ARIT-SCZ-RA-0491-2020 Crédito Fiscal depurado por no respaldar el uso de las compras

ARIT-SCZ-RA-0491-2020

AIT;* 

Autoridad de 

Imputación Tributaria 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0491/2020 

Recurrente 

Administración Recurrida 

Acto impugnado 

Expediente Nc 

Lugar y Fecha 

VISTOS

BOLCO BOLIVIA CONSTRUCTORA SRL, representada por Rurick Alfredo Rojas Gutiérrez. 

Gerencia GRACO Santa Cruz (GGSC) Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), representada por Gonzalo Antonio Campero Ampuero. 

Resolución Determinativa N” 172079000026, de 24 de enero de 2020. 

ARIT-SCZ-0235/2020. 

Santa Cruz, 28 de agosto de 2020 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la 

Gerencia GRACO Santa Cruz (GGSC) Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), el Auto de apertura de plazo probatorio, las 

pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0491/2020 de 

27 de agosto de 2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; 

y todo cuanto se tuvo presente. 

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO 

La Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, emitió la Resolución Determinativa 172079000026, de 24 de enero de 2020, que resolvió determinar de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones impositivas deli 

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Justicia tributaria paravivir bien 

Jafi mit’ayir |ach’a kamam 

Ivjana tasaq kuraq kamachici 

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 

mbaerepi Vae •”;• :nr.r Pasaje 1 Este, Casa 14 Zona Equipetrol Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

III[IIIII 

contribuyente BOLCO Bolivia Constructora SRL, por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA) – Crédito Fiscal, correspondiente al periodo de agosto de la gestión 2015, deuda tributaria que asciende a Bs107.553.- (Ciento siete mil quinientos cincuenta y tres Bolivianos), equivalentes a 46.058 UFV’s, importe que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses y multa por omisión de pago, en aplicación del art. 47 de la Ley 2492 (CTB), modificado por el art. 2 parágrafo I de la Ley 812. Asimismo, sancionó con una multa de 1.000 UFV’s equivalentes a Bs2.335 por concepto de incumplimiento de los deberes formales de “entrega parcial de la documentación requerida por la Administración Tributaria”, según lo establecido en los arts.162 y 169.1 de la Ley 2492 (CTB), art.5 de la RND 10.0032.15 y subnumeral 4.2 del numeral 4 del anexo I de la RND 10.0033.16. Totalizando una deuda de 47.058 UFV’s equivalente a Bs109.888. 

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 

11.1 Argumentos de la recurrente 

BOLCO Bolivia Constructora SRL, representada por Rurick Alfredo Rojas Gutiérrez, en mérito al Poder Notarial 186/2015, de 12 de marzo de 2015, en adelante la recurrente, mediante memoriales presentados el 02 y 16 de marzo de 2020 (fs. 30- 33 vta. y 49 del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada impugnando la Resolución Determinativa N° 172079000026, de 24 de enero de 2020, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, manifestando lo siguiente: 

11.1. Vulneración al derecho a la defensa y debido proceso 

11.1.1. Notificaciones con Plazos procesales vencidos. 

La recurrente sostuvo que las notificaciones de la orden de verificación, Vista de Cargo y Resolución Determinativa, incumplen el art. 33 de la Ley 2341 (LPA), que señala “La notificación deberá ser realizada en el plazo máximo de cinco días a partir de la fecha en la que el acto haya sido dictado y deberá contener el texto íntegro del mismo. La notificación deberá ser practicada en el lugar que éstos hayan señalado expresamente como domicilio a este efecto…”; condición incumplida, que violentó su 2 de 59

AIT;* 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

derecho a la publicidad de los actos yal principio de legalidad ya la defensa. Alegó al respecto el Principio de Eficiencia Administrativa, el cual obliga a la administración a la emisión de actos administrativos dentro de los plazos procedimentales establecidos a fin de garantizar una tutela administrativa efectiva y brindar seguridad y certeza jurídica al administrado. 

11.1.2. Personería Jurídica confusa 

La recurrente mencionó que la personería de la representación de la Autoridad del SIN es confusa, puesto que indica una Gerencia diferente a su Jurisdicción como contribuyente, lo mismo con las notificaciones electrónicas, disponen que son actos de diferentes jurisdicciones. La jurisdicción administrativa en la legislación boliviana constituye la instancia de control de los actos administrativos, cuya finalidad es velar por la legitimidad de los actos de la Administración Pública, en los que se advierta vicios manifiestos de ilegalidad, incompetencia, excesos de poder y otros, garantizando a los administrados el principio de seguridad jurídica y el derecho al debido proceso, entre otras garantías constitucionales. 

11.1.3 Falta de respuesta a peticiones 

La recurrente señaló que la Administración Tributaria no respondió al memorial presentado el 20 de febrero de 2020, vulnerando su derecho a pedir y ser atendido consagrado en el art. 24 de la Constitución Política del Estado, con el único requisito de identificación del peticionante y el art. 68. Num. 2 que indica que “/a administración Tributaria resuelva expresamente las cuestionesplanteadas…” 

11.1.4. Erróneo cálculo de la Deuda Tributaria. 

La recurrente manifestó que es un derecho conocer la cuantía exacta del adeudo, sin embargo la Resolución Determinativa señaló que el monto de la sanción se aplicó conforme lo dispuesto por el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), lo cual es erróneo, ya que este artículo, indica que se aplicará la sanción de omisión de pago en base al monto determinado para la deuda tributaria sin los accesorios que conlleva la liquidación (a pesar que el Decreto Supremo 27310 señale aquello, pero La ley tiene privilegio en su aplicación sobre un Decreto Supremo) por lo que se debería aplicar el cálculo 

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Justicja tributaria para vivir bien 

Jan nfíitayir jacha kamani.- 

Maoátasaq kuraq kamachici 

Mbujuvisa tendodegua mbaeti oñomita 

mbaprep; Vae .••’¡•¡ar.r : Pasaje 1 Este, Casa N 14 – Zona Equipetrol Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

establecido en el artículo 47 de la Ley 2492 vigente, que establece los elementos constitutivos de la deuda tributaria, que incluye interés y nada más; por consiguiente el cálculo de la deuda contenida en la Resolución Determinativa es erróneo. Mencionó al respecto los arts. 47°, 156° y 157° de la Ley 2492 (CTB) que son los que establecen una liquidación diferente a la realizada en la Resolución Determinativa. 

II.2. Prescripción 

La recurrente indicó que debe aplicarse al art. 60 (Computo) de la Ley 2492 (CTB) modificado por la Ley 291 del 22 de septiembre de 2012, debido al Carácter ULTRAACTIVO de la norma derogada, la cual tuvo vigencia hasta el 12 de abril de 2012. En este caso solicitó la PRESCRIPCIÓN como forma de extinción de la obligación tributaria según el art. 59 de la Ley 2492 (CTB). Considerando estos fundamentos como fuente del derecho y en aplicación inexcusable del Principio de Ultra actividad de la norma, en la materia que nos ocupa, el hecho generador corresponde a la gestión 2015, lo que significa que ya están prescritas las facultades, incluso extinta la deuda tributaria, mucho más cualquier tipo de sanción que se pretenda e incluso la primer modificación al artículo 59 de la Ley 2492 (CTB) o tácitamente extinta cualquier tipo de deuda tributaria, incluida la facultad de ejecución, considerando que han transcurrido más de cuatro (4) años que es lo que indicaba el código tributario antes de las posteriores modificación y dos (2) años para aplicar sanciones. Mencionando el art. 5 del DS 27310 (RCTB) que señala que el sujeto pasivo, podrá solicitar tanto en sede administrativa, como en sede judicial, la institución de la prescripción válida y vigente tanto en materia tributaria, como civil, mismo que al ser rechazado viola y vulnera su derecho y el Debido Proceso en apego al marco de actuación de la Administración Publica respecto a su imparcialidad, equilibrio y actuación en apego a la Ley, son principios de la Ley 2341 (LPA). 

Asimismo, se vulneró el principio de la aplicación de la norma más favorable establecido en el art. 116 parágrafo I. de la CPE: “Se garantiza la presunción de inocencia. Durante el proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado. II. Cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible”. Asimismo, se vulneró el principio de tempus comissi delicti, que significa que la ley sustantiva vigente que hge es la del momento de cometerse el acto. 

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Arü 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

En caso de la ULTRAACTIVIDAD, la que sea más favorable al administrado; En el mismo sentido el art. 11 de la Declaración de Derechos Humanos, indica que: “Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según elDerecho nacional o internacional”. En ese sentido precisó que los nuevos términos de prescripción establecidos con la promulgación de las Leyes 291 y 317 del año 2012 modificando el art. 59 parágrafo I del Código Tributario Boliviano, no corresponderían ser aplicados retroactivamente a la gestión 2015, por el carácter de la ULTRACTIVIDAD DE LA NORMA. 

II.3. Incorrecta depuración del Crédito fiscal-IVA 

La recurrente argumentó que cumplió con la línea doctrinal asumida por la Autoridad de Impugnación Tributaria en los recursos Jerárquicos STGRJ/0064/2005, STG RJ/0045/2008, AGIT-RJ/0970/2015 yen concordancia con el art. 8 de Ley 843, art. 8 del DS 21530, art. 8 del DS 24051, indican que para la apropiación del Crédito Fiscal IVA, solo se deben cumplir tres requisitos: 1. Factura Original, 2. Vinculación a la actividad, 3. Transacciones Efectivamente |realizadas; y un cuarto requisito que es el medio de pago, cuando estas superen o igualen los 50.000 Bs. (Cincuenta mil 00/100 Bolivianos), ,y que la Administración Tributaria desconoció la Verdad Material en Oposición a los Aspectos Formales. 

Por todo lo expuesto, la recurrente solicitó la Revocatoria Total de la Resolución Determinativa 172079000026 de fecha 24 de enero de 2020, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN. 

II.2. Auto de Admisión 

Mediante Auto de 17 de marzo de 2020 (fs. 50 del expediente), se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, impugnando la Resolución Determinativa 172079000026, de 24 de enero de 2020, emitida por la IisomoiI Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN. UMWI 

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria. 

La Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, representada por Carlos Gonzalo Suárez Virreira, conforme lo acredita la Resolución Administrativa de Presidencia 5 de 59 

Justicia tributaria para vivir bien 

Jan rnit’ayir jacha kamani 

Mana tasaq kuraq kamachiq 

Mburuvisa tendcdegua mbaeti oñomita 

mbaerepi Vat Pasaje 1 Este, Casa 14 Zona Equipetrol Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

031900001075 de 28 de noviembre de 2019, en adelante Administración Tributaria, mediante memorial de 18 de junio de 2020 (fs. 61-59 del expediente), contestó el Recurso de Alzada, manifestando lo siguiente: 

11.3.1. Notificaciones con Plazos procesales vencidos. 

Indicó que, lo alegado por el sujeto pasivo carece absolutamente de pruebas objetivas que demuestren de alguna manera cómo han sido (supuestamente) violentados su derecho a la publicidad de los actos administrativos, principio de legalidad, defensa o debido proceso, limitándose a registrar dichas posiciones sin mayor sustento, sin embargo los mismos se desvirtúan completamente con la sola verificación de los antecedentes administrativos, donde se puede evidenciar la “publicidad” de los actos administrativos emitidos dentro del proceso de verificación, teniéndose que la Orden de Verificación 17990206276 fue notificada al sujeto pasivo mediante cédula en estricto cumplimiento a lo establecido en el art. 85 de la Ley 2492 (CTB) en fecha 02 de octubre de 2018, notificación que causó sus efectos, toda vez que el sujeto pasivo a consecuencia de tomar conocimiento del inicio de la orden de verificación presentó documentación para la verificación de la correspondencia de la apropiación del crédito fiscal, conforme se demuestra en el acta de recepción de documentos de fecha 16 octubre de 2018 cursante a fs. 25 de los antecedentes. Asimismo la Vista de Cargo fue emitida como consecuencia de las observaciones realizadas a la apropiación de los créditos fiscales declarados por parte del recurrente, y fue notificada conforme lo establece el art. 83 bis del Código Tributario Boliviano, es decir a través de la oficina virtual del sujeto pasivo (fs. 115) situación similar ocurrió con la resolución determinativa objeto de la presente impugnación, es decir que dicho acto definitivo también fue notificado al recurrente a través de la oficina virtual, conforme lo dispone la normativa tributaria señalada (fs. 156). 

Se debe considerar que la presentación del presente recurso de impugnación es prueba clara y suficiente de que las notificaciones realizadas al sujeto pasivo a través de los medios electrónicos surgieron los efectos a los que se encontraban destinados, es decir poner en conocimiento del contribuyente dichos actos administrativos y de esta manera asumió su defensa correspondiente y en los plazos oportunos, demostrándose con ello que la Administración Tributaria NO ha violentado 6 de 59

AIT.”* 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

ningún derecho del sujeto pasivo. En este contexto se demuestra que la Administración Tributaria cumplió de manera estricta todo el procedimiento establecido y sobre todo notificó al contribuyente con todas las actuaciones emitidas en cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley 2492 (CTB). 

11.3.2. Personería Jurídica confusa 

La Administración Tributaria, señaló que la recurrente, da a entender que NO se encuentra categorizado como contribuyente GRACO y por ende la suscrita Gerencia carecería de “personería” para la verificación actuante, sin embargo la errada observación se desvirtúa a través del padrón de contribuyentes adjuntado en los antecedentes administrativos, y que evidencian que el contribuyente desde el 20 de marzo de 2012, esta categorizado como contribuyente GRACO, por tanto se demuestra que la recurrente se encuentra bajo la jurisdicción tributaria de la suscrita Gerencia, y en consecuencia todos los actos administrativos emitidosfueron emitidos de manera correcta, desvirtuándose por completo las erradas afirmaciones del recurrente. 

11.3.3. Atención a peticiones 

La Administración Tributaria argumentó que, con relación al memorial con Hoja de Ruta 1064 de fecha 20 de febrero de 2020, se evidencia que el mismo fue presentado por el sujeto pasivo de manera posterior a la notificación del acto definitivo ahora impugnado, por tanto el mismo no tiene mayor afectación al proceso de determinación, no obstante a ello cabe aclarar que dicho memorial fue atendido por la suscrita gerencia a través del Proveído N°242079000148 del 11 de marzo de 2020. 

II.3.4 Cálculo de la Deuda Tributaria 

La Administración Tributaria indicó que los argumentos del contribuyente son confusos y no son claros, respecto a qué aspectos de la deuda tributaria refiere, cuando la Ley 2492 (CTB) establece claramente el art. 47, los componentes de la deuda tributaria y en el art. 169 de la misma normativa, establece la unificación de procedimientos, por tanto es evidente que cuando laAdministración Tributaria ejercita 7 de 59 

Justicia tributaria para v¡vir bien 

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NB/iSO 

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su facultad de verificación y en el proceso advierte contravenciones tributarias como lo es la omisión de pago, debe unificar dichos procedimientos y de esta manera se establece la liquidación de lo adeudado por parte del sujeto pasivo de manera preliminar en una primera instancia en la vista de cargo, que a la vez hace como un auto inicial de sumario contravencional y de manera definitiva en la resolución determinativa que a la vez se configura como una resolución sancionatoria, por tanto las erradas alegaciones del sujeto pasivo queda completamente desvirtuadas. 

