ARIT-SCZ-RA-0474-2020 Procedimiento de Verificación surte los mismos efectos legales que una Fiscalización

ARIT-SCZ-RA-0474-2020

Ain. 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0474/2020 

Recurrente 

Administración recurrida 

Acto Impugnado 

Expediente N° 

Lugar y Fecha 

VISTOS

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos Refinación Sociedad Anónima (YPFB REFINACIÓN S.A), representada por Germán Augusto Monroy Aquezolo. 

Gerencia Sectorial de Hidrocarburos Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), representada por Gonzalo Antonio Campero Ampuero. 

Resolución Determinativa N° 53/2009, de 10 de junio de 2009. 

ARIT-SCZ-0100/2009. 

Santa Cruz, 17 de agosto de 2020 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la 

Gerencia Sectorial de Hidrocarburos Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), el Auto de apertura de plazo probatorio, las 

pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0474/2020 de 

14 de agosto de 2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; 

y todo cuanto se tuvo presente. 

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO 

La Gerencia Sectorial de Hidrocarburos Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), emitió la Resolución Determinativa 53/2009, de 10 de junio de 

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2009, que resolvió determinar de oficio, por conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones impositivas del contribuyente Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos Refinación S.A., la misma que asciende a un total de 2.203.107 UFV’s equivalentes a la fecha de emisión de la Resolución, a Bs3.359.606, correspondiente al tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y la multa sancionatoria por omisión de pago, calculada en aplicación de la Ley 2492 (CTB). Asimismo, sancionó al contribuyente, con la contravención tributaria de omisión de pago, con el 100% sobre el tributo omitido actualizado al 10 de junio de 2009, con la suma de 745.745 UFV’s, equivalentes a la fecha de emisión de la Resolución a Bs. 1.137.216. Además, intimó al contribuyente, para que en el término de 20 días de su legal notificación con la Resolución, deposite la suma de 2.203.107 UFV’s equivalentes a Bs3.359.606, o en caso de no estar de acuerdo, en el término de 15 días computables a partir de su legal notificación interponga la demanda contencioso tributario prevista en la Ley 1340 (Ctb), de conformidad a la Sentencia Constitucional 387/2006-R de 24 de abril de 2006, o en el plazo de 20 días interponga el Recurso de Alzada, establecido en la Ley 2492 (CTB). Vencidos los plazos señalados, en el caso de no pagar o impugnar la Resolución, se procederá a la ejecución tributaria, de conformidad a lo establecido por los arts. 108 y siguientes de la Ley 2492 (CTB). 

  1. TRAMITACIÓN DE RECURSO DE ALZADA 

11.1. Argumentos de la recurrente 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos Refinación Sociedad Anónima (YPFB REFINACIÓN S.A), representada por Germán Augusto Monroy Aquezolo, en adelante la recurrente, mediante memoriales presentados el 06 de julio y 22 de julio de 2009 (fs. 132-136 vta. y 149 del expedienta c. I), se apersonó ante esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa 53/2009, de 10 de junio de 2009, emitida por la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), manifestando lo siguiente: 

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

11.1.1 Prescripción de las facultades para determinar deudas sobre los periodos agosto y septiembre de 2004. 

La recurrente invocó la prescripción, toda vez que la documentación requerida en la Orden de Verificación corresponde a los periodos agosto y septiembre de 2004; yfue notificada por cédula el 31 de diciembre de 2008; es decir, el último día en que la Administración Tributaria podía ejercer acciones para verificar, fiscalizar, controlar y determinar la deuda tributaria, conforme a los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB); por otro lado, no existió interrupción, debido a que el acto notificado no se constituye en una Resolución Determinativa; mientras que las causales de suspensión previstas en el art. 62 de la Ley 2492 (CTB), se refiere a la notificación del Inicio de Fiscalización individualizada al contribuyente, entendiéndose que sólo se suspende la prescripción con la notificación de un acto administrativo denominado “Orden de Fiscalización”, 

emitido conforme disponen los arts. 104 de la Ley 2492 (CTB), 30, 31 y 32 del DS 27310 (RCTB); refiere que esta interpretación no es meramente literal, pues de la integración con la normativa tributaria nacional se evidencia que ésta, de forma coherente y uniforme, otorga un tratamiento distinto a los conceptos de “verificación” y “fiscalización”, por lo que notificar con una “Orden de Verificación” tiene consecuencias jurídicas distintas a las de notificar con una “Orden de Fiscalización”, debido a que la propia Ley 2492 (CTB) le atribuye mayor valor y formalidad al procedimiento de fiscalización, suspendiendo el cómputo de la prescripción únicamente cuando el contribuyente es notificado con una Orden de Fiscalización que contenga los requisitos establecidos en el art. 31 del DS 27310 (RCTB); por lo cual, es evidente que la acción de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria se extinguió por prescripción. 

11.1.2 Depuración de notas fiscales. 

  1. a) Facturas sin originales existentes 

La recurrente refirió que como producto del proceso de nacionalización, la documentación de gestiones pasadas debe pasar por un difícil proceso de búsqueda en sus archivos de Santa Cruz y Cochabamba, es por eso que desde la etapa de presentación de descargos, hasta la fecha, se realizaron esfuerzos para encontrar las facturas extrañadas por la Administración Tributaria, las cuales, aseguró serían 

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presentas en esta instancia bajo juramento de reciente obtención; de la misma forma, manifestó que se encontraba realizando las acciones para obtener fotocopias legalizadas de las facturas extrañadas para su respectiva valoración, como prueba de reciente obtención, conforme al art. 1311 de; Código Civil Boliviano (CC). 

  1. b) Facturas por gastos no relacionados (servicios prestados por Petrobras Energía A. Sucursal Bolivia- PESA) 

La recurrente señaló que la Administración Tributaria depuró la factura 906 de 03 de agosto de 2004 (Bs201.605,08) y la factura N° 916 de 10 de agosto de 2004 (Bs196.954,75), sin considerar que según la Orden de Servicio (Anexo 3) fue emitida por PESA, por concepto de servicios de gerencia de logística que prestó a la antes denominada Empresa Boliviana de Refinación (EBR) (ahora YPFBR S.A) y para dicho cometido PESA asignó y canceló este concepto a diferente personal o contratistas suyos, entre los cuales se encontraba Roberto Quinteros, sin que EBR hubiera tenido relación de dependencia con él o los funcionarios encargados de la prestación del servicio; añadió que debía tomarse en cuenta que normalmente los servicios de “logística” son prestados per empresas del mismo grupo corporativo, optando en algunas ocasiones por asignar a esos costos la figura de repase o reintegro, que implica el reembolso de dinero de una a otra, sin generar el pago del IT o el IVA; sin embargo, el fisco no se perjudica porque la factura emitida por PESA no solamente refleja la realidad económica de la operación, sino que está respaldada por una factura que originó un mayor impuesto a pagar, generando el pago del IVA (13%) e IT (3%). Por lo que se debe considerar válida la apropiación del crédito fiscal IVA, conforme a los arts. 8 inc. a) de la Ley 843 (LRT) y 8 del DS 21530, debido a que la gerencia de logística es un servicio vinculado con la actividad gravada e imprescindible para el desarrollo normal de las operaciones de la empresa; y dicho pago está debidamente respaldado con documentos originales cursantes en el Anexo 3. 

  1. c) Facturas por seguro de salud

La recurrente indicó que este reparo se basa en que la Administración Tributaria consideró estos gastos como sobresueldos o beneficios adicionales a los dependientes, que según su entender están sujetos al RC-IVA; sin embargo, los 4 de 39

Am. 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

pagos de seguro médico adicional realizados a Alianza Cia. de Seguros y Reaseguros (Bs582.879) son independientes de los aportes que se hacen a la Caja Petrolera y tienen como finalidad cubrir la imperante necesidad de otorgar seguridad a los empleados y obreros de la compañía, en marcos razonables de igualdad, según consta en las planillas de sueldos aue serían presentadas, por lo que no puede considerárselo como un seguro delegado conforme al art. 20 del Código de Seguridad Social y no constituyen ingresos gravados por el RC-IVA, sino gastos de la empresa vinculados con la actividad gravada, de acuerdo a lo establecido en los arts. 8 inc. a) de la Ley 843 (LRT) y 8 del DS 21530; aseguró que este tipo de seguros adicionales fue desarrollado en la Resolución de Recurso Jerárquico STG RJ/0314/2006 de 23 de octubre de 2006 y aunque la Administración Tributaria minimice su aplicación, al señalar que no es jurisprudencia, está obligada a su cumplimiento porque constituye un precedente administrativo; además, si la Administración Tributaria pretende asignarle al seguro privado adicional el carácter de un ingreso gravado por el RC-IVA, deberá demostrarlo en un proceso administrativo para cada uno de los sujetos pasivos de dicho impuesto, caso contrario, la compañía estaría asumiendo defensa de derechos de terceros, vulnerando su derecho a la defensa. 

11.1.3 Inexistencia de tributo omitido y consecuente imposibilidad de calcular intereses y multa. 

La recurrente aludió que la Resolución impugnada realizó una depuración de una parte del crédito fiscal que correspondía ser compensado con el débito fiscal IVA de los periodos agosto y septiembre de 2004 y determinó indebidamente un supuesto tributo omitido de Bs801.558 como si no existieran saldos de crédito fiscal con los cuales naturalmente se podría compensar el débito; señaló que en las declaraciones juradas del IVA (form. 143) adjuntas, correspondientes a los periodos observados, se evidencia que se tiene una cantidad de crédito fiscal acumulado que después de la depuración realizada por la Administración Tributaria, no se llega a producir débito fiscal alguno a favor del fisco, sino una reducción menor del crédito fiscal; por lo que, de acuerdo al art. 47 de la Ley 2492 (CTB), al no existir tributo omitido, tampoco existen intereses y mucho menos corresponde la aplicación de la sanción establecida en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB); por lo que solicitó se declare la inexistencia de intereses y multa por omisión de pago, al haberse demostrado fehacientemente que 5 de 39 

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no existe tributo omitido alguno, como producto de la depuración de crédito fiscal consignada en la Resolución Determinativa impugnada. 

