ARIT-CBA-RA-0045-2020 Revocatoria Parcial, ejecución de Tributo Omitido de acuerdo a ley vigente no prescribe; sin embargo, la prescripción de las facultades del SIN para Sancionar las contravenciones tributarias se encuentran prescritas.

ARIT-CBA-RA-0045-2020

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0045/2020 

Recurrente 

Aidee Tapia Claros. 

Administración recurrida 

– Gerencia Distrital Cochabamba del 

Servicio de Impuestos Nacionales, representada por Nandor Rodrigo Loayza Coro. 

Acto impugnado 

Auto N° 251930000627

Expediente No 

ARIT-CBA-0361/2019. 

– 

Lugar y fecha 

Cochabamba, 9 de marzo de 2020. 

– 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe. Técnico Jurídico ARIT-CBAJIT:J 0045/2020 de 6 de marzo de 2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. El Auto N° 251930000627 de 7 de octubre de 2019, que resolvió rechazar la solicitud de prescripción de las acciones de ejecución de la deuda tributaria y contravención, requerida por Tapia Claros Aidee, manteniendo firme y subsistente la ejecución tributaria iniciada por el Proveido de Inicio de Ejecución Tributaria (PIÈT) No 2336/2014 de 30 de octubre de 2014, por el monto determinado en la Resolución Determinativa N° 1700897-14 de 2 de julio de 2014. Acto notificado personalmente a Aidee Tapia Claros el 14 de noviembre de 2019 (fojas 209-217 y 218 de antecedentes administrativos). 

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TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA. II.1. Argumentos de la Recurrente. Aidee Tapia Claros, mediante notas presentadas el 3 y 17 de diciembre de 2019 (fojas 11 -18 y 22 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra el Auto N° 

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251930000627 de 7 de octubre de 2019, emitida por la Gerencia Distrital de Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, manifestando lo siguiente

Que después de la emisión del Proveido de inicio de Ejecución Tributaria N° 02335/2014 de 30 de octubre de 2014 y su notificación el 24 de diciembre de 2014, la Administración Tributaria no realizó acto administrativo que demuestre una gestión de cobro del adeudo tributario y la imposición de las multas establecidas; razón por la cual solicitó ante la entidad recaudadora la prescripción liberatoria

Señaló que la Orden de Verificación 00120V106531 que dio lugar a la investigación específica del crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2010, concluyó con la emisión de la Vista de Cargo N° SIN/GDCBA/DFNINC/00127/2014 de 27 diciembre de 2016 (debió decir 31 de marzo de 2014), y notificada el 8 de abril de 2014 y Resolución Determinativa N° 17-00897-14, de 2 de julio de 2014, notificada el 7 de julio de 2014. 

Agregó que la prescripción en materia tributaria constituye un mecanismo de defensa válido para oponerse en cualquier estado del proceso que siga la Administración Tributaria, citó al efecto el artículo 5 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), y lo dispuesto por el Título I, Capítulo Tercero, Sección VII de la Ley N° 2492 (CTB), referido a la extinción de la obligación tributaria y el pago de aduanas. 

  • Manifestó que la doctrina señala que la prescripción extingue el derecho material y no asi 

el derecho subjetivo del Estado, realizado a través del Administración Tributaria, asimismo refirió que la finalidad de la prescripción extintiva es la de consolidar situaciones jurídicas concretas en consideración al transcurso del tiempo y ésta debe computarse a partir de cuándo podía ejercerse la acción o derecho. 

Citó los artículos 59, 60 y 61 de la Ley N° 2492 (CTB) y posteriormente expuso un cuadro en el que expresó dos momentos respecto al cómputo de la prescripción. Señaló que el 7 de julio de 2014 se produjo una interrupción al cómputo de la prescripción y ante ello comenzó un nuevo plazo del cómputo de prescripción respecto a la fase de ejecución tributaria de los periodos octubre a diciembre de la gestión 2010, en cumplimiento a lo establecido en los parágrafos II y III del artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB). 

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Sostuvo que por el tiempo transcurrido desde la primera interrupción del cómputo de la prescripción de las acciones de ejecución tributaria de la deuda tributaria y las contravenciones y ante la inexistencia de causales de interrupción idónea, interpuso el incidente de prescripción liberatoria de los periodos octubre a diciembre de la gestión 2010, teniendo que la Administración Tributaria perdió sus facultades de ejecutar la deuda tributaria y las sanciones administrativas; agregó que la entidad fiscal no emitió actos administrativos que interrumpan el cómputo de prescripción al sobrepasar el tiempo establecido en el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) correspondiendo declarar extinguida la obligación tributaria. 

Manifestó que los periodos sujetos a revisión corresponden a hechos generadores producidos en la gestión fiscal 2010, por lo que debe aplicarse la norma sustantiva vigente en el momento en el que se produjo el hecho generador, es decir el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) sin las modificaciones contenidas en las Leyes, Nos: 291 y 317, siendo que ambas fueron promulgadas en la gestión 2012, en observancia de materializar el principio de “seguridad jurídica. y el “tempus comissi delicti”.

Refirió que el acto impugnado en su considerando II realizó una consideración sobre la Deuda Tributaria y los adeudos tributarios sin exponer fundamento ni basado en normativa tributaria alguna; además: manifestó que en su acápite 2.1, realizó un cómputo de la prescripción basado en la Ley N° 2492 (CTB) sin modificaciones y con relación a la fase de determinación, haciendo referencia a los artículos 59, 60 y 61 de la citada norma tributaria e hizo alusión y desarrollo, de la suspensión en etapa de ejecución tributaria. 

Expuso que antes de completarse el término de prescripción, éste puede ser afectado por la interrupción y la suspensión, entonces en la prescripción no rige únicamente por el transcurso del tiempo, sino que deben existir acciones de quien pudo ejercer su derecho, siendo que la prescripción responde a los principios de certeza y seguridad jurídica. Extendió señalando que la Ley N° 2492 (CTB) reconoce el instituto de la prescripción extintiva cuando la Administración Tributaria permanece inactiva durante un determinado tiempo, extinguiéndose sus facultades. 