11.3.5 Prescripción 

La Administración Tributaria indicó que, se observa una carencia completa de fundamentos técnicos y legales que respalden la posición del contribuyente, quien tiene la obligación de fundamentar y precisar de manera adecuada cuáles son sus pretensiones y como se encuentran respaldados, lo que para nada ocurre en el presente recurso. No obstante a ello, y considerando que la solicitud final del sujeto pasivo en este acápite es la solicitud de prescripción de la obligación tributaria (sin mayor fundamento) corresponde considerar: Los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 fueron modificados en primera instancia por la Ley 291 de 22/09/2012 y por la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012. Posteriormente la Ley 812 de 30/06/2016 y publicada en julio de 2016 en su párrafo II modifican los parágrafos I y II del art. 59 de la ley 2492 (CTB). También menciona a los arts. 60 y 62 de la Ley 2492 (CTB). Bajo esa normativa legal se tiene sin lugar a dudas que los artículos señalados a la fecha de ocurrido el HECHO GENERADOR objeto de la fiscalización (agosto de la gestión 2015) se encuentran modificados conforme se ha detallado precedentemente y bajo este contexto, se tiene claramente establecido que las acciones y/o facultades de la Administración Tributaria para determinar la Deuda Tributaria de la gestión 2015, NO SE ENCUENTRAN PRESCRITAS, toda vez que en dicho año (2015) las facultades de la Administración Tributaria prescribían en 10 años, sin embargo teniéndose que la fecha de oposición de la prescripción solicitada dentro del memorial de recurso de Alzada por parte del sujeto pasivo data del 02/03/2020, se tiene que la normativa tributaria aplicable es la vigente a dicha fecha, la cual inclusive es más favorable al sujeto pasivo, toda vez que el tiempo para que opere la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria es de 8 años, por tanto es evidente que dichas 

facultades aún se encuentran plenamente vigentes de conformidad a lo previsto por el art. 59 de la Ley 2492, con sus modificaciones señaladas y el art. 62 del mismo 8 de 59

aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

cuerpo legal. En este entendido ydentro del precitado marco normativo, se establece que para el presente caso, el cómputo de prescripción de las facultades de la Administración Tributaría se computa de la siguiente manera: Impuesto IVA; gestión y periodo fiscalizado: agosto de la gestión 2015; año que vence el plazo para el pago del impuesto: 2015; Inicio de cómputo de prescripción: 01/01/2016; plazo de 8 años para que opere la prescripción según modificaciones del art. 59 de la Ley 2492; 

suspensión 6 meses por notificación de la Orden de Verificación: 30/06/2024; fecha de notificación de la Resolución Determinativa: 10/02/2020. 

Bajo el detalle anteriormente descrito es evidente que dentro del plazo otorgado por Ley la Administración Tributaria ejerció sus facultades de determinación de la deuda tributaria, toda vez que al haberse notificado al sujeto pasivo con una orden de verificación el término para que opere el instituto jurídico de la prescripción se suspendió por un periodo de 6 meses conforme se registra en el cuadro detallado precedentemente, de acuerdo a lo establecido en el art. 62 de la Ley 2492, tal como se puede evidenciar en los antecedentes administrativos, siendo que en fecha 10/02/2020 la Administración Tributaria notificó la Resolución Determinativa al contribuyente, por lo que se demuestra fehacientemente el cumplimiento de plazos establecidos para determinar la deuda tributaria correspondiente, demostrando que las facultades de la Administración Tributaria en el presente caso NO SE ENCUENTRAN PRESCRITAS por tanto la determinación efectuada tiene toda la validez y eficacia establecida por Ley. 

Por otro lado, con relación a las Sentencias Supremas 39 y 47 señaladas por el sujeto pasivo corresponde aclarar que las mismas a la fecha no tiene ningún efecto legal, toda vez que han sido anuladas por el Tribunal Constitucional Plurinacional ordenando que el Tribunal Supremo de Justicia emita nueva resolución que se enmarquen dentro de la normativa legalmente vigente en el país y respetando todos los derechos constitucionales de las partes intervinientes en el proceso judicial, por tanto, resulta ser irrelevante e inaplicable para la resolución de la presente causa, máxime si el caso resuelto refiere a un proceso de la Administración Tributaria y de ejecución de sanciones, y no se está analizando, ni se dispone un lineamiento vinculante referente al instituto de la prescripción, al contrario establece la debida fundamentación y motivación para la emisión de los actos jurídicos. 

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11.3.6 Depuración del Crédito Fiscal-IVA 

La Administración Tributaria, señaló que lo referido por el sujeto pasivo no solo está plasmado en la línea doctrinal asumida por la AIT sino que se encuentra establecido en la normativa tributaria correspondiente, en ese entendido se demuestra sin lugar a dudas que la Administración Tributaria ha cumplido a cabalidad lo que dicha normativa establece y de esta manera ha fundamentado y motivado las observaciones finales a los créditos fiscales apropiados de manera errónea por el contribuyente, prueba de ello es que el ahora recurrente no realiza ninguna puntualización expresa con relación a porque considera que sus créditos fiscales cumplirían las condiciones establecidas por ley y que son señaladas por este, no demostrando de ninguna manera con prueba expresa sus afirmaciones, limitándose a señalar únicamente que la Administración Tributaria no consideraría supuestamente la verdad material, denotando de esta manera que el sujeto pasivo olvida las obligaciones que la Ley 2492 le asigna, en su art. 70 y art. 76. En ese sentido, se demuestra sin lugar a dudas que el sujeto pasivo no demostró ni durante la etapa de verificación y determinación y mucho menos en la etapa de impugnación la correspondencia de los créditos fiscales depurados. Seguidamente la Administración Tributaria realizo la descripción de la depuración del crédito fiscal detallada en la Resolución Determinativa ahora impugnada. 

Por lo antes expuesto, solicitó se confirme la Resolución Determinativa 172079000026 de 24 de enero de 2020. 

II.4. Apertura de Término probatorio 

Mediante Auto de Apertura Término de Prueba de 19 de junio de 2020, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de la última notificación, que se realizó, tanto a la recurrente, como a la Administración recurrida el 24 de junio de 2020 (fs. 70-71 del expediente). 

Durante el referido plazo que fenecía el 20 de julio de 2020, la Administración Tributaria el 06 de julio de 2020, ratificó en calidad de prueba todos los antecedentes administrativos que fueron remitidos adjuntos a la contestación al recurso de alzada (fs. 73-73 vta. del expediente). 

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Por su parte la recurrente, fuera del plazo establecido, mediante memorial de fecha 22 de julio de 2020 presentó, memorial ratificando las pruebas presentadas al momento de la Interposición del Recurso de Alzada (fs. 78-82 del expediente). 

11.5. Alegatos. 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), la presentación de alegatos fenecía el 10 de agosto de 2020, la recurrente en el mismo memorial de pruebas presentado el 22 de julio de 2020, presentó sus alegatos en conclusión, ratificando sus argumentos expuestos en el memorial de Recurso de Alzada (fs. 78-82 del expediente). 

Por su parte, fuera del plazo establecido, la Administración Tributaria mediante memorial en fecha 17 de agosto de 2020 presentó alegatos en conclusiones, (fs. 86- 89 del expediente) 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de hechos: 

El 02 de octubre de 2018, la Administración Tributaria notificó mediante 

cédula, a la recurrente con la Orden de Verificación 17990206276, de 06 

de abril de 2018, cuyo alcance contempla la verificación específica Crédito 

Fiscal IVA contenido en las facturas 456, 465, 469, 471, 473, 475, 477, 

479 y 482 declaradas por el contribuyente en el periodo agosto de la gestión 

2015, mediante la cual solicitó la presentación de documentación consistente 

en: a) Declaraciones Juradas de los periodos observados (Form. 200 o 210), 

  1. b) Libro de Compras de los periodos observados, c) Facturas de compras 

originales detalladas en el presente Anexo, d) Documento que respalde el 

pago realizado, e) Otra documentación que el fiscalizador solicite durante el 

proceso a efectos de verificar las transacciones que respaldan las facturas 

detalladas en el Anexo; asimismo en la misma fecha, notificó el 

Requerimiento F-4003 148744 de fecha 17 de abril de 2018, solicitando la 

siguiente documentación adicional: DDJJ del Impuesto al Valor Agregado 

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Jan fnit’ayir jacha kamani 

Marja tasaq kuraq kamachiq ‘. 

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mbaerep Vae ¡Ciuara ‘ Pasaje 1 Este, Casa N 14 – Zona Equipetrol Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

IVA F-200, Libro de compras-IVA, extractos bancarios, comprobantes de egreso con respaldo, Estados Financieros, Libros de contabilidad (Diario, Mayor – medio magnético si corresponde), otra documentación que el fiscalizador solicite en el transcurso del Proceso de Verificación. Otorgando para el efecto el plazo hasta el 16 de octubre de 2018 para la presentación de la documentación solicitada (fs. 9,10, 15 y 24 de antecedentes c. I). 

111.2 El 16 de octubre de 2018, la Administración Tributaria mediante Acta de Recepción Documentos recepcionó la siguiente documentación: Facturas 469, 471, 473, 475, 479, 477, 465, 482 y 456, recibos, formularios – 200, Libros de Compras, del periodo agosto de la gestión 2015 (fs. 25 de antecedentes c. I). 

111.3 El 08 de octubre de 2019, la Administración Tributaria emitió Acta por Contravenciones Tributarias vinculadas al procedimiento de determinación 00171331, por haber incurrido en el incumplimiento de entrega parcial de información y documentación requerida por la administración tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, formas y lugares establecidos, contraviniendo los nums. 6 y 8 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB). Sancionando con 1.000- UFV’s según lo establecido en el subnum. 4.2 del numeral 4 del Anexo 1 de la RND 10.0033.16 del 25 de noviembre de 2016 (fs. 26 de antecedentes c. I). 

III.4 El 09 de octubre de 2019, la Administración Tributaria emitió el Informe de Actuación CITE: SIN/GGSCZ/DF/SVE/INF/709/2019, el cual concluyó, que como resultado de la revisión impositiva realizada al contribuyente BOLCO Bolivia Constructora SRL con NIT 1015053023, una vez verificada la información cursante en las Bases de Datos Corporativos BDC de la Administración tributaria y valorada la documentación e información presentada por el contribuyente, se estableció crédito fiscal no valido utilizado como pago a cuenta del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en el periodo observado. En este sentido, la conducta del contribuyente ha sido preliminarmente calificada como omisión de pago. Estableciendo el importe a favor del fisco de Bs108.207.- equivalentes a 46.678 UFV’s por concepto 12 de 59

aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

de deuda tributaria, intereses, MIDF y sanción por omisión de pago que deberá ser actualizado a la fecha de pago ycalculado con los beneficios que le otorga el art. 157 de la Ley 2492 (CTB) modificado por el art. 2 parágrafo V de la Ley 812 de 30 de junio de 2016 respecto al arrepentimiento eficaz o en su caso, los beneficios según el art. 156 de la Ley 2492 (CTB) modificada por el art. 2 parágrafo IV de la Ley 812 del 30 de junio de 2016 en lo que se refiere a reducción de sanción. Recomendando la emisión de la correspondiente Vista de Cargo de conformidad al art. 96 parágrafo I y 104 parágrafo IV de la Ley 2492 (CTB). (fs. 83-98 de antecedentes c. I). 

El 25 de noviembre de 2019, la Administración Tributaria notificó de manera electrónica a la recurrente con la Vista de Cargo 291979000537, de 09 de octubre de 2019, a través de la cual determinó reparos a favor del fisco por el incumplimiento en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) crédito fiscal, 

correspondiente al periodo agosto de la gestión 2015, calculando un adeudo tributario a favor del fisco sobre base cierta de Bs108.207.-, equivalentes a 46.678.- UFV’s; importe que incluye tributo omitido actualizado, intereses, MIDF ysanción por omisión de pago en virtud a los arts. 47, 165 y 169 de la Ley 2492 (CTB); asimismo, conforme establece el art. 68 de la Ley 2492 (CTB), otorgó el plazo de 30 días improrrogables para la presentación de descargos (fs. 99-115 de antecedentes c. I). 

111.6 El 19 de diciembre de 2019, laAdministración Tributaria emitió el Informe de Conclusiones CITE:SIN/GGSCZ/DJCC/UTJ/INF/42/2020, el cual concluyó que la recurrente en el transcurso de la verificación así como en la etapa de la presentación de descargos no presentó documentación que desvirtué las observaciones referidas precedentemente, por lo tanto se ratifica el tributo omitido por concepto del Impuesto al Valor Agregado – IVA, determinado de Bs43.498 en aplicación de lo establecido en los arts. 2, 8 y 13 de la Ley 843, 

arts. 2 y 8 del DS 21530, concordante con lo establecido en los numerales 4 y 5 del art. 70 y 76 de la Ley 2492 (CTB), art. 36 y subsiguientes del Decreto Ley 14379 y art. 41 RND 10.0016.07. (fs. 133-143 de antecedentes c. I). 

111.7 El 10 de febrero de 2020, la Administración Tributaria notificó de manera electrónica a la recurrente con la Resolución Determinativa N° 

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Jan mit’ayir jachakamani – 

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NB/ISO 

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172079000026, de 24 de enero de 2020, que resolvió determinar sobre base cierta las obligaciones impositivas del contribuyente BOLCO Bolivia Constructora SRL con NIT 1015053023, con NIT 1331119013, por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA) – Crédito Fiscal, correspondiente al periodo agosto de la gestión 2015, por un total de deuda tributaria Bs109.888- equivalente a 47.058 UFV’s, importe que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, multa por omisión de pago y multa por incumpliendo a deberes formales, (fs. 144-156 de antecedentes el). 

111.8 El 20 de febrero de 2020, la recurrente a través de memorial presentado ante la Administración Tributaria planteó incidente de nulidad de obrados contra la Resolución Determinativa 172079000026 hasta el vicio más antiguo por desconocimiento de Orden de Verificación y de Vista de Cargo; y baja de buzón tributario (fs. 168-169 de antecedentes el). 

111.9 El 18 de marzo de 2020, la Administración Tributaria notificó en Secretaría de Gerencia a la recurrente con PROVEÍDO 242079000148 de fecha 11 de marzo de 2020, el cual indicó que en atención al memorial ingresado en fecha 20 de febrero, sin entran en consideraciones de fondo y siendo que la 

Resolución Determinativa 172079000026 notificada al sujeto pasivo el 10 de febrero de 2020, corresponde a un acto definitivo emitido por la Administración tributaria y que el contribuyente en el caso de no estar de acuerdo con la determinación señalada, la misma podrá ser impugnada, por una de las que franquea la Ley; Administrativa según lo establecido por el art. 143 de la Ley 2492 o alternativamente a través de vía judicial mediante la Demanda Contencioso Tributaria a ser presentada ante el Tribunal Departamental de Justicia de acuerdo a lo establecido en el art. 227 y siguientes de la Ley 1340 (fs. 178-179 de antecedentes el). 

  1. FUNDAMENTACION TÉCNICA Y JURÍDICA. 

La recurrente denunció como agravio lo siguiente: 1. Vulneración al derecho a la defensa y debido proceso por: 1.1. Notificaciones con plazos procesales vencidos; 1.2. Personería Jurídica confusa; 1.3 Falta de respuesta a peticiones; 1.4 Erróneo 

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

cálculo de la Deuda Tributaria 2. Prescripción y 3. Incorrecta depuración del Crédito fiscal IVA. Observaciones que serán analizadas a continuación: 

IV.1. Sobre la Vulneración al derecho a la defensa y debido proceso 

En principio, se debe entender que el debido proceso tiene por objeto el cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente en materia de procedimiento para garantizar la justicia a la recurrente; concretamente, es el derecho que toda persona tiene a un justo y equitativo proceso, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que estén en una situación similar. En ese marco del Estado de Derecho, la potestad tributaria no es, ni puede ser absoluta, sino que está sometida a la Ley, máxime en nuestro país, donde la CPE estaxativa al considerar que toda vulneración a las garantías y derechos protegidos por ella, son ilegales; lo cual ha sido expresamente establecido en el art. 68 en su núm. 6 de la Ley 2492 (CTB), al señalar que se constituyen derechos del sujeto pasivo, entre otros, la garantía del debido proceso. 

Asimismo, el derecho al debido proceso según la Doctrina Administrativa éste tiene por objeto el cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente en materia de procedimiento para garantizar la justicia al recurrente, es decir, que se materializa con la posibilidad de defensa que las partes deben tener, con la producción de pruebas que se ofrecieren y una decisión pronta del juzgador. “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales Manuel Osorio. Editorial Heliasta SRL, Nueva Edición 2006, Pág. 804″. 

Al respecto, del Derecho a la Defensa la Sentencia Constitucional 2801/2010-R, señala: “(…) este derecho tiene dos connotaciones: la defensa de la que gozan las personas sometidas a un proceso con formalidades específicas, a través de una persona idónea que pueda patrocinarles y defenderles oportunamente y del mismo modo, respecto a quienes se les inicia un proceso en contra, permitiendo que tengan conocimiento y acceso a los actuados e impugnen los mismos en igualdad de condiciones, conforme al procedimiento preestablecido; por ello, el derecho a la defensa es inviolable por los particulares o autoridades que impidan o restrinjan su ejercicio.” 

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Jar rhítayir jacha kamam 

Manja tasaq kuraq kamachiq 

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En efecto, la Constitución Política del Estado Plurinacional, en los arts. 115, parágrafo II y 117 parágrafo I, establecen que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, además, que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso; asimismo, el art. 119 parágrafo II de la mencionada norma fundamental, dispone que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. 