Por lo expuesto, solicitó la revocatoria total de la Resolución Determinativa N° 53/2009, de 10 de junio de 2009, emitida por la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

11.2. Auto de admisión. 

Mediante Auto de 23 de julio de 2009 (fs. 150 del expediente c. I), se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente impugnando la Resolución Determinativa 53/2009, de 10 de junio de 2009, emitida por la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). 

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Sectorial de Hidrocarburos Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), en adelante la Administración Tributaria, mediante memorial presentado el 11 de agosto de 2009 (fs. 157-159 del expediente c. I), se apersonó ante esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, a objeto de contestar al Recurso de Alzada en base a los argumentos que se exponen a continuación: 

11.3.1 Sobre la prescripción de los periodos agosto y septiembre de 2004. 

La Administración Tributaria indicó que la recurrente está equivocada al asumir una interpretación informal sobre las facultades de la Administración Tributaria, pues no 

existe énfasis conceptual sobre la Orden de Fiscalización y la Orden de Verificación; i

a su vez, el art. 29 del DS 27310 (RCTB) aclara que la determinación de la deuda tributaria se realizará mediante los procesos de fiscalización, verificación, control e investigación realizados por el SIN y de acuerdo al inc. b) del referido artículo, las determinaciones pueden ser parciales, comprendiendo la fiscalización de uno o más impuestos, de modo que la Orden de Verificación no necesita el rótulo de Orden de Fiscalización para que posea valor legal y en ninguna parte de la Ley 2492 (CTB) 6 de 39 

Allí 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

vigente o la Ley 1340 (Ctb), establece que el procedimiento de fiscalización vale más que la verificación, siendo un invento de la recurrente, totalmente irracional e inconsistente en derecho, por lo que en el presente caso, al haberse realizado la revisión sólo de determinados periodos y no de manera integral, iniciando el proceso de verificación con la notificación al contribuyente el 31 de diciembre de 2008, se suspendió el plazo de la prescripción por 6 meses, según lo previsto en el art. 62 parágrafo Ide la Ley 2492 (CTB), por lo que no ocurrió la prescripción aludida. 

11.3.2 Sobre la depuración de notas fiscales. 

  1. a) Facturas sin originales existentes 

La Administración Tributaria señaló que el contribuyente está obligado a llevar una contabilidad adecuada, a conservar su documentación y presentarla a solicitud de la Administración competente y respaldar de esa manera todas sus operaciones, según lo establecido en los arts. 23 de la Ley 2492 (CTB), 4 y 12 de la Ley 843 (LRT). Asimismo, siendo que la recurrente reconoce que no tiene la documentación, ni la presentó a la Administración Tributaria en su oportuno requerimiento, se debe confirmar los reparos por este concepto, porque la recurrente no puede presentarla como prueba de reciente obtención, puesto que siempre tuvo esos documentos en su poder. 

  1. b) Facturas por gastos no relacionados (servicios prestados por Petrobras 

Energía S.A. Sucursal Bolivia- PESA) 

La Administración Tributaria refirió que de acuerdo a las Resoluciones de Recurso Jerárquico STG/RJ/0064/2005, STG/RJ/0123/2006 y STG/RJ/0156/2006, para que el contribuyente pueda beneficiarse con el cómputo del crédito fiscal producto de las transacciones que declara, debe cumplir con tres requisitos: 1) Estar respaldado con factura original, 2) Que esté vinculado a la actividad gravada, y 3) Que la transacción se hubiera realizado efectivamente, los cuales no cumplió la recurrente, porque sus actuaciones y descargos no estarían adecuados a la actividad del contribuyente, usando el crédito fiscal en actividades que no le corresponden a su rubro. En lo que respecta al repase o reintegro, no son aplicables a la interpretación del art. 4 inc. b) del DS 21532, porque la rendición de cuentas no se demostró. 

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  1. c) Facturas por seguro de salud adicional 

La Administración Tributaria aludió que las facturas por este concepto fueron indebidamente apropiadas por la recurrente, ya que las mismas pertenecen al personal dependiente de la empresa, por tratarse de otros ingresos y compensaciones extraordinarias, ya sea en efectivo como en especies, según el art. 19 inc. d) de la Ley 843 (LRT) y no tienen relación con el art. 8 del DS 21530, por lo que los gastos en seguros adicionales para los trabajadores no están vinculados con la actividad del rubro de la empresa y se constituyen como beneficios adicionales para los trabajadores, situación que no puede ser gravada por el IVA y no puede imputarse el crédito fiscal al rubro del contribuyente. 

II.3.3 Respecto a la inexistencia de tributo omitido y consecuente imposibilidad de calcular intereses y multa. 

La Administración Tributaria argüyó que no realiza rectificaciones de oficio, sino que las debe hacer el contribuyente hasta antes de la emisión de la Resolución Determinativa y que también el crédito fiscal superabundante debe invocarlo con las mismas formalidades, pues debe presentar los respaldos necesarios para poder validar el crédito fiscal, conforme establece el art. 8 de la Ley 843 (LRT); además que las compras por importes mayores a 50.000 UFV’s deben acreditarse a través de medios fehacientes de pago, para que sean reconocidos por la Administración Tributaria, según el art. 37 del DS 27310 (RCTB). Asimismo, el tributo omitido se determinó en base a la documentación fiscalizada sobre base cierta, y asciende al monto de Bs3.359.606, y la multa aplicable del 100% sobre el tributo omitido, corresponde por haberse calificado la conducta como omisión de pago. 

Por lo expuesto, solicitó se dicte Resolución confirmando en todas sus partes la Resolución Determinativa 53/2009, de 10 de junio de 2009. 

II.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba (Inspecciones, peritajes, testificales). 

Mediante Auto de 12 de agosto de 2009, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de la última 8 de 39

aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

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notificación, la misma que se practicó, tanto a la recurrente como a la Administración Tributaria, el 12 de agosto de 2009, tal como consta en obrados (fs. 160-162 del expediente c. I). 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 01 de septiembre de 2009, la Administración Tributaria, presentó memorial el 17 de agosto de 2009, ratificando la prueba aportada en su memorial de contestación al Recurso de Alzada (fs. 163 del expediente c. I). 

II.5. Prueba de reciente obtención. 

Mediante memorial presentado el 01 de septiembre de 2009, la recurrente presentó en calidad de prueba: Orden de Verificación Externa 7808OVE0047 (Form. F 7531), notificación de 31 de diciembre de 2008 con la Orden de Verificación Externa 7808OVE0047, Informe de Verificación Externa IVA Crédito Fiscal Cite SIN/GSH/DFSC/INF.N0 000169/2009 de 04 de marzo de 2009, Vista de Cargo SIN/GSH/DFA/C/7808.7808OVE0047/0019/2009 de 10 de marzo de 2009, Resolución Determinativa SIN/GSH/DTJC/UTJ/RD 53/2009 de 10 de junio de 2009 y Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0058/2004, Declaraciones Juradas correspondientes al IVA de los periodos agosto y septiembre de 2004, Facturas N° 5436, 5561 y 5571, Póliza de Importación N° 2004301C10330, Factura, orden de servicio y solicitud de aprobación, Resolución de Recurso Jerárquico STG RJ/0314/2003, Planillas de sueldo del personal de los periodos agosto y septiembre de 2004; y suscribió en el Otrosí 3, que adjuntó planillas de sueldo correspondientes a los periodos de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2004, documentos que se encuentran anexados al expediente ARIT-099/09; asimismo, solicitó se señale día y hora para recepción de juramento de pruebas de reciente obtención. Documentación adjunta que conforme a cargo de recepción consta de 107 fojas (fs. 275 276 vta. del expediente c. II). 

Esta Autoridad, el 07 de septiembre de 2009 mediante Acta, tomó juramento de prueba de reciente obtención a la recurrente, quien argumentó el extravío de la documentación por el proceso de nacionalización de la entonces PETROBRAS BOLIVIA REFINACIÓN a la actual YPFB REFINACIÓN S.A., habiendo heredado el conjunto de documentación entrepapelada, correspondiente a PETROBRAS BOLIVIA 9 de 39 

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REFINACIÓN, que se encontraban en los depósitos de la ciudad de Cochabamba (fs. 280 del expediente c. II). 

Posteriormente, la recurrente dentro de I? tramitación del Recurso Jerárquico interpuesto contra el Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0133/2009 de 22 de septiembre de 2009, presentó memorial de ofrecimiento de prueba de reciente obtención el 04 de noviembre de 2009, adjuntando las facturas N° 2835, 2836, 2847 y 2848 del proveedor Distribuidora de Carburantes S.R.L, facturas N° 5433, 5434, 5432, 5556, 5559, 5560, 5567, 5569 y 5570 del proveedor Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, facturas 1955, 1966, 1976, 1988, 1986, 2008, 2009, 2017, 2022, 2028, 2029, 2040 y 2047 del proveedor Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana S.A., facturas 46559, 46560, 46650, 46761, 46684, 46844, 46890, 46989, 47101, 47129 y 47128 del proveedor Ferroviaria Oriental S.A.; asimismo, adjuntó carta VPNO-514/2009 de 16 de septiembre de 2009, emitida por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, mediante la cual se remiten fotocopias legalizadas de notas fiscales de la gestión 2004, en favor de YPFB-R; y solicitó se disponga día y hora para la recepción de juramento de pruebas de reciente obtención. Documentación adjunta que conforme a cargo de recepción consta de 38 fojas (fs. 391-391 vta. del expediente c. II). 

La Superintendencia Tributaria, ahora denominada Autoridad de Impugnación Tributaria General (AGIT), el 13 de noviembre de 2009, mediante Acta tomó juramento de prueba de reciente obtención a la recurrente, quien como justificativo argumentó que “Debido a que se encontró en proceso de transferencia y nacionalización, hubo movimiento de documentación de Petrobras Refinación de la gestión 2004, como se detalla en el memorial presentado.” (fs. 394 del expediente c. II). 

II.6. Alegatos. 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 21 de septiembre de 2009, la Administración Tributaria presentó memoriales el 20 de agosto y 11 de septiembre de 2009, de alegatos en conclusiones, bajo los mismos argumentos de su memorial de contestación al Recurso de Alzada (fs. 167-168 vta. y 289-290 vta. del expediente c. I y c. II). 