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Expuso los artículos 106, 108, 110 y 150 de la Ley N° 2492 (CTB) y alegó que con relación a los hechos y derecho, el cobro coactivo del Proveido de Ejecución Tributaria 2335/2014, 

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fue iniciado con la notificación del acto de ejecución el 24 de diciembre de 2014; motivo por el cual en análisis de prescripción debe realizase según la norma vigente al momento de configurarse el hecho generador y su vencimiento; y en el presente caso no existen acciones de cobro realizadas por la entidad fiscal para el IVA correspondiente a los periodos octubre a diciembre de 2010. 

Explicó que en el proceso de ejecución se establecen momentos de prescripción claramente identificados; para el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2010, transcurrió 4 años, 7 meses y 19 dias desde la interrupción del cómputo de prescripción, iniciando nuevamente el cómputo el 8 de julio de 2014 hasta el 7 de julio de 2018. Con relación a la sanción por contravención tributaria, sostuvo que esta fue interrumpida el 7 de julio de 2014, reiniciando el cómputo de prescripción el 29 de julio de 2014 hasta el 28 de julio de 2018, transcurriendo 4 años, 7 meses y 19 días. 

Sostuvo que la notificación del Proveído de inicio de Ejecución Tributaria, efectuado el 24 de diciembre de 2014, interrumpió el cómputo de prescripción y se reiníció el 25 de enero de 2015, conforme establece el artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB) sin modificaciones, y en consecuencia se extinguieron las obligaciones, para los adeudos referidos, el 25 de enero de 2019 y para las contravenciones no ejecutadas, el 25 de enero de 2017. 

Manifestó que en aplicación del artículo 109, parágrafo 1 de la Constitución Política del Estado (CPE), son aplicables todos los derechos reconocidos por ésta y los sujetos pasivos gozan de iguales garantías para su protección, citó también los artículos 115 y 117, parágrafo I, de la norma constitucional, que garantizan el derecho al debido proceso, por lo que las facultades de ejecución del IVA, periodos de octubre a diciembre de 2010, deben analizarse desde el principio de favorabilidad que rige en materia penal, aplicable al ámbito punitivo administrativo. Agregó que el principio de irretroactividad de la Ley, dispuesto en el artículo 123 de la Constitución Política del Estado (CPE), no sólo se limita a los supuestos en materia penal, sino también a una Ley que beneficia al sujeto, aplicable al principio de favorabilidad en el ámbito punitivo administrativo. 

Afirmó que la irretroactividad se funda en la necesidad de fortalecer la seguridad jurídica, con el componente de la certeza y con respecto a las Leyes tributarias, éstas pueden tener 

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eficacia retroactiva siempre que lo establezcan expresamente y no contravengan los principios constitucionales de la seguridad jurídica o la capacidad contributiva. Al efecto, citó el artículo 123 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

Alegó que al tratarse de la etapa de ejecución tributaria, la entidad fiscal aplicó las Leyes Nos. 291 y 317 a periodos correspondientes a la gestión 2010, cuando se encontraba vigente la Ley N° 2492 (CTB) sin modificaciones, no siendo válido el argumento de que se trata de la normativa adjetiva, considerando que la prescripción es una norma sustantiva y material, entonces debe aplicarse al caso de autos la normativa vigente al momento de producirse el vencimiento de la obligación tributaria. 

Denunció que la Administración Tributaria vulneró el artículo 150 de la Ley N° 2492 (CTB) al intentar aplicar el plazo de 5 años para ejecutar sanciones a los periodos octubre à diciembre de la gestión 2010, al efecto citó-la-Declaración del Hombre y del Ciudadano, en su artículo 5 y artículo 11 de la Declaración de Derechos Humanos.

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Señaló que la prescripción en el ámbito tributario tiene sus propias características, debido a que no constituye en un medio de extinción de la obligación tributaria, sino que constituye una limitación para la Administración Tributaria en relación a la exigibilidad del cobro, pretendido, toda vez que vencido el plazo, el deudor tributario queda liberado auń cuando se hubiera deterộninado la deuda, constituyéndose en un instrumento de seguridad jurídica para evitar que el ente fiscal pueda perseguir el cobro en todo tiempo. 

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Citó las Sentencias Nos. 10 (expediente No 79/2015-CA) y 420/2017 de 6 de junio de 2017 emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia y la Sentencia Constitucional Plurinacional No 0996/2016-S2 de 7 de octubre de 2016, que versan sobre las causales de interrupción del curso de prescripción; haciendo referencia a que la entidad recurrida, sosteniendo la inaplicabilidad de los incisos a) y b) del artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB), pretendió aplicar de manera irregular y por analogía, el artículo 1492 del Código Civil; cuando los casos de interrupción de la prescripción, están regulados por el artículo 54 del CTb. 1992 e incluso por los artículos 59 inciso 4, 60 y 61 de la Ley N° 2492 (CTB). 

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Asimismo refirió como precedente administrativo la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0022/2016 emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria y con 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mitayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

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relación a la irretroactividad en materia tributaria señaló la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0770/2012-R y 1169/2016. 

Por lo expuesto, en petitorio solicitó la revocatoria del Auto N° 251930000627 de 7 de octubre de 2019 y se declare extinguidas las obligaciones tributarias contenidas en la Resolución Determinativa N° 17-0089714 de 2 de julio de 2014, y el levante de las 

medidas de ejecución aplicadas en su contra. 

II.2. Auto de Admisión. 

El 18 de diciembre de 2019, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, emitió el Auto de Admisión · EXPEDIENTE ARIT-CBA-0361/2019, correspondiente al Recurso de Alzada interpuesto por Aidee Tapia Claros, contra el Auto 

  • N° 251930000627 de 7 de octubre de 2019 emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (fojas 23 del expediente administrativo). 

