sancionatoria C.D.C. de 168/2012 de 12 de septiembre de 2012, habiendo considerado las pruebas aportadas por la Administración Tributaria (fojas 1920 del acto), además de sustentarse en los nuevos entendimientos constitucionales sobre el cómputo de la prescripción (fojas 33-34 del acto); debiendo dejar sentado que la decisión asumida por esta instancia, está enmarcada en lo establecido en el parágrafo I del artículo 211 del Código Tributario Boliviano (CTB). 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

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Por lo expuesto, no habiéndose identificado concepto oscuro u omisión incurrida en la Resolución de Recurso de Alzada, toda vez que los Fundamentos Técnicos – Jurídicos 

como la parte resolutiva de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA : 0061/2020 de 16 de marzo de 2020, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba, son claros y precisos; no corresponde entrar a mayores consideraciones en los términos planteados. 

POR TANTO: . PRIMERO. – NO HA LUGAR a la solicitud de aclaración y rectificación de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0061/2020 de 16 de marzo de 2020, formulada por María Elena Ramallo Zamora, en representación de la Gerencia Distrital Tarija del Servicio de Impuestos Nacionales, quedando firme y subsistente en todas sus partes. 

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SEGUNDO. – El presente Ayto; forma parte de la Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0061/2020 de 16 de marzo de 2020, consecuentemente, conforme prevé el artículo 144 del. Código Tributario Boliviano (CTB), el plazo para la interposición de Recurso Jerárquico, para ambas partes, es de veinte días computables a partir de şu notificación. 

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TERCERO. – Enviar copia del presente Auto al Registro Público de la Autoridad General de impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c); del Código Tributario : Boliviano (CTB).

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Regístrese, notifiquese, archívese y cúmplase. 

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Eric Ausberto Rojas Urquiza —…. DIRECTOR EJECUTIVO REGIONAL – 

DIRECCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 

  • Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Coba. 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Avenida Oquendo No 381, entre Venezuela y Ecuador Zona Central Norte Telfs.: (591-4) 4140011 4140012 www.ait.gob.bo. Cochabamba, Bolivia