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Por su parte, la recurrente mediante memoriales presentados el 09 de septiembre de 2009 solicitó se fije día y hora de audiencia pública para presentación de alegatos orales en conclusiones (fs. 281 y 285 del expediente c. II). Mediante Auto de 15 de septiembre de 2009, se señaló fecha y hora para presentación de alegatos orales, para el 18 de septiembre de 2009 a hrs. 10:30 (fs. 282 del expediente c. II). El día y hora señalada, conforme al Acta de Audiencia, se instaló la Audiencia de Alegatos Orales sin que se hubieran presentado las partes, por lo cual se suspendió la misma (fs. 294 del expediente c. II). 

En cumplimiento a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0443/2009 de 11 de diciembre de 2009, mediante Auto de 06 de abril de 2010, se señaló Audiencia Pública para la presentación de alegatos orales de la recurrente, para el 12 de abril de 2010 a hrs. 10:30 (fs. 470 del expediente c. III). El día y la hora señalada se llevó a cabo la Audiencia Pública de Alegatos Orales conforme consta en Acta, mediante la cual la recurrente, hizo una relación de los hechos y mencionó la pertinencia de exponer sus argumentos; asimismo hizo énfasis en los argumentos de su memorial de interposición de Recurso de Alzada; y mencionó que, si hay crédito fiscal acumulado, simplemente debería reducirse la multa de ése crédito fiscal y no generarse un tributo omitido; refirió que no existe tributo omitido fiscal depurado, por lo que, si el tributo omitido es cero, entonces, la multa será cero; si se decide que no hay derecho al crédito fiscal, entonces corresponderá la depuración, pero nunca la generación de multa de deuda tributaria, en cumplimiento al principio de legalidad, definido en la Ley 2492 (CTB); sobre las facturas inexistentes, señaló que se entregaron todas las facturas que pudieron encontrar y otras fueron presentadas como pruebas de reciente obtención, puesto que por el proceso de nacionalización, el traspaso de documentación por su complejidad impidió que se entreguen las facturas en el proceso de fiscalización; en cuanto a las facturas por gastos no relacionados indicó que existió una prestación de servicios y que se puede demostrar los pagos que se registraron por la operación a Roberto Quinteros, quién es empleado de la empresa PESA, teniendo una certificación al respecto, por lo que no existe motivo para observar el crédito fiscal que está respaldado con la factura correspondiente; además que el repase o reintegro de gastos está exento de pago del IT y el IVA, porque al final si es repasar un coste, esto no tiene efecto tributario; respecto al seguro adicional para los empleados, aludió que no es un seguro delegado, que existen precedentes al respecto, pues en este caso no se está sustituyendo el seguro 11 de 39 

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lül 

de salud pública por otro, sino que es un seguro adicional para cubrir las necesidades y emergencias de los empleados; agregó que la verificación y la fiscalización son conceptos distintos, por lo que no opera la suspensión en el cómputo de la prescripción por la notificación con la Orden de Verificación, y citó como precedente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 31/2010 de 21 de enero de 2010, por lo que al ser un caso idéntico, solicitó se resuelva la prescripción en base a este precedente (fs. 473-481 del expediente c. III). 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de hechos: 

III.1. El 31 de diciembre de 2008, la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN notificó mediante cédula a Germán Augusto Monroy Aquezolo y/o Robert León Espinoza Rosales, representantes legales de YPFB REFINACIÓN S.A, con la Orden de Verificación 7808OVE0047 con alcance a la verificación del Crédito IVA de los períodos agosto y septiembre de 2004; asimismo, notificó el Requerimiento 95502, con el que solicitó la presentación de los duplicados de las Declaraciones Juradas del IVA, Libro de Compras IVA, Notas Fiscales de respaldo del Crédito Fiscal IVA y otros documentos correspondientes a los períodos fiscalizados, los cuales debieron presentarse hasta el 8 de enero de 2009 (f¿-.. 2 y 6-10, c.1, de antecedentes administrativos; datos extraídos de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0305/2010 de 12 de agosto de 2010). 

III.2 El 19 de enero de 2009, la Administración Tributaria en respuesta a la carta presentada el 16 de enero de 2009 por YPFB REFINACIÓN S.A en la que solicitó que el proceso de verificación se realice en las oficinas de YPFBR, debido a que la información solicitada por el SIN, es considerable en cuanto a cantidad y por el carácter confidencial de dicha información; mediante Proveído 23, de 19 de enero de 2009, aceptó la solicitud del contribuyente y señaló que se debe dotar de un equipo de computación, impresora, servicio de fotocopias y acceso a Internet a partir del 21 de enero de 2009, designando a dos funcionarías para realizar el trabajo (fs. 16, c.1, de 12 de 39

MTÍ 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

antecedentes administrativos; datos extraídos de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0305/2010 de 12 de agosto de 2010). 

II.3. El 4 de marzo de 2009, la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN emitió el Informe CITE: SIN/GSH/DFSC/INF. 000169/2009, en el cual señaló que de la prueba presentada por el contribuyente, se estableció un reparo a favor del fisco por el IVA de los períodos agosto y septiembre de 2004, en 4.460.625.- UFV, sugiriendo la emisión de la Vista de Cargo respectiva (fs. 431-436, c.3, de antecedentes administrativos; datos extraídos de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0305/2010 de 12 de agosto de 2010). 

1.4. El 16 de marzo de 2009, la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN notificó al sujeto pasivo mediante cédula, con la Vista de Cargo SIN/GSH/DFA/C/7808OVE0047/0019/2009, de 10 de marzo de 2009, que estableció una deuda tributaria de 4.460.625.- UFV’s, que comprende tributo omitido y sanción por el IVA de los períodos agosto y septiembre 2004 (fs. 440-454, c.3, de antecedentes administrativos; datos extraídos de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0305/2010 de 12 de agosto de 2010). 

I.5. El 31 de marzo de 2009, YPFB REFINACIÓN S.A, mediante nota YPFBR GEFIN-058/2009, solicitó se llevé a cabo una reunión el día jueves 2 de abril de 2009, a efecto de coadyuvar en el trabajo de validación de la información presentada al SIN; dicha solicitud fue aceptada por la Administración Tributaria, que a través del Proveído N° 36, señaló el 2 de abril de 2009 a hrs. 16:00, para la reunión en dependencias del SIN (fs. 463-464, c.3, de antecedentes administrativos; datos extraídos de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0305/2010 de 12 de agosto de 2010). 

I.6 El 2 y 6 de abril de 2009, YPFB REFINACIÓN S.A, mediante notas YPFBR GEFIN-061/2009, 147/2009 y 146/2009, presentó descargos a la observación de facturas originales inexistentes, facturas no relacionadas; asimismo, el 15 de abril de 2009, presentó memorial de descargos (fs. 465, 616-619 y 709-713 

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c.3 y 4, de antecedentes administrativos; datos extraídos de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0305/2010 de 12 de agosto de 2010). 

III.7. El 6 de mayo de 2009, YPFB REFINACIÓN S.A, mediante nota YPFBR GEFIN-0174/2009, señaló que procedió a la rectificación del Crédito Fiscal IVA por los períodos abril a noviembre de 2004, a favor del Fisco, en consideración de los descargos presentados el 15 de abril de 2009, empero, manifestó que en el Portal Newton no fue posible realizar la rectificación, toda vez que se imprimió la leyenda que no se puede presentar la DDJJ, porque su devolución ya fue aceptada; además, refirió que habría desistido de las solicitudes sobre restitución de crédito fiscal, relacionadas con las exportaciones efectuadas a través de 8 cartas, presentadas el 4 de mayo de 2009 (fs. 704, c.4, antecedentes administrativos; datos extraídos de la Resolución de Recurso Jerárquico AGiT-RJ 0305/2010 de 12 de agosto de 2010). 

11.8. El 22 de mayo de 2009, YPFB REFINACIÓN S.A, mediante nota YPFBR GEFIN-0187/2009, adjuntó comprobantes de pago por el crédito fiscal IVA más accesorios, correspondientes a las observaciones contenidas en las Vistas de Cargo 7808OVE00450017, 7808OVE00450018, 7808OVE00450019 y 7808OVE00450020, adjuntando los formularios 1000 de Orden 7831584216 y 7831584233, correspondientes a los períodos agosto y septiembre de 2004 (fs. 758-762, c.4, de los antecedentes administrativos; datos extraídos de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0305/2010 de 12 de agosto de 2010). 

11.9. El 2 de junio de 2009, la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN emitió el Informe CITE: SIN/GSH/DF/INF/00708/2009, indicando que el contribuyente, mediante memorial de 15 de abril de 2009, presentó descargos por algunos conceptos y señaló su conformidad por otros, por lo que determinó un reparo de Bs6.165.829.-, calificando preliminarmente la conducta del contribuyente como omisión de pago (fs. 763-770, c.4, de antecedentes administrativos; datos extraídos de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0305/2010 de 12 de agosto de 2010). 

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AIT, ¡ív 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

1.10. Él 15 de junio de 2009, la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN notificó mediante cédula a Germán Augusto Monroy Aquezolo, representante legal de 

YPFB Refinación S.A, con la Resolución Determinativa 53/2009, de 10 de 

junio de 2009, como resultado de la fiscalización con la Orden de Verificación 

7808OVE0047, de 30 de diciembre de 2008, bajo la modalidad de 

verificación del crédito IVA correspondiente a los períodos agosto y 

septiembre de 2004, que estableció una deuda tributaria de 2.203.107.- UFV, 

equivalentes a Bs3.359.606.-, la cual comprende el tributo omitido, accesorios 

de Ley y la multa por omisión de pago (fs. 773-785 c.4, de antecedentes 

administrativos; datos extraídos de la Resolución de Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 0305/2010 de 12 de agosto de 2010). 

1.11. El 6 de julio 2009, YPFB REFINACIÓN S.A, mediante memorial, a efectos del art. 156 de la Ley 2492 (CTB), solicitó se tenga presente los pagos parciales 

realizados, correspondiente a la Resolución Determinativa 53/2009 (fs. 

786-787, c. 4, de antecedentes administrativos; datos extraídos de la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0305/2010 de 12 de agosto de 

2010). 

1.12. El 22 de septiembre de 2009, como resultado de la interposición de Recurso de Alzada por parte de YPFB REFINACIÓN S.A contra la Resolución 

Determinativa N° 53/2009, de 10 de junio de 2009, esta instancia emitió la 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0133/2009, la cual resolvió 

confirmar la Resolución Determinativa 53/2009 de 10 de junio de 2009, 

emitida por la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN (fs. 305-315 del 

expediente c. II). 