En el ámbito tributario, estos principios y garantías constitucionales están reconocidos en el art. 68 nums. 6, 7 y 10 de la Ley 2492 (CTB), los cuales determinan que el sujeto pasivo tiene el derecho a un debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de sus procesos en los que sea parte interesada; así como también a ejercer su derecho a la defensa formulando y aportando, en la forma y plazos previstos en la Ley, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución; y a ser oído y juzgado conforme a lo previsto por la Constitución Política del Estado y Leyes vigentes. En lo que a la Administración Pública se refiere, el art. 4 inc. c) de la Ley 2341 (LPA), dispone que uno de los principios por los cuales se rige la 

Administración Pública, es el principio de sometimiento pleno a la Ley, asegurando de esa manera el debido proceso a los administrados. 

Por su parte, los arts. 35 inc. c) y 36 parágrafos I y II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 (RLPA), aplicables supletoriamente al caso por mandato del art. 201 de la Ley 2492 (CTB), señalan que serán nulos los actos administrativos que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido y serán anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico; y no obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o lugar a la indefensión de los interesados…”; a dicho efecto el art. 55 del DS 27113 (RLPA), establece que la nulidad de procedimiento es oponible sólo cuando ocasione indefensión a los administrados; es decir, que para calificar el estado de indefensión del sujeto pasivo, dentro de un procedimiento administrativo, éste debió estar en total y absoluto desconocimiento de las acciones o actuaciones procesales llevadas a cabo en su contra, desconocimiento que le impida materialmente asumir su defensa, 16 de 59

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

dando lugar a un proceso en el que no fue oído ni juzgado en igualdad de condiciones. 

En cuanto al Principio de seguridad jurídica el mismo fue previsto por el Tribunal Constitucional, en las SSCC 753/2003-R, de 4 de junio de 2003 y 1278/2006-R, de 14 de diciembre de 2006, -entre otras- principio que ha sido entendido como: “…la condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran. Representa la garantía de aplicación objetiva de la Ley, de modo tal que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio; trasladado al ámbito judicial, implica el derecho a la certeza y la certidumbre que tiene la persona frente a las decisiones judiciales, las que deberán ser adoptadas en el marco de la aplicación objetiva de la Ley…” 

Dentro de ese marco normativo, se tiene que la seguridad jurídica otorgada a los sujetos pasivos; al ser un principio consagrado con carácter general en la Constitución Política del Estado es aplicable al ámbito tributario, lo que quiere decir que la capacidad recaudatoria prevista en el art. 323, parágrafo I de la CPE, está referida a que las entidades fiscales deben ejercer sus facultades de control, investigación, verificación, fiscalización y comprobación a efectos de determinar deuda tributaria, imponer sanciones administrativas yejercer su facultad de ejecución tributaria en un determinado tiempo, con el objeto de que la Administración Tributaria desarrolle sus funciones con mayor eficiencia y eficacia. 

Bajo ese marco normativo, se ingresará al análisis de los agravios expuestos en el recurso de alzada. 

IV.1.1. Notificaciones con Plazos procesales vencidos. 

La recurrente sostuvo que las notificaciones de la orden de verificación, Vista de Cargo y Resolución Determinativa, incumplen el art. 33 de la Ley 2341 (LPA), que señala “La notificación deberá ser realizada en el plazo máximo de cinco días a partir de la fecha en la que el acto haya sido dictado y deberá contener el texto íntegro del mismo. La notificación deberá ser practicada en el lugar que éstos hayan señalado expresamente como domicilio a este efecto…”; condición incumplida, que violentó su 

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derecho a la publicidad de los actos y al principio de legalidad y a la defensa. Alegó al respecto el Principio de Eficiencia Administrativa, el cual obliga a la administración a la emisión de actos administrativos dentro de los plazos procedimentales establecidos a fin de garantizar una tutela administrativa efectiva y brindar seguridad y certeza jurídica al administrado. 

Por su parte la Administración Tributaria, señaló que, lo alegado por el sujeto pasivo carece absolutamente de pruebas objetivas que demuestren de alguna manera cómo han sido (supuestamente) violentados su derecho a la publicidad de los actos administrativos, principio de legalidad, defensa o debido proceso, limitándose a registrar dichas posiciones sin mayor sustento, sin embargo los mismos se desvirtúan completamente con la sola verificación de los antecedentes administrativos, donde se puede evidenciar la “publicidad” de los actos administrativos emitidos dentro del proceso de verificación, teniéndose que la Orden de Verificación 17990206276 fue notificada al sujeto pasivo mediante cédula en estricto cumplimiento a lo establecido en el art. 85 de la Ley 2492 (CTB) en fecha 02 de octubre de 2018, notificación que causó sus efectos, toda vez que el sujeto pasivo a consecuencia de tomar conocimiento del inicio de la orden de verificación presentó documentación para la verificación de la correspondencia de la apropiación del crédito fiscal, conforme se demuestra en el acta de recepción de documentos de fecha 16 octubre de 2018 cursante a fs. 25 de los antecedentes. Asimismo la Vista de Cargo fue emitida como consecuencia de las observaciones realizadas a la apropiación de los créditos fiscales declarados por parte del recurrente, y fue notificada conforme lo establece el art. 83 bis del Código Tributario Boliviano, es decir a través de la oficina virtual del sujeto pasivo (fs. 115) situación similar ocurrió con la resolución determinativa objeto de la presente impugnación, es decir que dicho acto definitivo también fue notificado al recurrente a través de la oficina virtual, conforme lo dispone la normativa tributaria señalada (fs. 156). 

Se debe considerar que la presentación del presente recurso de impugnación es prueba clara y suficiente de que las notificaciones realizadas al sujeto pasivo a través de los medios electrónicos surgieron los efectos a los que se encontraban destinados, es decir poner en conocimiento del contribuyente dichos actos administrativos y de esta manera asumió su defensa correspondiente y en los plazos oportunos, demostrándose con ello que la Administración Tributaria NO ha violentado l 8 de 59

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

ningún derecho del sujeto pasivo. En este contexto se demuestra que la Administración Tributaria cumplió de manera estricta todo el procedimiento establecido y sobre todo notificó al contribuyente con todas las actuaciones emitidas en cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley 2492 (CTB). 

Al respecto, es preciso señalar que la Administración Tributaria tiene amplias facultades, es así que el art. 66 de la Ley 2492 (CTB) “FACULTADES ESPECÍFICAS” establece que la Administración Tributaria tiene las siguientes facultades específicas: “1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 2. Determinación de tributos; 3. Recaudación; 4. Cálculo de la deuda tributaria; 5. Ejecución de medidas precautorias, previa autorización de la autoridad competente establecida en este Código; 6. Ejecución tributaría; 7. Concesión de prórrogas y facilidades de pago; 8. Revisión extraordinaria de actos administrativos conforme a lo establecido en el Artículo 145° del presente Código; 9. Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos; 10. Designación de sustitutos y responsables subsidiarios, en lostérminos dispuestos por este Código. ..”•. 

Por otro lado, el art. 33 de la Ley 2341 (LPA) “NOTIFICACIÓN” establece que “III. La notificación deberá ser realizada en el plazo máximo de cinco (5) días a partir de la fecha en la que el acto haya sido dictado y deberá contener el texto íntegro del mismo. La notificación será practicada en el lugar que éstos hayan señalado expresamente como domicilio a este efecto, el mismo que deberá estar dentro de la jurisdicción municipal de la sede de funciones de la entidad pública. Caso contrario, la misma será practicada en la Secretaría General de la entidad pública.”. 

Ahora bien, con la finalidad de dilucidar lo planteado por la recurrente referente a que los plazos procesales se encuentran vencidos, al respecto ésta Autoridad de Impugnación Tributaria procederá a revisar los antecedentes a efecto de evidenciar si lo reclamado por la recurrente resulta procedente o improcedente, en ese sentido, se observa que el 02 de octubre de 2018, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a la recurrente, con la Orden de Verificación 17990206276, de 06 de abril de 2018, cuyo alcance contempla la verificación específica Crédito Fiscal – IVA contenido en las facturas declaradas por el contribuyente, detalladas en el anexo “Detalle de Diferencias” Form. 7531 adjunto a la orden, del periodo agosto de la gestión 2015; mediante la cual solicitó la presentación de documentación consistente 

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Jar, mit’ayirjacha kamani – 

Mana tasaq kuraq kamachiq

..Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 

mbaerepi Vae Pasaje 1 Este, Casa N 14 – Zona Equipetrol Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

en: a) Declaraciones Juradas de los periodos observados (Form. 200 o 210), b) Libro de Compras de los periodos observados, c) Facturas de compras originales detalladas en el presente Anexo, d) Documento que respalde el pago realizado, e) Otra documentación que el fiscalizador solicite durante el proceso a efectos de verificar las transacciones que respaldan las facturas detalladas en el Anexo; asimismo en la misma fecha, notificó el Requerimiento F-4003 N° 148744 de fecha 17 de abril de 2018, solicitando la siguiente documentación adicional: DDJJ del Impuesto al Valor Agregado IVA F-200, Libro de compras-IVA, extractos bancarios, comprobantes de egreso con respaldo, Estados Financieros, Libros de contabilidad (Diario, Mayor – medio magnético si corresponde), otra documentación que el fiscalizador solicite en el transcurso del Proceso de Verificación. Otorgando para el efecto el plazo hasta el 16 de octubre de 2018 para la presentación de la documentación solicitada (fs. 9,10, 15 y 24 de antecedentes). Seguidamente, el 16 de octubre de 2018, la Administración Tributaria mediante Acta de Recepción Documentos recepcionó la siguiente documentación: Facturas 469, 471, 473, 475, 479, 477, 465, 482 y 456, recibos, formularios – 200, Libros de Compras, del periodo agosto de la gestión 2015 (fs. 25 de antecedentes c. I). 

Posteriormente, el 08 de octubre de 2019, la Administración Tributaria emitió Acta por Contravenciones Tributarias vinculadas al procedimiento de determinación 00171331, por haber incurrido en el incumplimiento de entrega parcial de información y documentación requerida por la administración tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, formas y lugares establecidos, contraviniendo los numerales 6 y 8 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB). Sancionando con 1.000.- UFV’s según lo establecido en el subnumeral 4.2 del numeral 4 del Anexo 1 de la RND 10.0033.16 del 25 de noviembre de 2016 (fs. 26 de antecedentes c. I). Seguidamente, el 09 de octubre de 2019, la Administración Tributaria emitió el Informe de Actuación CITE: SIN/GGSCZ/DF/SVE/INF/709/2019, el cual concluyó, que como resultado de la revisión impositiva realizada al contribuyente BOLCO Bolivia Constructora SRL con NIT 1015053023, una vez verificada la información cursante en las Bases de Datos Corporativos BDC de la Administración tributaria y valorada la documentación e información presentada por el contribuyente, se estableció crédito fiscal no valido utilizado como pago a cuenta del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en el periodo observado. En este sentido, la conducta del contribuyente ha sido preliminarmente 20 de 59

AIT.^ 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

calificada como omisión de pago. Estableciendo el importe a favor del fisco de Bs108.207.- equivalentes a 46.678 UFV’s por concepto de deuda tributaria, intereses, MIDF ysanción por omisión de pago que deberá ser actualizado a la fecha de pago y calculado con los beneficios que le otorga el art. 157 de la Ley 2492 (CTB) modificado por el art. 2 parágrafo Vde la Ley 812 de 30 de junio de 2016 respecto al arrepentimiento eficaz o en su caso, los beneficios según el art. 156 de la Ley 2492 (CTB) modificada por el art. 2 parágrafo IV de la Ley 812 del 30 de junio de 2016 en lo que se refiere a reducción de sanción. Recomendando la emisión de la correspondiente Vista de Cargo de conformidad al art. 96.1 y 104.IV de la Ley 2492 (CTB). (fs. 83-98 de antecedentes c. I). 

De la misma compulsa se tiene que, el 25 de noviembre de 2019, Administración Tributaria notificó de manera electrónica a la recurrente con la Vista de Cargo 291979000537, de 09 de octubre de 2019, a través de la cual determinó reparos a favor del fisco por el incumplimiento en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) crédito fiscal, correspondiente al periodo agosto de la gestión 2015, calculando un adeudo tributario a favor del fisco sobre base cierta de Bs108.207.-, equivalentes a 46.678.- UFV’s; importe que incluye tributo omitido actualizado, intereses, MIDF ysanción por omisión de pago en virtud a los arts. 47, 165 y 169 de la Ley 2492 (CTB); asimismo, conforme establece el art. 68 de la Ley 2492 (CTB), otorgó el plazo de 30 días improrrogables para la presentación de descargos (fs. 99-115 de antecedentes c. I). Pasados los 30 días, al no presentar descargos a la Visa de Cargo, 19 de diciembre de 2019, la Administración Tributaria emitió el Informe de Conclusiones CITE:SIN/GGSCZ/DJCC/UTJ/INF/42/2020, el cual concluyó que la recurrente en el transcurso de la verificación así como en la etapa de la presentación de descargos no presentó documentación que desvirtué las observaciones referidas precedentemente, por lo tanto se ratifica el tributo omitido por concepto del Impuesto al Valor Agregado IVA, determinado de Bs43.498 en aplicación de lo establecido en los arts. 2, 8 y 13 de la Ley 843, arts. 2 y 8 del DS 21530, concordante con lo establecido en los numerales 4 y 5 del art. 70 y 76 de la Ley 2492 (CTB), art. 36 y subsiguientes del Decreto Ley 14379 y art. 41 RND 10.0016.07 (fs. 133-143 de antecedentes c. I) 

Continuando con la compulsa, se evidenció que el 10 de febrero de 2020, la Administración Tributaria notificó de manera electrónica a la recurrente con la Resolución Determinativa 172079000026, de 24 de enero de 2020, que resolvió 21 de 59 

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determinar sobre base cierta las obligaciones impositivas del contribuyente BOLCO Bolivia Constructora SRL con NIT 1015053023, con NIT 1331119013, por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA) – Crédito Fiscal, correspondiente al periodo agosto de la gestión 2015, por un total de deuda tributaria Bs109.888- equivalente a 47.058 UFV’s, importe que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, multa por omisión de pago y multa por incumpliendo a deberes formales, (fs. 144-156 de antecedentes el). 

De la compulsa expuesta precedentemente, se evidenció, que el 02 de octubre de 2018, la Administración Tributaria notificó mediante cédula, a la recurrente con la Orden de Verificación N° 17990206276, de 06 de abril de 2018; posteriormente, el 23 de noviembre de 2019, la Administración Tributaria notificó electrónicamente a la recurrente con la Vista de Cargo 291979000537 de 09 de octubre de 2019; y el 10 de febrero de 2020, la Administración Tributaria notificó de manera electrónica a la recurrente con la Resolución Determinativa 172079000026 de 24 de enero de 2020; es decir que es evidente que los actos administrativos fueron notificados con un plazo de más de 5 meses para la Orden de Verificación, un plazo de más de un mes para la Vista de Cargo y más de diez (10) días para la Resolución Determinativa, incumpliendo el plazo máximo previsto en el artículo 33 de la Ley 2341,el cual establece: “…cinco (5) días para su respectiva notificación”, no obstante, es menester señalar que el parágrafo I del art. 32 de la Ley antes citada, respecto a la validez, eficacia y notificación de los actos administrativos señala que “Los actos de la Administración Pública sujetos a esta Ley se presumen válidos y producen efectos desde la fecha de su notificación o publicación; asimismo, según lo establecido en art. 36 num. 3 de la Ley 2341 (LPA), indica que “la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ella sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo”, resultando aplicable sólo en caso que la normativa lo disponga de manera expresa, por tanto, si bien es evidente la distancia entre el plazo de emisión y el de la notificación, no obstante no se produjo la indefensión alegada, prueba de ello es que luego de la notificación de la Orden de fiscalización la recurrente hizo uso de su derecho, toda vez que presentó documentación según consta en Acta de recepción de fecha 16 de octubre de 2018 (fs. 25 de antecedentes, c. I), y con relación a la Resolución Determinativa, se tiene que interpuso el presente recurso de alzada el 02 

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Aiñ. 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

y 16 de marzo de 2020 (fs. 30-33 vta. y 49 del expediente), conforme consta en antecedentes y expediente. 

