ARIT-SCZ-RA-0504-2020 La capacidad de ejecución de la deuda prescribe cuando se aplica la Ley 1340

ARIT-SCZ-RA-0504-2020

Arü 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0504/2020 

Recurrente 

Administración recurrida 

Acto Impugnado 

Expediente N° 

Lugar y Fecha 

VISTOS

Gualberto Chávez Parada. 

Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), representada por Jorge Jesús Flores Duran. 

Resolución Administrativa 232070000173 de 02 de junio de 2020. 

ARIT-SCZ-0273/2020. 

Santa Cruz, 08 de septiembre de 2020 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0504/2020 de 08 de septiembre de 2020, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

  1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO 

La Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), emitió la Resolución Administrativa 232070000173 de 02 de junio de 2020, en la cual resolvió rechazar la solicitud de prescripción de las facultades de ejecución tributaria de la Administración Tributaria, formulada por el contribuyente Chávez Parada Ñ 

Gualberto con Cl 3908079 SC, en virtud a lo establecido por el art. 52 de la Ley 1340, de 28 

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por lo que, las acciones de la Administración Tributaria para ejecutar el pago no se encuentran prescritas, debiendo continuar con el cobro coactivo hasta la total recuperación de la deuda tributaria de conformidad al art. 304 al 307 de la Ley 1340 (CTb) 

  1. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 

11.1 Argumentos del recurrente. 

Gualberto Chávez Parada en adelante el recurrente, mediante memorial presentado el 12 de junio de 2020 (fs. 13-14 vta. del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, a objeto de interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa 232070000173 de 02 de junio de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, manifestando lo siguiente: 

11.1.1 Prescripción de la facultad de ejercer el cobro coactivo. 

El recurrente argüyó que en el caso de hechos generadores acaecidos en vigencia de la Ley N° 1340, la prescripción opera en el lapso de 5 años, si dentro de esos 5 años que tiene la Administración Tributaria para ejecutar y cobrar la deuda, esta ejerce medidas tendientes al cobro, se interrumpe la prescripción, así éstas medidas no hubiesen logrado su fin. Cuando en esos 5 años que tiene el acreedor para cobrar su deuda, no cobra la misma y además no interrumpe la prescripción, ésta ha operado en favor del deudor, por lo que indicó que debe tomarse el lineamiento jurisprudencial establecido por la Autoridad General de Impugnación Tributaria mediante la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2157/2013, considerando que en el presente caso, el año 2006, la Administración Tributaria solicitó información para proceder a la anotación preventiva de vehículos ante tránsito y hasta después de 13 años, vale decir el año 2019 volvió a tomar medidas coactivas. Por lo que queda claro que la Resolución Administrativa no se encuentra conforme a derecho, pues no interpretó ni aplicó de manera precisa y legal los preceptos jurídicos que regulan la prescripción en la legislación, por lo que queda claro que el memorial presentado demuestra la forma correcta de aplicar e interpretar los preceptos jurídicos que rigen la prescripción, en ese sentido señaló que operó la prescripción. 

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Arü 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Por lo expuesto, solicitó se revoque la Resolución Administrativa N° 232070000173 de 02 de junio de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN. 

11.2 Auto de Admisión 

Mediante Auto de 19 de junio de 2020 (fs. 15 del expediente), se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente, impugnando la Resolución Administrativa 232070000173 de 02 de julio de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN. 

11.3 Respuesta de la Administración Tributaria 

La Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN, en adelante la Administración Tributaria, mediante memorial presentado el 13 de julio de 2020 (fs. 25-30 vta., del expediente), contestó al Recurso de Alzada, negándolo en todas sus partes, en base a los argumentos que se exponen a continuación: 

11.3.1 Sobre la supuesta prescripción de la facultad de ejercer el cobro coactivo. 

La Administración Tributaria señaló que existe un vacío jurídico respecto a la manera de computar el plazo de la prescripción para la etapa de ejecución (cobranza coactiva) para la Ley 1340, cuando la obligación tributaria a quedado determinada y firme, por tanto en virtud a la analogía y subsidiariedad previstas en los arts. 6 y 7 de la Ley 1340, corresponde aplicar las previsiones del Código Civil sobre la prescripción, el cual en el art. 1492 del Código Civil sobre la prescripción, determina los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la Ley establece y el art. 1493 del mismo cuerpo legal, señala que la prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo. Por lo que el 28 de octubre de 2010, se interrumpió el curso de la prescripción con el Acta de Embargo 909, pues de conformidad al art. 1494 del Código Civil, el cómputo nuevamente se inició el 29 de octubre de 2010, concluyendo el 29 de octubre de 2015. Asimismo la prescripción operó en 5 años para casos de la Ley 1340 y que la toma de medidas coactivas interrumpe la prescripción, a su vez si dichas medidas coactivas no son tomadas dentro de los citados 5 años, llega a operar la prescripción en favor del deudor. La 3 de 28 NB/I50 

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cual el recurrente señala que, ante la falta de acción de la administración tributaria, ha operador la prescripción en su favor. 

Agregó que el recurrente fue notificado legalmente mediante edicto de prensa, al evidenciarse que el domicilio legal, señalado, declarado y consignado ante la Administración Tributaria, ya no correspondía, constituyendo las acciones asumidas por la Administración Tributaria, resoluciones administrativas pasadas en autoridad de cosa juzgada conforme las previsiones del art. 54 num. 1 de la Ley 1340. Además refirió que la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1060/2016 de 29 de agosto de 2016, apartado IV.3, página 18, estableció que: es pertinente señalar que según el art. 22 de la Ley 2492 (CTB), el sujeto pasivo debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme dispone el código y las leyes, entre las obligaciones, de acuerdo al art. 70 numerales 2 y 3 de la Ley 2492 (CTB), está la de inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria, comunicar ulteriores modificaciones en su situación tributaria, fijar domicilio y comunicar su cambio, por lo que al desconocerse el incumplimiento a este deber formal por parte del recurrente, implica que el mismo se puso en indefensión, pues no comunicó cambio alguno en su situación jurídica. 

Asimismo, sostuvo que bajo el criterio de lo establecido en el art. 52 de la Ley 1340, se entiende que en el caso de autos, a la fecha, las verificaciones, aplicaciones de multas, la determinación la obligación impositiva y exigir el pago del recurrente, son presupuestos que ya se encuentran cumplidos, constituyendo por lo tanto resoluciones administrativas pasadas en autoridad de cosa juzgada, en el presente, es evidente que, se realizaron todas las acciones necesarias a efectos de dar cumplimiento a la exigencia de pago de la deuda tributaria, que se promulgó en la gestión 2019, considerando además que la conducta del contribuyente se calificó como defraudación tributaria. Por lo que en tiempo oportuno se reclamó las obligaciones impositivas al impetrante, por cuanto se descarta la inacción por parte del acreedor, pues la Administración Tributaria en ningún momento renunció al cobro de la deuda tributaria, mas al contrario realizó gestiones que interrumpieron la prescripción liberatoria de pago. En ese sentido, es importante determinar el momento a partir del cual deben computarse los plazos legales de la prescripción, la determinación precisa de este momento viene exigida por el Principio de seguridad jurídica, la normativa legal prevista en la Ley 1340, instituyó una serie de parámetros 4 de 28

Arü 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

legales a fin de establecer el inicio del cómputo para determinar la prescripción en distintos casos, señalando nuevamente que no se ajustan en el presente caso. 

Por otra parte, indicó que procedió a la ejecución de tributos, computo que se inició desde el 9 de julio de 2004, en previsión del art. 53 y la última parte del art. 54 de la Ley 1340, periodo de tiempo de prescripción en el que la Administración Tributaria realizó una serie de actos administrativos de cobranza coactiva, de conformidad al art. 304 y siguientes de la Ley 1340, tales como: 

– Solicitar al Gerente General de Cotas el 9 de julio de 2004, la Anotación preventiva de líneas telefónicas de propiedad del recurrente, solicitud que mereció la respuesta de 19 de julio de 2004, el cual el contribuyente no registra línea telefónica a su nombre. 

