AGIT-RJ 0652/2021 No corresponde que un Recurso Jerárquico se pronuncie (de fondo) sobre un Recurso de Alzada con vicios de nulidad. 

 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0652/2021 

La Paz, 18 de mayo de 2021 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA de Impugnación Tributaria: 

0140/2021, de 5 de marzo de 2021, emitida por la 

· Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

Sujeto Pasivo o Tercero Responsable: 

FUNDACION DAMAS VOLUNTARIAS SANTA CRUZ (DAVOSAN), ‘ representada por Dora Luz Revuelta de Dávila.. 

Administración Tributaria: 

Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN), representada por. Romina Lena Pérez 

Arias. . 

Número de Expediente: 

AGIT/0425/2021//SCZ-0686/2020 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN) (fs. 81-84 y.87 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0140/2021, de 5 de marzo de 2021 (fs. 61-78.vta. del expediente); el Informe Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-0652/2021, de 13 de mayo de 2021 .. (fs. 96-104 vta. del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

1 Vogo 

Katia M. Gonzales 

Rivar

CONSIDERANDO I: 1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 1.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera. 

La Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN), representada por afao Romina Lena Pérez Arias, según el Memorándum.Cite N° 2007/2021, de 28 de enero de 2021 (fs. 80 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 81-84 y 87 del expediente), impugnando. la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZIRA 0140/2021, de 5 de marzo de 2021, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) Santa Cruz; con los siguientes argumentos: 

i. Objeta el argumento de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz 

respecto al incumplimiento de los requisitos establecidos en el Artículo 28, Incisos b) y e) de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo (LPA), relacionado al proceso administrativo de ejecución tributaria por la no regularización del despacho aduanero inmediato correspondiente a la Declaración Única de importación (DUI) C-9650; considerando que la Resolución Administrativa impugnada cumple con los elementos previstos por Ley. 

ii. En cuanto a la prescripción, señala que es imperativo considerar que el Artículo 13 de 

la Ley N° 1990 General de Aduanas (LGA) dispone que la obligación tributaria aduanera y la obligación de pago establecidas en los Artículos 8 y 9 del mismo cuerpo legal serán exigibles a partir del momento de la aceptación de la Declaración de Mercancías o desde la notificación de la liquidación efectuada por la Aduana, según sea el caso

iii. Indica que el presente proceso trata de un despacho aduanero con exención de pago 

de tributos, el que se consolida con la presentación de la DUI en el año 2009 (debió decir 2008), y donde no se pagó los respectivos tributos; motivo, por el cual al haber verificado que no se presentó la Resolución Administrativa que otorga la exención de tributos, es necesario que la Administración Aduanera notifique a la Agencia Despachante de Aduana (ADA) así como al Importador, con la conminatoria de pago, conforme requiere el Artículo 10 del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado mediante Decreto Supremo No. 25870 (RLGA), lo que se realizó en el presente caso a través de la Nota AN-GRZGR-SCRZI-CI-120-2019, de 10 de enero de 2019. 

iv. Expone que la prescripción que debe tratarse conforme a las previsiones del Artículo 

59, Numeral 4, del Código Tributario Boliviano (CTB) sin modificaciones, es la referida a la facultad de ejecución tributaria, y que desde la notificación con la Carta de 

pria de Pago, se dio cumplimiento a lo establecido en los Artículos 13 de la LGA y 60, Parágrafo II del CTB de manera que dicha facultad no se encuentra prescrita. 

v. Expresa que la ARIT Santa Cruz debió resolver la controversia en el fondo conforme al 

principio de Economía Procesal y el Debido Proceso previstos en los Artículos 115 de la Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE) y 4, Inciso k) de la LPA, considerando sus obligaciones y aplicando los principios de Verdad Material, de 

2 de 20 

L

T

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

Igualdad, Legalidad, y no limitarse a anular obrados perjudicando los intereses del Estado. 

vi. Argumenta que la instancia de Alzada vulnera el Debido Proceso y el derecho al Acceso 

a una Justicia pronta y Oportuna consagrados por los Artículos 115, 116 y 117 de la CPĖ; ya que la resolución que emitió no cumple lo establecido en los el Artículo 28, Incisos b), c), d) y e) de la LPA, debido a que pretende anular un acto administrativo sin valorar todos los extremos y omisiones del Sujeto Pasivo que llevaron a que al inicio del proceso de cobro de una deuda predeterminada; situación ques 

que sostiene que vulnera el principio de Sometimiento a la Ley y el Debido Proceso. Asimismo, refiere a los principios de Oralidad y Oficialidad o de Impulso de Oficio. 

vii. Finalmente, solicita revocar totalmente la Resolución del Recurso de Alzada y se 

mantenga firme la Resolución Administrativa impugnada. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZIRA 0140/2021, de 5 de marzo de 2021 (ts. 61-78 vta del expediente), anuló obrados hasta la Resolución Administrativa AN-GRZGR-ULEZR-SET-RESADM-141-2020, de 9 de noviembre de 2020, inclusive, a objeto de que se emita un nuevo acto administrativo en estricta sujeción a lo que en derecho corresponde, cumpliendo los requisitos establecidos en los Artículos 28 de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo (UPA) y 31 del del Decreto Supremo No. 27113, Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA); con los siguientes fundamentos: 

– 

– 

– 

voBo Katia M. Rivora 

Gonzales 

afaq 

i. Observó que el acto impugnado no contiene una respuesta fundamentada en cuanto 

a la prescripción de la facultad de ejecución tributaria de la deuda autodeterminada de la DUI C-9650 de 11 de julio de 2008, etapa en la que se encuentra la presente causa, haciendo un análisis totalmente confuso e incongruente, toda vez que se limitó a citar normas tributarias, Resoluciones Jerárquicas, Sentencias Constitucionales y transcribir la relación de hechos, para concluir que la facultad que tiene la Administración Aduanera para ejecutar las sanciones por contravenciones, no se encontraria prescrita, en consideración a que se habría notificado la Resolución Sancionatoria de Sumario Contravencional AN-SCRZI-RSSC-151/2018 el 22 de octubre de 2018, iniciando el cálculo de la prescripción, el 4 de diciembre de 2018; asimismo, consideró que al no haberse continuado con la regularización de la 