De lo precedentemente expuesto, siendo que existe incumplimiento de plazo en la notificación de la Orden de fiscalización 17990206276, Vista de Cargo 29197900537 y Resolución Determinativa 172079000026, puesto que fueron practicadas después de los cinco (5) días de su emisión, empero esta situación no está expresamente establecida en la norma como una causal de nulidad del acto administrativo, en la Ley 2492 (CTB), ni en la Ley 2341 (LPA), ésta última aplicable supletoriamente a materia tributaria por disposición expresa del art. 201 de la Ley 2492 (CTB), por lo que, el incumplimiento de los plazos previstos en el procedimiento de la fiscalización y siendo que la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido, para ellas sólo dan lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo, esto no se constituye en una causal de nulidad o anulabilidad de las actuaciones administrativas, cuyo incumplimiento en todo caso, repercute internamente en el ámbito disciplinario de la Administración Tributaria, sobre los funcionarios actuantes, y si corresponde se sanciona en el orden y marco de lo establecido en la Ley 1178 (SAFCO), contra los funcionarios actuantes responsables, sin embargo, más allá de lo expuesto, dicha situación no genera indefensión o vulneración a los derechos constitucionales, por lo que, se advierte que de acuerdo a la aclaración descrita, se tiene que no fueron vulnerados los derechos de la recurrente como es el debido proceso y derecho a la defensa, habiendo tomado conocimiento de las actuaciones administrativas que le permitieron asumir su defensa y presentar descargos, consecuentemente, al no evidenciarse el vicio de nulidad o anulabilidad denunciado por la recurrente, toda vez que la misma no está prevista expresamente como causal de nulidad en la norma aplicable al caso, corresponde desestimar lo argumentado en este punto. 

IV.1.2. Personería Jurídica confusa 

La recurrente mencionó que, la personería de la representación de la Autoridad del SIN es confusa, puesto que indica una Gerencia diferente a su Jurisdicción como contribuyente, lo mismo con las notificaciones electrónicas, disponen que son actos de diferentes jurisdicciones. La jurisdicción administrativa en la legislación boliviana 23 de 59 

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constituye la instancia de control de los actos administrativos, cuya finalidad es velar por la legitimidad de los actos de la Administración Pública, en los que se advierta vicios manifiestos de ilegalidad, incompetencia, excesos de poder y otros, garantizando a los administrados el principio de seguridad jurídica y el derecho al debido proceso, entre otras garantías constitucionales. 

Por su parte, la Administración Tributaria, señaló que la recurrente, da a entender que NO se encuentra categorizado como contribuyente GRACO y por ende la suscrita Gerencia carecería de “personería” para la verificación actuante, sin embargo la errada observación se desvirtúa a través del padrón de contribuyentes adjuntado en los antecedentes administrativos, y que evidencian que el contribuyente desde el 20 de marzo de 2012 esta categorizado como contribuyente GRACO, por tanto se demuestra que la recurrente se encuentra bajo la jurisdicción tributaria de la suscrita Gerencia, y en consecuencia todos los actos administrativos emitidos fueron emitidos de manera correcta, desvirtuándose por completo las erradas afirmaciones del recurrente. 

Ahora bien, con la finalidad de dilucidar lo planteado por la recurrente referente a que la personería de la representación de la Autoridad del SIN es confusa puesto que indica una Gerencia diferente a su Jurisdicción como contribuyente y que lo mismo sucede con las notificaciones electrónicas, considerando que la recurrente no identificó específicamente cual o cuales son los Actos Administrativos que muestra una representación confusa; ésta Autoridad de Impugnación Tributaria procederá a revisar los antecedentes, de todos los Actos Administrativos que fueron notificados por la Administración Tributaria durante el proceso de Verificación, a efecto de otorgar o no la razón a la recurrente; en ese sentido, se observa que el 02 de octubre de 2018, la Administración Tributaria notificó mediante cédula, a la recurrente con la Orden de Verificación 17990206276, de 06 de abril de 2018, al respecto se evidencia que la Orden de Verificación N° 197990206276 de fecha 06 de abril de 2018, se encuentra firmada por el Gerente GRACO Santa Cruz y Jefatura del Dpto. Fiscalización de GRACO Santa Cruz. 

Seguidamente, en fecha 25 de noviembre de 2019, la Administración Tributaria notificó de manera electrónica a la recurrente con la Vista de Cargo 291979000537 de 09 de octubre de 2019, al respecto se evidencia que la Vista de 24 de 59

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Cargo 291979000537 se encuentra firmada por el Gerente Distrital Ide la Gerencia GRACO Santa Cruz. Asimismo, la “Constancia de Notificación Electrónica”, en el título de “Autoridad Emisora del Acto Notificado” indica como jurisdicción la “Gerencia GRACO Santa Cruz” (fs. 99-115 de antecedentes e I). 

Continuando con la compulsa, se evidenció que, el 10 de febrero de 2020, la Administración Tributaria notificó de manera electrónica a la recurrente con la Resolución Determinativa 172079000026 de 24 de enero de 2020, al respecto la Resolución Determinativa 172079000026, se encuentra firmada por el Gerente Distrital I de la Gerencia GRACO Santa Cruz, asimismo, la “Constancia de Notificación Electrónica” en el título de “Autoridad Emisora del Acto Notificado” indica como jurisdicción la Gerencia Distrital (fs. 144-156 de antecedentes c. I). 

Asimismo, la Consulta de Padrón impresa del Sistema Integrado de Recaudación para la Administración Tributaria (SIRAT), en el título de Movimientos, señala que la recurrente pertenece a la jurisdicción de la Gerencia GRACO SC desde 20 de marzo de 2012 (fs. 12-14 y 164-165 antecedentes), lo que evidencia que la recurrente pertenece a la jurisdicción de la Gerencia GRACO Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales. 

De lo precedentemente expuesto, se evidencia que la Orden de Verificación 17990206276 de 06 de abril de 2018, notificada mediante cédula el 02 de octubre de 2018; Vista de Cargo 291979000537 de 09 de octubre de 2019, notificada el 25 de noviembre de 2019 y la Resolución Determinativa 172079000026 de 24 de enero de 2020, notificada el 10 de febrero de 2020, se encuentran firmadas por la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Jurisdicción a la que pertenece la recurrente – Gerencia GRACO Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales-, según consta Consulta de Padrón impresa del Sistema Integrado de Recaudación para la Administración Tributaria (SIRAT) (fs. 12-14 y 164-165 antecedentes). Por lo que, no corresponde otorgar la razón a la recurrente con respecto a este punto, puesto que los actos administrativos notificados fueron emitidos por la Gerencia GRACO Santa Cruz, jurisdicción a la que pertenece el contribuyente. 

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IV.1.3. Falta de respuesta a peticiones 

La recurrente señaló que la Administración Tributaria no respondió al memorial presentado el 20 de febrero de 2020, vulnerando su derecho a pedir y ser atendido consagrado en el art. 24 de la Constitución Política del Estado, con el único requisito de identificación del peticionario y el art. 68 num.2 que indica que “la administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas…” 

Por su parte la Administración Tributaria, argumentó que, con relación al memorial con Hoja de Ruta 1064 de fecha 20 de febrero de 2020, se evidencia que el mismo fue presentado por el sujeto pasivo de manera posterior a la notificación del acto definitivo ahora impugnado, por tanto el mismo no tiene mayor afectación al proceso de determinación, no obstante a ello cabe aclarar que dicho memorial fue atendido por la suscrita gerencia a través del Proveído N°242079000148 del 11 de marzo de 2020. 

Al respecto, se evidenció que, en fecha 18 de marzo de 2020, la Administración Tributaria notificó en Secretaría de Gerencia a la recurrente con PROVEÍDO 242079000148 de fecha 11 de marzo de 2020, el cual señala que en atención al memorial ingresado en fecha 20 de febrero de 2020, sin entrar en consideraciones de fondo y siendo que la Resolución Determinativa 172079000026 notificada al sujeto pasivo el 10 de febrero de 2020, corresponde a un acto definitivo emitido por la Administración Tributaria y que el contribuyente en el caso de no estar de acuerdo con la determinación señalada, la misma podrá ser impugnada, por una de las que franquea la Ley; Administrativa según lo establecido por el art. 143 de la Ley 2492 o alternativamente a través de vía judicial mediante la Demanda Contencioso Tributaria a ser presentada ante el Tribunal Departamental de Justicia de acuerdo a lo establecido en el art. 227 y siguientes de la Ley 1340 (fs. 178-179 de antecedentes el). Proveído que pone en evidencia de que la Administración Tributaria cumplió con dar respuesta al memorial presentado por la recurrente en fecha 20 de febrero de 2020 y considerando que la recurrente presentó el recurso de alzada en los plazos previstos por Ley, se tiene que dichas actuación son posteriores a la impugnación realizada, por lo que no se vulneró ningún derecho a la petición, no correspondiendo otorgar la razón a la recurrente en este punto. 

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AIT 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

IV.1.4. Erróneo cálculo de la Deuda Tributaria 

La recurrente manifestó que es un derecho conocer la cuantía exacta del adeudo, sin embargo la Resolución Determinativa señaló que el monto de la sanción se aplicó conforme lo dispuesto por el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), lo cual es erróneo, ya que este artículo, indica que se aplicara la sanción de omisión de pago en base al monto determinado para la deuda tributaria sin los accesorios que conlleva la liquidación (a pesar que el Decreto Supremo 27310 señale aquello, pero La ley tiene privilegio en su aplicación sobre un Decreto Supremo) por lo que se debería aplicar el cálculo establecido en el artículo 47 de la Ley 2492 vigente, que establece los elementos constitutivos de la deuda tributaria, que incluye interés y nada más; por lo que el cálculo de la deuda contenida en la Resolución Determinativa es erróneo. Mencionó al respecto los arts. 47°, 156° y 157° de la Ley 2492 (CTB) que son los que establecen una liquidación diferente a la realizada en la Resolución Determinativa. 

Por su parte la Administración Tributaria, indicó que, los argumentos del contribuyente son confusos y no son claros, respecto a qué aspectos de la deuda tributaria refiere, cuando la Ley 2492 (CTB) establece claramente el art. 47, los componentes de la deuda tributaria y en el art. 169 de la misma normativa, establece la unificación de procedimientos, por tanto es evidente que cuando la Administración Tributaria ejercita su facultad de verificación y en el proceso advierte contravenciones tributarias como lo es la omisión de pago, debe unificar dichos procedimientos y de esta manera se establece la liquidación de lo adeudado por parte del sujeto pasivo de manera preliminar en una primera instancia en la vista de cargo, que a la vez hace como un auto inicial de sumario contravencional y de manera definitiva en la resolución determinativa que a la vez se configura como una resolución sancionatoria, por tanto las erradas alegaciones del sujeto pasivo queda completamente desvirtuadas. 

Según el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), se establecen los componentes de la deuda tributaria… “../. La Deuda Tributaria (DT) es el tributo omitido expresado en Unidades de Fomento a la vivienda másinterés (I) que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el cumplimiento de la obligación tributaria, sin la necesidad de intervención o requerimiento alguno de la Administración Tributaria, de acuerdo a la siguiente formula: DT=TO + /….”; seguidamente en el título “II. La deuda tributaria 

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expresada en Unidades de Fomento de Vivienda, al momento del pago deberá ser convertida en moneda nacional, utilizando la Unidad de Fomento a la Vivienda de la fecha de pago”. 

Asimismo, el art. 165 (Omisión de pago) de la Ley 2492 (CTB) establece que: “El que por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga indebidamente beneficio y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento (100%) del monto calculado para la deuda tributaria” 

Para dilucidar lo aludido por la recurrente, se procederá a compulsar lo establecido en la Resolución Determinativa N° 172079000026 (fs. 144-156 antecedentes c. I), en la cual establece en el primer resuelve de la Resolución Determinativa: “Determinar de oficio por conocimiento cierto de la materia Imponible, las obligaciones impositivas del contribuyente BOLCO Bolivia Constructora SRL con NIT 1015053023 en la suma de 47.058.- UFV’s equivalentes a la fecha de emisión de la presente resolución a Bs109.888.-, correspondiente al total del adeudo tributario (Tributo omitido, mantenimiento de valor, interés, la multa por omisión de pago y la multa por incumplimiento de deberes formales), por el periodo que se detalla a continuación, en aplicación del art. 47 de la Ley 2492 (CTB), modificado por el art. 2. I de la Ley 812 y los arts. 8 y 9 del DS 27310, modificado por el art. 2 parágrafo I y II del DS 2993, la multa por omisión de pago de acuerdo al art. 165 de la Ley 2492 (CTB) y el art. 42 DS 27310, modificado por el parágrafo IX del art. 2 del DS 2993 y la RND 10.0033.16 del 27 de noviembre de 2016, de acuerdo al siguiente detalle”. 

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Continuando con la compulsa, en el segundo resuelve, se establece: “Calificar la conducta del contribuyente BOLCO Bolivia Constructora SRL con NIT 1015053023 por el impuesto, periodo y/o aspectos detallados en el alcance de la verificación, como “Omisión depago” por adecuarse la conducta a lo establecido por el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), sancionándose con una multa igual al 100% del monto calculado para la deuda tributaria, multa que según el art. 42 del DS 27310 de 09 de enero de 2004, modificado por el parágrafo IX del art. 2 del DS 2993 de 23 de noviembre de 2016, será determinada en el importe equivalente al tributo omitido actualizado en UFV’s, por tributo y/o periodo pendiente de pago al vencimiento del décimo día de notificada la Vista de Cargo, cuyo importe asciende a 20.953.- UFV’s, importe equivalente a Bs48.929, importes que forman parte de la liquidación de la presente resolución”. 

Seguidamente, en el resuelve quinto, se establece que “A efecto de la aplicación de reducción de sanciones por Omisión de pago, el sujeto pasivo podrá Gozar de los beneficios que le otorga el art. 156 de la Ley 2492 (CTB), modificado por el parágrafo IV del art. 2 de la ley 812 del 30 de junio de 2016, de la siguiente manera: a) El pago de la Deuda Tributaria efectuado después de notificada la Resolución determinativa hasta antes de la presentación del Recurso de Alzada ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, determinará la reducción de la sanción en un sesenta por ciento (60%); b) El pago de la Deuda Tributaria efectuado después de la interposición del recurso de Alzada y antes de la presentación del Recurso Jerárquico ante la Autoridad de Impugnación Tributaria, determinará la reducción de la sanción en un cuarenta por ciento (40%)” 

Por lo señalado anteriormente, se evidencia que en la liquidación expuesta en el resuelve Primero de la Resolución Determinativa impugnada, se exponen claramente los componentes de la Deuda Tributaria expresada en Bolivianos y en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV’s); donde el importe del Tributo Omitido en UFV’s fue calculado considerando el importe observado por la depuración de crédito fiscal, expresado en UFV’s al día de vencimiento de la obligación tributaria y también se calcularon los intereses en UFV’s considerando las tasas del 4% y 6% conforme lo prevé el art. 47 de la Ley 2492 (CTB) modificado por la Ley 812, y considerando que el presente proceso emerge de una Orden de Verificación N° 17990206276 iniciada por la Administración Tributaria en virtud de sus amplias facultades, en la que se 29 de 59 

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determinó la existencia de Omisión de Pago por la apropiación indebida de crédito fiscal, por lo que en aplicación del art. 165 corresponde la sanción por Omisión de Pago, la cuál es el 100% del monto calculado para la deuda tributaria, importe que esta expresado en UFV’s en una columna aparte, lo que evidencia que para para el cálculo de la Omisión de pago solo se consideró el “tributo omitido” expresado en UFV’s sin accesorios, tal como lo señala el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), modificado por el art. 2. I de la Ley 812 y los arts. 8 y 9 del DS 27310, modificado por el art. 2 parágrafo I y II del DS 2993, no como malinterpreta el sujeto pasivo que se consideraron intereses. 

Asimismo, se evidenció que la Administración Tributaria expuso en el resuelve quinto de la Resolución Determinativa el régimen de beneficios y reducción de sanciones establecidos en el art. 156 de la Ley 2492 (CTB), aludidos por la recurrente. En cuanto al art. 157 de la Ley 2492 (CTB), el mismo corresponde al arrepentimiento eficaz, que en el presente caso, ya no resulta aplicable, considerando que en el presente proceso de determinación, fue notificada la Resolución Determinativa y la misma ha sido objeto de impugnación y el arrepentimiento eficaz, está condicionado al pago de la obligación tributaria dentro de los 10 días de notificada la Vista de Cargo, por lo que, no corresponde otorgar la razón a la recurrente con respecto a lo señalado este punto. 