Al jefe del Departamento de Vehículos del Gobierno Municipal de Santa Cruz de fecha 9 de julio de 2004, solicitando certificación sobre la propiedad de vehículos del recurrente, solicitud que mereció el Reporte para Certificación el 21 de julio de 2004, el cual no registra vehículo a su nombre. 

– A la Superintendencia de Bancos de 09 de julio de 2004, solicitaron retención de fondos del recurrente. 

Al Juez registrador de Derechos Reales de 9 de julio de 2004, solicitando certificación sobre la propiedad de bienes inmuebles, solicitud que mereció la certificación negativa de 23 de agosto de 2004, la cual refiere que no registra vehículo a su nombre. 

– Mandamiento de embargo 00192 de 09 de noviembre de 2004 (de bienes propios). 

Al Jefe del Departamento de Vehículos del Gobierno Municipal de Santa Cruz de 09 de febrero de 2006, solicitando la certificación sobre la propiedad de vehículo a nombre del recurrente, solicitud que mereció la certificación de 22 de febrero de 2006, la cual refiere que no registra vehículo a su nombre. 

– A la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) el 10 de diciembre de 2019, solicitando la retención de fondos del recurrente. 

Entre otras medidas coercitivas, materializadas en actos administrativos, con el fin de ejecutar el tributo adeudado, actos administrativos que permitieron la interrupción del término de prescripción dentro este lapso de tiempo, evidenciándose que en ningún 5 de 28 

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momento operó la inacción por parte del acreedor, pues la administración Tributaria hizo seguimiento y realizó todas las diligencias necesarias (medidas coercitivas), para ejercer su derecho al cobro. 

Por lo expuesto, solicitó se emita una Resolución confirmando la Resolución Administrativa N° 232070000173 de 2 de junio de 2020. 

11.4. Apertura de Término probatorio y producción de prueba 

Mediante Auto de 14 de julio de 2020, se dispuso la apertura del plazo probatorio de veinte (20) días comunes y perentorios a las partes, computables a partir de la última notificación, la misma que se practicó, tanto al recurrente, como a la entidad recurrida el 15 de julio de 2020 (fs. 31-32 del expediente). 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 04 de agosto de 2020, el recurrente mediante memorial de 30 de julio de 2020, ratificó y ofreció como prueba de descargo, las pruebas preconstituidas en el memorial de recurso de alzada, como ser la 1. Resolución Administrativa N° 232070000173 de 2 de junio de 2020, asimismo ofreció como prueba: 2. Memorial de solicitud de copias simples del proceso de ejecución tributaria de 12 de marzo de 2020. 3. Acta de entrega de fotocopias de 20 de marzo de 2020 (fojas 10). 4. Fotocopias simple de la Resolución Determinativa de 17 de diciembre de 2003 (proporcionado por el SIN). 5. Fotocopia simples de publicación por edicto de 26 de diciembre de 2003 por el Diario Nacional el Deber (Proporcionado por el SIN). 6. Fotocopia simples de publicación por edicto de 31 de diciembre de 2003 por el Diario Nacional el Deber (proporcionado por el SIN). 7. Fotocopia simple de Pliego de Cargo 080/2004 (Proporcionado por el SIN). 8. Fotocopia simple de publicación por edicto de 18 de junio de 2004 por el Diario Nacional El Deber (Proporcionado por el SIN). 9. Fotocopia simple de publicación por edicto de 24 de junio de 2004 por el Diario Nacional el Deber (Proporcionado por el SIN). 10. Fotocopia simple de publicación por edicto de 30 de junio de 2004 por el Diario Nacional el Deber (proporcionado por el SIN) y 11. Memorial de solicitud de prescripción de 13 de mayo de 2020, por lo que solicitó la prescripción de la facultad de ejecución tributaria (fs. 33-33 vta. del expediente). 

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Am. 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Por su parte, la Administración Tributaria, mediante memorial de 04 de agosto de 2020, ofreció y ratificó en calidad de prueba todo el expediente administrativo, mismo que contiene todos los antecedentes del cual se evidencia la legalidad de las actuaciones (fs. 36 del expediente). 

11.5 Alegatos 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafos II del CTB, que fenecía el 24 de agosto de 2020, la Administración Tributaria mediante memorial de 18 de agosto de 2020, presentó alegatos en conclusión, en el cual reiteró los argumentos expuestos en el memorial de contestación al Recurso de Alzada (fs. 39-42 vta., del expediente). 

Por su parte, el recurrente mediante memorial de 18 de agosto de 2020 (fs. 45-46 del expediente), presentó alegatos en conclusión, reiterando los argumentos expuestos en el memorial de Recurso de Alzada. 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de hechos: 

El 12 de octubre de 2002, la Administración Tributaria notificó por edicto de 

prensa a Gualberto Chávez Parada, con el Form. 7520, correspondiente al 

operativo 67, en el cual le comunicó que contrastada las compras 

informadas por Agentes de información con las ventas indicadas en sus 

declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado IVA, se detectó 

diferencias, del periodo julio de 1999, y febrero de 2000; solicitando que en 

el término perentorio de cinco (5) días presente: a) Declaraciones Juradas 

del Impuesto al Valor Agregado IVA de los periodos observados, b) Libro 

de compras y ventas IVA y c) Talonario de facturas emitidas (fs. 1, 3-13 de 

antecedentes). 

I.2 

El 23 y 28 de noviembre y 03 de diciembre de 2003, la Administración Tributaria notificó por edicto de prensa a Chávez Parada Gualberto con la Vista de Cargo 700-67/0100/2003 de 19 de noviembre de 2003, en la 7 de 28 NB/ISO 

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que comunicaron que como resultado de la fiscalización impositiva correspondiente al operativo 67 compras informadas versus ventas según declaraciones juradas y la notificación N° 1704, efectuada por edicto de prensa, se observó que las declaraciones juradas presentadas al SIN (según Registro informático de la Administración Tributaria), no se registró correctamente los impuestos conforme a Ley, por lo que surge un saldo a favor del fisco de Bs7.126.- (Siete mil doscientos veinte seis 00/100 bolivianos), que corresponde al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y al Impuesto a las Transacciones (IT), calificándose su conducta como defraudación, dentro de las previsiones de los arts. 98 y 99 de la Ley 1340 (CTb), asimismo le concedió el plazo de veinte (20) días improrrogables, computables a partir de su legal notificación (fs. 18-19 y 20-30 de antecedentes). 

111.3 El 24, 27 y 31 de diciembre de 2003, la Administración Tributaria notificó por edicto de prensa a Gualberto Chávez Parada, con la Resolución Determinativa 089/2003, de 17 de diciembre de 2003, en el cual resolvió Primero: Determinar de oficio, por conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones impositivas del contribuyente Chávez Parada Gualberto, con RUC 8816166, mismas que ascienden a un total de Bs14.796.- (Catorce mil setecientos noventa y seis 00/100 bolivianos), por los períodos fiscales de julio de 1999 y febrero de 2000, Segundo: Calificar la conducta fiscal del contribuyente, como defraudación fiscal, tipificada en el art. 98 de la Ley 1340, fijándose una multa de 100% (cien por ciento), sobre el monto del tributo omitido, cuyo importe asciende a la suma de Bs9.172.- (Nueve mil ciento setenta y dos 00/100 bolivianos), que corresponde al IVA e IT, por los periodos de julio de 1999 y febrero de 2000 (fs. 33-35 y 36-39 de antecedentes). 