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria. La Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, representada por Karina Paula Balderrama Espinoza, conforme acreditó con la Resolución Administrativa N° 031700001415 de 29 de septiembre de 2017 (fojas 29-30 del expediente administrativo), mediante memorial presentado el 3 de enero de 2020 (fojas 31-39 del expediente administrativo), respondió al Recurso de Alzada con los siguientes fundamentos: 

Que conforme a las facultades establecidas por la Ley N° 2492 (CTB), emitió la Resolución Determinativa N° 17-00897-14, la cual determinó de oficio las obligaciones impositivas del recurrente en la suma de UFVs120.064, correspondientes a tributo omitido, intereses, sanción por omisión de pago y multas por incumplimiento a deberes formales, que no mereció la interposición de recurso administrativo o demanda judicial y adquirió la calidad de firmeza y exigibilidad, por lo que inició el cobro coactivo mediante la emisión y notificación del Proveído de Inicio de Ejecución ‘Tributaria N° 02335/2014. 

Sostuvo que de manera errónea la recurrente manifiesta que la facultad de cobro de la Administración Tributaria se encontraría prescrita, aplicando el término de 4 años con el entendido de que el hecho generador de la deuda tributaria corresponde a la gestión 2010, 

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no obstante que la Resolución Determinativa N° 1-00897-14 de 2 de julio de 2014 tiene 

calidad de firmeza y que al momento de ser notificada al sujeto pasivo no se encontraba 

prescrita. 

Afirmó que el monto adeudado se constituye en una obligación firme y legalmente exigible por lo que corresponde iniciar las acciones de cobro coactivo, dando inicio a la fase de cobranza coactiva y aplicando la normativa vigente, regulada por el Título II, Capitulo II, Sección VII, constituida la Resolución Determinativa en título de ejecución tributaria conforme establece el artículo 108 numeral 1 de la Ley N° 2492 (CTB), entonces con relación al cómputo de prescripción debe aplicar el artículo 59, parágrafo Ill de la citada Ley N° 2492 (CTB) con las modificaciones realizadas por las Leyes Nos. 291 y.317

Manifestó que la facultad de cobro por determinación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) comenzó, el 7 de julio de 2014, gestión en la cual se encontraba vigente la Ley N° 291 y la Ley N° 317 que disponen que la facultad de cobro.coactivo es imprescriptible; por tanto resulta incorrecto aplicar el cómputo de 4 años para la prescripción de la dicha facultad de cobro. Al efecto citó e! artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) con las modificaciones efectúadas por las Disposiciones Adicionales Quintá y Sexta de la Ley N° 291, de 22 de septiembre de 2012, así como la Disposición Derogatoria Primera, y la Disposición.. Adicional Décimo Segunda de la Ley N° 317 de 11 de diciembre de 2012. 

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—- Refirió que la prescripción de la facultad de ejecución tributaria, inicia a partir de que la obligación tributaria adquirió calidad de firmeza, situación que conforme el artículo 108 numeral 1 de la Ley N° 2492 (CTB) inicia cuando la Resolución Determinativa adquiere calidad de firmeza por el total de la deuda tributaria o sanción que impone. Señaló que aplicando la normativa vigente a tiempo de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible, en tal sentido no se encuentra prescrita la facultad de ejecución, al efecto citó la Sentencia Constitucional N° 636/2011 de 3 de mayo de 2011. 

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Puntualizó que el cómputo de la prescripción referido a las facultades de ejecución de la deuda tributaria de la Resolución Determinativa N° 1-00897-14 de 2 de julio de 2014, inició el 1 de enero de 2015 y partir de dicha fecha es imprescriptible en conformidad con los articulos 59, parágrafo IV y 60 parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB) y las modificaciones efectuadas a través de las Leyes Nos. 291, 317 y 812. 

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Refirió que el artículo 59, parágrafo III de la Ley N° 2492 (CTB), modificado por la Ley N° 291, establece que el término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los 5 años, y que según el artículo 60, parágrafo III de la misma norma, el término se computará desde el momento que adquiera título de ejecución tributaria, que en el presente caso inició el 25 de diciembre de 2014 y concluye el 25 de diciembre de 2019, no encontrándose préscrita la facultad de cobro de la sanción por contravención tributaria.. 

Manifestó que existe un vacío legal con referencia a la forma en la que se interrumpe la prescripción en etapa de ejecución tributaria, entonces debe acudirse a los artículos 5 y 8 de la Ley N° 2492 (CTB), citando además los artículos 340, 1497 y 1503 del Código Civil y extendió que corresponde aplicar el artículo 1492 parágrafo 1 del Código Civil que determina que los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la Ley establece y el artículo 1493 del mismo cuerpo legal que dispone que el computo de la prescripción inicia cuando el titular dejó de ejercer su derecho, sobre lo expuesto citó la Sentencia Constitucional N° 0992/2005 de 19 de agosto de 2005. 

Sostuvo que la prescripción del cobro coactivo de sanción por contravención tributaria opera cuando se demuestra inactividad del acreedor durante el término de cinco años, desde que el titular dejó de ejercer su facultad de cobro por negligencia o desinterés, en aplicación del artículo 1493 del Código Civil y una vez ejercitado el derecho y la actividad cesa nuevamente, entonces se entiende que se interrumpió el cómputo, comenzando de nuevo el plazo de prescripción

Alegó que no transcurrieron cinco años para que opere la prescripción del cobro coactivo de la sanción por la contravención tributaria debido a las actuaciones eficaces de cobro efectuadas por la Administración Tributaria que interrumpieron el cómputo de prescripción quinquenal; para ello, refirió la existencia del Acta de Verificación notarial de 7 de febrero de 2019, el registro en la Contraloría del Estado del adeudo tributario del 12 de junio de 2019 y las acciones de cobro realizadas ante la Autoridad del Sistema Financiero. 