ISO 9001 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodeguambaeti onomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

Av. Víctor Sanjinez No 2705, Esq. Méndez Arcos (Plaza España) Telfs./Fax: (2) 2412789- 2412048. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

Declaración Única de Importación (DUI) y habiendo reconocido DAVOSAN la comisión de la contravención y cancelado la misma, mediante la nota de presentación de pagos a multa por contravención de la DUI presentada el 17 de mayo de 2019, se interrumpió el cómputo de la prescripción, iniciando uno nuevo desde el 3 de junio de 2019, el cual concluiría el 3 de junio de 2024. 

ii. Evidenció que la Administración Aduanera no consideró que el proceso en cuestión, 

se originó a consecuencia de una deuda autodeterminada en la DUI C-9650 de la gestión 2008, que fue presentada pero no regularizada, ni pagada, generando la obligación tributaria aduanera; por lo que no corresponde a un proceso de imposición de sanción y consiguiente ejecución de la misma, máxime si se observa que el proceso sancionatorio, fue incoado contra la ADA CONEXUS SA. y no contra DAVOSAN, además que fue sustanciado por la contravención aduanera por no regularizar la DUI dentro de plazo, el mismo que se encuentra extinguido por el pago de la contravención aduanera por parte de la citada ADA conforme consta en el Auto de Conclusión AN-GRZGR-SCRZI-ACONC 04/2019 declarando extinguida la acción de la Aduana Nacional (AN) a favor de la ADA CONEXUS SA., en virtud a la cancelación de la sanción mediante Recibo de 16 de mayo de 2019, situación que denota incongruencia en los fundamentos de hecho y de derecho que responden a la prescripción de la facultad de ejecución de la deuda tributaria, y que confunden a la Recurrente, pues no logra identificar si se está dilucidando la ejecución de una sanción por contravención aduanera por la ADA o la ejecución de una deuda tributaria autodeterminada. 

‘ 

iii. Mencionó que la Administración Aduanera en el contenido de la Resolución 

Administrativa, contradice sus propios argumentos al identificar, en primera instancia, como el inicio del cómputo de la prescripción, los 20 días posteriores a la notificación con la Resolución Sancionatoria de Sumario Contravencional AN-SCRZI-RSSC 151/2018; es decir, el 4 de diciembre de 2018, concluyendo el término el 4 de diciembre de 2023; no obstante, afirma de manera posterior, que el hecho generador de la DUI corresponde a la gestión 2008, durante la vigencia del CTB; advirtiéndose, que estas incongruencias vulneran el derecho a la defensa, al no otorgarle la certeza del inicio del cómputo de la prescripción; aspectos que en suma derivan en que los argumentos plasmados en el acto impugnado sean incongruentes en relación a la gestión de la DUI y la normativa vigente a momento del inicio del cálculo de la prescripción para la facultad de ejecución de la deuda tributaria determinada. 

4 de 20 

i. 

III 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

iv.: Indicó que la Administración Aduanera no sustentó, ni explicó los motivos por los 

cuales aplicó las Leyes Nos. 291, 317 y 812, para la gestión 2008. Advirtió que la referida Administración sin mayor fundamento señaló que el inicio del cómputo de la prescripción fue a partir de la notificación con la Resolución Sancionatoria de Sumario o nota de presentación de pago de la multa contravencional. 

V. Explicó que si bien la Administración Aduanera trató de dar cumplimiento a lo instruido 

en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1486/2020, al momento de la emisión del acto impugnado; sin embargo, para efectos del.cómputo e interrupción de la prescripción en su análisis de la ejecución de sanciones, consideró actos administrativos del proceso sancionatorio seguido contra la ADA CONEXUS SA. cuando el Recurso Jerárquico claramente señaló que la citada Administración debía considerar la normativa vigente al momento del inicio del cálculo de prescripción en relación a la facultad de ejecución tributaria del Sujeto Activo, según lo desarrollado en la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0012/2019-S2… 

vi. Refirió que la Administración Aduanera incumplió la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 1486/2020 y; los Artículos 28, Incisos b) y e) de la LPA y 31 del RLPA, respecto a los requisitos esenciales de fundamentación, causa y motivación que deben contener todos los actos administrativos, viciando de nulidad el acto impugnado, vulnerando los derechos del Sujeto Pasivo al Debido Proceso y a la Defensa; en consecuencia, anuló obrados hasta la Resolución Administrativa AN GRZGR-ULEZR-SET-RESADM-141-2020. 

— 

– 

– 

– 

– – 

Svogo 

Katia M. Gomstes

Rivera 

CONSIDERANDO II: Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE), de 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, de 7 de febrero de 2009, que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone: “La Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse Autoridad General de 

ISO 900

Calidad 

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Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de Impugnación Tributaria, entes 

que continuarán cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva 

NB/ISO 

9001 IBNORCA 

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Sistema de Gestión 

del Calidad Certado7717

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… 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guaran 

Av. Victor Sanjinez No 2705, Esq. Méndez Arcos (Plaza España) Telfs./Fax: (2) 2412789- 2412048. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

III 

I

Constitución Política del Estado; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la CPE, el Código Tributario Boliviano (CTB) y la Ley N° 3092; Decreto Supremo N° 29894 y demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO III: Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 5 de abril de 2021, mediante nota ARITSCZ-SCR-JER-0152/2021, de 1 de abril de 2021, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0686/2020 (fs. 1-90 vta. del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 6 de abril de 2021 (ts. 91-92 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 7 de abril de 2021 (fs. 93 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico; conforme dispone el Artículo 210, Parágrafo III del Código Tributario Boliviano, vence el 25 de mayo de 2021; por lo que, la presente Resolución se emite dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de Hecho. i. El 11 de julio de 2008, la ADA CONEXUS SA. validó la DUI C-9650, para la 

importación de sillas de ruedas para niños y adultos, que de acuerdo al sistema aleatorio, fue sorteada a canal verde; asimismo, en observaciones describió que la misma se encuentra sujeta a regularización (fs. 18-21 de antecedentes administrativos, c. 1). 