Consecuentemente, se concluye que la Administración Tributaria efectuó sus actuaciones en el marco de la Ley, dando a conocer a la recurrente del proceso seguido en su contra, en el cual participó activamente desde el inicio del proceso de verificación hasta las notificaciones de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa; evidenciando que cada uno de los actos notificados consignaban la firma y sello de la Gerencia Distrital GRACO Santa Cruz del SIN; evidenciando también, respuesta del memorial presentado el 20 de febrero de 2020; y exponiendo detalladamente la composición de la deuda tributaria; por consiguiente, no se evidenció la vulneración el debido proceso aludida por la recurrente; por tanto, al no haberse evidenciado la vulneración del debido proceso, principio consagrados en los arts. 115 parágrafos II de la CPE y 68 nums. 6, 7 y 10 de la Ley 2492 (CTB), corresponde desestimar los argumentos de forma planteados en el memorial de recurso de alzada y proseguir con el análisis de los argumentos de fondos planteados. 

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AIT, 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

IV.2. Prescripción 

La recurrente indicó que debe aplicarse el art. 60 (Computo) de la Ley 2492 (CTB) modificado por la Ley 291 del 22 de septiembre de 2012, debido al Carácter ULTRAACTIVO de la norma derogada, la cual tuvo vigencia hasta el 12 de abril de 2012. En este caso solicitó la prescripción como forma de extinción de la obligación tributaria según el art. 59 de la Ley 2492 (CTB). Considerando estos fundamentos como fuente del derecho y en aplicación inexcusable del Principio de Ultraactividad de la norma, en la materia que nos ocupa, el hecho generador corresponde a la gestión 2015, lo que significa que ya están prescritas lasfacultades, incluso extinta la deuda tributaria, mucho más cualquier tipo de sanción que se pretenda e incluso la primera modificación al artículo 59 de la Ley 2492 (CTB) o tácitamente extinta cualquier tipo de deuda tributaria, incluida la facultad de ejecución, considerando que han transcurrido más de cuatro (4) años que es lo que indicaba el código tributario antes de las posteriores modificación y dos (2) años para aplicar sanciones. Mencionando el art. 5 del DS 27310 (RCTB) que señala que el sujeto pasivo, podrá solicitar tanto en sede administrativa, como en sede judicial, la institución de la prescripción válida y vigente tanto en materia tributaria como civil, mismo que al ser rechazado viola y vulnera sus derechos y el Debido Proceso en apego al marco de actuación de la Administración Publica respecto a su imparcialidad, equilibrio y actuación en apego a la Ley, son principios de la Ley 2341 (LPA). Asimismo, se vulneró el principio de la aplicación de la norma más favorable establecido en el Art. 116 parágrafo I. de la CPE: “Se garantiza la presunción de inocencia. Durante el proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado. II. Cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible”. Asimismo, se vulneró el principio de tempus comissi delicti, que significa que la ley sustantiva vigente que rige es la del momento de cometerse el acto. 

En caso de la ULTRAACTIVIDAD, la que sea más favorable al administrado; En el mismo sentido el art. 11 de la Declaración de Derechos Humanos, indica que: “Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional”. En ese sentido precisó que los nuevos términos de prescripción establecidos con la promulgación de las Leyes 291 y 317 del año 2012 modificando el art. 59 parágrafo I del Código Tributario 

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Boliviano, no corresponderían ser aplicados retroactivamente a la gestión 2015, por el carácter de la ULTRACTIVIDAD DE LA NORMA. 

En contraparte, la Administración Tributaria señaló que, se observa una carencia completa de fundamentos técnicos y legales que respalden la posición del contribuyente, quien tiene la obligación de fundamentar y precisar de manera adecuada cuáles son sus pretensiones y como se encuentran respaldados, lo que para nada ocurre en el presente recurso. No obstante a ello, y considerando que la solicitud final del sujeto pasivo en este acápite es la solicitud de prescripción de la obligación tributaria (sin mayor fundamento) corresponde considerar : Los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 fueron modificados en primera instancia por la Ley 291 de 22/09/2012 y por la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012. Posteriormente la Ley 812 de 30/06/2016 y publicada en julio de 2016 en su párrafo II modifican los parágrafos I y II del art. 59 de la ley 2492 (CTB). También menciona a los arts. 60 y 62 de la Ley 2492 (CTB). Bajo esa normativa legal se tiene sin lugar a dudas que los artículos señalados a la fecha de ocurrido el HECHO GENERADOR objeto de la fiscalización (agosto de la gestión 2015) se encuentran modificados conforme se ha detallado precedentemente y bajo este contexto, se tiene claramente establecido que las acciones y/o facultades de la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria de la gestión 2015, NO SE ENCUENTRAN PRESCRITAS, toda vez que en dicho año (2015) las facultades de la Administración Tributaría prescribían en 10 años, sin embargo teniéndose que la fecha de oposición de la prescripción solicitada dentro del memorial de recurso de Alzada por parte del sujeto pasivo data del 02/03/2020, se tiene que la normativa tributaria aplicable es la vigente a dicha fecha, la cual inclusive es más favorable al sujeto pasivo, toda vez que el tiempo para que opere la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria es de 8 años, por tanto es evidente que dichas facultades aún se encuentran plenamente vigentes de conformidad a lo previsto por el art. 59 de la Ley 2492, con sus modificaciones señaladas y el art. 62 del mismo cuerpo legal. En este entendido y dentro del precitado marco normativo, se establece que para el presente caso, el cómputo de prescripción de las facultades de la Administración Tributaria se computa de la siguiente manera: Impuesto IVA; gestión y periodo fiscalizado: agosto de la gestión 2015; año que vence el plazo para el pago del impuesto: 2015; Inicio de cómputo de 

prescripción: 01/01/2016; plazo de 8 años para que opere la prescripción según modificaciones del art. 59 de la Ley 2492; suspensión 6 meses por notificación de la 32 de 59

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Orden de Verificación: 30/06/2024; fecha de notificación de la Resolución Determinativa: 10/02/2020. 

Bajo el detalle anteriormente descrito es evidente que dentro del plazo otorgado por Ley la Administración Tributaria ejerció sus facultades de determinación de la deuda tributaria, toda vez que al haberse notificado al sujeto pasivo con una orden de verificación el término para que opere el instituto jurídico de la prescripción se suspendió por un periodo de 6 meses conforme se registra en el cuadro detallado precedentemente, de acuerdo a lo establecido en el art. 62 de la Ley 2492, tal como se puede evidenciar en los antecedentes administrativos, siendo que en fecha 10/02/2020 la Administración Tributaria notificó la Resolución Determinativa al contribuyente, por lo que se demuestra fehacientemente el cumplimiento de plazos establecidos para determinar la deuda tributaria correspondiente, demostrando que las facultades de la Administración Tributaria en el presente caso NO SE ENCUENTRAN PRESCRITAS por tanto la determinación efectuada tiene toda la validez y eficacia establecida por Ley. 

Por otro lado, con relación a las Sentencias Supremas 39 y 47 señaladas por el sujeto pasivo corresponde aclarar que las mismas a la fecha no tiene ningún efecto legal, toda vez que han sido anuladas por el Tribunal Constitucional Plurinacional ordenando que el Tribunal Supremo de Justicia emita nueva resolución que se enmarquen dentro de la normativa legalmente vigente en el país y respetando todos los derechos constitucionales de las partes intervinientes en el proceso judicial, por tanto, resulta ser irrelevante e inaplicable para la resolución de la presente causa, máxime si el caso resuelto refiere a un proceso de la Administración Tributaria y de ejecución de sanciones, y no se está analizando, ni se dispone un lineamiento vinculante referente al instituto de la prescripción, al contrario establece la debida fundamentación y motivación para la emisión de los actos jurídicos. 

Así expuestos los argumentos de las partes, corresponde dilucidar la presente ¡Sffil 

controversia indicando que prescripción es: “La consolidación de una situación jurídica por efecto del transcurso del tiempo; ya sea convirtiendo un hecho en derecho, como la posesión o propiedad; ya perpetuando una renuncia, abandono, desidia, inactividad o impotencia” (CABANELLAS de Torres, Guillermo. Diccionario 

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Jurídico Elemental. 9na. Edición. Ed. Heliasta. Buenos Aires-Argentina. 2000, Pág. 316). 

Asimismo, la doctrina tributaria también señala: “La prescripción es generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquella” (MARTÍN, José María. Derecho Tributario General. 2a Edición. Buenos Aires-Argentina: Editorial “Depalma”, 1995. Pág. 189). 

Así también, el profesor César García Novoa señala que: “…la prescripción es una categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace. Como veremos, su fundamento radica en la seguridadjurídica, pues las pretensiones deben ejercitarse en un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto de derecho quede indefinidamente a merced de la actuación de otro”; añade que resulta indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, se fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarían por mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia. (Memoria de las III Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, Págs. 227 y 240). 

En dicho contexto, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en el acápite III.3 de la SCP 0012/2019-S2, se manifestó: “(…) es pertinente considerar los efectos que producen las Sentencias Constitucionales; por lo que a través de la SC 1310/2002-R de 28 de octubre, se determinó: ‘…Si bien todo fallo que emite este Tribunal en recursos de amparo constitucional y hábeas corpus, tiene efectos ínter partes (sólo afecta a las partes), los fundamentos determinantes del fallo o rationes decidendi, son vinculantes y, por tanto, de obligatoria aplicación para los Poderes del Estado, legisladores, autoridades, tribunales y jueces (en todos sus niveles jerárquicos), asilo determina el art. 44 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC)’ (…) Así, podemos advertir que la parte vinculante de una Sentencia Constitucional Plurinacional es la 34 de 59

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ratio decidendi, que en otras palabras es la parte relevante de la fundamentación de la sentencia, que tiene la capacidad de generar precedentes obligatorios, los cuales deben ser aplicables por los Jueces y Tribunales que forman parte del Órgano Judicial en la resolución de todos los casos que presenten supuestos fácticos análogos, además de todos los administradores de justicia, conforme la linea jurisprudencial que se encuentre vigente a momento de su aplicación”. 

Seguidamente, adopta los fundamentos de la SCP 1169/2016-S3, de 26 de octubre de 2016, señalando que: “(…) ‘Ahora bien, sobre qué norma debe ser aplicada para el cómputo del plazo para la prescripción, si la norma vigente al momento de que inició ese cómputo o la norma vigente al momento en que puede hacerse valer la prescripción, (. .) por regla general la norma vigente al momento del inicio del cómputo del plazo de prescripción, es la norma con la cual debe realizarse el mismo, aun si de manera posterior a dicho plazo hubiere sido cambiado, pues se entiende que la nueva norma regula para lo venidero y no para hechos pasados; en ese sentido el criterio guarda coherencia y armonía con el art. 123 de la CPE y con la interpretación que este Tribunal realizó en la citada SCP 0770/2012, la cual estableció que la irretroactividad es una garantía de seguridad del Estado a favor de los ciudadanos; reiterando que también es de aplicación el principio de favorabilidad en el ámbito tributario conforme el art. 150 del CTB, que dispone que las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien alsujeto pasivo o tercero responsable” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen)” y continúa, refiriendo: “(…) el Tribunal Constitucional Plurinacional, al pronunciarse sobre la irretroactividad de la ley y el plazo de prescripción y la forma de aplicación de dicho instituto en el tiempo, estableció los criterios vinculantes al efecto (…) debiendo por ende, considerarse que, de la interpretación sistemática, teleológica y literal del art. 123 de la CPE (…) una norma reciente no pueda afectar a plazos de prescripción que empezaron a computarse en vigencia de una norma anterior, en contravención al principio de irretroactividad, compeliendo emplear en esas situaciones la normativa legal vigente en ese momento; obrar en sentido inverso, implicaría contrariar el mandato constitucional precitado como garantía, se reitera, a favor del ciudadano, desconocer el orden público, la seguridady estabilidadjurídica” (las negrillas son añadidas). 

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En resumen, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0012/2019-S2, de 11 de marzo de 2019, establece que la Ley al constituir una garantía a favor del ciudadano y no del Estado, impide que una norma pueda afectar a plazos de prescripción que empezaron a computarse en vigencia de una norma anterior, pues ello significaría desconocer el principio de irretroactividad de la Ley y consentir una aplicación retroactiva, pues a los actos que se produjeron en un determinado tiempo, debe aplicarse la norma legal vigente en ese momento, lo contrarío significaría contrariar el mandato constitucional de la irretroactividad como garantía a favor del ciudadano, desconocer el orden público, la seguridad y estabilidad jurídica; debiendo por regla general computarse el plazo de la Prescripción a partir del momento en que objetivamente la pretensión puede ejercitarse, así por ejemplo el art. 1493 del Código Civil (CC), establece que: “La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo”, teniendo en cuenta para ello el inicio del cómputo conforme prevé el art. 60 de la Ley 2492 (CTB), en ese sentido, siendo los fundamentos determinantes del fallo o rationes decidendi, vinculantes y, por tanto, de obligatoria aplicación para los Poderes del Estado, legisladores, autoridades, tribunales y jueces, conforme lo determina el art. 44 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), corresponde a ésta autoridad, aplicar las consideraciones establecidas por el citado Tribunal en la SCP 0012/2019-S2, criterio concordante con lo determinado por la máxima autoridad administrativa a través de las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-1459/2019, 1460/2019 de 16 de diciembre de 2019 y 0422/2020 de 04 de febrero de 2020. 

Por su parte, la Ley 291, de 22 de septiembre de 2012, en su Disposición Adicional Quinta dispuso que se modifica el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), quedando redactado de la siguiente manera: “Artículo 59. (Prescripción), I. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria 3. Imponer sanciones administrativas El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. II. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales 36 de 59

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cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente al que le corresponde. III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los cinco (5) años. IV La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible”. 

De igual forma, la Disposición Sexta de la citada Ley 291 estableció que se modifican los parágrafos I y II del art. 60 de la Ley 2492 (CTB) de 2 de agosto de 2003, quedando redactados de la siguiente manera: “Articulo 60. (Cómputo). I. Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. II. En elsupuesto 3, del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término se 

computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria.” 

Por otro lado, la Ley 317, de 11 de diciembre de 2012, establece en su Disposición Adicional Décima Segunda que se modifican los parágrafos IyII del art. 60 de la Ley 2492 (CTB) modificados por la Disposición Adicional Sexta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, por el siguiente texto: “Artículo 60. (CÓMPUTO). I. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. II. En elsupuesto 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, eltérmino se computará desde elprimer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria. A su vez la Disposición Derogatoria yAbrogatoria Primera de la referida Ley 317 establece que se deroga el último párrafo del Parágrafo Idel Artículo 59 de la Ley 2492 (CTB), modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291, de 22 de septiembre de 2012.” 

Con relación a la interrupción de la prescripción, el art. 61 de la Ley 2492 (CTB), prevé la interrupción por: a) La notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa, y b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del Sujeto Pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. Prosigue señalando que, interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en 

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que se produjo la interrupción. En cuanto a la suspensión, el art. 62 de la misma Ley, señala que el curso de la prescripción se suspende con: I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por 6 meses, y II La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. 

Por otra parte, también es preciso señalar lo previsto en el art. 28 del DS 27310 (RCTB), dispone que la Deuda Tributaria puede ser determinada por la Administración Tributaria mediante los diferentes procesos de: fiscalización, verificación, control e investigación, especificando que tal diferencia se da por el alcance respecto a los impuestos, periodos y hechos; clasificando los procesos de fiscalización y verificación de la siguiente forma: a) Determinación total, que comprende la fiscalización de todos los impuestos de por lo menos una gestión fiscal, b) Determinación parcial, que comprende la fiscalización de uno o más impuestos de uno o más periodos; c) Verificación y control puntual de los elementos, hechos, transacciones económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los impuestos pagados o por pagar y d) Verificación y control del cumplimiento a los deberes formales. 