111.4 El 18, 24 y 30 de junio de 2004, la Administración Tributaria notificó a Chávez Parada Gualberto, con el Pliego de Cargo 080/2004, por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del periodo julio de 1999 e Impuesto a las Transacciones (IT) del periodo febrero de 2000, por un total adeudado de Bs23.968.- (Veintitrés mil novecientos sesenta y ocho 00/100 bolivianos) (fs. 42-48 de antecedentes). 

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aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

III.5 El 09 de julio de 2004, la Administración Tributaria emitió el CITE: GDSC/DTJC/UCC/N0 02-426/2004, dirigido al Juez Registrador de 

Derechos Reales, en el cual indicó que en uso de sus facultades conferidas 

en el art. 304 y siguientes del Código Tributario – Ley 1340, solicitó 

certifique, si el contribuyente Chávez Parada Gualberto con Cl 3908079 

SC, tiene bienes registrados a su nombre en las oficinas de Derechos 

Reales (fs. 67-70 de antecedentes). 

El 12 de julio de 2004, la Administración Tributaria notificó a COTAS, el 

CITE: GDSC/DTJC/UCC/N° 02-425/2004 de 9 de julio de 2004, en el cual 

informó que dentro de los trámites de Cobranza Coactiva, que sigue la 

Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales, contra 

-entre otros- Chávez Parada Gualberto, en relación al citado Pliego de 

Cargo 080/2004, en uso de sus facultades conferidas por el art. 304 y 

siguientes de la Ley 1340, se dispuso las anotaciones preventivas sobre la 

Línea Telefónica de propiedad del contribuyente en favor del SIN (fs. 49-52 

de antecedentes). 

En la misma fecha, la Administración Tributaria notificó al Jefe 

Departamental de Vehículos del Gobierno Municipal Santa Cruz con el 

CITE: GDSC/DTJC/UCC/N0 02-424/2004, en el cual solicitó se proporcione 

certificación sobre los vehículos registrados a nombre Chávez Parada 

Gualberto con Cl 3908079 SC, información que debe contener datos de 

placas y lugar de residencia, a efecto de proceder a la Anotación preventiva 

(fs. 59-62 de antecedentes). 

III.7 

Justicia tributaria para vivir bien 

El 14 de julio de 2004, la Administración Tributaria notificó a la Superintendencia de Bancos, el CITE: GDSC/DTJC/UCC/N° 02-422/2004 de 09 de julio de 2004, en el cual indicó que en uso de facultades conferidas por el art. 304 y siguientes del Código Tributario, dispuso la Retención de fondos en las entidades financieras, del contribuyente Chávez Parada Gualberto con Cl 3908079 SC, a ese efecto solicitó que por la oficina de la Superintendencia de Bancos, se proceda a la circularización de dicha disposición (fs. 63-66 de antecedentes). 

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máiimuim 

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111.8 El 19 de julio de 2004, la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz Ltda. Cotas, mediante CITE CGCMKT-DAS-AL 562/2007, presentado ante el SIN, comunicó que Chávez Parada Gualberto con Cl 3908079 SC, no registra línea telefónica (fs. 53-58 de antecedentes). 

111.9 El 29 de julio de 2004, el Gobierno Municipal de Santa Cruz, División Vehículos, informó al SIN, que Gualberto Chávez Parada, no tiene registro a su nombre (fs. 75 de antecedentes). 

111.10 El 23 de agosto de 2004, el Registrador Departamental de Derechos Reales, presentó Certificado Negativo ante el SIN, en el que certifica que, revisados los registros computarizados de propiedad, no aparece registrado ningún derecho de propiedad a nombre de Chávez Parada Gualberto con Cl 3908079 SC. (fs. 71 de antecedentes). 

111.11 El 09 de noviembre de 2004, la Administración Tributaria emitió el Mandamiento de Embargo N° 00192, en el cual comunicó que dentro de la acción Coactiva iniciada con el Pliego de Cargo 080/2004, seguido contra Chávez Parada Gualberto, y en cuanto la Ley faculta, manda y ordena a un funcionario de la Unidad de Cobranza Coactiva y/o Autoridad competente, proceda al embargo de los bienes propios del contribuyente, con domicilio en Av. Cristo Redentor Barrio Ferbo 5to anillo Km. 4 !4 al norte UV 20 MZ 36, que adeuda al fisco el monto de Bs23.968.-, que deberá ser actualizada al momento de pago, por concepto de Resolución Determinativa 089/2003 de 17 de diciembre de 2003, según el Auto Intimatorio N° 080/2004 de 27 de abril de 2004, se previene al deudor, que deberá abstenerse de cualquier acto de disposición de los bienes objeto de esta medida, que pudiere causar disminución en la garantía del crédito, los bienes embargados, pónganse en depósito de persona solvente domiciliada en este distrito, con acta e inventario y sujetos a las obligaciones fijadas por Ley. (fs. 72 de antecedentes). 

111.12 El 17 de febrero de 2006, la Administración Tributaria notificó al Gobierno Municipal de Santa Cruz, Departamento de Vehículos, con el CITE: GDSC/DTJC/UCC/N° 0312/2006, de 09 de febrero de 2006, en el cual I0de28

aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

solicitó certifique sobre los vehículos registrados a nombre de Chávez 

Parada Gualberto con Cl 3908079 SC, información que debe contener 

datos de placas de los motorizados, a efecto de proceder a la Anotación 

Preventiva (fs. 76-77 de antecedentes). 

.13 El 22 de febrero de 2006, la División Vehículos de la Alcaldía Municipal, sostuvo que revisado el sistema RUAT informático, certifica que Chávez 

Parada Gualberto con Cl 3908079 SC, no registra vehículo (fs. 78 de 

antecedente). 

.14 El 10 de diciembre de 2019, la Administración Tributaría emitió el CITE: SIN/GDSCZ-l/DJCC/NOT/15023/2019, dirigida al Director de la Autoridad 

de Supervisión del Sistema Financiero, en el cual indicó que dentro de la 

tramitación de procesos de ejecución tributaria para el cobro de deudas 

correspondientes al contribuyente Chávez Parada Gualberto con Cl 

3908079 SC, habiendo transcurrido el plazo conferido por normativa 

vigente sin que éste haya atendido el pago, en aplicación de los dispuesto 

por el art. 110 de la Ley 2492 (CTB), la Gerencia Distrital Santa Cruz del 

SIN, instruye a las entidades de intermediación financiera a nivel nacional 

la retención de fondos en cuentas corrientes, cajas de ahorro y/o depósitos 

del contribuyente, hasta la cuantía suficiente para cubrir el importe de las 

deudas impagas (fs. 79-80 de antecedentes). 

.15 El 13 de mayo de 2020, el contribuyente Chávez Parada Gualberto con Cl 3908079 SC, presentó memorial de prescripción, en el cual manifestó que 

el 30 de junio de 2004, fue notificado ilegalmente mediante edicto de 

prensa, con el Pliego de Cargo 080/2004, el cual nace como 

consecuencia de supuestas deudas tributarias con la Administración 

Tributarias, posteriormente y al encontrarse el proceso en etapa de 

ejecución, la Administración procedió a tomar las medidas coactivas, 

descritas de la siguiente manera: 

Año 2004: 

  1. Anotación preventiva de línea telefónica. 
  2. Solicitud de retención de fondos. 
  3. Mandamiento de embargo de 9 de noviembre de 2004. 

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Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

  1. Anotación preventiva mediante oficio al registro de Derechos Reales. 5. Anotación preventiva mediante oficio al Comandante Operativo de Transito. 
  2. Arraigo mediante oficio a la oficina de migración. 

Año 2006: 

Solicitud de información de vehículos a tránsito (Solicitud de información no es considerada una medida coactiva y mucho menos interruptiva de la prescripción). 