ii. El 30 de julio y 5 de agosto de 2019, la Administración Aduanera notificó por Edictos 

a la Fundación Damas Voluntarias Santa Cruz (DAVOSAN) con la Nota AN-GRZGR SCRZI-C-120-2019, de 10 de enero de 2019, respectivamente, comunicando que verificado el SIDUNEA ++, evidenció que la DUI C-9650, validada en la gestión 2008 con patrón IMI-4, se encuentra pendiente de pago, por lo que al ser considerada Título de Ejecución Tributaria (TET), conminó a la ADA y al importador a regularizar la deuda tributaria en el plazo de tres (3) días hábiles y que en caso de incumplimiento se dispondría el inicio de la ejecución tributaria (fs. 179 y 239-240 de antecedentes administrativos, c.l y c.ll). 

6 de 20 

III 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

.. 

iii. El 7 de octubre de 2019, la Administración Aduanera notificó por Cédula a la 

representante de la Fundación Damas Voluntarias Santa Cruz (DAVOSAN), con el Proveído de inicio de Ejecución Tributaria (PIET) AN-GRZGR-SET-PIET-1287/2019, de 16 de septiembre de 2019, anunciando el inicio de la ejecución tributaria de la DUI C-9650, al tercer día de su legal notificación con el mismo (fs. 250 y 306 de antecedentes administrativos, c.ll). 

iv. El 10 de octubre de 2019, DAVOSAN presentó memorial de oposición a la ejecución 

tributaria instruida mediante el Proveído de inicio de Eje ni Tributaria AN-GRZGR SET-PIET-1287/2019, opuso prescripción de la facultad de cobrar la deuda tributaria conforme a los Artículos 59, Parágrafo I, Numeral 3. y 60, Parágrafo I del CTB sin modificaciones, toda vez que ya habrían transcurrido más de cuatro (4) años desde la validación de la DUI en la gestión 2008. Asimismo, señaló que correspondía la aplicación del CTB sin modificaciones en sujeción al Artículo 123 de la CPE y la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 1169/2016-$3 de 26 de octubre de 2016; solicitó se declare probada la oposición por extinción de la deuda tributaria por prescripción, suspendiéndose la ejecución tributaria instruida mediante el referido PIET (fs. 256-257 de antecedentes administrativos, c.lt). 

– 

v. El 25 de noviembre de 2019, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Dora Luz Revuelta de Dávila, en representación de DAVOSAN, con la Resolución Administrativa AN-GRZGR-ULEZR-RESADM-208-2019, de 18 de octubre de 2019, que declaró improcedente la solicitud de prescripción dentro del proceso coactivo instaurado a través del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-GRZGR-SET PIET-1287/2019, de 16 de septiembre de 2019, disponiendo la continuidad del proceso, de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente y los procedimientos específicos que regulan tales efectos (fs. 280-298 y 300 de antecedentes administrativos, c.ll). 

Vogo 

Katia M. Gonzato

‘Rivera 

DE IMPUCAN 

ISO 900

Calidad AFNOR CEATIFICATION 

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BORIDA

Jose Alonso Mendoza 

Cuevas VSRJ 

TRIBUTAN 

vi. El 10 de enero de 2020, DAVOSAN presentó carta s/n ante la Administración ataq 

Aduanera, indicando que fue notificada con el Proveído de inicio de Ejecución Tributaria N° AN-GRZGR-SET-PIET-1287/2019, correspondiente a la DUI C-9650, en ese sentido, manifestó que se habría reunido con el anterior Gerente de la IQNet Administración Aduanera quién ofreció brindarles su colaboración por haber prescrito el proceso, ya que transcurrieron diez (10) años; no obstante, el 11 de noviembre de 2019, recibió la respuesta improcedente a su solicitud. Agregó que DAVOSAN es una 

NB/ISO 

9001 IBNORCA 

7 de 20 

Sistema de Gestión 

de la calidad Certificador 77174 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Av. Victor Sanjinez No 2705, Esq. Méndez Arcos (Plaza España) Telfs./Fax: (2) 2412789- 2412048. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

11 

IN

III 

fundación sin fines de lucro, dedicada a la colaboración a las personas de escasos recursos que acuden clamando ayuda para salvar la vida de personas; por lo que reciben donaciones de algunas empresas y personas particulares que les colaboran, además de salir a las calles a solicitar apoyo, realizando diversas actividades para recaudar fondos, los cuales apenas alcanzan para continuar con su labor; lamentando que la persona encargada de realizar sus trámites falleció un año atrás (fs. 342-343 de antecedentes administrativos, c.ll). 

vii. El 17 de enero de 2020, la Administración Aduanera notificó Personalmente a Dora 

Luz Revuelta de Dávila, en representación de la Fundación Damas Voluntarias Santa Cruz (DAVOSAN), con la Resolución Administrativa AN-GRZGR-ULEZR-RESADM 006-2020, de 15 de enero de 2020, que declaró improcedente la solicitud de prescripción invocada (fs. 365-383 de antecedentes administrativos, c.ll). 

vitit. El 17 de julio de 2020, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) Santa 

Cruz emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZIRA 0375/2020, que confirmó la Resolución Administrativa AN-GRZGR-ULEZR-RESADM-006-2020, de 15 de enero de 2020, toda vez que las acciones de la Administración Aduanera para ejercer su facultad de ejecución tributaria, no se encuentran prescritas, mantenido firme y subsistente la ejecución tributaria del adeudo tributario contenido en el PIET AN-GRZGR-SET-PIET-1287/2019 de 16 de septiembre de 2019 (fs. 428-442 de antecedentes administrativos, c. III). 

ix. El 16 de octubre de 2020, la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT) 

emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1486/2020, que anuló la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0375/2020, de 17 de julio de 2020, hasta la Resolución Administrativa AN-GRZGR-ULEZR-RESADM-006-2020, de 15 de enero de 2020, a objeto de que la citada Administración Aduanera emita un nuevo acto administrativo debidamente fundamentado, en cumplimiento al Artículo 28, Inciso e) de la Ley N° 2341 de LPA (fs. 454-462 de antecedentes administrativos, C.. Ill). 