1.13. El 11 de diciembre de 2009, como resultado de la impugnación de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0133/2009 de 22 septiembre 

de 2009, efectuada por YPFB REFINACIÓN S.A, la Autoridad General de 

Impugnación Tributaría emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

0443/2009, que dispuso anular la Resolución de Recurso de Alzada ARIT 

SCZ/RA 0133/2009 de 22 septiembre de 2009, con reposición hasta el vicio 

más antiguo, esto fue hasta el Acta de Audiencia de 18 de septiembre de 

2009, inclusive, a fin de que YPFB Refinación S.A., pueda exponer sus 

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alegatos, en aplicación del art. 210 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB) (fs. 441- 453 vta. del expediente c. III). 

111.14. El 17 de mayo del 2010, en cumplimiento de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0443/2009, esta instancia emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0040/2010, la cual resolvió revocar totalmente la Resolución Determinativa 53/2009 de 10 de junio de 2009, emitida por la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN (fs. 491-499 vta. del expediente c. III). 

111.15. El 12 de agosto de 2010, como resultado de la impugnación de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0040/2010, efectuada por la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0305/2010, que dispuso confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0040/2010 de 17 de mayo del 2010, en consecuencia, dejó nula y sin efecto legal por prescripción la Resolución Determinativa 53/2009 de 10 de junio de 2009 (fs. 538-547 del expediente c. III). 

111.16. El 03 de noviembre de 2015, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia dentro del proceso contencioso administrativo incoado por la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0305/2010 de 12 de agosto de 2010, emitió la Sentencia N° 498/2015, que resolvió declarar probada la demanda, en consecuencia, dejó sin efecto la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0305/2010 de 12 de agosto de 2010 y la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0040/2010 de 17 de mayo del 2010, manteniendo firme y subsistente la Resolución Determinativa 53/2009 de 10 de junio de 2009 (fs. 568-571 vta. del expediente c. III). 

111.17. El 21 de octubre de 2016, se llevó a cabo la Audiencia de Acción de Amparo Constitucional interpuesta por YPFB Refinación S.A., contra los miembros de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, dentro de la cual el Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Primero de la Capital, emitió la Sentencia 16 de 39

Ani 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

2/2016, que dispuso declarar admisible y procedente la Acción de Amparo Constitucional, concediendo la tutela solicitada por YPFB Refinación S.A., dejando sin efecto las Sentencias 412/2015 de 07 de octubre de 2015 y 498/2015 de 03 de noviembre de 2015, emitidas por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, dentro de los procesos contenciosos administrativos interpuestos por la Gerencia GRACO Santa Cruz contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria, disponiéndose la nulidad de las actuaciones hasta el Auto de Admisión de la demanda, debiendo notificarse con la demanda a la parte accionante, YPFB Refinación S.A., para que pueda ejercer su derecho a la defensa en igualdad de condiciones que los otros sujetos procesales (fs. 573-585 vta. del expediente c. III). 

111.18. El 12 de diciembre de 2016, el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió la Sentencia Constitucional Plurinacional 1472/2016-S3, que resolvió confirmar la Resolución 2/16 de 21 de octubre de 2016, emitida por el Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Primero de la Capital, y en consecuencia, concedió la tutela solicitada, dejando sin efecto las Sentencias 498/2015 de 03 de noviembre de 2015 y 412/2015 de 07 de octubre de 2015, debiendo la Sala Plena ael Tribunal Supremo de Justicia, emitir una nueva Resolución, considerando los fundamentos expuestos en la Sentencia Constitucional Plurinacional (fs. 586-591 vta. del expediente c. III). 

.19. El 14 de febrero de 2019, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, dentro del proceso contencioso administrativo incoado por la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0305/2010 de 12 de agosto de 2010, emitió la Sentencia 4/2019, que declaró probada en parte la demanda interpuesta por la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos del SIN, dejando sin valor legal la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0040/2010 de 17 de mayo del 2010 y la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0305/2010 de 12 de agosto de 2010, disponiendo se emita nueva Resolución de Recurso de Alzada, que resuelva la pretensión de la recurrente en cuanto a la depuración del crédito fiscal de los periodos agosto y septiembre de la gestión 2004 (fs. 598-602 del expediente c. III). 

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111.20. El 20 de noviembre de 2019, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia emitió la Resolución 58/2019, ante la solicitud de aclaración y complementación de la Sentencia 4/2019 de 14 de febrero de 2019, interpuesta por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, que declaró no ha lugar a la solicitud de aclaración y complementación, en consecuencia, mantuvo firme la Sentencia 4/2019 de 14 de febrero de 2019, en todos sus extremos y contenido (fs. 603-604 vta. del expediente c. III). 

  1. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA JURÍDICA 

La recurrente denunció como agravios: 1.- Prescripción de las facultades para determinar deudas sobre los periodos agosto y septiembre de 2004; 2.- Depuración de notas fiscales: a) Facturas sin originales existentes; b) Facturas por gastos no relacionados (servicios prestados por Petrobras Energía S.A. Sucursal Bolivia – PESA); c) Facturas por seguro de salud adicional; y, 3.- Inexistencia de tributo omitido y consecuente imposibilidad de calcular intereses y multa; cuyos argumentos serán analizados a continuación. 

IV.1. Cuestión Previa. 

Con carácter previo al análisis de los agravios presentados por la parte recurrente y refutados por la Administración Tributaria, es necesario que esta Autoridad deje constancia que mediante el Auto de Radicaton? de 11 de marzo de 2020, notificado a la Administración Tributaria por secretaría el 11 de marzo de 2020, se requirió se remitan los antecedentes administrativos del Recurso de Alzada en el plazo de 3 días hábiles, debido a que los mismos fueron devueltos por la Autoridad General de Impugnación Tributaria a la Administración Tributaria, mediante la nota AGIT 1527/2016 de 11 de agosto de 2016, y recibida el 16 de agosto de 2016 (fs. 607-608 del expediente c. III); habiéndose reiterado la solicitud de remisión de antecedentes, mediante la carta ARIT-SCZ-0064/2020 (fs. 613 del expediente c. III) presentada el 02 de julio de 2020 a la Administración Tributaria, otorgando el plazo de 2 días hábiles para la remisión; por su parte, la Administración Tributaria mediante memoriales presentados el 16 de marzo de 2020 (fs. 611 del expediente c. III) y 06 de julio de 2020 (fs. 618-618 vta. del expediente c. III); y carta cite: SIN/GGSCZ/DJCC/UCT/NOT/183/2020 presentada el 10 de agosto de 2020 (fs. 625 18 de 39

AlÜ 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

del expediente c. III), informó que a través de memorial de 16 de marzo de 2020, estuvo gestionando la devolución de antecedentes administrativos ante el Tribunal Supremo de Justicia, toda vez que los mismos fueron remitidos mediante memorial de 19 de junio de 2018, a efecto de que sean considerados en la emisión de la Sentencia 4/2019 de 14 de febrero de 2019; empero no habían sido notificados con ningún pronunciamiento por parte del Tribunal Supremo de Justicia, considerando que el órgano judicial tenía suspendidas sus actividades hasta el 03 de julio de 2020 a consecuencia de la emergencia sanitaria que atraviesa el país y por la cuarentena declarada; por lo que comunicó que los antecedentes serían remitidos inmediatamente sean devueltos por el Tribunal Supremo de Justicia. 

En ese contexto, estando esta instancia impedida de revisar nuevamente los antecedentes administrativos, empero, siendo evidente la existencia del análisis y pronunciamiento previo de esta Autoridad, respecto a los aspectos planteados por la parte recurrente y considerando, la documentación que forma parte del expediente del proceso administrativo seguido ante esta instancia, así como el derecho aplicable al caso y los precedentes administrativos, se resolverá este caso conforme a los aspectos observados expresamente en el memorial de interposición del Recurso de Alzada, en resguardo de los derechos y garantías constitucionales, conforme lo señalado en la Sentencia Constitucional 1307/2011-R, de 26 de septiembre de 2011, que textualmente refiere: “(…) Se entiende que el derecho al debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales o administrativas y constituye una garantía de legalidad procesal que ha previsto el Constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica (…). En consecuencia, es en ese contexto que todo juzgador o tribunal debe desarrollar los actos procesales, vale decir, resguardando los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes, caso contrario vicia de nulidad sus actos y decisiones”. (Resaltado propio). 

IV.2. Respecto a la prescripción de las facultades para determinar deudas sobre los periodos agosto y septiembre de 2004. 

La recurrente invocó la prescripción, toda vez que la documentación requerida en la Orden de Verificación corresponde a los periodos agosto y septiembre de 2004, y fue notificada por cédula el 31 de diciembre de 2008, es decir, el último día en que la 

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Administración Tributaria podía ejercer acciones para verificar, fiscalizar, controlar y determinar la deuda tributaria, conforme a los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB); por otro lado, no existió interrupción, debido a que el acto notificado no se constituye en una Resolución Determinativa; mientras que las causales de suspensión previstas en el art. 62 de la Ley 2492 (CTB), se refiere a la notificación del Inicio de Fiscalización individualizada al contribuyente, entendiéndose que sólo se suspende la prescripción con la notificación de un acto administrativo denominado “Orden de Fiscalización”, emitido conforme disponen los arts. 104 de la Ley 2492 (CTB), 30, 31 y 32 del DS 27310 (RCTB); refiere que esta interpretación no es meramente literal, pues de la integración con la normativa tributaria nacional se evidencia que ésta, de forma coherente y uniforme, otorga un tratamiento distinto a los conceptos de “verificación” y “fiscalización”, por lo que notificar con una “Orden de Verificación” tiene consecuencias jurídicas distintas a las de notificar con una “Orden de Fiscalización”, debido a que la propia Ley 2492 (CTB) le atribuye mayor valor y formalidad al procedimiento de fiscalización, suspendiendo el cómputo de la prescripción únicamente cuando el contribuyente es notificado con una Orden de Fiscalización que contenga los requisitos establecidos en el art. 31 del DS 27310 (RCTB); por lo cual, es evidente que la acción de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria se extinguió por prescripción. 