Año 2019: 

  1. Retención de fondos. 
  2. Bloqueo de solvencia fiscal en la contraloría. 

Asimismo, sostuvo que la prescripción se produce cuando el acreedor, en este caso el Estado representado por el Servicio de Impuestos Nacionales, no ejerció durante determinado tiempo, 5 años, su derecho de cobrar la deuda tributaria del sujeto pasivo, en este caso el contribuyente, y como castigo a esa inactividad o falta de ejercicio del derecho de cobrar la deuda, se pierden facultades de hacer efectivo el cobro de la misma. Cito en respaldo la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2157/2013, que estableció los lineamientos a tomar en cuenta para la prescripción, en consecuencia se deja establecido que la prescripción para los casos de la Ley 1340 opera en 5 años, y puede interrumpirse la prescripción, siempre y cuando ejerza su facultad de cobro, cada 5 años, de lo contrario operaría la prescripción, en ese entendido, la Administración Tributaria dejó de ejercer su facultad de cobro por un lapso mayor a 5 años, toda vez que de la revisión de la carpeta se evidenció que la última medida tomada, data de2004, no ejerciendo luego de ello, ninguna otra medida tendiente a hacer efectivo el cobro, hasta el 2019, es decir, hasta 15 años después, siendo que la Administración debió interrumpir la prescripción, como consecuencia legal de la falta de acción de la Administración Tributaria, es claro que operó la prescripción en su favor (fs. 98-99 de antecedentes). 

111.16 El 04 de junio de 2020, la Administración Tributaria notificó personalmente a Chávez Parada Gualberto con Cl 3908079 SC, con la Resolución Administrativa N° 232070000173 de 02 de junio de 2020, en la cual 12 de 28

Arü, 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

resolvió rechazar la solicitud de prescripción de lasfacultades de ejecución 

tributaria de la Administración Tributaria, formulada por el contribuyente 

Chávez Parada Gualberto con Cl 3908079 SC, en virtud a lo establecido 

por el art. 52 de la Ley 1340, por lo que, las acciones de la Administración 

Tributaria para ejecutar el pago no se encuentran prescritas, debiendo 

continuar con el cobro coactivo hasta la total recuperación de la deuda 

tributaría de conformidad al art. 304 al 307 de la Ley 1340 (CTb) (fs. 102- 

110 de antecedentes). 

  1. FUNDAMENTO TÉCNICO JURÍDICO 

El recurrente únicamente denunció como agravio: 1. Prescripción de la facultad de ejercer el cobro coactivo. El cual será dilucidado a continuación: 

  1. 1. Prescripción de la facultad de ejercer el cobro coactivo. 

El recurrente argüyó que en el caso de hechos generadores acaecidos en vigencia de la Ley N° 1340, la prescripción opera en el lapso de 5 años, si dentro de esos 5 años que tiene la Administración Tributaría para ejecutar y cobrar la deuda, esta ejerce medidas tendientes al cobro, se interrumpe la prescripción, así éstas medidas no hubiesen logrado su fin. Cuando en esos 5 años que tiene el acreedor para cobrar su deuda, no cobra la misma y además no interrumpe la prescripción, ésta ha operado en favor del deudor, por lo que indicó que debe tomarse el lineamiento jurisprudencial establecido por la Autoridad General de Impugnación Tributaria mediante la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2157/2013, considerando que en el presente caso, el año 2006, la Administración Tributaria solicitó información para proceder a la anotación preventiva de vehículos ante tránsito y hasta después de 13 años, vale decir el año 2019 volvió a tomar medidas coactivas. Por lo que queda claro que la Resolución Administrativa no se encuentra conforme a derecho, pues no interpretó ni aplicó de manera precisa y legal los preceptos jurídicos que regulan la prescripción en la legislación, por lo que queda claro que el memorial presentado demuestra la forma correcta de aplicar e interpretar los preceptos jurídicos que rigen la prescripción, en ese sentido señaló que operó la prescripción. 

I3de28 NB/ISO 

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En contraposición, la Administración Tributaria en el memorial de contestación al recurso de alzada señaló, que existe un vacío jurídico respecto a la manera de computar el plazo de la prescripción para la etapa de ejecución (cobranza coactiva) para la Ley 1340, cuando la obligación tributaria ha quedado determinada y firme, por tanto en virtud a la analogía y subsidiariedad previstas en los arts. 6 y 7 de la Ley 1340 (CTb), corresponde aplicar las previsiones del Código Civil sobre la prescripción, el cual en el art. 1492 del Código Civil sobre la prescripción, el cual en el art. 1492 del Código Civil, determina los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la Ley establece y el art. 1493 del mismo cuerpo legal, señala que la prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo. Por lo que el 28 de octubre de 2010 se interrumpió el curso de la prescripción con el Acta de Embargo N° 909, pues de conformidad al art. 1494 del Código Civil, el cómputo nuevamente se inició el 29 de octubre de 2010, concluyendo el 29 de octubre de 2015. Asimismo la prescripción operó en 5 años para casos de la Ley 1340 y que la toma de medidas coactivas interrumpe la prescripción que a su vez si dichas medidas coactivas no son tomadas dentro de los citados 5 años, llega a operar la prescripción en favor del deudor. La cual el recurrente señala que, ante la falta de acción de la administración tributaria, ha operador la prescripción en su favor. 

Agregó que el recurrente fue notificado legalmente mediante edicto de prensa, al evidenciarse que el domicilio legal, señalado, declarado y consignado ante la Administración Tributaria, ya no correspondía, constituyendo las acciones asumidas por la Administración Tributaria, resoluciones administrativas pasadas en autoridad de cosa juzgada conforme las previsiones del art. 54 num. 1 de la Ley 1340. Además refirió que la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1060/2016 de 29 de agosto de 2016, apartado IV.3, página 18, estableció que: es pertinente señalar que según el art. 22 de la Ley 2492 (CTB), el sujeto pasivo debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme dispone el código y las leyes, entre las obligaciones, de acuerdo al art. 70 numerales 2 y 3 de la Ley 2492 (CTB), está la de inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria, comunicar ulteriores modificaciones en su situación tributaria, fijar domicilio y comunicar su cambio, por lo que al desconocerse el incumplimiento a este deber formal por parte del recurrente, implica que el mismo se puso en indefensión, pues no comunicó cambio alguno en su situación jurídica. 

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aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

Asimismo, sostuvo que bajo el criterio de lo establecido en el art. 52 de la Ley 1340, se entiende que en el caso de autos, a la fecha, las verificaciones, aplicaciones de multas, la determinación la obligación impositiva y exigir el pago del recurrente, son presupuestos que ya se encuentran cumplidos, constituyendo por lo tanto resoluciones administrativas pasadas en autoridad de cosa juzgada, en el presente, es evidente que, se realizaron todas las acciones necesarias a efectos de dar cumplimiento a la exigencia de pago de la deuda tributaria, que se promulgó en la gestión 2019, considerando además que la conducta del contribuyente se calificó como defraudación tributaria. Por lo que en tiempo oportuno se reclamó las obligaciones impositivas al impetrante, por cuanto se descarta la inacción por parte del acreedor, pues la Administración Tributaria en ningún momento renunció al cobro de la deuda tributaria, más al contrario realizó gestiones que interrumpieron la prescripción liberatoria de pago. En ese sentido, es importante determinar el momento a partir del cual deben computarse los plazos legales de la prescripción, la determinación precisa de este momento viene exigida por el Principio de seguridad jurídica, la normativa legal prevista en la Ley 1340, instituyó una serie de parámetros legales a fin de establecer el inicio del cómputo para determinar la prescripción en distintos casos, señalando nuevamente que no se ajustan en el presente caso. 

Por otra parte, indicó que procedió a la ejecución de tributos, computo que se inició desde el 9 de julio de 2004, en previsión del art. 53 y la última parte del art. 54 de la Ley 1340, periodo de tiempo de prescripción en el que la Administración Tributaria realizó una serie de actos administrativos de cobranza coactiva, de conformidad al art. 304 y siguientes de la Ley 1340, tales como: 

Solicitar al Gerente General de Cotas el 9 de julio de 2004, la Anotación 

preventiva de líneas telefónicas de propiedad del recurrente, solicitud que 

mereció la respuesta de 19 de julio de 2004, el cual el contribuyente no 

registra línea telefónica a su nombre. 