Señaló que la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 1169/2016-S3 corresponde a una Resolución Administrativa emitida en etapa de ejecución tributaria y no cuestiona la 

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constitucionalidad y vigencia de las Leyes Nos. 291 y 317, así también alegó que la citada Sentencia establece que en la prescripción de la facultad de ejecución de la sanción, corresponde utilizar la norma aplicable al momento del inicio del cómputo (2014). 

Argumentó que las Sentencias del Tribunal Supremo de Justicia no se consideran como fuente del Derecho Tributario según lo dispuesto en.el artículo 5 de la Ley 2492 (CTB) y no son vinculantes como las Sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional, conforme establece artículo 203 de la Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE) y artículo 15 parágrafo II del Código Procesal Constitucional. Extendió şeñalando que el acto administrativo adquirió ejecutoria en la gestión 2014 en vigencia de la Ley 291, debiendo aplicar la Ley N° 2492 (CTB) con modificaciones y que establece la imprescriptibilidad de la facultad de ejecución tributaria del adeudo tributario. 

Puntualizó que la Sentencia constitucional-Plurinacional N° 0996/2016-52 citada por la recurrente, hace referencia a la falta de fundamentación y motivación, respecto a la manera de interrumpir el cómputo de prescripción establecida por la Ley N° 1340 (CTb) y afirmó qųe no corresponde su aplicación al presente caso. Citó el Auto Constitucional 004/2005-ECA de 16 de febrero.y la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0846/2012 R de 20 de agosto. 

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Alegó que conforme el artículo 4 del Decreto Supremo N° 27874 el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 02335/2014 permite las acciones para efectivizar el cobro de la deuda tributaria que se encuentra firme, siendo esta inimpugnable; señaló al efecto la Sentencia Constitucional N° 1648/2010R de 25 de octubre de 2010R y Auto Supremo No 283 de 3 de agosto de 2012, sosteniendo que no puede suspenderse la ejecución o cobranza coactiva, bajo ningún motivo según lo previsto por el artículo 109 de la Ley N° 2492 (CTB)

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Por todo lo argumentado, en petitorio solicitó confirmar el Auto N° 251930000627 de 7 de octubre de 2019

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11.4. Apertura de término probatorio. El 6 de enero de 2020, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba; emitió el Auto de Apertura Término de Prueba EXPEDIENTE ARITCBA0361/2019 

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disponiendo la apertura del término probatorio de 20 días comunes y perentorios para ambas partes en aplicación del inciso d) del artículo 218 del Código Tributario Boliviano (CTB) (fojas 40 del expediente administrativo). 

El 28 de enero de 2020, Nandor Rodrigo Loayza Coro, en representación de la Gerencia Distrital de Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales conforme acredito con la Resolución Administrativa de Presidencia No 032000000040 de 10 de enero de 2020 (fojas 42-43 del expediente administrativo), presentó memorial ratificando ante ésta instancia recursiva como prueba los antecedentes administrativos acompañados al momento de responder al Recurso de Alzada (fojas 44 del expediente administrativo). 

El 28 de enero de 2020, la parte recurrente mediante nota presentó copia simple del “ACTA DE VERIFICACIÓN O NOTORIEDAD” 04/2019 de 7 de febrero de 2019, emitido por el Notario de Fe Pública N° 16 Álvaro García Céspedes sosteniendo que la misma establece la inacción de parte de la Administración Tributaria con relación a los Proveidos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 02335/2014 y 02336/2014 (fojas 47-48 del expediente administrativo). 

11.5. Alegatos. El 14 de febrero de 2020 la Administración Tributaria presentó memorial de alegatos, reiterando los argumentos expuestos en el memorial de respuesta al Recurso de Alzada; concluyó que la facultad de ejecución es imprescriptible y que el cobro de la sanción por contravención es de cinco años con las modificaciones de las Leyes Nos. 291 y 317 (fojas 5152 del expediente administrativo)

Dentro el plazo establecido en el parágrafo 11 del artículo 210 del Código Tributario Boliviano (CTB), la parte recurrente no presentó alegatos. 

III. 

ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA. El 2 de julio de 2014 el Servicio de Impuestos Nacionales emitió la Resolución Determinativa N° 17-00897-14 estableciendo de oficio las obligaciones impositivas de Tapia Claros Aidee en la suma de UFV8120.064 correspondientes al tributo omitido, intereses, sanción por omisión de pago e Incumplimiento a Deberes Formales; inherentes al Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos fiscales octubre, noviembre y 

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diciembre de la gestión 2010. Acto notificado por cédula a la sujeto pasivo el 7 de julio de 2014 (fojas 172-181 y 182 de antecedentes administrativos)

El 30 de octubre de 2014 la Administración Tributaria emitió el Proveído de inicio de Ejecución Tributaria N° 02335/2014 comunicando a la sujeto. pasivo Tapia Claros Aidee que dará inicio a la ejecución tributaria de la Resolución Determinativa N° 17-0089714 de 2 de julio de 2014 al tercer día de la notificación con el Proveído de Inicio de Ejecución, aplicando posteriormente medidas coactivas, conforme el artículo 110 de la Ley N° 2492 (CTB). Acto notificado por cédula a la sujeto pasivo el 24 de diciembre de 2014 (fojas 189 y 193 de antecedentes administrativos). 

El 27 de febrero de 2019 Tapia Claros Aidee presentó memorial ante el Servicio de Impuestos, Nacionales y solicitó la prescripción del adeudo, tributario, contenido en el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria No-02335/2014 de 30 de octubre de 2014 (fojas 205-206 de antecedentes administrativos). 

El 7 de octubre de 2019, la Administración Tributaria emitió él Auto 251930000627 que resolvió rechazar la solicitud incidente de prescripción de las acciones de ejecución de la deuda tributaria y contravención; manteniendo firme y subsistente la ejecución tributaria iniciada’por el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) N° 2335/2014 de 30 de octubre de 2014, por el monto determinado en la Resolución Determinativa N° 17 00897-14 de 2 de julio de 2014. Acto notificado personalmente a Aidee Tapia Claros el 14 de noviembre de 2019 (fojas 209-217 y 218 de antecedentes administrativos). 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA. 