Por su parte, la Administración Tributaria indicó que la recurrente está equivocada al asumir una interpretación informal sobre las facultades de la Administración Tributaria, pues no existe énfasis conceptual sobre la Orden de Fiscalización y la Orden de Verificación; a su vez, el art. 29 del DS 27310 (RCTB) aclara que la determinación de la deuda tributaria se realizará mediante los procesos de fiscalización, verificación, control e investigación realizados por el SIN y de acuerdo al inc. b) del referido artículo, las determinaciones pueden ser parciales, comprendiendo la fiscalización de uno o más impuestos, de modo que la Orden de Verificación no necesita el rótulo de Orden de Fiscalización para que posea valor legal y en ninguna parte de la Ley 2492 (CTB) vigente o la Ley 1340 (Ctb), establece que el procedimiento de fiscalización vale más que la verificación, siendo un invento de la recurrente, totalmente irracional e inconsistente en derecho, por lo que en el presente caso, al haberse realizado la revisión sólo de determinados periodos y no de manera integral, iniciando el proceso de verificación con la notificación al contribuyente el 31 de diciembre de 2008, se suspendió el plazo de la prescripción 20 de 39

lüil 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

por 6 meses, según lo previsto en el art. 62 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), por lo que no ocurrió la prescripción aludida. 

Así expuestos los argumentos de las partes planteados ante esta Autoridad, para resolver la presente controversia, es necesario considerar que el art. 203 de la CPE, instituye que las decisiones y Sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno. Así también el citado cuerpo legal en el art. 204 señala que la Ley determinará los procedimientos que regirán ante el Tribunal Constitucional Plurinacional. En cuanto al efecto de las Sentencias Constitucionales, la Ley 254 en su art. 15 “Carácter Obligatorio, Vinculante y Valor Jurisprudencial de las Sentencias”, establece textualmente que: “I. Las sentencias, declaraciones y autos del Tribunal Constitucional Plurinacional son de cumplimiento obligatorio para las partes intervinientes en un proceso constitucional; excepto las dictadas en las acciones de inconstitucionalidad y recurso contra tributos que tienen efecto general. II. Las razones jurídicas de la decisión, en las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional constituyen jurisprudencia y tienen carácter vinculante para los Órganos del poder público, legisladores, autoridades, tribunales y particulares. 

Al respecto, la Sentencia Constitucional Plurinacional 1206/2010-R de 06 de septiembre de 2010, sostuvo que: “…se desconoce y vulnera el derecho de acceso a la justicia o tutelajudicial efectiva y a razón de ello, el derecho a la eficacia jurídica de los fallos ejecutoriados pasados en autoridad de cosa juzgada consagrados en el art. 115.1 de la CPE, cuando los mismos no son acatados, y si son cumplidos parcialmente, se les da un alcance diferente al establecido en el fallo, es decir, no son concretados en la medida de lo determinado, o cuando su cumplimiento es tardío (…). Es decir, la inejecución de sentencias, su ejecución parcial, distorsionada o tardía, acarrea la violación de derechos fundamental de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, y dentro de éste a la eficacia jurídica de los fallos ejecutoriados pasados en autoridad de cosa juzgada y la protección judicial por parte del Estado”. 

Complementando lo anterior, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0526/2018- S2 de 14 de septiembre de 2018, dispuso que: “La eficacia del cumplimiento o 21 de 39 

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ejecución de las resoluciones constitucionales, es un derecho fundamental que emerge del derecho fundamental a la jurisdicción o acceso a la justicia constitucional consagrado en los arts. 115.1 de la CPE; 8.1 y 25 de la CADH; y, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que se constituye en el derecho protector de los demás derechos, que implica, no solamente el acceso propiamente a la justicia constitucional sin obstáculos ni limitaciones carentes de justificación racional y razonable y lograr un pronunciamiento judicial, sino también: “…Lograr que la Resolución emitida sea cumplida y ejecutada, debido a que si se entiende que se acude a un proceso para que se restablezca o proteja un derecho, un interés o un bien, en la medida que el fallo no se ejecute, el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia no estará satisfecho” -SCP 1478/2012 de 24 de septiembre-. 

Ahora bien, la jurisprudencia constitucional establece que el cumplimiento y ejecución de una resolución judicial -proveniente de cualquier jurisdicción- debe ser en la medida de lo determinado, caso contrario, se lesiona el derecho fundamental a la eficacia de las resoluciones judiciales. Así, la SC 0944/2001-R de 6 de septiembre, señala el derecho fundamental a la eficacia de las resoluciones judiciales, como un imperativo básico de la administración de justicia. La mencionada Sentencia Constitucional, ante el incumplimiento o inobservancia de decisiones judiciales por operadores judiciales o administrativos, protege el derecho a la eficacia de los fallos con calidad de cosa juzgada. (…)” 

En este contexto, corresponde señalar que dentro de la presente causa el 14 de febrero de 2019, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, dentro del proceso contencioso administrativo incoado por la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN, impugnando la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0305/2010 de 12 de agosto de 2010, emitió la Sentencia 4/2019 (fs. 598-602 del expediente c. III), que dispuso lo siguiente: “(…) Dentro del contexto señalado, se debe considerar que el procedimiento de verificación se inicia con la notificación de la orden de verificación conforme al artículo 32 del Decreto Supremo N° 27310 (Reglamento al Código Tributario Boliviano); por su parte el procedimiento de Fiscalización se inicia con la notificación de la Orden de fiscalización conforme establece el parágrafo I del artículo 104 de la Ley N° 2492, siendo que el procedimiento a seguir en ambos casos se desarrolla bajo los parámetros 22 de 39

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Impugnación Tributaria 

establecidos en los artículos 95, 96, 98y 99 todos de la Ley 2492; es decir, que el inicio, desarrollo y culminación de la verificación y la fiscalización son realizados de la misma forma, teniendo que posterior a la notificación con la orden de verificación o fiscalización y previa verificación de la documentación obtenida, se procede a la emisión de la Vista de Cargo cuya notificación otorga el plazo para la presentación de descargos de 30 días, posteriormente la Administración Tributaria tiene el plazo de 60 días para la emisión de la Resolución Determinativa, procedimiento que es realizado con igualdad de plazos y emisión de actuados indistintamente el inicio sea efectuado con la orden de verificación o de fiscalización, entendiendo que el procedimiento de determinación tributaria es uno solo y es el medio por el cual la Administración Tributaria realiza el control del cumplimiento de las obligaciones tributarias de todo sujeto pasivo. 

Conforme a lo expuesto precedentemente se puede entender que al ser idénticos los procedimientos de verificación y de fiscalización, se llega a obtener un mismo resultado, es decir, ambos concluyen con una determinación tributaria, permitiendo este extremo la aplicación de lo establecido en el artículo 8 de la Ley N” 2492 (CTB), considerando el análisis extensivo de la normativa tributaria, entendiéndose que dos procedimientos idénticos con igualdad en resultados no pueden tener efectos jurídicos tributarios diferentes, realizando una diferenciación única en cuanto a los efectos de suspensión de la prescripción, por lo que se puede establecer que tanto la notificación con la orden de fiscalización, como la notificación con la orden de verificación son causales de suspensión de la prescripción de la deuda tributaria más aun considerando que dentro la aplicación de la prescripción esta se interrumpe con la notificación de la Resolución Determinativa indistintamente esta sea iniciada por orden de fiscalización o por orden de verificación, conforme dispone el inc. a) del artículo 61 de la Ley N° 2492, por lo que análogamente se puede establecer que la suspensión de 6 meses establecida en el parágrafo I del artículo 62 de la Ley N° 2492 (CTB) es aplicable también con la notificación de la Orden de Verificación; criterio que ya fue asumido por este tribunal (…) 

En el entendido de lo expuesto y aplicando el parágrafo I del Art. 62 de la Ley N° 2492 al presente caso, se tiene que cómputo de la prescripción sobre el IVA de los periodos agosto y septiembre de la gestión 2004, inició el 1 de enero de 2005, computando el plazo establecido en el parágrafo I del artículo 59 de la Ley N° 2492, 23 de 39 

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los cuatro años de prescripción finalizaban el 31 de diciembre de 2008, operando la prescripción desde el 1 de enero de 2009; sin embargo, considerando la suspensión del cómputo por 6 meses acontecido por la notificación de la Orden de Verificación 7808OVE0047 de 29 de diciembre de 2008 efectuado el 31 de diciembre de 2008 (antes que se consoliden los 4 años de prescripción), el cómputo de prescripción finalizaba el 30 de junio de 2009, siendo que la diligencia de notificación con la Resolución Determinativa N° 53/2009, fue realizada el 15 de junio de 2009; es decir, que no se llegó a configurar el plazo legalmente establecido para el acaecimiento de la prescripción, por lo que el análisis efectuado por la entidad demandada no es correcta, puesto que uno de los elementos para establecer la prescripción es el transcurso del tiempo legalmente establecido, que en el caso de análisis no ha transcurrido. (…) 

Por último y con la finalidad de evitarla vulneración de derechos, es necesario aclarar que los argumentos contenidos en el Recurso de Alzada versan sobre: 1) La prescripción de las facultades del ente fiscal; y 2) La existencia de suficiente documentación que acredite la correcta apropiación del crédito fiscal, encontrándose ya dilucidada la prescripción; empero, la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0040/2010, así como la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0305/2010, al determinar la procedencia de la prescripción solicitada, no ingresaron a valorar la depuración de crédito fiscal de los periodos agosto y septiembre de la gestión 2004, por lo que en resguardo al derecho al debido proceso, a ser oído, la motivación de las resoluciones y evitar la indefensión en los sujetos de la relación jurídica tributaria, corresponde no solo dejar sin efecto la Resolución de Alzada y la Resolución Jerárquica emitidas, disponer la emisión de nuevas resoluciones desde instancia de Alzada para que pueda darse cumplimiento a lo dispuesto en el parágrafo I del artículo 211 de la Ley N° 2492, permitiendo que las Autoridades de impugnación administrativa se pronuncien sobre la depuración de crédito fiscal establecida en la Resolución Determinativa N° 53/2009. (…) 

En el marco de la fundamentación jurídica precedente, de las pretensiones deducidas en la demanda y la contestación, se advierte que la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0305/2010 de 12 de agosto, fue emitida desconociendo la aplicación normativa legal citada, puesto que la AGIT no efectuó una correcta y precisa aplicación de las normas tributarias referidas al término de la prescripción de 24 de 39

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Impugnación Tributaria 

la facultad de la Administración Tributaria para la determinación de la deuda por concepto del IVA de los periodos agosto y septiembre 2004, al no aplicar correctamente el cómputo de la prescripción y las causales establecidas en el parágrafo I del art. 62 del CTB para la procedencia de la suspensión de la prescripción, al contrario, se limitó a una interpretación superficial de las normas jurídicas, por lo tanto, existe fundamento legal que motivan dejar sin efecto la Resolución Jerárquica y existiendo cuestiones de fondo que deben ser resueltas en instancia de impugnación administrativa debe emitirse nueva Resolución de Alzada. (…)”; por lo que resolvió declarar probada en parte la demanda interpuesta, dejando sin valor legal la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0040/2010 de 17 de mayo del 2010 y la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0305/2010 de 12 de agosto de 2010, disponiendo se emita nueva Resolución de Recurso de Alzada, que resuelva la pretensión de la recurrente en cuanto a la depuración del crédito fiscal de los periodos agosto y septiembre de la gestión 2004. 