En ese contexto, de la revisión y compulsa de los antecedentes, se advierte que el 02 de octubre de 2018, la Administración Tributaria notificó mediante cédula, a la recurrente con la Orden de Verificación 17990206276, de 06 de abril de 2018, cuyo alcance contempla la verificación específica Crédito Fiscal – IVA contenido en las facturas N° 456, 465, 469, 471, 473, 475, 477, 479 y 482 declaradas por el contribuyente en el periodo agosto de la gestión 2015, proceso que concluyó el 03 de febrero de 2020, con la notificación electrónica a la recurrente con la Resolución Determinativa 172079000026, de 24 de enero de 2020, que resolvió determinar sobre base cierta las obligaciones impositivas del contribuyente BOLCO Bolivia Constructora SRL con NIT 1015053023, con NIT 1331119013, por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA) – Crédito Fiscal, correspondiente al periodo agosto de la gestión 2015, por un total de deuda tributaria Bs109.888.- equivalente a 47.058 UFV’s, importe que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, multa 38 de 59

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Impugnación Tributaria 

por omisión de pago y multa por incumpliendo a deberes formales, (fs. 144-156 de antecedentes el) 

Ahora bien, respecto a la prescripción para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones invocada por la recurrente, tratándose la presente causa de la prescripción de las facultades de determinación e imposición de sanciones, respecto al IVA-Crédito Fiscal, para el periodo fiscal de agosto de la gestión 2015, se debe considerar que el pago de dicho periodo vencía en septiembre de la gestión 2015, por lo que corresponde aplicar la Ley 2492 (CTB) con las modificaciones efectuadas por las Leyes 291 y 317; esto en concordancia con los arts. 123 de la CPE, 150 de la Ley 2492 (CTB), la SCP 0012/2019-S2, de 11 de marzo de 2019 y la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0422/2020 de 04 de febrero de 2020. 

Por consiguiente el cómputo de la prescripción conforme a lo establecido en el art. 60 de la Ley 2492 (CTB), se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo, es decir que se inició el 01 de enero de 2016; tiempo en el cual se encontraban en vigencia las modificaciones a los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB) por las leyes 291 y 317, correspondiendo su aplicación; no existiendo fundamento legal alguno, que justifique la aplicación ultractiva de la norma derogada, toda vez que éstas modificaciones se encontraban plenamente vigentes, al momento de perfeccionado el hecho generador de la obligación tributaria del periodo agosto 2015, en este contexto, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 59, parágrafo I de Ley 2492 (CTB) modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley 291, que prevé que las acciones de la Administración Tributaría prescribirán a los siete (7) años en la gestión 2015, para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, así como para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas; y en relación a lo previsto en el art. 60 parágrafos I y II de la Ley 2492 (CTB) con las modificaciones de las Leyes 291 y 317, que prevé que el término de la prescripción para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos y determinar la deuda tributaria, se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo; en tanto, que para la facultad de imposición de sanciones, el término se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la contravención; en consecuencia, el cómputo de la prescripción para el periodo agosto 2015, se inició el 01 de enero de 2016

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concluiría el 31 de diciembre de 2022; conforme lo establecido por el TCP en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0012/2019-S2 de 11 de marzo de 2019, antes citada, en el sentido, que la Ley aplicable es aquella vigente a momento del inicio del cómputo de prescripción, aún si de forma posterior dicho plazo hubiera cambiado, pues se entiende que la nueva norma regula para lo venidero y no para hechos pasados. 

Por consiguiente, es evidente que, cuando se notificó la Resolución Determinativa 172079000026 el 10 de febrero de 2020, las facultades de la entidad recurrida, para determinar deudas tributarias e imponer sanciones por el periodo agosto 2015, NO se encontraban prescritas, y la notificación con dicha Resolución configuró el efecto interruptivo del cómputo, por lo que comenzará a computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

Ahora bien, con relación a la suspensión de la prescripción alegada por la Administración Tributaria en el entendido que la notificación con la Orden de Verificación 17990206276 en fecha 02 de octubre de 2019, hubiera producido una suspensión por seis meses de acuerdo a lo establecido en el art. 62 de la Ley 2492 (CTB), corresponde tomar en cuenta para el efecto, lo previsto en el art. 29 del DS 27310 (RCTB) (Determinación de la deuda por parte de la Administración), que dispone que la deuda tributaria puede ser determinada por la Administración Tributaria mediante los diferentes procesos de: fiscalización, verificación, control e investigación, especificando que tal diferencia se da por el alcance respecto a los impuestos, periodos y hechos; clasificando los procesos de fiscalización y verificación de la siguiente forma: a) Determinación total, que comprende la fiscalización de todos los impuestos de por lo menos una gestión fiscal, b) Determinación parcial, que comprende la fiscalización de uno o más impuestos de uno o más periodos, c) Verificación y control puntual de los elementos, hechos, transacciones económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los impuestos pagados o por pagar y d) Verificación y control de cumplimiento a los deberes formales. 

En ese entendido, cabe reiterar que la Ley prevé diferentes procedimientos que la Administración Tributaria debe realizar en virtud al alcance de la verificación o 40 de 59

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fiscalización a efectuarse, vale decir, que la causal de suspensión del término de prescripción es íntegramente referida a la notificación con la Orden de Fiscalización, puesto que se pudo deducir, de la normativa tributaria analizada precedentemente que el legislador en atención al alcance integral y la complejidad de los procesos de fiscalización establece un lapso de 6 meses de suspensión en el cómputo de la prescripción, una vez notificado el contribuyente con el inicio del proceso de fiscalización para que efectué el mismo, no siendo aplicable a los procesos de verificación por ser puntuales y específicos. 

En tal sentido, siendo que el presente proceso trata de un procedimiento de verificación puntual regulado por los arts. 29, inc. c) y 32 del DS 27310 (RCTB), toda vez que la Resolución Determinativa impugnada emerge de un proceso de verificación que inicia con la notificación de una Orden de Verificación, acto administrativo que establece la diferencia con el proceso de fiscalización que se inicia con la notificación de una Orden de Fiscalización prevista en el art. 104, parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), se tiene que el art. 62, parágrafo I de la misma norma solo es aplicable a los procesos de fiscalización que inician con la Orden de Fiscalización, no siendo posible una interpretación extensiva de una causal de suspensión de la prescripción, toda vez que no se encuentra prevista expresamente en el citado código. 

Consecuentemente, en el presente caso, la Orden de Verificación 17990206276, de 06 de enero de 2018, correspondiente a la verificación específica del Crédito Fiscal -IVA del periodo de agosto de la gestión 2015, no se constituye en una causal de suspensión, como afirmó la Administración Tributaria en su memorial de contestación al recurso de alzada, análisis que es concordante con lo previsto en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT/RJ 2400/2018, de 19 de noviembre de 2018. 

Por todo lo expuesto, al haberse establecido que las facultades de la Administración Tributaria para determinar tributos e imponer sanciones administrativas no se encontraban prescritas al momento de la notificación de la Resolución Determinativa Resolución Determinativa 172079000026 que fue realizada a través de notificación electrónica en fecha 10 de febrero de 2020; precautelando la seguridad jurídica, NO corresponde dar la razón a la recurrente respecto a la prescripción invocada. 

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IV.3. Incorrecta depuración del Crédito fiscal-IVA 

La recurrente argumentó que cumplió con la línea doctrinal asumida por la Autoridad de Impugnación Tributaria en los recursos Jerárquicos STGRJ/0064/2005, STG RJ/0045/2008, AGIT-RJ/0970/2015 y en concordancia con el art. 8 de Ley 843, Art. 8 del DS 21530, Art. 8 del DS 24051, indican que para la apropiación del Crédito Fiscal IVA, solo se deben cumplir tres requisitos: 1.Factura Original, 2.Vinculación a la actividad, 3.Transacciones Efectivamente realizadas; y un cuarto requisito que es el medio de pago, cuando estas superen o igualen los 50.000 Bs. (Cincuenta mil 00/100 Bolivianos), y que la Administración Tributaria desconoció la Verdad Material en Oposición a los Aspectos Formales. 

Por su parte la Administración tributaria, indicó que, lo referido por el sujeto pasivo no solo está plasmado en la línea doctrinal asumida por la AIT sino que se encuentra establecido en la normativa tributaria correspondiente, en ese entendido se demuestra sin lugar a dudas que la Administración Tributaria ha cumplido a cabalidad lo que dicha normativa establece y de esta manera ha fundamentado y motivado las observaciones finales a los créditos fiscales apropiados de manera errónea por el contribuyente, prueba de ello es que el ahora recurrente no realiza ninguna puntualización expresa con relación a porque considera que sus créditos fiscales cumplirían las condiciones establecidas por ley y que son señaladas por este, no demostrando de ninguna manera con prueba expresa sus afirmaciones, limitándose a señalar únicamente que la Administración Tributaria no consideraría supuestamente la verdad material, denotando de esta manera que el sujeto pasivo olvida las obligaciones que la Ley 2492 le asigna, en su art. 70 y art. 76. En ese sentido, se demuestra sin lugar a dudas que el sujeto pasivo no demostró ni durante la etapa de verificación y determinación y mucho menos en la etapa de impugnación la correspondencia de los créditos fiscales depurados. Seguidamente la Administración Tributaria realizo la descripción de la depuración del crédito fiscal detallada en la Resolución Determinativa ahora impugnada. 

Para dilucidar los aspectos de fondo planteados por la recurrente, cabe recordar que conforme lo expuesto en las XI Jornadas de Derechos Tributario “(…) la vinculación debe ser entendida como la relación o conexión existente entre las adquisiciones que generan el impuesto soportado y las operaciones que permiten la traslación de este 42 de 59

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impuesto al consumidor; es decir, la necesidad de la compra para la generación del valor agregado. Sin embargo, esta situación no implica un efecto de causalidad entre ventas y compras o débito y crédito, sino lo que se busca es que la adquisición sea destinada a las actividades económicas propias del consumidor como unidad productiva (Bravo, 2018, p.125) (…) En elpresente análisis, en la conceptualización de la vinculación para efectos delIVA, se considera principalmente la relación entre la necesidad de la adquisición y la generación de valor agregado, por lo que, además del entendimiento de la condición de costo y/o gasto de la compra, se tiene que la aplicación de un criterio razonable permitiría inferir esta necesidad o conexión, constituyéndose en un elemento que debe ser tomado en cuenta (…) según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, la palabra “razonabilidad” proviene del latín rationabilitas que refiere a la cualidad de razonable, justo o conforme a la razón. En consecuencia, debe entenderse que la razón esla capacidad de las personas de discurrir, reflexionar y/o analizar para llegar a una conclusión (…)” (Revista -Análisis Tributario 11, agosto 2018, XI Jornadas de Derechos Tributario) (resaltado propio). 

Del mismo modo, recordar que la doctrina en referencia a los medios probatorios de pago y sobre la efectiva realización de las transacciones establece que: “Las disposiciones vigentes y los principios generales del derecho tributario nos permiten concluir que la deducción de un gasto en elImpuesto a las Ganancias y/o el cómputo de un crédito fiscal en el IVA está condicionado a la existencia real de una operación que en principio se encuentre respaldada por un documento debidamente emitido, correspondiendo al responsable que pretende hacer valer los mismos, la prueba de dicha existencia cuando ello esté en duda y sea requerido de manera fundada por el Fisco. Para ello no alcanza con cumplir con las formalidades que requieren las normas, requisito necesario pero no suficiente, sino que cuando ello sea necesario deberá probarse que la operación existió, pudiendo recurrirse a cualquier medio de prueba procesal (libros contables, inventario de la firma, testigos, pericias, que la operación se ha pagado y a quién, 

particularmente si se utilizan medios de pago requeridos, como cheque propio o transferencia bancaria de los que queda constancia en registros de terceros”. (Ricardo Fenochietto, El Impuesto al Valor Agregado, 2da. Edición, 2007, Pág. 630- 631). Asimismo, corresponde aclarar que los Comprobantes de Egreso, constituyen en “registros de primera entrada que incluyen y exponen información referente a la 

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contabiíización sólo y únicamente de transacciones u operaciones que generen salida real de fondos de la empresa (…)”. (Gonzalo J. Terán Gandanllas, Temas de Contabilidad Básica e Intermedia. 1998, págs. 50 y 77). (resaltado propio). 

Por su parte, la Autoridad General de Impugnación Tributaria mediante las Resoluciones de Recurso Jerárquico STG/RJ/0064/2005, STG/RJ/00123/2006, AGIT-RJ 0341/2019, AGIT-RJ 0007/2011, AGIT-RJ 0198/2013 y AGIT-RJ 2030/2018 estableció que para que un contribuyente se beneficie con el crédito fiscal producto de las transacciones que declara, éstas deben cumplirtres requisitos esenciales: 1) La transacción debe estar respaldada con la factura original; 2) Que se encuentre vinculada con la actividad gravada y 3) Que la transacción se haya realizado efectivamente; es decir, que de conformidad a lo dispuesto en el segundo párrafo del art. 8 inc. a) de la Ley 843, sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal las compras, adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las operaciones gravadas, además, de cumplir a cabalidad con los requisitos legalmente exigibles deben exponer ante la Administración Tributaria todo el sustento contable respecto a los créditos de manera clara y ordenada; lo que le lleva al sujeto pasivo a precisar qué gastos se hallan vinculados a su actividad, (resaltado propio). 

En este mismo sentido, el art. 2 de la Ley 843, establece tres condiciones para la materialización del hecho imponible del IVA, que son: 1) la onerosidad, 2) la trasmisión de dominio de bien o la prestación del servicio y 3) los sujetos intervinientes; a partir de ello, se establece que la transmisión de dominio, debe respaldarse mediante factura o nota fiscal original, documentación contable como Libros Diarios, mayor, comprobantes de egreso y otros que permitan demostrar la efectiva realización de la transacción. De esta manera en aplicación de la verdad material de acuerdo a lo establecido en el inc. d) del art. 4 de la Ley 2341, se debe tomar la realidad de los hechos y demostrarse las formas adoptadas por el sujeto pasivo con el fin de demostrar la onerosidad de las transacciones a través de los medios fehacientes de pago (cheques, depósitos bancarios, tarjetas de crédito u otros medios de pago), así como la documentación contable y financiera que demuestre el pago efectuado. Así también, el párrafo segundo del inc. a) del art. 8 de la Ley 843, señala que sólo dan lugar al cómputo del crédito fiscal las compras, 44 de 59

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adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las operaciones gravadas. 

Asimismo, el art. 70 núms. 4), 5) y 6) de la Ley 2492 (CTB), establece entre las obligaciones del sujeto pasivo, respaldar las actividades y operaciones gravadas mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas respectivas; demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le correspondan (…); yfacilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración tributaria, observando las obligaciones que les impongan las leyes , decretos reglamentarios ydemás disposiciones. 

Por su parte, el art. 36 del Decreto 14379 (Código de Comercio), indica que “todo comerciante está en la obligación de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia y organización de la empresa, sobre una base uniforme que permita demostrar la situación de sus negocios y una justificación clara de todos y cada uno de los actos y operaciones sujetos a contabiíización, debiendo además conservar en buen estado los libros, documentos y correspondencia que los respalden”; consiguientemente en los arts. 37, 40 y 44 de la misma normativa, mencionan que se deben llevar obligatoriamente, los siguientes libros: “Diario, 

Mayor y de Inventario y Balances, salvo que por ley se exijan específicamente otros libros. Podrá llevar además aquellos libros y registros que estime convenientes para lograr mayor orden y claridad, obtener información y ejercer control. Estos libros tendrán la calidad de auxiliares y no estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 40, aunque podrán legalizarse los considerados necesarios para servir de medio de prueba como los libros obligatorios.” ;(…) presentarán los libros que obligatoriamente deben llevar, encuadernados y foliados, a un Notario de Fe Pública para que, antes de su utilización, incluya, en el primer folio de cada uno, acta sobre la aplicación que se le dará, con indicación delnombre de aquél a quien pertenezca y el número de folios que contenga, fechada y firmada por el Notario interviniente, estampando, además, en todas las hojas, el sello de la notarla que lo autorice y cumpliendo los requisitos fiscales establecidos (…); “en el libro Diario se registrarán día por día y en orden progresivo las operaciones 

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realizadas por la empresa, de tal modo que cada partida exprese claramente la cuenta o cuentas deudoras y acreedoras, con una glosa clara y precisa de tales operaciones y sus importes, con indicación de las personas que intervengan y los documentos que las respalden (. .). 

En este contexto y en concordancia con lo expuesto, el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), establece que: “En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria”. 

En este sentido, toda compra reflejada en la factura o nota fiscal, debe contar con respaldo suficiente para demostrar que las transacciones fueron efectivamente realizadas, toda vez que las facturas o notas fiscales no tienen validez por sí mismas para el cómputo del crédito fiscal, sino cuando cumplen de manera estricta con los requisitos de validez y autenticidad dispuestos por las leyes y los reglamentos específicos, de manera tal que no exista duda de la efectiva consumación de las operaciones que originaron la emisión de la factura; lo cual implica corroborar que el proveedor de la prestación de un servicio o la venta de un producto sea efectivamente el consignado en la factura y consiguientemente el que recibió el pago por la transacción, debiendo constar en un registro contable todo este movimiento, acorde con lo establecido en el art. 36 del Código de Comercio. 