X. El 13 de noviembre de 2020, la Administración Aduanera notificó a la representante 

de DAVOSAN con la Resolución Administrativa AN-GRZGR-ULEZR-SET-RESADM 141-2020, de 9 de noviembre de 2020, que declaró improcedente la solicitud de prescripción invocada en el entendido de que la DUI C-9650, incumplió con el pago de la Deuda Tributaria Determinada, de acuerdo a lo señalado en los Artículos 92 y 

8 de 20 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

93 del CTB, toda vez que la determinación de una deuda tributaria se efectúa por el Sujeto Pasivo o tercero responsable, a través de declaraciones juradas; y dispuso continuar con el proceso de cobro coactivo de acuerdo a lo establecido en la normativa legal vigente y procedimientos específicos que regulan tales efectos como es el citado Código (fs. 484-502 y 507 de antecedentes administrativos, c. III). 

IV.2 Antecedentes de Derecho 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009 (CPE). 

· Artículo 115. Il. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, 

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.

Artículo 117. 1. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en 

un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. 

‘. 

ii. Código Tributario Boliviano (CTB). Artículo-68. (Derechos). Constituyen derechos del Sujeto Pasivo los siguientes: 

2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas 

en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones reglamentarias, 

dentro de los plazos establecidos. 6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios 

en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma 

personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes afaq al redactar la correspondiente Resolución. 

Katia M. 

Rivera 

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ISO 900

Calidad 

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AFNOR CERTJACATION 

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voBo José Alonso Mendoza 

Cuevas PX/SRJ 

CAUTARIA 

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Artículo 201 (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y el presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

NB/ISO 

9001 IBNORCA Sistema de Gestión 

de la Caldad Certificado 1771/14 

9 de 20 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Av. Victor Sanjinez No 2705, Esq. Méndez Arcos (Plaza España) Telfs./Fax: (2) 2412789 – 2412048. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

– 

ili. Ley N° 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). Artículo 28. (Elementos Esenciales del Acto Administrativo). Son elementos esenciales del acto administrativo los siguientes: 

e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta la

razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso b) del presente artículo. 

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto)

1. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

11. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma solo determinará 

la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

iv. Decreto Supremo 27113, de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA). Artículo 31. (Motivación). 1. Serán motivados los actos señalados en el Artículo 30 de la Ley de Procedimiento 

Administrativos y además los que: a) Decidan sobre derechos subjetivos e intereses legítimos. b) Resuelvan peticiones, solicitudes o reclamaciones de administrados

c) Resulten del ejercicio de atribuciones discrecionales. ll. La motivación expresará sucintamente los antecedentes y circunstancias que resultan 

del expediente; consignará las razones de hecho y de derecho que justifican el dictado del acto; individualizará la norma aplicada, y valorará las pruebas determinantes para la decisión. 

*

IV.3. Fundamentación Técnico-Jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como del Informe Técnico-Jurídico’ AGIT-SDRJ-0652/2021, de 13 de mayo de 2021, emitido por la Subdirección de Recursos Jerárquicos de la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), en el presente caso se evidencia lo siguiente: 

10 de 20 

‘. 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

V.3.1. Sobre los vicios de nulidad. 

i. La Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN), en su Recurso Jerárquico, 

objeta el argumento de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) respecto al incumplimiento de los requisitos establecidos en el Artículo 28, Incisos b) y e) de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo (LPA), relacionado al proceso administrativo de ejecución tributaria por la no regularización del despacho aduanero inmediato correspondiente a la Declaración Única de Importación (DUI) C-9650; considerando que la Resolución Administrativa impugnada cumple con los elementos previstos por Ley. 

ii. En cuanto a la prescripción, señala que es imperativo considerar que el Artículo 13 de la 

Ley N° 1990 General de Aduanas (LGA) dispone que la obligación tributaria aduanera y la obligación de pago establecidas en los Artículos 8 y 9 del mismo cuerpo legal serán exigibles a partir del momento de la aceptación de la Declaración de Mercancías o desde la notificación de la liquidación-efectuada por la Aduana, según sea el caso. 

— 

– 

– 

– 

iii. Indica que el presente proceso trata de un despacho aduanero con exención de pago de 

tributos, el que se consolidó con la presentación de la DUI en el año 2008; y donde no se pagaron los respectivos tributos; motivo por el cual, al haber verificado que no se presentó la Resolución Administrativa que otorga la exención de tributos, es necesario que la Administración Aduanera notifique a la Agencia Despachante de Aduana (ADA) así como al Importador, con la conminatoria de pago; conforme requiere el Artículo 10 del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado mediante Decreto Supremo No 25870 (RLGA), lo que se realizó en el presente caso a través de la Nota AN-GRZGR SCRZI-CI-120-2019, de 10 de enero de 2019. 

iv. Expone que la prescripción que debe tratarse conforme a las previsiones del Artículo 59, 

Numeral 4 del Código Tributario Boliviano (CTB) sin modificaciones, es la referida a la 

facultad de ejecución tributaria; y que desde la notificación con la carta de conminatoria 

Gonza 

de pago se dio cumplimiento a lo establecido en los Artículos 13 de la LGA Y 60, Parágrafo Il del CTB; de manera que dicha facultad no se encuentra prescrita. 