Conforme a lo expuesto en el artículo 211 parágrafo I del Código Tributario Boliviano (CTB), esta instancia recursiva ingresará a resolver los reclamos planteados por la parte recurrente; aclarando que la decisión final asumida se sustentará a los hechos

antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos BE W PUCHACO que no fueron objeto de impugnación o que no fueron solicitados durante su tramitación 

ante esta instancia recursiva; en ese orden, se tiene que la sujeto pasivo requirió la prescripción de las facultades de ejecución de la Administración Tributaria, correspondiente a las obligaciones tributarias contenidas en la Resolución Determinativa 

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N° 17-00897-14 de 2 de julio de 2014, de los periodos octubre, noviembre y diciembre de 2010. 

IV.1. Prescripción de las facultades de ejecución de la Administración Tributaria. La parte recurrente sostuvo que la Administración Tributaria perdió sus facultades de ejecutar la deuda tributaria y las sanciones administrativas, sin existir actos administrativos que interrumpan el cómputo de prescripción, sobrepasando el tiempo establecido en el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), agregó que debido a que los periodos sujetos a revisión corresponden a hechos generadores producidos en la gestión fiscal 2010, debe aplicarse el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) sin las modificaciones

Asimismo alegó que el cobro coactivo del Proveído de Ejecución Tributaria 2335/2014, fue iniciado el 30 de octubre de 2014, y no existen acciones de cobro del IVA de los periodos de octubre a diciembre de 2010, habiendo transcurrido más de cuatro años desde la interrupción del cómputo de prescripción. 

Con relación a la sanción por contravención tributaria, refirió que transcurrió similar tiempo y que conforme a lo establecido por el artículo 61 de la Ley N° 2492 (CTB) sin modificaciones, se extinguieron las obligaciones para los adeudos referidos el 25 de enero de 2019 y para las contravenciones no ejecutadas el 25 de enero de 2017. Por lo expuesto, denunció la vulneración del artículo 150 de la Ley N° 2492 (CTB) al aplicar el plazo de 5 años para ejecutar sanciones aplicadas a los periodos enero a marzo de la gestión 2010. 

Al contrario, la Administración Tributaria señaló que la Resolución Determinativa N° 17 00897-14, no mereció interposición de recurso administrativo o demanda judicial y adquirió la calidad de firmeza por lo que inició el cobro coactivo. Sostuvo que con relación al cómputo de prescripción, corresponde aplicar el artículo 59, parágrafo III de la citada Ley No 2492 (CTB) con las modificaciones realizadas por las Leyes Nos. 291 y 317; en consecuencia, sostuvo que la facultad de cobro coactivo es imprescriptible

Refirió que el término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los 5 años, no encontrándose prescrita la facultad de cobro de la sanción por contravención tributaria ante las eficaces actuaciones de cobro desarrolladas y que interrumpieron el cómputo de prescripción quinquenal. Agregó que aplicó en la 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

prescripción de la facultad de ejecución de la sanción la norma vigente al momento del 

inicio del cómputo; y que en el presente caso el acto administrativo adquirió ejecutoría en la gestión 2014 en vigencia de la Ley N° 291, debiendo aplicar la Ley N° 2492 (CTB) con modificaciones que establece la imprescriptibilidad de la facultad de ejecución tributaria del adeudo tributario

Al respecto, de forma inicial resulta necesario efectuar algunas consideraciones sobre el análisis de la prescripción en materia tributaria; en ese entendido la prescripción resulta: “(…) una categoria general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace(García Novoa Cesar, Presidente del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario ILAT. Memoria III Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario 2010); y al decir de este autor: “sů fundamento radica en la seguridad jurídica, pues las pretensiones deben ejercitarse en un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto de derecho quede indefinidamente a merced de la actuación de otro”. : 

En ese sentido, el citado instituto de la prescripción es una categoría jurídica, por la que, se le atribuye la función de ser una causa extintiva de la obligación tributaria, que es necesaria para el orden social, que responde a los principios constitucionales de certeza y seguridad jurídica praescriptio, patrona generis humani” (La prescripción, patrona del género humano); puesto que: “El fundamento del instituto de la prescripción estriba en evitar la inseguridad que trae aparejada el transcurso del tiempo sin el ejercicio de un derecho. En otros términos, su objeto es evitar la falta de certeza en las relaciones jurídicas, producto de la inactividad de un sujeto titular de un derecho” (Buitrago Ignacio Josué, Presidente del Tribunal Fiscal de la Nación Argentina. Memoria IV Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario 2011); por cuanto se debe entender que la praescriptio introducta est odio negligentiae, non favore praescribentis” (La prescripción se introdujo más bien en contra de la negligencia que en favor de quien prescribe). 

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Bajo el escenario descrito, esta instancia de alzada, en resguardo del principio de seguridad jurídica consagrada en la Constitución Política del Estado, concluye que, e instituto jurídico de la prescripción debe entenderse de acuerdo al entendimiento desarrollado por el intérprete de la Constitución Política del Estado; razón por la que, en aras de hacer justicia tributaria, se concibe la prescripción como instituto jurídico de 

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extinción de obligaciones en materia tributaria y se aplica por la negligencia de la Administración Tributaria en ejercer sus facultades dentro el término establecido en la normativa tributaria, no operando de oficio. 