Asimismo, la RND 10-0016-07 de 18 de mayo de 2007, que refiere al Nuevo Sistema de Facturación (NSF); establece en su art. 3 las siguientes definiciones: “(…) a) Activación: Es el procedimiento a través del cual la Administración Tributaria autoriza la emisión de las Facturas o Notas Fiscales que fueron previamente dosificadas, o) Emisión: Es el acto a través del cual el Sujeto Pasivo o tercero responsable extiende la Factura, Nota Fiscal o documento equivalente al comprador, cumpliendo con las formalidades establecidas por la Administración Tributaria, al haberse perfeccionado el hecho generador del IVA conforme lo dispuesto en el Artículo 4 de la Ley 843 (Texto Ordenado Vigente) concordante con el Artículo 4 del Decreto Supremo 21530 (Reglamento del IVA), q) Factura o Nota Fiscal: Es el documento autorizado por la Administración Tributaria, cuya 46 de 59

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

emisión acredita la realización de la venta de bienes, contratos de obras o la prestación de servicios u otras prestaciones gravadas por el IVA. Este concepto incluye a los Recibos de Alquiler y los documentos de ajuste autorizados por el SIN (…) Por otra parte, el art. 41. Validez de las Facturas o Notas Fiscales, I. Las Facturas, Notas Fiscales o documentos equivalentes generarán Crédito Fiscal para los Sujetos Pasivos del IVA, RC-IVA (modalidad dependiente y contribuyente directo), IUE (profesiones liberales u oficios) y STI, en los términos dispuestos en la Ley 843 (TO) y Decretos Supremos reglamentarios, siempre que contengan o cumplan los siguientes requisitos: : 1) Sea original del documento; 2) Haber sido debidamente dosificada por la Administración Tributaria, consignando el Número de Identificación Tributaria del sujeto pasivo emisor, el número de factura y el número de autorización; 3) Consignar la fecha de emisión; 4) Acreditar la correspondencia del Titular, consignando el Número de Identificación Tributaria del comprador o el Número del Documento de Identificación de este, cuando no se encuentre inscrito en el Padrón Nacional de Contribuyentes; 5) Consignar el monto facturado (numeral y literal), excepto cuando sean emitidas a través de la modalidad de máquinas registradoras; 6) Consignar el Código de Control; 7) Consignar la fecha límite de la emisión y 8) No presentar enmiendas, tachaduras borrones e interlineaciones. 

De lo expuesto, cabe señalar que en términos tributarios la eficacia probatoria de la factura dependerá del cumplimiento de los requisitos de validez y autenticidad que normativamente se disponga en las Leyes y Resoluciones Administrativas referidas al efecto. En nuestro sistema impositivo boliviano, la factura es un documento que prueba un hecho generador relacionado directamente con un débito o crédito fiscal, cuya plena validez, tendrá que ser corroborada por los órganos de control del Servicio de Impuestos Nacionales u otro ente público, además de otras pruebas tácticas que permitan evidenciar la efectiva realización de una transacción. 

Ahora bien, con la finalidad de dilucidar lo planteado por la recurrente, ésta Autoridad de Impugnación Tributaria procederá a revisar los antecedentes a efecto de otorgar o no la razón a la recurrente, en ese sentido, se observa que el 02 de octubre de 2018, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a la recurrente, con la Orden de Verificación 17990206276, de 06 de abril de 2018, cuyo alcance contempla la verificación específica Crédito Fiscal IVA contenido en las facturas declaradas por el 

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contribuyente, detalladas en el anexo “Detalle de Diferencias” Form. 7531 adjunto a la orden, del periodo agosto de la gestión 2015; mediante la cual solicitó la presentación de documentación consistente en: a) Declaraciones Juradas de los periodos observados (Form. 200 o 210), b) Libro de Compras de los periodos observados, c) Facturas de compras originales detalladas en el presente Anexo, d) Documento que respalde el pago realizado, e) Otra documentación que el fiscalizador solicite durante el proceso a efectos de verificar las transacciones que respaldan las facturas detalladas en el Anexo; asimismo en la misma fecha, notificó el Requerimiento F 4003 N° 148744 de fecha 17 de abril de 2018, solicitando la siguiente documentación adicional: DDJJ del Impuesto al Valor Agregado IVA F-200, Libro de compras-IVA, extractos bancarios, comprobantes de egreso con respaldo, Estados Financieros, Libros de contabilidad (Diario, Mayor – medio magnético si corresponde), otra documentación que el fiscalizador solicite en el transcurso del Proceso de Verificación. Otorgando para el efecto el plazo hasta el 16 de octubre de 2018 para la presentación de la documentación solicitada (fs. 9,10, 15 y 24 de antecedentes). Seguidamente, el 16 de octubre de 2018, la Administración Tributaria mediante Acta de Recepción Documentos recepcionó la siguiente documentación: Facturas 469, 471, 473, 475, 479, 477, 465, 482 y 456, recibos, formularios – 200, Libros de Compras, del periodo agosto de la gestión 2015 (fs. 25 de antecedentes c. I). 

Posteriormente, al no presentar la recurrente la totalidad de la documentación solicitada, el 08 de octubre de 2019, la Administración Tributaria emitió Acta por Contravenciones Tributarias vinculadas al procedimiento de determinación N° 00171331, por haber incurrido en el incumplimiento de entrega parcial de información y documentación requerida por la administración tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, verificación, control e investigación en los plazos, formas y lugares establecidos, contraviniendo los numerales 6 y 8 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB). Sancionando con 1.000.- UFV’s según lo establecido en el subnumeral 4.2 del numeral 4 del Anexo 1 de la RND 10.0033.16 del 25 de noviembre de 2016 (fs. 26 de antecedentes c. I). 

Continuando con la compulsa, el 09 de octubre de 2019, la Administración Tributaria emitió el Informe de Actuación CITE: SIN/GGSCZ/DF/SVE/INF/709/2019, el cual concluyó, que como resultado de la revisión impositiva realizada al contribuyente, una vez verificada la información cursante en las Bases de Datos Corporativos BDC de la 48 de 59

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Administración tributaria yvalorada la documentación e información presentada por el contribuyente, se estableció crédito fiscal no valido utilizado como pago a cuenta del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en el periodo observado. En este sentido, la conducta del contribuyente ha sido preliminarmente calificada como omisión de pago. Estableciendo el importe a favor del fisco de Bs108.207.- equivalentes a 46.678 UFV’s por concepto de deuda tributaria, intereses, MIDF y sanción por omisión de pago que deberá ser actualizado a la fecha de pago y calculado con los beneficios que le otorga el art. 157 de la Ley 2492 (CTB) modificado por el art. 2 parágrafo Vde la Ley 812 de 30 de junio de 2016 respecto al arrepentimiento eficaz o en su caso, los beneficios según el art. 156 de la Ley 2492 (CTB) modificada por el art. 2 parágrafo IV de la Ley 812 del 30 de junio de 2016 en lo que se refiere a reducción de sanción. Recomendando la emisión de la correspondiente Vista de Cargo de conformidad al art. 96.I y 104.IV de la Ley 2492 (CTB). (fs. 83-98 de antecedentes c. I). 

De la misma compulsa, se tiene que, el 25 de noviembre de 2019, Administración Tributaria notificó de manera electrónica a la recurrente con la Vista de Cargo 291979000537, de 09 de octubre de 2019, a través de la cual determinó reparos a favor del fisco por el incumplimiento en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) crédito fiscal, correspondiente al periodo agosto de la gestión 2015, calculando un adeudo tributario a favor del fisco sobre base cierta de Bs108.207.-, equivalentes a 46.678.- UFV’s; importe que incluye tributo omitido actualizado, intereses, MIDF y sanción por omisión de pago en virtud a los arts. 47, 165 y 169 de la Ley 2492 (CTB); asimismo, conforme establece el art. 68 de la Ley 2492 (CTB), otorgó el plazo de 30 días improrrogables para la presentación de descargos (fs. 99-115 de antecedentes c. I). Vencidos los 30 días y al no presentar descargos a la Vista de Cargo, el 19 de diciembre de 2019, la Administración Tributaria emitió el Informe de Conclusiones CITE:SIN/GGSCZ/DJCC/UTJ/INF/42/2020, el cual concluyó que la recurrente en el transcurso de la verificación así como en la etapa de la presentación de descargos no presentó documentación que desvirtué las observaciones referidas precedentemente, por lo tanto se ratifica el tributo omitido por concepto del Impuesto al Valor Agregado IVA, determinado de Bs43.498 en aplicación de lo establecido en los arts. 2, 8 y 13 de la Ley 843, arts. 2 y 8 del DS 21530, concordante con lo establecido en los numerales 4 y 5 del art. 70 y art. 76 de la Ley 2492 (CTB), art. 36 y subsiguientes del Decreto Ley 14379 y art. 41 RND 10.0016.07 (fs. 133-143 de antecedentes e I) 

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Continuando con la compulsa, se evidenció que el 10 de febrero de 2020, la Administración Tributaria notificó de manera electrónica a la recurrente con la Resolución Determinativa 172079000026, de 24 de enero de 2020, que resolvió determinar sobre base cierta las obligaciones impositivas del contribuyente BOLCO Bolivia Constructora SRL con NIT 1015053023, con NIT 1331119013, por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA) Crédito Fiscal, correspondiente al periodo agosto de la gestión 2015, por un total de deuda tributaria Bs109.888 – equivalente a 47.058 UFV’s, importe que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, multa por omisión de pago y multa por incumpliendo a deberes formales, (fs. 144-156 de antecedentes el). 

De la revisión de la Resolución Determinativa N° 172079000026 (fs. 144-156 c. I antecedentes), con respecto a la depuración del crédito fiscal, se tiene que a partir del título “Observaciones que dan origen a la Vista de Cargo- Crédito Fiscal’, se señala que las observaciones surgen en base a la información proporcionada por la Gerencia Nacional de Fiscalización y/u otras Gerencias dependientes del Servicio de Impuestos Nacionales, dentro del Operativo 1720, estableciéndose observaciones como resultado de confrontar la información de los Libros de Compras IVA del contribuyente y la información presentada por los proveedores a través del Software Da Vinci (en aplicación del art. 7 del DS 27310 del 09 de enero de 2004, la información presentada por los proveedores tiene valides probatoria), identificándose facturas no autorizadas por la Administración Tributaria sobre las cuales el contribuyente no demostró a la totalidad de las observaciones que sus facturas son válidas para crédito fiscal en el periodo objeto de verificación, identificadas en el detalle de la vista de cargo con los códigos: Código 2. No vinculada a la actividad gravada, Código 3. Transacción sin el suficiente respaldo contable y/o sin medio de pago, Código 3.a. No demuestra la efectiva realización de la transacción proveedores sin actividad económica comercial, domicilio desconocido y/o publicado en prensa y Código 4. Facturas no autorizadas por la Administración Tributaria, observaciones sustentadas con los arts. 2, 4 y 8 de la Ley 843, art. 8 del DS 21530, numeral 2) parágrafo I del art. 41 de la RND 10.0016.07, numerales 4 y 5 del art. 70, art. 76 de la Ley 2492 (CTB), art. 7 del DS 27310 y art. 36 y subsiguientes del Código de Comercio Decreto Ley 14349. 

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Seguidamente, se expone el cuadro denominado “Análisis de facturas observadas”, en el cual se detalla cada una de las facturas observadas en cuanto a: de factura, NIT del proveedor, razón social del proveedor, importe total, concepto de la compra, observación inicial de la GF, verificación realizada a la documentación presentada y la información existente en los sistemas de la Administración Tributaria, Resultado de la Verificación, Resultado posterior a la Vista de Cargo, indicando en cada una de las facturas observadas los códigos de depuración: 2, 3, 3a y 4 y en la columna de observaciones según Vista de Cargo” señala que: “Revisada y evaluada la documentación presentada por el contribuyente, esta no demuestra el ingreso, uso y destino de la compra con la actividad gravada, así mismo no demuestra la materialización de la transacción, por otra parte las facturas presentadas consignan datos que difieren de los autorizados por la Administración Tributaria”; seguidamente en la columna “Resultado Posterior a la Vista de Cargo Observaciones” señala que “En la etapa de presentación de descargos a la Vista de Cargo, el contribuyente no presentó ningún documento contable-financiero, por lo que, no existe los respaldos probatorios que demuestren la vinculación de dicha compra con la actividad sujeta a gravamen ni la efectiva realización de la transacción, así también, las facturas presentadas en la etapa de fiscalización consignan datos que difieren de los autorizados por la Administración Tributaria, en este sentido se mantienen firmes y subsistentes las observaciones realizada en la Vista de Cargo”. Posteriormente en el título “Fundamentos Técnicos Jurídicos”, se detallan los fundamentos legales que respaldan la descripción de cada uno de los códigos de la depuración: (..). “Código 2. No vinculada a la actividad gravada. De acuerdo a consulta del Padrón de Contribuyente, durante el periodo sujeto a verificación se registra como actividad única y principal del contribuyente: Construcción (construcción de edificios completos o departe de edificios; obras de ingeniería civil), 

en este sentido, al no presentar el contribuyente la documentación de respaldo a sus transacciones, no es posible establecerla naturaleza del gasto a efecto de verificar la relación de la compra con su actividad gravada. Al respecto, el contribuyente debe demostrar que estas compras están destinadas para la prestación de su actividad gravada (mediante registros contables, ordenes de pedido, ingreso a almacenes, kardex de inventario, contratos de servicios y otra documentación) o en su caso demostrar objetiva y razonablemente que fueron gastos efectuados producto de requerimientos propios y necesarios para el desarrollo normal de sus operaciones gravadas”. Señalando el art. 8 inciso a) de la Ley 843 y art. 8 del DS 21530. Con 

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respecto al Código 3. Transacción sin el suficiente respaldo contable y/o sin medio de pago, señalo que (…). “de la documentación requerida por la Administración Tributaria, el contribuyente en la etapa de fiscalización presentó como respaldo la totalidad de las facturas originales adjunto unos recibos a cada una de ellas, documentación que se considera insuficiente para la apropiación del crédito fiscal, razón por la cual no se pudo comprobar fehacientemente que estas compras se hayan efectivizado, que se hayan recibido los productos y/o servicios de su proveedor y pagado por ellos y que esto haya sido registrado contablemente y reforzado con la documentación pertinente. En este sentido, corresponde señalar que la apropiación del crédito fiscal depende del cumplimiento de requisitos sustanciales y formales que permitan establecer la existencia del hecho imponible y considerarlos válidos para fines fiscales. Para ello es preciso señalar que el ciclo contable es todo un proceso de registro de información que culmina con la emisión de los Estados Financieros que proporciona información general y clasificada, misma que puede ser comprobada a partir del desglose que exponen los Libros Diarios v Mayores elaborados a su vez en base a Comprobantes Contables (Diarios, Egresos e Ingresos) debidamente respaldados con registros especiales y auxiliares y documentación pertinente que demuestren la transferencia del bien y/o la efectiva prestación del servicio y sustenten de forma definitiva el efectivo pago al proveedor; en consecuencia, el contribuyente, a fin de demostrar la veracidad de los hechos, debe valerse de toda esta información y documentación que además está obligado a llevar, para ser presentada como respaldo de sus transacciones declaradas. Señalando al respecto el art. 62 del Código de Comercio Decreto Ley 14379; numerales 4 y 5 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB) y a su vez los arts. 36 y subsiguientes del Código de Comercio Decreto Ley 14379 establecen y señalan las 

obligaciones de los contribuyentes respecto a la documentación con la que deben contar y la información que debe contener dicha documentación. Asimismo, señaló el art. 2 de la Ley 843 que refiere que, para efectos del IVA, la vena se encuentra condicionada a la ocurrencia de los requisitos de onerosidad y transmisión de dominio; art. 76 de la Ley 2492 (CTB) que dispone que quien pretenda hacer valer su derechos, deberá probar constitutivos de los mismos. Seguidamente señaló que (..) “la factura por sola no es prueba suficiente que demuestre el nacimiento del hecho generador, esta debe obligatoriamente estar registrada y respaldad en los libro contables y auxiliares y así mismo, para la comprobación de la realización efectiva de la transacción, deberá estar materialmente documentada con los pagos al proveedor 52 de 59

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Impugnación Tributaria 

a través de la documentación pertinente, en estricta aplicación de lo establecido en los arts.4 y8de la Ley 843 ylos arts. 4y8del DS 21530, existen tres requisitos que deben ser cumplidos para que un contribuyente pueda beneficiarse con el crédito fiscal producto de las transacciones que declara: 1) De estar respaldado con la factura original, 2) Que se encuentre vinculado a la actividad gravada y 3) Que la transacción se haya realizado efectivamente.” Por lo que, en virtud del art. 76 de la Ley 2492 (CTB) dispone que: “En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos…” en el presente caso, siendo que el contribuyente pretendió hacer valer su derecho al cómputo del crédito fiscal, es quien debió aportar las pruebas suficientes que demuestren que la transacción efectivamente se realizó, situación que no fue demostrada, por lo que el cómputo del crédito fiscal IVA no le corresponde, consecuentemente, dichas transacciones, no cumplen con el tercer requisito. Por tanto, de acuerdo a la normativa vigente se establece que las facturas que no cumplan con los requisitos sustanciales y formales previstos en la misma, No son válidas para el cómputo del crédito fiscal”. 