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Calidad 

AINOA CERTIFICATIO

VOBOPEN 

Jose Alonso Mendoz

LORIDA

Cueva

QNet 

Var SRJ 

WEUSIS 

EEN? 

v. Expresa que la ARIT Santa Cruz debió resolver la controversia en el fondo conforme al 

principio de Economía Procesal y al Debido Proceso previstos en los Artículos 115 de la Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE) y 4, Inciso k) de la LPA, r considerando sus obligaciones, en aplicación de los principios de Verdad Material, 

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NB/ISO 

9001 IBNORCA Sistema de Gestión 

de la canded CertificadoN771/4 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Av. Victor Sanjinez No 2705, Esq. Méndez Arcos (Plaza España) Telfs./Fax: (2) 2412789- 2412048. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

III 

1 III 

HI 

Igualdad y Legalidad; y no limitarse a anular obrados perjudicando los intereses del Estado. 

vi. Argumenta que la instancia de Alzada vulnera el Debido Proceso y el derecho al Acceso 

a una Justicia pronta y Oportuna, derechos consagrados en los Artículos 115, 116 y 117 de la CPE; ya que la resolución que emitió no cumple lo establecido en el Artículo 28, Incisos b), c), d) y e) de la LPA debido a que pretende anular un acto administrativo sin valorar todos los extremos ni las omisiones en las que incurrió el Sujeto Pasivo, en virtud a las cuales se inició el proceso de cobro de una deuda predeterminada; situación que, sostiene, vulnera el principio de Sometimiento a la Ley y el Debido Proceso. Asimismo, refiere a los principios de Oralidad y Oficialidad o de Impulso de Oficio. 

vii. Al respecto, la doctrina indica: “La fundamentación debe mostrar el resultado final que se 

espera lograr con el objeto del acto, o sea su finalidad. s aún, sin una razonable fundamentación o explicación del acto caen también otras garantias constitucionales y legales como el derecho a ser oído con prueba y alegato y tener dictamen jurídico previo al acto: Pues todo esto de nada vale si el acto nada dice de cuánto ha ocurrido antes de él para justificar y fundar por qué es dictado. No basta con expresar una serie o secuencia de antecedentes de lo que se resuelve: pasó esto, pasó lo otro, pasó lo demás, ahora resuelvo tal cosa. Eso es escribir los antecedentes, hacer el relato circunstanciado del expediente, etc., pero le falta la argamasa de la razón: Debo decir además por qué considero que puedo hilar tales hechos en un razonamiento fundado, que me lleve al fin que deseo lograr en consonancia con la ley(GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo 3, 10a Edición. Buenos Aires – Argentina: “Fundación de Derecho Administrativo”, 2011. Págs. X-14 y X-15). 

viii. Adicionalmente, la doctrina señala: “La motivación también es una exigencia derivada de 

los principios de publicidad y transparencia, que son consustanciales al poder público: mediante el motivo la administración rinde cuenta de sus actos, esto es, de las razones por las que procede. En un régimen jurídico en que el poder es impersonal, la motivación tiene una importancia central para el respeto a la legalidad (…). Cuando la ley exige en ciertas materias un derecho o resolución fundado’ o ‘motivado, contempla una exigencia particular de motivación (...) la omisión de la motivación soloconduce a la nulidad del acto si recae en una exigencia esencial y causa perjuicio al interesado (…)” (VALDIVIA, José Miguel. Manual de Derecho Administrativo. Valencia-España: “Tirant Lo Blanch”, 2018. Págs. 222-223). 

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.. 

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ILI 

AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

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Pl. 

ix. Por otro lado, la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0386/2015-S2, de 8 de abril 

de 2015, indica: “Conforme se ha establecido a través de la reiterada jurisprudencia emanada por este Tribunal y a la luz de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, el debido proceso alcanza en su aplicación interpretativa una triple dimensión, constituyéndose tanto en derecho, como en garantía y a su vez, en principio procesal. Esta triple dimensión, asegura la protección de todos los derechos conexos que pudieran verse vulnerados por actos u omisiones indebidas en la tramitación de cualquier proceso, sea éste judicial o administrativo. Así, el derecho a una debida fundamentación y motivación de las resoluciones se constituye en la garantía del sujeto procesal de que el juzgador al momento de emitir una decisión, explicará de manera clara, sustentada en derecho, los motivos que lo llevaron a tomar una decisión; argumentación que deberá seguir un orden coherente respecto a los hechos demandados y exponer con puntualidad los elementos jurídico-legales que determinaron su posición” (las negrillas son añadidas). 

WSTYT T 

X. Continúa la citada Sentencia Constitucional señalando: “Dicho de otra forma, toda 

autoridad que dicte una resolución; debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma, por cuanto la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo 

a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión i está regida por los principios y. valores supremos rectores que orientan al juzgador, 

eliminándose cualquier interés y parcialidad (…) (SSCC 0863/2007-R, 0752/2002-R, SC 1369/2001-R, entre otras)” (las negrillas son añadidas). 

* Katia M. 

Rivera 1 Gonzales 

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xi. Los Artículos 115, Parágrafo Il; y 117, Parágrafo I de la CPE, establecen que el Estado 

garantiza el derecho al Debido Proceso, a la Defensa y a una Justicia Plural, Pronta, Oportuna, Gratuita, Transparente y sin Dilaciones; y que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un Debido Proceso. En ese entendido, el Artículo 68, Numerales 2, 6 y 7 del CTB contempla dentro de los derechos del Sujeto Pasivo, el derecho a que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas; igualmente el derecho al Debido Proceso; además a formular y aportar, en la forma y plazos previstos en el referido Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente resolución. 