En ese entendido, es menester traer a colación el entendimiento expuesto por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la Sentencia Constitucional Plurinacional. 0255/2019-S2 de 21 de mayo, mediante la cual establece el carácter vinculante de las Sentencias Constitucionales ...no deviene de la solicitud o no que haga el administrado de aplicar algún fallo constitucional de manera específica; sino que, como se tiene dicho, deviene de un mandato constitucional, que en virtud del carácter normativo de nuestra Norma Suprema es de aplicación directa y obligatoria”, y reafirma el carácter de irretroactividad de la ley y la forma de aplicación del plazo de prescripción en el tiempo. Entonces, cabe resaltar que según el entendimiento del precedentemente citado, no resulta necesario que el sujeto pasivo o recurrente, deba citar algún precedente constitucional para que este sea aplicable al caso en concreto, sino que en la labor de administración de justicia corresponde su aplicación directa y obligatoria, sin necesidad de requerimiento expreso

Al efecto, sobre el instituto jurídico que nos ocupa, la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 1169/2016-S3 de 26 de octubre de 2016, en su punto “III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO” efectuó el siguiente entendimiento en relación al momento que debe computarse la prescripción: “Concordante con el precedente constitucional esta Sala considera que la irretroactividad de la ley al constituir una garantía a favor del ciudadano y no del Estado, impide también, que una norma reciente pueda afectar a plazos de prescripción que empezaron a computarse en vigencia de una norma anterior, pues ello significaría desconocer el principio de irretroactividad de la ley y consentir una aplicación retroactiva, pues a los actos que se produjeron en un determinado tiempo, corresponde se aplique la normativa legal vigente en ese momento, lo contrario significaría contrariar el mandato constitucional de la irretroactividad como garantía a favor del ciudadano, desconocer el orden público, la seguridad y estabilidad jurídica

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La merituada Sentencia Constitucional Plurinacional, continuó sosteniendo en el acápite respecto del plazo de prescripción y la forma de aplicación en el tiempo: “Sobre la forma 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

en que debe computarse el plazo de prescripción de acuerdo a la doctrina, por regla general es a partir del momento en que objetivamente la pretensión puede ejercitarse (...)”. y posteriormente concluye: “Es decir, que la norma aplicable al plazo de prescripción debe ser aquella vigente al momento del inicio del cómputo del plazo de prescripción y no la nueva que modificó el plazo, sin que ese criterio ponga en duda la constitucionalidad de las Leyes 291 y 317, criterio que es compartido por esta Sala, pues tratándose de una interpretación de legalidad corres que la Autoridad Tributaria, determine que norma debe aplicarse al caso concreto, tomando en cuenta como escala interpretativa el art. 123 de la CPE, que en definitiva en.el Estado Constitucional orienta la actividad de todos los órganos de poder(las negrillas son añadidas)

Ahora bien, toda vez que el recurrente refiere la prescripción de la facultad de ejecución, para comprender la naturaleza de misma y.la_facultad de la Administración Tributaria de ejecutar sus actos, con carácter previo ‘corresponde tener presente lo señalado por la doctrina, que indica: “(…) la ejecutoriedad y la ejecutividad actúan en dos planos distintos: la primera hace a las facultades que tiene la Administración para el cumplimiento del acto administrativo, sin intervención judicial, utilizando excepcionalmente la coacción; la ejecutividad en cambio se refiere al título del acto en el plano procesal, siendo ejecutivo conforme a todo nuestro ordenamiento jurídico procesal– aquel acto que, dictado con todos los recaudos que prescriben las normas legales, desencadena la pretensión procesal de utilizar el proceso de ejecución (...) (CASSAGNE, Juan Carlos. (2017). Derecho Administrativo. Tomo I. Perú: Palestra Editores. Pág. 786). 

.

Así también la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0249/2012, de 29 de mayo 2012, que dispuso: “La jurisprudencia constitucional por su parte, entre otras, en la SC 0107/2003 de 10 de noviembre, señaló que: “Acto administrativo es la decisión general o especial de una autoridad administrativa, en ejercicio de sus propias funciones, y que se refiere a derechos, deberes e intereses de las entidades administrativas. o de los particulares respecto de ellas. El pronunciamiento declarativo de diverso contenido puede ser de decisión, de conocimiento o de opinión. Los caracteres jurídicos esenciales del acto administrativo son: (...) 4) La ejecutividad, constituye una cualidad inseparable de los actos administrativos y consiste en que deben ser ejecutados de inmediato; 5) La ejecutoriedad, es la facultad que tiene la Administración de ejecutar sus propios actos sin 

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intervención del órgano judicial; 6) La ejecución, que es el acto material por el que la Administración ejecuta sus propias decisiones (...)” (Las negrillas son añadidas). 

En este entendido, la Ley N° 2341 (LPA) en el artículo 55, parágrafo I, dispone: “Las resoluciones definitivas de la Administración Pública, una vez notificadas, serán ejecutivas y la Administración Pública podrá proceder a su ejecución forzosa por medio de los órganos competentes en cada caso, En lo que corresponde a la ejecución de actos administrativos emitidos por la Administración Tributaria, el artículo 108, parágrafo I, numeral 1 de la Ley N° 2492 (CTB) señala: ). La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la notificación de los siguientes títulos: 1 Resolución Determinativa (...)”, y el artículo 4 del Decreto Supremo N° 27874 que dispone: La ejecutabilidad de los títulos listados en el parágrafo I del Artículo 108 de la Ley N° 2492, procede al tercer día siguiente de la notificación con el proveido que de inicio a la ejecución tributaria (…)

En observancia de lo dispuesto por la Sentencia Constitucional Plurinacional No 1169/2019-S2 desglosada en párrafos previos, misma que deviene del análisis de la prescripción de la facultad de ejecución de las sanciones impuestas por la Administración Tributaria y concluye que la norma aplicable para el análisis de la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria en etapa de ejecución, debe ser aquella vigente al momento del inicio del cómputo del plazo de prescripción y en consideración a que la facultad del ente recaudador analizada en el presente caso, comprende el ejercicio de la facultad de ejecución de Títulos de Ejecución Tributaria como resulta ser la Resolución Determinativa N° 1700897-14 de 2 de julio de 2014 según lo dispuesto por el artículo 108, parágrafo I, numeral 1 de la Ley N° 2492 (CTB), permite el entendimiento que la normativa aplicable al presente caso, es aquella vigente al momento en que objetivamente la pretensión de la ejecución puede ejercitarse. 