Código 3.a. No demuestra la efectiva realización de la transacción – proveedores sin actividad económica comercial, domicilio desconocido y/o publicado en prensa. Como resultado de la revisión de lasfacturas observadas, se identifican que las mismas fueron consideradas para el cómputo del crédito fiscal por el contribuyente, mismas que se encuentran registradas en el libro de compras IVA, reportadas a la Administración Tributaria por el aplicativo DA-VINCI y a la vez cursan en el Sistema de Recaudo para la Administración Tributaria SIRAT-II y declaradas en el Form. 200 IVA (Impuesto al Valor Agregado) correspondiente alperiodo agosto de la gestión 2015 respecto a la Orden de Verificación 17990206276, mismas que no cuentan con documentación de respaldo que permitan demostrar si las mismas fueron efectivamente realizadas. Además, corresponde puntualizar que las facturas observadas bajo el presente código, surgen como consecuencia de haber detectado la existencia de contribuyentes que emitieron facturas sin la ocurrencia del hecho generador, al respecto, el art. 2 de la Ley 843 señala que a los fines del IVA, se considera venta a toda transferencia a título oneroso que importe la transmisión del dominio de cosas muebles; en este sentido, concordante con los requisitos establecidos para el beneficio del crédito fiscal, el concepto de venta demuestra que para su ocurrencia debe existir la onerosidad, por lo que, en las transacciones 

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comerciales, tanto el comprador como el vendedor, deben contar con la documentación suficiente que demuestren el cumplimiento de ambos requisitos, la cual está vinculada a las relaciones contractuales recíprocas. Bajo el concepto del presente código de observación, corresponde mencionar que el contribuyente BOLCO BOLIVIA CONSTRUCTORA S.R.L. ha realizado compras por importes significativos al proveedor EDGAR RIVERO VARGAS, de las facturas 456, 465, 469, 471, 473, 475, 477, 479 y 482 que sumadas ascienden a Bs334.597. El Servicio de Impuestos Nacionales, en uso de sus facultades otorgadas de acuerdo a lo establecido en el art. 100 de la Ley N 2492 (CTB), requirió información a la Secretaria Municipal de Recaudaciones y a Fundempresa. Así también, procedió a revisar en el 

Sistema Integrado de Recaudo para laAdministración Tributaria SIRAT II, el módulo “Consulta de Padrón”, evidenciando que el proveedor RIVERO VARGAS EDGAR ADÁN con NIT 3187618014, desde el momento de su inscripción a la Administración Tributaria hasta haber sido dada de baja la misma (31/10/2013 31/07/2017) tenía como única actividad principal la de Servicios – Trabajos de Albañilería. Del mismo modo, de la revisión al módulo “Ventas Reportadas por sus Proveedores”, se evidencia que los proveedores del Sr. Rivero Vargas Edgar Adán, le vendieron en la gestión 2013 un total de Bs212- (Doscientos 00/100 Bolivianos), en la gestión 2014, un total de Bs181.903,93. – (Ciento ochenta y un mil novecientos tres 93/100 Bolivianos) (se aclara que si bien se evidencia un importe superior al de la gestión 2013, fue debido a que el mismo proveedor es cliente a la vez, es decir, del total ventas reportadas por el proveedor “Rivero Vargas Edgar Adán” que a la vez es cliente, asciende a un total de Bs153.257.- Por lo que, del total ventas reportadas por todos los proveedores en la gestión 2014 que asciende a un total de Bs181.903,93.- equivale a un 87%de ventas facturadas por el mismo) y en la gestión 2015 un total de Bs1.550.- (Un mil quinientos cincuenta 00/100 Bolivianos), evidenciando tal situación se procedió también a la verificación del módulo “Compras Reportadas por sus Clientes” a través del cual se evidencia que, le compraron al proveedor RIVERO VARGAS EDGAR ADÁN con NIT 3187618014, en la gestión 2013 un total de Bs3.392.695,56.-, en la gestión 2014 un total de Bs21.866.634,71.- y en la gestión 2015 (sujeta a verificación) un total de Bs15.737.715,23.-. En este sentido, de lo descrito en el presente párrafo existe una total desproporción de las compras realizadas por el proveedor Rivero Vargas Edgar en el mercado interno con las ventas realizadas por el mismo e informadas a la Administración Tributaria a través de sus clientes, evidenciando que, en el análisis de tres gestiones (2013-2014-2015) 54 de 59

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Impugnación Tributaria 

compró un total de Bs183.665,93, (Ciento ochenta ytres mil seiscientos sesenta y cinco 93/100 Bolivianos), correspondiendo aclarar que, de los Bsl83.665,93, de ventas mencionadas, Bsl53.257, fueron compras facturadas por él mismo, es decir, el mismo Sr. Rivero Vargas Edgar Adán es proveedor y comprador a la vez, sin embargo, las ventas efectuadas ascienden aun total de Bs40.997.045,50, (Cuarenta millones novecientos noventa y siete mil cuarenta y cinco 50/100 Bolivianos). Por lo que, de lo anteriormente expuesto, corresponde puntualizar que un negocio consiste en un método de formar u obtener dinero a cambio de productos, servicios o cualquier actividad que se quiera desarrollar. Es decir, todo negocio consiste en una transacción mediante la cual dos omás partes intercambian bienes y servicios por un precio determinado o determinable ypara ello, quien quiera generar ingresos a través de la venta de productos, para ello debe producirlos o comprar los productos terminados, para su posterior venta, debiendo necesariamente comprar para poder vender, sin embargo, como bien se demostró en párrafo precedente existe total desproporción, entre eltotal de compras por parte del Sr. Rivero Vargas Edgar Adán, y las ventas realizadas, por lo que, se demuestra de manera incuestionable que el proveedor no tiene compras en el mercado interno, empero, si existe gran cantidad de ventas informadas por sus clientes, siendo así, se genera la incógnita de: ¿que vende si no compra nada?. Así también, para acotar que la cantidad de compras insignificantes realizadas por el Sr. Rivero Vargas Edgar Adán en comparación con 

las ventas informadas por sus clientes, se evidencia según los reportes extraídos que forman parte del expediente administrativo, que dichas compras realizadas por el Sr. Rivero Vargas Edgar Adán corresponden prácticamente a compras personales, citando como ejemplo, productos y/o servicios de: farmacias, combustible, supermercados, clínica, comidas, pasajes, entre otros. Por otro lado, como bien se expuso en párrafo precedente, la única actividad que tenía registrada era la de Servicios – Trabajos de Albañilería, en este sentido al no existir paralelamente la actividad de importación, corresponde indicar que tampoco procedía a importar productos para su posterior venta. En este sentido, queda plenamente demostrado que el Sr. Rivero Vargas Edgar Adán, mientras estuvo inscrito en la Administración Tributaria, no tuvo compras en el mercado interno ni importaciones de productos. Finalmente, corresponde indicar que, la totalidad de las facturas de compras sujetas a verificación corresponden a productos de ferretería, y como bien se explicó anteriormente, no existe ninguna compra por parte del Sr. Rivero Vargas Edgar Adán a alguna empresa que provea de estos productos, y que inclusive, existe la 

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observación de que la única actividad que tenía el Sr. Rivero Vargas Edgar Adán era de trabajos de albañilería, y no así de la venta de productos de ferretería, siendo así, queda plenamente demostrado, que el Sr. Rivero Vargas Edgar Adán, no cuenta con actividad económica, ya la vez no existen constancias de las ventas efectivas y la realización de las transacciones, evidenciándose la entrega de facturas sin la efectiva realización de las transacciones económicas ni la transferencia de bienes y/o servicios, por lo que el cómputo del crédito fiscal no es válido. En ese sentido, quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos, conforme lo establece los numerales 4 y 5 del art. 70 y el art. 76 de la Ley 

2492 (CTB), en el cual indica que entre sus obligaciones del contribuyente está el de respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros generales y especiales facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o instrumentos públicos, así como demostrar la procedencia y cuantía de los crédito impositivos que considere le corresponda, aunque los mismos se refieran a periodos fiscales prescritos. Quedando claramente establecido que la carga de la prueba recae en el sujeto pasivo. En el presente caso el sujeto pasivo ni en el transcurso de la verificación como tampoco en la etapa de presentación de pruebas de descargo a la Vista de Cargo N° 291979000537, no presenta los documentos contables financieros que está en la obligación de elaborar, cumpliendo con lo establecido en el Código de Comercio y las normativas tributarias anteriormente detalladas, documentación que hubiera sido importante a efectos de verificar la realización efectiva de la transacción con la consiguiente configuración del hecho generador y la transmisión de dominio del bien comprado y/o servicio adquirido, por consiguiente al no haber presentado las pruebas suficientes que demuestren fehacientemente que la compra ha existido, se determina que las facturas observadas no son válidas para el cómputo del crédito fiscal en aplicación del artículo 8° de la Ley N°843 y demás normativa antes señalada. 

Código 4. Facturas no autorizadas por la Administración Tributaria. Respecto a las facturas con observación preliminar “NO DOSIFICADAS”, producto de la revisión al sistema GAUSS de la Administración Tributaria se evidenciaron que todas las facturas no se encuentran autorizadas por la Administración Tributaria, (es decir: presentan números de autorización no habilitados, números de factura fuera del rango autorizado por la Administración Tributaria o información diferente a la que se registra en el sistema GAUSS de la Administración Tributaria). En consecuencia, esta 

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aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

situación expuesta contraviene lo establecido en el numeral 2) parágrafo Idel art. 41 de la Resolución Normativa de Directorio 10-0016-07, que señala que las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes generarán crédito fiscal en los términos dispuestos en la Ley 843 y decretos reglamentarios, siempre que contenga o cumpla entre otros, con el requisito de: “Haber sido debidamente autorizadas por la Administración Tributaria, consignando el Número de Identificación Tributaria del sujeto pasivo emisor, el número de factura y el número de autorización”, siendo requisito indispensable para la validez del crédito fiscal. Por tanto, de acuerdo a la normativa vigente se establece que las facturas que no cumplan con los requisitos sustanciales y formales previstos en la misma, No son válidas para el cómputo del crédito fiscal. 

En ese entendido, del análisis a la documentación cursante en antecedentes, se tiene que las facturas 456, 465, 469, 471, 473, 475, 477, 479 y 482 emitidas por el proveedor Edgar Rivero Vargas, observadas por la Administración Tributaria con los códigos 2, 3, 3a y 4; de la compulsa y análisis de la documentación cursante en antecedentes, se tiene que las mismas detallan las compras de: 540 piezas de cerámica de 4″; 666 unidades de cemento Fancesa; Pza. de Cerámica de 4″; 109 cañería de 3″; 20 juegos de baño Deca; 391 M2 de cerámica esmaltada de 40×40; 50 estucos, 150 malla olímpica en rollos; 40 planchas de acero de 2″x4 m2; y 106 Pletina de 1/4×3 (6x75cm) y 1 carretilla, respectivamente; asimismo, de la revisión de los antecedentes remitidos por la entidad recurrida se advierte que cursan únicamente las citadas facturas y Recibos numerados que cuentan con el logo de “BOLCO Bolivia Constructora SRL” y con firmas de quien entrega (con sello de BOLCO pero la firma no identifica el nombre de la persona, ni el cargo de quien firma) y quien recibe (Yan James D. – nombre que no coincide con el nombre del emisor de las notas fiscales sujetas de la presente revisión) (fs. 43, 60-67 antecedentes e I), es decir que el sujeto pasivo no presentó mayor documentación que respalde el uso y destino de dichas compras y prestación de servicio, de manera tal que permita evidenciar que dichos gastos son necesarios para el normal desarrollo de su actividad gravada, de conformidad a lo previsto en los arts. 8 inc. a) de la Ley 843, 8 del DS 21530 y 2 de la Ley 1963. Asimismo, no presentó registros contables, comprobantes contables (egreso y/o pagos), libros diarios y mayores que acrediten la apropiación del gasto y el pago a los proveedores, de manera tal que demuestre la efectiva realización y materialización de la transacción, conforme lo exige los arts. 17, 70 núm, 4 y 5 de la 

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9001 

Jusficia tributaria para vivir bien 

Janímit’ayir jacha kamani 

Mahatasaq kuraq kamachiq . 

Mburuvisa tendodegua mbaeti ohomita 

mbaerepi Vae uG,aur~u Pasaje 1 Este, Casa N° 14 – Zona Equipetrol Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

Ley 2492 (CTB), 2 de la Ley 843, 36, 37, 40, 44 y62 del Decreto Ley 14379, máxime, si las citadas facturas también han sido observadas por emitidas por proveedores sin actividad comercial y por no estar autorizadas por la Administración Tributaria, en tal sentido, es obligación del sujeto pasivo respaldar las transacciones de compra con la documentación contable y financiera que acredite la vinculación con su actividad gravada y la efectiva realización de la transacción con los documentos que demuestren el ciclo contable de registro de sus operaciones comerciales, por lo que no es evidente lo alegado por la recurrente cuando señala que las facturas de compras se encuentran debidamente documentadas, puesto que solo se evidencia la presentación únicamente de la factura como respaldo y recibos numerados con logo 

de “BOLCO Bolivia Constructora SRL”, con firmas de quien entrega (con sello de BOLCO pero la firma no identifica el nombre de la persona y cargo de quien firma) y quien recibe (Yan James D. – que no coincide con el nombre del emisor de las notas fiscales sujetas a la presente revisión), en consecuencia, se confirma la observación de la administración tributaria para las facturas observadas con los códigos 2, 3, 3a y 4 por el importe de Bs334.597. 

Por otra parte, mediante memorial de alegatos en conclusiones, presentado el 22 de julio de 2020, la recurrente adicionó argumentos que no se encontraban contemplados en los agravios expuestos en su memorial de interposición del Recurso de Alzada respecto a la prescripción como un derecho humano; al respecto, corresponde señalar que en virtud a lo dispuesto por el art. 211 de la Ley 3092 (CTB), que señala que las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán en su fundamentación, la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas, siendo que tales argumentaciones se constituyen en nuevas cuestiones que no fueron plasmadas en los memoriales de interposición de Recurso de Alzada, precautelando el derecho a la defensa de ambas partes y el Principio de congruencia que debe regir en la tramitación del presente recurso en la vía administrativa, ésta autoridad se encuentra impedida de emitir pronunciamiento sobre los mismos. 

Por lo expuesto, y considerando que en el presente caso, la parte recurrente no demostró de manera fehaciente los extremos planteados en su Recurso de Alzada, no siendo evidente la prescripción invocada por la recurrente; como tampoco la validez del crédito fiscal depurado, por lo que corresponde que esta instancia confirme la determinación de la deuda tributaria de los periodo fiscal agosto de la 

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Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

gestión 2015 del Crédito Fiscal IVA, desestimando los argumentos planteados por la recurrente y confirmando la Resolución Determinativa 172079000026 de 24 de enero de 2020, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales. 

POR TANTO: 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE: 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa 172079000026 24 de enero de 2020, emitida por la Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), conforme a los fundamentos técnicos jurídicos que anteceden, conforme al art. 212, inc. b) de la Ley 2492 (CTB). 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del CTB, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 (CTB)y sea con nota de atención. 

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computable a partir de su notificación. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

DKSP/ccav/cmmf/acq/mga/nvro 

J-SCZ/RA 0491/2020 AÍXX3. !-‘1íf. 

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Autciidac Regional de 

Impugnación Tributaria Sarta Cruz 59 de 59 NB/ISO 

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Justicia tributariaj/aifa v¡V¡r bien 

Jan itiit’ayir jacha Kaisaa/n 

Mana, tasaq kuraq kamachiq 

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 

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