Calida

AFNOR CEATIFICATION 

I

VoBo José Alonso Mendoz

Cuevas

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IQNet 

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CIMENTS 

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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INT 

III 

xii. Por su parte, el Artículo 28, Inciso e) de la LPA, aplicable de manera supletoria en virtud 

del Artículo 201 del CTB, define los elementos del acto administrativo, entre ellos, el “fundamento” que se traduce en las razones que inducen a emitir el acto. Igualmente, el Artículo 31, Parágrafos I y II del Decreto Supremo N° 27113 Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA), establece que serán motivados los actos que: Resuelvan peticiones, solicitudes o reclamaciones de administrados, además de exponer y sustentarse en los hechos o antecedentes del expediente; en otras palabras, consignar las razones de hecho y de derecho que justifican el dictado del 

acto

xiii. Así también, el Artículo 36, Parágrafos I y Il de la LPA, señala que serán anulables los 

actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico; o cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o 

dé lugar a la indefenisión de los interesados. 

xiv. De la revisión de antecedentes administrativos se tiene que, el 11 de julio de 2008, la 

Agencia Despachante de Aduana (ADA) CONEXUS SA. validó la DUI C-9650 para la importación de sillas de ruedas para niños y adultos que, de acuerdo al sistema aleatorio, fue sorteada a canal verde; asimismo, en observaciones describió que la misma se encuentra sujeta a regularización. Posteriormente, el 30 de julio y 5 de agosto de 2019, la Administración Aduanera notificó a DAVOSAN con la Nota AN-GRZGR-SCRZI-C-120 2019, de 10 de enero de 2019, comunicando que verificado el SIDUNEA ++, evidenció que la DUI C-9650, validada en la gestión 2008 con patrón IMI-4, se encuentra pendiente de pago; por lo que, al ser considerada Título de Ejecución Tributaria, conminó a la ADA y al importador a regularizar la deuda tributaria en el plazo de tres (3) días hábiles; y que en caso de incumplimiento se dispondría el inicio de la ejecución tributaria (fs. 18-21, 179 y 239-240 de antecedentes administrativos, c.l y c.ll). 

xv. Al efecto, el 7 de octubre de 2019, la Administración Aduanera notificó a Dora Luz 

Revuelta de Dávila, en representación de DAVOSAN, con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) AN-GRZGR-SET-PIET-1287/2019, anunciando el inicio de la ejecución tributaria de la DUI C-9650, al tercer día de su legal notificación con el mismo. Posteriormente, el 10 de octubre de 2019, DAVOSAN presentó memorial de oposición a la ejecución tributaria; en respuesta la Administración Aduanera emitió la Resolución Administrativa AN-GRZGR-ULEZR-RESADM-208-2019, de 18 de octubre de 2019, que 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

declaró improcedente la solicitud de prescripción (fs. 250, 306, 256-257, 280-298 y 300 de antecedentes administrativos, c.ll). 

xvi. Asimismo, el 10 de enero de 2020, el Operador presento carta s/n ante la Administración 

Aduanera indicando, entre otros aspectos, que fue notificado con el mencionado PIET y que las facultades de la Aduana habrían prescrito por haber transcurrido diez (10) años; aspecto que fue respondido a través de la Resolución Administrativa AN-GRZGR . ULEZR-REŞADM-006-2020, de 15 de enero de 2020, que declaró improcedente la solicitud de prescripción (fs. 342-343 y 365-382 de antecedentes administrativos, c. II). 

xvii. En ese sentido, el 17 de julio de 2020, la ARIT Santa Cruz emitió la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0375/2020 que confirmó la Resolución Administrativa AN-GRZGR-ULEZR-RESADM-006-2020, toda vez que las acciones de la Administración Aduanera para ejercer su facultad de ejecución tributaria no se encontraban prescritas; fallo que fue anulado por la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1486/2020 con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Resolución Administrativa AN-GRZGR-ULEZR-RESADM-006-2020, a objeto de que la Adrñinistración Aduanera emita un nuevo acto administrativo debidamente fundamentado, en cumplimiento al Artículo 28, Inciso e) de la LPA (fs. 428-442 y 454-462 de antecedentes administrativos, c. II). 

xviii: De modo que, el 13 de noviembre de 2020, la Administración Aduanera notificó a “. 

DAVOSAN con la Resolución Administrativa AN-GRZGR-ULEZR-SET-RESADM-141 2020, que declaró improcedente la solicitud de prescripción (fs. 484-502 y 507 de antecedentes administrativos, c. III). 

xix. Ahora bien, en el entendido que la Administración Aduanera argumenta que el acto 

administrativo impugnado cumplió con los requisitos establecidos en la norma; corresponde a esta instancia Jerárquica verificar si dicha afirmación es evidente o no. 

Katia M. Rivera Gonzalog 

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CAT DE IMPUGA 

AFNOR CEATIFICATIO

VoBo 

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José Alonso Mendoz

Cuptas PVSRJE 

IQNet 

XX. De la lectura de la Resolución Administrativa AN-GRZGR-ULEZR-SET-RESADM-141 

2020, se tiene que en los considerandos I y II, la Administración Aduanera refirió los antecedentes del proceso, la normativa que consideró aplicable al caso, precedentes administrativos emitidos por la Autoridad General de Impugnación Tributaria y Sentencias Constitucionales (fs. 491-502 de antecedentes administrativos, c.lll). También, se observa que en el Considerando III indicó que dio cumplimiento a la Resolución del 

MANAGEMENT 

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9001 IBNORCA 

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Recurso Jerárquico AGIT-RJ-1486/2020, señalando: “AL PUNTO 1.- PRESCRIPCIÓN SOLICITADA. (…) se procederá a efectuar el análisis correspondiente al término de la prescripción respecto a la ejecución de las sanciones por contravención (…). El 22/10/2018 se emite Resolución Sancionatoria de Sumario Contravencional AN SCRZI-RSSC-151/2018, en respuesta el agente despachante de aduana efectúa la cancelación correspondiente mediante RECIBO DE PAGO correspondiente a la contravención incurrida por lo que 24/05/2019 se emite Auto de Conclusión ANGRZGR SCRZI-ACONC 4/2019 Declarando EXTINGUIDA la acción de la Administración Aduanera a favor de A.D.A. CONEXUS S.A. por haber sido cancelada la contravención establecida por la no regularización de la DUI 2008/701/C-9650 (…). Por lo que al ser una DEUDA SOLIDARIA, estas actuaciones demuestran que el agente despachante de aduana aceptó la contravención en la que incurral no regularizar la DUI correspondiente, (…), por lo que a partir de ello la Administración Aduanera, sin que se haya iniciado tramitación de regularización alguna inicia el cobro coactivo, afectando al operador DAMAS VOLUNTARIAS SANTA CRUZ DAVOSAN (...) ya que esas actuaciones afectan de manera directa con el computo de la prescripción” (fs. 488-491 de antecedentes administrativos, c.ill). 