Al jefe del Departamento de Vehículos del Gobierno Municipal de Santa Cruz na 

de fecha 9 de julio de 2004, solicitando certificación sobre la propiedad de 

vehículos del recurrente, solicitud que mereció el Reporte para Certificación el 

21 de julio de 2004, el cual no registra vehículo a su nombre. 

Ñ 

A la Superintendencia de Bancos de 09 de julio de 2004, solicitaron retención de fondos del recurrente. 

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NB/ISO 

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– Al Juez registrador de Derechos Reales de 9 de julio de 2004, solicitando certificación sobre la propiedad de bienes inmuebles, solicitud que mereció la certificación negativa de 23 de agosto de 2004, la cual refiere que no registra vehículo a su nombre. 

Mandamiento de embargo 00192 de 09 de noviembre de 2004 (de bienes propios). 

– Al Jefe del Departamento de Vehículos del Gobierno Municipal de Santa Cruz de 09 de febrero de 2006, solicitando la certificación sobre la propiedad de vehículo a nombre del recurrente, solicitud que mereció la certificación de 22 de febrero de 2006, la cual refiere que no registra vehículo a su nombre. 

– A la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) el 10 de diciembre de 2019, solicitando la retención de fondos del recurrente. 

Entre otras medidas coercitivas, materializadas en actos administrativos, con el fin de ejecutar el tributo adeudado, actos administrativos que permitieron la interrupción del término de prescripción dentro este lapso de tiempo, evidenciándose que en ningún momento operó la inacción por parte del acreedor, pues la administración Tributaria hizo seguimiento y realizó todas las diligencias necesarias (medidas coercitivas), para ejercer su derecho al cobro. 

Respecto a la prescripción, conviene expresar la posición expuesta por César Novoa en las III Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, que manifestó: “resulta indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, se fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogaran por mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los deberes u obligaciones, pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la seguridad jurídica y no en la equidad ni en la justicia. Es más, es un instituto a través del cual se da clara prevalencia a la seguridad frente a la justicia. Como dice FALCON Y TELLA, pocas instituciones como la prescripción tributaria sirven tanto a la seguridad jurídica, incluso a costa de la equidad, la cual aconsejaría mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el tributo a quien a incumplido sus obligaciones. La prescripción es, por ello, una institución necesaria para el orden social y para la seguridad jurídica, vinculada a la consolidación de las situaciones jurídicas como consecuencia de la inactividad de un derecho o de la extinción de una 16 de 28

aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

facultad” (GARCÍA NOVOA, Cesar. La prescripción tributaria en España. En Autoridad de Impugnación Tributaria. III Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario. La Paz-Bolivia: Editora “Presencia”, 2010. Págs. 240-241). 

Asimismo, en la doctrina José María señala: “La prescripción es generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación tributaria. Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquella” (MARTÍN José María; Derecho Tributario General. 2o Edición, Buenos Aires-Argentina: Editorial “Depalma”, 1997. Pág. 189). 

De la misma manera, el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual establece: “Prescripción en las obligaciones no reclamadas durante cierto tiempo por el acreedor o incumplidas por el deudor frente a la ignorancia o pasividad promulgadas del titular di crédito; las obligaciones se toman inexigibles, por la prescripción de acciones que se produce” (CABANELLAS DE TORREZ, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. 

18° Edición. Buenos Aires – Argentina: Editorial “Heliasta”, 2006. Págs. 378-379). 

Además, cabe citar a Carlos M. Giuliani Fonrouge en su obra Derecho Financiero, Ediciones Depalma, 5a Edición, pp. 572 y 573, señala “La prescripción en curso puede sufrir interrupción, en los casos, y por las razones establecidas en el ordenamiento legal respectivo, y se traduce en la consecuencia de tener como no sucedido el término precedente al acontecimiento interruptivo; desaparecido éste vuelven las cosas al estado original y comienza una nueva prescripción”; sobre el reconocimiento de la obligación sostiene que “…es cualquier manifestación que en forma inequívoca, sin lugar a dudas, demuestra que el deudor admite la existencia del crédito tributario, por lo cual, es menester examinar cada situación particular para determinar si media o no el propósito enunciado.” De considerarse que: “la suspensión inutiliza para la prescripción su tiempo de duración, pero desaparecida la causal suspensiva, el tiempo anterior a la suspensión se agrega al trascurrido con posterioridad” (VILLEGAS, Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, Pág. 269) 

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Así también corresponde indicar que el presente caso versa sobre la prescripción de la facultad de ejecución respecto al adeudo tributario por el IVA e IT de los periodos de julio de 1999 y febrero de 2000; en ese sentido, toda vez que el hecho generador ocurrió en vigencia de la Ley 1340 (CTb), en aplicación de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), corresponde analizar la prescripción bajo el alcance de dicha norma criterio concordante con lo dispuesto mediante la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0437/2016, de 3 de mayo de 2016. 

En ese contexto, cabe señalar que esta Autoridad de Impugnación Tributaria ha asumido de manera uniforme la línea doctrinal adoptada en las Resoluciones Jerárquicas STG/RJ/0036/2008, STG/RJ/0056/2008, STG/RJ/0505/2008, STG/RJ/0545/2008, entre otras, que citan la Sentencia Constitucional 1606/2002- R: la misma expresa que: “En este sentido el art. 41 CTb, señala las causas de extinción de la obligación tributaria refiriéndose en su inc. 5) a la prescripción, la que se opera a los cinco años término que se extiende conforme lo dispone el art. 52 del mismo cuerpo de leyes, sin señalar el procedimiento a seguir para su declaratoria Sin embargo, en caso de presentarse un vacío legal, el citado Código Tributario, ha previsto la analogía y supletoriedad de otras ramas jurídicas al establecer en su art. 6 que: “La analogía será admitida para llenar los vacíos legales, pero en virtud de ella no podrá crearse tributos, exenciones, ni modificarse normas preexistentes”. Asimismo, el art. 7 de la Ley N° 1340 (CTb) determina que: “Los casos que no puedan resolverse por las disposiciones de este Código o de las Leyes expresas sobre cada materia, se aplicarán supletoriamente los principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de las otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular.”. 

Asimismo, la Sentencia Constitucional 992/2005-R, de 19 de agosto de 2005, expresa: “(…) que el art. 307 del CTb, establecía que la ejecución coactiva no podía suspenderse por ningún motivo, exceptuando dos situaciones: a) el pago total documentado; y b) nulidad del título constitutivo de la deuda, declarada en recurso directo de nulidad; en ese orden la SSCC 1606/2002-R, de 20 de diciembre de 2002, estableció la aplicación supletoria de las normas previstas por el art. 1497 del Código civil (CC), para oponer en cualquier estado de la causa, la prescripción; (…). Ello implica que este Tribunal Constitucional, vigilando la vigencia plena de los derechos de las personas, estableció que pese a lo dispuesto por el art. 307 del CTb, l 8 de 28

aití 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

cuando el contribuyente que está siendo ejecutado por una deuda tributaria con calidad de cosajuzgada, considere que el adeudo tributario o la acción para su cobro ha prescrito, debe plantear esa cuestión en el procedimiento administrativo de ejecución a cargo de las autoridades tributarias.”. 

En este sentido, las Sentencias Constitucionales precedentemente referidas son las que definen el alcance de la prescripción en materia tributaria, dejando claramente establecido que puede solicitarse la misma hasta en Ejecución de Sentencia; asimismo, establecen que de manera supletoria puede aplicarse el Código Civil, cuando existan vacíos legales en la Ley 1340 (CTb). Es así que ante el vacío jurídico, respecto a la manera de computar el plazo de prescripción para la cobranza coactiva (etapa de ejecución), cuando la obligación tributaria ha quedado determinada y firme, en virtud de la analogía y subsidiariedad previstas en los arts. 6 y 7 de la citada Ley, corresponden aplicar las previsiones del art. 1492 del Código Civil que determina: “Los derechosse extinguen porla prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la Ley establece (…)” y el art. 1493 del mismo cuerpo legal, señala: “(…) la prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo”. 