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De esta manera, conforme a lo referido previamente, para el análisis de la prescripción de la facultad de ejecución de la Resolución Determinativa N° 17-0089714 de 2 de julio de 2014, es necesario precisar que dicha Resolución dentro del plazo previsto por ley, no fue objeto de impugnación ni de pago por el sujeto pasivo, en este entendido la Resolución Determinativa adquirió firmeza administrativa y al constituirse en Título de Ejecución Tributaria, posibilitó a la Administración Tributaria a que realice acciones a fin de ejecutar 

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el adeudo tributario, hecho que le fue advertido al sujeto pasivo en el Resuelve tercero de la aludida Resolución Determinativa N° 1700897-14 que señala: Tercero.- Otorgar a la contribuyente TAPIA CLAROS AIDEE el término de veinte (20) días calendario a partir de su legal notificación con la presente Resolución, para que deposite la totalidad de la Deuda Tributaria que consolida tributo omitido, intereses, sanción por omisión de pago y multas por incumplimiento a deberes formales, (...) importe que deberá ser actualizado a la fecha de pago bajo conminatoria de iniciar la Ejecución Tributaria en caso de incumplimiento conforme establece la Ley 2492(f

de antecedentes administrativos) (El subrayado ex profeso es de nuestra autoria). 

Bajo este contexto, transcurrido los 20 días desde la notificación de la Resolución Determinativa N° 17-0089714 efectuada el 7 de julio de 2014, este adquirió firmeza, comenzado la fase de ejecución, dentro, la cual, el Servicio de Impuestos Nacionales en ejercicio de su facultad de ejecución, emitió además el Proveído de Ejecución Tributaria N° 2335/2014 el 30 de octubre de 2014, por lo que corresponde en el presente caso aplicar las modificaciones realizadas al instituto de la prescripción establecido en la Ley N° 2492 (CTB) a través de la Leyes Nos. 291 y 317, toda vez que estas últimas, estuvieron vigentes al momento del inicio del computo de la prescripción de la facultad de ejecución tributaria. 

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Por su parte, el artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), modificada por la Ley N° 291, en sus parágrafos III y IV refieren que el término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los cinco (5) años y que la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible. Asimismo, el artículo 60 del mismo cuerpo legal dispone que con relación a la facultad de ejecución tributaria el término de prescripción de ejecución de contravenciones tributarias se computará desde el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

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De esta manera, de la revisión de los antecedentes administrativos proporcionados por la entidad recurrida, se evidencia que la Resolución Determinativa N° 17-0089714 de 2 de julio de 2014, determinó de oficio por conocimiento cierto, las obligaciones impositivas de Tapia Claros Aidee en el importe de UVFs 120.064.- correspondientes al tributo omitido más intereses y sanción por omisión de pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondientes a los periodos octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2010, suma 

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que incluye además la multa por incumplimiento a deber. formal de UFVs550, acto administrativo que fue notificado a la sujeto pasivo el 7 de julio de 2014; y al no ser objeto de interposición de recurso alguno, mereció la emisión del Proveído de inicio de Ejecución Tributaria (PIET) N° 02335/2014 de 30 de octubre de 2014, mismo que fue notificado por cédula a la sujeto pasivo el 24 de diciembre de 2014 (fojas 172181, 182, 189 y 193 de antecedentes administrativos). 

Bajo este entendido, ante la constitución de firmeza de la Resolución Determinativa N° 17 0089714 de 2 de julio de 2014 y la solicitud de prescripción de ésta, con relación a la facultad de ejecución de la Administración Tributaria, señalar que corresponde aplicar lo dispuesto en el parágrafo IV del artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) modificado por la Ley N° 291, que dispone, que la facultad de ejecución de deuda tributaria determinada es imprescriptible; en consecuencia la facultad de ejecución tributaria de la Administración Tributaria de la deuda tributaria (tributo omitido más intereses) contenida en la Resolución Determinativa N° 17-0089714 de 2 de julio de 2014 se encuentra vigente

Con relación a la prescripción de la ejecución de las contravenciones tributarias, en aplicación de los artículos 59 parágrafo III y 60 parágrafo III, de la Ley N° 2492 (CTB) se tiene que el término de cinco años inició su cómputo desde que el acto administrativo (Resolución Determinativa N° 17-0089714) adquirió la calidad de título de ejecución tributaria, es decir, a partir del 28 de julio de 2014, siendo que transcurrieron los 20 días dispuestos en el artículo 143 de la citada Ley N° 2492 (CTB) y tomando en cuenta que la sujeto pasivo no interpuso recurso alguno contra el acto administrativo referido previamente, teniendo en cuenta que la prescripción de la ejecución de las contravenciones tributarias -conforme la norma supra-citada opera a los cinco (5) años, el cómputo de dicho instituto quedó configurado de la siguiente manera: 

Notificación del Título de Ejecución

Tributaria 

Inicio de la prescripción 

Ley Aplicable 

Término de la …prescripción 

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5 años 

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Lo expuesto en el cuadro precedente, permite advertir que el cómputo de la prescripción de cinco años para el cobro de las contravenciones tributarias impuestas por la Resolución Determinativa N° 1700897-14 de 2 de julio de 2014, inició el 28 de julio de 2014 y concluyó el 28 de julio de 2019: 

Por otro lado, la Administración Tributaria en el memorial de respuesta al Recurso de Alžada, expresó la existencia de medidas y acciones tendientes al cobro de las contravenciones, refiriéndolas como causales de interrupción al término de la prescripción de la facultad de ejecución, indicando como fundamento legal las disposiciones sobre prescripción del Código Civil, en virtud de lo dispuesto por los artículos 5 y 8 de la Ley N° 2492 (CTB), y la existencia de un vacío en la normativa tributaria, por lo que aplicó por la analogía con la normativa civil en sus artículos 1492, 1493 y 1497. 