En consecuencia, al haberse dilucidado la prescripción invocada por la recurrente mediante la Sentencia 4/2019 de 14 de febrero de 2019, emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, conforme al análisis descrito precedentemente, a objeto de dar cumplimiento a lo previsto en el art. 211 parágrafo I de la Ley 2492, cuyo mandato dispuso el pronunciamiento por ésta instancia recursiva sobre la depuración del crédito fiscal establecido en la Resolución Determinativa N° 53/2009, corresponde analizar los siguientes aspectos agraviados por la recurrente. 

IV.3. Sobre la depuración de notas fiscales. 

Para resolver la controversia de fondo, planteada por las partes, es importante recordar que la doctrina a través del tratadista Marcelo J. López Mesa, respecto a la carga de la prueba, expresa que “(…) el transcurrir de los tiempos, más modernamente, se ha sostenido que la carga de la prueba no es otra cosa que la necesidad de probar para vencer pudiéndose hablar con asidero del riesgo de la prueba antes que de su carga, pues el precio de no probar es perder el litigio (…)”. En este sentido, también es pertinente referirse al onus probandi (carga de la prueba) expresión latina del principio jurídico que señala quién está obligado a probar un determinado hecho ante los tribunales, principio recogido por la legislación tributaria boliviana, en el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), el cual establece que “(…) quien 

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pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos (…)”. Asimismo, recordar que la doctrina con relación a las operaciones no vinculadas con la actividad gravada, señala que su objetivo: “ha sido evitar que una determinada cantidad de operaciones consumidas particularmente por los dueños de las empresas, sus directivos, su personal o terceros, sean deducidas en la liquidación por la misma, por el sólo hecho de haber sido facturadas a su nombre. De no ser asi, el organismo fiscalizador debería analizar una por una esas operaciones, para determinar si se encuentran vinculadas a operaciones gravadas, o si en realidad fueron hechas por un consumidor final” (FENOCHIETTO, Ricardo. El Impuesto al Valor Agregado. 2o Edición 2007, pág. 631). 

En ese contexto, la Autoridad General de Impugnación Tributaria mediante las Resoluciones de Recurso Jerárquico STG/RJ/0064/2005, STG/RJ/00123/2006 y STG/RJ/0156/2007, estableció que para que un contribuyente se beneficie con el crédito fiscal producto de las transacciones que declara, éstas deben cumplir tres requisitos esenciales: 1) La transacción debe estar respaldada con la factura original; 2) Que se encuentre vinculada con la actividad gravada y 3) Que la transacción se haya realizado efectivamente; es decir, que de conformidad a lo dispuesto en el segundo párrafo del art. 8 inc. a) de la Ley 843, sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal las compras, adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las operaciones gravadas, además, de cumplir a cabalidad con los requisitos legalmente exigibles deben exponer ante la Administración Tributaria todo el sustento contable respecto a los créditos de manera clara y ordenada; lo que le lleva al sujeto pasivo a precisar qué gastos se hallan vinculados a su actividad. 

En este mismo sentido el art. 2 de la Ley 843, establece tres condiciones para la materialización del hecho imponible del IVA, que son: 1) la onerosidad, 2) la trasmisión de dominio de bien o la prestación del servicio y 3) los sujetos intervinientes; a partir de ello, se establece que la transmisión de dominio, debe respaldarse mediante factura o nota fiscal original, documentación contable como Libros Diarios, mayor, comprobantes de egreso y otros que permitan demostrar la vinculación con la actividad gravada y la efectiva realización de la transacción. 

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Asimismo, el art. 4 de la Ley 843, establece que el perfeccionamiento del hecho imponible del IVA debe hallarse respaldado por la emisión obligatoria de la factura, ya que conforme el art. 8 de la citada Ley 843, el crédito fiscal resulta de aplicar la alícuota del 13% sobre el monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación equivalente en el período fiscal que se liquida. Sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto las compras, adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las operaciones gravadas, 

es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto resulta responsable del gravamen. En el mismo sentido el art. 8 del DS 21530 establece que: el crédito fiscal computable a que se refiere el art. 8 Inciso a) de la Ley N°843 (Texto Ordenado Vigente), es aquél originado en las compras, adquisiciones, contrataciones o importaciones definitivas alcanzadas por el gravamen, vinculadas con la actividad sujeta al tributo. De esta manera en aplicación de la verdad material de acuerdo a lo establecido en el inc. d) del art. 4 de la Ley 2341 (LPA), se debe tomar la realidad de los hechos y demostrarse las formas adoptadas por el sujeto pasivo con el fin de demostrar la vinculación con la actividad así como la onerosidad de las transacciones. 

Asimismo, es menester señalar que el art. 70 núms. 4), 5) y 6) de la Ley 2492 (CTB), establece entre las obligaciones de! sujeto pasivo, respaldar las actividades y operaciones gravadas mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas respectivas; demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le correspondan y facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración tributaria, observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos reglamentarios y demás disposiciones. 

Por su parte, el art. 36 del Decreto 14379 (Código de Comercio), indica que “todo comerciante está en la obligación de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia y organización de la empresa, sobre una base uniforme que 

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permita demostrar la situación de sus negocios y una justificación clara de todos y cada uno de los actos y operaciones sujetos a contabilización, debiendo además conservar en buen estado los libros, documentos y correspondencia que los respalden (resaltado propio); consiguientemente, en los arts. 37, 40 y 44 de la misma normativa, mencionan que se deben Nevar obligatoriamente, los siguientes libros: “Diario, Mayor y de Inventario y Balances, salvo que por ley se exijan específicamente otros libros. Podrá llevar además aquellos libros y registros que estime convenientes para lograr mayor orden y claridad, obtener información y ejercer control. Estos libros tendrán la calidad de auxiliares y no estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 40, aunque podrán legalizarse los considerados necesarios para servir de medio de prueba como los libros obligatorios (…) presentarán los libros que obligatoriamente deben llevar, encuadernados y foliados, a un Notario de Fe Pública para que, antes de su utilización, incluya, en el primer folio de cada uno, acta sobre la aplicación que se le dará, con indicación del nombre de aquél a quien pertenezca y el número de folios que contenga, fechada y firmada por el Notario interviniente, estampando, además, en todas las hojas, el sello de la notarla que lo autorice y cumpliendo los requisitos fiscales establecidos (…); “en el libro Diario se registrarán día por día y en orden progresivo las operaciones realizadas por la empresa, de tal modo que cada partida exprese claramente la cuenta o cuentas deudoras y acreedoras, con una glosa clara y precisa de tales operaciones y sus importes, con indicación de las personas que intervengan y los documentos que las respalden (…).” 

En este sentido es que toda compra reflejada en la factura o nota fiscal, debe contar con respaldo suficiente para demostrar la vinculación a su actividad; vale decir, demostrar que el concepto contenido en la factura comercial corresponde indudablemente a una transacción comercial necesaria para la actividad propia del sujeto pasivo; en efecto, las facturas o notas fiscales no tienen validez por si mismas para el cómputo del crédito fiscal, sino cuando cumplen de manera estricta con los requisitos de validez y autenticidad dispuestos por las leyes y los reglamentos específicos, conforme lo anotado precedentemente respecto al art. 36 del Código de Comercio. 

De lo expuesto, cabe señalar que en términos tributarios la eficacia probatoria de la factura dependerá del cumplimiento de los requisitos de validez y autenticidad que 28 de 39

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normativamente se disponga en las Leyes y Resoluciones Administrativas referidas al efecto. En nuestro sistema impositivo boliviano, la factura es un documento que prueba un hecho generador relacionado directamente con un débito o crédito fiscal, cuya plena validez, tendrá que ser corroborada por los órganos de control del Servicio de Impuestos Nacionales u otro ente público. 

Ahora bien, dentro de este contexto legal, se analizó cada uno de los conceptos de depuración del crédito fiscal de la parte recurrente, estableciéndose lo que sigue: 

  1. a) Respecto a facturas sin originales

La recurrente refirió que como producto del proceso de nacionalización, la documentación de gestiones pasadas debe pasar por un difícil proceso de búsqueda en sus archivos de Santa Cruz y Cochabamba, es por eso que desde la etapa de presentación de descargos, hasta la fecha, se realizaron esfuerzos para encontrar las facturas extrañadas por la Administración Tributaria, las cuales, aseguró serían presentas en esta instancia bajo juramento de reciente obtención; de la misma forma, manifestó que se encontraba realizando las acciones para obtener fotocopias legalizadas de las facturas extrañadas para su respectiva valoración, como prueba de reciente obtención, conforme al art. 1311 del Código Civil Boliviano (CC). 

En contraparte, la Administración Tributaria señaló que el contribuyente está obligado a llevar una contabilidad adecuada, a conservar su documentación y presentarla a solicitud de la Administración competente y respaldar de esa manera todas sus operaciones, según lo establecido en los arts. 23 de la Ley 2492 (CTB), 4 y 12 de la Ley 843 (LRT). Asimismo, siendo que la recurrente reconoce que no tiene la documentación, ni la presentó a la Administración Tributaria en su oportuno requerimiento, se debe confirmar los reparos por este concepto, porque la recurrente no puede presentarla como prueba de reciente obtención, puesto que siempre tuvo esos documentos en su poder. 