En consecuencia, y en aplicación del art. 7 de la Ley 1340 (CTb), que establece: “En los casos que no puedan resolverse por este Código o de las leyes expresas sobre cada materia, se aplicarán supletoriamente los principios generales del derecho tributario y en su defecto los de otras ramas jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular” y el art. 52 de la citada Ley, determina que la prescripción de las facultades de cobro de la Administración Tributaria opera cuando se demuestra la inactividad del acreedor, durante el termino de 5 años; es decir, qu el sujeto activo dejó de ejercer su derecho por negligencia, descuido o desinterés, conforme los arts. 1492 y 1493 del Código Civil; por lo que, corresponde a ésta instancia verificar si durante el término de prescripción se produjo la inactividad para operar por parte de la Administración Tributaria y si operó la prescripción solicitada, en función a la normativa civil aplicable al presente caso, conforme fue analizado por el Tribunal Constitucional. 

De la revisión y compulsa de los antecedentes, se tiene que este proceso emerge de \ la notificación por edicto el 12 de octubre de 2002 del operativo 67, en el cual le ; 

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comunicó que contrastada las compras informadas por Agentes de información con las ventas indicadas en sus declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado IVA, se detectó diferencias, del periodo julio de 1999, y febrero de 2000, posteriormente el 24, 27 y 31 de diciembre de 2003, la Administración Tributaria notificó por edicto de prensa a Gualberto Chávez Parada, con la Resolución Determinativa 089/2003, de 17 de diciembre de 2003, en la cual resolvió Primero: Determinar de oficio, por conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones impositivas del contribuyente Chávez Parada Gualberto, con RUC 8816166, mismas que ascienden a un total de Bs14.796.- (Catorce mil setecientos noventa y seis 00/100 bolivianos), por los periodos fiscales de julio de 1999 y febrero de 2000, Segundo: Calificar la conducta fiscal del contribuyente, como defraudación fiscal, tipificada en el art. 98 de la Ley 1340, fijándose una multa de 100% (cien por ciento), sobre el monto del tributo omitido, cuyo importe asciende a la suma de Bs9.172.- (Nueve mil ciento setenta y dos 00/100 bolivianos), que corresponde al IVA e IT, por los periodos de julio de 1999 y febrero de 2000 (fs. 33-35 y 36-39 de antecedentes). 

A continuación, el 18, 24 y 30 de junio de 2004, la Administración Tributaria notificó a Chávez Parada Gualberto, con el Pliego de Cargo N° 080/2004, por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del periodo julio de 1999 e Impuesto a las Transacciones (IT) del periodo febrero de 2000, por un total adeudado de Bs23.968.- (Veintitrés mil novecientos sesenta y ocho 00/100 bolivianos) (fs. 42-48 de antecedentes). 

Subsiguientemente, el 09 de julio de 2004, la Administración Tributaria emitió el CITE: GDSC/DTJC/UCC/N° 02-426/2004, para el Juez Registrador de Derechos Reales, en el cual indicó que en uso de sus facultades conferidas en el art. 304 y siguientes del Código Tributario – Ley 1340, solicitó certifique, si el contribuyente Chávez Parada Gualberto con Cl 3908079 SC, tiene bienes registrados a su nombre en las oficinas de Derechos Reales (fs. 67-70 de antecedentes). 

Asimismo, el 12 de julio de 2004, la Administración Tributaria notificó a COTAS, el CITE: GDSC/DTJC/UCC/N° 02-425/2004 de 9 de julio de 2004, en el cual informó que dentro de los trámites de Cobranza Coactiva, que sigue la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales, contra -entre otros- Chávez Parada Gualberto, en relación al citado Pliego de Cargo 080/2004, en uso de sus 20 de 28

A¡í\ 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

facultades conferidas por el art. 304 y siguientes de la Ley 1340, se dispuso las anotaciones preventivas sobre la Línea Telefónica de propiedad del contribuyente en favor del SIN (fs. 49-52 de antecedentes). 

En la misma fecha, la Administración Tributaria notificó al Jefe Departamental de Vehículos del Gobierno Municipal Santa Cruz con el CITE: GDSC/DTJC/UCC/N° 02- 424/2004, en el cual solicitó se proporcione certificación sobre los vehículos registrados a nombre Chávez Parada Gualberto con Cl 3908079 SC, información que debe contener datos de placas y lugar de residencia, a efecto de proceder a la Anotación preventiva (fs. 59-62 de antecedentes). 

De ésta misma manera, el 14 de julio de 2004, la Administración Tributaria notificó a la Superintendencia de Bancos, el CITE: GDSC/DTJC/UCC/N° 02-422/2004 de 09 de julio de 2004, en el cual indicó que en uso de facultades conferidas por el art. 304 y siguientes del Código Tributario, dispuso la Retención de fondos en las entidades financieras, del contribuyente Chávez Parada Gualberto con Cl 3908079 SC, a ese efecto solicitó que por la oficina de la Superintendencia de Bancos, se proceda a la circularización de dicha disposición (fs. 63-66 de antecedentes). 

En respuesta, el 19 de julio de 2004, la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz Ltda. Cotas, mediante CITE CGCMKT-DAS-AL 562/2007, presentado ante el SIN, comunicó que Chávez Parada Gualberto con Cl 3908079 SC, no registra línea telefónica (fs. 53-58 de antecedentes). 

También, el 29 de julio de 2004, el Gobierno Municipal de Santa Cruz, División Vehículos, informó al SIN, que Gualberto Chávez Parada, no tiene registro a su nombre (fs. 75 de antecedentes). 

Continuando, se evidenció que el 23 de agosto de 2004, el Registrador Departamental de Derechos Reales, presentó Certificado Negativo ante el SIN, en el que certifica que, revisado los registros computarizados de propiedad, no aparece registrado ningún derecho de propiedad a nombre de Chávez Parada Gualberto con 

Cl 3908079 SC. (fs. 71 de antecedentes). 

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Igualmente, el 09 de noviembre de 2004, la Administración Tributaria emitió el Mandamiento de Embargo N° 00192, en el cual comunicó que dentro de la acción Coactiva iniciada con el Pliego de Cargo 080/2004, seguido contra Chávez Parada Gualberto, y en cuanto la Ley faculta, manda y ordena a un funcionario de la Unidad de Cobranza Coactiva y/o Autoridad competente, proceda al embargo de los bienes propios del contribuyente, con domicilio en Av. Cristo Redentor Barrio Ferbo 5to anillo Km. 4 14 al norte UV 20 MZ 36, que adeuda al fisco el monto de Bs23.968.-, que deberá ser actualizada al momento de pago, por concepto de Resolución Determinativa 089/2003 de 17 de diciembre de 2003, según el Auto Intimatorio N° 080/2004 de 27 de abril de 2004, se previene al deudor, que deberá abstenerse de cualquier acto de disposición de los bienes objeto de esta medida, que pudiere causar disminución en la garantía del crédito, los bienes embargados, pónganse en depósito de persona solvente domiciliada en este distrito, con acta e inventario y sujetos a las obligaciones fijadas por Ley. (fs. 72 de antecedentes). 

Además, el 17 de febrero de 2006, la Administración Tributaria notificó al Gobierno Municipal de Santa Cruz, Departamento de Vehículos, con el CITE: GDSC/DTJC/UCC/N° 0312/2006, de 09 de febrero de 2006, en el cual solicitó certifique sobre los vehículos registrados a nombre de Chávez Parada Gualberto con Cl 3908079 SC, información que debe contener datos de placas de los motorizados, a efecto de proceder a la Anotación Preventiva (fs. 76-77 de antecedentes). 