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Al respecto, corresponde aclarar que el instituto jurídico de la prescripción para el presente caso se encuentra regulado por el Código Tributario Boliviano Ley N° 2492 (CTB), en los artículoś 59, 60 y 61 que prevén’el término, cómputo, suspensión e interrupción del término de prescripción, incluyendo la etapa de ejecución tributaria y de manera especifica en el artículo 61 del merituado cuerpo legal señala los actos que interrumpen el cómputo de la prescripción, entre las que no se encuentran las medidas y acciones de cobro, lo que... determina que no corresponde aplicar por analogía y/o subsidiariedad previsiones del Código Civil sobre prescripción en dicha etapa. Consecuentemente, no corresponde aplicar las disposiciones sobre prescripción del Código Civil a los que la Administración Tributaria se remite en cuanto a la interrupción de la prescripción; por lo que no amerita mayor análisis respecto a las medidas y acciones de cobro ejercidas. 

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Por el análisis desarrollado hasta este punto, se concluye que la facultad de ejecución de las contravenciones tributarias (sanción por omisión de pago de Incumplimiento de Deberes Formales) contenidas en la Resolución Determinativa N° 1700897-14 de 2 de 

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julio de 2014, se encuentran prescritas; no obstante se mantiene vigente la facultad de ejecución de la deuda tributaria (tributo omitido actualizado e intereses), contenida en dicho título de ejecución tributaria (Resolución.Determinativa N° 17-00897-14)

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Prosiguiendo con el análisis, la parte recurrente señaló como fundamento de derecho el entendimiento expresado en las Sentencias N° 10 (expediente No 79/2015-CA) y No 

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420/2017 de 6 de junio de 2017 emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nos. 0996/2016S2, 0770/2012-R y 1169/2016, la Resolución de Recurso Jerárquico AGITRJ 0022/2016 y la Declaración del Hombre y del Ciudadano, en su artículo 5 y artículo 11 de la Declaración de Derechos Humanos, al respecto, el análisis expuesto por esta instancia recursiva en el presente acápite recoge el entendimiento plasmado en dichos precedentes y en resguardo de los derechos enunciados en la jurisprudencia y precedente adṁinistrativo señalados, encontrándose entre estos el principio de favorabilidad aludido por la sujeto pasivo.. 

Asimismo, la sujeto pasivo refirió que en el acto impugnado, la Administración Tributaria realizó una diferenciación respecto a la deuda tributaria y los adeudos tributarios, sin ningún fundamento basado en normativa tributaria; al respecto, de la lectura del Auto N° 251930000627 se evidencia que no es cierto lo aseverado por el recurrente, toda vez en el Considerando II, la Administración Tributaria señaló como sustento normativo del análisis efectuado, los artículos 59, 61, 62 y 108 de la Ley N° 2492 (CTB) (fojas 212-216 de antecedentes administrativos), debiendo desestimar lo aludido por la parte recurrente sobre este tópico. La parte recurrente también solicitó el levante de las medidas de ejecución aplicadas en contra, empero para ello deberá remitirse previamente, a la resolución de esta instancia recursiva en cuanto su solicitud de prescripción, además que por disposición del artículo 195 parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB), no corresponde a esta instancia recursiva emitir pronunciamiento sobre las actuaciones administrativas que se adopten en ejecución tributaria

Por otro lado, la entidad recaudadora señaló que el Proveido de inicio de Ejecución Tributaria N° 02335/2014 es inimpugnable, y que no puede suspender la ejecución o cobranza coactiva; sobre dicha aseveración recordar que el acto de la Administración Tributaria objeto del Recurso de Alzada impetrado es el Auto N° 251930000627 de 7 de octubre de 2019, que resolvió rechazar la solicitud de prescripción de las acciones de ejecución de la deuda tributaria y contravención, solicitud que se enmarca dentro las previsiones establecidas por el artículo 109 parágrafo Il numeral 1 de la Ley N° 2492 (CTB) que señala que, contra la ejecución fiscal será admisible como causal de oposición cualquier forma de extinción de la deuda tributaria, encontrándose entre éstas la prescripción, la cual es pasible de la interposición de un Recurso de Alzada y que por 

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mandato del artículo 195 parágrafo I del mismo cuerpo legal, tiene efecto suspensivo en el presente caso el ejercicio de la facultad de ejecución. 

Por todo lo expuesto, conforme al análisis realizado con base en los antecedentes administrativos, corresponde a esta instancia recursiva revocar parcialmente Auto N° 251930000627 de 7 de octubre de 2019, emitido por la Gerencia Distrital de Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, declarando prescrita la facultad de ejecución de las contravenciones tributarias (sanción por omisión de pago de Incumplimiento de Deberes Formales) establecidas en la Resolución Determinativa N° 17 0089714 de 2 de julio de 2014; manteniendo vigente la facultad de ejecución de la deuda tributaria (tributo omitido actualizado e intereses) contenida en la Resolución Determinativa

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POR TANTO: 

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El suscrito Director Ejecutivo á.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabambą, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y artículo 141 del Decreto Supremo N° 29894 de 7. de febrero de 2009. 

. . **** RESUELVE PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE el Auto N°251930000627 de 7 de octubre de 2019, emitido por la Gerencia Distrital de Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, declarando prescrita la facultad de ejecución de las contravenciones tributarias (sanción por omisión de pago de Incumplimiento de Deberes Formales) establecidas en la Resolución Determinativa N° 17-00897-14 de 2 de julio de 2014; manteniendo vigente la facultad de ejecución tributaria para la ejecución de la deuda tributaria (tributo omitido actualizado e intereses) contenida en la citada Resolución Determinativa; sea de conformidad con el inciso a) del parágrafo I y parágrafo II del artículo 212 del Código Tributario Boliviano (CTB). 

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SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del Código Tributario Boliviano (CTB), será de 

By Ashent

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cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley N° 2492 (CTB) y sea con nota de atención

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 de la Ley N° 2492 (CTB), el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computables a partir de su notificación. 

Regístrese, notifiquese y cúmplase

Hull 

Eric Ausberto Rugas Urquiza 

DIRECTOR EJECUTNO REGIONAL 

DIRECCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Intoridad Recional de Impugnación Tributaria Coba

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