Al respecto es importante precisar que conforme al art. 81 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 215 de la Ley 3092 (Título V del CTB), son inadmisibles y deben ser rechazadas entre otras, las pruebas “que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso de fiscalización, no hubieran 

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sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión de la Resolución Determinativa”, salvo que el sujeto pasivo o tercero responsable pruebe que la omisión no fue por causa propia en cuyo caso, podrá presentarlas con juramento de reciente obtención. En mérito a esta previsión legal, existe la posibilidad de que el deudor tributario presente estas pruebas, en principio inadmisibles por no cumplir con el requisito de la oportunidad, siempre que pruebe que la omisión se debió a causas ajenas a su voluntad, es decir cuando acredite que la falta de presentación sucedida en la etapa de fiscalización, fue provocada por circunstancias conocidas como fuerza mayor o caso fortuito. 

Del mismo modo, es importante recordar que mediante la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0230/2009 de 25 de junio de 2009, el máximo tribunal de justicia en materia tributaria-administrativa señaló en un caso análogo lo siguiente: “(…) cabe precisar que esta documentación carece de eficacia probatoria por incumplir con lo previsto en el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), por cuanto fueron ofrecidas fuera de plazo; por tanto no cumplen con el requisito de la presentación con juramento de reciente obtención; tampoco demostró que la no presentación oportuna de sus pruebas no fue por causa propia; por lo tanto, el incumplimiento de estos presupuestos legales, impide a esta instancia jerárquica su análisis y evaluación”. 

En el presente caso, la entidad recurrente mediante memorial recibido el 1 de septiembre de 2009 (fs. 275-276 del expediente administrativo), a tiempo de presentar y producir prueba, solicitó que las facturas N° 5436, 5561 y 5571 de 9 de agosto y 20 de septiembre de 2004, por importes de Bs56.348,04.-; Bs87.967,28.- y Bs122.545,60.- así como la DUI C-10330 de 3 de septiembre de 2004, sean admitidas y consideradas en calidad de prueba de reciente obtención, ya que su presentación durante el procedimiento de fiscalización no fue posible debido a que estaban “entrepapeladas” en sus depósitos de la ciudad de Cochabamba, como consecuencia del proceso de nacionalización de la entonces PETROBRAS BOLIVIA REFINACIÓN S.A., considerando que la sistematización y archivo de la documentación “heredada” requiere de mayor tiempo debido a las restricciones de personal y presupuesto. 

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Impugnación Tributaria 

En el orden legal y de precedentes expuesto, corresponde señalar que en el caso en concreto no se ha verificado la condición prevista en la norma para considerar la documentación presentada por la recurrente en calidad de prueba de reciente obtención, es decir que no se ha probado que la falta de presentación oportuna de la misma durante el proceso de fiscalización se deba a causa ajena a su voluntad, o en su defecto, hubiera dejado constancia de su existencia y compromiso de presentación hasta antes de la notificación de la Resolución Determinativa, por cuanto el argumento, no resulta justificable, ya que no constituye una circunstancia que le haya imposibilitado presentar dichas facturas, considerando que el mismo recurrente atribuye este incumplimiento a sus restricciones de personal y presupuesto, habiendo demandado más tiempo la sistematización y archivo de la documentación “heredada”. Al margen de ello, debe tomarse en cuenta que la fiscalización comenzó en enero de 2009 y la nacionalización de esta empresa se la realizó el 2007, conforme al D.S. 29122 de 6 de mayo de 2007; es decir, que ya habían transcurrido aproximadamente dos años desde que se llevó a cabo la nacionalización. 

Por todo lo expuesto siendo que la recurrente reconoció que en efecto, no presentó las referidas notas fiscales durante el proceso de fiscalización, no desvirtuó el reparo por este concepto, pese a que por disposición del art. 76 de la Ley 2492 (CTB) tiene la carga de la prueba para demostrar los hechos que sustenta en derecho, se concluye que este argumento no resulta válido, debiendo confirmarse el reparo correspondiente por este concepto (Bs5.184.390.-). 

  1. b) Respecto a las facturas por gastos no relacionados (servicios prestados 

por Petrobras Energía S.A. Sucursal Bolivia PESA). 

La recurrente señaló que la Administración Tributaria depuró la factura 906 de 03 de agosto de 2004 (Bs201.605,08) y ia factura 916 de 10 de agosto de 2004 (Bs196.954,75), sin considerar que según la Orden de Servicio (Anexo 3) fue emitida por PESA, por concepto de servicios de gerencia de logística que prestó a la antes denominada Empresa Boliviana de Refinación (EBR) (ahora YPFBR S.A) y para dicho cometido PESA asignó y canceló este concepto a diferente personal o contratistas suyos, entre los cuales se encontraba Roberto Quinteros, sin que EBR hubiera tenido relación de dependencia con él o los funcionarios encargados de la prestación del servicio; añadió que debía tomarse en cuenta que normalmente los 

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servicios de “logística” son prestados por empresas del mismo grupo corporativo, optando en algunas ocasiones por asignar a esos costos la figura de repase o reintegro, que implica el reembolso de dinero de una a otra, sin generar el pago del IT o el IVA; sin embargo, el fisco no se perjudica porque la factura emitida por PESA no solamente refleja la realidad económica de la operación, sino que está respaldada por una factura que originó un mayor impuesto a pagar, generando el pago del IVA (13%) e IT (3%). Por lo que se debe considerar válida la apropiación del crédito fiscal IVA, conforme a los arts. 8 inc. a) de la Ley 843 (LRT) y 8 del DS 21530, debido a que la gerencia de logística es un servicio vinculado con la actividad gravada e imprescindible para el desarrollo normal de las operaciones de la empresa; y dicho pago está debidamente respaldado con documentos originales cursantes en el Anexo 3. 

En contraparte, la Administración Tributaria refirió que de acuerdo a las Resoluciones de Recurso Jerárquico STG/RJ/0064/2005, STG/RJ/0123/2006 y STG/RJ/0156/2006, para que el contribuyente pueda beneficiarse con el cómputo del crédito fiscal producto de las transacciones que declara, debe cumplir con tres requisitos: 1) Estar respaldado con factura original, 2) Que esté vinculado a la actividad gravada, y 3) Que la transacción se hubiera realizado efectivamente, los cuales no cumplió la recurrente, porque sus actuaciones y descargos no estarían adecuados a la actividad del contribuyente, usando el crédito fiscal en actividades que no le corresponden a su rubro. En lo que respecta al repase o reintegro, no son aplicables a la interpretación del art. 4 inc. b) del DS 21532, porque la rendición de cuentas no se demostró. 

De la revisión y compulsa a los antecedentes, realizada por esta instancia, se observó que la factura N° 916 emitida por Petrobras Energía S.A. (PESA) el 10 de agosto de 2004 por un monto de Bs196.954,76, describe que el servicio prestado corresponde a “gastos efectuados por vuestra cuenta y orden durante el segundo trimestre de 2004, según detalle adjunto”, la misma que encontraba acompañada de una solicitud de aprobación para el pago por servicios de Roberto Quinteros y una orden de servicio de EBR (fs. 666-671 del cuaderno IV de antecedentes, dato extraído de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0133/2009); sin embargo, no se había adjuntado ninguna otra documentación para probar que el gasto esté vinculado a la actividad gravada de la empresa; en efecto, no permite conocer con certeza y claridad cuál fue el trabajo encomendado a Roberto Quinteros 

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

y la relación de éste con PESA, por lo que la empresa recurrente debió adjuntar mayores elementos, como informes, descargos u otros documentos que hubieran sido presentados por Roberto Quinteros para probar de manera incuestionable la relación del gasto con la actividad, sin dejar de lado los otros requisitos para beneficiarse del crédito fiscal emergente de la factura, en cumplimiento de la normativa ampliamente expuesta al inicio de esta fundamentación de fondo, por lo que corresponde mantener el reparo por este concepto (Bs196.954,75.-). 

  1. c) Por facturas por seguro de salud

La recurrente indicó que este reparo se basa en que la Administración Tributaria consideró estos gastos como sobresueldos o beneficios adicionales a los dependientes, que según su entender están sujetos al RC-IVA; sin embargo, los pagos de seguro médico adicional realizados a Alianza Cia. de Seguros y Reaseguros (Bs582.879) son independientes de los aportes que se hacen a la Caja Petrolera y tienen como finalidad cubrir la imperante necesidad de otorgar seguridad a los empleados y obreros de la compañía, en marcos razonables de igualdad, según consta en las planillas de sueldos que serían presentadas, por lo que no puede considerárselo como un seguro delegado conforme al art. 20 del Código de Seguridad Social y no constituyen ingresos gravados por el RC-IVA, sino gastos de la empresa vinculados con la actividad gravada, de acuerdo a lo establecido en los arts. 8 inc. a) de la Ley 843 (LRT) y 8 del DS 21530; aseguró que este tipo de seguros adicionales fue desarrollado en la Resolución de Recurso Jerárquico STG RJ/0314/2006 de 23 de octubre de 2006 y aunque la Administración Tributaria minimice su aplicación, al señalar que no es jurisprudencia, está obligada a su cumplimiento porque constituye un precedente administrativo; además, si la Administración Tributaria pretende asignarle al seguro privado adicional el carácter de un ingreso gravado por el RC-IVA, deberá demostrarlo en un proceso administrativo para cada uno de los sujetos pasivos de dicho impuesto, caso contrario, la compañía estaría asumiendo defensa de derechos de terceros, vulnerando su derecho a la defensa. 

Por su parte, la Administración Tributaria aludió que las facturas por este concepto fueron indebidamente apropiadas por la recurrente, ya que las mismas pertenecen al personal dependiente de la empresa, por tratarse de otros ingresos y compensaciones extraordinarias, ya sea en efectivo como en especies, según el art. 33 de 39 

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Mbüruvisa tendodegua mbaeti oñomita 

NB/ISO 

9001 

sisma de Gestión de la Calidad 

TtíradoN’ 771/14 

müaerepi Vae (Guaraní) Pasaje 1 Este, Casa N° 14 – Zona Equipetrol Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

19 inc. d) de la Ley 843 (LRT) y no tienen relación con el art. 8 del DS 21530, por lo que los gastos en seguros adicionales para los trabajadores no están vinculados con la actividad del rubro de la empresa y se constituyen como beneficios adicionales para los trabajadores, situación que no puede ser gravada por el IVA y no puede imputarse el crédito fiscal al rubro del contribuyente. 