xxi. Asimismo, se advierte que la referida Resolución Administrativa expresó: (…) Bajo el 

precepto latín “Tempus regit actum” (…); corresponde la aplicabilidad de la Ley 2492 . (CTB) con las modificaciones efectuadas por la Ley 291, 317 y 812 respectivamente de 01/07/2016, toda vez que al haberse notificado Auto de Conclusión AN-GRZGR-SCRZI ACONC 4/2019 declarando EXTINGUIDA la acción de la Administración Aduanera a favor de la AGENCIA DESPACHANTE DE ADUANA CONEXUS S.A. por haber sido cancelada la Contravención (…), al NO HABER REGULARIZADO EN-PLAZO.LA DECLARACIÓN ÚNICA DE IMPORTACIÓN DUI 2008/701/C-9650 de fecha 11/07/2008, la cual al no haber sido regularizada adquirió la calidad de Título de Ejecución Tributaria, aperturandose de esta manera la Facultad que tiene la Administración tributaria para ejecutar las sanciones por contravenciones, en la gestión 2018, cuando se encontraba en plena vigencia las modificaciones ejercidas por la Ley 812 sobre el Código Tributario Boliviano. Bajo este entendido corresponde efectuar el computo de las prescripciones a la Ejecución tributarla (…)” (las negrillas son añadidas); al efecto, mediante un cuadro indicó que habiendo sido notificada la Resolución Sancionatoria de Sumario Contravencional, el 13 de noviembre de 2018, el cómputo de la prescripción inició el 4 de diciembre de 2018 y concluirá el 4 de diciembre de 2023 (fs. 488 de antecedentes administrativos, c.:II). 

.3 

.4 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

xxii. De la misma forma, se evidencia que el mencionado acto impugnado señaló: “Por lo 

legalmente expuesto, se tiene que el presente proceso NO se encuentra PRESCRITO, iniciado el cómputo de la prescripción para la ejecución tributaria de las sanciones 

por contravención en fecha 04/12/2018 considerando los cinco (5) años que tiene la Administración tributaria para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias, dejando más que evidente que NO existió inactividad por parte del Sujeto Activo. Ahora bien, dentro del proceso corresponde que se tome en cuenta la causal de interrupción en la que la Agencia Despachante de Aduana CONEXUS S.A. incurre, al aceptar la falta de regularización de la DUI al haber cancelado la contravención y pese a ello NO HABER CONTINUADO CON LA REGULARIZACION correspondiente, siendo esta una causal de INTERRUPCIÓN AL CÓMPUTO DE LA PRESCRIPCIÓN, conforme el Art. ARTICULO 61, interrumpida la prescripción, comenzara a computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquel en que se produjo la interrupción, (...) se demuestra que la facultad de ejecución tributaria, NO SE ENCUENTRA PRESCRITO” (fs. 487 de antecedentes administrativos, c.IlI). 

xxiii. Asimismo, la Resolución Administrativa AN-GRZGR-ULEZR-SET-RESADM-141-2020 

afirmó: “…) si bien el hecho generador, es decir, la Declaración Única de Importación fue tramitada en la gestión 2008, durante la vigencia de la Ley N° 2492 (CTB) con modificaciones, (…), en la gestión 2019 el agente despachante de aduana emitió el pago de la contravención incurrida (…), en este entendido ese accionar se configuró en una causal de INTERRUPCION DE la prescripción y por consiguiente el cómputo de la prescripción inicia nuevamente debiendo aplicarse la normativa vigente al momento de reiniciado el cómputo para la prescripción, es decir con los textos vigentes modificados a través de las leyes Nro. 291 de 22/09/2012, Nro. 317 de 11/12/2012 y Nro. 812 de 30/06/2016, fechas que entraron en vigencia, constituyéndose de cumplimiento obligatorio conforme el Art. 164 parágrafo ll de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia”. Finalmente, dispuso: “DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de prescripción (…); en el entendido de que incumplió con el pago de la DEUDA TRIBUTARIA DETERMINADA, de acuerdo a lo señalado en el Art. 9y 93° de 

la Ley 2492 (CIB) (…) la dere 

?(CTB) (…) la determinación de una deuda tributaria se efectúa por el Sujeto Pasivo o tercero responsable, a través de declaraciones Juradas” (fs. 485-486 de antecedentes administrativos, c.lll). 

VoBo Katia M. Rivera Gonzales 

afaq 

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Calidad 

AFNOR CEATIFICATIO

DE IMPUGA LE VoBo 

José Alonso le Mendoza 3) 15. Cueva

na SRJ 

MANAGEN 

xxiv. De lo anterior se evidencia que el proceso se encuentra en etapa de ejecución de la 

deuda tributaria; y que el Sujeto Pasivo, ante la notificación con el PIET AN-GRZGR 

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NB/ISO 

9001 IBNORCA Sisterra de Gest

debCaldad Certificado N0771/14 

Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita mbaerepi Vae (Guarani) 

Av. Victor Sanjinez No 2705, Esq. Méndez Arcos (Plaza España) Telfs./Fax: (2) 2412789-2412048. www.ait.gob.bo. La Paz, Bolivia 

SET-PIET-1287/2019 que señala que la DUI C-9650 se constituye en Título de Ejecución Tributaria, solicitó prescripción; sin embargo, la Resolución Administrativa AN-GRZGR ULEZR-SET-RESADM-141-2020 rechazó al prescripción opuesta por DAVOSAN analizando: 1) La facultad para ejecutar sanciones; 2) Los efectos de la solidaridad en el reconocimiento de la sanción pagada por la ADA CONEXUS SA. por la cancelación de la contravención por incumplimiento de regularización de la DUI; 3) El inicio del computo de la prescripción en la gestión 2018 con la notificación Resolución Sancionatoria de 

Sumario Contravencional; 4) La vigencia de las modificaciones al CTB; es decir, que de 

forma incongruente consideró hechos que no tienen relación con el presente caso; ocasionando incertidumbre al Sujeto Pasivo sobre los motivos por los cuales rechazó la 

prescripción opuesta al citado PIET. 