También, el 22 de febrero de 2006, la División Vehículos de la Alcaldía Municipal, sostuvo que revisado el sistema RUAT informático, certifica que Chávez Parada Gualberto con Cl 3908079 SC, no registra vehículo (fs. 78 de antecedente). 

Consecutivamente, el 10 de diciembre de 2019, la Administración Tributaria emitió el CITE: SIN/GDSCZ-l/DJCC/NOT/15023/2019, dirigida al Director de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, en el cual indicó que dentro de la tramitación de procesos de ejecución tributaria para el cobro de deudas correspondientes al contribuyente Chávez Parada Gualberto con Cl 3908079 SC, habiendo transcurrido el plazo conferido por normativa vigente sin que éste haya atendido el pago, en aplicación de los dispuesto por el art. 110 de la Ley 2492 (CTB), la Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN, instruye a las entidades de intermediación financiera a nivel nacional la retención de fondos en cuentas corrientes, cajas de ahorro y/o depósitos 22 de 28

Áni 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

del contribuyente, hasta la cuantía suficiente para cubrir el importe de las deudas impagas (fs. 79-80 de antecedentes). 

A ese efecto, el 13 de mayo de 2020, el contribuyente Chávez Parada Gualberto con Cl 3908079 SC, presentó memorial de prescripción, en el cual manifestó que el 30 de junio de 2004, fue notificado ilegalmente mediante edicto de prensa, con el Pliego de Cargo 080/2004, el cual nace como consecuencia de supuestas deudas tributarias con la Administración Tributarias, posteriormente y al encontrarse el proceso en etapa de ejecución, la Administración procedió a tomar las medidas coactivas, descritas de la siguiente manera: 

Año 2004: 

  1. Anotación preventiva de línea telefónica. 
  2. Solicitud de retención de fondos. 
  3. Mandamiento de embargo de 9 de noviembre de 2004. 
  4. Anotación preventiva mediante oficio al registro de Derechos Reales. 
  5. Anotación preventiva mediante oficio al Comandante Operativo de 

Transito. 

  1. Arraigo mediante oficio a la oficina de migración. 

Año 2006: 

Solicitud de información de vehículos a tránsito (Solicitud de información no 

es considerada una medida coactiva y mucho menos interruptiva de la 

prescripción). 

Año 2019: 

  1. Retención de fondos. 
  2. Bloqueo de solvencia fiscal en la contraloría. 

Asimismo, sostuvo que la prescripción se produce cuando el acreedor, en este caso el Estado representado por el Servicio de Impuestos Nacionales, no ejerció durante determinado tiempo, 5 años, su derecho de cobrar la deuda tributaria del sujeto pasivo, en este caso el contribuyente, y como castigo a esa inactividad o falta de ejercicio del derecho de cobrar la deuda, se pierden facultades de hacer efectivo el cobro de la misma. Cito en respaldo la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2157/2013, que estableció los lineamientos a tomar en cuenta para la prescripción, 

en consecuencia se deja establecido que la prescripción para los casos de la Ley

1340 opera en 5 años, y puede interrumpirse la prescripción, siempre y cuando ejerza 

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9001 

Justicia/tributaria para vivir bien 

Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) 

Mana tásaq kuraq kamachiq (Quechua) 

Mburuí/isa tendodegua mbaeti oñomita 

mbaerfepi Vae (Guaraní) Pasaje 1 Este, Casa N 14 – Zona Equipetrol Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

su facultad de cobro, cada 5 años, de lo contrario operaría la prescripción, en ese entendido, la Administración Tributaria dejó de ejercer su facultad de cobro por un lapso mayor a 5 años, toda vez que de la revisión de la carpeta se evidenció que la última medida tomada, data de6 2004, no ejerciendo luego de ello, ninguna otra medida tendiente a hacer efectivo el cobro, hasta el 2019, es decir, hasta 15 años después, siendo legal que la Administración debió interrumpir la prescripción, como consecuencia legal de la falta de acción de la Administración Tributaria, es claro que operó la prescripción en su favor (fs. 98-99 de antecedentes). 

Finalmente, el 04 de junio de 2020, la Administración Tributaria notificó personalmente a Chávez Parada Gualberto con Cl 3908079 SC, con la Resolución Administrativa 232070000173 de 02 de junio de 2020, en la cual resolvió rechazar la solicitud de prescripción de las facultades de ejecución tributaria de la Administración Tributaria, formulada por el contribuyente Chávez Parada Gualberto con Cl 3908079 SC, en virtud a lo establecido por el art. 52 de la Ley 1340, por lo que, las acciones de la Administración Tributaría para ejecutar el pago no se encuentran prescritas, debiendo continuar con el cobro coactivo hasta la total recuperación de la deuda tributaria de conformidad al art. 304 al 307 de la Ley 1340 (CTb) (fs. 102-110 de antecedentes). 

Ahora bien, con la finalidad de dilucidar lo planteado por el recurrente, respecto a que habría operado la prescripción en favor del deudor, pues transcurrió más de 13 años desde las medidas tomadas, cabe indicar que en la Ley 1340 (CTb), se evidencia un vacío jurídico respecto, al cómputo del plazo de prescripción para la etapa de ejecución, cuando la obligación tributaria ha quedado determinada y firme; por lo tanto, en virtud de la analogía y subsidiariedad previstas en los arts. 6 y 7 de la Ley 1340 (CTb), corresponde también aplicar las previsiones del Código Civil, el cual, en el art. 1492 (Efecto extintivo de la prescripción) determina: “1. Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece (…)”. Asimismo, el art. 1493 del mismo Código (Comienzo de la prescripción) establece: “la prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo”, al respecto, y tal cual consta en antecedentes, se tiene que el 31 de diciembre de 2003, la Administración Tributaria notificó por edicto de prensa, a Gualberto Chávez Parada con la Resolución Determinativa 089/2003, de 17 de diciembre de 2003, en la cual 

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\ÍTÍ 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

resolvió Primero: Determinar de oficio, por conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones impositivas del contribuyente Chávez Parada Gualberto, con RUC 8816166, mismas que ascienden a un total de Bs14.796.- (Catorce mil setecientos noventa y seis 00/100 bolivianos), por los periodos fiscales de julio de 1999 y febrero de 2000, Segundo: Calificar la conducta fiscal del contribuyente, como defraudación fiscal, tipificada en el art. 98 de la Ley 1340, fijándose una multa de 100% (cien por ciento), sobre el monto del tributo omitido, cuyo importe asciende a la suma de Bs9.172.- (Nueve mil ciento setenta y dos 00/100 bolivianos), que corresponde al IVA e IT, por los periodos de julio de 1999 yfebrero de 2000 (fs. 33-35 y 36-39 de antecedentes), posteriormente, y habiendo transcurrido más de 15 y 20 días, para la presentación de los Recursos Administrativos y Judiciales, sin que se hubiese presentado recurso de impugnación alguno, éste acto quedó firme; por lo que, a partir del 22 de enero de 2004, la Administración Tributaria pudo iniciar sus acciones de cobro, conforme establecen los art. 1493 del Código Civil, aplicables supletoriamente, por analogía: “La prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo”; cuyo término de cinco (5) años concluiría el 22 de diciembre de 2009. 

Sin embargo, durante dicho término se verificó que la Administración Tributaria, inició acciones de cobro, pues el 18, 24 y 30 de junio de 2004, notificó por edicto de prensa (fs. 44-46 de antecedentes), el Pliego de Cargo N° 080/2004, de 27 de abril de 2004 (fs. 42 de antecedentes), por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del periodo julio de 1999 e Impuesto a las Transacciones (IT) del período febrero de 2000, por un total adeudado de Bs23.968.- (Veintitrés mil novecientos sesenta y ocho 00/100 bolivianos); en ese sentido, al evidenciarse acciones tendientes al cobro con la emisión del citado Pliego de Cargo, se demuestra el ejercicio del cobro por parte de la entidad tributaria, lo que impidió que la prescripción siga corriendo, de acuerdo con lo previsto en los arts. 1492 y 1493 del Código Civil, interrumpiendo de éste modo su curso. 