Al respecto, el máximo tribunal en justicia tributaria administrativa en la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/ 0314/2006 de 23 de octubre de 2006, señaló: “(…) por el alto riesgo de la actividad que realiza el contribuyente, la empresa ve la necesidad de contratar para sus trabajadores un seguro adicional al establecido en el Código de Seguridad Social, lo que no constituye un “Seguro Delegado”, conforme el art. 20 del Código de Seguridad Social, sino un seguro adicional, toda vez que TRANSREDES SA, realiza el aporte patronal a la Caja Petrolera como se evidencia de las planillas de sueldo personal TRANSREDES SA (fs118 del Cuaderno de Pruebas), por lo que los pagos realizados a la compañía aseguradora Alianza, respaldados con facturas dan derecho al beneficio del crédito fiscal (…)”; de lo cual se infiere que todos aquellos gastos por seguro médico adicional al establecido como obligatorio según las normas de seguridad social y laboral, serán susceptibles de cómputo para el crédito fiscal, siempre y cuando el servicio sea prestado a dependientes de la empresa, en el entendido del riesgo al que se encuentran expuestos al realizar las actividades propias de la empresa. 

En el presente caso, esta instancia observó que el importe determinado e impugnado como base imponible que asciende a Bs582.879.- por los periodos agosto y septiembre de la gestión 2004, los cuales según la compulsa documental corresponden a los pagos efectuados por EBR (ahora YPFB REFINACIÓN S.A.) a favor de Alianza Cía. De Seguros y Reaseguros S.A. (Alianza S.A.) por concepto de pólizas de asistencia médica, según el siguiente detalle: 

ÍTEM N2 FACTURAFECHA DE EMISIÓN 

IMPORTE EN BS. 

1 20995 13/08/2004 167.908,23 

2 20997 13/08/2004 143.861,08 

3 21000 13/08/2004 49.781,84 

4 24226 27/09/2004 51.728,00 

5 24230 27/09/2004 169.600,00 

TOTAL BASE IMPONIBLE 582.879,15 

34 de 39

atÜ 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Asimismo se evidenció que cada factura estaba acompañada de una serie de documentos internos de EBR, entre los cuales consta: 1) la factura 20995, que tiene como sustento la orden de trabajo 8000011617 en cuyo contenido se hace referencia a un “Seguro de Asistencia Médica Familiar” para el personal de EBR y adjuntó una relación del personal asegurado vigente en el periodo facturado, encontrando que por ejemplo en dicha nómina, se identificó a “Aguilar Robledo Jaime Nicolás” como titular/dependiente, quien mantuvo relación laboral durante los periodos verificados de la gestión 2004 según el listado del personal de EBR; observándose que también aparecen como asegurados “Bejarano Mena Hugo”, “Casanova Chávez Jenny Marlen” y “Urquieta Saucedo Bolívar”, además del cónyuge y descendientes respectivos; solo por citar algunos (fs. 115-136 del cuaderno I de antecedentes). 

A su vez, con relación a las facturas 20997, 21000, 24226 y 24230 se pudo constatar que se encontraban respaldadas con similar documentación que la factura mencionada en el párrafo que antecede, ocurriendo idéntica situación con los dependientes, sus cónyuges y descendientes; de lo cual se deduce que EBR (ahora YPFBR S.A), contrató los servicios de Alianza S.A. para la prestación del servicio de asistencia médica como un seguro adicional según afirma; sin embargo, es claramente verificable que dicho servicio fue prestado no solo a sus dependientes, sino que se extendió a la familia de cada uno (cónyuge, descendientes, etc.), de manera que los hechos documentados no condicen con la justificación de la recurrente en los términos de su impugnación, pues de ninguna manera este servicio tuvo la “única finalidad de cubrir la imperante necesidad de otorgar seguridad a los empleados y obreros de la compañía”, porque partiendo desde su propia denominación, el servicio consistió en un “seguro de asistencia médica familiar” cuyo objetivo es diferente y no está relacionado con las operaciones de alto riesgo propias del sector hidrocarburífero; en efecto, la parte recurrente por voluntad propia decidió otorgar un seguro médico familiar a sus dependientes y de forma adicional al seguro médico que conforme la normativa laboral se encuentra obligada, por lo que se llega a la firme convicción que los gastos observados no pueden deducirse como crédito fiscal IVA previsto en el art. 8 de’la Ley 843. 

Por todo lo anteriormente expuesto, se concluye por una parte que, los servicios de la cobertura del seguro de salud adicional, están incluidos en aquellos que presta el 35 de 39 

Justicia tributaria para vivir bien 

/Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) 

Manatasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

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EHmmum 

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seguro social obligatorio al que pertenece la recurrente y por otra parte, de acuerdo a la línea doctrinal establecida por la Autoridad de Impugnación Tributaria, las facturas observadas por este concepto serían válidas para el crédito fiscal únicamente si hubieran sido adquiridas para los dependientes por el riesgo que conlleva su trabajo y no así por terceras personas que no tienen ninguna relación laboral con la empresa recurrente, por lo que dicho gasto no está relacionado a la actividad gravada, consecuentemente se desestima la pretensión de la recurrente y en consecuencia corresponde confirmar el reparo por este concepto (Bs582.879.-). 

IV.4. Respecto a la inexistencia de tributo omitido y consecuente imposibilidad de calcular intereses y multa. 

La recurrente aludió que la Resolución impugnada realizó una depuración de una parte del crédito fiscal que correspondía ser compensado con el débito fiscal IVA de los periodos agosto y septiembre de 2004, y determinó indebidamente un supuesto tributo omitido de Bs801.558 como si no existieran saldos de crédito fiscal con los cuales naturalmente se podría compensar el débito; señaló que en las declaraciones juradas del IVA (form. 143) adjuntas, correspondientes a los periodos observados, se evidencia que se tiene una cantidad de crédito fiscal acumulado que después de la depuración realizada por la Administración Tributaria no se llega a producir débito fiscal alguno a favor del fisco, sino una reducción menor del crédito fiscal; por lo que, de acuerdo al art. 47 de la Ley 2492 (CTB), al no existir tributo omitido, tampoco existen intereses y mucho menos corresponde la aplicación de la sanción establecida en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB); por lo que solicitó se declare la inexistencia de intereses y multa por omisión de pago, al haberse demostrado fehacientemente que no existe tributo omitido alguno, como producto de la depuración de crédito fiscal consignada en la Resolución Determinativa impugnada. 

En contraparte, la Administración Tributaria argüyó que no realiza rectificaciones de oficio, sino que las debe hacer el contribuyente hasta antes de la emisión de la Resolución Determinativa y que también el crédito fiscal superabundante debe invocarlo con las mismas formalidades, pues debe presentar los respaldos necesarios para poder validar el crédito fiscal, conforme establece el art. 8 de la Ley 843 (LRT); además que las compras por importes mayores a 50.000 UFV’s deben acreditarse a través de medios fehacientes de pago, para que sean reconocidos por 36 de 39

AT,

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

la Administración Tributaria, según el art. 37 del DS 27310 (RCTB). Asimismo, el tributo omitido se determinó en base a la documentación fiscalizada sobre base cierta, y asciende al monto de Bs3.359.606, y la multa aplicable del 100% sobre el tributo omitido, corresponde por haberse calificado la conducta como omisión de 

pago. 

Con relación a este argumento, cabe señalar que de acuerdo a lo previsto en el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), se considera deuda tributaria el monto total que debe pagar el sujeto pasivo una vez vencido el plazo para el cumplimiento de la obligación tributaria y está constituida por el tributo omitido, las multas cuando correspondan, expresadas en unidades de fomento a la vivienda y los intereses respectivos. 

Ahora bien, en el presente caso se tiene que la recurrente presentó una declaración por el IVA (form.143) de los periodos agosto y septiembre de la gestión 2004, apropiando importes a su favor que incidieron positivamente en su crédito fiscal, cuyos pagos no están respaldados con la factura original y no están vinculados a su actividad gravada, de modo tal que incumplió lo establecido en el art. 70 num. 1) de la Ley 2492 (CTB), pues omitió determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria, lo cual lógicamente produjo un tributo omitido que acarrea consigo una actualización y el interés pertinente; ó lo que es lo mismo, declaró un tributo incorrecto en desmedro del fisco, puesto que no es lo mismo pagar las obligaciones en el plazo establecido legalmente que fuera de él, de modo que no corresponde otorgar la razón a la recurrente en este punto. 

En cuanto a la sanción por omisión de pago, es preciso aclarar a la recurrente que ella está relacionada directamente con el tributo “determinado” por el sujeto pasivo, habiéndose encontrado como resultado de la verificación, que la recurrente en su auto declaración (DDJJ) incluyó una serie de importes como crédito fiscal que no le correspondían apropiar a su favor; en ese sentido, siendo evidente que la 

contravención por omisión de pago, incluye en su tipificación la obtención indebida de £B 

beneficios y valores fiscales, según lo previsto en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), resulta que la Administración Tributaria estableció de manera correcta tanto la calificación de la conducta como la sanción impuesta, correspondiendo desestimar en este punto su impugnación. 

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Por todo lo expuesto, toda vez que la recurrente no desvirtuó las observaciones de la Administración Tributaria y siendo que conforme establece el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), en los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos y la carga de la prueba, es atribuible al contribuyente ahora recurrente, por lo que se llega a la firme convicción de que corresponde mantener firme y subsistente la Resolución Determinativa 53/2009, de 10 de junio de 2009. 

POR TANTO: 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE: 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa N° 53/2009, de 10 de junio de 2009, emitida por la Gerencia Sectorial de Hidrocarburos Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); de acuerdo a los fundamentos técnico -jurídicos que anteceden, conforme al art. 212, inc. b) de la Ley 2492 (CTB). 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del CTB, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 (CTB)y sea con nota de atención. 

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aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computable a partir de su notificación. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

DKSP/ccav/acq/cmmf/nvro/apib 

ARIT-SCZ/RA 0474/2020 

Justicia tributaria para vivir bien 

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Autcxklad Regional 4e 

Impugnación Tributaria Sarta ^'”‘ 

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