XXV. Adicionalmente, se advierte que la Administración Aduanera pretendió aplicar las Leyes 

Nos. 291, 317 y 812 a una DUI que fue validada y tramitada en la gestión 2008; sin responder de manera precisa a la solicitud de prescripción efectuada por la Importadora conforme al estado del proceso; aspectos que demuestran la ausencia de un análisis de la prescripción planteada por el Sujeto Pasivo; conforme lo advirtió la instancia de Alzada y la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1486/2020. 

xxvi. De modo que, respecto a la solicitud de prescripción presentada por la Importadora, se 

tiene que la Administración Aduanera emitió una respuesta que no está debidamente fundamentada además de ser incongruente; ocasionando que dicho acto esté viciado de nulidad por incumplimiento del Artículo 28, Inciso e) de la LPA y 31, Parágrafos lyll del RLPA, al no exponer el nexo lógico jurídico que debe existir entre los aspectos planteados y los resueltos; vulnerando así el derecho del Sujeto Pasivo al Debido Proceso regulado en los Artículos 115, Parágrafo II de la CPE; y 68, Numerales 2, 6 y 7 del CTB; conclusión similar a la que también arribó la instancia de Alzada. 

xxvii. Asimismo, resulta pertinente precisar que la Administración Aduanera recién en su 

Recurso Jerárquico pretende incluir argumentos relacionados a la obligación tributaria aduanera, la obligación de pago, la aplicación de los Artículos 59, Numeral 4; 60, Parágrafo II del CTB sin modificaciones; y 13 de la LGA; para explicar que la facultad de ejecución tributaria no se encontraría prescrita; no obstante, los referidos argumentos no formaron parte de la Resolución Administrativa impugnada; lo cual hace más evidente la falta de una debida fundamentación en el acto objeto de impugnación. 

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AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA Estado Plurinacional de Bolivia 

xxviii. Respecto a que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria incumplió los requisitos 

del Artículo 28, Incisos b), c), d) y e) de la LPA, de la lectura de la Resolución del Recurso de Alzada (fs. 61-78 vta. del expediente) se tiene que considerar los argumentos de ambas partes, los antecedentes del proceso y la normativa que creyó aplicable al caso, evidenciando la existencia de vicios de nulidad; en ese sentido, si bien el análisis realizado y lo resuelto por la ARIT no fue favorable para la Administración Aduanera, no implica que el fallo de Alzada carezca de fundamentación o vulnere normativa, principios y/o derechos como erróneamente sostiene el Sujeto Activo. 

xxix. En relación a que la ARIT debió emitir pronunciamiento de fondo; cabe aclarar que la 

instancia de Alzada, al haber evidenciado la existencia de vicios de nulidad en el acto impugnado que derivan en la vulneración de las garantías constitucionales del Sujeto Pasivo, se encontraba imposibilitada de pronunciarse sobre los demás agravios; por lo que, no corresponde que en aplicación de los principios que refiere la Administración Aduanera, dicha instancia recursiva emita pronunciamiento de fondo; en ese sentido, tampoco se advierte la vulneración u omisión de principios que alega el Sujeto Activo. 

xxx. Por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia Jerárquica confirmar la Resolución 

dél Recurso de Alzada ARIT-SCZIRA 0140/2021, de 5 de marzo de 2021, que anuló obrados hasta la Resolución Administrativa AN-GRZGR-ULEZR-SET-RESADM-141 2020, de 9 de noviembre de 2020, a objeto de que la citada Administración emita un nuevo acto administrativo debidamente fundamentado en estricta sujeción a los Artículos 28 de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo (LPA) y 31 del Decreto Supremo N° 27113 Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA). 

– 

 

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Katia M River

V Gohinos

Por los Fundamentos Técnico-Jurídicos determinados precedentemente, la Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), instancia independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZIRA 0140/2021, de 5 de marzo de 2021, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) Santa Cruz, corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

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Calidad 

E IMPUGNAN 

AFNOR CEATIFICATION 

GENERAL 

VoBo 

José Alonso Mendoła Cugas 

Net 

SEMEN

NB/ISO 

9001 IBNORCA Sistema de Gestión 

del Grad Cethadon-7717

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Justicia tributaria para vivir bien Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita mbaerepi Vae (Guarani) 

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POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), designada mediante Resolución Suprema N° 27219 de 12 de noviembre de 2020, en el marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE); y 141 del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución de Recurso Jerárquico, de acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132; 139, Inciso b); y 144 del Código Tributario Boliviano (CTB), . 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0140/2021, de 5 de marzo de 2021, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la Fundación Damas Voluntarias Santa Cruz (DAVOSAN), contra la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN); que anuló la Resolución Administrativa AN-GRZGR-ULEZR SET-RESADM-141-2020, de 9 de noviembre de 2020, inclusive, a objeto de que la citada Administración emita un nuevo acto administrativo debidamente fundamentado en estricta sujeción a los Artículos 28 de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo (LPA) y 31 del Decreto Supremo N° 27113 Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA); todo de conformidad a lo previsto en el Artículo 212, Parágrafo I, Inciso b) del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

DE IMPUES 

GENERA

VoBo 

ORIDAD CO

Jose Monso 2 

Mendoza Fuevas 

SR. 40 

Katia Marfald Rivera Gotales DIRECTORACEUTIVA GENERAL/… GWICHIGAO GENERA/CA HIPUGNACIÓN RIESADA 

L/ 

LGAMSGLT/ICPMCZie

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