Continuando, también se evidenció en antecedentes, otras acciones realizadas por

la Administración Tributaria a efecto de realizar el cobro coactivo de la deuda tributaria, con las siguientes actuaciones: NOTA CITE: GDSC/DTJC/UCC/N0 02- 426/2004, de 09 de julio de 2004, dirigida al Juez Registrador de Derechos Reales, en el que solicitó certifique, si el contribuyente Chávez Parada Gualberto con Cl 

Justicié tributaria para vivir bien Jan m t’ayir jach’a kamani (Aymara) Manaftasaq kuraq kamachiq (Quechua) Mbunjivisa tendodegua mbaeti oñomita mbaejrepi Vae (Guaraní) 

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S-te-na jeücl 

de Id Calidad 

Certificado ND771/14 

Pasaje 1 Este, Casa 14 Zona Equipetrol 

Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

3908079 SC, tiene bienes registrados a su nombre en las oficinas de Derechos Reales (fs. 67-70 de antecedentes). Por lo que, al respecto, el 23 de agosto de 2004, el Registrador Departamental de Derechos Reales, presentó Certificado Negativo ante el SIN, en el que certifica que, revisados los registros computarizados de propiedad, no aparece registrado ningún derecho de propiedad a nombre de Chávez Parada Gualberto con Cl 3908079 SC. (fs. 71 de antecedentes). 

De la misma manera, en antecedentes también se evidenció, Nota CITE: GDSC/DTJC/UCC/N° 02-425/2004 de 9 de julio de 2004, dirigida a COTAS, con sello de recepción por la entidad el 12 de julio de 2004, en la que dispuso la anotación preventiva sobre la Línea Telefónica de propiedad del contribuyente, en favor del SIN (fs. 49-52 de antecedentes). Ante lo cual el 19 de julio de 2004, la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz Ltda. Cotas, mediante CITE CGCMKT-DAS-AL 562/2007, presentado ante el SIN, comunicó que Chávez Parada Gualberto con Cl 3908079 SC, no registran líneas telefónica (fs. 53-58 de antecedentes). 

Continuando con la revisión de medidas coactivas ejecutadas por la Administración Tributaria, se evidencia la Nota CITE: GDSC/DTJC/UCC/N° 02-424/2004, con sello de recepción de 12 de julio de 2004, dirigida al Jefe Departamental de Vehículos del Gobierno Municipal Santa Cruz, en el que le solicitó proporcione certificación sobre los vehículos registrados a nombre Chávez Parada Gualberto con Cl 3908079 SC. (fs. 59-62 de antecedentes). En respuesta, el 29 de julio de 2004, el Gobierno Municipal de Santa Cruz, División Vehículos, informó al SIN, que Gualberto Chávez Parada, no tiene registro a su nombre (fs. 75 de antecedentes). 

Igualmente, cursa en antecedentes, la Nota CITE: GDSC/DTJC/UCC/N° 02-422/2004 de 09 de julio de 2004, dirigida a la Superintendencia de Bancos, con sello de recepción 14 de julio de 2004, en la cual, dispuso la Retención de fondos en las entidades financieras, del contribuyente Chávez Parada Gualberto con Cl 3908079 SC (fs. 63-66 de antecedentes). Así también, libró Mandamiento de Embargo 00192 de 09 de noviembre de 2004 (fs. 72 de antecedentes). 

Asimismo, mediante la Nota CITE: GDSC/DTJC/UCC/N0 0312/2006, de 09 de febrero de 2006, dirigida al Gobierno Municipal de Santa Cruz, Departamento de Vehículos, con sello de recepción 17 de febrero de 2006, en la cual solicitó certifique sobre los vehículos registrados a nombre de Chávez Parada Gualberto con Cl 3908079 SC. (fs. 

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AHÍ 

Autoridad de 

Impugnación Tributaria 

76-77 de antecedentes). A ese efecto, el 22 de febrero de 2006, la División Vehículos de la Alcaldía Municipal, sostuvo que revisado el sistema RUAT informático, certifica que Chávez Parada Gualberto con Cl 3908079 SC, no registra vehículo (fs. 78 de antecedente). 

De lo descrito precedentemente, se tiene que todas estas actuaciones demuestran el ejercicio de sus facultades de cobro coactivo, interrumpiendo el curso de la prescripción, con la presentación de la Nota CITE: GDSC/DTJC/UCC/N° 0312/2006 (fs. 76-77 de antecedentes), por lo que, inició un nuevo cómputo de cinco (5) años, el 18 de febrero de 2006, sin embargo, concluyó el 18 de febrero de 2011. En ese sentido, se establece que la facultad de cobro de la Administración Tributaría, respecto al adeudo tributario determinado en la Resolución Determinativa 089/2003, de 17 de diciembre de 2003, por el IVA e IT de los periodos julio de 1999 y febrero de 2000, contenidos en el Pliego de Cargo 080/2004, se encuentra prescrita, debido a que hasta el 18 de febrero de 2011, tiempo en el que se cumplía el término de la prescripción no existió, por parte de la Administración Tributaria, mayores actuaciones tendientes al cobro de la referida deuda tributaria, por lo que resulta evidente que en ese lapso incurrió en total inactividad y reactivó medidas de manera muy posterior a la finalización del cómputo de los cinco años ininterrumpidos. 

Por consiguiente, es preciso mencionar que cursa en antecedentes, Nota CITE: SIN/GDSCZ-l/DJCC/NOT/15023/2019 de 10 de diciembre de 2019, dirigida al Director de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (fs. 79-80 de antecedentes); sin embargo la misma, es posterior al 18 de febrero de 2011, término en el que feneció el plazo de cinco (5) años previstos en el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), para el cobro de los adeudos tributarios correspondientes al IVA e IT de los periodos julio de 1999 y febrero de 2000, contenidos en el Pliego de Cargo N° 080/2004, por lo que, no causó efecto interruptor del curso de la prescripción. 

Por todo lo expuesto, evidenciándose la inactividad de la Administración Tributaria desde el 18 de febrero de 2006 al 18 de febrero de 2011, corresponde revocar totalmente la Resolución Administrativa N° 232070000173 de 02 de junio de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), por prescripción de la facultad de ejecución del adeudo tributario correspondiente al IVA e IT de los periodos julio de 1999 y febrero de 2000, contenido en el Pliego de Cargo 080/2004. 

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Justicia tributaria para vivir bien 

Janmi^’ayir jach’a kamani (Aymara) 

Manatasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 

&

NB/ISO 

9001 

¡SNOftLA 

Sistema de Gestión de la Calidad 

Certificado 771/14 

mbaerepi Vae (Guaraní) Pasaje 1 Este, Casa 14 Zona Equipetrol Teléfonos: (591-3) 3391027 3391030 www.ait.gob.bo Santa Cruz, Bolivia

POR TANTO: 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

RESUELVE: 

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Administrativa 232070000173 de 02 de junio de 2020, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz I del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), por estar prescritas las facultades para ejercer el cobro coactivo correspondiente al IVA e IT de los periodos julio de 1999 y febrero de 2000, contenidos en el Pliego de Cargo 080/2004, conforme a los fundamentos técnicos – jurídicos que anteceden, de conformidad con el inc. a) del art. 212 del CTB. 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme establece el artículo 199 del CTB, será de cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 (CTB)y sea con nota de atención. 

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días computable a partir de su notificación. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

—^ÚKSP/ccav/acq/cmmf/omap/yrnc 

ARIT-SCZ/RA 0504/2020 

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